Diario Oficial 53546 de 2026

República de Colombia Fundado el 30 de abril de 1864 DIARIO OFICIAL DIARIO OFICIAL Año CLXI No. 53.546 Edición de 92 páginas • Bogotá, D. C., martes, 7 de julio de 2026 • I S S N 0122-2112 Ministerio de Salud Protección Social Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001315 DE 2026

(julio 7) por la cual se adopta e implementa la Política Nacional de Humanización en Salud Que la Resolución número 2367 de 2023 modificó los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución número 1035 de 2022 y los Capítulos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del anexo técnico “Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031”, con el propósito de avanzar hacia la garantía del derecho fundamental a la salud, a través de la gestión positiva de los determinantes sociales de la salud y el mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población, lo cual, se relaciona con la humanización en salud.

(PNHS) 2026-2035: “Un camino para alcanzar, con calidad, una salud humanizada.

Que, de conformidad con la Resolución número 1444 de 2025, que adoptó la Política Pública del Talento Humano en Salud (PPTHS), se dispone que la formación integral del talento humano incluya prácticas de humanización, habilidades relacionales y un enfoque centrado en las personas, las familias y las comunidades.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas por los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, el artículo 4° de la Ley 1438 de 2011, el artículo 2° y el literal b) del artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, establece los principios orientadores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tales como la universalidad, solidaridad, eficiencia, equidad y calidad, disponiendo que los servicios se brinden de forma integral, segura, oportuna y humanizada, con respeto por la dignidad humana y con base en la evidencia científica.

Que el numeral 16.6 del artículo 16 de la Resolución número 1597 de 2025, por la cual se establecen disposiciones para la gestión territorial integral de la salud pública, define el cuidado humanizado como la práctica de brindar cuidados centrados en la persona con énfasis en el respeto, la dignidad, la empatía, la atención integral y la comprensión de sus sistemas de pensamiento y comportamiento diferencial. Su eje central es el cuidado integral de la salud, entendido como un proceso continuo que integra la promoción, la prevención, la atención, la rehabilitación y los cuidados paliativos, articulado dentro de Redes Integrales e Integradas de Salud con enfoque territorial.

Que la Ley 1164 de 2007, por la cual se dictan disposiciones en materia del talento humano en salud, establece en el artículo 34 que los principios, valores, derechos y deberes que fundamentan las profesiones y ocupaciones en salud, se enmarcan en el contexto del cuidado respetuoso de la vida y la dignidad de cada ser humano, y en la promoción de su desarrollo existencial.

Que el Decreto número 351 de 2025, por el cual se adiciona la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 780 del 2016 relativo al Plan Nacional de Salud Rural (PNSR), en el artículo 2.13.1.3. establece como línea estratégica la “iii) Garantía de la calidad en salud para las personas, familias y comunidades rurales”, y en el artículo 2.13.3.1.2. Cuidado de las personas, familias y comunidades en el modelo especial de salud pública para la ruralidad, define que la población que habita en zonas rurales y zonas rurales dispersas, acceda al centro de atención y/o que el centro de atención disponga los servicios de salud a una distancia que garantice la atención oportuna, pertinente y resolutiva.

Que además el artículo 35 de la ley en cita, señala que son requisitos de quien ejerce una profesión u ocupación en salud, la veracidad, la igualdad, la autonomía, la beneficencia, el mal menor, la no maleficencia, la totalidad y la causa de doble efecto, promoviendo de esta manera, una cultura ética y humanizada en la prestación de servicios.

Que el artículo 1° de la Ley 1438 de 2011 fortaleció el Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de un modelo de prestación del servicio público en salud, que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud, permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo.

Que, en el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Declaración de Alma-Ata de 1978, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, la Declaración de Astaná de 2018 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial los ODS 3 y 16 que aprobó la Organización de Naciones Unidas en el 2015, reconocen la dignidad humana, la equidad, la solidaridad, la atención integral y centrada en las personas como principios fundamentales para la organización de los sistemas de salud y para la garantía del bienestar y la justicia social.

Que el artículo 107 de dicha ley, define e implementa un Plan Nacional de Mejoramiento de Calidad orientado a resultados que puedan ser evaluados; en el 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social definió el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud 2016-2021 (PNMCS), mediante documento técnico, este plan incorporó la humanización de la atención como eje estructural.

Que de acuerdo con el diagnóstico situacional y sectorial elaborado de manera participativa para la formulación de la Política Nacional de Humanización en Salud, contenido en el anexo técnico del presente acto administrativo, se revela que, a pesar de los avances significativos en el acceso en salud, persiste la barrera, la cual afecta la experiencia de las personas en el sistema de salud. Entre dichos factores se identificó la fragmentación de los servicios, deficiencias en la comunicación, ausencia de integralidad, fallas en la gestión ética de situaciones, debilitamiento del vínculo terapéutico, insuficiencia en habilidades relacionales del talento humano y limitaciones institucionales para garantizar una atención digna, empática y centrada en la persona.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-313 de 2014 establece que la organización en redes de servicios incide directamente en la garantía de la eficacia y acceso a los servicios de salud que permiten materializar el derecho fundamental a la salud y precisó la diferencia de “redes integrales” y “redes integradas”. Según la Corte, las redes integrales son aquellas que cuentan, en su estructura, con instituciones y tecnologías en cada una de las especialidades, con el fin de garantizar una cobertura global frente a las distintas contingencias en materia de salud.

Que la Resolución número 229 de 2020, de acuerdo con el numeral 4.2.3.1. del apartado 4.2.3. del artículo 4°, definió los lineamientos de la Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del Paciente, incorporando el trato digno, la comunicación adecuada, la información veraz y la atención humanizada como condiciones indispensables de la relación entre usuarios y actores del sistema.

Que en los espacios de apropiación social del conocimiento, en las consultas territoriales y sectoriales, y en la revisión de fuentes de información primaria y secundaria, se identificó la necesidad urgente de fortalecer la humanización en el sistema de salud mediante un cambio cultural que comprometa a todos los actores del sector en la corresponsabilidad, la empatía, el relacionamiento constructivo, el reconocimiento de las personas en sus entornos naturales, familiares y comunitarios, y la garantía de la dignidad humana como principio orientador.

Que la Resolución número 755 de 2022 adoptó la Política Nacional de Talento Humano en Enfermería, integrando el enfoque de humanización como principio orientador para fortalecer la formación, las competencias y las prácticas del talento humano en salud.

Que la Política Nacional de Humanización en Salud se fundamenta en un sistema conceptual que integra la racionalidad moral y la racionalidad instrumental mediante la disposición–acción solidaria, articulando principios, enfoques y marcos mentales (profundos, subordinados y de superficie) inspirados en la obra Puntos de reflexión: manual del progresista de George Lakoff, que permiten estructurar acciones concretas y coherentes para promover la humanización en todas las dimensiones del sistema de salud.

Que el artículo 1° de la Resolución número 1035 de 2022 adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, en la que se reconoce la dignidad humana como principio y como valor, además propone una visión hacia el avance de la garantía del derecho fundamental de la salud, el logro de la equidad a través de la incidencia positiva sobre los determinantes sociales de la salud para mejorar el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo humano y sostenible en los habitantes del territorio colombiano, lo cual, se articula con la humanización en salud.

Que se hace necesario adoptar una política pública que oriente la toma de decisiones, las inversiones, la formación del talento humano, el diseño institucional, las dinámicas de relacionamiento, la comunicación y la gestión del cuidado integral de la salud, para Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 2 DIARIO OFICIAL DIARIO OFICIAL Fundado el 30 de abril de 1864 Por el Presidente Manuel Murillo Toro Tarifa postal reducida No. 56 Directora: Alba Viviana León Herrera MINISTERIO DEL INTERIOR Imprenta Nacional de Colombia Alba Viviana León Herrera Gerente General Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia Conmutador: PBX 4578000. e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co avanzar hacia instituciones virtuosas que garanticen experiencias de atención dignas, respetuosas, transparentes, seguras y centradas en las personas.

5.1 Fortalecer habilidades intrapersonales, interpersonales, espirituales y profesionales en el personal de los actores en salud orientadas a identificar las necesidades en salud de las personas, para que brinden un cuidado integral de la salud y una atención humanizada en salud centrada en las personas, sus familias y su comunidad. 5.2 Fomentar mecanismos de coordinación, de consenso solidario y de corresponsabilidad de los actores en salud en la construcción de entornos saludables y de bienestar para el personal de salud, las personas, sus familias y su comunidad, mediante prácticas colaborativas y sostenibles. 5.3 Generar la creación de espacios para el ejercicio racional de una moral solidaria y constructiva que guíe los comportamientos de los actores en salud hacia un cambio cultural con prácticas de humanización en salud. 5.4 Implementar lineamientos estratégicos que orienten el funcionamiento de instituciones de salud virtuosas y una gestión en salud con prácticas de humanización y calidad en salud. 5.5 Impulsar el mejoramiento continuado en el conocimiento y creación de avances técnico-científicos y humanísticos para lograr que todas las personas puedan alcanzar y mantener unas vidas dignas y saludables.

Artículo 6°.

Ejes estratégicos. Los ejes estratégicos constituyen los pilares conceptuales sobre los cuales se estructura la PNHS. Surgen de la consulta de las necesidades y de las posibles soluciones identificadas en los diferentes territorios, de la robustez y análisis de las fuentes de información primaria y secundaria, de la solidez conceptual, de los principios y los enfoques que fundamentan la política pública, las cuales orientan el desarrollo de sus lineamientos estratégicos y acciones. Los ejes estratégicos de la política son:

Que, en virtud de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social formula la Política Nacional de Humanización en Salud (PNHS) 2026-2035: “Un camino para alcanzar, con calidad, una salud humanizada”, como instrumento orientador de carácter nacional, que articula los lineamientos estratégicos, los principios, los enfoques, los ejes estructurales y las acciones indispensables para consolidar una cultura de humanización en salud que fortalezca el acceso, la calidad, la confianza, la corresponsabilidad y el bienestar de las personas, las familias y las comunidades.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

6.1 Eje 1. Cuidado integral y atención humanizada en salud centrado en las personas, familias y comunidades. Impulsa la corresponsabilidad de los actores en salud en brindar los cuidados necesarios y de la gestión entre los prestadores de servicios de salud para garantizar experiencias de atención dignas, solidarias y centradas en las personas, familias y comunidad. Este eje contiene las siguientes 2 líneas operativas: a) Gobernanza en el cuidado integral y humanizado de la salud.

Artículo 1°.

Objeto y alcance. Adoptar e implementar la Política Nacional de Humanización en Salud (PNHS) 2026-2035: “Un camino para alcanzar, con calidad, una salud humanizada”, la cual se encuentra desarrollada en el anexo técnico que hace parte integral del presente acto administrativo y que será publicado en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 2°.

Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo aplican a los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 243 de la Ley 1955 de 2019, en el marco de sus competencias y responsabilidades dentro del sistema.

Parágrafo. Las entidades pertenecientes a los regímenes especiales, de excepción y
demás definidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, así como los actores contemplados en la Ley 647 de 2001 y en la Ley 1709 de 2014 podrán adoptar, ajustar o armonizar las disposiciones establecidas en la presente resolución, de conformidad con su autonomía administrativa, normativa y en cumplimiento de su deber constitucional en salud.

Artículo 3°.

Principios. La Política Nacional de Humanización en Salud (PNHS) 2026-2035 como instrumento para la garantía del derecho fundamental a la salud, está orientada por un conjunto de principios que guían su diseño, implementación, seguimiento y evaluación. Estos principios son:

3.1. Equidad en las actividades en salud.

3.2. Disposición - acción solidaria.

3.3. Relacionamiento constructivo en salud.

3.4. Responsabilidad compartida.

3.5. Transversalidad.

3.6. Calidad en salud.

Artículo 4°.

Enfoques. Esta política incorpora enfoques que orientan las intervenciones para el logro de sus objetivos. Los enfoques son:

4.1 Derechos humanos.

4.2 Curso de vida.

4.3 Persona, familia y comunidad.

4.4 Poblacional, territorial e intercultural.

4.5 Valores. b) Comunicación solidaria constructiva. 6.2 Eje 2. Ética comunicativa. Fomenta el diálogo bidireccional entre los actores en salud de manera clara, confiable y transparente. Busca coordinar las relaciones humanas basadas en la responsabilidad moral favoreciendo la confianza, la escucha activa, la claridad en la información y la toma de decisiones compartidas, como fundamento para alcanzar y mantener una vida digna y saludable. Este eje contiene las siguientes 2 líneas operativas: a) Hospitalidad. b) Profesionalismo. 6.3 Eje 3. Cultura colaborativa de humanización en salud. Plantea y promueve un cambio cultural de humanización en el sistema de salud que optimice la experiencia de interacción solidaria entre los actores en salud, centre sus esfuerzos en la promoción del desarrollo humano y contribuya en garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, la protección de la vida y la dignidad humana hasta alcanzar y mantener para todos unas vidas saludables. Este eje contiene las siguientes 2 líneas operativas: a) Formación de líderes para la humanización en salud. b) Conciencia de colectividad en salud. 6.4 Eje 4. Legitimidad en salud. Orienta la acción institucional e implica un proceso de validación colectiva hacia el bien común, la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de confianza social. Este eje promueve la coherencia entre la misión pública del sistema de salud, la gestión ética de los recursos y la participación efectiva de la ciudadanía en la gobernanza de la salud. Este eje contiene las siguientes 2 líneas operativas: a) Pensamiento filosófico-científico. b) Formación en habilidades relacionales - comunicativas. 6.5 Eje 5. Investigación e innovación en humanización de la salud. Impulsa la generación y aplicación de conocimiento para fortalecer la humanización en salud, mediante la investigación interdisciplinaria, la sistematización de experiencias exitosas y el desarrollo de innovaciones organizacionales, técnicas - científicas humanísticas, formativas y tecnológicas que potencie el mejoramiento continuo del sistema de salud y para el cambio cultural que promueve la humanización en salud. Este eje contiene las siguientes 2 líneas operativas: a) Mejoramiento continuo en salud. b) Investigación e innovación colaborativa.

Parágrafo. Cada uno de los ejes estratégicos de la política contiene sus líneas operativas
y acciones específicas que se describen en el anexo técnico que hace parte integral del presente acto administrativo.

Artículo 5°.

Objetivos de la Política Nacional de Humanización en Salud. El objetivo general de la política es incorporar a los procesos del sistema de salud colombiano, el desarrollo de lineamientos estratégicos para su aplicación en la práctica de la humanización en salud, mediante un cambio cultural que comprometa a los actores en salud en la mejora del acceso, la calidad y la experiencia del cuidado integral de la salud, elevando el personal de salud a los niveles de destreza necesarios para constituir una institucionalidad virtuosa, y que con una disposición - acción solidaria, brinden los cuidados necesarios para que todas las personas, sus familias y comunidades puedan alcanzar y mantener una vida digna y saludable.

Artículo 7°.

Implementación de la Política. La Política Nacional de Humanización en Salud (PNHS) contará con un Plan de Acción para su implementación, que se ejecutará a través del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud. En este Plan de Mejoramiento se desarrollará las acciones establecidas en la PNHS, asignando

Los objetivos específicos de la política son:

3 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL responsabilidades de acuerdo con las competencias de los diferentes actores en salud, así como las metas y los indicadores de resultado correspondientes.

Artículo 8°.

Mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política. El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Oficina de Calidad, coordinará el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Nacional de Humanización en Salud (PNHS), con el propósito de medir su implementación, evaluar los avances y resultados, y promover la mejora continua.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor de la presente resolución, el Ministerio de Salud y Protección Social definirá el mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la PNHS, incluyendo instrumentos o herramientas, fuentes de información, indicadores y responsabilidades de los actores del sistema de salud para el reporte de la información.

La Oficina de Calidad consolidará la información reportada por los diferentes actores en salud y elaborará informes anuales sobre los avances, resultados y desafíos en la implementación de la Política Nacional de Humanización en Salud, con análisis desagregados conforme a los lineamientos que este Ministerio establezca para tal fin.

3.2. Objetivos específicos.…………………………………………………………………….. 48 3.3. Alcance ……………………………………………………………………………………… 48 3.4. Meta..……………………………………………………………………………………….. 48
4. EJES ESTRATÉGICOS …………………………………………………………………… 49 4.1.
Eje 1. Cuidado integral y atención humanizada en salud centrado en las personas, familias y comunidades..……………………………………………………………………………………….. 49 4.1.1. Línea operativa de “Gobernanza en el cuidado integral y humanizado de la salud”

………………………………………………………………………………………………….. 50 4.1.2. Línea operativa de “Comunicación solidaría constructiva” ………………….. 50 4.2. Eje 2. Ética comunicativa …………………………………………………………………. 51 4.2.1. Línea operativa de “Hospitalidad” ………………………………………………. 52 4.2.2. Línea operativa de “Profesionalismo”..…………………………………………. 52 4.3. Eje 3. Cultura colaborativa de humanización en salud..………………………….……. 53 4.3.1. Línea operativa de “Formación de líderes para la humanización en salud”... 53 4.3.2. Línea operativa de “Conciencia de colectividad en salud” ……………….….. 54 4.4. Eje 4. Legitimidad en salud ….………………………………………………………..…... 55 4.4.1. Línea operativa de “Pensamiento filosófico - científico”...……………………. 55 4.4.2. Línea operativa de “Formación en habilidades relacionales - comunicativas”. 56 4.5. Eje 5. Investigación e innovación en humanización de la salud …………….………… 56 4.5.1. Línea operativa de “Mejoramiento continuo en salud” ……..………..……….. 57 4.5.2. Línea operativa de “Investigación e innovación colaborativa”..……………… 57
5. MECANISMO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PNHS … 58
6. BIBLIOGRAFÍA ……………………………………………………………………….…….. 59 ÍNDICE DE TABLAS El Ministerio de Salud y Protección Social realizará una evaluación de medio término a los cinco (5) años del inicio de la política y una evaluación final al término de su vigencia, con el propósito de analizar la pertinencia, impacto y sostenibilidad de las acciones desarrolladas, e incorporar los ajustes necesarios.

Los resultados del seguimiento y de las evaluaciones serán publicados y divulgados en los medios institucionales del Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas ante la ciudadanía y los actores en salud.

Parágrafo. Para el desarrollo del proceso de seguimiento y evaluación, el Ministerio de
Salud y Protección Social promoverá la participación activa y concertada de las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, las Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces, los prestadores de servicios de salud, las asociaciones científicas, las organizaciones de personal de salud, las veedurías ciudadanas y las asociaciones de pacientes, de conformidad con sus competencias y los mecanismos de participación establecidos en la Política de Participación Social en Salud.

Artículo 9°.

Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2026. El Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.

ANEXO TÉCNICO

POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZACIÓN EN SALUD (PNHS) 2026–2035:

“Un camino para alcanzar, con calidad, una salud humanizada”

TABLA DE CONTENIDO

DEFINICIONES …….………………………………………………………………………………. 10 PRESENTACIÓN …..………………………………………………………………………………. 11 INTRODUCCIÓN ……..……………………………………………………………………………. 11
1. MARCO DE REFERENCIA ………………………………………………………………. 12 1.1.
Antecedentes ………………………………………………………………………………. 12 1.1.1. La cobertura sanitaria universal ………………………………………………... 13 1.1.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.………………………………………. 14 1.1.3. Evaluación y monitoreo de la calidad en salud..……………………………... 14 1.2.

MARCO NORMATIVO .……………………………………………………………………

15 1.2.1. Marco normativo internacional..………..………………………………………. 15 1.2.2. Marco normativo nacional …..………..…………………………………………. 16 1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES ……….………………………….. 20 1.3.1. Los Marcos Mentales - George Lakoff..……………………………………….. 21 1.3.1.1. Ser humano ……………………………………………………………… 22 1.3.1.2. Humanización y humanización en salud ….………………………….. 23 1.3.1.3. Humanización y calidad en salud ……..……………………………… 23 1.3.1.4. Cuidado humanizado en salud..………………………………………. 24 1.3.1.5. Gestión ética de situaciones -GES- …………………………………... 24 1.3.1.6. Ética comunicativa / comunicación constructiva ……………………. 25 1.3.1.7. Vida saludable.…………………………………………………………. 25 1.3.1.8. Hechos institucionales y política.…….……………………………….. 26 1.3.1.9. Legitimidad y gobernanza …..…………………………………………. 27 1.3.1.10. Instituciones virtuosas ……………………………………………..…. 27 1.3.1.11. Atención centrada en las personas..………………………………... 29 1.3.2. Principios …..……………………………………………………………………… 30 1.3.2.1. Equidad en las actividades en salud..………………………………... 30 1.3.2.2. Disposición - acción solidaria.…………………………………………. 31 1.3.2.3. Relacionamiento constructivo en salud..……………………………... 31 1.3.2.4. Responsabilidad compartida..…………………………………………. 31 1.3.2.5. Transversalidad …….…………………………………………………… 31 1.3.2.6. Calidad en salud ………………………………………………………… 31 1.3.3. Enfoques …………………………………………………………………………… 31 1.3.3.1. Derechos Humanos..…………………………………………………… 31 1.3.3.2. Curso de vida …………………………………………………………….. 31 1.3.3.3. Persona, familia y comunidad.…………………………………………. 31 1.3.3.4. Poblacional, territorial e intercultural..………………………………… 31 1.3.3.5. Valores ……..…………………………………………………………….. 32 1.4.

DISEÑO METODOLÓGICO PARA LOS ESPACIOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL

CONOCIMIENTO …..……………………………………………………………………………….. 32 1.4.1. Metodología del diagnóstico de necesidades y expectativas ……..…………. 32 1.4.2. Metodología para la validación del problema público y avances de la propuesta de formulación …………………………………………………………………………………..……….. 33
2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL – DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO ….…… 35 2.1.
La humanización en salud, una necesidad sentida en el mundo ……….…………….. 35 2.2. Hay que enfrentar la deshumanización del sistema de salud ………………………….. 37 2.3. Las fallas en la humanización comprometen negativamente la salud de las personas en Colombia …….………………………………………………………………………………………… 38 2.3.1. Una Evaluación Externa de la Calidad de la Atención en el Sector Salud en Colombia …………………………………………………………………………………………………… 38 2.3.2. La encuesta del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) para evaluar la satisfacción de los usuarios del sistema de salud colombiano en salud ………………………………………………………………………………………….………. 38 2.3.3. El Sistema Evaluación de Actores SEA (2024) ……………………………….. 39 2.3.4. Ranquin de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 2024.... 41 2.3.5. Informe Tutelas en Salud 2024 Orden Trigésima de la Sentencia T- 760/08.. 41 2.4 Definición del problema público que busca resolver la política.……………………… 44
3. OBJETIVOS, ALCANCE Y META ……………………………………………………….. 48 3.1.
Objetivo general ……..…………………………………………………………………….. 48 Tabla 1. Contexto normativo internacional para la PNHS …….………………………………… 15 Tabla 2. Contexto normativo nacional para la PNHS..………………………………………….. 16 Tabla 3. Categorías y subcategorías para causas y soluciones …………….………………… 33 Tabla 4. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita medicina y odontología general 2022 - 2024.………………………………………………………………………………………………….. 40 Tabla 5. Atención en urgencias de paciente clasificado como Triage II 2022 –2024 …..……. 40 Tabla 6. Tiempo de espera de las especialidades 2022- 2024.………………………………… 40 Tabla 7. Distribución de problemas jurídicos, causas y pretensiones de las tutelas interpuestas a los diferentes actores del SGSSS ………………………………………………………………………. 42 Tabla 8. Tutelas del año 2024 clasificadas por problema jurídico ……..……………………….. 42 Tabla 9. Distribución porcentual de las pretensiones reportadas por las entidades obligadas a reportar, Colombia, 2024 ……..………………………………………………………………………………… 43 Tabla 10. Espacios de apropiación social para el diagnóstico y planteamiento de alternativas de solución …………………………………………………………………………………………………… 45 Tabla 11. Espacios de apropiación social para validación de la propuesta inicial de las Políticas 45 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Diagrama Sistema Conceptual PNHS.…………………………………………………. 22 Figura 2. Marco conceptual para servicios de salud integrados centrados en las personas … 29 Figura 3. Interdependencia de las cinco directrices estratégicas para apoyar los servicios de salud integrados y centrados en las personas ……………………………………………………………. 29 Figura 4. Representación gráfica de la adaptación del método Bowtie para análisis de problemas …………………………………………………………………………………………………… 33 Figura 5. Consolidado de Priorización necesidades – problemática en los espacios de apropiación 2024 …………………………………………………………………………………………………… 46 Figura 6. Problemáticas priorizadas en los espacios de apropiación 2024 ……………………. 47 Figura 7. Problemáticas priorizadas en los espacios de apropiación 2024 ……………………. 47 Figura 8. Distribución porcentual de causas y soluciones 2024 …………………………………. 47 DEFINICIONES Actores en salud: Hace referencia a aquellas personas e instituciones que, de manera directa o indirecta, intervienen en el proceso de atención y gestión en salud. Estos pueden agruparse en las siguientes categorías: Usuarios del sector salud, Prestadores de servicios de salud, Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud, Gestores farmacéuticos y servicios de apoyo, Entidades responsables de la gestión del aseguramiento en salud y Entidades gubernamentales y de control.

Atención centrada en las personas: Un enfoque de atención que adopta las perspectivas de las personas, los cuidadores, las familias y las comunidades de manera activa en el sistema de salud que responde a sus necesidades y preferencias de manera humana y holística. La atención centrada en las personas también requiere que las personas reciban la educación y el apoyo necesarios para tomar decisiones y participar en su propio cuidado. Se organiza en torno a las necesidades y expectativas de salud de las personas, más que a las enfermedades que padecen (World Health Organization, 2015).

Atención humanizada en salud: Es la realización en la práctica de una disposición-acción solidaria que vincule el personal de salud habilidosamente ético y la virtuosidad institucional para abordar las necesidades en salud de las personas, creando y aplicando directrices orientadas a garantizar los cuidados y beneficios necesarios para que todas las personas, en sus entornos naturales, familiares y sociales, puedan alcanzar y mantener una vida saludable.

Calidad de la atención en salud: Se entiende como la provisión de servicios de salud a individuos y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de las personas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016a).

Cuidado: Comprende las capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma para proteger su salud, la de su familia, la comunidad y el medio ambiente que lo rodea. Se sustenta en el autocuidado e involucra una condición dinámica que integra, en diferentes momentos de su vida, su capacidad para acumular autonomía, capital de salud y capital social. También involucra el deber de la sociedad y de los sistemas de salud de realizar acciones que permitan ganancias en salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016d).

Cuidado integral de la salud: Proceso ordenador de la gestión territorial integral en salud pública que integra el aseguramiento, el acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud y la integralidad, continuidad y resolutividad de la respuesta en salud desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos para la garantía del derecho a la salud de las personas, familias y comunidades. Se fundamenta en la participación incidente entre los actores del sector salud, los otros sectores, los agentes sociales y comunitarios y la comunidad en general, reconociendo las realidades poblacionales y territoriales. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2025).

Entidades gubernamentales y de control: Agrupa a las instituciones del orden nacional y territorial que ejercen funciones de rectoría, regulación, planeación, seguimiento y control sobre el sistema de salud, incluyendo al MSPS, las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, y los entes de control y vigilancia competentes (Randall P. et al., 2014).

Entidades responsables de la gestión del aseguramiento en salud: Incluye las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o entidad que haga sus veces, las entidades adaptadas y los regímenes especiales y de excepción.

Humanización: En el MSPS de Colombia, se toma el término humanización como la sustantivación del verbo humanizar que hace referencia a toda actividad orientada a promover, contribuir y fortalecer el desarrollo humano, basadas en el respeto, la dignidad humana, la solidaridad y la corresponsabilidad de las relaciones entre personas y los actores del sector salud.

Humanización en Salud: Para este Ministerio, la humanización en salud se entiende como la aplicación, en la práctica del personal de salud, de un conjunto de actitudes, aptitudes y habilidades morales que promueven y guían el relacionamiento solidario y constructivo entre los diferentes actores del sector salud. Esto implica aplicar las mejores maneras de articular acciones y recursos disponibles, con el fin de garantizar los cuidados necesarios para que todas las personas, en sus entornos naturales, familiares y sociales, puedan alcanzar y mantener unas vidas saludables. La humanización en salud se proyecta hacia un horizonte amplio, que integra aspectos biológicos e intencionales -metabólicos, psicológicos y espirituales-, con los entornos medioambientales, culturales, educativos, políticos y sociales, para realizar sus actividades de manera profesional, armónica y habilidosamente ética.

Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 4 DIARIO OFICIAL En concordancia con este principio internacional, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo, cuya garantía debe orientarse al disfrute del más alto nivel de salud posible, mediante acciones integrales, continuas y articuladas dentro y fuera del sistema de salud.

En este marco, la PNHS reconoce la integralidad de cada persona en su entorno natural, familiar y social, y promueve una atención centrada en la dignidad humana, en concordancia con los principios establecidos en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, particularmente los de dignidad, igualdad, oportunidad y enfoque diferencial.

La PNHS orienta sus acciones a garantizar que todas las personas alcancen y mantengan vidas saludables, entendidas como una expresión esencial del disfrute efectivo del derecho fundamental a la salud.

La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217A (III) del 10 de diciembre de 1948, es uno de los pilares que soporta esta política.

La PNHS busca que más allá de un aprendizaje del saber qué y del saber cómo de la humanización en salud, alcance un aprendizaje verdaderamente transformacional, que comprometa a distintos sectores, sea en su rol de educar, brindar atención, de recibirla, de gestionarla o de colaborar con ella acorde a sus posibilidades. Esta política promueve una acción colectiva orientada a que todas las personas puedan alcanzar y mantener vidas saludables, y pretende que, mediante la implementación de acciones específicas, concretas y articuladas, se avance en un proceso de optimización integral del sector salud, orientado al bien común y al desarrollo humano.

Cabe mencionar que la PNHS, pretende la consolidación de una cultura de humanización, que invite a directivos, gerentes, líderes y funcionarios de las entidades de salud, para ser actores de primera línea en la realización y puesta en práctica de dinámicas de transversalización de los contenidos de esta política a nivel institucional, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente y que reglamenta la Responsabilidad Social Empresarial. Igualmente es importante el fomento de la creatividad, la innovación y la investigación, vinculados a los procesos de aprendizaje transformacional, que deriva de la experiencia acumulada que surge de la puesta en práctica de las dinámicas de atención en salud humanizadas.

En resumen, la PNHS está dirigida a los actores en salud en el ámbito público, privado, mixto e invita a otros actores del sector salud y los diferentes sectores relacionados con el cuidado integral de la salud, así como a la ciudadanía en general, a participar en la construcción y ejecución de acciones conjuntas que contribuyan a satisfacer las necesidades en salud de la población y fortalecer el ejercicio del derecho a la salud en el país.

1. MARCO DE REFERENCIA

1.1. Antecedentes La normatividad y jurisprudencia actuales consideran el derecho a la salud como un elemento estructural de la dignidad humana. En el año 1991, en Colombia se llevó a cabo una “constituyente”, mediante la cual se reformó la constitución de 1886 y se aprobó como principio fundamental que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Además, el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia señaló que “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”, y que corresponde a este “(…) organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” (Constitución Política de Colombia, 1991)

En el año de 1993, Colombia realizó la reforma en salud a través de la Ley 100 de 1993, creando el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con él, se crea un modelo de competencia regulada por el Estado con un enfoque empresarial de mercado. Su orientación frente a la atención en salud pretende alcanzar, para todos los ciudadanos, la seguridad social en salud. El sistema se enfoca, además, en la eficiencia y la calidad a través de una atención en salud humanizada y en desarrollar mecanismos y estrategias para atender a la población en general.

Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud, Gestores farmacéuticos y servicios de apoyo: Personas naturales o jurídicas que realicen total o parcialmente los procesos de la cadena de abastecimiento de tecnologías en salud, medicamentos, insumos, dispositivos médicos y servicios tercerizados (alimentos, aseo, vigilancia, tecnología, entre otros) que apoyan el funcionamiento del sistema de salud.

Personal de Salud: Recoge a todo el personal que interviene en la promoción, educación, información en salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad de todos los habitantes del territorio nacional dentro de la estructura organizacional de la prestación de los servicios de salud (Congreso de Colombia, 2007). Sumado a lo anterior, el trabajo colaborativo interprofesional (TCI) se ha transformado en el mecanismo del THS para mejorar el trabajo articulado entre los diferentes perfiles y profesiones de la salud, lo que ha favorecido el desarrollo de las habilidades del equipo (habilidades de comunicación, liderazgo, identificación de roles y actitudes, resolución de conflictos, toma de decisiones), el posicionamiento de la persona, la familia y la comunidad en el centro de la atención, la satisfacción del paciente y el logro de una atención integral e integrada (Macías Inzunza et al., 2020)

Prestadores de servicios de salud: Comprende a cualquier persona natural o jurídica, públicas, privadas o de naturaleza mixta, que se encuentran debidamente habilitadas conforme a la normatividad vigente para prestar servicios de atención en salud intramural o extramural. Estos servicios se ofrecen a través de una, capacidad instalada definida, que comprende infraestructura física, consultorios, sedes de clínicas, hospitales, centros médicos, laboratorios, centros de diagnóstico o tratamiento, salas de procedimientos, camas hospitalarias, unidades móviles y ambulancias, entre otros Usuarios del sector salud: Incluye a las personas afiliadas al régimen contributivo, régimen subsidiado, regímenes especiales y excepcionales, así como a quienes cuentan con planes de medicina prepagada; y las personas no afiliadas a ningún sistema de aseguramiento, quienes acceden a los servicios conforme a los mecanismos de atención definidos por la normativa vigente.

PRESENTACIÓN La Política Nacional de Humanización en Salud (PNHS), liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), tiene como propósito posicionar la humanización en salud como un principio transversal en las políticas, programas, proyectos y acciones del sector salud. Busca instaurar y fortalecer prácticas y dinámicas humanizadoras que orienten la gestión, la atención y la interacción entre los diferentes actores del sistema de salud, promoviendo el respeto por la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas.

Esta política se enmarca en la garantía del derecho fundamental a la salud y busca centrar sus esfuerzos en la promoción del desarrollo humano hasta alcanzar y mantener para todos unas vidas saludables, así mismo, fortalecer la gestión ética de situaciones entre los actores del sector salud y las personas que requieren un cuidado integral de la salud, optimizar la experiencia de interacción solidaria entre las personas; plantear, promover e instaurar un cambio cultural de humanización en el sistema de salud, para que contribuya a la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, la protección de la vida y la dignidad humana.

La PNHS ha sido el resultado de un trabajo colaborativo multidisciplinario e interinstitucional, liderado por la Oficina de Calidad del MSPS, con la participación de diferentes actores como entidades territoriales en salud, entidades promotoras de salud, la academia, gremios, distintas organizaciones, asociaciones de pacientes, proveedores de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud, entre otras. Igualmente se toma en consideración la heterogeneidad de la nación colombiana, sus características culturales y territoriales, las múltiples experiencias con la atención en salud, los espacios de participación ciudadanía y su corresponsabilidad en todos estos procesos.

Además, la PNHS resalta el compromiso del MSPS por mejorar y fortalecer la experiencia de la participación de las personas en el sector salud colombiano, promoviendo escenarios de diálogo y de corresponsabilidad que permitan mejorar la experiencia de las personas en el sistema de salud y reducir las brechas existentes en el acceso, la calidad y la atención.

INTRODUCCIÓN En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1946 se declaró que “el goce del grado máximo de salud [vida saludable] que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.

La calidad y humanización de la atención constituyen pilares esenciales para materializar el derecho a la salud. Estas se expresan en la seguridad del paciente, la adherencia a guías basadas en evidencia, la capacidad de respuesta a necesidades individuales, el trato digno, y el uso eficiente y transparente de los recursos. Alcanzar sistemas de salud que combinen cobertura universal, calidad y humanización requiere enfoques integrados que fortalezcan la infraestructura, desarrollen competencias del personal de salud y promuevan la participación social y comunitaria en la toma de decisiones y en el cuidado de la salud, tal como lo reconocen la Ley 1751 de 2015 y la jurisprudencia constitucional.

1.1.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, a partir de 17 metas que abordan los principales desafíos que enfrenta la humanidad.

Entre estos objetivos, el ODS 3 tiene un enfoque centrado en la salud: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades". Sin embargo, la salud también está directamente vinculada a otros objetivos, ya que el bienestar social y económico de las personas depende de condiciones saludables y un entorno adecuado para su desarrollo. La consecución de este propósito está directamente relacionada con la calidad en la prestación de servicios de salud, entendida como la provisión de servicios sanitarios que sean efectivos, seguros, centrados en el paciente, oportunos, equitativos y eficientes (Naciones Unidas, 2019).

El ODS 3 plantea metas específicas, como: i) asegurar la cobertura sanitaria universal, incluyendo acceso a servicios esenciales de salud y medicamentos seguros y asequibles, ii) reducir la mortalidad materna e infantil, iii) combatir enfermedades transmisibles y no transmisibles y iv) garantizar la equidad en el acceso a servicios de salud, especialmente para poblaciones vulnerables. Para lograr estas metas, es necesario tener en cuenta los siguientes enfoques relacionados con la calidad en salud: x Acceso a atención sanitaria de calidad. La calidad en la atención médica es un componente esencial para lograr el ODS 3 “Asegurar que las personas tengan acceso a servicios de salud efectivos, oportunos, adecuados y seguros es fundamental para la prevención de enfermedades y el tratamiento de las mismas”. Esto implica la formación continua de los profesionales de la salud, la inversión en infraestructura sanitaria y la mejora en la tecnología médica. x Cobertura Universal de Salud. Un principio clave en el ODS 3 es la cobertura sanitaria universal, que implica que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud necesarios sin enfrentar dificultades financieras. Esto aboga por un sistema de salud equitativo donde la calidad no dependa del nivel socioeconómico de las personas. x Promoción de la salud y Prevención de la Enfermedad. La promoción de estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades son aspectos clave para alcanzar una buena calidad en salud. Esto incluye programas para la promoción de una alimentación equilibrada, hábitos de vida saludable, así como, programas de prevención para combatir el tabaquismo, la obesidad, la contaminación ambiental, entre otros. Además, la salud mental, que muchas veces ha sido desatendida, está ganando visibilidad y atención institucional para fortalecer la calidad de vida y bienestar de las personas. x Innovación tecnológica y gestión de datos. Las innovaciones tecnológicas en la salud, como la telemedicina, los registros electrónicos de salud y las aplicaciones móviles de salud, pueden mejorar la calidad de los servicios al hacerlos más accesibles y eficientes. Estas herramientas pueden ayudar a monitorizar la salud, facilitar diagnósticos más rápidos y mejorar la gestión de los sistemas de salud.

1.1.3. Evaluación y monitoreo de la calidad en salud La evaluación de las tendencias globales en la calidad de la atención en salud requiere consenso sobre la definición y medición de indicadores que sean comparables entre países. No obstante, actualmente no existe un conjunto uniforme de indicadores de calidad definidos y recopilados a nivel mundial, lo que dificulta el análisis sistemático y la comparación internacional (World Health Organization et al., 2018, p. 32).

Tampoco hay un acuerdo universal sobre un conjunto mínimo de indicadores estandarizados para monitorear el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud. Sin embargo, se han desarrollado iniciativas significativas para abordar esta necesidad, como el Proyecto de Indicadores de Calidad de la Atención de Salud de la OCDE, los Indicadores de Prestación de Servicios del Banco Mundial, el Observatorio Mundial de Salud de la OMS y las Encuestas Por su parte, la Ley 1438 de 2011 que reformó el SGSSS, en el artículo 1. tiene como objeto “(…) el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que, en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud, permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país” (Congreso de Colombia, 2011).

Así mismo, como principios del SGSSS, en el artículo 3 de la Ley en cita, definió la igualdad como “El acceso a la Seguridad Social en Salud [que] se garantiza sin discriminación a las personas residentes en el territorio colombiano, por razones de cultura, sexo, raza, origen nacional, orientación sexual, religión, edad o capacidad económica, sin perjuicio de la prevalencia constitucional de los derechos de los niños”, y la corresponsabilidad en el sentido en que “Toda persona debe propender por su autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos el SGSSS y cumplir con los deberes de solidaridad, participación y colaboración. Las instituciones públicas y privadas promoverán la apropiación y el cumplimiento de este principio”. Esto significa, ni más ni menos, que rescatar esta dimensión de la atención en salud — la humanización— como un elemento central para mejorar los resultados en salud no solo es necesario sino urgente.

En el 2016, el MSPS mediante documento técnico estableció el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud (PNMCS), bajo el lema “Por un Sistema de Salud con un propósito humano hacia la innovación y la excelencia”. Aunque este terminó su vigencia en 2022, planteaba fortalecer la calidad de los servicios de salud en el país, garantizando acceso equitativo, atención centrada en el usuario y mejores resultados en salud. Este plan se consideró como “una apuesta de política pública en materia de calidad, para fortalecer la cultura del mejoramiento continuo y facilitar la articulación de los demás direccionamientos estratégicos del sector”, y es el único antecedente existente sobre una PNHS para Colombia (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016b).

De otro lado, la Ley Estatutaria en Salud en el artículo 2. establece que el Derecho a la Salud implica “(…) el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud” y que, “(…) su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado” (Congreso de Colombia, 2015).

Dicha ley estableció como principio del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la calidad, definiendo que “Los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada”.

1.1.1. La cobertura sanitaria universal La resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de octubre de 2019 subraya la importancia de fortalecer la Atención Primaria en Salud (APS) como base para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En dicha resolución, la ONU insta a los Estados a invertir en sistemas de salud sólidos, priorizando la prevención, la promoción, la participación comunitaria y el acceso equitativo a servicios seguros y de calidad. Asimismo, resalta que la implementación efectiva de la APS exige una acción articulada entre gobiernos, organismos internacionales y actores locales (Naciones Unidas: Asamblea General, 2019).

No obstante, la cobertura sanitaria universal no es sinónimo de acceso efectivo al derecho a la salud. Conforme a la jurisprudencia constitucional colombiana —especialmente la Sentencia T-760 de 2008, que ordena superar las barreras de acceso y garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (DAAC) de los servicios; y la Sentencia C-313 de 2014, que reafirma el carácter fundamental y autónomo del derecho a la salud—, la cobertura debe traducirse en garantías reales de acceso, oportunas y sin discriminación. Este enfoque fue consolidado por la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que establece que el derecho a la salud comprende no solo la prestación de servicios, sino también las acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, sin barreras de tipo administrativo, geográfico, económico o cultural.

En coherencia con este marco normativo y constitucional, la resolución de la ONU reafirma el compromiso global con sistemas de salud sostenibles, integrados y centrados en las personas. Avanzar hacia la cobertura sanitaria universal implica que todas las personas accedan efectivamente a los servicios que necesitan sin enfrentar barreras financieras o administrativas, y que estos servicios se presten de manera integral y con resultados positivos en salud.

5 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL NORMATIVIDAD AÑO EXPEDIDA POR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PNHS justas, pacíficas e inclusivas, fortalecer la democracia, reconciliación social y la confianza en las instituciones en la lucha contra la corrupción como núcleos en la reconstrucción del tejido social”.

2016 CONFEMEL Carta de identidad y principios de la profesión Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe La carta incluye el “Principio de humanización de la asistencia”, lo que implica un servicio incondicional por, para y con la persona y se traduce en atender integralmente el ser humano con motivación, altruismo compasivo, dedicación y respeto, así como a través de una relación empática y de calidez en el trato.

2018 OMS y UNICEF Declaración de Astaná: Desde Alma-Ata hacia la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Los mandatarios de estado se comprometen a priorizar la salud y el bienestar de las personas, la atención primaria de salud y los servicios de salud seguros, integrales, integrados, accesibles, disponibles y asequibles para todos y en todas partes, con una prestación basada en la compasión, respeto y dignidad por parte del talento humano en salud, el cual ha de contar con una adecuada formación, competencia, motivación y compromiso, quienes desempeñan su labor en entornos favorables para la salud. Fuente: Elaboración propia. Oficina de Calidad. MSPS 2025 1.2.2. Marco normativo nacional En el campo nacional las normas más relevantes para la política son las siguientes:

Tabla 2. Contexto normativo nacional para la PNHS NORMATIVIDAD AÑO EXPEDIDA POR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PNHS 1991 Asamblea Nacional Constituyente Constitución Política de la República de Colombia 1991 Demográficas y de Salud. Estas iniciativas buscan identificar indicadores que apoyen los esfuerzos de mejora de la calidad en los niveles nacional, regional e internacional.

En Colombia, el sistema de monitoreo de la calidad en salud se viene realizando a través de la Resolución 256 de 2016, la cual hace seguimiento a 4 dominios: i) Efectividad, ii) Experiencia de la atención, iii) Gestión del riesgo y iv) Seguridad. En cada uno de estos dominios, se establecieron indicadores para el monitoreo de la calidad en salud de acuerdo con cada actor del sistema. Estos indicadores permiten evaluar el desempeño y los resultados con el fin de fortalecer el Sistema de Información de Calidad en Salud, brindar información objetiva a los ciudadanos para que puedan elegir libremente a sus prestadores de salud y aseguradores y promover acciones de mejoramiento (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016c).

1.2. MARCO NORMATIVO La PNHS se fundamenta en un conjunto articulado de disposiciones de carácter internacional, constitucional, legal, jurisprudencial y reglamentario, que reconocen la dignidad humana como eje estructural del derecho fundamental a la salud.

La humanización en salud no constituye un desarrollo aislado ni discrecional de la política pública, sino una implementación normativa derivada de obligaciones superiores que imponen al Estado el deber de garantizar servicios de salud accesibles, aceptables, de calidad, continuos, oportunos y culturalmente pertinentes. En este sentido, la PNHS se inscribe dentro del marco del SGSSS, y como política orienta al sistema para poner en el centro a las personas, sus familias y sus comunidades en cada proceso de atención.

Desde el ámbito internacional, Colombia ha adoptado instrumentos que consagran la dignidad humana, la equidad, la bioética y el bienestar como principios rectores de los sistemas sanitarios. En el orden nacional, se reconoce la salud como un servicio público esencial y derecho fundamental orientado a la eliminación de barreras, la garantía de calidad y el trato digno. El desarrollo legal y jurisprudencial ha consolidado la obligación estatal de formular políticas públicas que aseguren la efectividad del derecho fundamental a la salud y la permanente mejora continua de la atención humanizada. A su vez, la normativa sectorial ha incorporado la humanización como un componente del talento humano en salud y eje transversal de la gestión en salud territorial.

El presente capítulo expone de manera sistemática el normograma que sustenta la PNHS, evidenciando la coherencia jerárquica y funcional de las disposiciones aplicables y facilitando su implementación armónica por parte de los actores del sistema de salud.

1.2.1. Marco normativo internacional Dentro de los convenios y normas internacionales más importantes se encuentran los siguientes:

Ministerio

de Salud y Protección Social de Colombia

Tabla 1. Contexto normativo internacional para la PNHS En el artículo 1, el cual, adopta como postulados básicos para propender por la humanización en la atención a los pacientes y garantizar el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio público de salud en las Instituciones Hospitalarias Públicas y Privadas, así mismo, establece el decálogo de los derechos de los pacientes de la atención en salud.

En el artículo 48 dispone que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio, bajo la responsabilidad del Estado, el cual le ha de garantizar este derecho irrenunciable a todos sus habitantes. Además, el Artículo 49, determina “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado” y que “Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Resolución 13437, por la cual se constituyen los comités de Ética Hospitalaria y se adopta el Decálogo de los Derechos de los Pacientes NORMATIVIDAD AÑO EXPEDIDA POR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PNHS Declaración Universal de Derechos Humanos 1948 ONU 1993 Congreso de la República de Colombia Declara: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, además, “promete a todas las personas unos derechos jurídicos, económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor”.

Ley 100, por la cual se crea el Sistema de seguridad Social Integral y se adoptan otras disposiciones Establece la garantía de los derechos para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, para lo cual, se han de constituir mecanismos facilitadores de una atención oportuna, personalizada, humanizada, integra, continua, digna al ser humano, confidencial e íntima como se observa en el artículo 153. En cuanto al artículo 186 el Gobierno propicia la conformación de un sistema de acreditación de las IPS, para promover el mejoramiento de la calidad y sus estándares incluyendo el de humanización de la atención en salud.

2001 UNESCO Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural Asume la cultura como conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, la cual adquiere formas diversas, se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades.

2005 UNESCO Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos Declara las cuestiones éticas de los profesionales de la salud, de las ciencias de la vida y de las tecnologías conexas de aplicación humana y que inciden en la dignidad, la protección de los derechos y la vida de los seres humanos.

2007 Congreso de la República de Colombia Ley 1164, por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015 ONU Se relaciona, especialmente, con el Objetivo 3. “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades: promulga el bienestar superando las brechas en la calidad y cobertura en salud, fortaleciendo el primer nivel de atención para el acceso efectivo y la articulación entre agentes”; y con el Objetivo 16. “Promover sociedades La relevancia del componente de humanización en el talento humano en salud se regirá, en el artículo 2, por los principios éticos de equidad, solidaridad, calidad, integralidad, concertación, unidad, efectividad. A ello se suma lo estipulado en los siguientes artículos:

Artículo 34.

referido al contexto ético de la prestación de los servicios, que se guía por el cuidado respetuoso de la vida y de la dignidad de cada ser humano.

Artículo 35.

consagra los principios de quien ejerce una profesión u ocupación en salud, tales como la veracidad, la igualdad, la autonomía, la beneficencia, el mal menor, la no maleficencia, la totalidad y la causa de doble efecto. Artículo 36; contempla como valor, la humanidad, dignidad, responsabilidad.

NORMATIVIDAD AÑO EXPEDIDA POR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PNHS NORMATIVIDAD AÑO EXPEDIDA POR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PNHS Artículo 107 de la Ley 1438 de 2011 éticos que encausan la gestión de los actores del sector salud.

Artículo 37.

contempla los derechos de la objeción de conciencia, la protección laboral, el compromiso ético.

Artículo 38.

define como deberes la protección de los lazos afectivos de la persona, la promoción de una cultura ética, la formación de los aprendices y la responsabilidad de aplicar la ética y la bioética en salud.

2016 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia Sentencia T-760 2008 Corte Constitucional de Colombia Decreto 780, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Compila el Decreto 1011 de 2006, el sector regula el Sistema Obligatorio Garantía de la Calidad -SOGC- del SGSSS En la parte 5, capítulo 2 artículo 2.5.1.2.1. define: “las acciones que desarrolle el SOGCS se orientaran a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en la persona, que van más allá de la verificación de la existencia de estructura o de la documentación de procesos, los cuales solo constituyen prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados”. Así mismo, la parte 5, capitulo 2, artículo 2.5.1.2.2. define los cuatro componentes del SOGCS, uno de ellos es el Sistema Único de Acreditación -SUA-, que mediante la Resolución 5095 de 2018 adopta el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia, a través de este, se desarrolla un enfoque de humanización en el proceso de atención a la persona y familia, sustentado en estándares que favorezcan la dignidad humana, el fortalecimiento de las buenas prácticas y la participación en el cuidado con el suministro de información a las personas y sus familias.

Reconoce la salud como derecho fundamental, eliminando la interpretación restringida que obligaba a demostrar conexidad. Ordena superar barreras de acceso que vulneran la dignidad humana (administrativas, económicas, geográficas, de información). Exige que los servicios de salud cumplan criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (DAAC)
- dimensiones centrales de la atención humanizada.
Resalta la importancia de la información clara al usuario, la transparencia y el respeto por la autonomía. Obliga a garantizar continuidad en la atención, evitando interrupciones que comprometen el bienestar del paciente. Promueve la participación ciudadana en la actualización de los planes de beneficios. Cuestiona prácticas que implican trato indigno o deshumanizado hacia los usuarios.

2019 Congreso de la República de Colombia Ley 1966, por medio del cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia en el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 2011 Congreso de la República de Colombia Ley 1438, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones El Artículo 3 - Principios del SGSSS incluye en el numeral 3.8. la Calidad indicando que “Los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada.” De otra parte, en el Artículo 107 - Garantía de calidad y resultados en la atención en el SGSSS, establece que, en desarrollo del principio de calidad del SGSSS y en el marco del SOGC de la Atención de Salud, se definirá e implementará un plan nacional de mejoramiento de calidad, con clara orientación hacia la obtención de resultados que puedan ser evaluados.

El objetivo es expedir los lineamientos que deben tener en cuenta las EPS para la elaboración y entrega de la carta de derechos y deberes a las personas afiliadas en el SGSSS y de la carta de desempeño, que les permita a las personas afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus derechos en salud.

2020 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia Sentencia C-313 2014 Corte Constitucional de Colombia Declara la exequibilidad del proyecto de Ley Estatutaria que consolidó la salud como derecho fundamental autónomo. Fortalece el principio de dignidad humana como eje de la prestación de servicios. Reitera que el derecho a la salud debe ejercerse sin barreras y con enfoque de igualdad y no discriminación. Respaldó los principios de la Ley Estatutaria: acceso efectivo, calidad, oportunidad, continuidad, información, autonomía y trato digno. Refuerza el mandato de que las decisiones en salud se basen en evidencia científica, ética y enfoque centrado en las personas. Reconoce la importancia de procesos humanizados, seguros y respetuosos de la voluntad del paciente.

El artículo 1 busca adoptar medidas a fin de mejorar la transparencia, vigilancia, control y aplicación del uso de los recursos financieros del SGSSS, elementos estrechamente vinculados con la humanización en salud, en la medida en que favorecen condiciones de confianza hacia el mejoramiento de la salud y de la experiencia de la población colombiana en los servicios de salud. Aunque la ley es de naturaleza administrativa y financiera, su finalidad es mejorar la fluidez del sistema para evitar afectaciones en la atención, protegiendo el acceso efectivo y la continuidad, dimensiones fundamentales de la humanización. Resolución 229, por la cual se definen los lineamientos de la carta de derechos y deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- y de la carta de desempeño en las Entidades Promotoras de Salud -EPS- de los regímenes contributivo y subsidiado 2022 El Artículo 4. Enfoques de la política, dispone entre los elementos fundamentales y orientadores para el desarrollo de la Política Nacional de Talento Humano en Enfermería a través de los planes, programas, proyectos y acciones para el progreso de la misma, el enfoque de humanización de la atención de enfermería.

Ministerio

de Salud y Protección Social de Colombia

2015 Congreso de la República de Colombia Resolución 755, por la cual se adoptan la "Política Nacional de Talento Humano de Enfermería y el Plan Estratégico 2022-2031" para el fortalecimiento del talento humano en salud.

Ley 1751. Ley estatutaria en Salud, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

2022 2023 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 2016 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia El artículo 2 establece que el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. El artículo 5 señala que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; para ello deberá: “b) Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema” Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud 2016-2021 (PNMCS) del El Plan fue desarrollado por MSPS con una vigencia 2016 – 2021, en el cual se incorporó la humanización como principio orientador, entendido como mandato que direcciona el comportamiento de las personas y de las organizaciones, centrando su accionar en el sujeto; recuperando principios Resolución 1035, por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 y la Resolución 2367 de 2023 que modifica el anexo técnico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 El Plan prioriza la atención integral de las problemáticas de salud con un enfoque de derechos y de determinantes sociales, este último reconoce que los determinantes sociales varían según las características específicas de cada país, como sus sistemas sociales y político y sus culturas. Así mismo, el Plan reconoce que las condiciones de salud y enfermedad tienen relación con la interculturalidad y el territorio, promoviendo un abordaje de salud colectiva con la participación de los diferentes actores del sector salud. Cada uno de los ejes estratégicos del Plan Decenal de Salud Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 6 DIARIO OFICIAL NORMATIVIDAD AÑO EXPEDIDA POR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PNHS NORMATIVIDAD AÑO EXPEDIDA POR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PNHS Nacional de Salud Rural -PNSR Pública 2022-2031 contribuye a fortalecer el acceso, la seguridad, la calidad, la equidad y la salud humanizada a través de la implementación en los territorios y los actores de dicho Plan.

El decreto establece acciones para superar barreras geográficas, administrativas, culturales y económicas. La eliminación de estas barreras es un componente crítico de la atención humanizada. La norma incluye estrategias de APS rural, pertinencia cultural, diálogo de saberes y participación comunitaria, todas coherentes con los principios de la PNHS.

2025 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia Resolución 1444, por la cual se adopta la Política Pública del Talento Humano en Salud 2023 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia Resolución 2367, por la cual se modifican los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución 1035 de 2022 y los capítulos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del anexo técnico "Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031".

En el numeral 16.6 del Artículo 16. Cuidado humanizado: Define como brindar cuidados centrados en la persona con énfasis en respeto, dignidad, empatía, atención integral y comprensión de sus particularidades. Además, en este Artículo, relaciona otros atributos como: 16.1 Oportunidad, 16.2 Seguridad, 16.3 Continuidad, 16.4 Coordinación, 16.5 Adaptabilidad, los cuales, orientan a que se brinde una atención humanizada.

2025 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia Introduce ajustes al Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2022-2031, fortaleciendo la perspectiva de derechos, equidad y atención centrada en las personas, elementos profundamente alineados con la PNHS. Sus aportes más relevantes para la PNHS incluyen:

Reafirmación del enfoque de derechos y de la dignidad humana: Los capítulos modificados refuerzan la obligación del Estado de garantizar condiciones que permitan el disfrute del derecho fundamental a la salud, en coherencia con la Ley 1751 de 2015, promoviendo servicios respetuosos, inclusivos y culturalmente pertinentes.

Enfoque de atención centrada en las personas y las comunidades: El PDSP revisado enfatiza la participación social, el reconocimiento de los territorios y la intervención integral sobre determinantes sociales, aspectos clave para la humanización del cuidado.

Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque comunitario: La humanización se expresa en la promoción de relaciones cercanas, respetuosas, interculturales y orientadas a la construcción colectiva del bienestar y del autocuidado.

Inclusión de lineamientos para trato digno, accesibilidad y eliminación de barreras: Los capítulos modificados promueven estrategias intersectoriales y acciones diferenciales que buscan reducir inequidades y garantizar acceso oportuno, respetuoso y de calidad.

Perspectiva diferencial y enfoque territorial: Se refuerzan lineamientos para atender a grupos poblacionales con necesidades específicas (mujeres, niños, jóvenes, pueblos étnicos, personas mayores, personas con discapacidad), lo cual es central en la humanización de la atención.

En el Artículo 2. Objetivos de la Política Pública del Talento Humano en Salud. El numeral 2.3 establece la conexión directa con la humanización en salud, señalando lo siguiente: “Articular estrategias de formación integral del Talento Humano en Salud con énfasis en Atención Primaria en Salud (APS), para la atención integral, familiar, comunitaria, preventiva, predictiva, resolutiva y especializada, en función del análisis situacional de salud de la población y las prácticas de humanización de los servicios de salud en los territorios.” Este artículo integra la humanización como parte de la formación integral del talento humano, vinculándola con la APS y el modelo actual.

Artículo 9.

Formación del Talento Humano en Salud, orienta a garantizar una formación integral, descentralizada y contextualizada con las realidades territoriales, bajo un enfoque de atención primaria en salud “integral, familiar, comunitaria, preventiva, predictiva y resolutiva” Resolución 1597, por la cual se establecen disposiciones para la gestión territorial integral de la salud publica incluida la Gestión en Salud Publica y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PIC, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública y la estrategia de Atención Primaria en Salud—APS 2023 Congreso de la República de Colombia Ley 2294, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”

2024 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia La Resolución 100 de 2024 actualiza y redefine el marco de la Planeación Integral para la Salud (PIS) desde una perspectiva de derechos, participación, territorialidad y enfoque en determinantes sociales. Aunque su objeto principal es técnico y programático, incorpora principios y orientaciones directamente vinculadas con la humanización de los servicios y de la gestión en salud.

El artículo 3 establece el Eje “Seguridad humana y justicia social”, en el documento técnico de la ley citada, se relaciona el catalizador B. correspondiente a la “Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar”. También en alcanzar una mayor gobernanza en salud bajo un esquema de participación nacional y territorial, con la implementación de políticas para asegurar la disponibilidad, acceso, continuidad, calidad, y uso seguro y adecuado de tecnologías en salud, e incentivar el desarrollo tecnológico e investigación en salud. El Plan de Desarrollo señala que el modelo de salud preventivo y predictivo incluye un componente de promoción orientado a generar condiciones para el goce efectivo de la salud y el desarrollo integral de la población. Esta apuesta fortalece la articulación interinstitucional situando a las personas en el centro del sistema de salud. Resolución 100, por la cual se dictan disposiciones sobre la Planeación Integral para la Salud y se deroga la Resolución 1536 de 2015 2025 El PNSR se fundamenta en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, promoviendo una garantía real de acceso efectivo, trato digno, continuidad y calidad para poblaciones históricamente excluidas, lo cual es un eje esencial de la humanización.

Decreto 351, por el cual se adiciona la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 780 del 2016 relativo al Plan Gobierno Nacional – Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia Fuente: Elaboración propia. Oficina de Calidad. MSPS 2025 1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES La humanización va más allá del buen uso del lenguaje de las normas, ella nace en la heurística de una intuición natural para la noción del daño, del cual surge el deseo de que no nos dañen y de no dañar a los demás, la noción del dolor, de la necesidad de que nos cuiden y de cuidar de los demás, del malestar, del bienestar, del goce de dar, recibir y compartir. En este sentido, es posible afirmar que se está hablando de la espiritualidad humana, de una habilidad que invita, además, a establecer con claridad y precisión una cuidadosa conciencia de los límites para todos los actos humanos, o, si se quiere, la habilidad para gestionarlos de maneras éticas, amorosas, inteligentes y armónicas.

Ya en el siglo XIII, los cabalistas hablaban acerca de un Dios Creador que quería encarnar y que para poder hacerlo había creado a “un animal especial al que le puso un alma que habla para que pudiera materializar pensamientos”. Mitología o no, lo que no se puede negar, es que el ser humano es el único animal conocido en el mundo, que, al mirar volar a las aves, piensa en ellas y hace aviones, mira nadar a los patos, piensa en ellos y hace barcos, huele las flores, piensa en ellas y hace perfumes, se encuentra a sí mismo, se mira, piensa en sí mismo, y hace instituciones. Fue a través de la vida institucional que se dio el gran salto de la vida en manadas a la vida en sociedades, y es en esta poderosa herramienta que hoy se le da legitimidad a la naturaleza humana para institucionalizar dinámicas de humanización.

Figura 1. Diagrama Sistema Conceptual PNHS Fuente: Elaboración Propia. Equipo Técnico Oficina de Calidad. MSPS 2025 Para avanzar con este propósito, es necesario precisar y conectar algunos eslabones conceptuales o marcos subordinados que permitan constituir un entorno que le dé un sentido al concepto de humanización, pues una expresión como “humanización del humano” podría ser interpretada por algunas personas como algo redundante y carente de sentido. Estos eslabones conceptuales que se presentan a continuación buscan ofrecer un soporte teórico y relacional que posibilite comprender la humanización como un proceso dinámico, intencional y situado:

1. Ser humano
2. Humanización y humanización en salud
3. Humanización y calidad en salud
4. Gestión ética de situaciones
5. Ética comunicativa / Comunicación constructiva
6. Vida saludable
7. Hechos institucionales y política
8. Legitimidad y gobernanza
9. Atención centrada en la persona

1.3.1.1. Ser humano Una antigua aproximación a la descripción del “ser humano” extraída de uno de los textos conocidos como los rollos del Mar Muerto, y con más de 2.000 años de antigüedad, decía así: “Cuando Dios vio lo que había hecho [la creación] sintió ganas de encarnar, y para poder hacerlo creó un animal especial al que le puso un alma que habla, para que pudiera materializar pensamientos”. Parece ser pues, que los autores de aquellos textos en aquellos días reconocieron en el ser humano una especialidad única entre los demás animales que conocían y que hoy todos nosotros podemos constatar “El ser humano crece en el seno de una comunidad de la cual hereda o en la que adquiere sus imágenes del mundo, adopta sus formas de vida y aprende su lenguaje” (Botero Cadavid et al., 2020, p. 237).

El camino que condujo al ser humano desde el aprendizaje del lenguaje hasta llegar a la vida institucional tuvo que hacer un largo recorrido. Para las personas, en la etapa de su infancia, el lenguaje es una actividad que se asemeja mucho al adiestramiento, pues nace con la confianza hacia aquellos que se lo enseñan sin tener que ponerlo en tela de juicio. Se extiende en esta característica propia del fenómeno humano, por el hecho de que, sin unos fundamentos morales como la confiabilidad, la credibilidad y el compromiso, indispensables para esa confianza primigenia, el lenguaje no sería posible, y la vida institucional tampoco.

Se parte del hecho de que las instituciones están constituidas con hechos institucionales, que todo hecho institucional es un conjunto de reglas constitutivas y regulativas que le asignan funciones a los estados de cosas del mundo, de aceptación colectiva. Apoyados en las reflexiones anteriores, es posible abordar con legitimidad la difícil tarea de utilizar la habilidad ética para configurar una racionalidad de la moral, orientada a la atención en salud que permita permear, para humanizar, a todas las demás racionalidades comprometidas en la atención en salud. A esto se le llama racionalidad instrumental, que abarca aspectos administrativos, financieros, tecnológicos o filosófico-científicos, requeridos para la realización y puesta en práctica de una PNHS.

La importancia de considerar una cierta imagen del fenómeno humano haciendo políticas, se debe a que en este documento se aborda la elaboración de una PNHS. Toda política, para su ejecución, requiere soportarse con un sistema conceptual coherente y susceptible de ser traducido en acciones específicas, concretas y coordinables. Uno de los primeros pasos, para la elaboración de la PNHS será establecer el punto de partida y el punto de llegada. Enfrentados a dos racionalidades aparentemente disímiles como son, una racionalidad de la moral y una racionalidad instrumental, y no pudiendo renunciar a ninguna de las dos, se relacionaron entre ellas a través de la disposición-acción solidaria, el cual permitió proponer un uso discrecional, que con criterios morales y de pertinencia, conveniencia y suficiencia instrumental, abriera el camino para poder alcanzar el punto de llegada, y que éste sería el de alcanzar, para todas las personas, una vida saludable.

Para conectar el punto de partida con el de llegada, se hizo necesario conformar y esclarecer un camino, que, con unos conceptos intermedios, delineara el trayecto que se habría de recorrer para alcanzar el punto de llegada. En primer lugar, una disposición acción solidaria tendría que abordar el conocimiento de las necesidades de las personas, como un presupuesto básico, para poder determinar cuáles son los cuidados necesarios que habría que realizar, para los beneficios que conducen a que todas las personas puedan alcanzar una vida saludable.

A estas alturas del sistema conceptual de soporte para la PNHS y con el incremento progresivo de elementos de juicio, que, además, necesitan aumentar, se ve la necesidad de comenzar a articular todos estos elementos a través de una estructura que permita ordenarlos de manera comprensible y funcional.

1.3.1. Los Marcos Mentales (George Lakoff)

La PNHS se soporta en nuestros Marcos —inspirados en la obra del investigador y lingüista George Lakoff—, que son una aplicación práctica de la ciencia cognitiva. Los Marcos son estructuras mentales profundamente arraigadas, que facilitan las interacciones más básicas con el mundo: estructuran las ideas y conceptos, forman las maneras de razonar e incluso inciden en la percepción y en las maneras de actuar (Lakoff, 2008).

Los hechos se interpretan a través del sentido que las personas les asignan. Los Marcos son las metáforas con las que se enmarcan las ideas y son fundamentales para que éstas se entiendan adecuadamente. Los Marcos también pueden clasificarse para poder ordenarlos. En este sentido se consideran, a lo largo de esta política, tres tipos de Marcos: los Marcos profundos, los Marcos Subordinados y los Marcos de Superficie, estos últimos, vinculados directamente con las actividades o, si se quiere, con las acciones concretas.

Para comprender el diagrama elaborado como mapa de la PNHS, se han establecido en los Marcos Profundos cuatro categorías: 1. las políticas de humanización y calidad, 2. la humanización 3. la calidad y 4. la vida saludable (ver Figura 1).

Para el marco profundo de la humanización se estableció la racionalidad de la moral considerando la formación del personal de salud en cuatro marcos subordinados: 1. habilidades intrapersonales, 2. habilidades interpersonales, 3. habilidades espirituales y 4. habilidades profesionales.

Para el marco profundo de la calidad apoyados en una racionalidad instrumental, se consideraron tres marcos subordinados: 1. la cantidad y calidad de los recursos disponibles y necesarios; 2. la naturaleza, grado y cumplimiento de los compromisos; y 3. la inteligencia del diseño institucional. Para el marco profundo de la vida saludable se requiere un entorno sustentable.

7 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL Es posible entonces concluir que el lenguaje es una habilidad ética, y, por lo tanto, sus ingredientes constitutivos de confiabilidad/confianza, credibilidad y compromiso, son el presupuesto básico para constituir y desarrollar la realidad institucional.

1.3.1.2. Humanización y humanización en salud En la actualidad, el término humanización ha ocupado un espacio relevante de estudio y debate, convirtiéndose en un tema central en muchos escenarios, tanto a nivel nacional e internacional, como producto del surgimiento de una creciente demanda ética por parte de diversos sectores, tanto privados como públicos. Para avanzar hacia la implementación de la PNHS, se comienza por asignarle a expresiones como humanización y humanización en salud un sentido que permita utilizarlas en las dinámicas de formulación de políticas. En este caso: PNHS.

En el MSPS de Colombia, se tomó el término humanización como la sustantivación del verbo humanizar que hace referencia a toda actividad orientada a promover y contribuir al desarrollo humano. De igual manera, para este Ministerio, la humanización en salud se entiende como la aplicación, en la práctica del personal de la salud, de un conjunto de actitudes, aptitudes y habilidades morales que promueven y guían el relacionamiento solidario y constructivo entre los diferentes actores en salud. Esto implica aplicar las mejores maneras de articular acciones y recursos disponibles, con el fin de garantizar los cuidados necesarios para que todas las personas, en sus entornos naturales, familiares y sociales, puedan alcanzar y mantener unas vidas saludables.

Además, la humanización en salud se proyecta hacia un horizonte amplio, que integra aspectos biológicos e intencionales -metabólicos, psicológicos y espirituales-, con los entornos medioambientales, culturales, educativos, políticos y sociales, para realizar sus actividades de manera profesional, armónica y habilidosamente ética.

En concordancia con el párrafo anterior, y con el fin de dinamizar experiencias de relaciones solidarias y constructivas entre los diferentes actores en salud, se hace necesario un cambio cultural orientado a generar beneficios que permitan alcanzar y mantener, para todas las personas, una vida saludable.

1.3.1.3. Humanización y calidad en salud El concepto de Humanización, por tratarse de una actividad, además de sus componentes humanísticos y su propósito de alcanzar para todas las personas una vida saludable, reclama de un escenario que lo provea de toda la instrumentación y la racionalidad instrumental necesarias para su aplicación en la práctica. Se trata entonces de conciliar dos formas de racionalidad bastante diferentes como son: la racionalidad de la moral y la racionalidad instrumental.

Para poder elevar el nivel de comprensión de la racionalidad de la moral y la racionalidad instrumental, dada la necesidad de garantizar su aplicabilidad, se hace necesario elevarlos a la categoría de Marcos subordinados a la PNHS, pues ellos expresan los valores, define los temas de los que se debe hablar y las acciones que se llevarán a la práctica. Según Lakoff (2008) “Los Marcos son estructuras mentales profundamente arraigadas, que configuran la comprensión del mundo para entender los hechos”.

Una vez definido los conceptos del ser humano y de la humanización en salud, el propósito de alcanzar para todas las personas una vida saludable, se constituye como otro Marco subordinado, indisociable del concepto de calidad en salud, así como también lo son: los temas de la racionalidad de la moral para la humanización en salud y la racionalidad instrumental para la calidad en salud. La dificultad de conciliar estos dos marcos subordinados, la racionalidad de la moral y la racionalidad instrumental, a la hora de someter sus propuestas a mecanismos de validación de razones, cada uno de estos marcos utiliza mecanismos de validación muy diferentes.

La racionalidad de la moral para la humanización en salud es normativa, pero se realiza, llevándola a la práctica, mediante una habilidad ética enactiva, o, si se quiere, encarnada. Esto vale la pena resaltarlo, ya que, para muchos observadores desapercibidos, la ética, por lo general, se considera como algo mental y entonces surge el problema de cómo vincularla a la vida corpórea. La ética enactuada es una habilidad propia de la naturaleza humana, es parte de ella y al igual que cualquier otra habilidad, puede ser educada y entrenada como si se tratara de un deporte (Varela, 1996).

La racionalidad instrumental para la calidad en salud se valida con explicaciones funcionales y explicaciones causales. Es decir, requiere de un pensamiento con un lenguaje filosófico-científico aplicado a desarrollos tecnológicos y diseños institucionales, lo que permite obtener y administrar con eficiencia recursos económicos, locativos, técnicos y administrativos. No obstante, la racionalidad instrumental para la calidad en salud no indica cuáles son las metas que se deben alcanzar, es aquí, donde la racionalidad de la moral para la humanización en salud adquiere su sentido más valioso, pues ella guía las cualidades que las actividades en salud deben tener a la hora de llevarlas a la práctica. Esto, porque sus mecanismos de validación de razones son intencionales y más allá del pensamiento científico y tecnológico puro, aparecen razones que consideran otros elementos como: la información que poseemos, los deseos de las personas, sus creencias y valores culturales, las intenciones de lograr el propósito de cada uno mediante cierta actividad y las intenciones de persistir o de desistir en cualquier momento.

Es aquí en donde la calidad de los comportamientos morales marca la diferencia pudiendo direccionar la atención hacia las necesidades y los cuidados que se deberán tener en cuenta para que las personas puedan alcanzar una vida saludable.

1.3.1.4. Cuidado humanizado en salud El MSPS en la Resolución 1597 de 2025 artículo 16, numeral 16.6 define el cuidado humanizado como “(…) la práctica de brindar cuidados centrados en la persona con énfasis en el respeto, la dignidad, la empatía, la atención integral y la comprensión de sus sistemas de pensamiento y comportamiento diferencial”.

La práctica del cuidado ha marcado las distintas civilizaciones en el mundo, brindar los cuidados representa la supervivencia y la conservación de la especie humana, hasta nuestros días. El cuidado humanizado implica comprender al ser humano de manera holística teniendo en cuenta su proceso de vivir, su especificidad y su integridad, lo cual, compromete que el personal de salud brinde los cuidados necesarios bajo la responsabilidad de reconocer la autonomía, la individualidad, el grado de independencia y la capacidad de autocuidado de todas las personas, familia y comunidad para que puedan alcanzar y mantener una vida digna y saludable (Montealegre Gómez, 2014).

Brindar cuidado se ve dificultado por múltiples factores como la demanda excesiva para la atención y los servicios en salud, así mismo, el concepto que cada persona tenga de que, y quien es el ser humano (Poblete Troncoso & Valenzuela Suazo, 2007), entre otras, de esto depende a que se relegue la comunicación, las relaciones de ayuda, la interacción permanente con la persona y su familia (Ariza Olarte, 2018).

Sin duda, brindar cuidados humanizados favorece a las relaciones interpersonales, a la personalización de atención y el reconocimiento del otro como ser humano, lo cual genera un cambio en el sector salud, al poner en el centro la persona y su familia, acorde a resolver las necesidades en salud.

1.3.1.5. Gestión ética de situaciones (GES)

“Mi planteamiento inicial es que la ética se aproxima más a la sabiduría que a la razón, más al conocimiento de lo que es ser bueno que a un juicio correcto en una situación dada” (Varela, 1996).

Podemos afirmar, también, que la habilidad ética es consustancial al entendimiento, una conciencia de mucho más alto nivel que el simple intelecto y, que, de maneras espontáneas, sin que medie reflexión alguna, nos dice con claridad: cuándo intelecto sí y cuándo es mejor que no, cuándo decir que sí y cuándo decir que no, o hasta donde avanzar y cuando parar. En ese sentido, un gestionador ético de situaciones es una persona con la habilidad suficiente para incorporar en la práctica de todas sus actividades, el tipo de sabiduría que sostiene a este renovado concepto de la ética.

La GES permite monitorear, comprender y responder de maneras solidarias a las necesidades de los demás en cualquier momento y en situaciones habituales. Está incorporado a la vida cotidiana y no se basa en reglamentos estrictos ni razonamientos complejos, sino que funciona como una refinada intuición. Para poner a existir el camino de ese darse cuenta, es necesaria una mirada que permita al ser humano sentir, para vivir, en las necesidades de los demás. Es el único camino para poder existir con el otro y en el otro y poder comprender lo que se debe hacer durante toda actividad en salud. El camino de la humanización en salud se nutre de la mirada. Ver y mirar no son lo mismo, los ojos solamente sirven para ver, el entendimiento es el que mira, y lo hace, apoyado, también, en todo lo que seamos capaces de pensar y de sentir.

Dado que la ética es la habilidad por excelencia para reconstruir los valores perdidos que llevaron a muchas personas e instituciones, por el camino cruel de la deshumanización en las prácticas de atención en salud y para desarrollar habilidades éticas en una comunidad, hasta constituir en ella a personas gestionadoras éticas de situaciones, se requiere de arduos e inteligentes esfuerzos institucionales capaces de remover, en una cultura del desamor, lo que carcome sus cimientos, desde las más sencillas relaciones antipáticas hasta el egoísmo, la corrupción y la violencia en la loca carrera del oportunismo. metabolismo homeostático en un cuerpo autopoyético, capaz de materializar pensamientos con lenguaje y en un estado de plenitud y armonía con sus entornos personales, familiares y sociales, dotado de creatividad, entendimiento, y una misericordiosa conciencia de los límites, con unas emociones constructivas, un lenguaje solidario, y un sólido compromiso con el “desarrollo humano sustentable”1.

Es importante señalar, que asuntos como la ansiedad, el estrés, la insatisfacción permanente, el desequilibrio emocional, la desmotivación, la autocompasión, las fallas en la comunicación, la incapacidad para realizar trabajo en equipo o para gestionar adecuadamente las discrepancias, la corrupción, el sectarismo, la indisciplina entre muchos otros, incrementan en las personas, la disposición para enfermar física, mental y espiritual, de maneras individuales o colectivas.

1.3.1.8. Hechos institucionales y política El compromiso institucional de alcanzar, para cada una de las personas, una vida saludable, reclama un renovado modelo pedagógico para activar dinámicas de reformulación cultural. Un cambio cultural no se consigue con decretos, en contraste, una institución debe confiar en individuos con intereses propios, ya que las decisiones institucionales pueden ser fácilmente desviadas y distorsionadas por las conductas interesadas de algunos de los actores.

Un hecho institucional es un conjunto de reglas constitutivas y regulativas, que le asignan funciones a los estados de cosas del mundo y que son de aceptación colectiva. Una política es un hecho institucional.

Una política se entiende como: [...] proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad” (Graglia, 2012).

En el caso del MSPS, cuando se trata de un documento de PNHS para su aplicación en la práctica, su contenido requiere ser filtrado por rigurosos mecanismos de validación de razones. En consecuencia, la validación racional de una “moral humanizadora”, en los términos planteados en párrafos anteriores, habrá de tener que adaptarse a las necesidades humanas y ser muy clara acerca de sus propios límites.

De acuerdo con lo mencionado por Ángela Uribe (1995) “La principal y más básica fuente de legitimación política está en la defensa y el cuidado de los derechos humanos, la cultura moderna no cuenta con la fuente de la divinidad como legitimación, de ahí que el problema de la legitimación política sea esencialmente moral y está ligado al tipo de razonamiento moral de la modernidad”.

La Oficina de Calidad del MSPS de Colombia reconoce a la humanización en salud como un enfoque transversal e imperativo ético que regula los sistemas de cooperación entre los actores del sector salud, guiando, además, los comportamientos solidarios de las personas dentro del sistema de salud, y cuyo propósito fundamental es el de alcanzar para todas las personas, una vida saludable. A lo anterior se suman exigencias tales como: x Una PNHS que se transversalice en el desarrollo de proyectos, programas, planes, en los lineamientos nacionales, territoriales, municipales e institucionales. x Que una PNHS, para su realización en la práctica, sea consustancial con una Política Nacional de Calidad en Salud. x Que se fomente, en los diferentes actores del sector salud, una cultura que incorpore la humanización en salud a todas las actividades orientadas a que las personas, puedan alcanzar, una vida saludable.

Con esto se pretende que los actores en salud, sectores relacionados como la academia, así como las organizaciones comunitarias y cívicas, definan cómo van a implementar la PNHS en sus entornos naturales e institucionales con enfoque poblacional e intercultural, realizando acuerdos verdaderamente equitativos y democráticos. “Las decisiones importantes a menudo implican opciones inconmensurables. En realidad, lo que explica la acción son los deseos de las personas junto con sus creencias acerca de las oportunidades” (Elster, 1996).

La forma más visible y cruel de oportunismo es la corrupción, [ante tal afirmación, creemos que] la variación en corrupción a través de los países se explica en gran medida por el grado de compromiso público de sus funcionarios y no por la inteligencia del diseño institucional; dos países pueden tener el mismo diseño institucional y la misma mezcla de motivaciones individuales y sin embargo uno de ellos estar plagado por la corrupción y el otro no (Elster, 1996).

De acuerdo con el párrafo anterior, podemos concluir que dos empresas diseñadas de la misma manera y con recursos equiparables, pueden marchar en formas muy diferentes. Mientras que una de ellas avanza con eficiencia hacia la consecución de sus metas, la otra podría estar hundiéndose en la autodestrucción por una falla en la calidad de las personas. Es aquí en donde la GES se requiere para traducir en acciones específicas, concretas y coordinadas la PNHS.

1.3.1.6. Ética comunicativa / comunicación constructiva Comunicación es coordinación conductual y sus orígenes son prelingüísticos, posturales y gestuales, con una amplia variedad de componentes emocionales. No obstante, y mediante el buen uso del lenguaje, es posible también, comunicar para informar, comunicar para sensibilizar y comunicar para movilizar; de ahí que una comunicación efectiva sea el presupuesto básico para el activismo cívico en el accionar social y la coherencia y solidez de la realidad institucional en la que se elaboran las políticas; en este caso, la PNHS.

Todo tipo de comunicación constructiva exige de cada uno de los actores o participantes en los diálogos, una hábil disposición-acción, destinada a constituir en cada uno de los otros, a un legítimo “otro” en convivencia, parafraseando la definición de acción amorosa del profesor Maturana (1992) “Quien apuesta a la comunicación se compromete, razonablemente, a clarificar cooperativamente el significado de lo expresado verbalmente y lo que se pretende con expresiones significativas” (Hoyos Vásquez, 1996).

Se puede afirmar que la humanización en salud es consustancial con el concepto de comunicación constructiva; mejor aún, de ética comunicativa. Pero, además, si comunicación es coordinación conductual, entonces se trata de una habilidad, y, por lo tanto, al igual que todas las demás habilidades humanas, se puede educar y entrenar como si se tratara de un deporte, para lo cual es necesario un nuevo modelo pedagógico en acción. Sin una renovada pedagogía de sólidos significados y valores en la práctica diaria, una precaria educación comunicativa equivale a una precaria educación existencial. En efecto, para Ángela Uribe, la comunicación abre las posibilidades, la necesidad misma de llegar a entendimiento mutuo, a consensos no coactivos, fruto de la persuasión, con respecto a un mundo de objetos, a un mundo de relaciones sociales y a un mundo de deseos, sentimientos e intenciones personales.

La acción comunicativa ha abierto el verdadero punto de apalancamiento confiable para fundamentar una racionalidad de la moral, por lo tanto, es necesario acudir a un lenguaje formal, solidario, claro, creíble y enriquecedor para toda actividad en salud.

Para asumir la PNHS, se hace necesario aceptar que la comunicación solidaria es consustancial en la Humanización en Salud como un asunto de responsabilidad humana moral: individual, institucional, política y social. En consecuencia, es imprescindible acceder a la institucionalización de habilidades propias de las personas y que erróneamente creemos que pertenecen solamente a las esferas de su intimidad o de su vida privada, pues ellas comprometen la vida en colectividad.

Como plantea José Carlos Bermejo “cuando los valores nos llevan a diseñar políticas, programas, realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser humano, hablamos de humanización” (Bermejo Higuera & Durbán, 2013).

1.3.1.7. Vida saludable La Organización Mundial de la Salud (1998) definió el estilo de vida “una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales", en ese sentido, un estilo de vida saludable se relaciona al cuidado y autocuidado, a través de conductas, prácticas y hábitos que se asumen en la vida cotidiana, que contribuyen a la plenitud físico, mental, espiritual y social, como son la práctica regular de ejercicio, la alimentación nutritiva, el disfrute del tiempo libre, las actividades de socialización constructivas, el cuidado de la salud mental, entre otras.

La Oficina de Calidad del MSPS reconoce que una vida humana saludable se configura a partir de acontecimientos naturales que derivan en un organismo, con un genoma y un fenotipo humanos, un 1 El desarrollo sustentable es un término acuñado desde el informe de Brundtland de 1987 (por la Doctora Gro Harlem Brundtland quien lo llamó originalmente “Nuestro Futuro Común”). La frase que resume Desarrollo Sustentable en el informe es el siguiente: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Los tres pilares que se relacionan en el Desarrollo Sustentable son la economía, el medio ambiente y la sociedad Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 8 DIARIO OFICIAL 1.3.1.9. Legitimidad y gobernanza Para Uribe Botero (2002), la legitimidad en el uso público de una razón se funda en el hecho de que la persona que la promulga esté creyendo firmemente en ella. Es entonces cuando los humanos, reunidos en diversas colectividades, pueden exponer sus necesidades y deseos, sus acuerdos y sus diferencias, con base en lo que cada una de ellas considera lo que es justo para ella y concertar de manera democrática, las normas, los estándares y las directrices que regularán sus comportamientos.

En ese sentido, la legitimidad de una institución de salud no emana solo del cumplimiento formal de normas, sino de su capacidad para sostener una gobernanza ética, inclusiva y abierta al escrutinio público. La confianza social se construye cuando los actores perciben que sus voces son escuchadas y que las decisiones reflejan un equilibrio entre el conocimiento técnico y los valores compartidos por la comunidad y los resultados esperados versus los resultados obtenidos. Así las cosas, la rendición de cuentas es una herramienta que garantiza la legitimidad, al tiempo que los compromisos asumidos por la institución puedan ser evaluados, cuestionados y, si es necesario, corregidos mediante procesos participativos y mecanismos de control social.

El proceso de construcción de un diálogo de la racionalidad de la moral y la racionalidad instrumental con un consenso racional y argumentado mediante concepciones de justicia como fundamento de la construcción cooperativa de un espacio de lo público, en el cual, la persona como miembro de una comunidad, con una tradición concreta vincula de manera constructiva su irreductible e irrenunciable esfera privada individual (Botero et al., 2005).

El segundo direccionamiento estratégico recomendado por la Organización Mundial de la Salud en el marco del enfoque centrado en las personas para la prestación de servicios de salud (World Health Organization, 2015) es el fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas. Para esta política, una institución se define como socialmente responsable en la medida en que busque siempre un acople armonioso con el entorno que la define y que, a la vez, es definido por ella. El acople armonioso constituye la esencia de lo que llamamos “ética”. Comprender esta co-definición mutua entre institución y entorno social/natural será esencial para abordar el diseño y gestión de acciones de Responsabilidad Social Institucional como la gobernanza y la rendición de cuentas con enfoque situado en una PNHS. “Los seres humanos somos los campeones mundiales de la cooperación no relacionada con el parentesco, y lo somos en gran parte porque hemos creado sistemas de responsabilidad formal e informal. Somos realmente buenos responsabilizando a otros por sus actos, y muy hábiles para movernos en un mundo en el que otros nos hacen responsables de los nuestros” (Haidt, 2019).

La gobernanza, en el marco de la PNHS, debe ser entendida como un proceso dinámico y participativo que articula múltiples niveles y actores tanto institucionales como comunitarios para la toma de decisiones, la formulación de políticas y el seguimiento de sus resultados. No se trata únicamente de una estructura jerárquica de control, sino de un entramado de relaciones cooperativas donde convergen gestores, promotores de salud, profesionales de la salud, pacientes, organizaciones civiles y comunidades locales; esta gobernanza requiere mecanismos deliberativos, transparencia en la información y canales efectivos de participación ciudadana, que permitan al entorno social incidir de manera real en las decisiones que afectan su bienestar.

El fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas en el marco de la PNHS tiene como finalidad consolidar estructuras y procesos institucionales que garanticen una gestión ética, participativa, transparente y orientada a resultados. En este contexto, una institución socialmente responsable se define por su capacidad de establecer y mantener un acoplamiento armónico y dinámico con su entorno social, cultural y natural, en una relación de co-definición que fundamenta la legitimidad de su actuación.

Este ajuste constituye el núcleo de una ética institucional situada, que debe reflejarse en mecanismos de gobernanza efectivos, entendidos como marcos normativos y operativos que articulan la participación de múltiples actores, facilitan la toma de decisiones compartida y promueven la corresponsabilidad en la prestación de servicios. Así mismo, la rendición de cuentas debe estructurarse como un componente transversal del modelo de gestión, mediante sistemas de monitoreo, evaluación, retroalimentación y control social que aseguren la transparencia en el uso de recursos, el cumplimiento de metas y el goce de los derechos de los usuarios y comunidades.

1.3.1.10. Instituciones virtuosas “Las instituciones impiden que la sociedad se desmorone, siempre que haya algo que impida que se desmoronen las instituciones” (Elster, 1996)

Para esta política, ese “algo que impide que se desmoronen las instituciones” es el Talento Humano, en los términos en que se plantea en este documento. Es decir, como todo un conjunto de habilidades cognitivas básicas para gestionar de maneras inteligentes, armónicas y habilidosamente éticas, a la racionalidad instrumental de todo un paquete de recursos disponibles, normativas y compromisos, “porque el éxito de un plan, que sustituya o complemente a otro plan, para mejorarlo, depende, en última instancia, de la clase de ser humano implicado en la tarea de ejecutarlo” (Alexander, 2008).

El sistema conceptual de las políticas de humanización y de calidad en salud es consustancial con el concepto de una justicia social, y, por lo tanto, deberá comprometer la creación de instituciones justas. John Rawls propone que “el papel de la justicia es el de regular los sistemas de cooperación social forjando instituciones virtuosas que le permitan a la ciudadanía la realización imparcial de sus planes racionales de vida”. Y agrega que “los principios de justicia no se concibieron para hacer virtuosas a las personas, sino para las instituciones, pues estas deben regular los conflictos e identidades de intereses de la sociedad, garantizando con su imparcialidad el sistema de cooperación social que la rige y la estructura general ordenada que debe caracterizarla” (Botero et al., 2005).

Parafraseando a Elster (1996) se ve que no es posible predecir cómo se comporta la gente racional en condiciones de incertidumbre o si su conducta estará influenciada por la racionalidad de la moral o por las normas. En consecuencia, es necesaria la implementación de una nueva pedagogía que incorpore la práctica de los valores como soporte para la formación de un personal de salud, y que, a su vez, fortalezca una relación armónica entre los actores del sector salud mediante un sistema de cooperación social orientado a que todas las personas puedan alcanzar y mantener unas vidas saludables.

Los Marcos que conforman el sistema conceptual de nuestra PNHS, tienen como uno de sus propósitos llevar a la racionalidad instrumental por el camino de la creación de unas instituciones virtuosas encargadas de brindar atención humanizada en salud, y esto reclama de la afluencia de todo un conjunto de talentos humanos con altos niveles de destreza, en términos de habilidades intrapersonales, interpersonales, espirituales y profesionales, orientadas a la institucionalización de una racionalidad instrumental en sus tres marcos subordinados:

1. La inteligencia del diseño institucional
2. La cantidad y calidad de los recursos disponibles y los necesarios
3. La naturaleza, grado y cumplimiento de los compromisos

En concordancia con esta confluencia de estados de cosas aplicadas a la identificación de las dificultades en salud que tienen las personas, familias y comunidades, se determinarán los cuidados necesarios para que todas ellas puedan alcanzar unas vidas saludables.

Las acciones específicas para una atención humanizada en salud se manifiestan a través de unas directrices orientadas a brindar los cuidados necesarios para las personas, las familias y las comunidades. Dichas directrices se determinan mediante un equilibrio reflexivo entre normas, estándares y juicios morales, que, además de cumplir con elementos filosófico-científico-humanísticos, deben estar debidamente legitimados por fundamentos racionales y consensuados. Esto se fundamenta en que la reflexión moral no es una empresa solitaria, sino un empeño público que requiere, al menos, la participación de un legítimo “otro” en convivencia.

La convalidación consensuada se funda en el hecho de que los juegos del lenguaje con los que se realiza un diseño institucional, al igual que cualquier otro juego del lenguaje posible, nacen en las formas de vida que derivan de las imágenes del mundo que son propias y características en cada una de las personas, familias y comunidades. “La respuesta llana y simple sería porque se trata de un cambio de cultura y ningún aspecto cultural se cambia por decreto, ni como consecuencia inmediata de un análisis teórico, ni por decisiones individuales, el cambio cultural implica nuevos juegos de lenguaje, nuevas metáforas, transformaciones valorativas, comportamientos no habituales y cambios políticos” (Sierra Mejía, 2008). Cuando la gente hace juicios y afirmaciones no está solamente transmitiendo información de una mente a otra, sino que está haciendo compromisos acerca de cómo coordinar sus acciones.

Para nuestro caso, el de la humanización en salud, por estar fundada en la racionalidad de una moral cuyos orígenes están en la intuición del daño que no queremos para nosotros ni deseamos para los demás, una mera normatividad no tiene cabida. No se puede reglamentar a las personas cómo tienen que ser sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus creencias, o sus preferencias, pero sí es posible generar un acuerdo entre todos alrededor de un sistema de cooperación social que regule lo que se puede y no se puede hacer a los demás, con los comportamientos propios.

Las instituciones virtuosas se encargan de realizar en la práctica una transformación cultural, que le permita a las personas, familias y comunidades, acceder con criterios de pertinencia, conveniencia y suficiencia, a los cuidados necesarios para sortear las dificultades existentes que les impiden alcanzar unas vidas saludables. La intuición de las personas no se puede reglamentar, pero lo que sí se puede reglamentar son sus comportamientos, forjando instituciones virtuosas. “Realizar modificaciones menores y económicas en el entorno puede aumentar considerablemente el comportamiento ético” (Haidt, 2019).

1.3.1.11. Atención centrada en las personas La Organización Mundial de la Salud en la estrategia de atención centrada en la persona hace referencia en poner las necesidades integrales de las personas y las comunidades, en el centro de los sistemas de salud, no solamente desde la mirada de la enfermedad, si no del compromiso con capacitar a las personas para que tengan un papel más activo en su propia salud (World Health Organization, 2015).

Figura 2. Marco conceptual para servicios de salud integrados centrados en las personas Fuente: Tomado de (World Health Organization, 2015)

Así mismo, la OMS recomienda cinco directrices estratégicas interdependientes, en el marco de los servicios de salud integrados centrados en las personas, para que tanto la gestión administrativa como el aseguramiento, la financiación y la tecnología de la salud, así como la prestación de servicios y la atención en salud a las personas se realicen de manera integral. Estas directrices son esenciales para el desarrollo de la Ley Estatutaria en Salud (ver figura 3).

Figura 3. Interdependencia de las cinco directrices estratégicas para apoyar los servicios de salud integrados y centrados en las personas Fuente: Tomado de (World Health Organization, 2015)

Sobre el primer objetivo estratégico, Empoderar e involucrar a las personas, se puede afirmar que la manera de ser y de comportarse es algo natural en la medida en que se constituye como parte de la evolución humana como miembros de una especie y de una sociedad.

Respecto al segundo objetivo estratégico, Fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas, se debe resaltar que una institución socialmente responsable se define, en la medida en que persiga en todo momento, un acople armonioso con el entorno y que, al mismo tiempo, es definido por ella. Con relación al tercer objetivo estratégico, Reorientar los modelos de atención en salud, —que se ha esclarecido en párrafos anteriores de este documento—, tiene relación con la pertinencia, la conveniencia, la suficiencia y la necesidad de un Gestión Ética de Situaciones (GES) en la realización y puesta en práctica de la PNHS, por ser éste un protagonista determinante para la humanización y la calidad en salud en sus marcos subordinados a los que se ha hecho mención: la cantidad y calidad de los recursos disponibles y necesarios, la inteligencia del diseño institucional, y la naturaleza, grado y el cumplimiento de los compromisos.

Frente al cuarto y quinto objetivo estratégico, la Coordinación de Servicios y la Creación de un entorno propicio, se puede concluir que estos mismos en la práctica son indisociables o coemergentes de la atención, en torno a las necesidades de las personas y la armonización de los procesos de los diferentes servicios. Crear un entorno propicio que reúna a las diferentes partes interesadas y comprometidas, favorece a una transformación cultural.

Para abordar el tema de una atención en salud centrada en la persona, es imprescindible abordar un claro concepto acerca de qué es ser persona. Sin embargo, existen muchas teorías acerca de esto. Apoyados en el filósofo contemporáneo Daniel Dennett, se toman elementos de al menos seis de las teorías revisadas por él, para constituir un concepto adecuado al propósito de brindar atención en salud centrada en la persona (Dennett, 1989).

Esta política deja de lado, sin subestimarla, la teoría que dice que la persona no es más que un nebuloso título honorífico que gustosamente se aplica a sí mismos y a los demás y también, la que sostiene que ser persona depende de la actitud que los demás adoptan hacia ella. Es decir, que uno es persona porque los demás lo tratan como persona. Se supone que persona es algo más que lo anterior y que ese algo más constituye lo que debe tenerse en cuenta para poder brindar una atención en salud centrada en la persona. Las dificultades que genera el que haya más de un concepto de persona, incita a investigar y considerar algunas condiciones necesarias y suficientes para poder establecer compromisos con ellas. Se pueden acumular cualidades necesarias para reconocer que un ser humano es una persona, el asunto es cómo determinar cuándo esas condiciones necesarias ya son suficientes, pues podría no bastar con acumular cualidades de persona tomadas al azar.

Es necesario aceptar que ser personas es poder tratarse como personas y que tratarse como personas es tratarse moralmente. Para actuar y tratarse moralmente se debe hacer uso de una habilidad muy especial y propia del ser humano: la habilidad ética. Otra cualidad de persona es poseer un cierto tipo de conciencia, conciencia de responsabilidad, de que es responsable de la manera como guía sus actos y de que es ella la que se está haciendo cargo de su vida. Estos refinamientos de la conciencia también alcanzan el nivel de ser conscientes de que estamos siendo conscientes.

Las personas también son racionales, y, además, tienen unas ciertas maneras de ser intencionales; con información y deseos que las hace capaces de elaborar creencias, sin las cuales no existiría el desarrollo cultural, ni tecnológico ni social. Todo lo anterior, por supuesto, contando con aquello que ya se mencionó en la presentación de este documento y que los antiguos llamaron “el alma que habla para materializar pensamientos”.

Todas estas cualidades que se han mencionado para acercar al lector a un concepto de persona susceptible de ser incorporado al concepto de atención en salud centrada en la persona son elementos indispensables para el desarrollo humano y de su cuidado, su educación y buen uso, va a depender directamente de la realización y puesta en práctica de una vida saludable.

1.3.2. Principios Son conceptos que provienen de estructuras mentales profundamente arraigadas con los que se interpretan los acontecimientos para fundamentar con ellos la elaboración e implementación de una política pública.

Estos fundamentan y buscan dar equidad a los proyectos o las iniciativas que se lideran sin diferenciar el sector, el tipo de actor, el área de conocimiento o los impactos y resultados que se esperen. Los principios de esta política son:

1.3.2.1. Equidad en las actividades en salud La equidad en salud pretende subsanar las necesidades en salud, determinando y realizando con criterios de pertinencia, conveniencia y suficiencia, sin discriminación ni privilegios, los cuidados necesarios para que las personas puedan alcanzar una vida saludable.

9 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL las necesidades en las distintos grupos poblacionales y sociales que comparten en los territorios, con el ánimo de plantear para resolver las problemáticas que se generan, orientándose a la formulación de objetivos y estrategias de desarrollo.

1.3.3.5. Valores Son el conjunto de razones a partir de las cuales se procede a fundamentar y validar los planteamientos de la PNHS y su implementación por parte de los actores del sector salud. En cuanto a los valores, son las actitudes, aptitudes y habilidades en el personal de salud y la creación de unas instituciones virtuosas encargadas de brindar atención humanizada en salud para satisfacer las necesidades y los cuidados necesarios en poder alcanzar y mantener en las personas una vida saludable.

1.4. DISEÑO METODOLÓGICO PARA LOS ESPACIOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 1.4.1. Metodología del diagnóstico de necesidades y expectativas Con el propósito de generar espacios de participación y legitimación en la formulación de la PHNS, se implementó una metodología de trabajo colaborativo desarrollada en distintos escenarios de apropiación del conocimiento con diversos grupos de interés, entre ellos: aseguradores, prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos, instituciones académicas, gremios y asociaciones del sector, asociaciones de usuarios, entidades territoriales en sus niveles departamental, distrital y municipal, así como la entidad nacional de inspección, vigilancia y control.

Estos espacios permitieron recopilar y analizar insumos fundamentales para: i) comprender el fenómeno de la humanización en salud en el país; ii) identificar las principales problemáticas asociadas a este ámbito; iii) reconocer las necesidades en materia de humanización en los diferentes territorios; iv) plantear alternativas de solución a las problemáticas identificadas; y v) validar el problema público y el marco estratégico de la política.

La metodología se desarrolló en dos escenarios de aplicación: a) encuentros en regiones a los que asisten representantes de los diferentes actores del sector salud y otros sectores presentes en los municipios, distritos y departamentos (visitas de asistencia técnica), y b) reuniones con colaboradores del MSPS y de otras entidades del orden nacional.

En cada espacio de participación y apropiación del conocimiento se inicia con la contextualización a los asistentes sobre el objetivo del encuentro y aspectos generales de la situación actual, y luego se explica la metodología, que consta de seis (6) pasos: x Paso 1. Aplicación de encuesta de necesidades para la calidad en salud. Cuestionario online, en cada pregunta la persona debe escoger las 5 opciones que considere son las más relevantes2. x Paso 2. Conformación de los grupos de discusión. Organizados por departamento o distrito, por afinidad de actores. x Paso 3. Socialización de resultados en gráficas. Se describen los gráficos generados por el cuestionario online con los resultados de la encuesta. x Paso 4. Socialización de resultados de la encuesta. Se deben mostrar las 5 opciones más votadas en cada pregunta, y luego que cada grupo escoja 3, sobre estas se harán los siguientes pasos. x Paso 5. Análisis de causas y propuesta de posibles soluciones. A cada una de las 3 repuestas se le realizará un análisis de causa y se formularán posibles alternativas de solución, usando una adaptación de la metodología Bowtie (o del corbatín, en español) como se puede ver en la Figura 4.

2 La encuesta es una técnica de recolección de datos a través de la interrogación de los sujetos, “(…) para obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente construida” (López- Roldán & Fachelli, 2015).

1.3.2.2. Disposición - acción solidaria Es una actitud cooperativa entre los actores del sector salud previa y durante la realización de los cuidados necesarios y la responsabilidad de las personas, con sus entornos naturales, familiares y sociales para alcanzar y mantener unas vidas saludables.

1.3.2.3. Relacionamiento constructivo en salud Es el vínculo de todos los actores del sector salud orientando y sumando sus esfuerzos para contribuir al crecimiento y desarrollo de todas las actividades que promuevan alcanzar y mantener unas vidas dignas y saludables.

1.3.2.4. Responsabilidad compartida Consiste en que cada uno de los actores del sector salud asuma y aporte su responsabilidad personal en cada una de las actividades que compromete su función en promover alcanzar y mantener unas vidas dignas y saludables.

1.3.2.5. Transversalidad Consiste en incorporar la humanización en salud a todos los procesos de gestión en todas las áreas y niveles institucionales e interinstitucionales que realicen actividades en salud.

1.3.2.6. Calidad en salud Los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada (Congreso de Colombia, 2011). Los servicios y tecnologías de salud centrados en la persona, familia y la comunidad deben responder a las normativas, estándares y directrices establecidos por la institucionalidad con criterios de oportunidad, seguridad, integralidad y suficiencia para que las personas puedan alcanzar y mantener unas vidas dignas y saludables.

1.3.3. Enfoques Son algunas maneras de mirar el mundo, para analizar y orientar la formulación de acciones (Acosta Faneite, 2023), en este caso para una política u otros instrumentos de política pública. Los enfoques para la PNHS son:

1.3.3.1. Derechos Humanos Asume el derecho universal inherente a la persona, de carácter irrevocable, inalienable e irrenunciable y promueve los principios, derechos, deberes y garantías constitucionales de reconocimiento y protección de la salud.

1.3.3.2. Curso de vida Es el abordaje de los momentos del continuo de la vida que reconoce que, el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de diferentes factores a lo largo del curso de vida, de las experiencias acumulativas y las situaciones presentes en cada individuo, las cuales son influenciadas por el contexto familiar, social, económico, ambiental y cultural.

1.3.3.3. Persona, familia y comunidad Se fundamenta en el reconocimiento de la importancia de los vínculos, redes y relaciones en la constitución de la realidad de las personas, considerando sus entornos naturales, familiares y sociales de manera integral. Se centra en el cuidado y la responsabilidad de las personas dentro de estos entornos. En consecuencia, las actividades en salud, individuales y colectivas, estarán determinadas por las necesidades —físicas, emocionales, sociales y espirituales— incorporando sus preferencias, modos de vida y la corresponsabilidad sobre su propio cuidado para alcanzar y mantener unas vidas saludables.

1.3.3.4. Poblacional, territorial e intercultural Se sustenta en reconocer y poner en consideración las interacciones y las relaciones entre los aspectos demográficos, socioambientales, culturales, educativas, económicas y políticas, y la comprensión de Para la validación se consideraron los siguientes escenarios y públicos de participación: x Expertos nacionales e Internacionales. Personas que, dada su experiencia, trayectoria en cargos directivos o de toma de decisiones, y conocimiento del sistema de salud, podían aportar ideas a la construcción de los instrumentos de política pública en curso. x Representantes de los grupos de valor y partes interesadas del país. Personas convocadas a los encuentros territoriales a realizarse en el segundo semestre del 2024, los cuales se realizarían en ciudades y departamentos diferentes a aquellos en los que se hizo la lectura de necesidades.

Figura 4. Representación gráfica de la adaptación del método Bowtie para análisis de problemas Fuente: Elaboración Propia. Oficina de Calidad. MSPS 2025 x Paso 6. Presentación de resultados del Bowtie. Finalizado el ejercicio en los grupos, cada moderador presentó los resultados del ejercicio.

Para la tabulación y procesamiento de los datos recolectados, procedió de la siguiente manera: x Conformación de bases de datos y repositorios. x Depuración y limpieza de datos de las bases.

Para el análisis de los datos, tanto las causas como las soluciones se organizaron en las siguientes categorías principales: a) estructurales, b) operativas, c) transversales y d) externas. Cada categoría principal se clasificará en subcategorías:

Tabla 3. Categorías y subcategorías para causas y soluciones CATEGORÍA PRINCIPAL SUBCATEGORÍA Estructurales: x Regulación x Financiero x Modelo de atención x Incentivos para la calidad x Sistemas de pago de servicios x Oferta de servicios de salud x Suficiencia y distribución del Talento Humano x Injerencia política en el sector x Otras Operativas: x Contratación de servicios x Medicamentos x Referencia y Contrarreferencia x Historia y registros clínicos x Gestión clínica x Inspección, vigilancia y control x Otras Transversales: x Formación del talento humano x Condiciones laborales x Contratación del talento humano x Calidad de la información x Infraestructura del sistema de información x Humanización de la salud x Otras Externas: x Determinantes estructurales x Cultura ciudadana x Corrupción x Otras Fuente: Elaboración Propia. Oficina de Calidad. MSPS 2025 1.4.2. Metodología para la validación del problema público y avances de la propuesta de formulación Metodológicamente, la validación de las necesidades, expectativas y avances de la PNHS, se desarrolló en el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2024, la Oficina de Calidad continuó con el ejercicio colaborativo-participativo de validación con los diferentes actores territoriales relacionado con: el problema público, los principios, los enfoque y los ejes estratégicos y los lineamientos estratégicos propuestos, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología diseñada para la identificación de necesidades, problemáticas, causas y posibles soluciones realizada en el periodo abril – diciembre 2024.

Cada persona (expertos nacionales y representantes de grupos de valor) diligenció una encuesta online, en la cual manifestaba su acuerdo o desacuerdo con las partes presentadas, a través de una Escala Likert con las siguientes opciones: x Totalmente en desacuerdo x Parcialmente en desacuerdo x Neutro (Ni en desacuerdo, ni en acuerdo) x Parcialmente de acuerdo x Totalmente de acuerdo Para la validación con expertos internacionales, la Oficina de Calidad, con el apoyo de la representación nacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevó a cabo una reunión con especialistas del Banco. Previamente, se les envió un cuestionario con preguntas orientadoras, diseñado para recopilar sus percepciones sobre los avances conceptuales y metodológicos de la Política. Durante la sesión, se presentó el progreso alcanzado en la formulación de los instrumentos de política pública en curso, lo que permitió contextualizar la discusión y enriquecer el análisis.

Posteriormente, se desarrolló un conversatorio con los expertos, en el cual se recogieron sus apreciaciones, observaciones y recomendaciones para fortalecer el trabajo en curso y orientar las siguientes fases del proceso.

En cuanto a la validación con representantes de los grupos de valor y partes interesadas, esta se efectuó en el marco de los encuentros territoriales, mediante la aplicación de una metodología participativa estructurada en nueve pasos, que integró diversos métodos e instrumentos de recolección y análisis de información, que se describe a continuación: x Paso 1. Presentación de los resultados de la identificación de necesidades y expectativas: Se explicó a los asistentes el resultado de la identificación de las necesidades y expectativas producto de la revisión de la literatura, que se mostró en los encuentros como grandes problemáticas del sector salud. En seguida, la selección realizada por las personas de esas problemáticas, el análisis de las causas y las soluciones planteadas en los grupos de discusión que hubo en los diferentes encuentros regionales, y la categorización hecha por la Oficina de Calidad de esos resultados. x Paso 2. Conformación de los grupos de discusión: Una vez finalizada la presentación se dividió el grupo en mesas de trabajo, por cada uno de los instrumentos de política pública. En condiciones ideales un grupo debería ser de máximo 10 a 12 personas. El grupo debía ser plural, es decir, con representantes de todas las partes interesadas y debía designar un moderador para que organizara el ejercicio, el cual estaba apoyado por un facilitador con experiencia en el uso de herramientas de calidad. x Paso 3. Lectura de la Guía de Definiciones: El grupo debía hacer lectura de la Guía de Definiciones, que era un documento donde se plasmaron los términos necesarios para entender el avance presentado, y los contenidos desarrollados para cada uno de los instrumentos de política pública. La guía relaciona definiciones generales para la política en su marco estratégico. x Paso 4. Discusión en grupo: En este paso los asistentes debían discutir la pertinencia de las propuestas de las políticas y del sistema integrado de calidad según correspondiera, teniendo en cuenta las definiciones, y las necesidades del país y de su territorio, y la perspectiva de cada actor. A cada moderador se le entregó un formato en papel para que registrara los principales argumentos y las propuestas del grupo, para complementar las respuestas que se registraban en el formulario online. x Paso 5. Responder la encuesta de validación: Luego de la discusión, cada asistente de forma individual debía responder la encuesta en línea, pero considerando los argumentos esgrimidos en la discusión. De esta manera, la persona debía manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo con los contenidos del instrumento de política asignado: en el caso de la política, con la priorizaron de las necesidades y expectativas que están sintetizadas en el problema público, como también con los principios, enfoques y ejes estratégicos propuestos. x Paso 6. Registrar recomendaciones, sugerencias y líneas operativas: Adicionalmente, los asistentes debían registrar las recomendaciones o sugerencias sobre los elementos validados, en Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 10 DIARIO OFICIAL especial sobre ajustes, cambios, supresiones o adiciones que consideraran importantes, y para las políticas, proponer Líneas Operativas para cada Eje Estratégico planteado. x Paso 7. Tabulación y procesamiento de los datos con la conformación de bases de datos y repositorios. Los datos se organizaron en las bases de validación por expertos nacionales y la base de validación participantes en los territorios mediante un formulario en línea con la herramienta de Microsoft Forms; y una carpeta con la trascripción de las recomendaciones realizadas en los encuentros territoriales. x Paso 8. Plan de análisis: Para el aprovechamiento de los datos recopilados se procedió al análisis de los datos de las bases de datos de frecuencia simple de respuestas “Totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, Neutro (Ni en desacuerdo, ni en acuerdo), parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo”, para el problema público, los principios, enfoques y ejes estratégicos de la política. x Paso 9. Visualización de datos: La información se presentó en tablas y graficas según el caso y pertinencia, en cada uno de los informes que entregaron los diferentes colaboradores de la Oficina de Calidad. No obstante, se dejaron las tablas y gráficas en un archivo de Microsoft Excel donde se puedan modificar y hacer nuevas combinaciones.

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL – DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO

Del análisis de la información recopilada por la Oficina de Calidad del MSPS, a partir de las consultas realizadas con múltiples actores interesados en diferentes regiones del país, se identificó que la principal dificultad señalada en el sistema de salud está asociada al talento humano en salud.

Este hallazgo fue recurrente y transversal entre los participantes, quienes destacaron problemáticas relacionadas con la insuficiencia y distribución desigual de los profesionales de la salud en el territorio nacional, la calidad de la formación académica, la vocación y orientación humanista durante el pregrado, así como las condiciones de precarización laboral que afectan a este sector.

En conjunto, estos factores pueden interpretarse como determinantes de la deshumanización en las relaciones entre los usuarios, los aseguradores y los prestadores de servicios de salud. Esta situación repercute negativamente en aspectos fundamentales del ejercicio sanitario, como la sensibilidad humana, el cuidado, la solidaridad, el trato digno, la gestión centrada en la persona y la dignificación del paciente y su familia durante el proceso de atención en salud (Defensoría del Pueblo, 2020).

2.1. La humanización en salud, una necesidad sentida en el mundo La OMS declaró que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” (UN Economic and Social Council, 2000).

De acuerdo con la OMS, el 15% del gasto y la actividad hospitalaria en países de la OCDE se atribuye a fallas de seguridad. La evidencia sugiere que aproximadamente uno de cada tres eventos adversos en países con ingresos bajos y medios ocurren en situaciones no complejas, y hasta el 83% pueden ser prevenibles; en cuanto a las necesidades y satisfacción de las personas en los servicios de salud, la mayoría de las personas en países de la OCDE reportan una experiencia positiva, recibir explicaciones fáciles de entender, tener la oportunidad de manifestar inquietudes y participar en su atención. En contraste, el cuidado respetuoso y compasivo no es tan extendido en países con ingresos bajos y medios, donde se presentan malas interacciones de las personas con los prestadores, y una sensación de ser excluidas en la toma de decisiones sobre su atención (Organización Mundial de la Salud et al., 2020).

En el informe de la World Health Organization & World Bank (2017), se destaca que la cobertura universal de salud se alcanza cuando todas las personas, comunidades y grupos sociales tienen acceso a los servicios de salud que necesitan con un grado efectivo de calidad y que las personas no sean vulnerables a las dificultades financieras. En el año 2019, al menos la mitad de la población mundial no tenían cobertura total de servicios de salud esenciales. La falta de protección financiera empuja a unos 100 millones de personas a la pobreza en todo el mundo y casi mil millones gastan más del 10% de los presupuestos del hogar en gastos relacionados con la salud.

En el informe de la OECD & The World Bank (2020) se enfatiza que para el año 2019, ya sea por demora en obtener citas, la mala calidad del servicio, la ubicación geográfica de los centros de atención y la complejidad de los trámites administrativos, el 26% de las personas no recibió o no solicitó atención en salud; a su vez, para el año 2020 la dificultad en la disponibilidad de personal de salud colombiano contó con 2,2 médicos por cada 1.000 habitantes, cifra inferior al promedio de 3,5 en los países de la OCDE, y de 1,3 enfermeros por cada 1.000 habitantes, comparado con los 9,6 de la OCDE, una dificultad significativa en el acceso a los servicios de salud.

En Colombia a través de la Ley 100 de 1993, la cual creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se adoptó un modelo de competencia controlada o regulada, orientando un pluralismo estructurado y con un enfoque de mercado, en contraste con las posturas que consideran que la salud se debe entender como un derecho fundamental de la humanidad (Botero López et al., 2012).

Algunos estudios muestran resultados positivos en cobertura, acceso de la población a servicios, protección financiera, salarios y otros logros significativos como los que se presentan a continuación: x Avances importantes en el crecimiento de la expectativa de vida y la reducción de la mortalidad en general, con énfasis a los objetivos del milenio y reducción en los tres tipos de desnutrición (aguda, crónica y global). x La medición de carga de la enfermedad permite inferir la situación de salud en el transcurso de la vida y hacer estimaciones comparativas. x Avances en lo relacionado con cobertura, acceso y equidad. x Expansión en la oferta nacional de los servicios de salud, con crecimiento predominante en el sector privado y en el segmento de mayor complejidad tecnológica. x La mayor protección financiera ha posibilitado un efecto de mayor acceso, derivado de la eficiencia en la respuesta de los servicios de salud. x El sistema obtiene los mejores resultados del continente en la combinación de reducción de riesgo financiero y acceso a servicios hospitalarios de alta complejidad (Wagstaf et al., 2015) x Aunque hay obsolescencia tecnológica en el primer nivel y reducción de la capacidad instalada en el segundo nivel, es innegable el crecimiento en la capacidad instalada de alta complejidad, con una amplia participación de la oferta privada sobre la oferta pública.

Sin embargo, la eficiencia en salud puede afectarse cuando hay fallas en la gobernanza y los actores desvían deliberadamente los recursos en salud para su interés particular. La corrupción en la salud no solo afecta los aspectos financieros, sino que puede impactar la calidad de los bienes y servicios, socaba la confianza en las instituciones, el acceso a la atención y la equidad en los cuidados, y termina afectando la posibilidad de una vida saludable para toda la población. En un estudio del año 2013 realizado por la Comisión Europea se evaluó la percepción de los usuarios frente a si creían que el sector de la salud es corrupto o muy corrupto, observándose lo siguiente: el promedio global para 103 países fue de 45%, el promedio de la OCDE para 28 países fue de 34%, y el promedio de Latinoamérica y el Caribe para 12 países sorpresivamente varió entre el 63% en Colombia (con el porcentaje mayor) y el 22% en Jamaica, con el menor porcentaje, para un promedio general para la región del 42% (OECD, 2017, p. 268).

Además, persisten problemas de equidad en la atención, en provisión de servicios, en el acceso a algunos servicios de atención (consultas ambulatorias, atención de urgencias y hospitalizaciones), así como del modelo de atención, que no se centra en los servicios esenciales, con enfoque a la prevención primaria y promoción de la salud (Agudelo Calderón et al., 2011; García-Ubaque et al., 2012).

Sobre este aspecto, la OMS ha llamado la atención a sus países miembros para que desarrollen políticas, estrategias y planes nacionales para garantizar cobertura universal en salud a su población, para mejorar los resultados en salud, apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y solucionar otros problemas de salud prioritarios, fortaleciendo la Atención Primaria de Salud, buscando que la atención esté centrada en las personas, que la misma haga énfasis en la salud pública, e incluya en la respuesta a otros sectores de la sociedad con responsabilidades en el abordaje de los determinantes sociales de la salud (World Health Organization, 2021).

Para el organismo de referencia mundial en salud, los propósitos a perseguir para mejorar los sistemas de salud son los siguientes (World Health Organization et al., 2018):

1. Garantizar una fuerza laboral sanitaria de alta calidad.
2. Garantizar la excelencia en todos los centros de atención sanitaria.
3. Garantizar el uso seguro y eficaz de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud.
4. Garantizar el uso eficaz de los sistemas de información sanitaria.
5. Desarrollar mecanismos de financiación que apoyen la mejora continua de la calidad.

En una posterior publicación la OMS señaló además los siguientes objetivos para fortalecer los sistemas de salud y lograr la cobertura universal en salud (Organización Mundial de la Salud et al., 2020):

1. Reducir el daño a los pacientes.

Si bien no son una brecha propia del sector salud, las falencias de los componentes formativos del personal de la salud y de la ciudadanía también tienen una implicación directa sobre la calidad de este y los servicios que presta.

La academia, al enfocar más su propuesta formativa en los aspectos técnico-científicos-humanísticos y tecnológicos, está contribuyendo a que el personal de salud se desentienda de la relación con la persona (Haidet et al., 2002).

Es necesario que el personal de salud en formación teórica-práctica sea preparado en la integridad del ser humano, de tal manera que en la práctica encuentre, conozca y comprenda modelos y referentes que orientan hacia la atención integral y humanizante de la persona.

2.3. Las fallas en la humanización comprometen negativamente la salud de las personas en Colombia Colombia ha logrado alcanzar un 99,6% de cobertura en aseguramiento en salud, consolidando uno de los mayores avances del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en las últimas décadas3. Este logro ha permitido garantizar, en términos normativos y financieros, el acceso formal de la población a la atención y a los servicios en salud, constituyéndose en un pilar fundamental del derecho a la salud y en un elemento central para la equidad social.

No obstante, a pesar de esta amplia cobertura, persisten diversas fallas estructurales y operativas que comprometen los principios de la humanización en salud y limitan la posibilidad de alcanzar y mantener una vida saludable para toda la población, en condiciones de dignidad y bienestar. Estas falencias se expresan en brechas de acceso efectivo a los servicios, fragmentación en la atención, déficit en el talento humano en salud, debilidades en la gestión del cuidado, inequidades territoriales y en la pauperización en las condiciones laborales que afectan la atención humanizada, el trato, los cuidados necesarios y la empatía hacia las personas, sus familias y la comunidad.

Asimismo, se evidencian diferencias significativas entre regiones y grupos poblacionales, tanto en la calidad de la atención como en la oportunidad y continuidad del cuidado integral de la salud, lo que refleja la necesidad de avanzar hacia un modelo de salud centrado en las personas y sus contextos socioculturales.

Estos elementos se corroboran en distintas fuentes de información y ejercicios de diagnóstico —como las evaluaciones de calidad percibida, los informes de la Defensoría del Pueblo, los estudios de satisfacción de los usuarios, los análisis del MSPS, y las consultas territoriales realizadas en el marco de la formulación de la PNHS—, las cuales evidencian que, más allá de los logros en el aseguramiento de las personas, la experiencia de los ciudadanos en el sistema de salud sigue marcada por las debilidades en el acceso, el trato digno, la comunicación, la empatía y el cuidado a la persona, su familia y a la comunidad.

2.3.1. Una Evaluación Externa de la Calidad de la Atención en el Sector Salud en Colombia En el año 2019 el Banco Mundial aportó a Colombia una Evaluación de la calidad de la atención en el sector salud, en ella se resaltó el incremento de la cobertura de la atención en salud, sin embargo, reconoce diferentes dificultades relacionadas en la calidad de la atención en el sector salud del país. Se estimó que más de 22.000 colombianos mueren cada año debido a la mala calidad de la atención en salud, y cerca de 12.000 más mueren debido a la falta de acceso al beneficio de los servicios (World Bank Group, 2019). Además, recomiendan cambios a nivel del sistema para garantizar una atención en salud efectiva, segura y humanizada, se relacionan a continuación: x Fortalecer la capacidad para la mejora continua de la calidad en el sector salud. x Fortalecer el ecosistema para la calidad en el sector. x Mejorar el rigor y el uso de la información sobre calidad para estimular la elección de la persona y el aprendizaje entre pares para los prestadores de atención en salud. x Desarrollar e implementar un modelo de atención integrado para apoyar el manejo de personas con necesidades de atención en salud complejas y crónicas. x Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y contratación para incentivar la calidad.

2.3.2. La encuesta del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) para evaluar la satisfacción de los usuarios del sistema de salud colombiano en salud

2. Mejorar la eficacia clínica de los servicios de salud prestados.
3. Comprometer y empoderar a los pacientes, las familias y las comunidades.
4. Desarrollar la capacidad sistémica para actividades de mejora continua de la calidad.
5. Fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas.

2.2. Hay que enfrentar la deshumanización del sistema de salud A pesar de los avances logrados hay múltiples discusiones frente a las brechas, que cada vez son más visibles en la consolidación del objetivo del SGSSS, y se refieren a la equidad, el aumento del gasto y la calidad del servicio.

Se discute que el modelo planteado excluye a las personas para la atención e incluye a las enfermedades; que hay debilidad en buscar resultados en salud, o de lograr una prestación de servicios de salud en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución; y que la fórmula de un mercado de servicios de salud no aplica en salud, ya que el consumo de servicios no resulta de interés cuando la persona no está enferma (Franco Agudelo et al., 2007; García-Ubaque et al., 2012).

Se plantea también que las problemáticas parten de una mirada simplista de la economía y de su aplicación en el campo de la salud, convirtiendo los servicios de salud en un negocio rentable, que ha imposibilitado una regulación extensiva, de acuerdo con el interés de las personas y con el goce efectivo del derecho fundamental de la salud de toda la población, bajo la responsabilidad social de todos los actores. Desde esta perspectiva se argumenta que el mercado funciona mejor que el Estado y que se debe evitar su intervención.

Si se entiende que la salud es un servicio esencial y un derecho fundamental, se considera que hay una falla en el mecanismo del mercado, pues las estrategias de contención de costos por las EPS muestran que los incentivos en el sistema actual llevan a estas a maximizar sus ingresos en el corto plazo (García-Molina & Chicaíza-Becerra, 2010).

Las fallas del mercado a nivel organizacional exponen a las personas a excesivos trámites administrativos, al personal de salud a atender una gran cantidad de personas en tiempo limitado, lo cual puede llegar a ocasionar atención inadecuada desde lo ético y desde la calidad.

La fragmentación del ser humano y del trabajo multidisciplinario, por órganos, por enfermedad o por trámites o requerimientos administrativos conduce a que se disemine o se pierda de vista la integralidad de la persona, de las relaciones interpersonales y del trabajo en equipo. Así mismo, se afecta negativamente la sensibilidad humana, el cuidado, la solidaridad, el trato, la gestión, el respeto, la autonomía de la persona y su familia, en su proceso de salud.

Según un estudio, auspiciado por la OPS, con base en las encuestas de hogares con las que se miden las barreras de acceso a los servicios de salud en las Américas, determinó que, en promedio una tercera parte de las personas en los países (29,3%) reportaron no buscar atención en salud cuando lo necesitaron debido a múltiples barreras de acceso. Entre ellos, el 17,2% lo atribuyó a barreras administrativas (largos tiempos de espera, horas de atención inadecuadas, requisitos administrativos engorrosos); las barreras financieras fueron reportadas en el 15,1% de los casos, la disponibilidad inadecuada de recursos (falta personal de salud, medicamentos e insumos) en el 8,4% de los casos, y las barreras geográficas en el 5,4% de los casos. El 8,0% atribuyó su decisión a barreras de aceptabilidad (lingüísticas, falta de confianza en el personal de salud o maltrato por parte del personal y preferencia por la medicina tradicional e indígena). Las personas en el quintil de riqueza más pobre fueron más propensas a experimentar barreras de aceptabilidad, financieras, geográficas y de falta de disponibilidad de recursos (Báscolo et al., 2020).

Por otra parte, se observa escasa participación de la ciudadanía en la atención en salud, en la falta de información, en las condiciones inadecuadas en la infraestructura y en el aseo, en la carencia de dotación y la sobreocupación, que afecta la dignidad e integridad de las personas en los servicios de salud en instituciones públicas, privadas y mixtas.

También hay inestabilidad en la vinculación laboral de los trabajadores del sector, inadecuada remuneración, personal insuficiente en los equipos de salud asistenciales y administrativos, jornadas extenuantes de trabajo, acoso y sobrecarga laboral que generan desgaste en los profesionales (Burnout), lo cual incide en su desempeño profesional, en su calidad del trabajo y en un posible maltrato hacia las personas y sus familias (Hoyos Hernández et al., 2008).

3 Ministerio de Salud y Protección Social en su boletín No. 373 de 2022 11 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL El análisis de estos indicadores permite identificar no solo los avances en cobertura y desempeño operativo del sistema, sino también las brechas persistentes que afectan la accesibilidad, la oportunidad de la atención por ende la humanización del cuidado y la percepción ciudadana frente a la atención en salud, constituyéndose en un insumo esencial para la formulación y validación de la PNHS.

1. Tiempo promedio en espera para asignación cita de medicina y odontología en Colombia 2022- III Trimestre 2024

La Resolución 1552 de 2013, establece un tiempo máximo de espera de tres días para la asignación de estas citas. El comportamiento de este indicador se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 4. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita medicina y odontología general 2022 -2024 Servicio 2022 2023 2024 Medicina general 3,25 3,25 (3,74)

Odontología genera 3,92 3,98 (3,64)

Fuente: Informe Goce Efectivo del Derecho a la Salud 2024 MSPS Para el 2024 el tiempo de espera para medicina general fue de 3,61 días con una variación de 0.36 con respecto al 2023 y para odontología general fue de 3,2 días, con una disminución de 0,7 días.

2. Tiempo de espera para la atención en urgencias de paciente clasificado como Triage II Según la Resolución 5596 de 2015 el tiempo de espera máximo para esta atención debe ser de 30 minutos.

Tabla 5. Atención en urgencias de paciente clasificado como Triage II 2022 –2024 Servicio 2022 2023 2024 26,1 min 24,9 min 24,09 min Atención en urgencias de paciente clasificado como Triage 2 Fuente: Elaboración propia. Oficina de Calidad reporte resolución 256 / 16 Repositorio SIC. MSPS 2025 Para el 2024 el tiempo fue de 24,09 minutos, disminución de 0,81 min con respecto al 2023.

3. Tiempo de espera para la atención en consultas médicas especializadas

Para el 2024, en Medicina Interna se observa una disminución con relación al 2023 en 0,97 días y cirugía general en 0,4 días. En Pediatría, se observa una disminución de 1,47 días del 2022 en comparación al 2023 y de este con relación al 2024 en 0,59 días. En Ginecología se observa una disminución de 0,62 días de 2022 con relación al 2023 y de 0,93 días entre el 2023 con relación al 2024. En Obstetricia entre el 2022 y el 2023 se observa un incremento de 0,4 días, mientras que en comparación al 2024 se observa una reducción de 1,31 días.

Tabla 6. Tiempo de espera de las especialidades 2022- 2024 Servicio 2022 2023 2024 Medicina Interna 13,79 días 12,27 días 11,3 días Cirugía general 12,80 días 10,74 días 10,34 días Pediatría 8,27 días 6,80 días 6,21 días Ginecología 10,97 días 10,35 días 9,42 días Obstetricia 9 días 9,45 días 8,14 días Fuente: Informe Goce Efectivo del Derecho a la Salud 2024 MSPS

4. Satisfacción del Usuario: el porcentaje de usuarios satisfechos al cuarto trimestre de 2024 es del 95,8; para el 2023 el porcentaje de usuarios satisfechos fue del 96,10%, para el 2022 fue del 96%.

De acuerdo con la información de quejas de la Superintendencia Nacional de Salud con corte al año 2022, se presentaron un total de 1.247.137 PQRD y para el año 2023 se presentaron un total de 1.417.221 PQRD. En los años 2022 y 2023 los motivos de mayor número de PQRD estuvo asociado con: restricción en el acceso a los servicios de salud con un porcentaje de 84,7 % (2022) y un 83,6% (2023); en la deficiencia en la efectividad de la atención en salud para el 2022 representó un 6,3% y para el 2023 fue del 2,8% con una disminución porcentual; con relación: en la insatisfacción del usuario con el proceso administrativo fue en el 2022 del 6,6% y del 4,3% para el 2023.

En el presente informe se observan datos que favorecen a identificar fortalezas, debilidades y barreras en el acceso, calidad y equidad de estos servicios (Ministerio de Salud y Protección Social, 2023), para guardar coherencia con la PNHS se destaca la siguiente información:

El 26,53% de las personas encuestadas afirman haber recibido información por parte de su EPS sobre la carta de derechos y deberes, mientras que el 73,47% no han sido informadas, conlleva a desconocimiento frente al sistema de salud y podría impactar en la misma experiencia de la atención en salud.

En cuanto a la satisfacción global correspondió al 72,9% de la población encuestada como “buena” o “muy buena”, mientras que el 5,2% de la población encuestada manifestaron entre mala y muy mala los servicios de salud recibidos. En comparación de la encuesta del 2022 con un 65% de los usuarios consideraron buena y muy buena la atención recibida, incremento para el 2023 a un 72,9% en satisfacción de los usuarios. El 13% de las personas, ha considerado colocar una PQRS o tutela a su EPS debido a las diferentes fallas que se presenta en la atención en salud. El 66.64% de los usuarios, declaró que no se le dificultó acceder a servicios de salud a través de su EPS, el 56.43% consideró que fue “fácil” y “muy fácil” el 10.21%, mientras que el 5.99% expresó que tuvo dificultad para acceder a algún servicio de salud de su EPS. El 9,16% del total de las personas encuestadas, manifestaron que no acudieron a su EPS en todas las ocasiones que lo necesitaron. Las acciones tomadas por las personas que no solicitaron o no recibieron atención en salud por su EPS para tratar un problema de salud, el 44,1% señalaron acudir de forma particular a un servicio de salud, el 25,7% indicaron que aplicaron remedios caseros, un 10% indicó auto medicación y un 10,8% de los encuestados no tomó ninguna acción y el 9,5% acudió a medicina tradicional. En ese sentido, las principales causas señaladas por las personas encuestadas fueron: demora en la asignación de la cita con un 25,8%; mientras el 16,9% consideraron leve su problema de salud; mientras que un 10,3% de las personas encuestadas manifestó las largas esperas para ser atendidos; y el 9,1% de las personas indicaron muchos trámites para agendar cita.

En cuanto a la clasificación y priorización para la atención de pacientes en urgencias, el 60,15% de los encuestados conoce, un 39.85% desconoce, alterando la optimización del acceso a urgencias. En cuanto a la experiencia en hospitalización, el 57,45% de las personas encuestadas manifestaron “buena”, un 17,41% “muy buena”, mientras que un 15,09% manifestó ni buena ni mala y el 10,05% manifestó una mala experiencia.

2.3.3. El Sistema Evaluación de Actores SEA (2024)

En el informe (Ministerio de Salud y Protección Social, 2024) se presentan los resultados en salud relacionados con tres componentes clave del desempeño del sistema: i) el cumplimiento en el reporte de monitoreo del Sistema de Información para la Calidad, ii) la oportunidad con la que se ofrecen los servicios de salud, y iii) la satisfacción de los usuarios frente a aspectos cruciales de la gestión de los actores en el sistema sanitario que reflejan la eficacia, la calidad y la humanización.

Estos resultados no solo evidencian el desempeño operativo del sistema, sino que inciden directamente en la experiencia de atención de los pacientes, constituyéndose en un factor determinante para el acceso oportuno a tratamientos, la prevención de complicaciones, y, en última instancia, la mejora del estado de salud y bienestar de la población.

De acuerdo con el reporte establecido por la Resolución 256 de 2016, el monitoreo de la calidad en salud se realiza a través de 110 indicadores distribuidos en cuatro dominios: accesibilidad, oportunidad, seguridad y satisfacción. Estos indicadores permiten evaluar el desempeño institucional y territorial del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de manera integral, con base en información reportada por las entidades responsables.

En el dominio de acceso a los servicios, la información correspondiente al año 2024, comparada con la de 2023 y 2022, muestra variaciones relevantes en los siguientes indicadores:

1. Asignación de citas de medicina general y odontología, como medida de la accesibilidad, disponibilidad y oportunidad básica de la atención primaria;
2. Atención de urgencias (Triage II), que refleja la capacidad de respuesta y priorización en situaciones críticas;
3. Disponibilidad de especialidades básicas, indicador de la oportunidad en la atención especializada;
4. Satisfacción del usuario, relacionada con la percepción global frente a la atención recibida como el cuidado, el trato, la comunicación y la calidad del servicio; y
5. Comportamiento de las PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias), como expresión de los niveles de insatisfacción y de la respuesta institucional para gestionar las necesidades de las personas.

El Informe (Ministerio de Salud y Protección Social & Oficina de Calidad, 2025), da cumplimiento a la Orden Trigésima de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, la cual dispuso la presentación periódica de informes que permitan monitorear el comportamiento de las tutelas interpuestas por presuntas vulneraciones al derecho fundamental a la salud.

Durante el año 2024, se observó una tasa de 4,50 tutelas por cada 1.000 habitantes y 4,75 tutelas por cada 1.000 afiliados, lo que representa un incremento bruto del 0,94 y 0,71 punto, respectivamente, en comparación con el año 2023. En total, se registraron 237.210 tutelas, de las cuales el 87,46% se dirigieron contra EPS, el 11,59% contra IPS y el 0,95% contra ET.

Estas cifras reflejan la persistencia de tensiones estructurales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), particularmente entre los actores del sector salud responsables de la garantía efectiva del derecho a la salud, y evidencian que una proporción importante de las controversias judiciales están asociadas a fallas en la oportunidad, continuidad y acceso efectivo a que se brinde una atención en salud.

Con base en el análisis de los expedientes, se identificaron 287.925 problemas jurídicos, 307.269 causas y 318.040 pretensiones, ya que una misma tutela puede involucrar más de una causa o solicitud. La siguiente tabla resume la distribución por tipo de actor del sistema:

Tabla 7. Distribución de problemas jurídicos, causas y pretensiones de las tutelas interpuestas a los diferentes actores del SGSSS Actor Tutelas únicas Problemas Causas Pretensiones EPS 207.465 257.403 276.559 286.964 IPS 27.493 28.254 28.440 28.804 ET 2.252 2.268 2.270 2.272 TOTAL 237.210 287.925 307.269 318.040 Fuente: Informe tutelas 2024. Datos base a la Circular Externa 001 de 2025 A continuación, en la Tabla 8, se observa la distribución porcentual de las tutelas en el año 2024, clasificadas por los problemas jurídicos establecidos por la Corte Constitucional:

Tabla 8. Tutelas del año 2024 clasificadas por problema jurídico Problema Jurídico Descripción (Síntesis) N° de Tutelas % N°9 Falta de oportunidad de los servicios. 117.625 40,9 N° 14 No prestar los servicios implícitamente incluidos en el plan de beneficios. 53.751 18,7 N° 1 No autorización de servicios no incluidos en el Plan de Beneficios. 39.135 13,6 N° 4 Incertidumbre en relación con los servicios incluidos, los no incluidos y los excluidos del plan obligatorio de salud, 17.710 6,2 N° 16 Reclamo de servicios, tecnologías e insumos. 11.244 3,9 N° 17 11.188 3,9 Negación pago incapacidades médicas, licencias de maternidad y paternidad, pese a que se efectuaron los aportes de manera oportuna.

N° 8 8.572 3,0 Interrumpir el suministro de los servicios porque ya transcurrió un mes luego del momento en que la persona dejó de cotizar, en razón a que ahora es desempleado 6.905 2,4 N° 13 No haber fijado y regulado un procedimiento mediante el cual la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio garantice el acceso efectivo al mismo N° 7 5.091 1,8 No reconocimiento y pago de prestaciones económicas (licencias de maternidad, paternidad e incapacidades) por demora en el pago de los aportes de salud.

N° 5 Entidad que no le autoriza el acceso a un servicio de salud que aquella requiere, hasta tanto no cancele el pago moderador 3.839 1,3 N° 3 3.804 1,3 Negación servicio requerido cuando fue ordenado por un médico que no está adscrito a la entidad respectiva, pero es especialista en la materia N° 10 3.345 1,2 Negarse a responder de fondo una petición para remover un obstáculo en uno de los trámites necesarios para asegurar el adecuado flujo de los recursos y, por tanto, sostener las condiciones indispensables para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud N° 18 Inconsistencias en Base de Datos que conlleva barreras de acceso y/o demoras en afiliaciones, traslados, movilidad, portabilidad. 2.795 1,0 Para el año 2024, se presentaron un total de 1.728.069 reclamos en salud y 1.152.289 solicitudes de información ante la Supersalud. Los macro motivos definidos fueron el 90,8% barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud y otros elementos complementarios para la atención del usuario, seguido por el 7,29% con la insatisfacción del usuario respecto a los procesos administrativos. En ese sentido, se puede relacionar los cinco principales motivos que representa más del 60%, estos son: negación de citas; falta de oportunidad en la asignación de citas; negación de entrega de tecnologías en salud autorizados; falta de oportunidad en atención de otros servicios de salud; y la falta de oportunidad de entrega o incompleta de tecnologías en salud.

De acuerdo con (Ministerio de Salud y Protección Social, 2024) en el año 2022, de un total de 11.750 IPS habilitadas, según el REPS, el 47,7% (5.604) incurrieron en vulnerar el derecho el derecho a la salud, mientras que el 52,3% (6.146) no vulnero el derecho. Del total de las 5.604 IPS que vulneraron el derecho a la salud, se observó que el 76.1% (4.263) incurrieron en prácticas que afectaron negativamente en “Acceso a la información” y “Accesibilidad”, mientras que el 25,7% (1.438) de estas IPS incurrió en prácticas que afectaron negativamente en la subcategoría “Oportunidad” y categoría “Calidad”.

2.3.4. Ranquin de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 2024 En cumplimiento de la orden vigésima de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, se elaboró el Ranquin Nacional de Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), como instrumento de transparencia y control social frente a las reiteradas barreras de acceso y negaciones en la atención y suministro de servicios de salud a los que tiene derecho la población. Esta medida respondió a las fallas estructurales del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) identificadas por la Corte, especialmente las relacionadas con la articulación y desempeño entre EPS e IPS.

El informe (Ministerio de Salud y Protección Social & Superintendencia Nacional de Salud, 2024) analizó 10.912 IPS distribuidas en todo el territorio nacional. De estas, el 4,2% (457) se ubican en zonas rurales, mientras el 95,8% (10.419) corresponden a zonas urbanas, evidenciando una marcada concentración de la oferta en los centros urbanos. En cuanto a la naturaleza jurídica, el 90,7% (9.896) de las IPS son privadas, el 9,2% (999) son públicas y apenas el 0,2% (17) son mixtas, lo que pone de evidencia la alta privatización de la red prestadora de servicios y su debilidad en la gestión institucional de brindar una atención en salud a la población que habita en zonas rurales y dispersas; y en la red pública, las limitaciones que hay de que acceda la población a una atención en salud en zonas rurales y dispersas.

Respecto a los indicadores de satisfacción global de los usuarios, se observó que el 44,4% de las IPS reportan niveles de satisfacción del 100%, mientras que un 25,5% registran 0%, reflejando fuertes disparidades en la calidad percibida en la atención en salud. De manera similar, en el indicador de usuarios que recomendarían su IPS, el 46,5% de las instituciones obtuvieron una recomendación del 100%, en contraste con un 26% que no serían recomendadas por sus usuarios. Estos resultados revelan importantes brechas en la experiencia del usuario y en la atención humanizada dentro de las instituciones prestadoras.

Por otro lado, los datos sobre densidad del talento humano en salud muestran diferencias significativas entre instituciones y territorios. El 34% de las IPS cuentan con aproximadamente 2,6 profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes-departamento. En el caso de la medicina general, el 15,4% de las IPS dispone de alrededor de 4,4 médicos por cada 1.000 habitantes-departamento, mientras que un 10,9% alcanza una densidad cercana a 6 profesionales médicos por cada 1.000 habitantesdepartamento. Estas cifras reflejan no solo desigualdades en la distribución del recurso humano, sino también la necesidad de fortalecer las capacidades territoriales para garantizar el acceso de la población a una atención oportuna, continua y humanizada.

Los hallazgos del ranquin de IPS 2024 dejan en evidencia que, a pesar de los avances en cobertura y aseguramiento, persisten brechas estructurales en el acceso, la calidad y la experiencia de las personas, asociadas a la concentración urbana, la predominancia del sector privado frente a la red pública y en concentración, distribución e insuficiencia del talento humano en salud en el país. Estos factores se constituyen en determinantes críticos de deshumanización en la prestación de servicios de salud y sustentan la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a la dignidad humana, a la equidad, al cuidado y a la calidad.

2.3.5. Informe Tutelas en Salud 2024 Orden Trigésima de la Sentencia T- 760/08 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 12 DIARIO OFICIAL Pretensiones Número Porcentaje Problema Jurídico Descripción (Síntesis) N° de Tutelas % Medicamentos 35306 11,1 Servicio complementario 30098 9,5 N° 15 No implementar en el nuevo sistema las reglas fijadas por la Ley para determinar las exclusiones 1.536 0,5 Servicio transporte, viáticos alimentación y hospedaje 21675 6,8 N° 12 562 0,2 Prestaciones económicas 12543 3,9 No haber tomado las medidas para garantizar que puedan acceder a un plan de servicios de salud que no difiera de los contenidos contemplados en el plan obligatorio de salud para el régimen contributivo Exámenes 12176 3,8 Atención domiciliaria 9437 3 311 0,1 N° 11 Continuidad en la prestación de los servicios 9109 2,9 Negación para afiliar a una persona, a pesar de haberse cumplido el tiempo necesario para poder trasladarse, por el hecho de que dentro de su grupo familiar existe una persona que padece una enfermedad catastrófica y, por tanto, debería esperar más tiempo para poder trasladarse Tratamiento integral 6861 2,2 Maestro sombra o sombra terapéutica 4530 1,4 294 0,1 N°6 Servicio de enfermería o cuidador 4377 1,4 No se autoriza a un niño o una niña un servicio que requiere y sus responsables no lo pueden costear, por el hecho de que no se encuentra incluido en el plan obligatorio de salud o porque la vida o la integridad personal del menor no dependen de la prestación del servicio Terapias 3792 1,2 Medicamentos UNIRS 3299 1 Exoneración de copagos y cuotas moderadoras 3260 1 Alimentos con propósitos médicos nutricionales 2258 0,7 Insumos, dispositivos, materiales quirúrgicos u otros necesarios para la realización de procedimientos 2012 0,6 Afiliación a EPS 1966 0,6 Implementos de aseo 1708 0,5 Libre escogencia de la IPS 1171 0,4 Derecho a escoger médico tratante 1014 0,3 Traslado de EPS 882 0,3 Movilidad o portabilidad 846 0,3 Solicitud de financiación de los servicios de salud a petición del beneficiario 342 0,1 Tratamiento estético con finalidad funcional 270 0,1 Terapias con enfoque diferencial de ABA 20 0 N° 2 Este problema se fusionó con el Problema Jurídico Nº1 218 0,1 Fuente: Informe tutelas 2024. Datos base a la Circular Externa 001 de 2025 Del total de tutelas analizadas, la falta de oportunidad en los servicios de salud (Problema Jurídico N°
9. fue la causa más frecuente, con el 40,9% de los casos, seguida por la no prestación de servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) (Problema Jurídico N° 14) con el 18,7% y la no autorización de servicios no incluidos en el PBS (Problema Jurídico N° 1) con el 13,6%. En conjunto, estos tres problemas representan más del 70% del total de tutelas interpuestas.

La distribución porcentual muestra que aproximadamente el 80% de los casos judicializados se relacionan con servicios y tecnologías ya financiados por el PBS, mientras que solo el 20% corresponde a prestaciones no incluidas dentro de dicha cobertura. Este hallazgo evidencia que las barreras administrativas, retrasos en la autorización y la falta de oportunidad en la atención son los principales detonantes de la judicialización del derecho a la salud.

En términos de oportunidad, este patrón sugiere una fractura entre la cobertura formal del aseguramiento y el acceso real a la atención efectiva y oportuna, lo que obliga a miles de ciudadanos a recurrir a la vía judicial como mecanismo de protección afectando a que les brinden una atención y los cuidados necesarios para alcanzar y mantener una vida saludable.

Durante la vigencia 2024, las entidades reportaron un total de 318.040 pretensiones, de las cuales las más frecuentes fueron (Tabla 9.): x Citas médicas (18,6%), x Procedimientos y tecnologías en salud (15,7%), x Medicamentos (11,1%), y x Otras pretensiones diversas (12,5%).

Estas pretensiones reflejan que la mayoría de las solicitudes judiciales están orientadas a obtener servicios esenciales y de carácter básico, lo que reafirma la persistencia de barreras de acceso en los componentes más elementales de la atención. x En cuanto a los resultados procesales, del total de tutelas interpuestas: x El 19% (45.073) fueron impugnadas, de las cuales el 84,5% (38.073) fueron concedidas totalmente, x El 9,4% (4.245) fueron concedidas parcialmente, y x Solo el 5,7% (2.573) se declararon hecho superado.

Asimismo, se instauraron incidentes de desacato en el 10,3% de los casos (2.436 tutelas), lo que indica que en el 89,7% de las decisiones judiciales las entidades cumplieron los fallos sin requerir intervención adicional.

Tabla 9. Distribución porcentual de las pretensiones reportadas por las entidades obligadas a reportar, Colombia, 2024 Pretensiones Número Porcentaje Citas médicas 59059 18,6 Procedimientos y tecnologías 49994 15,7 Otras pretensiones 40035 12,5 Total 318040 100 Fuente: Información de tutelas 2024 recolectas en base a la Circular Externa 001 de 2025.

Los resultados del informe de tutelas 2024 confirman que la judicialización del derecho a la salud continúa siendo un síntoma estructural de la falta de articulación y eficiencia del sistema, más que una simple anomalía operativa. El predominio de causas asociadas a demoras, falta de oportunidad, negación injustificada o trabas administrativas revela un problema de fondo en la humanización del sistema de salud colombiano, en la medida en que el acceso al cuidado sigue mediado por la gestión burocrática y no por las necesidades de las personas.

De esta manera, las tutelas se constituyen no solo en un mecanismo de garantía del derecho fundamental a la salud, sino también en un indicador de la falta de sensibilidad institucional y de la persistencia de brechas en la empatía institucional, el trato digno y la accesibilidad en la atención y cuidado, aspectos esenciales de la PNHS.

2.4 Definición del problema público que busca resolver la política Con bastante frecuencia las personas tienden a confundir las dificultades con los problemas, y esto puede conducir a errores de juicio y a generar mucha confusión a la hora de tener que tomar decisiones, de ahí que sea necesario esclarecer su distinción: x Los problemas son planteamientos que comprometen una metodología lógica que sigue ciertas reglas: enunciar el problema, definirlo, plantearlo, proponer mínimo dos variables y concluir mínimo con una pregunta. x Las dificultades, en cambio, son acontecimientos, cada uno de los cuales puede ser el origen de una verdadera infinitud de problemas.

Entidades Territoriales Fecha 2024 Participantes Caquetá Noviembre 6 32 Putumayo Noviembre 13 30 Chocó Noviembre 20 20 Arauca Noviembre 27 19 Guaviare Guainía Diciembre 13 18 Cuando una dificultad está causando una gran cantidad de problemas, se deben realizar dos tipos de actividades, a saber: en primer lugar, la más importante, es neutralizar o sortear la dificultad para que no cause más problemas y, en segundo lugar, abordar el planteamiento correcto de los problemas ya causados para solucionarlos. Al conjunto de las dificultades con sus problemas se les denomina como “la problemática”.

Es fácil concluir que, si la premura en la solución de problemas ciega para encontrar la dificultad que los está ocasionando, las actividades y los recursos podrían no dar abasto, mientras que abordando la dificultad que los está causando, se podría evitar un gran derroche de actividad y de recursos; peor aún si la dificultad persiste como una fuente inagotable de nuevos problemas.

Con base en la información y el contexto proporcionado en el diagnóstico situacional, así con la información recolectada en los espacios de apropiación social del conocimiento-elementos para el diagnóstico, planteamiento de alternativas de solución y validación de la propuesta del problema público a partir de las consultas realizadas a los diversos actores en salud, que previamente fueron identificados y definida su participación con aportes a la política4, durante el proceso de ajuste de la misma.

Total: 15 entidades territoriales 478 Tabla 10. Espacios de apropiación social para el diagnóstico y planteamiento de alternativas Fuente: Elaboración propia. Equipo Técnico Oficina de Calidad. MSPS 2024 de solución Entidades Territoriales Fecha 2024 Participantes Bogotá D. C. Abril 30 74 A través de la aplicación metodológica, se logró la recopilación de inquietudes, sugerencias, aportes, recomendaciones y opiniones de los participantes convocados en los territorios visitados entre los meses de abril a diciembre del año 2024, que aportaron al planteamiento de la problemática.

Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena Mayo 3 75 Caldas, Quindío, Risaralda Mayo 8 63 Antioquía Mayo 10 82 Cauca, Valle del Cauca Mayo 17 89 Tolima Junio 12 70 Santander Junio 27 45 Córdoba, Sucre Junio 27 26 Cundinamarca Junio 28 43 Arauca, Caquetá, Casanare, Guaviare, Meta Putumayo, Vaupés, Vichada Julio 24 47 Total: 24 entidades territoriales 614 Fuente: Elaboración propia. Equipo Técnico Oficina de Calidad. MSPS 2024 Tabla 11. Espacios de apropiación social para validación de la propuesta inicial de las Políticas Entidades Territoriales Fecha 2024 Participantes Huila Agosto 22 51 Archipiélago de San Andres y Providencia Agosto 27 22 Boyacá Agosto 30 57 Nariño Septiembre 11 84 Norte de Santander Septiembre 19 41 Amazonas Septiembre 24 23 Cesar Septiembre 30 30 Casanare Octubre 16 23 La Guajira Octubre 22 28 Figura 5. Consolidado de Priorización necesidades – problemática en los espacios de apropiación 2024 Fuente: Elaboración propia. Equipo Técnico Oficina de Calidad. MSPS 2024 4 Referencia, Documento identificación de grupos de Interés para la formulación de la Política de Calidad en Salud y la Política de Humanización en Salud Oficina de Calidad del MSPS, 28 de febrero de 2025.

13 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL A partir de las dinámicas de participación y concertación Minsalud actores en salud5, se logró plantear el problema público que busca resolver la PNHS, como el:

Figura 6. Problemáticas priorizadas en los espacios de apropiación 2024 Fuente: Elaboración propia Equipo Técnico Oficina de Calidad - MSPS 2024 “Acceso inequitativo de la población al cuidado integral de la salud, un precario apoyo institucional a la solución de sus necesidades en salud y a la dotación de equipos multidisciplinarios comprometidos, además, con la necesidad de promover en el sector un desempeño responsable, eficiente y habilidosamente ético, de las acciones propias de la humanización en salud y en concordancia con los fundamentos y propósitos del sistema de salud”.

3. OBJETIVOS, ALCANCE Y META

3.1. Objetivo general Incorporar a los procesos del sistema de salud colombiano, el desarrollo de lineamientos estratégicos para su aplicación en la práctica de la humanización en salud, mediante un cambio cultural que comprometa a los actores en salud en la mejora del acceso, la calidad y la experiencia del cuidado integral de la salud, elevando el personal de salud a los niveles de destreza necesarios para constituir una institucionalidad virtuosa, y que con una disposición - acción solidaria, brinden los cuidados necesarios para que todas las personas, sus familias y comunidades puedan alcanzar y mantener una vida digna y saludable.

3.2. Objetivos específicos

1. Fortalecer habilidades intrapersonales, interpersonales, espirituales y profesionales en el personal de los actores en salud orientadas a identificar las necesidades en salud de las personas, para que brinden un cuidado integral de la salud y una atención humanizada en salud centrada en las personas, sus familias y su comunidad.
2. Fomentar unos mecanismos de coordinación, de consenso solidario y de corresponsabilidad de los actores en salud en la construcción de entornos saludables y de bienestar para el personal de salud, las personas, sus familias y su comunidad, mediante prácticas colaborativas y sostenibles.
3. Generar la creación de espacios para el ejercicio racional de una moral solidaria y constructiva que guíe los comportamientos de los actores en salud hacia un cambio cultural con prácticas de humanización en salud.
4. Implementar lineamientos estratégicos que orienten el funcionamiento de instituciones de salud virtuosas y una gestión en salud con prácticas de humanización y calidad en salud.
5. Impulsar el mejoramiento continuado en el conocimiento y creación de avances técnico-científicos y humanísticos para lograr que todas las personas puedan alcanzar y mantener unas vidas dignas y saludables.

Figura 7. Problemáticas priorizadas en los espacios de apropiación 2024 Fuente: Elaboración propia. Equipo Técnico Oficina de Calidad. MSPS 2024 Satisfacción 0,80% Pertinencia en la Atención Primaria en Salud 7,87% Experiencia de usuario 6,98% Eficacia del Sistema de Información 7,25% soluciones Efectividad del Sistema de Salud 32,36% Acceso a la Prestación de Servicios de Salud Categoría de las causas y 44,74% 3.3. Alcance La PNHS incorpora las acciones, prácticas y procesos de humanización en salud, que orienta a un cambio cultural profundo en la organización, gestión y prestación de los servicios de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Su implementación abarca a los actores en salud, incluyendo entidades aseguradoras, prestadores de servicios de salud, entidades territoriales, talento humano en salud y demás instituciones públicas, mixtas y privadas que participan en la atención y el cuidado de las personas.

El alcance de esta política se extiende a los diferentes complejidades y ámbitos de prestación de los servicios de salud, promoviendo la articulación entre el uso eficiente de los recursos disponibles y una perspectiva ética y humanista que oriente las prácticas de cuidado y atención. En este marco, la política busca que las necesidades, experiencias y condiciones de las personas, sus familias y comunidades se constituyan en el eje orientador de los procesos de atención y cuidado, contribuyendo al goce efectivo del derecho fundamental a la salud y al logro de condiciones de vida dignas y saludables, en concordancia con los principios de equidad, respeto por la vida y corresponsabilidad social.

3.4. Meta Al 2035, lograr la implementación efectiva de la PNHS en los niveles nacional y territorial, garantizando que los actores del Sistema de Salud incorporen en sus procesos institucionales proyectos, programas, planes, políticas, y estrategias para la práctica de la humanización en salud y así brindar un cuidado 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% % Figura 8. Distribución porcentual de causas y soluciones 2024 Fuente: Elaboración propia. Equipo Técnico Oficina de Calidad. MSPS 2024 5 Referencia, Documentos de validación avances formulación Política de Calidad, Política de Humanización y Sistema Integrado de Calidad, Oficina de Calidad - MSPS, Agos-Dic 2024.

4.1.1. Línea operativa de “Gobernanza en el cuidado integral y humanizado de la salud”

Esta línea operativa impulsa la gobernanza del cuidado integral y humanizado, promoviendo la participación democrática de todos los actores en salud, integrando los principios de corresponsabilidad, participación, transparencia y rendición de cuentas. Su propósito es que los diferentes actores (institucionales, comunitarios y ciudadanos) coordinen acciones basadas en evidencia para mejorar el cuidado integral y la atención humanizada en salud desde los micro territorios de salud y los diferentes territorios, en armonía con el modelo de salud.

La gobernanza en el cuidado humanizado debe consolidar estructuras que promuevan la toma de decisiones éticas, el fortalecimiento de capacidades locales y el empoderamiento del personal de salud, reconociendo que la salud se construye colectivamente en los territorios.

Línea operativa Acción Entidades Corresponsables en integral de la salud y una atención humanizada en salud centrada en las personas, sus familias y su comunidad, con mecanismos de seguimiento, evaluación y mejora continua liderados por el MSPS.

4. EJES ESTRATÉGICOS

Los ejes estratégicos constituyen los pilares conceptuales sobre los cuales se estructura la PNHS. Surgen de la consulta de las necesidades y de las posibles soluciones identificadas en los diferentes territorios, de la robustez y análisis de las fuentes de información primaria y secundaria, de la solidez conceptual, de los principios y los enfoques que fundamentan la política pública, las cuales orientan el desarrollo de sus lineamientos estratégicos y acciones en todos los niveles del sistema.

Cada eje expresa una dimensión clave de la humanización en salud, articulando los componentes éticos, morales, técnicos, relacionales e institucionales que deben fortalecerse para generar un cambio cultural que comprometa a todos los actores en salud en el cuidado y en garantizar experiencias de atención dignas, solidarias y centradas en las personas, familias y comunidad. Los ejes estratégicos de la PNHS son los siguientes: la ejecución 4.1.1 Línea operativa de “Gobernanza en el cuidado integral y humanizado de la salud

1. Cuidado integral y atención humanizada en salud centrado en las personas, familias y comunidades: Impulsa la corresponsabilidad de los actores en salud en brindar los cuidados necesarios y de la gestión entre los prestadores de servicios de salud para garantizar experiencias de atención dignas, solidarias y centradas en las personas, familias y comunidad. Además, promueve la atención humanizada desde un enfoque centrado en las personas reconociendo su dignidad, autonomía, su contexto familiar y su entorno comunitario.

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2. Ética comunicativa: Fomenta el diálogo bidireccional entre los actores en salud de manera clara, confiable y transparente. Busca coordinar las relaciones humanas basadas en la responsabilidad moral favoreciendo la confianza, la escucha activa, la claridad en la información y la toma de decisiones compartidas, como fundamento para alcanzar y mantener una vida digna y saludable.

a. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación territorial (métodos, instrumentos, herramientas, indicadores de resultado como línea base) para los prestadores de servicios de salud, que permita conocer la experiencia de la atención de personas y sus familias, que integren como mínimo valoraciones cuantitativas, cualitativas y participativas, de los avances y resultados de la implementación de prácticas de cuidado integral y atención humanizada recibida, el trato recibido, los entornos humanizados, integrando indicadores de bienestar laboral y desarrollo profesional del personal de salud, en coherencia con la PPTHS.

3. Cultura colaborativa de humanización en salud: Plantea y promueve un cambio cultural de humanización en el sistema de salud que optimice la experiencia de interacción solidaria entre los actores en salud, centre sus esfuerzos en la promoción del desarrollo humano y contribuya en garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, la protección de la vida y la dignidad humana hasta alcanzar y mantener para todos unas vidas saludables.

b. Crear una instancia colegiada nacional para la gobernanza de la calidad y la humanización en salud con participación de los actores en salud, otros sectores interesados como la academia y organizaciones de usuarios, que oriente la definición de lineamientos, estrategias, acciones, así como mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados de las prácticas.

4. Legitimidad en salud: Orienta la acción institucional e implica un proceso de validación colectiva hacia el bien común, la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de confianza social.
Este eje promueve la coherencia entre la misión pública del sistema de salud, la gestión ética de los recursos y la participación efectiva de la ciudadanía en la gobernanza de la salud.

5. Investigación e innovación en humanización de la salud: Impulsa la generación y aplicación de conocimiento para fortalecer la humanización en salud, mediante la investigación interdisciplinaria, la sistematización de experiencias exitosas y el desarrollo de innovaciones organizacionales, técnicas – científicas – humanísticas, formativas y tecnológicas que potencie el mejoramiento continuo del sistema de salud y para el cambio cultural que promueve la humanización en salud.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas Ciudadanía Ministerio de Salud y Protección Social Superintendencia Nacional de Salud Instituto Nacional de Salud Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Grupos de valor y partes interesadas c. Incluir en los espacios de rendición de cuentas y en espacios de socialización de resultados en salud con los actores en salud del territorio, los avances en el mejoramiento de la calidad y la humanización salud, la experiencia de los usuarios y sus familias, basándose en la analítica de datos cuantitativos y cualitativos, promoviendo la participación de los actores en salud y el trabajo colaborativo para la toma de decisiones. d. Hacer partícipe a organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en el análisis, concertación en la definición de acciones, estrategias, mecanismos de seguimiento y evaluación para el cuidado integral y atención humanizada y el mejoramiento de la calidad, fortaleciendo la apropiación social del derecho fundamental a la salud.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Organización de usuarios Grupos de valor y partes interesadas 4.1.2. Línea operativa de “Comunicación solidaría constructiva”

La comunicación constituye la base del tejido social y la condición esencial de toda actividad colectiva. En salud, la comunicación solidaria constructiva es un componente transversal de la humanización, pues permite reconocer, comprender y fortalecer la confianza entre los actores en salud, el vínculo terapéutico y la corresponsabilidad en el cuidado integral de la salud para responder a las necesidades de las personas, sus familias y comunidades.

Esta línea promueve una comunicación solidaria alineada con la normatividad vigente, en la que la interacción entre los actores del sector salud se base en el diálogo, la empatía y la cooperación, y en la que el personal de salud desarrolle competencias relacionales, conversacionales y éticas que favorezcan la resolución temprana de necesidades y el acompañamiento humano durante los procesos de atención.

4.1. Eje 1. Cuidado integral y atención humanizada en salud centrado en las personas, familias y comunidades Fortalecer habilidades intrapersonales, interpersonales, espirituales y profesionales en el personal de los actores en salud orientadas a identificar las necesidades en salud de las personas, para que brinden un cuidado integral de la salud y una atención humanizada en salud centrada en las personas, sus familias y su comunidad.

La realidad humana es una dinámica de relaciones —familiares, comunitarias y sociales— que sustentan la experiencia del cuidado. Desde las primeras etapas de la vida, los humanos desarrollan una intuición de los daños que pueden sufrir y los que pueden causar a los demás. Además, aprenden a beneficiarse accediendo a los cuidados que les brinden y a los que pueden brindar. De esta manera, la experiencia del daño es co-emergente con la experiencia de los cuidados tanto para ellos, como para su familia y su comunidad, constituyéndose en el fundamento de la convivencia humana y del bienestar colectivo.

Este eje promueve el cuidado integral y atención humanizada centrada en las personas, sus familias y sus comunidades, reconociendo la diversidad territorial, cultural y social del país, en armonía con el modelo de salud y en articulación de las estrategias del cuidado integral de la salud con enfoque territorial. La humanización se expresa en que el sistema de salud responda a las necesidades reales de las personas, anticiparse a los riesgos, resolver los problemas de salud de la población y garantizar los cuidados necesarios y en garantizar experiencias de atención dignas y solidarias.

Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 14 DIARIO OFICIAL Línea operativa Acción Entidades Corresponsables en la ejecución 4.1.2 Línea operativa de “Comunicación solidaría constructiva” a. Promover e incorporar entre todos los actores del sector salud la formación en el personal de salud y administrativo, como mínimo, una comunicación solidaria constructiva, hábitos saludables de autocuidado, cuidado al personal de salud, inclusión de la familia en el acompañamiento de la persona en los procesos de cuidado integral y atención humanizada, promoción en la toma de decisiones concertadas en salud, alineados a la PPTHS.

Este eje se articula, además, con la PPTHS, promoviendo el desarrollo de competencias comunicativas y éticas en todos los niveles de formación y ejercicio profesional, y con el cuidado integral de la salud, al fortalecer los lazos de confianza y cooperación entre los actores en salud.

4.2.1. Línea operativa de “Hospitalidad”

Esta línea busca promover acciones de acogimiento, calidez y empatía entre todos los actores en salud, como principios rectores de las relaciones humanas en salud para brindarse cuidados y apoyo mutuo de maneras protectoras y amables, para alcanzar en todas las personas una vida saludable. La hospitalidad se expresa en los gestos, los comportamientos, los entornos y las prácticas cotidianas que permiten a las personas sentirse reconocidas, protegidas y valoradas durante su atención. La hospitalidad trasciende la infraestructura física: implica un esfuerzo para mejorar la capacidad instrumental de las instituciones de salud en los territorios para generar entornos seguros, cálidos y resolutivos, donde el cuidado se brinde con humanidad.

Línea operativa Acción Entidades Corresponsables en la ejecución 4.2.1 Línea operativa de “Hospitalidad”

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud Grupos de valor y partes interesadas Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud Demás integrantes del sector salud b. Incorporar y desarrollar en la práctica, los programas y módulos de formación continua institucional dirigido a todo el personal, temas relacionados con habilidades comunicativas, relacionales y conversacionales, y en la resolución temprana de conflictos entre los usuarios, familias, personal de salud, instituciones y comunidad, alineados a la PPTHS y a los principios de esta política para un cuidado integral y atención humanizada en salud centrado en las personas, sus familias y su comunidad.

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c. Diseñar e implementar estrategias territoriales de comunicación entre los diferentes actores en salud, que faciliten la confianza, la coordinación, las alianzas y la reconciliación. a. Definir y desarrollar lineamientos o estándares nacionales de mejora en hospitalidad en salud que orienten a los actores en salud en la adopción de estrategias institucionales basadas en la evidencia en materia de humanización, como mínimo, en facilitar el acceso a la información acorde a la normatividad vigente y de los criterios éticos, en la realización de rondas de humanización, en la importancia del acompañamiento familiar presencial o virtual, en la adecuación de ambientes, entornos laborales seguros y confortables, cuidado al personal de salud, trato digno, uso de ropa y medidas adecuadas preservando el acogimiento, la intimidad y confidencialidad de las personas y sus familias.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud Superintendencia Nacional de Salud Organización de usuarios Grupos de valor y partes interesadas b. Identificar, reconocer, evaluar y divulgar las mejores prácticas territoriales de humanización y calidad en salud del país, desarrolladas por los actores en salud. d. Desarrollar comunidades de práctica y redes de aprendizaje entre el personal de salud, para compartir experiencias exitosas territoriales de comunicación solidaria, innovación, de cuidado integral y atención humanizada en la salud.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud Grupos de valor y partes interesadas c. Elaborar información documentada (guías, procedimientos, protocolos, lineamientos y/u otros documentos) que determine desde su bienvenida al personal disponible de acogimiento, información y acompañamiento humanizado para las personas, familias y comunidades en los distintos momentos del curso de vida y los diferentes momentos de atención, orientados hacia el cuidado integral de la salud.

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d. Diseñar e incorporar en las estrategias de evaluación de la experiencia del usuario, las dimensiones de profesionalismo y hospitalidad, trato digno, confort emocional y con los ambientes, entre otras, que permitan conocer el mejoramiento de la humanización y calidad en salud.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud Organización de usuarios Grupos de valor y partes interesadas 4.2. Eje 2. Ética comunicativa Fomentar unos mecanismos de coordinación, de consenso solidario y de corresponsabilidad de los actores del sistema de salud en la construcción de entornos saludables y de bienestar para el personal de salud, las personas, sus familias y su comunidad, mediante prácticas colaborativas y sostenibles.

La ética comunicativa constituye la base moral y racional de toda interacción en salud. Implica la responsabilidad moral frente a las acciones comunicativas, entendidas como acciones que coordinan las relaciones entre personas, familias, comunidades e instituciones. Su propósito es garantizar que el lenguaje y la comunicación para brindar el cuidado integral y la atención humanizada en salud sean claros, confiables, empáticos y enriquecedores, favoreciendo la comprensión mutua, la toma de decisiones compartidas y el respeto por la dignidad humana.

En el marco actual de atención, la ética comunicativa adquiere una dimensión operativa como es: el diálogo se convierte en herramienta para anticipar riesgos, promover el cuidado y resolver las diferentes necesidades de salud en los territorios de manera oportuna y digna. La comunicación ética permite reconocer al “otro” —usuario, profesional o institución— como un legítimo interlocutor en convivencia, fundamento indispensable para la confianza social y la humanización del sistema.

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4.2.2. Línea operativa de “Profesionalismo”

El profesionalismo ético constituye la síntesis entre el rigor y la pulcritud técnico-científica y la moral para el ejercicio de los roles de los actores en salud y del personal de salud requeridas para la realización de las prácticas en la atención en salud. Esta línea promueve el desarrollo integral de las habilidades humanísticas, científicas y relacionales. El profesionalismo ético se entiende como una práctica anticipatoria, colaborativa y resolutiva, que busca prevenir el daño, cuidar la vida y dignificar la atención en cada contacto asistencial.

En coherencia con la PPTHS, esta línea impulsa el fortalecimiento de las competencias éticas, técnicas y comunicativas de los trabajadores del sector, a través de procesos de educación continua, liderazgo reflexivo y autocuidado profesional.

En coherencia con la PPTHS, esta línea impulsa el fortalecimiento de las competencias y habilidades relacionales, éticas, humanísticas y comunicativas de los trabajadores del sector, a través de la formación continua para el liderazgo en humanización.

Línea operativa Acción Entidades Corresponsables en Línea operativa Acción Entidades Corresponsables en la ejecución 4.2.2 Línea operativa de “Profesionalismo” la ejecución 4.3.1 Línea operativa de “Formación de líderes para la humanización en salud” a. Establecer y desarrollar directrices o estándares para el cuidado integral y la atención humanizada en salud, que orienten el actuar del personal de salud promoviendo la discrecionalidad reflexiva para actuar de manera flexible, ética y creativa en la toma de decisiones en los diferentes contextos.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Ministerio de Salud y Protección Social Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud a. Fomentar en las instituciones en salud la conformación de un equipo de profesionales con experiencia para la identificación y difusión de buenas prácticas en liderazgo solidario y trabajo colaborativo para incluir, impulsar, promover y generar planes y estrategias conducentes a la transformación de una cultura institucional humanizada6. b. Establecer programas de formación en liderazgo, mentoría o de expertos en ética profesional para el talento humano en su desarrollo técnico-humanístico, con enfoque reflexivo sobre su práctica cotidiana, especialmente en los hospitales universitarios. b. Incorporar en los modelos de atención de los actores en salud, prácticas y herramientas basadas en la evidencia a nivel nacional o internacional en materia de humanización, que fortalezcan su efectividad en la implementación y en los resultados de cuidado integral y atención humanizada en salud.

Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud Otros prestadores de servicios de salud c. Diseñar e implementar procesos de autoevaluación ética y de desempeño por la realización de prácticas humanizantes, que permitan al personal de salud, identificar fortalezas, áreas de mejora y oportunidades de formación continua.

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Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Grupos de valor y partes interesadas c. Promover la conformación y activación de redes colaborativas o alianzas estratégicas en las diferentes regiones y departamentos del territorio nacional, a través del desarrollo, adopción o adaptación de instrumentos, herramientas, modelos o metodologías, en donde se convoque a participar actores en salud, otros sectores incluyendo la academia, interesados en una transformar a una cultura de relaciones solidarias, armónicas y constructivas.

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Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Otros prestadores de servicios de salud d. Incorporar criterios de profesionalismo ético y humanizado en los procesos de habilitación, acreditación y reconocimiento institucional.

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Social Actores con incidencia en los procesos formativos del talento humano en salud.

e. Incluir en los acuerdos con los actores nacionales y regionales que tienen incidencia en los procesos formativos del personal de salud, contenidos pedagógicos para mejorar las competencias en la atención humanizada en salud, en el marco de la PPTHS. d. Mejorar y promocionar en los actores en salud una cultura digital en el conocimiento, uso adecuado y apropiación de tecnologías de información, de comunicación y de salud, de tal manera que se garantice el acogimiento, la veracidad, la interoperabilidad, la personalización de la atención administrativa y asistencial y el conocimiento de los resultados en la calidad y humanización en salud.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Grupos de valor y partes interesadas Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud 4.3.2. Línea operativa de “Conciencia de colectividad en salud”

Esta línea impulsará la construcción de una mentalidad colectiva y solidaria en el sistema de salud colombiano, mediante prácticas que reconcilien, reparen y fortalezcan las relaciones entre los actores del sector salud. Su propósito es promover un compromiso en la práctica y una corresponsabilidad ética, reconociendo que la salud es una construcción social y que su cuidado exige acciones coordinadas, dialogadas y transparentes.

Línea operativa Acción Entidades Corresponsables en la ejecución 4.3.2 Línea operativa de “Conciencia de colectividad en salud” a. Identificar, sistematizar y divulgar experiencias exitosas de trabajo colaborativo desarrolladas por los actores en salud, que hayan mejorado el cuidado integral y la atención humanizada en salud, las relaciones constructivas entre las personas, familias, comunidades e instituciones.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud Grupos de valor y partes interesadas b. Facilitar encuentros territoriales entre instituciones, usuarios, comunidades y organizaciones sociales para identificar 6 Los entornos humanizados se refieren a espacios diseñados y adaptados para promover el bienestar, la comodidad y la dignidad de las personas que los habitan o utilizan. Implican considerar aspectos físicos, emocionales, sociales y culturales [además, de funcional y la estética] (Ceballos Casas et al., 2020, p. 17).

4.3. Eje 3. Cultura colaborativa de humanización en salud Generar la creación de espacios para el ejercicio racional de una moral solidaria y constructiva que guíe los comportamientos de los actores en salud hacia un cambio cultural con prácticas de humanización en salud.

Consolidar una cultura de humanización es vincular a directivos, gerentes, líderes y funcionarios de las entidades de salud, para ser actores de primera línea en la realización y puesta en práctica de dinámicas de transversalización de la humanización a nivel institucional, es decir, las instituciones virtuosas se encargan de realizar en la práctica, una transformación cultural.

Un cambio cultural no se consigue con decretos, implica nuevos juegos de lenguaje, nuevas metáforas, transformaciones valorativas, comportamientos no habituales y cambios políticos (Sierra Mejía, 2008), una institución debe confiar en individuos con intereses propios, ya que las decisiones institucionales pueden ser fácilmente desviadas y distorsionadas por las conductas interesadas de algunos de los actores.

Desde esta perspectiva, una cultura de humanización en salud, al estar fundada en la racionalidad de una moral, no permite la reglamentación de sentimientos, emociones, deseos, creencias, o preferencias, pero sí es posible ponerse de acuerdo entre todos en un sistema de cooperación social que regule lo que se puede y no se puede hacer los demás, con cada comportamiento.

4.3.1. Línea operativa de “Formación de líderes para la humanización en salud”

Esta línea impulsa la importancia de que los actores del sector salud capaciten a su personal en prácticas humanizantes en salud, para lograr una gestión inteligente, armónica y habilidosamente ética. El objetivo de capacitar corresponde a que personas, al interior de sus instituciones de salud, logren fortalecer unas habilidades comunicativas y relacionales para dirigir acciones de trabajo grupal y colaborativas, de manera coordinada, disciplinada y dentro del mejor ánimo solidario para incrementar la eficiencia de las actividades que realizan cada uno de colaboradores dentro de sus instituciones.

15 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL necesidades colectivas, construir confianza y promover alianzas para la humanización.

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Superintendencia Nacional de Salud c. Desarrollar campañas de sensibilización sobre corresponsabilidad en salud, confianza y reconciliación entre los actores en salud que fortalezcan el sentido de comunidad, solidaridad y legitimidad en salud. d. Impulsar mecanismos de diálogo y comunicación ética entre las evidencias científicas e interculturales para incluir criterios de saberes en salud en los procesos de habilitación, acreditación y mejoramiento continuo de la calidad, como componente de legitimidad institucional en la atención humanizada.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Superintendencia Nacional de Salud Grupos de valor y partes interesadas Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud d. Integrar prácticas de humanización en salud y hábitos saludables para el autocuidado, cuidado colectivo, cuidado al personal de salud y acción comunitaria en los Planes Territoriales de Salud acorde a las necesidades en salud de la población en sus territorios.

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4.4.2. Línea operativa de “Formación en habilidades relacionales - comunicativas”

Busca la coordinación conductual armónica en la relación entre los actores en salud. Corresponde en potenciar la confianza institucional y social, la participación democrática y el sentido de justicia que las personas y los actores en salud validan colectivamente a través de habilidades en el relacionamiento, fundamentada en la dignidad humana, fortaleciendo la interacción permanente entre las personas, las familias, las comunidades, el personal de salud y las instituciones.

Línea operativa Acción Entidades Corresponsables en la ejecución 4.4.2 Línea operativa de “Formación en habilidades relacionales comunicativas” a. Desarrollar procesos de formación continua para el personal de salud en competencias relacionales, ética del cuidado y enfoque centrado en las personas, con base en modelos o estándares nacionales o internacionales de calidad-humanización.

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b. Fortalecer la gestión ética institucional y territorial en todos los actores en salud, en componentes morales que surgen de la habilidad ética, incorporando valores de responsabilidad empresarial, justicia, equidad y solidaridad para la toma de decisiones.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Grupos de valor y partes interesadas 4.4. Eje 4. Legitimidad en salud Implementar lineamientos estratégicos que orienten el funcionamiento de instituciones de salud virtuosas y una gestión en salud con prácticas de humanización y calidad en salud.

Para Ángela Uribe, PhD, la legitimidad en el uso público de una razón se funda en el hecho de que aquel que la promulgue por lo menos él este creyendo firmemente en ella (Uribe Botero, 2002). La legitimidad en salud se fundamenta en la confianza institucional y social, la participación democrática y el sentido de justicia que las personas y los actores en salud otorgan a las decisiones que estructuran la atención en salud.

La legitimidad en salud implica un proceso de validación colectiva, en el cual los actores —instituciones, personal de salud, usuarios, familias, comunidades y organizaciones sociales— participan activamente en la construcción, implementación y evaluación de la PNHS, a través de una disposición–acción solidaria, orientada al bien común y al reconocimiento mutuo. La legitimidad se fortalece mediante la resolutividad de las necesidades en salud de la población en los territorios, la corresponsabilidad y la eliminación de barreras que han generado una desconfianza entre el Estado, las instituciones y la ciudadanía.

4.4.1. Línea operativa de “Pensamiento filosófico - científico”

Esta línea busca legitimar la toma de decisiones en salud a partir del diálogo entre lo técnico-científico humanístico, la reflexión ética, los saberes comunitarios e interculturales, garantizando decisiones concertadas, sostenibles y moralmente fundamentadas.

Línea operativa Acción Entidades Corresponsables en Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud c. Incluir el desarrollo de prácticas y metodologías educativas y de formación para el entrenamiento del personal de salud y administrativos en habilidades comunicativas, relacionales y conversacionales, en el marco de los acuerdos con las instituciones formadoras del personal de salud. la ejecución 4.4.1 Línea operativa de “Pensamiento filosófico científico” a. Promover la formación del personal de salud sobre prácticas que articulen el pensamiento filosófico–científico y los procedimientos para una atención humanizada en salud, como apoyo en la toma de decisiones.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Grupos de valor y partes interesadas b. Realizar los análisis de casos clínicos y de salud pública desde múltiples perspectivas —científica, ética, social, cultural, comunitaria y territorial— incluyendo la participación de la persona y la familia como corresponsables del cuidado integral de la salud.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Superintendencia Nacional de Salud Instituto Nacional de Salud Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos c. Fortalecer los comités de ética-bioética, para el análisis, resolución de casos complejos y en la emisión de orientaciones desde un enfoque interdisciplinario.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Grupos de valor y partes interesadas 4.5. Eje 5. Investigación e innovación en humanización de la salud Impulsar el mejoramiento continuado en el conocimiento y creación de avances técnico-científicos y humanísticos para lograr que todas las personas puedan alcanzar y mantener unas vidas dignas y saludables.

La investigación y la innovación constituyen motores esenciales para el mejoramiento continuo en los procesos institucionales, en el cuidado integral y la atención humanizada para la transformación cultural que exige la humanización en salud.

Este eje reconoce la necesidad de producir, gestionar, traducir y aplicar conocimiento técnico–científico, tecnológico, social y humanístico, que permita superar las barreras que impiden que todas las personas alcancen y mantengan vidas dignas y saludables. En coherencia a la normatividad y al modelo de salud vigentes, la investigación y la innovación deberán orientar a los actores en salud hacia la anticipación del daño, la intervención oportuna y la resolución efectiva de las necesidades en salud de la población en los territorios, fortaleciendo la capacidad institucional para tomar decisiones basadas en evidencia.

“Investigación e innovación colaborativa” salud, la incorporación de un Módulo de Humanización en Salud que permita identificar y monitorear prácticas, avances, resultados, brechas e innovaciones.

Asimismo, este eje se articula con el enfoque territorial del cuidado integral de la salud y promueve, entre otros, la investigación territorial, intercultural y comunitario; y con la PPTHS, impulsando capacidades investigativas y de innovación en el personal de salud como parte del desarrollo de competencias profesionales, éticas y relacionales.

4.5.1. Línea operativa de “Mejoramiento continuo en salud”

Esta línea promueve la innovación permanente en los modelos de atención, los procesos administrativos-asistenciales y las prácticas de cuidado integral y atención humanizada en salud, integrando los avances científicos, tecnológicos y humanísticos al servicio del bienestar de las personas. Busca consolidar una cultura organizacional que aprende, innova, mide, evalúa, corrige y mejora, colocando al ser humano y su dignidad en el centro de la transformación como avances en el campo del conocimiento y el desarrollo humano.

Línea operativa Acción Entidades Corresponsables en Ministerio de Salud y Protección Social Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Grupos de valor y partes interesadas Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud b. Promover alianzas para la investigación en humanización en salud y del cuidado integral, con actores en salud vinculando redes académicas, organizaciones científicas, organizaciones comunitarias y territoriales interesadas para generar conocimiento a través de un dialogo de saberes entre técnico-científico y humanístico, con saberes interculturales y orientación a los tomadores de decisiones en la generación de políticas públicas, prácticas solidarias institucionales y territoriales. la ejecución 4.5.1 Línea operativa de “Mejoramiento continuo en salud”

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Grupos de valor y partes interesadas a. Promover el desarrollo de planes, programas o proyectos colaborativos o tutorías en investigación entre instituciones con experiencia y/o reconocimientos en humanización y calidad como instituciones acreditadas y aquellas instituciones interesadas en fortalecer sus prácticas, incorporando la participación de las personas, sus familias y comunidades para recoger sus experiencias y traducirlas en mejoras efectivas en salud. c. Desarrollar investigaciones aplicadas sobre los efectos de las innovaciones humanísticas, organizacionales y tecnológicas, incluyendo mínimamente la telemedicina, salud digital, inteligencia artificial, tecnologías en salud, modelos de atención, para garantizar que las transformaciones tecnológicas-científicas y humanísticas, faciliten —y no sustituyan— las prácticas humanizantes.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Grupos de valor y partes interesadas Gestores Farmacéuticos Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud b. Identificar y poner en marcha los mecanismos necesarios para mejorar el cuidado, las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores en salud en el marco de la PPTHS y la normatividad vigente e. Realizar estudios para conocer la experiencia, satisfacción, necesidades y expectativas de la ciudadanía en las organizaciones en salud.

Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Grupos de valor y partes interesadas c. Establecer alianzas con instituciones académicas para el diseño de indicadores cualitativos y cuantitativos de humanización, que complementen los indicadores de calidad.

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Entidades Territoriales de Salud Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Grupos de valor y partes interesadas d. Fortalecer y actualizar el Observatorio Nacional de Calidad en Salud (ONCAS) incorporando un Módulo de Humanización en Salud, que permita consolidar como mínimo una biblioteca de información en humanización, la identificación y monitoreo de prácticas, avances, resultados, brechas e innovaciones territoriales. e. Incluir, dentro de los procesos de formación continua del personal de salud, competencias en investigación, innovación y análisis crítico, articuladas y alineadas con la PPTHS, fortaleciendo la cultura en humanización incluyendo el pensamiento técnico-científico, humanístico e intercultural, gestión del conocimiento y el aprendizaje colaborativo.

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4.5.2. Línea operativa de “Investigación e innovación colaborativa”

Esta línea promueve la investigación e innovación colaborativa reconociendo la importancia de un dialogo de saberes entre la evidencia técnico-científica y humanística con los saberes interculturales propios de su población, necesaria para la resolución de necesidades en salud de la misma, fortaleciendo de esta manera una cultura de humanización en salud al integrar, además, el pensamiento científico humanístico con el saber colaborativo para que los tomadores de decisiones generen políticas públicas, prácticas solidarias institucionales y territoriales propias de las realidades en salud.

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5. MECANISMO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PNHS

El seguimiento es “(…) un instrumento de gestión y de política que permite revisar en forma periódica los aspectos sustantivos de las políticas, programas y proyectos para optimizar sus procesos, resultados e impactos. Por eso, constituye un insumo indispensable para la gestión administrativa y estratégica de una iniciativa pública” (Di Virgilio & Solano, 2012).

En muchas publicaciones el seguimiento se usa como sinónimo del monitoreo, que se entiende como “(…) la recopilación o recogida sistemática de datos (sobre indicadores especificados u otros tipos de información). Proporciona a los administradores y otras partes interesadas de una intervención indicaciones sobre el avance de la ejecución, el logro de los resultados previstos, la concurrencia de resultados imprevistos, la utilización de los fondos asignados y otra información importante relacionada con la intervención y el contexto” (OECD, 2023, p. 44)

La evaluación es una “valoración sistemática y objetiva de una intervención planificada, en curso o concluida, su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Evaluación también se refiere al proceso de determinar el valor o la trascendencia de una intervención. Una evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones” (OECD, 2023, p. 31).

La PNHS, contará con un Plan de Acción para su implementación, el cual, se ejecutará a través del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud, en este Plan de Mejoramiento se desarrollará las acciones establecidas en la PNHS, asignando responsabilidades de acuerdo con las competencias de los diferentes actores en salud, así como las metas y los indicadores de resultado correspondientes, con análisis anuales desagregado, según el alcance de las acciones. La información será utilizada para alimentar las evaluaciones periódicas de resultados, identificar brechas frente a las metas establecidas, y adoptar los ajustes requeridos para garantizar la pertinencia, oportunidad y efectividad de la política.

Para el seguimiento de la PNHS, se implementará un proceso sistemático de monitoreo, análisis y evaluación, orientado a identificar el avance en el cumplimiento de las metas, el desempeño de los indicadores y el nivel de implementación de las acciones en los diferentes territorios del país. En ese la ejecución 4.5.2 Línea operativa de a. Crear, fortalecer o actualizar en las páginas web de las Entidades Territoriales y demás actores en Entidades Territoriales de Salud Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 16 DIARIO OFICIAL sentido, de considerarse necesario, establecer de manera participativa, una construcción y un consenso de indicadores de impacto con base a los lineamientos de la PNHS, que permita la apropiación por parte de los actores en salud acorde a las realidades territoriales. El objetivo central es valorar la evolución de la humanización en salud en el sistema de salud, fortalecer la toma de decisiones informada y garantizar la mejora continua, en coherencia con la normatividad vigente.

La Oficina de Calidad del MSPS liderará el proceso de seguimiento, consolidación y análisis, con la concurrencia de las demás dependencias del Ministerio según sus competencias. Para el reporte y análisis operativo de los indicadores, se empleará un instrumento o herramienta que defina el MSPS y se articule con los demás sistemas de información del sector, asegurando trazabilidad, transparencia, interoperabilidad y oportunidad en la toma de decisiones.

El proceso de monitoreo empleará preferiblemente indicadores del SIC, del Observatorio de Talento Humano en Salud, del ONCAS, y aquellos que puedan construirse a partir de las fuentes disponibles en la Oficina de Calidad, el SISPRO, y otros repositorios oficiales del MSPS. Estos indicadores combinarán mediciones de estructura, proceso y resultado, permitiendo una lectura integral del avance en la humanización, tanto desde la experiencia de las personas, su familia y su comunidad, como desde el desarrollo del personal de salud y la implementación institucional de las acciones.

En cuanto a la evaluación, se propone realizar una evaluación de medio término al cumplirse cinco (5) años desde el inicio de la implementación, con el propósito de valorar avances, dificultades, aprendizajes y ajustes necesarios para el logro de los objetivos. Adicionalmente, se realizará una evaluación final al completar diez años de implementación, con el fin de obtener una valoración integral de la pertinencia, resultados e impacto, así como del nivel de articulación logrado con otras políticas nacionales y sectoriales.

Estas evaluaciones se fundamentarán en los indicadores definidos y en las fuentes técnicas descritas previamente, pero podrán complementarse con estudios cualitativos, cuantitativos o mixtos, que permitan una comprensión más profunda de fenómenos no capturables por los sistemas rutinarios de información. Ambas evaluaciones seguirán el procedimiento GPPP04 y la Guía GPPG01, o los procedimientos vigentes a la fecha de ejecución del ejercicio, garantizando el rigor metodológico y trazabilidad.

La evaluación incorporará, además, mecanismos de participación ciudadana, control social y veeduría, reconociendo a los usuarios, familias, asociaciones de pacientes, veedurías y organizaciones sociales como actores legítimos del proceso evaluativo. Los resultados serán publicados y divulgados de manera clara y accesible, fortaleciendo la transparencia, la confianza social y la legitimidad de la política.

El ciclo completo de Gestión (Monitoreo ĺ Evaluación ĺ Decisión ĺ Ajuste ĺ Mejora continua) se desarrollará bajo los principios de pertinencia, sensibilidad, confiabilidad, comparabilidad, desagregabilidad, oportunidad y trazabilidad, contribuyendo a la sostenibilidad cultural, institucional y operativa de la PNHS, y al propósito superior de que las personas, sus familias y la comunidad puedan alcanzar y mantener unas vidas dignas y saludables.

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(C. F.).

17 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL técnico actualmente vigente mientras se adelanta el correspondiente Análisis de Impacto Normativo ex ante completo y el proceso de modificación regulatoria.

Superintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

Que, como resultado de la evaluación ex post realizada en los términos del artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto número 1074 de 2015, resulta procedente determinar la permanencia del Reglamento Técnico Metrológico aplicable a productos preempacados y la necesidad de adelantar su modificación, razón por la cual resulta procedente mantener su vigencia mientras se desarrolla el correspondiente Análisis de Impacto Normativo ex ante y se expide el acto administrativo que incorpore las modificaciones a que haya lugar.

RESOLUCIÓN NÚMERO 51039 DE 2026

(julio 6) por la cual se extiende la vigencia de la Resolución número 32209 de 2020, que modifica los Capítulos Primero, Segundo y Cuarto del Título VI de la Circular Única, y se reglamenta Que, en consideración a las actuaciones requeridas para adelantar la modificación del reglamento técnico metrológico aplicable a productos preempacados, resulta procedente establecer un término de cuatro (4) años para la vigencia prevista en la presente resolución, mientras se culmina el correspondiente proceso regulatorio. el etiquetado y el control metrológico aplicable a productos preempacados.

Que el presente acto administrativo fue publicado para comentarios del público en general en la página web de esta Superintendencia y en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) del 12 al 27 de junio de 2026 y finalizado dicho plazo, no se recibieron observaciones.

El Superintendente de Industria y Comercio (e), en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las previstas en los artículos 78 y 334 de la Constitución Política, la Ley 1480 de 2011, los Decretos números 4886 de 2011 y 1074 de 2015, y En mérito de lo expuesto,

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Que el artículo 78 de la Constitución Política establece que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, siendo responsables quienes atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento de los consumidores.

Que el artículo 334 de la Constitución Política faculta al Estado para intervenir en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes con el fin de racionalizar la economía y lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Artículo 1°.

Prórroga de la vigencia. Prorrogar la vigencia del Reglamento Técnico Metrológico aplicable a productos preempacados, incorporado en el Capítulo Cuarto del Título VI de la Circular Única mediante la Resolución número 32209 de 2020, por el término de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, mientras se adelanta el Análisis de Impacto Normativo ex ante completo y se expide el acto administrativo que adopte la modificación correspondiente, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°.

Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.14.1 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad competente para instruir y expedir reglamentos técnicos metrológicos para instrumentos de medición sujetos a control metrológico y para establecer las condiciones aplicables a productos preempacados.

Dada en Bogotá D. C., a 6 de julio de 2026.

El Superintendente de Industria y Comercio (e), Diego Andrés Solano Osorio.

(C. F.)

Que mediante Resolución número 32209 de 2020, se modificaron los Capítulos Primero, Segundo y Cuarto del Título VI de la Circular Única de esta Superintendencia y se reglamentó el etiquetado y el control metrológico aplicable a productos preempacados, incorporando estándares internacionales de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), particularmente las Recomendaciones R79 y R87.

Que la Resolución número 32209 de 2020 fue publicada en el Diario Oficial número 51.367 del 6 de julio de 2020, y que, conforme a lo dispuesto en su artículo 6°, sus disposiciones entraron en vigencia transcurridos doce (12) meses contados a partir de dicha publicación, esto es, el 7 de julio de 2021.

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0527 DE 2026

Que el artículo 2.2.1.7.6.7 del referido Decreto número 1074 de 2015 establece que los reglamentos técnicos deberán ser sometidos a evaluación ex post por parte de la entidad reguladora, con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, por lo menos una vez cada cinco (5) años contados a partir de su entrada en vigor, o antes si cambian las causas que le dieron origen.

(julio 6) por medio de la cual se adopta la medida cautelar de intervención administrativa total para la Caja de Compensación Familiar del Atlántico – Comfamiliar Atlántico.

El Superintendente del Subsidio Familiar (e), en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en la Ley 25 de 1981, la Ley 21 de 1982, el Decreto número 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, la Ley 1437 de 2011, el Decreto número 2595 de 2012, el Decreto número 1072 de 2015, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA

Que, dentro del término previsto en la norma citada, esta Superintendencia realizó la evaluación del Reglamento Técnico Metrológico aplicable a productos preempacados, concluyendo que, si bien persisten las razones que motivaron su expedición, en especial la necesidad de asegurar la correspondencia entre la cantidad nominal declarada y la cantidad real contenida en los productos preempacados y de prevenir prácticas que induzcan a error al consumidor, se evidenciaron oportunidades de mejora en su diseño regulatorio, particularmente en algunos requisitos técnicos, en los mecanismos de demostración de conformidad y en su armonización con estándares internacionales actualizados, lo que hace procedente adelantar su modificación con el propósito de optimizar su eficacia, racionalizar cargas regulatorias y fortalecer la protección al consumidor.

Que conforme a lo previsto en los artículos 2.2.1.7.2.1, y 2.2.1.7.6.2 del Decreto número 1074 de 2015, la modificación de reglamentos técnicos debe estar precedida de un Análisis de Impacto Normativo ex ante, el cual será completo por cuanto la medida pueda generar impactos significativos.

La Caja de Compensación Familiar del Atlántico (en adelante Comfamiliar Atlántico), es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro y que se encuentra bajo la inspección, vigilancia y control por parte de esta Superintendencia, de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 3º del Decreto Ley 2150 de 1992, el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 789 de 2002 y los artículos 1º y 2º del Decreto número 2595 de 2012.

Que, en consecuencia, al haberse concluido en la evaluación ex post la necesidad de modificar el Reglamento Técnico Metrológico aplicable a productos preempacados, corresponde adelantar el respectivo Análisis de Impacto Normativo ex ante completo, con el fin de evaluar las alternativas disponibles y sustentar técnicamente la decisión regulatoria.

Que la estabilidad normativa en materia de metrología legal constituye un elemento esencial para la seguridad jurídica de los productores, importadores y comercializadores, así como para la protección efectiva de los derechos de los consumidores.

En virtud de la Ley 25 de 1981, el Decreto número 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, el Decreto número 2595 de 2012 y el Decreto número 1072 de 2015, corresponde a esta Superintendencia el ejercicio de las funciones constitucionales de inspección, vigilancia y control1 respecto de las cajas de compensación familiar, con el fin de velar porque en su constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes, los reglamentos y a sus estatutos internos; así como el de preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios de eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley.

La Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto número 2595 de 2012, le asigna a la Superintendencia del Subsidio Familiar la función de inspección, vigilancia y control 1 Constitución Política de Colombia, artículos 48 y 189, numeral 22.

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 4° del Decreto número 2897 del 2010, el presente acto administrativo no requiere concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la función de Abogacía de la Competencia, por cuanto no incorpora nuevas restricciones ni modifica el contenido material del reglamento técnico, sino que se limita a prorrogar la vigencia de un reglamento Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 18 DIARIO OFICIAL de las Cajas de Compensación Familiar, con el fin de velar porque en su constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes, decretos y a sus estatutos internos. en el artículo 2.2.7.7.5, durante las visitas ordinarias se verificarán entre otros aspectos, los relacionados con la situación general de la entidad vigilada, el cumplimiento de los porcentajes legales en el manejo de los recursos, la adecuada prestación de los servicios a su cargo, y el acatamiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 17, 18, 22, 23 y 24 del artículo 5° del Decreto número 2595 de 2012, dentro de las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentra la de adoptar las medidas cautelares y especiales a que haya lugar según el caso:

“[…] Imponer las sanciones y adoptar las medidas cautelares a que haya lugar de conformidad con la ley.

En la visita ordinaria se revisaron, entre otros aspectos, la gestión de los órganos de administración y dirección de la Corporación, la conformación y funcionamiento del Consejo Directivo, la actuación de la Revisoría Fiscal, la gestión contractual, la administración de proyectos y servicios, la ejecución de recursos, la aplicación de fondos de ley, la gestión de subsidios, el manejo presupuestal y contable, la trazabilidad financiera, la separación de recursos entre programas y la adecuada destinación de los recursos provenientes del aporte parafiscal del cuatro por ciento (4%).

17. Ordenar la intervención administrativa, en forma total o parcial, de las entida- des sometidas a su vigilancia, por infracción a las leyes y estatutos o por inob- servancia de las instrucciones impartidas por la Superintendencia.

[…]

22. Separar a los miembros del Consejo Directivo, al Director Administrativo de las Cajas de Compensación Familiar, en ejercicio de la medida de intervención administrativa ordenada por la Superintendencia.

2.3. Que como resultado de la visita ordinaria practicada, mediante oficio 2-2026- 012530 del 1° de junio de 2026 el Superintendente Delegado para la Gestión remitió informe preliminar para que la corporación en el término de cinco (5) días hábiles ejerciera su derecho de defensa y de contradicción mediante escrito soportado con las pruebas que considerara conducentes para desvirtuar las observaciones y recomendaciones formuladas.

23. Separar al Revisor Fiscal y designar Contralor para la Caja intervenida, en los casos que dicha separación permita la superación de las causas que originaron la intervención.

24. Designar Director Administrativo y agente especial para la administración y re- presentación jurídica de la Caja de Compensación Familiar intervenida, cuyas actuaciones serán realizadas bajo su propia responsabilidad. […]”.

2.4. Mediante comunicación del 12 de junio de 2026 radicada con el numero 1-2026- 016089, la Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar atlántico, dio respuesta al informe preliminar. En consecuencia, el equipo comisionado para practicar la visita ordinaria realizó el análisis de las respuestas proporcionadas por la Corporación con el fin de determinar si las observaciones inicialmente planteadas eran desvirtuadas, se mantenían y/o eran objeto de plan de mejoramiento; o por su connotación se trasladarían a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales de la Superintendencia del Subsidio Familiar, para lo de su competencia.

Que el Decreto número 1072 de 2015 en su artículo 2.2.7.7.182., la Superintendencia de Subsidio Familiar es competente para intervenir con el objeto de adoptar medidas administrativas para subsanar las infracciones que se hayan podido cometer antes de la imposición de una sanción.

2.5. Como resultado de lo anterior, mediante oficio 2-2026-014691 del 30 de junio de 2026, el Superintendente Delegado para la Gestión comunicó el informe final de visita ordinaria a Comfamiliar Atlantico, de donde se resalta lo siguiente:

De conformidad con lo señalado en el numeral 2.4 del Título I de la Resolución número 629 de 20183 expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, las medidas cautelares se definen como: “Instrumento dado por la Ley, con el fin de asegurar las decisiones dictadas mediante actuaciones administrativas, con el fin de garantizar que ciertos derechos sobre los cuales esta Entidad tiene responsabilidad en su protección no sean vulnerados”.

“En el informe preliminar se identificaron 66 observaciones de las cuales se subsanaron doce (12), de estas ninguna pasó a recomendación, quedando en firme 54 observaciones de las cuales 22 se da traslado a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, quedando las 32 quedan para Plan de Mejoramiento.

En cuanto a las recomendaciones en el informe preliminar se establecieron 28 de las cuales se retiraron cinco (5), quedando en firme 23 recomendaciones, con el fin de que se implementen las buenas prácticas que beneficien la adecuada gestión administrativa, jurídica, financiera y contable, se exhorta a la Corporación para que genere las acciones que estime pertinente implementar y sean objeto de seguimiento por parte de la oficina de control interno y contarán con el aval de la Revisoría Fiscal. Estas recomendaciones no harán parte integral del plan de mejoramiento que se suscriba con este ente de control”.

Asimismo, en el numeral 2.8 del mismo Título I, se establece que la Intervención Administrativa constituye una medida cautelar mediante la cual la Superintendencia, a través de un acto administrativo, asume temporalmente y de manera indirecta la gestión ordinaria de la Caja de Compensación Familiar. Esta intervención implica la separación del cargo de los miembros del consejo directivo, director administrativo y/o revisor fiscal de la respectiva Corporación, con el fin de prevenir la causal de suspensión, cancelación de la personería jurídica o liquidación de la entidad. La intervención administrativa tiene carácter de salvamento y podrá ser total o parcial, abarcando servicios específicos o áreas geográficas u operativas determinadas.

2.6. Posteriormente, en cumplimiento de lo anterior, desde la Superintendencia Delegada para la Gestión se remitió a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales el correspondiente traslado de las observaciones con connotación de hallazgo4 definidas en informe final de visita ordinaria del 30 de junio de 2026, mediante memorandos 3-2026-002685 y 3-2026-002689 del 3 de julio de 2026 para la evaluación correspondiente.

La intervención administrativa total constituye una medida cautelar de carácter preventivo, temporal y no sancionatorio, orientada a adoptar las medidas administrativas necesarias para preservar la estabilidad, seguridad y confianza del Sistema del Subsidio Familiar, proteger los recursos parafiscales administrados por la Corporación y garantizar la continuidad y adecuada prestación de los servicios sociales a los trabajadores afiliados y sus familias.

Al respecto, se trasladaron las siguientes observaciones con connotación de Hallazgo:

No. Tipo Aspecto Descripción del hallazgo 1 Observación Legal Gobierno Corporativo, cumplimiento de requisitos legales del Consejo Directivo.

2 Observación Legal Gobierno Corporativo, cumplimiento de requisitos Esta medida no tiene por finalidad declarar responsabilidades individuales ni sustituir los procedimientos sancionatorios o disciplinarios a que haya lugar, sino adoptar una actuación administrativa inmediata, idónea y proporcional frente a situaciones que puedan comprometer la legalidad institucional, la adecuada administración de recursos de destinación específica, la suficiencia de los controles internos y la prestación de los servicios a cargo de la Caja. legales del Consejo Directivo.

2. ANTECEDENTES

3 Observación Legal Gobierno Corporativo, cumplimiento de requisitos legales del Consejo Directivo.

4 Observación Legal Gobierno Corporativo, cumplimiento de requisitos legales del Consejo Directivo.

6 Observación Legal Gobierno Corporativo, cumplimiento de requisitos legales del Consejo Directivo.

8 Observación Legal La RF omitió su deber al permitir que un consejero sin designación sesionara 9 Observación Legal Un consejero firmó contratos con la CCF 10 Observación Legal La Corporación suscribió un contrato con una 2.1. La Superintendencia del Subsidio Familiar, con fundamento en las facultades otorgadas en los artículos 2.2.7.7.4, 2.2.7.7.5, 2.2.7.7.6, 2.2.7.7.7, 2.2.7.7.9, 2.2.7.7.10, 2.2.7.7.11, 2.2.7.7.12, 2.2.7.7.13, 2.2.7.7.14 y 2.2.7.7.15 del Decreto Único Reglamentario Sector Trabajo 1072 de 2015; en el artículo 13, numeral 23, y artículo 15, del Decreto número 2595 de 2012 y la Resolución número 0115 del 14 de febrero de 2024; a través de la Superintendencia Delegada para la Gestión, solicitó practicar visita ordinaria a la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar) Atlántico de acuerdo con desarrollo del Plan Anual de Visitas 2026. empresa de un consejero 11 Observación Legal Omisión de la RF del contrato anterior 12 Observación Legal Presidentes del Consejo por omisión en legalidad del quórum y capacidad jurídica de los asistentes 13 Observación Legal Un consejero que no asistió a las sesiones 2.2. La visita ordinaria fue autorizada por la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante Resolución número 0328 del 5 de mayo de 2026, visita ordinaria presencial que fue practicada en Comfamiliar Atlántico durante el período comprendido entre los días 11 al 15 de mayo de 2026; en cumplimiento de lo señalado 2

Artículo 2.

2.7.7.18. INTERVENCIÓN. La intervención a que se refiere el artículo 15 de la Ley 25 de 1981, tiene por objeto la adopción de las medidas administrativas que fueren necesarias para subsanar los hechos que hayan dado lugar a aquélla. 3

«Por medio del cual se adecúa el procedimiento para las medidas cautelares señaladas en los literales a, b y d del numeral 22 del artículo 7 del Decreto Ley 2150 de 1992».

4 Resolución 0115 del 14 de febrero de 2024 “Por la cual se deroga la Resolución número 0004 del 03 de enero de 2023, y las demás que le sean contrarias, y se sustituye el proceso de planeación, ejecución evaluación y seguimiento de visitas a entes vigilados”. Observación con Connotación de Hallazgo: Es un presunto incumplimiento de una obligación normativa, que puede tener incidencia de orden administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal, por lo que implicará su traslado a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales.

19 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL No. Tipo Aspecto Descripción del hallazgo Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, quedando las 32 quedan para Plan de Mejoramiento.

14 Observación Legal Secretarías del Consejo por omisión en el control de las sesiones de Consejo 15 Observación Legal Omisión de la RF por presuntas irregularidades del Consejo 17 Observación Legal El Director omitió el manual de contratación por contrato indeterminado 31 Observación Legal Construcción de una vía y alumbrado para benefi- cio de privados en lote Cayenas En cuanto a las recomendaciones en el informe preliminar se establecieron 28 de las cuales se retiraron cinco (5), quedando en firme 23 recomendaciones, con el fin de que se implementen las buenas prácticas que beneficien la adecuada gestión administrativa, jurídica, financiera y contable, se exhorta a la Corporación para que genere las acciones que estime pertinente implementar y sean objeto de seguimiento por parte de la oficina de control interno y contarán con el aval de la Revisoría Fiscal. Estas recomendaciones no harán parte integral del plan de mejoramiento que se suscriba con este ente de control”.

32 Observación Financiera Uso de créditos y unidad de tesorería para proyecto 3.1. Observaciones con connotación de Hallazgo Cayenas 33 Observación Financiera El proyecto de Cayenas no es sostenible financiera- mente, solicitó crédito 51 Observación Autosostenibles La CCF usó más recursos de los aprobados en subsidios en especie para mercadeo 59 Observación Autosostenibles El pago de los créditos bancarios para fondear crédito social salió de otras fuentes Como resultado de la visita ordinaria practicada a la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico, el equipo comisionado de la Superintendencia del Subsidio Familiar identificó observaciones relacionadas con aspectos jurídicos, administrativos, financieros, contractuales, contables, presupuestales y de control interno, las cuales fueron puestas en conocimiento de la Corporación para el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.

61 Observación Autosostenibles Trasladaron recursos aprobados por el Consejo en 2024 y 2025 en el 2026 62 Observación Autosostenibles Traslado de recursos entre FOVIS - Crédito Social

- Vivienda

63 Observación Autosostenibles Omisión de la RF en emitir certificación de movi- mientos bancarios Fuente: Informe de Visita Ordinaria a Comfamiliar Atlántico 2026.

Una vez analizadas las respuestas, explicaciones y soportes allegados por la Corporación, el informe final de visita ordinaria determinó que un grupo de observaciones conservaba relevancia técnica y jurídica suficiente para ser trasladado a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, por su posible incidencia en la regularidad del gobierno corporativo, la administración de recursos, la contratación, la trazabilidad financiera, la separación de fuentes y la adecuada destinación de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.

2.7. Que el Superintendente Delegado para la Responsabilidad administrativa y las medidas especiales remitió al Despacho del Superintendente del Subsidio Familiar (e), informe evaluativo de las observaciones con connotación de hallazgo, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 25 del capítulo 1.3. del Título I de la Resolución número 629 de 20186, mediante comunicación a través del memorando 3-2026-002687 del 3 de julio de 2026.

En particular, las observaciones números 01, 02, 03 y 04 se relacionan con la posible permanencia y participación de consejeros respecto de quienes, según lo advertido en el informe de visita, existirían dudas sobre la conservación de las calidades habilitantes exigidas para integrar el Consejo Directivo. Esta situación se consideró especialmente relevante teniendo en cuenta que el Consejo Directivo constituye el órgano permanente de dirección de la Caja y sus decisiones inciden en asuntos administrativos, contractuales, presupuestales, financieros, patrimoniales y parafiscales. Por tanto, cualquier duda sobre la habilitación de sus integrantes afecta la regularidad de las sesiones, la conformación del quórum, la legalidad y la seguridad jurídica de las decisiones adoptadas.

2.8. Como resultado del informe de visita ordinaria elaborado en la Delegada de Gestión así como en el informe evaluativo remitido por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad administrativa y las medidas especiales, se advirtieron graves incumplimientos normativos por parte de la Caja de Compensación Familiar de Atlántico – Comfamiliar Atlántico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.7.7.17 del Decreto número 1072 de 2025.

En el caso de la observación número 06 sobre al presunto reconocimiento de honorarios o viáticos a consejeros cuya habilitación para integrar el Consejo Directivo se encontraba cuestionada, se consideró que además de la afectación a la conformación de órgano corporativo, se tiene incidencia directa sobre el patrimonio y los recursos del 4%, en la medida en que no solo se revisa la participación de determinados miembros en el órgano directivo, sino también la procedencia jurídica de pagos efectuados con cargo a los recursos administrados por la Caja. En consecuencia, la observación exige verificar la causa jurídica del pago, la asistencia efectiva, la autorización correspondiente, la fuente de financiación, la intervención de tesorería y los controles ejercidos por la Revisoría Fiscal.

2.9. Que este Despacho observa que se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos ARTÍCULO 2.2.7.7.4. y siguientes del Decreto número 1072 de 2015, es las actuaciones administrativas adelantadas por las dependencias de la Superintendencia del Subsidio Familiar, respecto del procedimiento para la práctica de visitas ordinarias; resaltándose que la Caja de Compensación Familiar de Atlántico – Comfamiliar Atlántico tiene conocimiento de las observaciones con connotación de hallazgo levantadas y ejerció su derecho de defensa y contradicción en el marco del procedimiento legalmente establecido.

3. INFORME DE VISITA ORDINARIA A COMFAMILIAR ATLÁNTICO

Sobre la observación número 08, se compromete la actuación de la Revisoría Fiscal frente a la participación del consejero Robin Alexi Villalobos Mercado en las sesiones ordinarias del Consejo Directivo celebradas el 12 y 18 de diciembre de 2025, cuya habilitación para sesionar se encontraba cuestionada, particularmente por la presunta omisión en verificar la correspondencia entre la resolución de designación y la autorización para el inicio del periodo. Esta observación resulta relevante porque la Revisoría Fiscal no cumple una función meramente contable, sino que debe verificar la legalidad de las actuaciones, advertir irregularidades y proteger el patrimonio administrado por la Corporación.

La Superintendencia del Subsidio Familiar, con fundamento en las facultades otorgadas en los artículos 2.2.7.7.4, 2.2.7.7.5, 2.2.7.7.6, 2.2.7.7.7, 2.2.7.7.9, 2.2.7.7.10, 2.2.7.7.11, 2.2.7.7.12, 2.2.7.7.13, 2.2.7.7.14 y 2.2.7.7.15 del Decreto Único Reglamentario Sector Trabajo 1072 de 2015; en el artículo 13, numeral 23, y artículo 15, del Decreto número 2595 de 2012 y la Resolución número 0115 del 14 de febrero de 2024; a través de la Superintendencia Delegada para la Gestión, de acuerdo con desarrollo del Plan Anual de Visitas 2026, practicó visita ordinaria presencial a Comfamiliar Atlántico durante el período comprendido entre los días 11 al 15 de mayo de 2026; visita autorizada por la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante Resolución número 0328 del 5 de mayo de 2026.

Que las observaciones números 09 y 10 se emitieron ante la verificación de vínculos contractuales entre la Caja de Compensación y la Corporación Educativa Mayor Simón Bolívar con NIT 890.104.633-9 cuyo representante legal era el Consejero Directivo José Rafael Consuegra Machado, situación observada en el informe de visita así:

“Esta inobservancia se materializa toda vez que la Corporación que representa legalmente el consejero concurrió en la suscripción y ejecución de los contratos número 2024-0014, 2024-0020, 2025-0030 y 2024-0065 con la Caja de Compensación”.

En el marco de la visita ordinaria practicada, se revisaron, entre otros aspectos, la gestión de los órganos de administración y dirección de la Corporación, la conformación y funcionamiento del Consejo Directivo, la actuación de la Revisoría Fiscal, la gestión contractual, la administración de proyectos y servicios, la ejecución de recursos, la aplicación de fondos de ley, la gestión de subsidios, el manejo presupuestal y contable, la trazabilidad financiera, la separación de recursos entre programas y la adecuada destinación de los recursos provenientes del aporte parafiscal del cuatro por ciento (4%).

Como resultado de lo anterior, y luego del traslado del informe preliminar a la Caja de Compensación Familiar para que ejerciera su correspondiente derecho de defensa y contradicción, se determinó lo siguiente:

Lo anterior, reviste una evidente incursión en las actividades prohibidas consagradas en los numerales 4 y 5 del artículo 48 del Código de Ética y Buen Gobierno de la Corporación, así como un presunto incumplimiento al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades estatuido en los literales a) y b) del artículo 6° del Decreto número 2463 de 1981, en estricta concordancia con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 21 de 1982, y el numeral 1 del artículo 51 de los Estatutos de la Corporación. En consecuencia, estas situaciones exigen una valoración estricta desde el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, deber de abstención, transparencia contractual y adecuada administración de recursos.

“En el informe preliminar se identificaron 66 observaciones de las cuales se subsanaron doce (12), de estas ninguna pasó a recomendación, quedando en firme 54 observaciones de las cuales 22 se da traslado a la Superintendencia Delegada para la 5

2. Evaluar los informes y hallazgos que resultaren de las actividades de inspección vigilancia de la Superintendencia Delegada parala Gestión o de las peticiones, denuncias, quejas o reclamos de los ciudadanos o de los usuarios, para la determinación y establecimiento de las medidas y sanciones a que haya lugar. 6

“Por medio del cual se adecúa el procedimiento para las medidas cautelares señaladas en los literales a, b y d del numeral 22 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992”.

Que la observación número 11 se deriva de la anterior y se orienta a valorar la actuación de la Revisoría Fiscal frente a la contratación celebrada con una empresa vinculada a un consejero. La situación observada permite analizar si el órgano fiscalizador activó oportunamente mecanismos de advertencia, revisión y control frente a una operación contractual que, por su naturaleza, exigía una verificación reforzada sobre eventuales conflictos de interés, competencia, procedimiento contractual, fuente de recursos, supervisión y razonabilidad del gasto, hechos que reflejaron para el equipo comisionado, Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 20 DIARIO OFICIAL de los deberes del directivo, encubriendo su inasistencia sin la justificación reglamentaria y absteniéndose de avisar a la Presidencia para la respectiva amonestación”. vulneración a las obligaciones consagradas en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 21 de 1982, en estricta concordancia con lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 46 de los Estatutos y el numeral 2 del artículo 48 del mismo cuerpo normativo.

Sobre la observación número 12, en relación con aquellos quienes ejercieron la Presidencia del Consejo Directivo durante la vigencia 2025, el equipo comisionado señaló:

Al respecto, es de considerarse que las actas del Consejo no son simples documentos administrativos, sino soportes probatorios esenciales para reconstruir la voluntad corporativa, verificar asistentes, constatar quorum, registrar votaciones, dejar constancias y acreditar la regularidad de las decisiones adoptadas. Por tanto, las deficiencias en actas pueden afectar la trazabilidad jurídica de decisiones con contenido económico, contractual o parafiscal de la Caja de Compensación.

“[…] inobservaron por acción u omisión los mandatos imperativos contenidos en el artículo 13 y en el literal b) del artículo 28 del Reglamento Interno, así como su deber establecido en el numeral 2 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y las funciones estatutarias consagradas en los numerales 9 y 22 de los Estatutos de la Corporación. Esta transgresión se materializó al instalar formalmente las sesiones, dirigir los debates y convalidar la toma de decisiones, omitiendo el deber ineludible de verificar la legalidad del quórum y la capacidad jurídica de los asistentes.

Que la observación número 15 recoge una posible falla transversal de la Revisoría Fiscal frente a situaciones advertidas en el funcionamiento del Consejo Directivo. A partir de esta observación se valoró si el órgano fiscalizador cumplió adecuadamente su deber de verificar la legalidad de las actuaciones, advertir irregularidades, proteger el patrimonio administrado y contribuir al control preventivo sobre decisiones con incidencia financiera, contractual y parafiscal. Como constancia de lo anterior, en el informe de visita ordinaria se resaltaron los siguientes hechos:

“a) Omitir advertir y denunciar la participación irregular, deliberación y cómputo En el mismo sentido, se constata un incumplimiento material y objetivo por parte de los consejeros integrantes del Comité Independiente de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento, y del Comité de Ética del Consejo Directivo, frente a las obligaciones de control corporativo, prevención de riesgos y monitoreo, descritas en los numerales 4.2.2.3, 4.2.2.6, 4.2.2.8, 4.2.2.9, 4.2.2.11 y 4.3.1.5 de la Circular Externa 00004 de 2024”. de votos de los señores Javier Bermúdez, Leonardo Amaya y Robbin Villalobos, avalando con su silencio la instalación de sesiones con personal inhabilitado por desafiliación de sus empleadores o por carencia de acto administrativo de designación.

Esta observación tiene especial relevancia porque el quórum no constituye una formalidad secundaria, sino el presupuesto de validez de la deliberación y de la formación de la voluntad del órgano colegiado. Si las sesiones se desarrollaron con dudas sobre la capacidad jurídica de los asistentes, el riesgo puede proyectarse sobre la validez y legalidad de las decisiones adoptadas en materia administrativa, contractual, presupuestal, financiera y parafiscal. b) Guardar silencio y abstenerse de requerir a la Secretaría del Consejo ante la expedición de constancias de quórum contrarias a la realidad financiera de la Caja, permitiendo reiteradamente la participación del señor Sergio de Alba Orozco en sesiones donde su empleador registraba mora material comprobado. c) Inobservar la ausencia de controles frente a las vacancias definitivas de los suplen- tes reglamentarios, omitiendo exigir a la administración la aplicación de los estatutos y el reporte de dichas novedades a la Superintendencia del Subsidio Familiar. d) Avalar por omisión la materialización de vicios de nulidad en la adopción de deci- En el caso de la observación número 13, sobre la inasistencia reiterada del consejero Rodolfo Espinosa Meola a las sesiones del Consejo Directivo, sin que se hubiesen adoptado o documentado oportunamente las consecuencias estatutarias o reglamentarias correspondientes; se observó el incumplimiento a la disposición consagrada en el artículo 25 del Reglamento Interno del Consejo Directivo, en estricta concordancia con el mandato del numeral 3.2.3.2 de la Circular Única 2022-00002. Esta situación incide en la representatividad, continuidad y eficacia del órgano de dirección, en tanto la condición de consejero implica deberes activos de participación, deliberación, control y seguimiento sobre la administración de la Caja. siones financieras de alta criticidad. Específicamente, el Revisor Fiscal se abstuvo de objetar la aprobación de ampliación de un crédito por $6.900.000.000 y la modificación presupuestal junto con los Estados Financieros del tercer trimestre, decisiones adoptadas con apenas seis votos válidos, transgrediendo abiertamente la mayoría calificada exigida por el artículo 10 del Reglamento Interno”.

La observación número 14 compromete la actuación de Ruth Safdeye, María Pérez Corcho e Isabel Campo, en su condición de secretarias del Consejo Directivo durante la vigencia 2025, particularmente frente al registro y control documental de las sesiones. Al respecto, el equipo comisionado destacó las siguientes conductas:

Para el caso de la observación número 17 sobre la suscripción del contrato número 2025-0005 bajo la figura de cuantía indeterminada, se resalta lo concluido por el equipo comisionado en la visita ordinaria:

“a) Certificar la asistencia y computar dentro del quórum deliberatorio y decisorio a los señores Javier Bermúdez y Leonardo Amaya, omitiendo dejar constancia expresa en las actas sobre la pérdida sobreviniente de su investidura derivada de la desafiliación de sus respectivos empleadores.

“[…] la defensa intenta justificar la ausencia de valor bajo la figura de un contrato marco, tesis que resulta jurídicamente inaceptable en la contratación con recursos parafiscales, toda vez que todo contrato de tracto sucesivo, a precios unitarios o por demanda, requiere obligatoriamente la fijación de un techo presupuestal o valor máximo estimado. b) Registrar el ingreso y convalidar la participación del señor Robbin Villalobos, sin verificar de manera previa la existencia y aportación del acto administrativo de designación expedido por el Ministerio del Trabajo, omitiendo el control documental de ingreso al órgano de administración. c) Consignar en las actas la aseveración de que todos los asistentes se encontraban al día en sus obligaciones parafiscales, habilitando irregularmente la participación del señor Sergio de Alba Orozco, a pesar de que su empleador registraba mora material y comprobada al momento exacto de instalarse y certificarse las respectivas sesiones.

La práctica de dejar la cuantía indeterminada es una maniobra que vulnera el numeral 9.3.3 del Manual de Contratación y anula toda la arquitectura de control de la Caja. Al carecer de un valor proyectado, la administración impidió clasificar el contrato por su cuantía para exigir pluralidad de oferentes, impidió determinar si el negocio superaba los 250 SMMLV para someterlo a la revisión obligatoria del Comité de Abastecimiento Estratégico, y permitió que el Director Administrativo Suplente usurpara la competencia absoluta al no poderse verificar si el valor del negocio para sus dos años de ejecución superaba los topes estatutarios, eludiendo así la aprobación que le corresponde al Consejo Directivo si para el caso concreto procedía. d) Abstenerse de registrar en el acápite de verificación de quórum de las actas respectivas las constancias correspondientes a las inasistencias reiteradas del señor Rodolfo Espinosa Meola, omitiendo reportar la falta de presentación de las excusas previas y válidas exigidas por la normatividad para los directivos suplentes en ejercicio de la titularidad”.

Sobre este particular, se consideró en el informe de visita, lo siguiente:

Por otra parte, la aseveración de la Caja frente a la existencia de un análisis de riesgo y un respaldo presupuestal carece de validez material. Un análisis de riesgo sobre un contrato sin valor cuantificado es un formalismo vacío, puesto que matemática y jurídicamente es imposible calcular las garantías contractuales, tales como pólizas de cumplimiento, calidad y pago de salarios, sobre un valor indeterminado o de cero (0$) pesos.

“Las secretarias del Consejo no fungen como simples transcriptores de las reuniones; el artículo 35 del Reglamento Interno les impone la carga de ser el primer filtro de legalidad. Al certificar un quórum viciado y validar aseveraciones contrarias a la verdad administrativa, como el estar “al día” cuando había mora, inobservaron gravemente sus funciones.

Al no tener una base cierta sobre la cual calcular los porcentajes de cobertura, los recursos de destinación específica del FOSFEC quedaron en la práctica desamparados y expuestos a un alto riesgo frente a cualquier siniestro o incumplimiento del contratista. Asimismo, suscribir un negocio jurídico que compromete a la entidad por veinticuatro meses, difiriendo la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal a órdenes futuras, constituye una vulneración flagrante al principio de planeación.

Frente al literal d), la Corporación intenta una defensa improcedente argumentando que el señor Espinosa Meola era un suplente que “no había sido llamado a ejercer la titularidad”. Esta aseveración contradice abiertamente los propios registros de la Caja, pues está documentado que la vacancia definitiva del señor Carlos Yacamán obligó el ascenso del suplente a la titularidad del renglón principal por el estamento de los empleadores.

El proceder de la Corporación constituye, además, una afrenta directa a los compromisos institucionales adquiridos frente a la Superintendencia en el marco del Pacto por la Transparencia del Subsidio Familiar. En dicho acuerdo, las Cajas de Compensación se obligaron expresamente a estructurar sus políticas y manuales de procedimientos con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de sus operaciones, incluyendo imperativamente en sus manuales de contratación la aplicación de los principios de transparencia, moralidad, economía, planeación y selección objetiva. Al simular un contrato de prestación de servicios para evadir la concurrencia de oferentes, y al omitir la fijación de un techo presupuestal y de garantías financieras viables, la administración redujo este pacto a Tal y como se demostró en la Observación número 13, la directriz de la Superintendencia exige que la inasistencia se justifique por escrito, y el deber ineludible de la Secretaría es dejar constancia en el acta sobre la existencia o no de dicha excusa. La aseveración de que la entidad lleva un “registro detallado de asistencia” por fuera de las actas no subsana el hecho de que en las Actas números 1080, 1081, 1083 y 1085 se omitió reportar el abandono 21 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL letra muerta, demostrando que su Manual de Contratación está siendo inaplicado a conveniencia”.

Frente a la aprobación corporativa y la inclusión de la inversión dentro del Límite Máximo del Monto Anual de Inversiones, debe precisarse que la autorización del Consejo Directivo no constituye, por sí misma, prueba suficiente de la necesidad, razonabilidad, efectividad material o procedencia jurídica del gasto. Aunque la inversión hubiese sido aprobada e incluida dentro del cupo correspondiente, ello no resuelve el cuestionamiento central relativo a si era jurídicamente procedente destinar recursos parafiscales a infraestructura que beneficiaba principalmente bienes de propiedad privada de terceros o un activo en proceso de comercialización.

En lo que corresponde a las observaciones números 31, 32 y 33 las cuales se concentran en el proyecto Las Cayenas advierten una situación de especial relevancia jurídica, financiera, patrimonial y parafiscal, en la medida en que involucran la ejecución de obras de infraestructura, la utilización de recursos provenientes del aporte parafiscal del cuatro por ciento (4%), la adquisición de obligaciones financieras, el uso temporal de recursos de otras unidades operativas de la Caja y la sostenibilidad real del proyecto.

En consecuencia, frente a la observación número 31 se concluyó que persisten elementos que permiten inferir una posible desviación de la destinación aprobada por el Consejo Directivo y una eventual inobservancia de las funciones de ejecución, seguimiento y control atribuidas al Director Administrativo y al Consejo Directivo por los artículos 54 y 55 de la Ley 21 de 1982, respectivamente.

Respecto de la observación número 31, el Informe Final de Visita Ordinaria concluyó que la respuesta suministrada por Comfamiliar Atlántico no desvirtuó los hechos que dieron origen a la observación ni eliminó los cuestionamientos jurídicos y financieros planteados por el equipo comisionado. Si bien la Corporación sostuvo que el predio Las Cayenas constituye un activo patrimonial financiado con recursos del cuatro por ciento (4%) y no un servicio social de los previstos en el artículo 16 de la Ley 789 de 2002, la observación no se limitó a cuestionar la naturaleza jurídica del activo, sino la forma en que fue modificada su finalidad práctica y la destinación efectiva de los recursos asociados al proyecto.

En cuanto a la observación número 32, el Informe Final de Visita Ordinaria concluyó que la respuesta suministrada por Comfamiliar Atlántico confirmó expresamente que las operaciones realizadas entre las cuentas del proyecto Las Cayenas, Administración y Salud IPS no fueron formalizadas bajo los lineamientos establecidos para la aplicación del principio de unidad de tesorería contenidos en el Título IV de la Circular Única de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

En particular, se advirtió que mediante Acta número 1019 del 29 de abril de 2021, el Consejo Directivo decidió transformar la orientación del proyecto Las Cayenas, pasando de un desarrollo urbanístico concebido para vivienda a una estrategia de comercialización de lotes, dirigida a liquidar un activo improductivo. No obstante, pese a dicha redefinición, la Corporación continuó ejecutando inversiones de urbanismo e infraestructura con recursos parafiscales, orientadas a favorecer la venta de predios o el aprovechamiento de inmuebles que ya habían sido enajenados a terceros.

Aunque la Corporación manifestó que los recursos utilizados fueron reintegrados y que no existió afectación patrimonial permanente, reconoció que las operaciones se ejecutaron sin contar previamente con las autorizaciones, procedimientos, políticas, mecanismos de control y administración de riesgos exigidos por la regulación vigente. Esta circunstancia resulta especialmente relevante, en tanto la protección de los recursos parafiscales no se limita a evitar su pérdida definitiva, sino que exige que incluso su uso temporal se encuentre autorizado, documentado, contabilizado, conciliado y justificado.

El aspecto más relevante de la observación número 31 radica en que la Corporación no justificó suficientemente por qué, una vez adoptada la decisión de comercializar los lotes como mecanismo de aprovechamiento del activo, continuó destinando recursos institucionales a obras de urbanismo e infraestructura que podían beneficiar bienes de propiedad privada. Esta circunstancia exigía acreditar, con soporte técnico y financiero suficiente, la fuente de los recursos, la autorización específica del órgano competente, el beneficio directo para la Caja, el retorno patrimonial o social esperado y la conexión de la inversión con los fines del Sistema del Subsidio Familiar.

La situación observada no solo refleja una simple debilidad operativa. Lo evidenciado corresponde a la utilización de recursos provenientes de diferentes unidades operativas para atender obligaciones financieras asociadas al proyecto Las Cayenas, sin aprobación formal del Consejo Directivo y sin cumplimiento integral de las condiciones regulatorias previstas para la aplicación del principio de unidad de tesorería. En ese sentido, no se trata únicamente de establecer si los recursos fueron reintegrados, sino de verificar si su utilización temporal fue jurídicamente procedente, financieramente trazable y debidamente soportada.

En relación con el posible beneficio patrimonial a terceros, la respuesta de la Corporación tampoco desvirtuó la observación, en tanto reconoció que los propietarios de lotes previamente comercializados recibían un beneficio derivado de las obras ejecutadas, limitándose a calificar dicho efecto como una consecuencia accesoria e inevitable. Sin embargo, no puede considerarse inevitable aquello que resultaba previsible, especialmente cuando deriva de una decisión institucional de inversión y de un estudio técnico previo que, según lo auditado, no acreditó de manera suficiente el impacto sobre la comercialización alegado por la Corporación.

Desde el punto de vista financiero, la observación número 32 se advierte un riesgo de confusión de fuentes y de debilitamiento de la separación financiera entre programas. Si las obligaciones del proyecto Las Cayenas fueron atendidas temporalmente con recursos de Administración o Salud IPS, sin autorización formal, sin cuentas recíprocas debidamente constituidas, sin condiciones de reintegro y sin conciliación suficiente, se afecta la posibilidad de establecer con claridad cuál unidad operativa soportó realmente el servicio de la deuda, cuál era la fuente autorizada para atender dichas obligaciones y si el proyecto contaba con liquidez propia suficiente para cumplir sus compromisos.

En consecuencia, los hechos asociados a la observación número 32 podrían configurar un presunto incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de la Superintendencia del Subsidio Familiar, así como posibles deficiencias en el cumplimiento de las funciones de dirección, administración, control y vigilancia por parte de los órganos de administración de la Corporación.

En ese contexto, no resulta suficiente sostener que no se vulnera el artículo 44 de la Ley 21 de 1982 bajo el argumento de que no se entregaron beneficios directos a terceros. El análisis de dicha disposición debe realizarse de manera conjunta con los principios que gobiernan la administración de los recursos parafiscales, en particular la destinación específica, la eficiencia del gasto, la protección del patrimonio parafiscal y la exigencia de que las inversiones realizadas por una Caja de Compensación Familiar se traduzcan en un beneficio directo o indirecto para el Sistema del Subsidio Familiar, sus afiliados o sus programas sociales.

Sobre la observación número 33, el Informe Final de Visita Ordinaria concluyó que la respuesta presentada por Comfamiliar Atlántico no desvirtuó los hechos relacionados con la generación de costos financieros derivados de las obligaciones crediticias adquiridas para financiar las adecuaciones del proyecto Las Cayenas, ni la utilización temporal de recursos provenientes de otras unidades operativas para atender el servicio de dicha deuda.

Adicionalmente, la respuesta de la Corporación no acreditó que la inversión efectuada se hubiese traducido en un beneficio concreto para los afiliados o para los programas sociales del sistema, sino que se limitó a invocar una expectativa futura de valorización o comercialización. Dicha expectativa, por sí sola, no desvirtúa el riesgo advertido, en la medida en que la aplicación de recursos de destinación específica exige soporte verificable sobre la necesidad, conveniencia, finalidad, retorno y beneficio institucional de la inversión.

La entidad reconoció la existencia de operaciones de tesorería que involucraron recursos de los segmentos de Administración y Salud IPS, y aceptó que estas debieron formalizarse conforme al régimen de unidad de tesorería previsto en la Circular Única de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Esta aceptación refuerza la relevancia de la observación, en la medida en que confirma que las operaciones no fueron estructuradas inicialmente bajo el marco regulatorio exigible para el manejo temporal de liquidez entre programas o unidades operativas.

Sobre la destinación de los recursos, la Corporación confirmó que los recursos obtenidos de la comercialización de los lotes fueron utilizados dentro de una estrategia de valorización y habilitación del activo, mediante la ejecución de obras de infraestructura financiadas con recursos de crédito y apoyadas temporalmente con recursos provenientes de otras unidades operativas de la Caja. Sin embargo, no acreditó que los recursos provenientes de la venta de los cuarenta y nueve (49) lotes hubiesen sido efectivamente incorporados al “Saldo para Obras y Programas de Beneficio Social”, en los términos aprobados por el Consejo Directivo mediante Acta número 1019 de 2021, ni aportó evidencia de una decisión posterior del máximo órgano de dirección que modificara dicha destinación.

Adicionalmente se mantiene acreditado que el proyecto Las Cayenas requirió la utilización de recursos externos para atender sus obligaciones financieras, generando costos financieros estimados superiores a ciento diecinueve millones de pesos ($119.000.000). Esta circunstancia exige evaluar la razonabilidad, conveniencia y legalidad de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección y administración de la Corporación respecto de la financiación del proyecto, la utilización de recursos institucionales para atender el servicio de la deuda y la sostenibilidad financiera del mismo.

Por el contrario, los soportes analizados evidencian la adquisición de obligaciones financieras con la banca comercial, particularmente por seiscientos millones de pesos ($600.000.000) con Banco Caja Social y doscientos noventa y cinco millones de pesos ($295.000.000) con Banco Popular, así como la atención del servicio de la deuda mediante la inyección de recursos provenientes de otras dependencias, especialmente de cuentas asociadas a Administración y Salud. Lo anterior permitió inferir que la cuenta del proyecto no generó recursos suficientes para atender de manera autónoma las obligaciones derivadas de su financiación.

Lo anterior evidencia que el proyecto Las Cayenas no operó con plena autonomía financiera, sino que requirió apoyo de otras unidades operativas de la Caja y generó costos financieros derivados de obligaciones crediticias. Esta situación plantea dudas sobre la sostenibilidad real del proyecto, la suficiencia de sus fuentes propias de financiación, la razonabilidad de mantener inversiones adicionales en un activo en proceso de comercialización y el impacto que dichas decisiones pudieron tener sobre recursos institucionales o parafiscales.

Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 22 DIARIO OFICIAL integrales que permitieran verificar la correspondencia entre los desembolsos recibidos, su distribución por centros de costo, la fuente efectiva de los pagos realizados y la restitución de los recursos eventualmente utilizados de manera transitoria.

En conjunto, las observaciones números 31, 32 y 33 permiten advertir que el proyecto Las Cayenas concentra riesgos concurrentes en tres planos. En el plano jurídico, por la posible destinación de recursos parafiscales a obras de infraestructura con beneficio directo o indirecto para predios privados previamente enajenados, así como por la posible desviación de la destinación aprobada por el Consejo Directivo. En el plano financiero, por la adquisición de obligaciones bancarias, la generación de costos financieros, la utilización de recursos provenientes de otras unidades operativas y la ausencia de autonomía suficiente del proyecto para atender sus obligaciones. En el plano parafiscal, por la posible afectación de la trazabilidad, destinación específica y control de los recursos administrados por la Caja.

La observación número 59 constituye una alerta relevante sobre la administración de tesorería, la separación financiera entre programas y la trazabilidad de los recursos utilizados para atender obligaciones financieras. La situación descrita puede evidenciar deficiencias en la administración, control y seguimiento de los recursos institucionales, así como riesgos frente a los deberes de dirección, administración y ejecución financiera previstos en el artículo 54 de la Ley 21 de 1982 y frente a los lineamientos de control interno, gobierno corporativo, gestión financiera y administración integral de riesgos establecidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Por lo anterior, el proyecto Las Cayenas no puede ser analizado como una actuación aislada de gestión patrimonial, sino como un componente relevante dentro de la valoración integral de riesgos institucionales de Comfamiliar Atlántico. Las respuestas ofrecidas por la Corporación no desvirtuaron los elementos centrales de las observaciones y, en algunos aspectos, confirmaron la existencia de operaciones de tesorería, utilización temporal de recursos de otras unidades, endeudamiento bancario y ausencia de formalización previa conforme a las reglas aplicables.

Frente a la observación número 61, la respuesta presentada por Comfamiliar Atlántico no desvirtuó integralmente la situación identificada en el Informe Final de Visita Ordinaria. Si bien la Corporación indicó que los comprobantes número 46 y 46A correspondían a reclasificaciones patrimoniales y no al reconocimiento inicial de los remanentes de las vigencias 2024 y 2025, dicha explicación no superó el cuestionamiento central relacionado con la falta de soportes suficientes para verificar la ejecución, destinación y seguimiento de los recursos distribuidos con cargo a remanentes de operaciones autocosteables.

En lo relacionado a la observación número 51, la respuesta presentada por Comfamiliar Atlántico no desvirtuó los hechos advertidos en el Informe Final de Visita Ordinaria, en la medida en que la controversia no recae sobre la posibilidad jurídica de otorgar subsidios en especie ni sobre la competencia del Consejo Directivo para aprobarlos, sino sobre la forma en que dichos recursos fueron ejecutados, controlados, registrados y reportados por la administración.

Adicionalmente, la propia Corporación reconoció que durante la visita no fueron aportados integralmente los soportes asociados a la ejecución de dichos recursos, tales como la relación detallada de proyectos financiados, soportes de desembolso, conciliaciones entre valores aprobados, ejecutados y pendientes, ni la identificación específica de los recursos aplicados por cada centro de costo beneficiario.

Si bien la Corporación sostuvo que algunas diferencias obedecían a servicios e insumos recibidos de otras unidades operativas para el funcionamiento del programa de Mercadeo, no aportó soportes técnicos, contables, financieros o administrativos suficientes que permitieran verificar la identificación de dichos servicios, los criterios de asignación de costos, la metodología de imputación, los registros contables, las conciliaciones entre lo aprobado y lo ejecutado, ni los mecanismos de control aplicados.

Lo anterior resulta relevante por la materialidad de los valores distribuidos por el Consejo Directivo y por la destinación dada a conceptos como fondeo de créditos, cubrimiento de déficit de vivienda, dotaciones, bonificaciones y otras aplicaciones institucionales. La ausencia de soportes impidió verificar plenamente la correspondencia entre lo aprobado, lo registrado, lo ejecutado y los saldos pendientes de utilización, esta observación evidenció posibles debilidades en los mecanismos de control, seguimiento, documentación y rendición de cuentas sobre recursos aprobados por el Consejo Directivo, hechos que limitan y dificultan el ejercicio de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Por el contrario, del análisis efectuado se mantiene la existencia de diferencias significativas entre los valores autorizados por el Consejo Directivo y los valores efectivamente ejecutados por la administración, observándose una utilización de recursos que superaría en aproximadamente mil millones de pesos ($1.000 millones) los montos aprobados para subsidios en especie del programa de Mercadeo.

Dicha situación resulta especialmente relevante por tratarse de recursos asociados al aporte parafiscal del cuatro por ciento (4%), cuya ejecución exige autorización previa, límite presupuestal, trazabilidad, soporte contable, control administrativo y correspondencia con la finalidad del Sistema del Subsidio Familiar. En ese sentido, cualquier modificación sustancial de los valores aprobados debía estar debidamente justificada, soportada y autorizada por la instancia competente. Adicionalmente, la Corporación no acreditó la existencia de autorizaciones posteriores del Consejo Directivo, modificaciones formales a los montos aprobados, conciliaciones suficientes entre los valores autorizados y ejecutados, ni soportes que expliquen razonablemente las diferencias identificadas. Tampoco logró demostrar con suficiencia que los remanentes generados por las operaciones de Mercadeo hubiesen sido destinados exclusivamente a los fines indicados en su respuesta.

Sobre la observación número 62, la respuesta presentada por Comfamiliar Atlántico no desvirtuó los hechos identificados en el Informe Final de Visita Ordinaria. Por el contrario, la Corporación reconoció la existencia de operaciones temporales de recursos entre programas institucionales, particularmente entre Salud IPS, Crédito Social y FOVIS, sin que dichas operaciones hubiesen sido formalizadas bajo los parámetros exigidos para la aplicación de esquemas de unidad de tesorería. Aunque la Caja manifestó que algunos movimientos fueron temporales y posteriormente reintegrados, no aportó soportes suficientes que permitieran verificar autorizaciones previas, cuentas recíprocas entre programas, condiciones financieras, mecanismos de recuperación, análisis de riesgos, conciliaciones, costos asociados ni controles específicos sobre la utilización de recursos entre unidades con destinaciones y autonomía financiera diferenciadas. La propia Corporación aceptó que dichas operaciones debieron formalizarse conforme a la Circular Única de la Superintendencia del Subsidio Familiar y al régimen aplicable a la unidad de tesorería, lo cual confirma una de las principales debilidades advertidas por el equipo de visita.

En consecuencia, la observación número 51 constituye una alerta relevante sobre el adecuado manejo presupuestal, la trazabilidad de la ejecución, el control de subsidios en especie y la adecuada administración de recursos parafiscales.

Esta situación resulta especialmente relevante porque evidencia un manejo transversal de liquidez entre programas, sin aprobación expresa del Consejo Directivo ni políticas institucionales formalmente adoptadas que garantizaran la individualización financiera, la sostenibilidad independiente y la protección de los recursos involucrados.

Frente a la observación número 63, la respuesta presentada por la Revisoría Fiscal no desvirtuó los hechos identificados en el Informe Final de Visita Ordinaria, relacionados con la falta de certificación y explicación suficiente sobre movimientos financieros entre cuentas institucionales.

Si bien la firma Asesorías Contables del Caribe S. A. S., manifestó que asumió funciones como Revisoría Fiscal a partir del 3 de marzo de 2026 y que no recibió papeles de trabajo durante el empalme, dicha circunstancia no la exoneraba del deber de colaboración con la Superintendencia del Subsidio Familiar ni del deber de verificación sobre la información contable, financiera y bancaria disponible en la Corporación.

Sobre la observación número 59, la respuesta presentada por Comfamiliar Atlántico no desvirtuó los hechos identificados en el Informe Final de Visita Ordinaria, en la medida en que las explicaciones sobre supuestos débitos automáticos, reintegros internos y asunción de obligaciones por los centros de costo beneficiarios no estuvieron acompañadas de soportes suficientes que permitieran verificar, de manera objetiva, la ocurrencia, oportunidad, cuantía y trazabilidad de dichas operaciones. Aunque la Corporación manifestó que las amortizaciones de las obligaciones financieras fueron asumidas por los respectivos centros de costo beneficiarios de los desembolsos, no aportó en forma suficiente los comprobantes contables, extractos bancarios, conciliaciones, certificaciones de tesorería, soportes de reintegro y demás documentos necesarios para acreditar la procedencia real de los recursos utilizados en cada pago. Por el contrario, la documentación revisada durante la visita permitió evidenciar que obligaciones financieras destinadas al fondeo del servicio de Crédito Social fueron amortizadas mediante recursos administrados desde cuentas bancarias asociadas a Servicios Sociales, Administración, Mercadeo y Nómina. Esta situación fue soportada con extractos, comprobantes de pago y certificaciones suministradas por la propia Corporación en el marco de la actuación de inspección.

La propia respuesta reconoció que la Revisoría Fiscal tuvo acceso a registros contables, auxiliares, estados financieros y demás soportes institucionales. Sin embargo, frente a los requerimientos específicos relacionados con la fuente, destinación y trazabilidad de movimientos financieros entre cuentas institucionales, se abstuvo de emitir una certificación de fondo, argumentando insuficiencia de evidencia por ausencia de papeles de trabajo de la firma anterior. Tal explicación no resulta suficiente, en la medida en que los movimientos objeto de consulta impactaban saldos contables vigentes, operaciones financieras activas e información actualmente sometida a revisión y fiscalización por parte de la Revisoría Fiscal. Por tanto, la ausencia de papeles de trabajo históricos no impedía adelantar procedimientos alternativos de verificación sobre registros contables, extractos bancarios, comprobantes, auxiliares y soportes disponibles en la Caja.

Adicionalmente, la respuesta de la Corporación reconoce que algunas obligaciones fueron atendidas inicialmente mediante débitos efectuados desde cuentas asociadas a Servicios Sociales, para posteriormente realizar reintegros internos. Esta circunstancia no desvirtúa la observación; por el contrario, confirma la existencia de movimientos financieros entre cuentas pertenecientes a distintos servicios, programas o destinaciones institucionales, lo cual evidencia debilidades en la segregación, control y trazabilidad de los recursos.

La Corporación tampoco acreditó que los reintegros se hubiesen realizado de manera inmediata, completa y permanente durante toda la vigencia revisada, ni aportó conciliaciones Adicionalmente, la respuesta evidenció deficiencias en el proceso de empalme entre la Revisoría Fiscal saliente y la entrante, al no haberse garantizado la entrega de papeles de 23 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL trabajo, antecedentes de auditoría e información relevante para la continuidad del control fiscalizador. En consecuencia, persisten dudas sobre el alcance efectivo de las labores de fiscalización frente a operaciones financieras materiales relacionadas con movimientos de recursos entre programas institucionales, así como sobre el cumplimiento del deber de colaboración con la Superintendencia del Subsidio Familiar y de las funciones de verificación asignadas a la Revisoría Fiscal por la Ley 21 de 1982 y el Código de Comercio.

3.2. Conclusión del Informe de Visita.

A su turno, las observaciones números 12, 13 y 14 evidenciaron deficiencias adicionales en el funcionamiento interno del Consejo Directivo, relacionadas con la verificación de la legalidad del quorum, la capacidad jurídica de los asistentes, la inasistencia de un consejero y la suficiencia documental de las actas. Para la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, tales aspectos no constituyen simples deficiencias formales, toda vez que el quorum es presupuesto de validez de la deliberación y las actas constituyen el soporte probatorio principal de la voluntad corporativa. En consecuencia, si existen dudas sobre la capacidad jurídica de los asistentes o sobre la suficiencia de las actas, se afecta la posibilidad de reconstruir la regularidad de las decisiones adoptadas.

A partir de las observaciones con connotación de hallazgo este Despacho advierte que las situaciones identificadas en el Informe Final de Visita Ordinaria no corresponden a inconsistencias aisladas o meramente formales, sino a riesgos concurrentes que comprometen aspectos esenciales de la administración de Comfamiliar Atlántico, particularmente el gobierno corporativo, la regularidad de las decisiones del Consejo Directivo, la suficiencia de la Revisoría Fiscal, la transparencia contractual, la trazabilidad financiera, la separación de recursos entre programas y la adecuada destinación de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.

En segundo lugar, el informe evaluativo advirtió una posible debilidad de la Revisoría Fiscal y del sistema de control institucional, a partir de las observaciones números 04, 08, 11, 15 y 63. Dichas observaciones se relacionan con la presunta omisión de la Revisoría Fiscal frente a la permanencia de consejeros cuya calidad estaba cuestionada, la participación de un consejero sin habilitación suficiente para sesionar, la contratación con una empresa vinculada a un consejero, las presuntas irregularidades del Consejo Directivo y la insuficiencia en la certificación y explicación de movimientos bancarios entre cuentas institucionales. Se argumentó que en el contexto de una Caja de Compensación Familiar, la Revisoría Fiscal no puede ser entendida como un órgano meramente contable ni como un certificador pasivo de información. Su función comprende la vigilancia sobre el cumplimiento de la ley, los estatutos, las decisiones de los órganos competentes, la razonabilidad de la información financiera, la protección del patrimonio institucional y la adecuada administración de recursos de destinación específica. Por ello, la falta de advertencia o explicación suficiente frente a situaciones sensibles de gobierno corporativo, contratación y movimientos bancarios debilita una de las principales líneas de defensa institucional.

Si bien la Corporación ejerció su derecho de defensa y contradicción frente a las observaciones formuladas, las respuestas y soportes allegados no desvirtuaron integralmente los hechos advertidos ni eliminaron los riesgos jurídicos, financieros, administrativos y parafiscales identificados. Por el contrario, en varios aspectos se confirmó la existencia de debilidades en la administración, control, documentación y seguimiento de recursos institucionales. En consecuencia, existen elementos técnicos y jurídicos suficientes para concluir que la situación de Comfamiliar Atlántico exige la adopción de una medida administrativa idónea, necesaria y proporcional, orientada a restablecer la regularidad institucional, fortalecer los controles internos, proteger los recursos parafiscales del cuatro por ciento (4%) y garantizar la adecuada prestación de los servicios sociales a cargo de la Corporación.

4. INFORME EVALUATIVO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES.

Una vez recibido el Informe Final de Visita Ordinaria practicada a la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico-, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales procedió a efectuar la valoración de las observaciones trasladadas por la Superintendencia Delegada para la Gestión, en el marco de las competencias asignadas a dicha dependencia.

En relación con la observación números 63, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales destacó su especial relevancia, por cuanto se conecta con los riesgos financieros más sensibles identificados en el Informe Final de Visita Ordinaria. En efecto, la comisión requirió a la Revisoría Fiscal certificación y explicación detallada sobre movimientos de recursos entre cuentas bancarias institucionales, y aunque dicho órgano manifestó limitaciones derivadas de su fecha de posesión y de la ausencia de papeles de trabajo recibidos en el empalme, el informe consideró que ello no eliminaba el deber de verificar registros, auxiliares contables, extractos bancarios y soportes disponibles.

En tercer lugar, el informe evaluativo identificó riesgos relevantes en materia de contratación, conflictos de interés y debilitamiento de controles contractuales, asociados a las observaciones números 09, 10, 11 y 17. La observación números 09 se relaciona con la presunta suscripción de contratos por parte de un consejero con la Corporación; la observación números 10, con la celebración de un contrato con una empresa vinculada a un consejero; la observación números 11, con la posible omisión de la Revisoría Fiscal frente a dicha contratación; y la observación números 17, con la presunta omisión del Manual de Contratación por la celebración de un contrato con valor indeterminado.

Las observaciones objeto de valoración por parte de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales fueron las números 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 31, 32, 33, 51, 59, 61, 62 y 63, todas ellas relacionadas con aspectos de gobierno corporativo, conformación y funcionamiento del Consejo Directivo, actuación de la Revisoría Fiscal, contratación, conflictos de interés, administración de proyectos patrimoniales, ejecución de subsidios, manejo de obligaciones financieras, contabilización de remanentes, traslados interprogramas y trazabilidad de movimientos bancarios. En el informe evaluativo presentado por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, se concluyó que las observaciones analizadas no podían entenderse como una simple acumulación de incumplimientos formales, aislados o susceptibles de corrección ordinaria. Por el contrario, la valoración integral permitió advertir una situación institucional de especial relevancia jurídica, administrativa, financiera y parafiscal, con incidencia transversal sobre la estructura de gobierno corporativo, la administración de recursos, la trazabilidad financiera y la suficiencia de los mecanismos internos de control.

Para esta Superintendencia, la contratación de una Caja de Compensación Familiar, aun cuando no se rija por el Estatuto General de Contratación Pública, debe atender estándares reforzados de planeación, objetividad, transparencia, economía, responsabilidad, control de conflictos de interés, determinación de cuantía, suficiencia presupuestal y protección de recursos de destinación específica. En ese sentido, la eventual contratación con consejeros o con empresas vinculadas a ellos exige verificar, como mínimo, si existía prohibición o incompatibilidad, si se declaró el conflicto de interés, si hubo abstención en decisiones relacionadas, si se aplicó el procedimiento contractual correspondiente, si existió pluralidad o justificación objetiva, si el precio fue razonable y si la supervisión fue independiente.

En primer lugar, el informe evaluativo identificó una afectación relevante del gobierno corporativo y de la regularidad del Consejo Directivo, asociada a las observaciones números 01, 02, 03, 04, 06, 12, 13 y 14. En dicho análisis se advirtió que las observaciones números 01, 02, 03 y 04 se relacionaban con la posible permanencia de consejeros que, según el Informe Final de Visita Ordinaria, no habrían conservado las calidades habilitantes exigidas para integrar el órgano de dirección. Esta situación resultó relevante en la medida en que el Consejo Directivo es el órgano llamado a adoptar decisiones con incidencia sobre la administración, contratación, aprobación de recursos, ejecución presupuestal, inversiones, programas sociales y destinación del patrimonio institucional.

La observación números 17 fue valorada con especial atención, en tanto el contrato de cuantía indeterminada afecta directamente el sistema de control contractual. La cuantía permite definir el procedimiento aplicable, la competencia, la instancia de aprobación, las garantías, la suficiencia presupuestal y la exposición económica de la entidad. Por ello, un contrato sin valor determinado o sin techo económico verificable dificulta clasificar la contratación, activar controles internos, calcular garantías y establecer la obligación real asumida por la Caja.

En cuarto lugar, el informe evaluativo examinó las observaciones números 31, 32 y 33, relacionadas con el proyecto Las Cayenas, el endeudamiento asociado a dicho proyecto, su sostenibilidad financiera y la posible afectación del patrimonio institucional. De acuerdo con la valoración efectuada, el proyecto Las Cayenas no puede analizarse como un proyecto patrimonial aislado, en tanto involucra recursos, decisiones, obligaciones financieras, sostenibilidad, destinación de recursos y eventual beneficio de terceros.

Sobre este aspecto, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales consideró que la calidad de consejero directivo no constituye una condición personal, indefinida o autónoma, sino una investidura funcional condicionada al cumplimiento permanente de los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios que habilitan la representación del estamento correspondiente. Por ello, la eventual pérdida sobreviniente de dichas calidades activa un deber institucional de verificación, depuración, reporte y corrección, cuya falta de gestión oportuna puede afectar la regularidad del órgano y generar incertidumbre sobre la trazabilidad jurídica de las decisiones adoptadas.

En particular, la observación número 31 se refiere a la construcción de una vía y alumbrado que, según el informe, podría beneficiar predios privados en el lote Las Cayenas; la observación número 32 se relaciona con el uso de créditos y mecanismos de tesorería para atender compromisos del proyecto; y la observación número 33 señala que el proyecto no sería sostenible financieramente y habría requerido recursos provenientes de otros servicios. El Informe Final de Visita Ordinaria también evidenció debilidades en materia de gestión documental, trazabilidad y suministro ordenado de información respecto de operaciones asociadas al proyecto Las Cayenas, manteniendo la observación formulada.

Dentro del mismo bloque, la observación números 06 fue valorada como un aspecto de especial relevancia, al trasladar el análisis del plano orgánico al plano patrimonial. En efecto, no solo se habría permitido la participación de consejeros cuya habilitación se encontraba cuestionada, sino que, adicionalmente, se habrían reconocido honorarios o viáticos a personas que, presuntamente, no debían ejercer como consejeros; situación que introdujo un riesgo de pago sin causa jurídica suficiente y exigió revisar la actuación de quienes autorizaron, liquidaron, ordenaron, pagaron o no objetaron dichas erogaciones.

Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 24 DIARIO OFICIAL Desde el punto de vista financiero, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales destacó que el proyecto Las Cayenas presenta señales de riesgo estructural, al evidenciar créditos por seiscientos millones de pesos ($600.000.000) con Banco Caja Social y doscientos noventa y cinco millones de pesos ($295.000.000) con Banco Popular, uso de recursos de otras áreas para atender compromisos del proyecto, pérdidas acumuladas superiores a dos mil seiscientos cincuenta y tres millones de pesos ($2.653 millones) y traslados de recursos provenientes de otros servicios autocosteables, incluyendo Salud, Mercadeo y Crédito Social. transparencia contractual, la sostenibilidad de proyectos patrimoniales, la trazabilidad contable y la separación financiera de recursos. Dicha situación, según la valoración de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, no corresponde a simples inconsistencias formales o documentales, sino a una problemática que exige revisar integralmente la regularidad del gobierno corporativo, ordenar la contratación, fortalecer la fiscalización, depurar la tesorería, reconstruir la trazabilidad de los recursos, formalizar operaciones interprogramas y asegurar la destinación específica de los recursos parafiscales.

En materia de recursos del cuatro por ciento (4%), la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales fue enfática en señalar que la adecuada administración de estos recursos no se demuestra únicamente con su recaudo o registro formal, sino con la acreditación de que cada decisión, autorización, contrato, pago, subsidio, traslado, crédito, remanente y movimiento bancario cuenta con competencia, soporte, registro, finalidad, trazabilidad y control.

Que, por lo anterior, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales recomendó:

En quinto lugar, el informe evaluativo se refirió a la observación número 51, relacionada con el uso de recursos superiores a los aprobados en subsidios en especie para el programa de Mercadeo. Según la valoración efectuada, esta observación tiene incidencia directa sobre recursos parafiscales del cuatro por ciento (4%), toda vez que el Informe Final de Visita Ordinaria señaló que el Consejo Directivo aprobó para la vigencia 2025 subsidios en especie por aproximadamente siete mil trescientos cincuenta y cuatro millones de pesos ($7.354 millones), pero al contrastar la información financiera registrada en SIGER, el estado de resultados del segmento y el estado financiero consolidado, se identificaron movimientos que superarían los valores inicialmente autorizados en una suma cercana a mil millones de pesos ($1.000 millones).

La Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales consideró que la correcta administración del aporte parafiscal del cuatro por ciento (4%) no se agota en su recaudo o registro formal, sino que exige ejecución conforme a autorización, finalidad, límite presupuestal y soporte verificable. En consecuencia, la eventual ejecución de subsidios en especie por valores superiores a los aprobados revela una posible falla en la disciplina presupuestal y en el control sobre recursos de destinación específica.

“A la luz de los aspectos analizados, y teniendo en cuenta que las observaciones fueron puestas en conocimiento de la Corporación, la cual tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción dentro del trámite correspondiente, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales considera que persisten elementos técnicos, jurídicos, financieros y parafiscales suficientes que evidencian riesgos relevantes sobre el gobierno corporativo, la administración de recursos, la trazabilidad financiera y la suficiencia de los controles internos. En consecuencia, recomienda la adopción de la medida especial de intervención administrativa total respecto de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico (Comfamiliar Atlántico), por el término de doce (12) meses, con el fin de restablecer la regularidad institucional, proteger los recursos del Sistema del Subsidio Familiar y garantizar la adecuada prestación de los servicios a cargo de la Corporación”.

Este Despacho, una vez revisado el Informe Final de Visita Ordinaria, el informe evaluativo presentado por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, las observaciones formuladas, las respuestas allegadas por la Corporación y el análisis integral de los riesgos identificados, procederá a verificar la procedencia de la adopción de una medida cautelar bajo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para proteger los recursos del Sistema del Subsidio Familiar, restablecer la regularidad institucional, fortalecer los controles internos y garantizar la adecuada prestación de los servicios sociales a cargo de Comfamiliar Atlántico.

En sexto lugar, el informe evaluativo analizó la observación número 59, relacionada con el pago de créditos bancarios destinados al fondeo de Crédito Social mediante recursos provenientes de otras fuentes o cuentas institucionales. Según el análisis efectuado, aunque ciertos créditos fueron registrados como destinados al programa de Crédito Social, su amortización se habría realizado mediante recursos administrados desde cuentas bancarias asociadas a otros servicios, fondos o destinaciones de la Corporación, lo que genera un riesgo de confusión de liquidez y de afectación de la separación financiera entre programas. Sobre este aspecto, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales precisó que el punto crítico no radica únicamente en establecer si hubo o no reintegros posteriores, sino en verificar si dichas operaciones estaban formalmente autorizadas, causadas, contabilizadas, conciliadas y soportadas como operaciones interprogramas o cuentas recíprocas. La destinación específica de los recursos también se protege frente al uso temporal de los mismos, razón por la cual no basta con afirmar que fueron reintegrados, sino que debe demostrarse que su uso temporal estaba permitido, autorizado, registrado y plenamente trazado.

5. RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DEL COMITÉ DE DIREC- CIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

En sesión del 6 de julio de 2026, el Comité de Dirección y Coordinación Institucional decidió:

En séptimo lugar, el informe evaluativo se refirió a la observación número 61, relativa a la contabilización tardía de remanentes y excedentes aprobados por el Consejo Directivo en las vigencias 2024 y 2025, pero registrados contablemente en 2026. En particular, se identificó el comprobante número 46A por remanente de la vigencia 2025, por valor de nueve mil cuatrocientos ochenta y dos millones quinientos treinta y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos ($9.482.535.185), y el comprobante número 46 por remanente de operación de la vigencia 2024, por valor de ocho mil seiscientos setenta y seis millones setecientos treinta y tres mil doscientos un pesos con nueve centavos ($8.676.733.201,09).

“Una vez evaluados los argumentos contenidos en el informe evaluativo presentado por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales de fecha 3 de julio de 2026, se decidió por parte del comité de manera unánime, recomendar al Superintendente del Subsidio Familiar (E) la adopción de la medida especial de intervención administrativa total respecto de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico (Comfamiliar Atlántico), por el término de doce (12) meses con el fin de restablecer la regularidad institucional, proteger los recursos del Sistema del Subsidio Familiar y garantizar la adecuada prestación de los servicios sociales a cargo de la Corporación”.

Adicionalmente, el Comité recomendó:

“1. Formular un Plan de Mejoramiento de Intervención con acciones concretas, En octavo lugar, el informe evaluativo destacó la observación número 62 como uno de los puntos más relevantes desde la perspectiva financiera y parafiscal, al identificar operaciones interprogramas que involucran Salud IPS, Crédito Social, FOVIS y Vivienda. El informe señaló la utilización transversal de recursos entre programas institucionales y advirtió que no se observó integralmente la constitución formal de cuentas por cobrar y por pagar entre programas, soportes técnicos y financieros, condiciones financieras de los traslados, autorización expresa del Consejo Directivo para la utilización temporal de liquidez ni análisis de sostenibilidad financiera de las unidades involucradas. medibles, verificables y orientadas a superar las situaciones que dieron origen a la medida, especialmente en materia de gobierno corporativo, contratación, trazabilidad financiera, administración de recursos parafiscales, control interno y Revisoría Fiscal.

2. Realizar una revisión integral de la conformación, funcionamiento y soporte documental del Consejo Directivo, incluyendo reglamentos, cumplimiento de re- quisitos, códigos, etc.

A partir de dicho análisis, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales concluyó que la utilización de recursos entre programas solo puede admitirse bajo reglas claras, autorización competente, registro contable adecuado, soporte técnico, condiciones de reintegro y trazabilidad completa. En consecuencia, si la Caja no puede demostrar cómo, por qué, cuándo, bajo qué autorización y con qué soporte se trasladan recursos entre programas, existe un riesgo directo sobre la protección de los recursos del sistema y sobre la confiabilidad de la administración financiera interna.

3. Adelantar una revisión jurídica, administrativa y financiera de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo durante los periodos en los que participaron consejeros cuya habilitación fue cuestionada, con el fin de determinar su incidencia sobre actos de administración, contratación, aprobación de recursos, programas, subsidios, créditos e inversiones.

De la valoración conjunta de las veintidós (22) observaciones, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales identificó riesgos normativos frente a la Ley 21 de 1982, el Decreto Ley 2463 de 1981, el Decreto número 1072 de 2015, el Decreto número 765 de 2020, la Circular Única de la Superintendencia del Subsidio Familiar, los estatutos de la Corporación, el reglamento interno del Consejo Directivo, el Manual de Contratación, el Código de Ética y Buen Gobierno y los procedimientos internos de la Caja.

4. Ordenar una auditoría especial a la contratación de la Corporación, con énfa- sis en contratos celebrados con consejeros, empresas vinculadas a miembros del Consejo Directivo, contratos de cuantía indeterminada, aplicación del Manual de Contratación, gestión de conflictos de interés, suficiencia de garantías, super- visión contractual y razonabilidad del gasto.

En conclusión, el informe evaluativo advirtió que Comfamiliar Atlántico presenta una situación institucional de riesgo transversal que compromete la estructura de gobierno, la regularidad de la toma de decisiones, la suficiencia de los controles internos, la

5. Realizar una evaluación integral del proyecto Las Cayenas, incluyendo su origen, finalidad, autorizaciones, fuentes de financiación, créditos adquiridos, inversiones ejecutadas, obras de urbanismo, venta de lotes, aplicación de recur-

25 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL sos, beneficio institucional, eventual beneficio a terceros y sostenibilidad financiera del proyecto.

Así, el subsidio familiar no solo es un componente central de la política laboral y social en Colombia, sino que también representa una herramienta eficaz para la promoción de la equidad, la cohesión social y la dignificación de la vida laboral, lo que exige que su administración y ejecución por parte de las Cajas de Compensación Familiar se realice bajo los más altos estándares de responsabilidad, legalidad y transparencia.

6.1. Debido proceso administrativo

6. Ordenar la depuración y conciliación de las operaciones de tesorería asociadas al proyecto Las Cayenas, Crédito Social, Salud IPS, FOVIS, Vivienda, Merca- deo, Administración y demás unidades operativas involucradas, identificando fuente de recursos, uso temporal, reintegros, cuentas por cobrar o pagar, saldos pendientes y soportes contables y bancarios.

La Superintendencia del Subsidio Familiar, en desarrollo de la actuación administrativa adelantada respecto de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico (Comfamiliar Atlántico), garantizó el debido proceso administrativo, el derecho de defensa y contradicción, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política y en los principios que rigen las actuaciones administrativas establecidos en la Ley 1437 de 2011.

7. Formalizar, si resulta procedente, una política de Unidad de Tesorería que cumpla los requisitos previstos en la Circular Única de la Superintendencia del Subsidio Familiar, incluyendo autorización del Consejo Directivo, reglas de uso temporal de liquidez, condiciones de reintegro, controles, conciliaciones, ges- tión de riesgos y trazabilidad por programa.

8. Revisar la ejecución de subsidios en especie del programa de Mercadeo, espe- cialmente las diferencias entre los valores aprobados por el Consejo Directivo y los valores efectivamente ejecutados, con el fin de determinar la fuente de financiación, beneficiarios, soportes, conciliaciones, autorizaciones posteriores y destinación de los recursos del cuatro por ciento (4%).

En efecto, las observaciones formuladas por el equipo comisionado fueron puestas en conocimiento de la Corporación a través del informe preliminar de visita ordinaria, frente al cual Comfamiliar Atlántico presentó respuesta mediante comunicación del 12 de junio de 2026, radicada bajo el número 1-2026-016089, oportunidad en la cual allegó los argumentos, explicaciones y soportes que estimó pertinentes para controvertir las situaciones inicialmente advertidas.

9. Depurar la contabilización, ejecución y soporte de los remanentes y excedentes aprobados por el Consejo Directivo en vigencias anteriores, identificando pro- yectos financiados, desembolsos, saldos pendientes, centros de costo beneficia- rios, registros contables y correspondencia entre lo aprobado, lo registrado y lo efectivamente ejecutado.

Una vez recibida la respuesta de la Corporación, el equipo comisionado de la Superintendencia del Subsidio Familiar realizó el análisis correspondiente con el fin de establecer cuáles observaciones se desvirtuaban, cuáles se mantenían, cuáles debían ser objeto de plan de mejoramiento y cuáles debían trasladarse a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. Como resultado de dicho análisis, de sesenta y seis (66) observaciones preliminares, doce (12) fueron subsanadas, quedando en firme cincuenta y cuatro (54), de las cuales veintidós (22) fueron trasladadas a la citada Delegada para lo de su competencia.

10. Fortalecer el sistema de control interno, gestión de riesgos y auditoría interna, con énfasis en recursos parafiscales, contratación, tesorería, subsidios, opera- ciones interprogramas, proyectos patrimoniales, remanentes, excedentes y cum- plimiento de decisiones del Consejo Directivo.

Lo anterior permite constatar que la decisión que se adopta mediante el presente acto administrativo no se fundamenta en apreciaciones unilaterales, automáticas o carentes de contradicción, sino en una actuación administrativa en la cual la Corporación conoció las observaciones, tuvo oportunidad real de controvertirlas, presentó explicaciones y soportes, y estos fueron valorados técnicamente por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

11. Adelantar las actuaciones administrativas, jurídicas, financieras y contables necesarias para determinar la posible existencia de responsabilidades deriva- das de las observaciones trasladadas, especialmente frente a administradores, miembros del Consejo Directivo, Revisoría Fiscal y demás responsables que hu- bieren intervenido en las decisiones u operaciones objeto de análisis”.

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El subsidio familiar, conforme al artículo 1° de la Ley 21 de 19821, es una prestación social pagada en dinero, especie o servicios, cuyo propósito fundamental es aliviar las cargas económicas derivadas del sostenimiento del núcleo familiar de los trabajadores con ingresos medianos y bajos. Su origen se encuentra directamente vinculado a la existencia de una relación laboral, lo que reafirma su carácter de prestación social de naturaleza obligatoria.

De acuerdo con el artículo 122 de la misma ley, el subsidio familiar debe entenderse como una obligación legal que recae sobre los empleadores, en proporción al número de personas a cargo del trabajador, con el fin de asegurar la protección integral de la familia como base esencial de la sociedad. Así mismo, el artículo 5° de la ley ibidem establece que el subsidio se pagará exclusivamente a los trabajadores beneficiarios, mientras que el artículo 7°, numeral 4°, impone a los empleadores la obligación de efectuar dicho pago cuando cuenten con uno o más trabajadores permanentes.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio del derecho de defensa y contradicción no implica, por sí mismo, que las observaciones queden desvirtuadas. En el presente caso, pese a las explicaciones presentadas por Comfamiliar Atlántico, la valoración integral efectuada permitió advertir la persistencia de riesgos relevantes, reiterados y materialmente conectados entre sí, relacionados con el gobierno corporativo, la conformación y funcionamiento del Consejo Directivo, la actuación de la Revisoría Fiscal, la contratación, la gestión de conflictos de interés, la administración del proyecto Las Cayenas, la ejecución de subsidios en especie, la utilización de recursos entre programas, la contabilización de remanentes y la trazabilidad de movimientos bancarios. Dichos riesgos no se presentan como situaciones aisladas, formales o de mera corrección documental. Por el contrario, el informe evaluativo de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales concluyó que las veintidós (22) observaciones analizadas evidencian una situación institucional de riesgo transversal que compromete la estructura de gobierno, la regularidad de la toma de decisiones, la suficiencia de los controles internos, la transparencia contractual, la sostenibilidad de proyectos patrimoniales, la trazabilidad contable y la separación financiera de recursos.

Desde el ámbito constitucional, la Corte Constitucional ha reiterado que el subsidio familiar tiene como propósito esencial garantizar condiciones dignas de vida a los trabajadores de menores ingresos y a sus familias, constituyéndose como un mecanismo redistributivo, solidario y compensatorio. En sentencias como la C-1173 de 2001, la Corte indicó que el subsidio se orienta a compensar las desigualdades sociales, beneficiando especialmente a los sectores más pobres de la población, en atención al principio de equidad material.

Adicionalmente, en materia de recursos del cuatro por ciento (4%), la Superintendencia del Subsidio Familiar considera especialmente relevante que su adecuada administración no se acredita únicamente con el recaudo o registro formal, sino con la demostración de que cada decisión, autorización, contrato, pago, subsidio, traslado, crédito, remanente y movimiento bancario cuenta con competencia, soporte, finalidad, trazabilidad y control suficiente. Así mismo, el informe evaluativo advierte que dicha cadena presenta debilidades significativas que ameritan una valoración institucional reforzada.

Las Sentencias C-508 de 1997, C-393 de 2007 y C-892 de 2008 proferidas por el Alto Tribunal Constitucional han sido claras en identificar que el subsidio familiar es una prestación social con fundamento legal y con carácter laboral, originada en el contrato de trabajo, y cuya finalidad no es retribuir directamente la labor del trabajador, sino mitigar los riesgos y necesidades que surgen en el desarrollo de dicha relación, tales como la carga familiar, la educación de los hijos, la protección a la maternidad, el acceso a la vivienda o la recreación.

Adicionalmente, la competencia de la Superintendencia del Subsidio Familiar para adoptar medidas cautelares y ordenar la intervención administrativa total o parcial de las entidades sometidas a su vigilancia se encuentra prevista, entre otras disposiciones, en los numerales 17, 18, 22, 23 y 24 del artículo 5° del Decreto número 2595 de 2012, así como en el artículo 2.2.7.7.18 del Decreto número 1072 de 2015, normas que facultan a esta Entidad para adoptar medidas administrativas orientadas a subsanar las infracciones o situaciones que puedan comprometer el adecuado funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar.

En este sentido, el subsidio familiar se enmarca dentro del conjunto de prestaciones sociales comunes y especiales, y se diferencia del salario en tanto no constituye una contraprestación directa por los servicios prestados, sino que responde a necesidades colectivas de los trabajadores. Su destinación debe atender a principios de eficiencia, equidad y finalidad social, en armonía con los fines del Estado social de derecho.

En consecuencia, habiéndose garantizado el debido proceso administrativo, valoradas las respuestas presentadas por la Corporación y analizado el informe evaluativo de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, este Despacho considera que la adopción de una medida cautelar resulta jurídicamente procedente, idónea y necesaria para prevenir la profundización de los riesgos advertidos, asegurar la adecuada administración de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar y garantizar que estos se apliquen conforme a su finalidad legal y social, en beneficio de los trabajadores afiliados y sus familias.

6.2. Actos urgentes o de inmediata ejecución – medidas cautelares 1

Artículo 1º.

El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad. 2

Artículo 12.

Los aportes hechos por los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta de los órdenes nacional, departamental, intendencial, comisarial, distrital y municipal y empleadores del sector privado, tendrán la siguiente destinación:

1. El cuatro por ciento (4%) para proveer el pago de subsidio familiar.

2. El dos por ciento (2 %) para el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

La Superintendencia del Subsidio Familiar, en ejercicio de sus funciones de intervención y en concordancia con lo expuesto en el apartado de competencia y en los antecedentes de este acto, considera necesario destacar la importancia de adoptar acciones urgentes y Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 26 DIARIO OFICIAL de carácter preventivo, que permitan evitar el inminente perjuicio de los intereses de los afiliados, así como prevenir la puesta en peligro de la adecuada gestión de los recursos correspondientes al 4%, con el fin estructural de “preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar” y asegurar que los servicios sociales lleguen adecuadamente a las familias de trabajadores afiliados, bajo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad.

Complementariamente, los artículos 2.2.7.5.3.9 y 2.2.7.7.18 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto número 1072 de 2015) establecen el marco de acción de la Superintendencia en relación con el manejo de los recursos parafiscales y la adopción de medidas de intervención cuando se evidencien irregularidades graves en la administración de los mismos. La norma permite incluso delegar temporalmente la dirección en un tercero y contratar expertos que acompañen la gestión del ente intervenido, con cargo a los recursos de la entidad.

En estos casos, el ordenamiento permite que la administración actúe en el menor tiempo posible con el fin de evitar que se materialice el riesgo. En el derecho administrativo colombiano, esto se enmarca en:

- El principio de eficacia (art. 3° Ley 1437 de 2011)3.

- La posibilidad de dictar actos administrativos de ejecución inmediata cuando existe riesgo inminente para el interés público.

- La noción de que el control judicial de la administración es posterior, salvo ca- sos excepcionales de autorización previa legalmente exigida.

Es necesario para este Despacho advertir que la medida cautelar de intervención administrativa total que se adopta mediante el presente acto administrativo no tiene naturaleza sancionatoria ni implica prejuzgamiento sobre la responsabilidad individual de administradores, miembros del Consejo Directivo, Revisoría Fiscal o demás servidores o particulares que hubieren intervenido en los hechos analizados. Su finalidad es preventiva, temporal y correctiva, orientada a proteger los recursos del Sistema del Subsidio Familiar, asegurar su destinación legal y social, y restablecer condiciones adecuadas de administración, control y prestación de servicios.

Así mismo, las medidas cautelares administrativas responden a una lógica preventiva y de protección institucional. Su adopción permite intervenir oportunamente una situación de riesgo, asegurar la efectividad de las decisiones administrativas, evitar la afectación de recursos públicos o parafiscales y preservar los derechos e intereses cuya protección corresponde a la autoridad de inspección, vigilancia y control. Por ello, su ejecución inmediata resulta compatible con el debido proceso, en la medida en que los destinatarios conservan la posibilidad de controvertir el acto administrativo mediante los recursos y acciones judiciales correspondientes, sin que la sola interposición de estos suspenda automáticamente sus efectos, salvo disposición legal o decisión competente en contrario.

En caso de que, con ocasión de los hechos advertidos, resulte procedente adelantar actuaciones de carácter sancionatorio, estas deberán tramitarse de manera independiente, con plena observancia del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, así como de las competencias asignadas a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales en el artículo 16 del Decreto número 2595 de 2012. En consecuencia, la presente medida no sustituye ni anticipa una eventual decisión sancionatoria, sino que se adopta como mecanismo cautelar para prevenir la profundización de los riesgos identificados y preservar el interés general comprometido en la adecuada administración de los recursos parafiscales.

6.3.1. Análisis de procedencia, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar de intervención administrativa total.

En el caso concreto de Comfamiliar Atlántico, el análisis integral efectuado por la Superintendencia del Subsidio Familiar evidencia la existencia de riesgos institucionales, jurídicos, financieros, administrativos y parafiscales de alta materialidad, relacionados con el gobierno corporativo, la regularidad de las decisiones del Consejo Directivo, la suficiencia de la Revisoría Fiscal, la contratación, la administración de proyectos patrimoniales, la ejecución de subsidios, la utilización de recursos entre programas, la trazabilidad bancaria y contable, y la adecuada destinación de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.

En consecuencia, la adopción de una medida cautelar de intervención administrativa total resulta procedente como actuación urgente, preventiva, idónea y proporcional, orientada a impedir que los riesgos advertidos se profundicen, a restablecer condiciones mínimas de regularidad institucional, a fortalecer los mecanismos de control y a asegurar que los recursos administrados por la Corporación se apliquen conforme a su finalidad legal y social.

6.3. Sobre la medida cautelar.

La medida cautelar de intervención administrativa total encuentra pleno sustento normativo en el Decreto número 2595 de 2012. El artículo 1° de dicha norma establece como objetivo de esta Superintendencia preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar, para que los servicios sociales lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad, finalidad que únicamente puede garantizarse mediante la continuidad de la medida. A su vez, el numeral 17 del artículo 5° faculta al Superintendente para adoptar las medidas cautelares a que haya lugar de conformidad con la ley; el numeral 18 lo habilita para ordenar la intervención administrativa total o parcial de las entidades sometidas a su vigilancia; y el numeral 19 le atribuye la función de ordenar la vigilancia con el fin de superar, en el menor tiempo posible, la situación que haya dado lugar a la medida. Estas facultades, leídas de manera sistemática, comprenden no solo la potestad de adoptar la medida en su origen, sino también la de prorrogarla mientras subsistan las causas que la motivaron, toda vez que permitir su levantamiento sin que dichas causas hayan sido superadas de manera material, verificable y sostenible contravendría directamente el objetivo institucional consagrado en el artículo 1° del mismo Decreto.

El conjunto normativo que otorga competencias a la Superintendencia del Subsidio Familiar encuentra su fundamento en el artículo 189 numeral 22 de la Constitución Política, que faculta al Presidente de la República para ejercer la inspección y vigilancia sobre la prestación de los servicios públicos. Esta función se articula con el artículo 48 del mismo texto constitucional, el cual consagra la seguridad social como un servicio público obligatorio, permitiendo el intervencionismo estatal para garantizar su prestación eficiente, equitativa y continua.

En atención a lo expuesto, y conforme a lo previsto en la Resolución número 629 de 2018, el Despacho considera procedente adoptar la medida cautelar de intervención administrativa total por el término de doce (12) meses, como un plazo razonable y proporcional frente a la magnitud de los riesgos identificados para que, a través de planes de mejoramiento se puedan superar las causas que dan lugar a la medida.

Dicho término se estima necesario para consolidar la ejecución de las acciones correctivas, fortalecer la gestión institucional y avanzar de manera efectiva en la mitigación de los riesgos jurídicos, financieros y patrimoniales que aún persisten.

Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 2.2.7.7.18 del Decreto número 1072 de 2015, así:

En desarrollo de lo anterior, la Ley 25 de 1981, por medio de la cual se creó la Superintendencia del Subsidio Familiar, establece en su artículo 6º que dicha entidad está facultada para ejercer inspección, vigilancia y, cuando se requiera, intervención administrativa sobre las Cajas de Compensación Familiar, en los casos de grave o reiterado incumplimiento normativo o estatutario. De forma concordante, el artículo 15 de la misma ley señala que el Superintendente podrá decretar la intervención administrativa o incluso la suspensión o cancelación de la personería jurídica, cuando existan infracciones graves o reiteradas a las disposiciones legales.

“ARTÍCULO 2.2.7.7.18. Intervención. La intervención a que se refiere el artículo 15 de la Ley 25 de 1981, tiene por objeto la adopción de las medidas administrativas que fueren necesarias para subsanar los hechos que hayan dado lugar a aquella.

Además, cuando se requiera puede encargar temporalmente la dirección de la entidad intervenida a un particular y emplear los expertos auxiliares y consejeros que considere necesarios, con cargo a la caja intervenida”.

Estas facultades fueron reforzadas por los numerales 20 a 25 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992, así como por los numerales 6, 17, 18, 22 y 23 del artículo 24 de la Ley 789 de 2002, que confieren a la Superintendencia del Subsidio Familiar el poder de imponer sanciones, ordenar visitas, adoptar medidas cautelares y, en especial, intervenir administrativa y transitoriamente las entidades vigiladas cuando se configuren causales graves de infracción normativa o riesgos para la gestión de los recursos parafiscales.

Frente al régimen, concepto y alcance de las medidas cautelares en el ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional ha considerado que:

Por su parte, el Decreto número 2595 de 2012, dispone en su artículo 5º, numerales 17 y 181, la facultad de adoptar medidas cautelares y de ordenar la intervención total o parcial de las Cajas de Compensación Familiar por infracción a la ley, a sus estatutos o por inobservancia de las instrucciones impartidas por la entidad.

3

Artículo 3º.

Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

“En nuestro régimen jurídico, las medidas cautelares están concebidas como un instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado. Las medidas cautelares no tienen ni pueden tener el sentido o alcance de una sanción, porque aun cuando afectan o pueden afectar los intereses de los sujetos contra quienes se promueven, su razón de ser es la de garantizar un derecho actual o futuro, y no la de imponer un castigo”.

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

En ese contexto, las medidas cautelares se caracterizan por su naturaleza instrumental, contingente y provisional, en tanto se adoptan de manera temporal con el fin de preservar 27 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL ordenar las operaciones interprogramas y asegurar la adecuada destinación de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. el interés general y evitar la consolidación de situaciones que puedan afectar derechos o bienes jurídicamente protegidos, sujetas a la persistencia de las situaciones fácticas o jurídicas que dieron lugar a ellas. Bajo este entendimiento, la medida se erige como un instrumento necesario para garantizar la recuperación institucional, la adecuada prestación de los servicios a cargo de la Corporación y la protección de los recursos del sistema del subsidio familiar, en observancia de los principios de eficiencia, eficacia y prevalencia del interés general.

Así mismo, el término de doce (12) meses no excede lo estrictamente necesario para atender las situaciones advertidas, en la medida en que la intervención administrativa total tiene una finalidad preventiva, temporal y correctiva, y no sancionatoria. En ese sentido, la duración prevista permite a la Superintendencia del Subsidio Familiar ejercer un control efectivo sobre la administración de la Corporación, verificar la implementación de acciones de mejora, hacer seguimiento a la protección de los recursos parafiscales del cuatro por ciento (4%) y evaluar, con criterios objetivos y verificables, la superación de las causas que dieron lugar a la medida.

7. CONCLUSIÓN

La medida cautelar de intervención administrativa total respecto de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico (Comfamiliar Atlántico) resulta idónea en la medida en que constituye un instrumento adecuado fortalecer los mecanismos de supervisión y asegurar la implementación efectiva de las acciones orientadas a la mitigación de los riesgos identificados. En efecto, la intervención administrativa permite a esta Superintendencia ejercer un control directo sobre la gestión de la corporación, en procura de la adopción de decisiones oportunas y la corrección de las deficiencias estructurales evidenciadas.

La medida cautelar de Intervención Administrativa Total que se ordenará respecto de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico, resulta adecuada, indispensable, conveniente y ajustada a derecho, atendiendo la gravedad, conexidad y materialidad de las situaciones evidenciadas en el Informe Final de Visita Ordinaria, así como en el análisis efectuado por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales.

El análisis integral permite advertir debilidades relevantes en materia de gobierno corporativo, control interno, Revisoría Fiscal, contratación, trazabilidad financiera, administración de recursos parafiscales, separación de recursos entre programas y sostenibilidad de proyectos patrimoniales. Estas situaciones no corresponden a inconsistencias aisladas o meramente documentales, sino a riesgos concurrentes que comprometen la regularidad de la administración, la confiabilidad de la información financiera y la adecuada destinación de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.

Así mismo, la medida resulta necesaria, toda vez que, conforme al análisis efectuado, existen serias falencias estructurales que dan origen a su adopción y no existen mecanismos menos gravosos que permitan alcanzar con igual eficacia los fines de protección del interés general, la adecuada administración de los recursos parafiscales y la continuidad en la prestación de los servicios a cargo de la Corporación. Conviene precisar que la medida resulta necesaria porque las observaciones analizadas no evidencian situaciones aisladas, meramente formales o susceptibles de corrección mediante simples ajustes documentales, sino un conjunto de riesgos concurrentes que comprometen aspectos esenciales de la administración de Comfamiliar Atlántico, particularmente el gobierno corporativo, la regularidad de las decisiones del Consejo Directivo, la suficiencia de la Revisoría Fiscal, la contratación, la trazabilidad financiera, la separación de recursos entre programas y la adecuada destinación de los recursos parafiscales del cuatro por ciento (4%).

En primer lugar, se identificaron riesgos asociados a la conformación y funcionamiento del Consejo Directivo, particularmente en lo relacionado con la conservación de calidades de algunos consejeros, la verificación del quórum, la capacidad jurídica de los asistentes, la suficiencia de las actas, la gestión de inasistencias y la procedencia de pagos por honorarios o viáticos. Estos aspectos resultan especialmente sensibles, en tanto el Consejo Directivo es el órgano llamado a adoptar decisiones con incidencia directa sobre la administración, contratación, presupuesto, inversiones, programas sociales y recursos de la Corporación.

En segundo lugar, se evidenciaron debilidades en la actuación de la Revisoría Fiscal, especialmente frente a su deber de advertencia, verificación, certificación y colaboración con la Superintendencia del Subsidio Familiar. Las observaciones relacionadas con la falta de pronunciamiento oportuno frente a situaciones del Consejo Directivo, contratación con posibles partes vinculadas y movimientos financieros entre cuentas institucionales permiten advertir una insuficiencia del sistema de fiscalización interna para prevenir, detectar o corregir oportunamente riesgos jurídicos, financieros y parafiscales.

La necesidad de la medida también se justifica porque, pese a que la Corporación conoció las observaciones, ejerció su derecho de defensa y contradicción y presentó explicaciones y soportes, estos no lograron desvirtuar integralmente los hechos advertidos ni eliminar los riesgos identificados. Por el contrario, en varios aspectos las respuestas confirmaron debilidades relevantes, como la falta de formalización de operaciones de tesorería, la ausencia de soportes suficientes, la utilización temporal de recursos entre programas, la falta de trazabilidad integral y las limitaciones del sistema de control interno. Adicionalmente, los riesgos advertidos tienen incidencia directa sobre recursos de destinación específica. En materia de recursos parafiscales, no basta con acreditar su recaudo o registro contable; es necesario demostrar que cada decisión, contrato, pago, subsidio, traslado, crédito, remanente y movimiento bancario cuenta con competencia, autorización, soporte, finalidad, trazabilidad y control. Cuando esa cadena presenta debilidades significativas, la actuación de la Superintendencia del Subsidio Familiar debe ser preventiva y oportuna, antes de que el riesgo se consolide o genere una afectación mayor.

En tercer lugar, se observaron riesgos en materia contractual, particularmente frente a posibles vínculos contractuales con consejeros o empresas relacionadas con miembros del Consejo Directivo, así como frente a la celebración de contratos con valor indeterminado. Estas situaciones comprometen la transparencia, objetividad, planeación, determinación de cuantía, suficiencia presupuestal, gestión de conflictos de interés y control sobre la ejecución del gasto.

En consecuencia, la medida cautelar de intervención administrativa total se considera necesaria porque los mecanismos ordinarios de administración, autocontrol y fiscalización no han resultado suficientes para garantizar la corrección oportuna de las situaciones advertidas. Su finalidad no es sancionatoria, sino preventiva y correctiva: restablecer la regularidad institucional, proteger los recursos del Sistema del Subsidio Familiar, fortalecer los controles internos, asegurar la adecuada prestación de los servicios sociales y garantizar que los recursos administrados por la Caja se apliquen conforme a su finalidad legal y social, en beneficio de los trabajadores afiliados y sus familias.

De igual forma, el Proyecto Las Cayenas constituye un componente crítico dentro del análisis, en tanto involucra recursos del aporte parafiscal del cuatro por ciento (4%), obligaciones financieras, utilización temporal de recursos de otras unidades operativas, costos financieros, dudas sobre la destinación de recursos provenientes de la venta de lotes, posible beneficio a terceros privados y cuestionamientos sobre la sostenibilidad real del proyecto. Lo anterior evidencia la necesidad de revisar integralmente su viabilidad, fuentes de financiación, autorizaciones, trazabilidad, soportes y retorno institucional.

También se identificaron riesgos relevantes en la ejecución de subsidios en especie del programa de Mercadeo, particularmente por diferencias entre los valores autorizados por el Consejo Directivo y los valores efectivamente ejecutados, sin que la Corporación hubiese aportado soportes suficientes para explicar plenamente las diferencias, las imputaciones de costos, las conciliaciones y la trazabilidad de los recursos aplicados.

En suma, si bien la Superintendencia del Subsidio Familiar cuenta con medidas de menor intensidad, como la vigilancia especial, esta no resulta suficiente en el presente caso, toda vez que los riesgos identificados no se limitan a deficiencias puntuales de seguimiento o mejora documental, sino que comprometen de manera transversal la estructura de gobierno, dirección, administración, contratación, tesorería, Revisoría Fiscal, trazabilidad financiera y destinación de recursos parafiscales de Comfamiliar Atlántico. En particular, varias observaciones recaen sobre la conformación y funcionamiento del Consejo Directivo, la actuación de la Dirección Administrativa y la suficiencia de los controles internos, por lo que mantener intacta la estructura ordinaria de administración no ofrecería garantías suficientes para superar oportunamente las situaciones advertidas.

Así mismo, se advirtieron debilidades en la administración de tesorería, especialmente por la utilización de recursos entre programas o cuentas institucionales con destinaciones diferenciadas, sin evidencia suficiente de autorizaciones previas, cuentas recíprocas, conciliaciones, condiciones de reintegro, análisis de riesgos y formalización bajo los parámetros exigidos para la unidad de tesorería. Esta situación compromete la separación financiera de los programas y la trazabilidad de los recursos administrados por la Corporación.

En consecuencia, la intervención administrativa total se considera la medida idónea, necesaria y proporcional, en tanto permite asumir temporalmente la administración de la Corporación, restablecer la regularidad institucional, depurar la trazabilidad de los recursos, fortalecer los controles internos y asegurar que los recursos del Sistema del Subsidio Familiar se apliquen conforme a su finalidad legal y social. La medida no tiene naturaleza sancionatoria ni implica prejuzgamiento de responsabilidades individuales, sino que responde a una finalidad preventiva y correctiva frente a riesgos jurídicos, financieros, administrativos y parafiscales que no fueron desvirtuados integralmente por la Corporación durante el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

En materia de remanentes y excedentes, se evidenció la ausencia de soportes integrales que permitieran verificar la ejecución, destinación, aplicación y seguimiento de recursos aprobados por el Consejo Directivo, situación que limita la capacidad de inspección, vigilancia y control sobre recursos de alta materialidad y afecta la transparencia, verificabilidad y rendición de cuentas de la Corporación.

La medida se considera proporcional, en tanto su adopción por el término de doce (12) meses guarda correspondencia con la naturaleza, magnitud y complejidad de los riesgos identificados en el análisis integral de las observaciones que le sirven de fundamento. Dicho término resulta razonable para adelantar acciones correctivas de carácter estructural, orientadas a restablecer la regularidad del gobierno corporativo, depurar la trazabilidad financiera, fortalecer los mecanismos de control interno, revisar la gestión contractual, Por lo anterior, para el caso de Comfamiliar Atlántico se cumplen los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad para la adopción de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total. La medida resulta necesaria porque los mecanismos ordinarios de administración, autocontrol y fiscalización no ofrecen garantías suficientes para superar oportunamente los riesgos identificados; es idónea porque permite asumir Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 28 DIARIO OFICIAL temporalmente la administración de la Corporación y adoptar correctivos estructurales; y es proporcional porque se adopta por un término definido de doce (12) meses, orientado exclusivamente a superar las situaciones que le dan origen, sin exceder lo estrictamente necesario.

Andrés Velásquez Álvarez identificado con la cédula de ciudadanía número 71268160 – Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Código 0110, Grado 22, y una vez verificados los requisitos para su designación como Agente Especial de Intervención, se emitió mediante memorando 3-2026-002699 del 6 de julio de 2026 concepto favorable respecto a su idoneidad, experiencia e inexistencia de causales de inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio del cargo, de conformidad con lo señalado en la Resolución número 629 de 2018.

10. TEMPORALIDAD DE LA MEDIDA

La medida tiene como finalidad principal proteger y resguardar los recursos parafiscales provenientes del aporte obligatorio del cuatro por ciento (4%), los cuales tienen destinación específica para la atención efectiva de los servicios, programas y proyectos sociales dirigidos a los trabajadores afiliados y sus familias, bajo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, efectividad, solidaridad y finalidad social. Igualmente, busca preservar los bienes y activos de la Corporación, restablecer la regularidad institucional, fortalecer los controles internos y asegurar la adecuada prestación de los servicios a cargo de la Caja.

Frente al régimen, concepto y alcance de las medidas cautelares en el ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional en sentencia C - 057 del 6 de febrero de 1997 consideró lo siguiente:

“[...] En nuestro régimen jurídico, las medidas cautelares están concebidas como un instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas”.

En consecuencia, la adopción de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total respecto de Comfamiliar Atlántico implica la separación temporal de los miembros del Consejo Directivo, del Director Administrativo y del Revisor Fiscal, de conformidad con las facultades previstas en los numerales 22 y 23 del artículo 5° del Decreto número 2595 de 2012. Dicha separación no tiene naturaleza sancionatoria ni implica prejuzgamiento sobre responsabilidades individuales, sino que constituye una consecuencia instrumental de la medida, orientada a garantizar su eficacia y permitir la superación de las causas que le dieron origen.

De la misma manera, son características de las medidas cautelares su carácter contingente y su provisionalidad, entendida ésta como una medida temporal, no indefinida en el tiempo y en todo caso sujeta a la persistencia de las situaciones fácticas o jurídicas que motivaron su adopción.

Así mismo, este Despacho procederá a designar un Agente Especial de Intervención y su grupo de apoyo, quien asumirá las funciones del Consejo Directivo de la Caja durante el término de la medida, así como un Contralor de Intervención, quien ejercerá las funciones de Revisoría Fiscal conforme a lo previsto en la normatividad aplicable y en las disposiciones expedidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

En tal sentido, se considera que la adopción de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total para la Caja de Compensación Familiar del Atlántico – Comfamiliar Atlántico por el término de doce (12) meses, se considera como el tiempo necesario y adecuado para que al interior de la Corporación se superen las causas que le dieron origen, y así evitar medidas de mayor complejidad y gravedad.

11. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

Por consiguiente, la medida cautelar de Intervención Administrativa Total recomendada por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, y acogida por el Comité de Dirección y Coordinación Institucional, resulta procedente y ajustada a derecho, en tanto permite ejercer un control efectivo sobre la administración de la Corporación, verificar y monitorear la trazabilidad de los recursos, ordenar la gestión financiera, fortalecer el gobierno corporativo, proteger los recursos del Sistema del Subsidio Familiar y adoptar decisiones preventivas y correctivas que permitan evitar la profundización de los riesgos identificados.

8. REMOCIÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO, MIEMBROS DEL CON- SEJO DIRECTIVO

El Agente Especial de Intervención que sea designado por la Superintendencia del Subsidio Familiar para la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico, en el marco de las funciones que le correspondan conforme al acto de designación, la ley y las disposiciones propias del Sistema del Subsidio Familiar, deberá revisar los asuntos pendientes de decisión, aprobación, ejecución y seguimiento que guarden relación con las situaciones que dieron origen a la medida cautelar de Intervención Administrativa Total.

Es facultad de la Superintendente del Subsidio Familiar separar a los miembros del Consejo Directivo y al Director Administrativo de las Cajas de Compensación Familiar, con ocasión de la adopción de una medida cautelar de intervención administrativa total, de conformidad con lo previsto en el numeral 22 del artículo 5° del Decreto número 2595 de 2012.

Para tal efecto, deberá requerir los informes de gestión, rendición de cuentas, soportes documentales, contables, financieros, contractuales y administrativos que resulten necesarios, especialmente respecto de los asuntos relacionados con gobierno corporativo, contratación, administración financiera, recursos parafiscales, proyectos patrimoniales, subsidios, tesorería, remanentes, excedentes y operaciones entre programas.

La medida cautelar de intervención administrativa total constituye una actuación administrativa de carácter preventivo, temporal y correctivo, que se adopta respecto de la Caja de Compensación Familiar como persona jurídica sometida a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, y no como una sanción dirigida contra el Director Administrativo o los miembros del Consejo Directivo individualmente considerados.

Así mismo, se deberá establecer un plan de mejoramiento claro, medible y verificable, encaminado a la adopción de decisiones efectivas para la protección de los activos, bienes y recursos de la Corporación, así como para la superación de las situaciones que dieron lugar a la medida. Dicho plan deberá orientarse al fortalecimiento de la administración, la trazabilidad financiera, la gestión contractual, el control interno, la separación de recursos y la adecuada destinación de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.

En este sentido, la separación temporal de dichos órganos no implica prejuzgamiento ni declaración de responsabilidad personal, sino que responde a la necesidad de asegurar la eficacia de la medida, permitir la adopción inmediata de correctivos administrativos, preservar la continuidad institucional y garantizar la adecuada administración de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.

En el mismo sentido, quienes ejerzan funciones de administración, dirección, control o apoyo dentro del esquema de intervención deberán adelantar, dentro del ámbito de sus competencias, las gestiones necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto social de Comfamiliar Atlántico, en especial aquellas orientadas a garantizar la continuidad de los servicios sociales, la entrega oportuna de subsidios, la correcta distribución y aplicación de los fondos de ley y la protección de los derechos de los trabajadores afiliados y sus familias.

Para el caso de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico, el análisis integral de las observaciones identificadas en el Informe Final de Visita Ordinaria permite advertir riesgos relevantes asociados a la conformación y funcionamiento del Consejo Directivo, la verificación de calidades de sus integrantes, la legalidad del quórum, la suficiencia documental de las actas, la procedencia de pagos por honorarios o viáticos, la contratación con posibles partes vinculadas, la administración del Proyecto Las Cayenas, la ejecución de subsidios en especie, la utilización de recursos entre programas y la trazabilidad financiera de recursos de destinación específica.

También resulta necesario que se adopten medidas urgentes para fortalecer los mecanismos de control financiero, contable, contractual y administrativo de la Corporación, con énfasis en los aspectos que fueron objeto de observación en el Informe Final de Visita Ordinaria y en el informe evaluativo de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales.

De igual manera, deberá adelantarse una revisión integral de los procedimientos internos de la Caja, con el fin de verificar su suficiencia frente a la adecuada administración de los recursos parafiscales del cuatro por ciento (4%), la trazabilidad de las decisiones, la gestión de riesgos, la prevención de conflictos de interés, la formalización de operaciones financieras entre programas y la rendición de cuentas ante los órganos de control.

En consecuencia, este Despacho considera que mantener en ejercicio a los órganos ordinarios de dirección y administración no ofrece garantías suficientes para superar de manera inmediata, integral y efectiva las situaciones que dieron lugar a la medida. Por ello, la separación del Director Administrativo y de los miembros del Consejo Directivo resulta necesaria, idónea y proporcional para restablecer la regularidad institucional, fortalecer los mecanismos de control, depurar la trazabilidad de los recursos y asegurar que la administración de la Caja se oriente al cumplimiento de los fines legales y sociales del Sistema del Subsidio Familiar.

9. DESIGNACIÓN DE AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

Finalmente, deberán presentarse a la Superintendencia del Subsidio Familiar los informes que sean requeridos sobre el avance de las acciones adoptadas, el estado de superación de las situaciones que dieron origen a la medida, la protección de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar y la continuidad en la prestación de los servicios sociales a cargo de la Corporación, tal como lo dispone la Resolución número 0629 de 2018.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

Conforme a la decisión de Intervención Administrativa total, que por medio de la presente Resolución se adopta, se hace necesario designar Agente Especial de Intervención para la Caja de Compensación Familiar del Atlántico – Comfamiliar Atlántico, cuyas actuaciones deberán sujetarse a las normas que rigen el Sistema del Subsidio Familiar.

En consecuencia y luego de analizada por parte la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales la hoja de vida del doctor Diego

Artículo 1°.

Adoptar la medida cautelar de Intervención Administrativa Total respecto de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico, por el término

29 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL de doce (12) meses, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Código 0110, Grado 22, conforme a la parte motiva de la presente decisión.

Parágrafo. El Agente Especial de Intervención cumplirá las funciones propias del
Consejo Directivo establecidas en la ley y en los estatutos, entre otras, las siguientes:

Artículo 2°.

Separar del cargo al Director Administrativo Principal de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico, Herber Andrés Mantilla Gómez identificado con la cédula de ciudadanía número 72247574, de conformidad con lo previsto en el numeral 22 del artículo 5° del Decreto número 2595 de 2012 como consecuencia de la adopción de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total.

1. Adoptar la política administrativa y financiera de la Caja teniendo en cuenta el régimen orgánico del subsidio familiar y las directrices impartidas por el Gobier- no Nacional.

Artículo 3°.

Designar como Directora Administrativa Principal de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico a María Teresa Carvajal Aguirre identificada con cédula de ciudadanía número 27091479.

2. Aprobar, en consonancia con el orden de prioridades fijadas en la ley, los planes, y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de los servi- cios, sociales.

3. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y someterlos a la aprobación de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Parágrafo. La Superintendencia del Subsidio Familiar evaluará la gestión del Director
Administrativo a los seis (6) meses de vigencia de la medida cautelar, con el propósito de verificar las actuaciones realizadas en el marco de la Intervención Administrativa Total adoptada para la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico.

4. Determinar el uso que se dará a los rendimientos líquidos o permanentes que arrojen en el respectivo ejercicio las operaciones de la Caja de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 21 de 1982.

5. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y el manejo administrativo y financiero de la Caja.

Artículo 4°.

Separar de sus cargos a los miembros del Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico-, de conformidad con lo previsto en el numeral 22 del artículo 5° del Decreto número 2595 de 2012, como consecuencia de la adopción de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total.

6. Elegir el Director Administrativo Suplente.

MIEMBROS PRINCIPALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADORES

Renglón Afiliado principal Designado

7. Evaluar los informes trimestrales de gestión y de resultados que debe presentar el Director Administrativo.

Primer renglón Cargo vacante. Renuncia presentada mediante oficio Radicado 1-2025- 017391 del 6 de agosto de 2025.

8. Aprobar los contratos que suscriba el Director Administrativo cuando su cuantía fuere superior a la suma que anualmente determine la Asamblea General.

Segundo renglón Cargo vacante. Renuncia presentada mediante oficio Radicado número 1-2025-14254 del 2 de julio de 2025.

José Guillermo Díaz Martínez.

Cédula de ciudadanía número Tercer renglón Banco de Davivienda. NIT.

860.034.313 72125491

9. Presentar los informes escritos trimestrales a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, por parte del Agen- te Especial y su grupo de apoyo, frente a la situación de la caja de compensación familiar correspondiente.

Luis Eduardo Romero Bedoya.

Cédula de ciudadanía número Cuarto renglón Banco de Occidente S.A. NIT.

890.300.279 72273465

Artículo 6°.

Establecer que las actuaciones realizadas por el Agente Especial de Intervención y el Director Administrativo serán desempeñadas bajo su propia responsabilidad.

Fabián Ricardo González Mejía.

Cédula de ciudadanía número Quinto renglón Palmas Oleaginosas de Cascara LTDA. NIT. 890.101.119-0 Paragrafo: El equipo de apoyo de la agencia Especial de Intervención tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

1. Participar en la sustentación y preparación de los diferentes informes.

72237333 MIEMBROS SUPLENTES EN REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADORES Renglón Afiliado Designado Primer renglón Energía Solar S.A.S. E.S. Windows.

NIT. 890.112.475 Rodolfo José Espinosa Meola. Cédula de ciudadanía número 3744755

2. Revisar y conceptuar sobre los diferentes aspectos que someta a su consideración el Agente Especial de Intervención.

Segundo renglón Cartonera Nacional S.A. NIT.

817.006.230 Alberto Vladimir Herazo Cayón. Cédula de ciudadanía número 8706950 Raúl Alberto Garay Marmolejo.

Tercer renglón Finanzas del Litoral S.A. NIT.

Cédula de ciudadanía número 890.102.214 72156815

3. Llevar el archivo sobre los diferentes aspectos que considere el Agente Especial de Intervención, el cual será custodiado por este y trasladado al archivo de la Su- perintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales cuando se levante la medida.

José Rafael Consuegra Machado.

Cuarto renglón Universidad Simón Bolívar. NIT.

Cédula de ciudadanía número 890.104.633 72258609 Quinto renglón Gran Central de Abastos del Caribe Ester Fabiola Elías Castro. Cédula de ciudadanía número

Artículo 7°.

Ordenar a la Caja de Compensación Familiar del Atlántico, el cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones de que trata el acápite 13 de este acto administrativo, con el objetivo de que supere, en el menor tiempo posible, los hallazgos que han dado lugar a la adopción de la medida.

S.A. NIT. 890.115.085-1 57427925

Artículo 8°.

Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

MIEMBROS PRINCIPALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Renglón Afiliado Trabajador

Artículo 9°.

Notificar la presente resolución, según la Ley 1437 de 2011, artículo 66 y siguientes a:

Primer renglón Corporación Desarrollo Social Jaime Urquijo. NIT. 800.218.607 Javier Bermúdez Gómez. Cédula de ciudadanía número 8765985 Sergio Enrique de Alba Orozco.

Segundo renglón Coolhechera. NIT. 890.101.897 Cédula de ciudadanía número 72140262 9.1. La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ATLÁNTICO a través de su Director Administrativo o quien haga sus veces. Para tal efecto puede contactarse en las direcciones electrónicas: info@comfamiliar.com.co y notificacionesjudiciales@comfamiliar.com.co.

Argenida del Carmen Molina Charris.

Tercer renglón Contraloría General del Departamento del Atlántico. NIT.

Cédula de ciudadanía número 890.103.037 22510352 9.2. HERBER ANDRÉS MANTILLA GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía número 72247574 a la dirección Calle 48 # 43-104 al correo electrónico hmantilla@mgasociados.com.co.

Cuarto renglón BBVA Colombia. NIT. 860.003.020 Robbin Alexi Villalobos Mercado. Cédula de ciudadanía número 8532620 Tedys Fernando Albor Beltrán.

Quinto renglón Centro Comercial Gran Boulevard – Propiedad Horizontal. NIT.

Cédula de ciudadanía número 900.830.049 9.3. FABIO VALENTÍN BENAVIDES LÓPEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía número 19120976 a la dirección Calle 48 # 43-104 o al correo electrónico: financiera@comfamiliar.com.co.

72167536 MIEMBROS SUPLENTES EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Primer renglón Unión Temporal Prosos 2021. NIT.

901.457.086 Jesús Jerónimo Rodríguez de las Salas. Cédula de ciudadanía número 8506688 9.4. MANUEL EDUARDO DE LOS RÍOS GUTIÉRREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía número 72309740 a la dirección Calle 48 # 43-104 o al correo electrónico: subsidio@comfamiliar.com.co.

Leonardo Gonzalo Amaya Montalvo.

Segundo renglón Grasco LTDA. NIT. 860.005.264 Cédula de ciudadanía número 72200718 Isaac Esteban de Aguas Bovea. Cédula 9.5. RODOLFO JOSÉ ESPINOZA MEOLA identificado(a) con cédula de ciudadanía número 3744755 a la dirección Av CCV 100 metros de la Vía 40 o al correo electrónico: espinosameola@energiasolarsa.co.

Tercer renglón Banco de Bogotá General Zona.

NIT. 860.002.964 de ciudadanía número 1129536216 Cuarto renglón Vacante Vacante Quinto renglón Centurion Food S.A.S. NIT.

9.6. ESTER FABIOLA ELÍAS CASTRO identificado(a) con cédula de ciudadanía número 57427925 a la dirección km 4 Prol Av Mur Cl 63 1-300 o al correo electrónico: gerencia@granabastos.com.co.

900.102.966 Angélica María Vergara Macías. Cédula 9.7. JOSÉ GUILLERMO DÍAZ MARTÍNEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía número 72125491 a la dirección Cra 58 # 75-158 Piso 5 o al correo electrónico: jgdiaz@davivienda.com. de ciudadanía número 45688837

Artículo 5°.

Designar como Agente Especial de Intervención de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico -Comfamiliar Atlántico— doctor Diego Andrés Velásquez Álvarez identificado con la cédula de ciudadanía número 71268160 – Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 30 DIARIO OFICIAL 9.8. RAÚL ALBERTO GARAY MARMOLEJO identificado(a) con cédula de ciudadanía número 72156815 a la dirección Cra. 46 # 69-130 Oficina 109 o al correo electrónico: rgaray@finanzal.com.

Artículo 12.

Comunicar el contenido de la presente resolución a los bancos y corporaciones financieras de la ciudad de Barranquilla; al Gobernador del Departamento del Atlántico y al Alcalde de la ciudad de Barranquilla.

9.9. FABIÁN RICARDO GONZÁLEZ MEJÍA identificado(a) con cédula de ciudadanía número 72237333 a la dirección Cra 59 75-47 o al correo electrónico: gerencia@palmacara.com.

Artículo 13.

Ordenar al Grupo de Gestión Documental y Notificaciones, una vez en firme el presente acto administrativo, comunique su ejecutoria a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales – Grupo Interno de Registro y Control, para lo de su competencia.

Artículo 14.

La presente resolución rige a partir de su expedición.

9.10. JOSÉ RAFAEL CONSUEGRA MACHADO identificado(a) con cédula de ciudadanía número 72250609 a la dirección Calle 59 # 59-81 o al correo electrónico: jrconsuegra@unisimonbolivar.edu.co.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2026.

9.11. LUIS EDUARDO ROMERO BEDOYA identificado(a) con cédula de ciudadanía número 72273465 a la dirección Cra 51B # 80-58 Piso 18 o al correo electrónico: leromero@bancodeoccidente.com.co.

El Superintendente del Subsidio Familiar (e)

Antonio Eresmid Sanguino Páez (C. F.).

9.12. ALBERTO VLADIMIR HERAZO CAYÓN identificado(a) con cédula de ciudadanía número 8706950 a la dirección Zona franca la Cayena kilómetro 8 Via Bquilla Tubará Manz B Lot B4 al B16 o al correo electrónico: alberto.herazo@carbonera.com.co.

9.13. ISAAC ESTEBAN DE AGUAS BOVEA identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1129536216 a la dirección Calle 86 51B-51 o al correo electrónico: ideaguas87@hotmail.com.

Unidades Administrativas Especiales Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 9.14. ARGENIDA DEL CARMEN MOLINA CHARRIS identificado(a) con cédula de ciudadanía número 22510352 a la dirección Calle 40 # 45-56 Piso 8 o al correo electrónico: argemol@hotmail.com.

Resoluciones

9.15. ANGÉLICA MARÍA VERGARA MACÍAS identificado(a) con cédula de ciudadanía número 45688837 a la dirección Vía 40 # 71-197 Loc 616 o al correo electrónico: gestionhumanaangelicavergara@gmail.com.

(2 DE JULIO DE 2026)

9.16. TEDYS FERNANDO ALBOR BELTRÁN identificado(a) con cédula de ciudadanía número 72167536 a la dirección Calle 106 # 50-67 o al correo electrónico: tedysalbor@hotmail.com.

POR LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE APELACIÓN

9.17. LEONARDO GONZALO AMAYA MONTALVO identificado(a) con cédula de ciudadanía número 72200718 a la dirección Vía 40 54-299 o al correo electrónico: gonzamaya1974@hotmail.com.

TEMA: RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ORDINARIA 9.18. JESÚS JERÓNIMO RODRÍGUEZ DE LAS SALAS identificado(a) con cédula de ciudadanía número 8506688 a la dirección Cra 54 # 72-80 OF 28- 29 o al correo electrónico: jesusdelassalas1979@hotmail.com.

RECURRENTE: BANCOLOMBIA S.A. NIT: 890.903.938-8 890.903.938-8 811.001.259-7 9.19. ROBBIN ALEXI VILLALOBOS MERCADO identificado(a) con cédula de ciudadanía número 8532620 a la dirección Cra 45 # 42-63 o al correo electrónico: ravim54@hotmail.com.

MANDATARIO: AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S. NIT: 811.001.259-7 REPRESENTANTE LEGAL:

FRANCISCO JAVIER DIAZ BARRETO

CÉDULA CIUDADANÍA: 78.715.646 78.715.646 9.20. JAVIER BERMÚDEZ GÓMEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía número 8765985 a la dirección Cra 49C # 102-170 Apto 1405 o al correo electrónico: jabergo@hotmail.com.

ACTO IMPUGNADO:

RESOLUCIÓN NRO. 2026003980600373 DEL

4 DE MAYO DE 2026 1002026E023876 DEL 6 DE MAYO DE 2026 RAD. Y FECHA DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO:

9.21. SERGIO ENRIQUE DE ALBA OROZCO identificado(a) con cédula de ciudadanía número 72140262 a la dirección Cra 17 # 16-55 o al correo electrónico: gatoser@hotmail.com.

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ADUANERA DE LA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS

9.22.

ASESORÍAS CONTABLES DEL CARIBE S.A.S – ACONTIS

identificada con Nit. 900.162.902 por intermedio de su designada Andrea Presutti Flórez identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1047420951 a la dirección Calle 28 No. 27 - 05 Edificio Seaport Of 901 o al correo electrónico: apresutti@acontis.co.

En ejercicio de las facultades legales establecidas en el artículo 23 del Decreto 1742 de 2020, en concordancia con el numeral 3.3.1 del artículo 2 de la Resolución 70 de 2021 y de la Resolución 5695 del 29 de mayo de 2025 de la Subdirección de Gestión del Empleo Público y con fundamento en los siguientes:

I.

PRESUPUESTOS PROCESALES

9.23. CASTRO AUDITORES S. A. identificada con Nit. NIT. 900.037.756 por intermedio de su designado Aldemar Castro Nieto identificado(a) con cédula de ciudadanía número 85460802 a la dirección Cra 53 # 80-198 Of. 406 o al correo electrónico: info@castroauditores.co.

Para efectos de la admisión del recurso de apelación, se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establecen:

Parágrafo. En caso de no poder hacerse la notificación personal, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Esta deberá surtirse por aviso.

«ART. 76. Oportunidad y Presentación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al ».

Artículo 10.

Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición, en el efecto devolutivo, ante el Despacho del Superintendente del Subsidio Familiar, según la Ley 1437 de 2011, artículo 74, y la Resolución número 629 de 2018, el cual podrá interponerse durante la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes.

Artículo 11.

Comunicar el contenido de la presente resolución a:

«ART. 77. - Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

11.1. Al Agente Especial de Intervención designado Diego Andrés Velásquez Álvarez identificado con la cédula de ciudadanía número 71268160 al Corro electrónico: dvelasqueza@ssf.gov.co

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio »

11.2. Al Director Administrativo designado María Teresa Carvajal Aguirre identificada con cédula de ciudadanía número 27091479 al correo electrónico maytecarvajal7@yahoo.com.co.

31 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL Se recibe respuesta mediante radicado nro. E2026000100165398000246 del 27 de marzo de 2026, en dos (2) páginas, a través de la cual, el solicitante eligió la unidad funcional 1, que corresponde a la combinación de máquinas para quebrantar y triturar caliza.

Oportunidad y Personería. Conforme a lo previsto en el artículo 76 y en el numeral 1 del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
- CPACA, revisada la documentación obrante en el expediente y el escrito que nos ocupa, se verificó lo siguiente:

III. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

El recurrente, dentro del término legal para presentar el escrito de apelación, manifestó su inconformidad en los siguientes términos:

811.001.259-7 78.715.646 890.903.938-8 La Resolución nro. 2026003980600373 del 04 de mayo de 2026, fue notificada vía correo electrónico el 5 de mayo de 2026 a la Agencia de Aduanas Roldan S.A.S. con NIT 811.001.259-7 a través de su representante legal, señor FRANCISCO JAVIER DIAZ BARRETO identificado con cedula de ciudadanía nro. 78.715.646, quien actúa como mandataria de la sociedad BANCOLOMBIA S.A. con NIT 890.903.938-8 y el recurso de apelación fue presentado por la misma agencia de aduanas el 6 de mayo de 2026 mediante radicado No. 1002026E023876 a través del buzón oficial corresp_entrada_NC@dian.gov.co, esto es dentro de la oportunidad legal.

Por lo anterior, cumple con estos requisitos.

Procedencia y demás requisitos. Según lo establecido en el artículo 305 del Decreto 1165 de 2019, se encuentra acreditada la procedencia del recurso de apelación interpuesto.

Bajo radicado Nro. E2026000100165398000246 del 27 de marzo, se precisó que se seleccionaba la unidad funcional Nro.1 para que fuese clasificada por el despacho correspondiente, la cual estaba conformada por los 15 equipos previamente mencionados en el numeral 1. Considerando lo anterior, la Subdirección Técnica Aduanera emitió acto administrativo que decidió de fondo la clasificación oficial bajo resolución Nro. 2026003980600373. Empero, con base en su revisión pormenorizada, se evidenció que no está relacionando la totalidad de los 15 equipos mencionados en el Oficio Nro. S2026000100165398000307, haciendo abstracción tanto de las tres (3) tuberías o conductos como del tablero de arranque. (Negrillas fuera de texto)

Agregando posteriormente:

En cuanto al requisito previsto en el numeral 2 y 4 del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se observa el cumplimiento de éstos. Respecto al numeral 3 ibidem, el recurrente no solicita ni aporta pruebas.

Por lo tanto, solicitamos a su despacho sea corregida la resolución 2026003980600373 del 04 de mayo de 2026, en el sentido de que, en su parte considerativa, sean añadidos los siguientes 2 equipos:

Así las cosas, el recurso de apelación objeto de la presente Resolución, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. ANTECEDENTES

78.715.646 811.001.259-7 890.903.938-8 Tres (3) tuberías o conductos y un (1) tablero de arranque. Lo anterior en vista de que: a) las tuberías transportan y crean un circuito de aire cerrado fundamental para el proceso de clasificación y transporte del polvo fino, configurándose como un mecanismo sustancial para la interconexión de todos los equipos que conforman el sistema de molienda y de que, b) el tablero de arranque se constituye como el mecanismo eléctrico principal de control, configuración, parametrización y monitoreo de todas las funciones lógicas, secuenciales y mecánicas del sistema en su conjunto (Negrillas fuera de texto)

Mediante radicado nro. 235410000003286 de 11 de febrero de 2026, el Sr. FRANCISCO JAVIER DIAZ BARRETO, identificado con cédula de ciudadanía 78.715.646, representante legal suplente de la AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S., con NIT 811.001.259-7, mandatario de la sociedad BANCOLOMBIA S.A., con NIT 890.903.938-8, presentó una solicitud de resolución de clasificación arancelaria ordinaria, para la IV. FIJACIÓN DE LA CONTROVERSIA Mediante requerimiento de información No. S2026000100165398000164 del 17 de febrero de 2026 este despacho solicitó al usuario información necesaria para realizar la respectiva clasificación. mediante radicado No. E2026000100165398000223 del 16 de marzo de 2026, el usuario responde el requerimiento de información.

1. En los términos del recurso interpuesto para el caso concreto, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si la Coordinación de Clasificación Arancelaria, con la expedición de la Resolución nro. 2026003980600373 del 04 de mayo de 2026 omitió o no, incluir dentro de la unidad funcional número 1, escogida por el recurrente.

V. MARCO JURÍDICO APLICABLE

2. Para resolver el presente recurso se tendrá en cuenta el siguiente marco normativo:

La Coordinación de Clasificación Arancelaria, revisó de manera integral la información contenida en los radicados antes mencionados, e identificó dos (2) unidades funcionales así: 1. combinación de máquinas para quebrantar y triturar caliza y 2. combinación de máquinas destinadas al empaque del producto final.

1. Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y su anexo, aprobado por Colombia mediante Ley 646 de 2001.
2. Acuerdo de Cartagena aprobado por Colombia mediante Ley 8ª de 1973.
3. Decisión 885 de la Comisión de la Comunidad Andina, mediante la cual se aprobó el Texto Único de la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, mediante oficio nro. S2026000100165398000307 del 24 de marzo de 2026, se solicitó al interesado elegir una de las dos unidades funcionales a clasificar con la presente solicitud, para lo cual, contaba con 5 días de acuerdo con lo establecido en el artículo 314 de la Resolución 046 de 2019, modificado por el artículo 15 de la Resolución 185 de 2024.

6. Lo anterior, en concordancia con lo expuesto

4. Decreto 1881 de 2021 y sus modificaciones, por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones.
5. Decreto 1165 de 2019 del Gobierno Nacional y sus modificaciones artículos 302 a 307, mediante el cual se dictan las disposiciones relacionadas con las solicitudes de resolución de clasificación arancelaria ordinarias.
6. Resolución 046 de 2019 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y sus modificaciones artículos 313 a 319, mediante la cual se reglamentan las solicitudes de resolución de clasificación arancelaria ordinarias.

3. Para el caso sub examine se consideran las siguientes Regla, Nota y Texto de Partida:

Nota 4 de la Sección XVI: por elementos individualizados (incluso separados o unidos entre sí por tuberías, órganos de transmisión, cables eléctricos o de otro modo) para realizar conjuntamente una función netamente definida, comprendida en una de las partidas de los Capítulos 84 u 85, el conjunto se clasifica en la partida correspondiente a la función que

7. Posteriormente, en la resolución atacada, se omite la inclusión de estos dos productos, como se puede ver a continuación:

Texto de la Partida 84.74: triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4. Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el recurrente contra la Resolución de clasificación arancelaria ordinaria nro. 2026003980600373 del 04 de mayo de 2026, mediante la cual, se clasificó el producto denominado técnicamente trapezoidal MTW 115GW en la subpartida 8474.20.90.90 del Arancel de Aduanas.

8. Revisada la resolución atacada, se tiene que, por parte de la Coordinación de Clasificación Arancelaria, no se brinda una explicación sumaria del porqué inicialmente se incluyeron los productos tres (3) tuberías o conductos y un (1) tablero de arranque, dentro de la unidad funcional 1, y porqué posteriormente los mismos no figuran en la resolución de clasificación arancelaria ordinaria.

VII. CONCLUSIONES DEL DESPACHO

5. Para resolver el caso, lo primero es identificar plenamente qué productos comprendía la unidad funcional 1, elegida por el recurrente, después de haber recibido el oficio de elección para que escogiera una de las dos unidades funcionales, en ese sentido, se tiene que, mediante oficio S2026000100165398000307 del 24 de marzo de 2026, la Coordinación de Clasificación Arancelaria, dividió en dos la unidad funcional presentada para clasificación, comprendiendo la primera, tres (3) tuberías o conductos y un (1) tablero de arranque, tal y como lo indicó el recurrente en su escrito de apelación.

9. Revisada la resolución de clasificación arancelaria ordinaria, junto con los antecedentes administrativos que la componen, este despacho concluye que le asiste razón al recurrente en cuanto a que, dentro de la unidad funcional 1, que escogió en el oficio de respuesta de elección de mercancía radicado No.E2026000100165398000246 del 27 de marzo de 2026, debieron estar incluidas tres (3) tuberías o conductos y un (1) tablero de arranque, toda vez que, hacen parte integral de la unidad funcional 1 y había sido reconocido así por la Coordinación de Clasificación Arancelaria, mediante oficio S2026000100165398000307 del 24 de marzo de 2026.

10. Resulta pertinente, conducente y útil recordar que, entre las características de estos productos se encuentra un:

Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 32 DIARIO OFICIAL existen fundamentos jurídicos para modificar los considerandos del acto administrativo que se revisa en lo concerniente al listado de equipos.

16. En consecuencia, se procederá a modificar la Resolución nro. 2026003980600373 del 04 de mayo de 2026, expedida por la Coordinación de Clasificación Arancelaria de la Subdirección Técnica Aduanera, en el sentido de adicionar al listado de equipos que

los numerales 14 y 15, los cuales quedaran así:

Sistema de tuberías y conductos que actúan como venas de alta presión y velocidad dado que el aire es el medio que transporta el material mineral. Este conjunto de tuberías está divido en 3 tramos: a) conducto de entrada de aire que conecta la salida del ventilador principal con la base del molino: lleva aire a alta presión hasta las toberas del molino para levantar el material pulverizado, b) conducto de salida de aire que conecta la parte superior del molino (clarificador) con el colector de polvo ciclónico: transporta el producto final suspendido en el aire y c) conducto de retorno de aire que conecta la salida superior del ciclón de regreso a la entrada del ventilador principal: recircula el aire que se separó en el ciclón. Al ser un circuito cerrado, se evita liberar polvo al ambiente y se mantiene el equilibrio térmico del sistema (Negrillas fuera de texto)

Tres (3) unidades de tuberías o conductos de acero compuestos por: un conducto de entrada de aire con dimensiones de entre 500 mm - 700 mm; un conducto de salida de aire de dimensiones aprox. de 600 mm - 800 mm y un conducto de retorno de aire en de diámetro aprox. de entre 500 mm - 700 mm. Transportan el material mineral y crean un circuito de aire cerrado fundamental para el proceso de clasificación y transporte del polvo fino.

11. gestiona los variadores de frecuencia y las protecciones del sistema para un funcionamiento seguro y automatizado. Es un tablero que solo controla la energía (ON/OFF) de los equipos .

Un (1) tablero de arranque que funciona como centro eléctrico y lógico que gestiona toda la operación del molino y sus equipos auxiliares (como alimentadores, sopladores, separadores, motores, etc.). Este gabinete centraliza la supervisión, el arranque/parada, la protección, y el control automatizado de la planta.

12. En ese sentido, es claro para este despacho que, sin esos dos productos, la unidad funcional simplemente no podría funcionar, porque no estaría completa, no se puede concebir que funcione sin los conductos de entrada y salida de aire, así como tampoco se puede concebir que funcione sin el tablero de arranque.

17. En mérito de lo expuesto, la Subdirección Técnica Aduanera de la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN,

VIII. RESUELVE:

13. En este punto es importante precisar que al momento de realizar el análisis respectivo se tuvieron en cuenta estos dos elementos, tres (3) tuberías o conductos y un (1) tablero de arranque, para ser considerado el trapezoidal MTW 115GW , como unidad funcional, tan cierto es que fueron citados en el oficio de elección de mercancía remitido al solicitante con radicado Nro. S2026000100165398000307 del 24 de marzo de 2026, así:

Artículo primero.

MODIFICAR la Resolución nro. 2026003980600373 del 04 de mayo de 2026 expedida por la Coordinación de Clasificación Arancelaria de la Subdirección Técnica Aduanera, en el sentido de adicionar al listado de equipos que componen la unidad funcional denominada técnica y co

Del análisis integral de la información aportada mediante los radicados antes mencionados, se observa que la mercancía objeto de estudio comprende dos (2) unidades funcionales así:

los equipos señalados en los numerales 14 y 15 de conformidad con lo expuesto en los considerandos del presente acto administrativo, así:

14. Tres (3) unidades de tuberías o conductos de acero compuestos por: un conducto de entrada de aire con dimensiones de entre 500 mm - 700 mm; un conducto de salida de aire de dimensiones aprox. de 600 mm - 800 mm y un conducto de retorno de aire en de diámetro aprox. de entre 500 mm - 700 mm. Transportan el material mineral y crean un circuito de aire cerrado fundamental para el proceso de clasificación y transporte del polvo fino.

1. Combinación de máquinas para quebrantar y triturar caliza compuesta por: una (1) tolva, dos (2) vibradores de pared de tolva; una (1) cinta transportadora; un (1) removedor de hierro; un (1) molino trapezoidal; un (1) compresor de aire; un (1) colector ciclónico; un (1) filtro de bolsas de impulso; un (1) transportador de tornillo (que dirige el producto terminado recogido por el colector ciclónico y el filtro al elevador); un (1) elevador de cangilones; un (1) filtro para silo; silo de descarga; dos (2) medidores de nivel; tres (3) tuberías o conductos y un (1) tablero de arranque.

15. Un (1) tablero de arranque que funciona como centro eléctrico y lógico que gestiona toda la operación del molino y sus equipos auxiliares (como alimentadores, sopladores, separadores, motores, etc.). Este gabinete centraliza la supervisión, el arranque/parada, la protección, y el control automatizado de la planta.

14. En consecuencia, el estudio realizado por esta instancia permite establecer que la resolución recurrida omitió reconocer como parte de la unidad funcional las tres (3) tuberías o conductos y un (1) tablero de arranque, cuando en realidad esta unidad funcional está compuesta por los siguientes elementos, conforme los antecedentes de la solicitud:

Artículo segundo.

MANTÉNGANSE INCÓLUMES, las demás disposiciones contenidas en la Resolución nro. 2026003980600373 del 04 de mayo de 2026, expedida por la Coordinación de Clasificación Arancelaria de la Subdirección Técnica Aduanera.

811.001.259-7 890.903.938-8 Combinación de máquinas para quebrantar y triturar caliza compuesta por: una (1) tolva, dos (2) vibradores de pared de tolva; una (1) cinta transportadora; un (1) removedor de hierro; un (1) molino trapezoidal; un (1) compresor de aire; un (1) colector ciclónico; un (1) filtro de bolsas de impulso; un (1) transportador de tornillo (que dirige el producto terminado recogido por el colector ciclónico y el filtro al elevador); un (1) elevador de cangilones; un (1) filtro para silo; silo de descarga; dos (2) medidores de nivel; tres (3) tuberías o conductos y un (1) tablero de arranque

15. Por estas razones, al evidenciarse la omisión en la resolución sub examine, los argumentos expuestos en el recurso tienen mérito para ser aceptados, toda vez que

Artículo tercero.

NOTIFÍQUESE de manera electrónica, la presente Resolución a la AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S. NIVEL 1 con NIT 811.001.259-7, en calidad de mandataria del Banco de Colombia S.A con NIT 890.903.938-8, a través de su representante legal suplente, el señor FRANCISCO JAVIER DIAZ BARRETO identificado con cédula de ciudadanía nro. 78.715.646 o a quien haga sus veces, a las direcciones electrónicas informadas en la solicitud: schaparro@roldanlogistica.com y fsterling@roldanlogistica.com, de conformidad con lo establecido por el artículo 759 del

78.715.646 schaparro@roldanlogistica.com fsterling@roldanlogistica.com, 3RUODFXDOVHH[SLGHXQD5HVROXFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 2UGLQDULD /$ -()( $ '(/$&225',1$&,Ï1'(&/$6,),&$&,Ï1$5$1&(/$5,$'(/$ 68%',5(&&,Ï17e&1,&$$'8$1(5$ Decreto 1165 de 2019, modificado por el artículo 137 del Decreto 360 de 2021 y el artículo 684-2 de la Resolución 046 de 2019, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, adicionada por el artículo 208 de la Resolución 0039 de 7 de mayo de 2021 y la Resolución 038 de 2020.

(QXVRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHVTXHOHFRQILHUHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR GH OD CR 43 A 1 A SUR 69 IN 703 ED EDIFICIO TEMPO 5HVROXFLyQGH\WHQLHQGRHQFXHQWDORVVLJXLHQWHV +(&+26 De no ser posible, notificar por correo físico a la dirección registrada en el RUT: CR 43 A 1 A SUR 69 IN 703 ED EDIFICIO TEMPO en la ciudad de Medellín departamento de Antioquia, o de manera subsidiaria mediante aviso en el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 756, 763 y 764 del Decreto 1165 de 2019.

0HGLDQWHUDGLFDGR1RGHGHHQHUR GHHO6U-8$1&$5/26 +(1$23(/$(=LGHQWLILFDGRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtD SUHVHQWyXQDVROLFLWXG GHUHVROXFLyQGHFODVLILFDFLyQDUDQFHODULDRUGLQDULD SDUDODPHUFDQFtDGHQRPLQDGD WpFQLFD \FRPHUFLDOPHQWHFRPR³0$//$620%5$´

Artículo cuarto.

PUBLÍQUESE la presente resolución en el Diario Oficial y en la página web de la DIAN, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 319 de la Resolución 46 de 2019, modificado por el artículo 114 de la Resolución 39 de 2021, y en concordancia con lo establecido por el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 119 de la Ley 489 de 1998.

(OLQWHUHVDGRDGMXQWyDODVROLFLWXGORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV

Artículo quinto.

RECURSOS - contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, quedando así agotada la actuación administrativa.

RUPDWRGHODVROLFLWXG6,(6$53HQXQDSiJLQD &RPSUREDQWHGHSDJRHQXQDSiJLQD &HUWLILFDGRGHDQiOLVLVPHUFLROyJLFRHQXQDSiJLQD

Artículo sexto.

REMÍTASE, una vez en firme el presente acto administrativo, por medio de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la Subdirección Administrativa, copia a la Coordinación de Clasificación Arancelaria de la Subdirección Técnica Aduanera, para lo de su competencia.

(O VROLFLWDQWH SDJy VHWHFLHQWRV WUHLQWD PLO VHWHFLHQWRV VHVHQWD \ GRV SHVRV 0&7( VHJ~QFRQVLJQDFLyQQ~PHUR GHGHHQHURGHGHO%DQFRGH %RJRWi 0HGLDQWH5HTXHULPLHQWRGH,QIRUPDFLyQ1R 6GHOGHIHEUHUR GH HVWH'HVSDFKRVROLFLWyDOXVXDULR NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE ³$FODUDUVLODPDOODHVWiIDEULFDGDHQSROLSURSLOHQRRFRQWLHQHRWUDVILEUDVWH[WLOHV (QFDVRDILUPDWLYRLQGLFDUFRPSRVLFLyQSRUFHQWXDOHQSHVR 3UHFLVDUVLHOSROLSURSLOHQRVHSUHVHQWDHQIRUPDGHPRQRILODPHQWRPXOWLILODPHQWRRWLUD REWHQLGDSRUH[WUXVLyQ,QGLFDUFXiOHVHODQFKRGHFDGDWLUDHQPP /DPDOODHVXQWHMLGRDELHUWRWLSRUHGRSUHVHQWDXQDHVWUXFWXUDFRPSDFWD (O SURGXFWR KD VLGR VRPHWLGR ~QLFDPHQWH D WHxLGR \ DSUHVWR R FXHQWD FRQ RWURV WUDWDPLHQWRVHQFDVRDILUPDWLYRLQGLFDUORFRUUHVSRQGLHQWH 33 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL FDVHtQD\RWUDVSURWHtQDVRiFLGRDOJtQLFRSDUDREWHQHUSROtPHURVWDOHVFRPRDFHWDWRGH FHOXORVDRDOJLQDWRV,QIRUPDU VL HO SURGXFWR D FODVLILFDU VH SUHVHQWD HQ UROORV OiPLQDV FRUWDGDV R 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8QVXEVLVWHPDGHSUHSDUDFLyQGHIORFXODQWHFDWLyQLFRFRPSXHVWRSRUXQWDEOHURGH FRQWUROGH9+])\XQWDQTXHSUHSDUDGRUDXWRPiWLFRGHSURGXFWRVTXtPLFRV GH/HTXLSDGRFRQVLVWHPDGHDJLWDFLyQ\FDSDFLGDGGHSUHSDUDFLyQGH/KFRQ SRWHQFLDGH+33UHVHQWDGLPHQVLRQHVGHPGHDQFKRPGHODUJR\PGH DOWRXQSHVRGHNJ\HVWiIDEULFDGRHQPDWHULDOSOiVWLFR6XIXQFLyQHVSUHSDUDU\ GRVLILFDUSROtPHURFDWLyQLFRSDUDVXLQ\HFFLyQHQHOWHUFHUFDEH]DOGHO VLVWHPD*(0(O VLVWHPDHVWiFRPSXHVWRSRUWUHVFRPSDUWLPHQWRVGRVGHHOORVFRQDJLWDFLyQDGHPiVGH XQGRVLILFDGRUXQDERPEDGRVLILFDGRUDXQFROHFWRUGHDJXD\XQSDQHOGHFRQWURO7LHQHOD FDSDFLGDG GH SUHSDUDU OD VROXFLyQ GH SROLHOHFWUROLWR HQ DJXD R XWLOL]DU GLUHFWDPHQWH HO SROtPHURHQHPXOVLyQ(ODJXDGHGLOXFLyQLQJUHVDDOWDQTXHDWUDYpVGHXQFROHFWRUGHDJXD DXWRPDWL]DGR PLHQWUDV TXH HO SROLHOHFWUROLWR HQ SROYR HV DOPDFHQDGR HQ XQD WROYD \ GHVFDUJDGRHQHOFRQRGHGLVSHUVLyQGHXQDWREHUDGHDJXD 8QDERPEDGHGRVLILFDFLyQGHSROtPHURVFRQFDSDFLGDGGHOSPDSVL\SRWHQFLD GH+3SUHVHQWDGLPHQVLRQHVGHPGHDQFKRPGHODUJR\PGHDOWR XQ SHVR GH NJ \ XQD YHORFLGDG GH RSHUDFLyQ GH USP (VWi 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SDOHWDVDWUDYpVGHOJLURGHXQDFDGHQDDODFXDOVHHQFXHQWUDQVXMHWDV(OPRYLPLHQWRGH ODVSDOHWDVVHFRQILJXUDGHVGHHOWDEOHURGHOVLVWHPD*(0PHGLDQWHODSURJUDPDFLyQGHO WLHPSRGHHVSHUD\ODGXUDFLyQGHOPRYLPLHQWR 8QDERPEDGHORGRVGHOVLVWHPD*(0GHFDYLGDGSURJUHVLYDFRQFDSDFLGDGGH PñK\SRWHQFLDGH+3SUHVHQWDGLPHQVLRQHVGHPGHDOWRPGHDQFKR\ PGHODUJRXQSHVRGHNJ\XQDYHORFLGDGGHRSHUDFLyQGHUSP(VWi IDEULFDGDHQKLHUURIXQGLGR6XIXQFLyQHVHYDFXDUORVORGRVGHVGHODWROYDGHUHFHSFLyQ WHPSRUDOGHOVLVWHPD*(0/DWROYDFXHQWDFRQXQVHQVRUGHQLYHOTXHDFWLYDODERPED FXDQGRHOORGRDOFDQ]DHOQLYHODOWRSHUPLWLHQGRVXGHVFDUJDKDVWDDOFDQ]DUHOQLYHOEDMR (QFDVRGHTXHHOORGROOHJXHDOQLYHODOWRDOWRGHODWROYDHOVLVWHPD*(0VHDSDJDUi DXWRPiWLFDPHQWHSDUDHYLWDUGHUUDPHV 8QWDQTXHGHOVLVWHPD*(0TXHLQFOX\HVHLVFDEH]DOHV/6*0XQ FRPSUHVRUFiPDUDGHFRQGHQVDFLyQWDQTXHGHIORFXODFLyQEDUUHGRUGHSDOHWDVUHFHSWRU GHORGRV\ERPEDGHORGRVGHFDYLGDGSURJUHVLYD/RVPRWRUHVRSHUDQDXQYROWDMHGH 9$&IDVHVFRQXQDSRWHQFLDWRWDOLQVWDODGDGHN:,QFOX\HWDEOHURGHFRQWUROGH 9+])6XIXQFLyQHVUHFLELUHODJXDFUXGDSURYHQLHQWHGHOSURFHVRSURGXFWLYR GHODHPSUHVDODFXDOLQJUHVDDOVLVWHPD*(0PHGLDQWHXQDERPEDGHDOWDSUHVLyQTXH HQYtDHOIOXMRKDFLDORVFDEH]DOHV/6*0GRQGHODFRUULHQWHHVPH]FODGDFRQSURGXFWRV TXtPLFRV\VDWXUDGDFRQDLUHDSUHVLyQVXPLQLVWUDGRSRUHOFRPSUHVRU3RVWHULRUPHQWHHO DJXDSDVDSRUODFiPDUDGHFRQGHQVDFLyQGHEXUEXMDV\FRQWLQ~DKDFLDHOWDQTXHSULQFLSDO GRQGHODVEXUEXMDVKDFHQIORWDUORVIOyFXORVDJORPHUDGRVSDUDVXUHWLURGHOSURFHVRHQIRUPD GHORGR 8Q VLVWHPD GH IORFXODQWH DQLRQLFR $' FRQ FDSDFLGDG /W GREOH ERPED GHSyVLWRVHQSROLSURSLOHQR33+FRPSXHVWRSRU (OVLVWHPDVHUiXELFDGRHQ%HUiVWHJXL&LpQDJDGH2UR&yUGREDRFXSDQGRXQDUHDHQWUH DP (O SUHVHQWH DFWR DGPLQLVWUDWLYR WLHQH FDUiFWHU HPLQHQWH WpFQLFR \ VH IXQGDPHQWD HQ OD DSOLFDFLyQHVWULFWDGHOD1RWDGHOD6HFFLyQ;9,GHO6LVWHPD$UPRQL]DGRGH'HVLJQDFLyQ \&RGLILFDFLyQGH0HUFDQFtDGLFKDQRWDHVWDEOHFHTXHSDUDHIHFWRVGHODFODVLILFDFLyQ DUDQFHODULDODVXQLGDGHVIXQFLRQDOHVGHEHQFRQVLGHUDUVHFRPRXQFRQMXQWRGHPiTXLQDV TXHDOFRPELQDUVHFRQWULEX\DQFRQMXQWDPHQWHDUHDOL]DUXQDIXQFLyQGHILQLGD 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ODVPiTXLQDVTXHLQWHJUDQODXQLGDGIXQFLRQDOVLQTXHSDUDHOORVHDQHFHVDULRGHVFULELU FDGD XQR GH ORV HOHPHQWRV TXH ODV FRPSRQHQ \ TXH VRQ QHFHVDULRV SDUD VX QRUPDO IXQFLRQDPLHQWRGHHVWDPDQHUDVHJDUDQWL]DHOHVFULWRFXPSOLPLHQWRGHOD1RWDHYLWDQGR LQWHUSUHWDFLRQHV TXH FRQGX]FDQ D XQD GHVFRPSRVLFLyQ LQQHFHVDULD GH ODV PiTXLQDV \ DVHJXUDQGR TXH OD FODVLILFDFLyQ DUDQFHODULD UHIOHMH OD IXQFLyQ GHILQLGD GHO FRQMXQWR (V Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 44 DIARIO OFICIAL LPSRUWDQWH WHQHU HQ FXHQWD TXH DO PRPHQWR GH OD LPSRUWDFLyQ HO GHFODUDQWH GH FRQIRUPLGDG FRQ OD QRUPDWLYLGDG DGXDQHUD YLJHQWH \ ORV GRFXPHQWRV VRSRUWH H[LJLEOHV GHEHUiDFUHGLWDUORTXHFRUUHVSRQGD 6HJ~QORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWRODPHUFDQFtDREMHWRGHDQiOLVLVFRQVLVWHHQXQFRQMXQWR GH PiTXLQDV \ DSDUDWRV GLVSXHVWRV SDUD HO WUDWDPLHQWR GH DJXDV UHVLGXDOHV (Q FRQVHFXHQFLDGLFKRFRQMXQWRVHDMXVWDDORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQOD1RWD/HJDOGHOD 6HFFLyQ;9, GHO 6LVWHPD $UPRQL]DGR SDUD FRQVLGHUDUVH FRPR XQD FRPELQDFLyQ GH PiTXLQDVFRQXQDIXQFLyQQHWDPHQWHGHILQLGD 5HVROXFLyQ GH PRGLILFDGR SRU HO DUWtFXOR GH OD 5HVROXFLyQ GH HO DUWtFXOR GH OD /H\ GH \ HO DUWtFXOR GH OD /H\ GH $57Ë&8/248,1725HPLWLUXQDYH]HQILUPHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRSRU PHGLR GH OD &RRUGLQDFLyQ GH &RUUHVSRQGHQFLD \ 1RWLILFDFLRQHV GH OD 6XEGLUHFFLyQ $GPLQLVWUDWLYD DOD&RRUGLQDFLyQGH &ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULDGHOD6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD $GXDQHUDSDUDORGHVXFRPSHWHQFLD 'HO DQiOLVLV GH OD LQIRUPDFLyQ DQWHULRU VH GHWHUPLQD TXH OD PHUFDQFtD GHVFULWD HQ ORV QXPHUDOHV DO FRQVLVWH HQ XQD FRPELQDFLyQ GH PiTXLQDV \ DSDUDWRV TXH WUDEDMDQ FRQMXQWDPHQWHSDUDGHSXUDUDJXDUHVLGXDOSURYHQLHQWHGHXQSURFHVRLQGXVWULDOFRQIRUPH FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHOD1RWDGHOD6HFFLyQ;9,\HQYLUWXGGHOD5HJOD*HQHUDO,QWHUSUHWDWLYD HVWi FRPSUHQGLGD HQ OD SDUWLGD GH OD 1RPHQFODWXUD GHO 6LVWHPD $UPRQL]DGR TXH VHxDOD SDUD HVWD SDUWLGD ³&HQWULIXJDGRUDV LQFOXLGDV ODV VHFDGRUDV FHQWUtIXJDVDSDUDWRVSDUDILOWUDURGHSXUDUOtTXLGRVRJDVHV´\HQDSOLFDFLyQGHOD5HJOD *HQHUDO,QWHUSUHWDWLYD VH FODVLILFD HQ OD VXESDUWLGD GHO $UDQFHO GH $GXDQDVGHWHUPLQDGDSDUD³ /RVGHPiV´GHQWURGHODSDUWLGDWiFLWD³ $SDUDWRVSDUD ILOWUDURGHSXUDUOtTXLGRV´ 127,)Ë48(6(38%/Ë48(6(<&Ò03/$6( (QPpULWRGHORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD-HIH $GHOD&RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ $UDQFHODULD GHOD6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD 5(68(/9( $ 0 $57Ë&8/235,0(52&ODVLILFDU ODPHUFDQFtDGHVFULWDHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQOD VXESDUWLGDGHO$UDQFHOGH$GXDQDVFRPRXQDFRPELQDFLyQGHPiTXLQDV\ DSDUDWRV TXH WUDEDMDQ FRQMXQWDPHQWH SDUD GHSXUDU DJXDV UHVLGXDOHV LQGXXVWULDOHV HQ DSOLFDFLyQGHOD1RWDGHOD6HFFLyQ;9,\ODV5HJODV*HQHUDOHV,QWHUSUHWDWLYDV\GHO PHQFLRQDGRWH[WRDUDQFHODULRFRQWHQLGRHQHO'HFUHWRGH\VXVPRGLILFDFLRQHV 'HFRQIRUPLGDGFRQODUHVROXFLyQ1RGHOGHPDU]RGHHVWDILUPDHOHFWUyQLFDWLHQHSOHQDYDOLGH]\ UHPSOD]DHQWRGRVVXVHIHFWRVDODILUPDPDQXVFULWD IVWHUOLQJ#UROGDQORJLVWLFDFRP \EDUUHWR#UROGDQORJLVWLFDFRP 0$5&(/$-2+$11$0$57,1(=)$-$5'2 -HIH &RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 0$5&(/$-2+$11$0$57,1(=)$-$5'2 -HIH &RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD $57Ë&8/2 6(*81'2 1RWLILFDU GH PDQHUD HOHFWUyQLFD HO FRQWHQLGR GH OD SUHVHQWH 5HVROXFLyQ DO VHxRU )5$1&,6&2 -$9,(5 'Ë$= %$55(72 LGHQWLILFDGR FRQ FpGXOD GH FLXGDGDQtD 1R HQ FDOLGDG GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO VXSOHQWH GH OD $*(1&,$ '( $'8$1$6 52/'È1 6$6 1,9(/ FRQ 1,7 D ODV GLUHFFLRQHV HOHFWUyQLFDV LQIRUPDGDV HQ OD VROLFLWXG IVWHUOLQJ#UROGDQORJLVWLFDFRP \EDUUHWR#UROGDQORJLVWLFDFRP GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR GHO 'HFUHWR GH PRGLILFDGR SRU HO DUWtFXOR GHO 'HFUHWR GH \ HO DUWtFXOR GH OD 5HVROXFLyQ GH PRGLILFDGR SRU HO DUWtFXOR GH OD 5HVROXFLyQ GH 6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD 6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD &UD 1R %)RQWLEyQ %RJRWi '& 'H QR VHU SRVLEOH OD QRWLILFDFLyQ HQ IRUPD HOHFWUyQLFD HO SUHVHQWH DFWR DGPLQLVWUDWLYR VH QRWLILFDUi SRU FRUUHR D OD GLUHFFLyQ SURFHVDO LQIRUPDGD SRU HO XVXDULR &UD 1R %)RQWLEyQ %RJRWi '& R GH PDQHUD VXEVLGLDULD PHGLDQWH DYLVR HQ HO VLWLR ZHE GH OD 'LUHFFLyQ GH,PSXHVWRV \ $GXDQDV 1DFLRQDOHV GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ ORV DUWtFXORV \ GHO 'HFUHWR GH $57Ë&8/27(5&(52,QIRUPDU DOLQWHUHVDGR 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2. HQ%RJRWi'& DGDSWDFLyQGHYROWDMHSDUDODOtQHD GH9D9 'H QR VHU SRVLEOH OD QRWLILFDFLyQ HQ IRUPD HOHFWUyQLFD HO SUHVHQWH DFWR DGPLQLVWUDWLYR VH QRWLILFDUi SRU FRUUHR D OD GLUHFFLyQ SURFHVDO LQIRUPDGD SRU HO XVXDULR &5$ 12
2. HQ%RJRWi'&R GH PDQHUD VXEVLGLDULD PHGLDQWH DYLVR HQ HO VLWLR ZHE GH OD 'LUHFFLyQ GH ,PSXHVWRV \ $GXDQDV 1DFLRQDOHV GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ ORV DUWtFXORV \ GHO 'HFUHWR GH 8QD XQLGDG GH UHFROHFFLyQ GH UHVLGXRV FRPSXHVWD SRU XQD EDQGD HVFDORQDGDGHHOHYDFLyQ GLPHQVLRQHV[PFRQXQPRWRUUHGXFWRU N:9+])XQFLyQ UHFROHFFLyQGHUHVLGXRVJHQHUDGRVHQODXQLGDGGH FRUWH\GHVIROLDGR OD )LQFD ³&ROLEUt )ORZHUV´ XELFDGD HQ OD .LORPHWUR YtD)DFDWDWLYi&XQGLQDPDUFD&RORPELD (VWD OtQHD GH SURGXFFLyQ VHUi LQVWDODGD HQ OD )LQFD ³&ROLEUt )ORZHUV´ XELFDGD HQ OD .LORPHWURYtD)DFDWDWLYi&XQGLQDPDUFD&RORPELD\RFXSDUiXQiUHDGHP $57Ë&8/27(5&(52,QIRUPDU D OD LQWHUHVDGDTXHFRQWUDHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYR SURFHGH UHFXUVR GH DSHODFLyQ DQWH OD 6XEGLUHFFLyQ 7pFQLFD $GXDQHUD HO FXDO GHEHUi LQWHUSRQHUVHGHQWURGHORVGLH]GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWLILFDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQ ORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ GHPRGLILFDGRSRUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGH\ORVDUWtFXORV \VLJXLHQWHVGHOD/H\GH $57Ë&8/2&8$5722UGHQDU XQD YH] HQ ILUPH OD SXEOLFDFLyQ GH OD SUHVHQWH UHVROXFLyQ HQ HO 'LDULR 2ILFLDO \ HQ OD SiJLQD ZHE GH OD ',$1 GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXOR GH OD 5HVROXFLyQ GH PRGLILFDGR SRU HO DUWtFXOR GH OD 5HVROXFLyQ GH HO DUWtFXOR GH OD /H\ GH \ HO DUWtFXOR GH OD /H\ GH 'H DFXHUGR FRQ OR H[SXHVWR ORV HOHPHQWRV HQXPHUDGRV FRUUHVSRQGHQ D XQ FRQMXQWR LQWHJUDGRGHPiTXLQDV\DSDUDWRVGLVHxDGRVHVSHFtILFDPHQWHSDUDFRQIRUPDUUDPRVGH IORUHVPHGLDQWHRSHUDFLRQHVTXHLQFOX\HQHOGHVIROLDGRDOLQHDFLyQ\VHSDUDFLyQGHWDOORV FRUWHHVFDQHRDJUXSDPLHQWR\DWDGRGHIORUHVDMXVWiQGRVHDORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQ OD1RWDGHOD6HFFLyQ;9,GHO6LVWHPD$UPRQL]DGR6$SDUDVHUFRQVLGHUDGRXQDXQLGDG IXQFLRQDO $57Ë&8/248,1725HPLWLUXQDYH]HQILUPHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRSRU PHGLR GH OD &RRUGLQDFLyQ GH &RUUHVSRQGHQFLD \ 1RWLILFDFLRQHV GH OD 6XEGLUHFFLyQ $GPLQLVWUDWLYD DOD&RRUGLQDFLyQGH &ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULDGHOD6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD $GXDQHUDSDUDORGHVXFRPSHWHQFLD 127,)Ë48(6(38%/Ë48(6(<&Ò03/$6( (QYLUWXGGHORDQWHULRUHVWH'HVSDFKRGHWHUPLQDTXHORVFRPSRQHQWHVOLVWDGRVGHODO FRQIRUPDQODXQLGDGIXQFLRQDOSUHYLDPHQWHLGHQWLILFDGDFX\DIXQFLyQHVODFRQIRUPDFLyQ GHUDPRVGHIORUHVTXHHQDSOLFDFLyQGHOD1RWDGHOD6HFFLyQ;9,\VHJ~QOD5HJOD *HQHUDO,QWHUSUHWDWLYDOHFRUUHVSRQGHFODVLILFDUVHHQODSDUWLGDGHOD1RPHQFODWXUD GHO6LVWHPD$UPRQL]DGRODFXDOVHxDODSDUDHVWDSDUWLGD ©0iTXLQDV\DSDUDWRVPHFiQLFRV FRQIXQFLyQSURSLDQRH[SUHVDGRVQLFRPSUHQGLGRVHQRWUDSDUWHGHHVWH&DStWXORª\FRQ IXQGDPHQWRHQOD5HJOD*HQHUDO,QWHUSUHWDWLYDVHFODVLILFDHQODVXESDUWLGD GHO$UDQFHOGH$GXDQDVODFXDOHVWiGHWHUPLQDGDSDUD© /RVGHPiVªGHQWURGHOD VXESDUWLGDTXHFRPSUHQGH© /RVGHPiVª (QPpULWRGHORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD MHIH$GHOD&RRUGLQDFLyQ GH&ODVLILFDFLyQ $UDQFHODULD GHOD6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD 3 0 5(68(/9( 'HFRQIRUPLGDGFRQODUHVROXFLyQ1RGHOGHPDU]RGHHVWDILUPDHOHFWUyQLFDWLHQHSOHQDYDOLGH]\ UHPSOD]DHQWRGRVVXVHIHFWRVDODILUPDPDQXVFULWD $57Ë&8/235,0(52 &ODVLILFDU ODPHUFDQFtDGHVFULWDHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQOD VXESDUWLGD GHO $UDQFHO GH $GXDQDV FRPR XQ FRQMXQWR GH PiTXLQDV \ DSDUDWRVFRQIXQFLyQSURSLDTXHWUDEDMDQFRQMXQWDPHQWHSDUDFRQIRUPDUUDPRVGHIORUHV HQDSOLFDFLyQGHOD1RWDGHOD6HFFLyQ;9,\HQFRQFRUGDQFLDFRQODV5HJODV*HQHUDOHV ,QWHUSUHWDWLYDV\GHOPHQFLRQDGRWH[WRDUDQFHODULRFRQWHQLGRHQHO'HFUHWRGH \VXVPRGLILFDFLRQHV 0$5&(/$-2+$11$0$57,1(=)$-$5'2 -HIH &RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 0$5&(/$-2+$11$0$57,1(=)$-$5'2 -HIH &RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD 6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD GLDQDRVRULR#LQWHUDQGLQDFRP UHYLVLRQH[SRUWDFLRQHV#LQWHUDQGLQDFRP $57Ë&8/2 6(*81'2 1RWLILFDU GH PDQHUD HOHFWUyQLFD HO FRQWHQLGR GH OD SUHVHQWH UHVROXFLyQ D OD VHxRUD ',$1$ 3$75,&,$ 2625,2 +(55(5$ LGHQWLILFDGD FRQ FpGXOD GH FLXGDGDQtD 1R HQ FDOLGDG GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GH OD $*(1&,$ '( $'8$1$6 $1',1$ '( $'8$1$6 6$6 1,9(/ FRQ 1,7 D OD GLUHFFLRQHV HOHFWUyQLFDV LQIRUPDGDV HQ OD VROLFLWXG GLDQDRVRULR#LQWHUDQGLQDFRP UHYLVLRQH[SRUWDFLRQHV#LQWHUDQGLQDFRP GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR $SRUWDUILFKDVWpFQLFDVGHODVSULQFLSDOHVPiTXLQDVHQHVSDxRO $GMXQWDUXQGLDJUDPDGHIOXMRGHSURFHVRV3)'RSODQRGHODPHUFDQFtDHQGRQGH Por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria VHSXHGDLGHQWLILFDUFODUDPHQWHFDGDXQRGHORVHTXLSRV ,QGLFDUODXELFDFLyQJHRJUiILFD\HOiUHDHQPGHOOXJDUHQGRQGHVHUiLQVWDODGDOD Ordinaria PHUFDQFtD´ LA JEFE (A) DE LA COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LA &RQVROLFLWXGUHDOL]DGDHQHOVLVWHPDGHIHFKDGHPDU]RGHHOLQWHUHVDGRVROLFLWy SUyUURJD SDUD GDU UHVSXHVWD OD FXDO IXH DXWRUL]DGD FRQ RILFLR QUR 6GHOGHPDU]RGH SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ADUANERA (OGHDEULOGHVHOOHYyDFDERXQDUHXQLyQYLUWXDOPHGLDQWHODSODWDIRUPD0LFURVRIW 7HDPVFRQHOSURSyVLWRGHSUHFLVDUDVSHFWRVWpFQLFRVGHOSURGXFWRREMHWRGHHVWXGLR/R WUDWDGRHQODUHXQLyQTXHGyFRQVLJQDGRHQXQDFWDODFXDOVHLQFRUSRUDFRPRDQWHFHGHQWH GHQWURGHOWUiPLWHGHODVROLFLWXG En uso de las facultades legales que le confiere el numeral 3.3.1 del artículo 2 de la Resolución 070 de 2021 y teniendo en cuenta los siguientes 3RVWHULRUPHQWH HO XVXDULR GLR UHVSXHVWD PHGLDQWH UDGLFDGR QUR (GHOGHDEULOGHFRQGRV SiJLQDV\DGMXQWDILFKDV WpFQLFDVHQSiJLQDVIOXMRJUDPDHQGRVSiJLQDV\OLVWDGRGHHTXLSRVHQXQD KRMD([FHOUHQXQFLDQGRDOWpUPLQRUHVWDQWHSDUDDWHQGHUHOUHTXHULPLHQWRHQPHQFLyQ HECHOS 1.019.067.038 GJRPH]#RFDPSRJRPH]FRP GDQLHOJRPH]#KRWPDLOFRP ODGLUHFFLyQFUDDHQ%RJRWi'& 3RUPHGLRGHOIRUPDWRGHODVROLFLWXGVHLQGLFyTXHVHQRWLILTXHDOVHxRU '$1,(/*Ï0(= *21=È/(= D ODV VLJXLHQWHV GLUHFFLRQHV HOHFWUyQLFDV GJRPH]#RFDPSRJRPH]FRP GDQLHOJRPH]#KRWPDLOFRPRSRUFRUUHRHQODGLUHFFLyQFUDDHQ%RJRWi'& 890.301.886-1 )81'$0(1726'('(5(&+2 Mediante radicado No. 235410000003213 de 16 de enero de 2026, el señor DANIEL GÓMEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.019.067.038, con tarjeta profesional número 290.862, en calidad de apoderado especial de la sociedad FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.S., con NIT 890.301.886-1, presentó una solicitud de resolución de clasificación arancelaria ordinaria para la mercancía denominada técnica y comercialmente como “MAQUINA DE INYECCIÓN”.

&RQYHQLR GHO 6LVWHPD $UPRQL]DGR GH 'HVLJQDFLyQ \ &RGLILFDFLyQ GH 0HUFDQFtDV \ VX DQH[RDSUREDGRSRU&RORPELDPHGLDQWH/H\GH El interesado adjuntó a la solicitud los siguientes documentos:

$FXHUGRGH&DUWDJHQDDSUREDGRSRU&RORPELDPHGLDQWH/H\GH 'HFLVLyQ GHOD&RPLVLyQGHOD&RPXQLGDG$QGLQDPHGLDQWHODFXDOVHDSUREyHO7H[WR ~QLFRGHOD1RPHQFODWXUD&RP~QGHORV3DtVHV0LHPEURVGHO$FXHUGRGH&DUWDJHQD 'HFUHWRGH\VXVPRGLILFDFLRQHVSRUHOFXDOVHDGRSWDHO$UDQFHOGH$GXDQDV\ RWUDVGLVSRVLFLRQHV 3DUDHOFDVRHQHVWXGLRVHFRQVLGHUDQODVVLJXLHQWHV5HJODV1RWD\7H[WRGHSDUWLGD -Formato de solicitud SARP en dos (2) páginas. -Poder en una (1) página. -Comprobante de pago en una (1) página. -Documento descriptivo en una (1) hoja Excel. -Resolución de clasificación arancelaria nro.2025003980600328 del 2025 - DIAN en nueve (9) páginas. -Fichas técnicas en (34) páginas. -Cotización en diez (10) páginas.

5HJOD*HQHUDO,QWHUSUHWDWLYD El solicitante pagó un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos M/CTE. ($1.455.000) según transferencia número 0000091974 de 16 de enero de 2026 de Bancolombia al Banco de Bogotá.

³/RVWtWXORVGHODV6HFFLRQHVGHORV&DStWXORVRGHORV6XEFDStWXORVVRORWLHQHQXQYDORU LQGLFDWLYR\DTXHODFODVLILFDFLyQHVWiGHWHUPLQDGDOHJDOPHQWHSRUORVWH[WRVGHODVSDUWLGDV \GHODV1RWDVGH6HFFLyQRGH&DStWXOR\VLQRVRQFRQWUDULDVDORV WH[WRVGHGLFKDV SDUWLGDV\1RWDVGHDFXHUGRFRQODV5HJODVVLJXLHQWHV´ 1RWDGHOD6HFFLyQ;9, Mediante requerimiento de información nro. S2026000100165398000075 del 27 de enero de 2026, este despacho solicitó al usuario:

³&XDQGRXQDPiTXLQDRXQDFRPELQDFLyQGHPiTXLQDVHVWpQFRQVWLWXLGDVSRUHOHPHQWRV LQGLYLGXDOL]DGRVLQFOXVRVHSDUDGRVRXQLGRVHQWUHVtSRUWXEHUtDVyUJDQRVGHWUDQVPLVLyQ FDEOHV HOpFWULFRV R GH RWUR PRGR SDUD UHDOL]DU FRQMXQWDPHQWH XQD IXQFLyQ QHWDPHQWH GHILQLGD FRPSUHQGLGD HQ XQDGH ODVSDUWLGDV GH ORV &DStWXORV X HO FRQMXQWR VH FODVLILFDHQODSDUWLGDFRUUHVSRQGLHQWHDODIXQFLyQTXHUHDOLFH´

1. “Presentar en una tabla editable en Excel el listado de máquinas y equipos que conforman el sistema indicando para cada ítem: nombre técnico en español, cantidad exacta, características técnicas (unidad de medida) y función que desarrolla. No se debe incluir elementos, partes y piezas de uso general, se deben listar los equipos completos con sus componentes principales sin despiezarlos.

3DUWLGD Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 52 DIARIO OFICIAL HO SURFHVR GH PROGHR SRU LQ\HFFLyQ FXPSOLHQGR OD IXQFLyQ GH UHJXODU OD WHPSHUDWXUD GXUDQWHODRSHUDFLyQ\SHUPLWLUHOIXQFLRQDPLHQWRFRQWLQXRGHODXQLGDGIXQFLRQDO ODFDOOH1R$FRSL<XPER± 9DOOHGHO&DXFD /DOtQHDGHSURGXFFLyQVHXELFDUiHQODFDOOH1R$FRSL<XPER± 9DOOHGHO&DXFD HQXQiUHDHQSODQWDGHPð $FRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQORVHTXLSRVOLVWDGRVHQODVROLFLWXG 8QD PiTXLQD GH SUHQVDGR SDUD OD LQ\HFFLyQ GH SOiVWLFR GH WRQHODGDV )XQFLyQIXQGHHOSOiVWLFRTXHSRVWHULRUPHQWHVHUiLQ\HFWDGRDSUHVLyQHQHOPROGH 8QURERWH[WUDFWRUGHSDUWHVLQ\HFWDGDVFRQPRYLPLHQWRHQWUHVHMHV \WULIiVLFR9)XQFLyQ([WUDHODVSDUWHVLQ\HFWDGDVGHOPROGHSDUD PHMRUDUODSURGXFWLYLGDGGHOHTXLSR 8QDWROYDGHYHUWLPLHQWRGHSOiVWLFRFRQFDSDFLGDGGHNJGHPDWHULDOSUHVHQWD GLPHQVLRQHVGH[[PP\XQDDOWXUDGHDOSLVRGHPP)XQFLyQ DOPDFHQDUSOiVWLFRGHIRUPDWHPSRUDOSDUDVHUHQYLDGRDORVSURFHVRVGHLQ\HFFLyQ VHSDUDGRUGHYDFtR ³0iTXLQDV\DSDUDWRVSDUDWUDEDMDUFDXFKRRSOiVWLFRRSDUDIDEULFDUSURGXFWRVGHHVWDV PDWHULDVQRH[SUHVDGRVQLFRPSUHQGLGRVHQRWUDSDUWHGHHVWH&DStWXOR´ 5HJOD*HQHUDO,QWHUSUHWDWLYD ³/DFODVLILFDFLyQGHPHUFDQFtDVHQODVVXESDUWLGDVGHXQDPLVPDSDUWLGDHVWiGHWHUPLQDGD OHJDOPHQWHSRUORVWH[WRVGHHVWDVVXESDUWLGDV\GHODV1RWDVGHVXESDUWLGDDVtFRPR PXWDWLVPXWDQGLVSRUODV5HJODVDQWHULRUHVELHQHQWHQGLGRTXHVRORSXHGHQFRPSDUDUVH VXESDUWLGDVGHOPLVPRQLYHO$HIHFWRVGHHVWD5HJODWDPELpQVHDSOLFDQODV1RWDVGH 6HFFLyQ\GH&DStWXORVDOYRGLVSRVLFLyQHQFRQWUDULR´ 'HFUHWRGHGHO*RELHUQR1DFLRQDO\VXVPRGLILFDFLRQHVDUWtFXORVD PHGLDQWHHOFXDOVHGLFWDQODVGLVSRVLFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODVVROLFLWXGHVGHUHVROXFLyQ GHFODVLILFDFLyQDUDQFHODULDRUGLQDULDV 5HVROXFLyQ GH GH OD 'LUHFFLyQ GH,PSXHVWRV \ $GXDQDV 1DFLRQDOHV \ VXV PRGLILFDFLRQHVDUWtFXORVDPHGLDQWHODFXDOVHUHJODPHQWDQODVVROLFLWXGHVGH UHVROXFLyQGHFODVLILFDFLyQDUDQFHODULDRUGLQDULDV 8QVHFDGRU\GHVKXPLGLILFDGRUGHPDWHULDOFRQFDSDFLGDGHQYROXPHQLQWHUQRGH KDVWD OLWURV FRQ XQ FDXGDO GH DLUH VHFR GH PKRUDV URWRU WLSR SDQDO)XQFLyQ VHFD HO PDWHULDO SOiVWLFR SDUD HYLWDU GHIHFWRV HQ DTXHOORV PDWHULDOHV 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/RVGHPiV´GHQWURGHOD VXESDUWLGD³ 9ROTXHWHVDXWRPRWRUHVGLVHxDGRVSDUDXWLOL]DUORVIXHUDGHODUHGGH FDUUHWHUDV´ 127,)Ë48(6(38%/Ë48(6(<&Ò03/$6( 3 0 7HQLHQGRHQFXHQWDORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV\GHOD5HVROXFLyQGHO GH DEULO GH HO VHUYLFLR GH FODVLILFDFLyQ DUDQFHODULD WLHQH XQ YDORU HTXLYDOHQWH D 6(7(&,(1726 9(,17,6,(7( 0,/ &,(172 9(,17,6,(7( 3(626 0&7( LQFOXLGR HO,9$GHDFXHUGRFRQHOFRPSUREDQWHDSRUWDGRSDUDHOWUiPLWHTXHGDXQVDOGRD IDYRUGH&,(172&8$5(17$<2&+20,/2&+2&,(17266(7(17$<75(63(626 0&7(GHOFXDOSRGUiVROLFLWDUGHYROXFLyQFRQIRUPHORVHxDODGRHQHODUWtFXOR LELGHP (QPpULWRGHORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD-HIH$GHOD&RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 56 DIARIO OFICIAL 3RUODFXDOVHH[SLGHXQD5HVROXFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 2UGLQDULD /$ -()( $'(/$&225',1$&,Ï1'(&/$6,),&$&,Ï1$5$1&(/$5,$'(/$ 68%',5(&&,Ï17e&1,&$$'8$1(5$ (QXVRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHVTXHOHFRQILHUHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR GH OD 5HVROXFLyQGH\WHQLHQGRHQFXHQWDORVVLJXLHQWHV +(&+26 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/LVWDGRGHHTXLSRVHQXQDKRMD([FHO (OVROLFLWDQWHSDJyXQPLOOyQFXDWURFLHQWRVFLQFXHQWD\FXDWURPLOGRVFLHQWRVFLQFXHQWD\ FXDWUR SHVRV 0&7( VHJ~Q FRQVLJQDFLyQ Q~PHUR GH GH PDU]RGHGHO%DQFRGH%RJRWi 0HGLDQWHUHTXHULPLHQWRGHLQIRUPDFLyQQUR6 GHO GHPDU]R GHHVWHGHVSDFKRVROLFLWyODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ ³3UHVHQWDUGLDJUDPDRIOXMRGHSURFHVRLGHQWLILFDQGRORVSULQFLSDOHVFRPSRQHQWHVGH ODOtQHDGHSURGXFFLyQHQHVSDxRO (VSHFLILFDU VL HO VLVWHPD XWLOL]D PHGLRV ILOWUDQWHV FDWDOtWLFRV HOHFWURVWiWLFRV FLFOyQLFRVRGHRWURWLSR 'HVFULELUVLHOVLVWHPDPLHQWUDVHOLPLQDHOJDVFORURSURGXFHFRPRUHVXOWDGRDOJ~Q RWURSURGXFWRSRUHMHPSORKLSRFORULWRGHVRGLR\H[SOLFDUVLHVDSURGXFFLyQHVVROR XQDFRQVHFXHQFLDGHODGHSXUDFLyQRVLFRUUHVSRQGHDXQSURFHVRGHIDEULFDFLyQ SHQVDGRSDUDREWHQHUHVHSURGXFWR $SRUWDUILFKDVWpFQLFDVGHORVSULQFLSDOHVFRPSRQHQWHVGHODOtQHDGHSURGXFFLyQHQ HVSDxRO 'HVFULELU ORV SDUiPHWURV RSHUDWLYRV GHO VLVWHPD SUHVLRQHV YDFtR WHPSHUDWXUD FDXGDO \ MXVWLILFDU FyPR HVWRV HVWiQ WpFQLFDPHQWH DVRFLDGRV D IXQFLRQHV GH GHSXUDFLyQGHJDVHV 3UHFLVDUVLHOHTXLSRIXQFLRQD~QLFDPHQWHHQVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLDRVLFXPSOH IXQFLRQHVFRQWLQXDVGHSURFHVR,QGLFDUVLHOVLVWHPDLQFOX\HPHFDQLVPRVDXWRPiWLFRVGHFRQWURO $FODUDUVLODUHDFFLyQHQWUHFORUR\VRGDFiXVWLFDFRQVWLWX\HXQPHFDQLVPRDX[LOLDU GHGHSXUDFLyQRVLHOREMHWLYRSULQFLSDOGHOVLVWHPDHVODSURGXFFLyQGHKLSRFORULWRGH VRGLR $MXVWDUHOOLVWDGRGHFRPSRQHQWHVLQFOX\HQGRODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV GHORVPLVPRVHM0HWURVXQLGDGHVPHWFVHJ~QFRUUHVSRQGD,QGLFDU OD XELFDFLyQ JHRJUiILFD SUHFLVD GHO OXJDU HQ GRQGH VHUi LQVWDODGD OD PHUFDQFtDDVtFRPRHOiUHDGHVWLQDGDSDUDWDOILQH[SUHVDGDHQPHWURVFXDGUDGRV Pð´ (OGHDEULOGHVHOOHYyDFDERXQDUHXQLyQYLUWXDOPHGLDQWHODSODWDIRUPD0LFURVRIW 7HDPVFRQHOSURSyVLWRGHSUHFLVDUDVSHFWRVWpFQLFRVGHOSURGXFWRREMHWRGHHVWXGLR/R WUDWDGRHQODUHXQLyQTXHGyFRQVLJQDGRHQXQDFWDODFXDOVHLQFRUSRUDFRPRDQWHFHGHQWH GHQWURGHOWUiPLWHGHODVROLFLWXG 3RVWHULRUPHQWHHOXVXDULRUHVSRQGLy FRQ UDGLFDGRQUR(GHO GHDEULOGHFRQVLHWH SiJLQDV \DGMXQWDHO OLVWDGRGHHTXLSRVHQXQDKRMD([FHO GLDJUDPD 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SXEOLFDFLyQ GH OD SUHVHQWH UHVROXFLyQ HQ HO 'LDULR 2ILFLDO \ HQ OD SiJLQD ZHE GH OD ',$1 GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXOR GH OD Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 58 DIARIO OFICIAL Por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria LA JEFE (A) DE LA COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ADUANERA En uso de las facultades legales que le confiere el numeral 3.3.1 del artículo 2 de la Resolución 070 de 2021 y teniendo en cuenta los siguientes HECHOS 14.988.737 830.010.905-4 891.401.858-6 Mediante radicado núm. 235410000003451 de 01 de abril de 2026, el Sr. RAÚL GARCÍA ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía 14.988.737,como representante legal de la sociedad AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A.S. NIVEL 1, con NIT 830.010.905-4, mandataria de la Sociedad OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S. con NIT 891.401.858-6, presentó una solicitud de resolución de clasificación arancelaria ordinaria para la mercancía denominada técnica y comercialmente como “BATERÍA AUTOMÁTICA DE PUESTA Y RECOLECCIÓN DE HUEVOS GALPON 3.1”

El interesado adjuntó a la solicitud los siguientes documentos:

-Formato SIE SARP en dos (2) páginas. -Poder mandato aduanero en dieciocho páginas (18) páginas. -Comprobante de Pago en un (1). -Ficha técnica en once (11) páginas. -Cuadro de componentes en un archivó Excel. -Plano del galpón en una (1) página. -Documento otros si del mandato aduanero en diez (10) páginas.

El solicitante pagó un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte ($1.454.254,00) según comprobante de pago número 830010905 de 01 de abril de 2026 del Bancolombia S.A al Banco de Bogotá.

Mediante requerimiento de información núm. S2026000100165398000441 del 22 de abril de 2026 este Despacho solicitó al usuario:

“1. Remitir un nuevo listado en formato Excel de los componentes, en el que se indiquen las siguientes aclaraciones respecto de los equipos que se detallan a continuación.

1.1 Silos:

- Tornillos sinfín: indicar si la longitud de 14 metros de tubería PVC aplica para cada transportador o para el total del sistema.
- Motores eléctricos de 1,5 HP (1,1 kW): precisar si corresponde un motor por transportador.

- Actuadores: relacionar su cantidad.

$FODUDU HO SRUTXp VH LQFOX\H GHQWUR GHO OLVWDGR GH HOHPHQWRV GRV VLORV \ MXVWLILFDU OD H[LVWHQFLD GH XQ FRPHGHUR SDUD PDFKRV FRQVLGHUDQGR TXH OD IXQFLyQ HVSHFtILFD HV OD SXHVWD\UHFROHFFLyQGHKXHYRVSXHVWRSRUJDOOLQDV 6LVWHPDWROYDEiVFXOD±VLVWHPD.

7ROYD H[SOLFDU SRU TXp HQ OD GHVFULSFLyQ WpFQLFD VH LQGLFD TXH FDGD WROYD WLHQH LQFRUSRUDGDVGRVFHOGDVGHFDUJDFXDQGRHQHOOLVWDGRGHFRPSRQHQWHVVHUHJLVWUDXQD ~QLFDWROYD 7RUQLOORVVLQItQLQGLFDUVLODORQJLWXGLQGLFDGDGHPHWURVGHWXEHUtD39&FRUUHVSRQGHD FDGDWRUQLOORVLQItQRDOWRWDOGHOVLVWHPD 0RWRUHVHOp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yQLFRGHOGHDEULOGH UHPLWLGRDOEX]yQGHOD&RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULDHQHOFXDOVHPDQLILHVWD OD QHFHVLGDG GH DMXVWDU HQ ORV FXDGURV GH FRPSRQHQWHV ODV FDQWLGDGHV GH PHWURV GH DODPEUH DVRFLDGDV DO FRPSRQHQWH GHQRPLQDGR ³HOHFWURFKRTXH´ SUHFLVDQGR OD FDQWLGDG FRUUHFWDDGHFODUDUSDUDODSUHVHQWHVROLFLWXG -DXODVQLGRVDXWRPiWLFRVFRQUHFROHFFLyQGHKXHYR 1LGRVLQGLFDUVXVGLPHQVLRQHV 3UHFLVDUODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDHQHOGRFXPHQWR³ILFKDWpFQLFD´ 6LVWHPD GHSHVDMH. HQ OD GHVFULSFLyQ GHO VLVWHPD VH LQGLFDQ FRPR FRPSRQHQWHV UHOHYDQWHVHQWUHRWURVVHQVRUHV3/&\SDQWDOODWiFWLOLQIRUPDFLyQTXHDOFRQWUDVWDUVHFRQ HOOLVWDGRGHFRPSRQHQWHVQRVHLGHQWLILFDGHPDQHUDH[SUHVD(QFRQVHFXHQFLDUHVXOWD QHFHVDULR UHODFLRQDU OD FDQWLGDG GH VHQVRUHV \ HQ FXDQWR DO 3/& \ OD SDQWDOOD WiFWLO HVFODUHFHUVLHVWRVVHHQFXHQWUDQXELFDGRVGHQWURGHOGHQRPLQDGRWDEOHURGHFRQWURORVL FRUUHVSRQGHQDHTXLSRVLQGHSHQGLHQWHVLQGLFDQGRVXFRUUHFWDIRUPDGHUHIOHMDUVHHQHO OLVWDGRGHFRPSRQHQWHV ([SOLFDUFyPRVHUHDOL]DODGLVWULEXFLyQGHODOLPHQWRWHQLHQGRHQFXHQWDTXHFRQIRUPH DOOLVWDGRGHHOHPHQWRVDSRUWDGRVHFRQWHPSODQGRVVLVWHPDVGHVLORVXQRGHVWLQDGR DODVKHPEUDV\RWURDORVPDFKRV\SUHFLVDUVLGLFKDGLVWULEXFLyQVHHIHFW~DGHPDQHUD VHSDUDGD D WUDYpV GH FDGD WRUQLOOR VLQItQ LQGLFDGR HQ HO VLVWHPD GH DOPDFHQDPLHQWR \ GLVWULEXFLyQ 'HFLUVLORVFRPHGHURV\ORVEHEHGHURVVHLQWHUFRQHFWDQItVLFD\IXQFLRQDOPHQWH 'HVFULELUHOPHFDQLVPRPHGLDQWHHOFXDOODVJDOOLQDVVHXELFDQHQORVQLGDOHVSDUDOD SXHVWD GH KXHYRV SUHFLVDQGR VL VX RSHUDFLyQ HV DXWRPiWLFD FRQVLGHUDQGR TXH VH PHQFLRQDODDSHUWXUD\FLHUUHGHFRPSXHUWDV,QIRUPDUVLODVWROYDVGHUHFLERFRUUHVSRQGLHQWHVDOVLVWHPDGHFRPHGHURGHFDGHQDSDUD KHPEUDV\DOVLVWHPDGHFRPHGHURGHSODWRSDUDPDFKRVRSHUDQGHPDQHUDVLPXOWiQHD´ &RQHOILQGHDFODUDUDOJXQRVDVSHFWRVWpFQLFRVUHODFLRQDGRVFRQORVFRPSRQHQWHVGHODV PiTXLQDV\HOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDVHOOHYyDFDERXQDUHXQLyQGHFDUiFWHUWpFQLFR FRQ HO LQWHUHVDGR HO GtD GH PD\R GH 'H HVWD UHXQLyQ VH OHYDQWy HO DFWD FRUUHVSRQGLHQWHODFXDOKDFHSDUWHGHORVDQWHFHGHQWHVGHODSUHVHQWHVROLFLWXG (OXVXDULRUHVSRQGHPHGLDQWHHVFULWRUDGLFDGRQ~P(GHO GHPD\RGHDGMXQWDQGRDUFKLYRVHQ IROLRV WULEXWDULR#DODGXDQDFRP VUHQJLIR#DODGXDQDFRP ODGLUHFFLyQ FDUUHUD % 3LVRHQ%RJRWi'& 3RUPHGLRGHOIRUPDWRGHODVROLFLWXGVHLQGLFyTXHVHQRWLILTXHDHO6U5$Ò/*$5&Ë$ $5,$6 D ODV GLUHFFLRQHV HOHFWUyQLFDV PDQLIHVWDGDV SRU HO LQWHUHVDGR WULEXWDULR#DODGXDQDFRP VUHQJLIR#DODGXDQDFRPRSRUFRUUHRHQODGLUHFFLyQ FDUUHUD % 3LVRHQ%RJRWi'& ³&XDQGRXQDPiTXLQDRXQDFRPELQDFLyQGHPiTXLQDVHVWpQFRQVWLWXLGDVSRUHOHPHQWRV LQGLYLGXDOL]DGRVLQFOXVRVHSDUDGRVRXQLGRVHQWUHVtSRUWXEHUtDVyUJDQRVGHWUDQVPLVLyQ FDEOHV HOpFWULFRV R GH RWUR PRGR SDUD UHDOL]DU FRQMXQWDPHQWH XQD IXQFLyQ QHWDPHQWH GHILQLGD FRPSUHQGLGD HQ XQDGH ODVSDUWLGDV GH ORV &DStWXORV X HO FRQMXQWR VH FODVLILFDHQODSDUWLGDFRUUHVSRQGLHQWHDODIXQFLyQTXHUHDOLFH´ 3DUWLGD ³/DVGHPiVPiTXLQDV\DSDUDWRVSDUDODDJULFXOWXUDKRUWLFXOWXUDVLOYLFXOWXUDDYLFXOWXUDR DSLFXOWXUDLQFOXLGRVORVJHUPLQDGRUHVFRQGLVSRVLWLYRVPHFiQLFRVRWpUPLFRVLQFRUSRUDGRV \ODVLQFXEDGRUDV\FULDGRUDVDYtFRODV´ 5HJOD*HQHUDO,QWHUSUHWDWLYD ³/DFODVLILFDFLyQGHPHUFDQFtDVHQODVVXESDUWLGDVGHXQDPLVPDSDUWLGDHVWiGHWHUPLQDGD OHJDOPHQWHSRUORVWH[WRVGHHVWDVVXESDUWLGDV\GHODV1RWDVGHVXESDUWLGDDVtFRPR PXWDWLVPXWDQGLVSRUODV5HJODVDQWHULRUHVELHQHQWHQGLGRTXHVRORSXHGHQFRPSDUDUVH VXESDUWLGDVGHOPLVPRQLYHO$HIHFWRVGHHVWD5HJODWDPELpQVHDSOLFDQODV1RWDVGH 6HFFLyQ\GH&DStWXORVDOYRGLVSRVLFLyQHQFRQWUDULR´ 'HFUHWRGHGHO*RELHUQR1DFLRQDO\VXVPRGLILFDFLRQHVDUWtFXORVD PHGLDQWHHOFXDOVHGLFWDQODVGLVSRVLFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODVVROLFLWXGHVGHUHVROXFLyQ GHFODVLILFDFLyQDUDQFHODULDRUGLQDULDV 5HVROXFLyQ GH GH OD 'LUHFFLyQ GH,PSXHVWRV \ $GXDQDV 1DFLRQDOHV \ VXV PRGLILFDFLRQHVDUWtFXORVDPHGLDQWHODFXDOVHUHJODPHQWDQODVVROLFLWXGHVGH UHVROXFLyQGHFODVLILFDFLyQDUDQFHODULDRUGLQDULDV )81'$0(1726'('(5(&+2 &RQYHQLR GHO 6LVWHPD $UPRQL]DGR GH 'HVLJQDFLyQ \ &RGLILFDFLyQ GH 0HUFDQFtDV \ VX DQH[RDSUREDGRSRU&RORPELDPHGLDQWH/H\GH $FXHUGRGH&DUWDJHQDDSUREDGRSRU&RORPELDPHGLDQWH/H\GH 'HFLVLyQ GHOD&RPLVLyQGHOD&RPXQLGDG$QGLQDPHGLDQWHODFXDOVHDSUREyHO7H[WR ~QLFRGHOD1RPHQFODWXUD&RP~QGHORV3DtVHV0LHPEURVGHO$FXHUGRGH&DUWDJHQD 'HFUHWRGH\VXVPRGLILFDFLRQHVSRUHOFXDOVHDGRSWDHO$UDQFHOGH$GXDQDV\ RWUDVGLVSRVLFLRQHV 3DUDHOFDVRHQHVWXGLRVHFRQVLGHUDQODVVLJXLHQWHV5HJODV1RWD\7H[WRGHSDUWLGD 5HJOD*HQHUDO,QWHUSUHWDWLYD ³/RVWtWXORVGHODV6HFFLRQHVGHORV&DStWXORVRGHORV6XEFDStWXORVVRORWLHQHQXQYDORU LQGLFDWLYR\DTXHODFODVLILFDFLyQHVWiGHWHUPLQDGDOHJDOPHQWHSRUORVWH[WRVGHODVSDUWLGDV \GHODV1RWDVGH6HFFLyQRGH&DStWXOR\VLQRVRQFRQWUDULDVDORVWH[WRVGHGLFKDV SDUWLGDV\1RWDVGHDFXHUGRFRQODV5HJODVVLJXLHQWHV´ 1RWD6HFFLyQ;9, &216,'(5$&,21(6'(/'(63$&+2 6HJ~QODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDFRQHOUDGLFDGRQ~PGHGHDEULO GH\(GHOGHPD\RGHODPHUFDQFtDREMHWRGH FODVLILFDFLyQDUDQFHODULDVHGHVFULEHFRPRXQFRQMXQWRGHPiTXLQDV\HTXLSRVXWLOL]DGRV HQXQJDOyQSDUDEULQGDUFRQGLFLRQHVRSWLPDVDODVDYHVSDUDODSRVWXUD\UHFROHFFLyQGH KXHYRPHGLDQWHHOVLJXLHQWHSURFHVR (OJDOSyQUHFLEHJDOOLQDVGHVHPDQDVGHYLGDHGDGHQODFXDOODVDYHVDOFDQ]DQOD PDGXUH] UHSURGXFWLYD \ FRPLHQ]DQ VX FLFOR SURGXFWLYR LQLFLDQGR HO SURFHVR FRQ OD UHFHSFLyQGHODOLPHQWRFRQFHQWUDGRHOFXDOVHDOPDFHQDHQVLORVVHSDUDGRVSDUDPDFKRV\ KHPEUDVFRQFDSDFLGDGHVGHP\P &RQWLQXD FRQ HO SHVDMH \ OD GRVLILFDFLyQ GHO DOLPHQWR HO FXDO VH UHDOL]D GH PDQHUD LQGHSHQGLHQWHSULPHURSDUDODVKHPEUDV\OXHJRSDUDORVPDFKRVDVHJXUDQGRTXHQRVH PH]FOHQ ORV DOLPHQWRV (O SURFHVR FRQVLVWH HQ WUDQVSRUWDU HO DOLPHQWR GHVGH HO VLOR FRUUHVSRQGLHQWH KDFLD ODV WROYDV GH SHVDMH GRQGH VH FRQWUROD OD FDQWLGDG H[DFWD D VXPLQLVWUDU8QDYH]DOFDQ]DGRHOSHVRGHVHDGRHODOLPHQWRVHHQWUHJDDORVFRPHGHURV XELFDGRVGHQWURGHOJDOSyQJDUDQWL]DQGRXQVXPLQLVWURFRQWURODGR\SUHFLVRSDUDFDGD JUXSRGHDYHV 'H HVWD PDQHUD HO VLVWHPD DVHJXUD TXH FDGD JUXSR UHFLED OD FDQWLGDG DGHFXDGD GH DOLPHQWRHQHOPRPHQWRFRUUHFWRRSWLPL]DQGRODDOLPHQWDFLyQGHPDFKRV\KHPEUDVGH PDQHUDRUGHQDGD\HILFLHQWH 59 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL 6LVWHPDGHSHVDMHWROYDVEiVFXODV.FRPSXHVWDSRU 8QDWROYDHVHQDFHURJDOYDQL]DGRUHFLEHHODOLPHQWRGHORVVLORVTXHWLHQHXQD (OVXPLQLVWURGHDJXDVHPDQWLHQHFRQVWDQWHDWUDYpVGHXQVLVWHPDGHEHEHGHURVWLSR QLSOH TXH JDUDQWL]D DFFHVR SHUPDQHQWH \ SHUPLWH OD GRVLILFDFLyQ GH DGLWLYRV R PHGLFDPHQWRVFXDQGRHVQHFHVDULR 3DUDODUHFROHFFLyQGHKXHYRVODVJDOOLQDVGHSRVLWDQORVKXHYRVHQQLGRVDXWRPiWLFRV HTXLSDGRV FRQ VLVWHPDV GH WUDQVSRUWH TXH WUDVODGDQ ORV KXHYRV GH PDQHUD FRQWLQXD \ VHJXUDUHGXFLHQGRHOFRQWDFWRPDQXDO\PLQLPL]DQGRHOULHVJRGHURWXUDV FDSDFLGDGGHUHFHSFLyQGHNLORJUDPRVGHDOLPHQWRDPHGLGDTXHYDHQYLDQGR DOLPHQWRDORVFRPHGHURVSXHGHUHFLELURWURVNLORJUDPRVPi[LPRFDGDWROYDWLHQH LQFRUSRUDGDFHOGDVGHFDUJDDGHPDVVHQVRUHVTXHSHUPLWHYLVXDOL]DU\DOHUWDU VREUHHOSHVRGHODOLPHQWRHQHOVLORORFXDOSHUPLWHTXHVHUHDOLFHHOSHVDMHGHO DOLPHQWR \ GRVLILFDUOR HQ ODV GRVLV FRUUHFWDV KDFLD ORV FRPHGHURV GH PDFKRV \ KHPEUDV 8Q SDQHO GH FRQWURO GH SHVDMH FRQ XQ WDEOHUR GH FRQWURO HOHFWUyQLFR FRQ (VWRVVLVWHPDVHVWiQLQWHJUDGRVHQXQFRQWUROFHQWUDOL]DGRTXHFRRUGLQDODDOLPHQWDFLyQ HOVXPLQLVWURGHDJXD\ODUHFROHFFLyQGHKXHYRVDVHJXUDQGRTXHHOSURFHVRSURGXFWLYRVH HMHFXWHGHPDQHUDHILFLHQWHRUGHQDGD\FRQILDEOHRSWLPL]DQGRODVDOXG\SURGXFWLYLGDGGH ODVDYHV GLVSRVLWLYRVGHUHJXODFLyQHOpFWULFDPDQHMDWHQVLyQHQYROWLRVHVWiQGDUGHD 9ROWLRVLQFOX\HHOSDQHO\HOFRQWURODGRUORVFXDOHVSHUPLWHQPRQLWRUL]DU\DOHUWDU VREUHHOSHVRGHODOLPHQWRHQODWROYDDVtFRPRFRQWURODU\DMXVWDUODFDQWLGDGGH DOLPHQWRTXHVHVXPLQLVWUDDORVFRPHGHURVGHODVDYHV 'RVWRUQLOORVVLQILQFRQWUDQVSRUWDGRUHVVLQILQFRPSXHVWRVSRU PHWURVGH &RQIRUPH ORDQWHULRUHVGHSUHFLVDUTXHSDUDORJUDUODUHFROHFFLyQDXWRPiWLFDGHKXHYRV IpUWLOHVHVQHFHVDULDODFRQYLYHQFLDGHJDOORV\JDOOLQDVHQHOPLVPRJDOSyQ3RUHOORHO VLVWHPDGHDOLPHQWDFLyQGHEHLQWHJUDUVLORV\FRPHGHURVLQGHSHQGLHQWHVSDUDORVPDFKRV HVWR DVHJXUD VX ELHQHVWDU QXWULFLRQDO \ JDUDQWL]D OD HILFDFLD HQ HO SURFHVR GH PRQWD HVHQFLDOSDUDODSURGXFWLYLGDGGHODXQLGDGIXQFLRQDO 3RUHVWDUD]yQVHPDQWLHQHXQD SURSRUFLyQ FRQWURODGD TXH JHQHUDOPHQWH VH VLW~D HQ XQ GH JDOORV SRU FDGD JDOOLQDVDVHJXUDQGRDVtXQDWDVDGHIHUWLOLGDGDGHFXDGD )HVWR7ROLPDYHUHGD/D)ORULGDGLUHFFLyQ*UDQMD$JUtFROD/D)HYtD)UHVQR3DGXD /DFDSDFLGDGLQVWDODGDGHHVWHJDOSyQHVGHJDOOLQDV\JDOORV\ HVWDUiXELFDGR HQ)HVWR7ROLPDYHUHGD/D)ORULGDGLUHFFLyQ*UDQMD$JUtFROD/D)HYtD)UHVQR3DGXD iUHDGHOSUR\HFWRPHOJDOSyQ WHQGUiXQiUHDGH PHWURVFXDGUDGRV GRQGHVHLQVWDODUiQORVVLJXLHQWHVVLVWHPDV WXEHUtDSYFFRQGLiPHWURGHPP\VLQILQLQWHUQRFRPSXHVWRGHPPGHDFHUR DOFDUEyQFXHQWDFRQPRWRUHVHOpFWULFRVGHKSNZ\DFWXDGRUHVSDUD ORVGRVWUDQVSRUWDGRUHV6XIXQFLyQHVPRYLOL]DUHODOLPHQWRUHTXHULGRHQWUHODWROYD EiVFXODKDFLDORVFRPHGHURVGHODVDYHV/RVDFWXDGRUHVSHUPLWHQODDSHUWXUDGH FRPSXHUWDV 6LVWHPDGHFRPHGHURVSDUD+HPEUDVHVWiFRPSXHVWDSRU VHLVFLHQWRV VLHWH FDQDOHV GH HVWUXFWXUD HQ DFHUR JDOYDQL]DGR FRQ VXV 6LVWHPDGHVLORVSDUDDOPDFHQDPLHQWRGHDOLPHQWRHVWiFRPSXHVWRSRU 'RVVLORVXQRGHP\RWURGHPGHHVWUXFWXUDHQDFHURJDOYDQL]DGRHQ IRUPDGHFRQRGHSDWDV\FRQWDSDVXSHULRUSDUDODSURWHFFLyQGHODOLPHQWR\XQD ERWDLQIHULRUTXHSHUPLWHODVDOLGDGHODOLPHQWRKDFLDHOWRUQLOORVLQILQFRQGHQVLGDG GHWRQHODGDVSRUPVXIXQFLyQHVDOPDFHQDUHODOLPHQWRTXHVHVXPLQLVWUDUD ODVJDOOLQDV\ORVJDOORV UHVSHFWLYDVWDSDVVXSHULRUHV\FDGHQDVLQWHUQDVVRSRUWDGRVGLUHFWDPHQWHDOSLVR\ GLVWULEXLGRV SRU WRGR HO JDOSyQ 3DUD OD PRYLOL]DFLyQ GHO DOLPHQWR GHVGH OD WROYD EiVFXODKDFLDORVFRPHGHURVVHUHTXLHUHQPHWURVGHFDGHQDSHUPLWLHQGRHO UHFRUULGRSRUODVFXUYDVGHODLQVWDODFLyQPHGLDQWHHOXVRGHDFWXDGRUHVSDUDOD DSHUWXUDGHFRPSXHUWDV6XIXQFLyQHVPRY,OL]DUHODOLPHQWRSRUWRGRHOJDOSRQSDUD DVLSRQHUHQGLVSRVLFLyQHODOLPHQWRDODJDOOLQDV 7UHVWROYDVGHUHFLERGHHVWUXFWXUDHQDFHURJDOYDQL]DGRFRQFDSDFLGDGGH 2FKR FHOGDV GH FDUJD FRQ FRPSRQHQWHV HOHFWUyQLFRV LQVWDODGRV HQ OD SDUWH NLORV FDGD XQD XELFDGDV HQ SXQWRV HVWUDWpJLFRV DO LQLFLR GH ORV FDQDOHV (VWDV 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WDEOHUR GH FRQWURO FRQ SDQHO HOHFWUyQLFR \ GLVSRVLWLYRV GH UHJXODFLyQ TXH 8QFRQWURODGRUGHSHVDMHSDUDVLORVFRQVLVWHQWHHQXQFRPSRQHQWHHOHFWUyQLFR LQVWDODGRHQHOVLORFHUFDGHODVFHOGDVGHFDUJDSDUDFRQWURODUODVFHOGDVIXQFLRQD FRQXQDWHQVLyQGH9ROWLRV6XIXQFLyQHVSHUPLWLUYLVXDOL]DU\DOHUWDUVREUHHO SHVRGHODOLPHQWRHQHOVLOR PDQHMD WHQVLRQHV GH D 9ROWLRV (VWH VLVWHPD JHVWLRQD LQWHJUDOPHQWH HO WUDQVSRUWHGHDOLPHQWR\ORVPRWRUHVDGHPiVFXHQWDFRQXQLQWHUUXSWRUDOILQDOGH ORVFDQDOHVTXHGHWHFWDHOOOHQDGRWRWDOGHOVLVWHPDSDUDRUGHQDUHOOHYDQWDPLHQWR VLQFURQL]DGR GH ODV WDSDV JDUDQWL]DQGR TXH ODV JDOOLQDV VH DOLPHQWHQ GH IRUPD KRPRJpQHD 8QWDEOHURGHFRQWUROHOHFWUyQLFRTXHRSHUDHQWHQVLRQHVGHDYROWLRV 6LVWHPDGHFRPHGHURVSDUDPDFKRFRPSXHVWRSRU 'RVFLHQWRVGRVSODWRVGHFRPHGHURIDEULFDGRVHQSOiVWLFR\VLQFRPSRQHQWHV &HQWUDOL]D HO PDQGR GHO VLVWHPD SHUPLWLHQGR HO LQLFLR \ GHWHQFLyQ GH ORV FRPSRQHQWHVGHOFXDGURGHHQWUDGD\GHOVLVWHPDGHHOHFWURFKRTXH 6LVWHPDGHMDXODVRQLGRVDXWRPiWLFRVFRQUHFROHFFLyQGHKXHYRFRPSXHVWRSRU PHFiQLFRVRHOpFWULFRVHVWRVSODWRVUHFLEHQHODOLPHQWR\SHUPLWHQODDOLPHQWDFLyQ HVSHFtILFDGHORVPDFKRV 6HWHQWD\FXDWURQLGRVGHDFHURLQR[LGDEOHGHPP PP PP 'RVWROYDVGHUHFLERGHHVWUXFWXUDVPHWiOLFDVXELFDGDVHQGRVSXQWRVDOLQLFLRGH ODWXEHUtDFRQXQDFDSDFLGDGGHNLORVFDGDXQD5HFHSFLRQDQHODOLPHQWRGHVGH ORVWRUQLOORVVLQILQGHODWROYDEiVFXOD\PDQWLHQHQXQOOHQDGRFRQVWDQWH 'RVPRWRUHVHOpFWULFRVWULIiVLFDVGHYROWLRVFRQXQDSRWHQFLDGHN:

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/DUHXQLyQWpFQLFDVHOOHYyDFDERHOGHDEULOGHHQODTXHVHH[SOLFyHOSURFHVR GHREWHQFLyQGHOSURGXFWR\VHDFODUDURQGXGDVWpFQLFDVGHGLFKDUHXQLyQVHILUPyXQDFWD TXHKDFHSDUWHGHORVDQWHFHGHQWHV 3RUODFXDOVHH[SLGHXQD5HVROXFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 2UGLQDULD /$ -()( $ '(/$&225',1$&,Ï1'(&/$6,),&$&,Ï1$5$1&(/$5,$'(/$ 68%',5(&&,Ï17e&1,&$$'8$1(5$ (OXVXDULRUHVSRQGH PHGLDQWHHVFULWRUDGLFDGR 1R(GHOGH PD\RGHDOOHJDQGRUHVSXHVWDDUHTXHULPLHQWRHQGRFXPHQWRGHQRPLQDGR³$*(1&,$ '($'8$1$66(&85,7<6´ HQFLQFRSiJLQDVDQH[R'LDJUDPDGHIOXMR HQGRV SiJLQDV DQH[R &RPSRVLFLyQ GHO SURGXFWR DO HQ GRV SiJLQDV DQH[R (VWUXFWXUDTXtPLFDGHOSURGXFWRHQGRVSiJLQDVDQH[R3UHVHQWDFLyQFRPHUFLDOGHO SURGXFWR HQVLHWHSiJLQDV\DQH[R )LFKDWpFQLFD HQGRVSiJLQDV (QXVRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHVTXHOHFRQILHUHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR GH OD MXOLDQ]XOXDJD#KRWPDLOFRP FRUSRUDWLYR#DDVHFXULW\VFRP FDOOHDDHQ%RJRWi'& 3RUPHGLRGHOIRUPDWRGHODVROLFLWXGVHLQGLFyTXHVHQRWLILTXHDO 6U-8/,È1=8/8$*$ 252=&2 D ODV GLUHFFLRQHV HOHFWUyQLFDV PDQLIHVWDGDV SRU HO LQWHUHVDGR MXOLDQ]XOXDJD#KRWPDLOFRP 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julio de 2026 68 DIARIO OFICIAL ILOPHQFDGDFLFORORTXHSHUPLWHPD\RUSUHFLVLyQHQODGRVLILFDFLyQ\HQHOSRVLFLRQDPLHQWR GHOSURGXFWRGHQWURGHOHQYDVHJDUDQWL]DQGRODFDOLGDG\UHSHWLELOLGDGHQHOHPSDTXH XREVWUXFFLRQHV\FRQWULEX\HQGRDODFRQWLQXLGDGHVWDELOLGDG\SUHFLVLyQGHOSURFHVRGH HQYDVDGR 8QDSODWDIRUPDGHODEDODQ]DPXOWLFDEH]DOIDEULFDGDHQDFHURDOFDUERQRFRQSLQWXUD )LQDOPHQWHORVSDTXHWHVVRQFRUWDGRV\WUDQVIHULGRVDXQDFLQWDWUDQVSRUWDGRUDFROHFWRUD TXHORVFRQGXFHKDFLDXQDPHVDJLUDWRULDGRQGHVHDFXPXODQ\RUJDQL]DQIDFLOLWDQGRVX LQVSHFFLyQPDQLSXODFLyQ\UHWLURPDQXDOSRUSDUWHGHORVRSHUDULRV HO/RWH(%RQDQ]D9HUHGD3DGLOOD7HEDLGD 4XLQGtR (OVLVWHPDGHOOHQDGRHVYHUWLFDO\WLHQHXQDFDSDFLGDGGHSURGXFFLyQGHXQLGDGHVSRU PLQXWR/DOtQHDVHLQVWDODUiHQHO/RWH(%RQDQ]D9HUHGD3DGLOOD7HEDLGD4XLQGtR /DOtQHDVHFRPSRQHGHODVVLJXLHQWHVPiTXLQDV\HTXLSRV 8QVLORYLEUDWRULRIDEULFDGRHQDFHURLQR[LGDEOHFRQFDSDFLGDGQRPLQDOGHOLWURV HOHFWURVWiWLFD GH DOWD UHVLVWHQFLD FRQ DOWXUD ~WLO GH PP VXSHUILFLH GH WUDEDMR DQWLGHVOL]DQWH FLQFR EDUDQGDV SHULPHWUDOHV GH VHJXULGDG GH P \ P 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8QHPEXGRGHGHVFDUJDPLHQWRIDEULFDGRHQSROLSURSLOHQRGHDOWDUHVLVWHQFLDFRQ 5HYLVDGRHOSURFHVR\ORVHTXLSRVDVRFLDGRVDOVLVWHPDVHWLHQHTXHFXDQGRVHWUDWDGH XQLGDGHVIXQFLRQDOHVHVQHFHVDULRGDUHVWULFWRFXPSOLPLHQWRDORLQGLFDGRHQOD1RWDGH OD6HFFLyQ;9,ODFXDOVHxDODHQWUHRWURVDVSHFWRV ³«3DUDODDSOLFDFLyQGHHVWD1RWDORVWpUPLQRVSDUDUHDOL]DUFRQMXQWDPHQWHXQDIXQFLyQ QHWDPHQWH GHILQLGD DOFDQ]DQ VRODPHQWH D ODV PiTXLQDV R FRPELQDFLyQ GH PiTXLQDV QHFHVDULDVSDUDUHDOL]DUODIXQFLyQSURSLDGHOFRQMXQWRTXHFRQVWLWX\HODXQLGDGIXQFLRQDO con exclusión de las máquinas o aparatos que tengan funciones auxiliares y no contribuyan a la función del conjunto«´1HJULOODIXHUDGHWH[WR´ JHRPHWUtDWLSRWROYDFyQLFDSLUDPLGDOGLiPHWURGHPP\VLVWHPDGHGHVFDUJDODWHUDO SRUIOXMRJUDYLWDFLRQDOFRQILJXUDGRVLQVLVWHPDVDXWRPiWLFRVGHDSHUWXUD\FLHUUH VLQ VHQVRUHVGHQLYHORSUHVHQFLDVLQUHYHVWLPLHQWRDQWLDGKHUHQWH\VLQWROYDLQWHUPHGLD)XQFLyQUHFLELUHOSURGXFWRGRVLILFDGRSRUODEDODQ]DPXOWLFDEH]DO \GLULJLUORGHPDQHUD FRQWURODGD KDFLD HO WXER IRUPDGRU GH OD HQYDVDGRUD YHUWLFDO 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³0iTXLQDVSDUDODYDUYDMLOODPiTXLQDV\DSDUDWRVSDUDOLPSLDURVHFDUERWHOODVRGHPiV UHFLSLHQWHVPiTXLQDV\DSDUDWRVSDUDOOHQDUFHUUDUWDSDUWDSRQDURHWLTXHWDUERWHOODV ERWHVRODWDVFDMDVVDFRVEROVDVRGHPiVFRQWLQHQWHVPiTXLQDV\DSDUDWRVGHFDSVXODU ERWHOODV WDUURV WXERV \ FRQWLQHQWHV DQiORJRV ODV GHPiV PiTXLQDV \ DSDUDWRV SDUD HPSDTXHWDURHQYROYHUPHUFDQFtDVLQFOXLGDVODVGHHQYROYHUFRQSHOtFXODWHUPRUUHWUiFWLO PiTXLQDV \ DSDUDWRV SDUD JDVHDU EHELGDV´ \ HQ DSOLFDFLyQ GH OD 5HJOD *HQHUDO,QWHUSUHWDWLYDVHFODVLILFDHQODVXESDUWLGDGHO$UDQFHOGH$GXDQDVODFXDO HVWiGHWHUPLQDGDSDUD³/DVGHPiV´ 7HQLHQGRHQFXHQWDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHGHPDU]R GHHOVHUYLFLRGHFODVLILFDFLyQDUDQFHODULDSDUDXQLGDGHVIXQFLRQDOHVWLHQHXQYDORU HTXLYDOHQWHDXQPLOOyQFXDWURFLHQWRVFLQFXHQWD\FXDWURPLOGRVFLHQWRVFLQFXHQWD\FXDWUR SHVRVPFWHLQFOXLGRHO,9$YDORUDFWXDOL]DGRDQXDOPHQWHFRQEDVHHQHO tQGLFHGHSUHFLRVDOFRQVXPLGRU,3&FHUWLILFDGR\SXEOLFDGRSRUHO'$1(FRQIRUPHDOR HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQHQPHQFLyQ'HDFXHUGRFRQHOFRPSUREDQWH 69 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL 3RUODFXDOVHH[SLGHXQD5HVROXFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 2UGLQDULD /$ -()($'( /$&225',1$&,Ï1'(&/$6,),&$&,Ï1$5$1&(/$5,$'(/$ 68%',5(&&,Ï17e&1,&$$'8$1(5$ (QXVRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHVTXHOHFRQILHUHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR GH OD 5HVROXFLyQGH\WHQLHQGRHQFXHQWDORVVLJXLHQWHV +(&+26 $ 0 0HGLDQWHUDGLFDGR1RGHGHDEULOGHHO6U $/9$525$0Ë5(= 75,$1$ LGHQWLILFDGR FRQ FpGXOD GH FLXGDGDQtD Q~P HQ FDOLGDG GH UHSUHVHQWDQWHOHJDO VXSOHQWH GHOD6RFLHGDG&20(5&,$/,=$'25$%2*27$1$6$6 FRQ1,7SUHVHQWy XQDVROLFLWXGGHUHVROXFLyQGHFODVLILFDFLyQDUDQFHODULD RUGLQDULD SDUD OD PHUFDQFtD GHQRPLQDGD WpFQLFD \ FRPHUFLDOPHQWH FRPR ³7$3(7(6 $%625%(17(63$5$0$6&27$6'(862',$5,28/75$$%625&,Ï1´ (OLQWHUHVDGRDGMXQWy DODVROLFLWXGORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV 'HFRQIRUPLGDGFRQODUHVROXFLyQ1RGHOGHPDU]RGHHVWDILUPDHOHFWUyQLFDWLHQHSOHQDYDOLGH]\ UHPSOD]DHQWRGRVVXVHIHFWRVDODILUPDPDQXVFULWD )RUPXODULR 6,(6$53HQGRVSiJLQDV &RPSUREDQWHGHSDJRHQXQDSiJLQD)LFKDWpFQLFDHQGRVSiJLQDV)RWRJUDItDVGHOSURGXFWR\VXHPSDTXHHQFLQFR SiJLQDV 0$5&(/$-2+$11$0$57,1(=)$-$5'2 -HIH &RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 0$5&(/$-2+$11$0$57,1(=)$-$5'2 -HIH &RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD 6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD (OVROLFLWDQWH SDJyVHWHFLHQWRVYHLQWLVLHWHPLOFLHQWRFLQFXHQWDSHVRVPFWH VHJ~QFRPSUREDQWH GHSDJRQ~P GHGHDEULOGHGHO%DQFR GH%RJRWi GJLO#FDQDPRUFRP DUDPLUH]#FDQDPRUFRP ODGLUHFFLyQFDOOHVXUJHQ%RJRWi'& 3RUPHGLRGHOIRUPDWRGHODVROLFLWXGVHLQGLFyTXHVHQRWLILTXHDHO6U $/9$525$0,5(= 75,$1$DODV GLUHFFLRQHV HOHFWUyQLFDV PDQLIHVWDGDV SRUHOLQWHUHVDGRGJLO#FDQDPRUFRP DUDPLUH]#FDQDPRUFRP R SRUFRUUHRHQODGLUHFFLyQFDOOHVXUJHQ%RJRWi'& (OGHMXQLRGHVHOOHYyDFDERXQDUHXQLyQ WpFQLFD YLUWXDOPHGLDQWHODSODWDIRUPD 0LFURVRIW 7HDPV FRQ HO SURSyVLWR GH SUHFLVDU FRQIRUPDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GH OD PHUFDQFtDREMHWRGHHVWXGLR/RWUDWDGRHQODUHXQLyQTXHGyFRQVLJQDGRHQXQDFWDODFXDO VHLQFRUSRUDFRPRDQWHFHGHQWHGHQWURGHOWUiPLWHGHODVROLFLWXG )81'$0(1726'('(5(&+2 &RQYHQLR GHO 6LVWHPD $UPRQL]DGR GH 'HVLJQDFLyQ \ &RGLILFDFLyQ GH 0HUFDQFtDV \ VX 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RESOLUCIÓN NÚMERO 1-03779 DE 2025

$57Ë&8/2 7(5&(52,QIRUPDU DO LQWHUHVDGR D TXH FRQWUD HO SUHVHQWH DFWR DGPLQLVWUDWLYRSURFHGHUHFXUVRGHDSHODFLyQDQWHOD6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUDHOFXDO GHEHUiLQWHUSRQHUVHGHQWURGHORVGLH]GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWLILFDFLyQGHFRQIRUPLGDG FRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR GHO'HFUHWRGH PRGLILFDGRSRUHODUWtFXOR GHO'HFUHWRGH\ORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/H\GH (diciembre 9) por medio de la cual se aprueban programas de formación integral y se realiza las modificaciones a las Resoluciones 472 de 2014 y 2423 del 2018 $57Ë&8/2&8$5722UGHQDU XQD YH] HQ ILUPH OD SXEOLFDFLyQ GH OD SUHVHQWH UHVROXFLyQ HQ HO 'LDULR 2ILFLDO \ HQ OD SiJLQD ZHE GH OD ',$1 GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXOR GH OD 5HVROXFLyQ GH PRGLILFDGR SRU HO DUWtFXOR GH OD 5HVROXFLyQ GH HO DUWtFXOR GH OD /H\ GH \ HO DUWtFXOR GH OD /H\ GH del Sena. La Directora de Formación Profesional de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante la Resolución número 1-00201 de 2024 y, $57Ë&8/248,1725HPLWLUXQDYH]HQILUPHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRSRU PHGLR GH OD &RRUGLQDFLyQ GH &RUUHVSRQGHQFLD \ 1RWLILFDFLRQHV GH OD 6XEGLUHFFLyQ $GPLQLVWUDWLYD DOD&RRUGLQDFLyQGH &ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULDGHOD6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD $GXDQHUDSDUDORGHVXFRPSHWHQFLD 127,)Ë48(6(38%/Ë48(6(<&Ò03/$6(

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 249 de 2004, por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), le asigna al director general la función de: “Revisar periódicamente y aprobar la oferta de los programas de formación profesional integral, según las necesidades detectadas en el sector externo y aprobar la modificación de los programas en sus contenidos, duración y tipo de certificación”, conforme lo señala el artículo 4º, numeral 12 del mencionado decreto.

$ 0 Que mediante la Resolución número 1-02226 de 2025, por la cual se determinan la clasificación y modalidades de los programas de formación profesional integral y se deroga la Resolución número 21298 de 2019 y se dictan otras disposiciones.

'HFRQIRUPLGDGFRQODUHVROXFLyQ1RGHOGHPDU]RGHHVWDILUPDHOHFWUyQLFDWLHQHSOHQDYDOLGH]\ UHPSOD]DHQWRGRVVXVHIHFWRVDODILUPDPDQXVFULWD Que mediante la Resolución número 1-02226 de 2025, por la cual se determinan la clasificación y modalidades de los programas de formación profesional integral y se deroga la Resolución número 21298 de 2019 y se dictan otras disposiciones.

0$5&(/$-2+$11$0$57,1(=)$-$5'2 -HIH &RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 0$5&(/$-2+$11$0$57,1(=)$-$5'2 -HIH &RRUGLQDFLyQGH&ODVLILFDFLyQ$UDQFHODULD 6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD 6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD Que el Sena debe ofrecer e impartir formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a quienes, sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico del país.

Que el Centro de Tecnología y Manufactura Avanzada de la Regional Antioquia, presentó a la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 74 DIARIO OFICIAL Tecnología en Mantenimiento Mecánico y Electrónico Automotriz, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Denomina- Duración Producción Certificación Sector que otorga SENA Créditos Curricular Modalidad Versión Código ción del programa Tecnólogo en Mante- El Programa Tecnología en Comercio Digital responde a la necesidad y en atención a su alta pertinencia y carácter estratégico para el desarrollo productivo nacional en la era digital, considerando el crecimiento sostenido del comercio electrónico y la necesidad de cerrar la brecha de talento especializado en la gestión de plataformas, analítica avanzada y campañas digitales de alto rendimiento. Este programa forma tecnólogos con competencias orientadas a la eficiencia operativa y la competitividad empresarial en un ecosistema digital que demanda profesionales capaces de impulsar la transformación comercial y garantizar la sostenibilidad del sector.

Tecnología en Mantenimien- Servicios 83 Nuevo Programa Presencial 1 838112 nimiento Mecánico y to Mecánico y Electrónico Automotriz Electrónico Automotriz Que el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Bolívar, presentó a la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Gestión Gastronómica, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Certificación Denomina- Duración Producción Sector Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA que otorga ción del programa Tecnología Tecnólogo en en Gestión Servi- Gestión Gas- 83 Nuevo Presencial 1 624109 Gastronó- cios tronómica Con este nuevo Programa Tecnología en Mantenimiento Mecánico y Electrónico Automotriz, propone una experiencia educativa integral, inmersiva y actualizada alineada con las necesidades técnicas y tecnológicas del sector del mantenimiento de vehículos automotores. Garantiza el conocimiento conceptual y procedimental necesario para la atención del parque automotor en Colombia, garantizando los nuevos conocimientos que demandan los vehículos de última generación y manteniendo los saberes necesarios para suplir el servicio de los demás vehículos. Combina la amplia y reconocida experiencia formativa del Sena con un relacionamiento constante y fortalecido con el medio profesional. mica Que el Centro de Servicios y Gestión Empresarial de la Regional Antioquia, presentó a la Dirección de Formación Profesional la solicitud de actualización del Programa Tecnología en Animación Digital, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Certificación Duración Producción Sector Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA que otorga Denominación del programa Tecnólogo en Tecnología en Animación 83 Actualiza- Servicios Animación ción Presencial 1 524705 Digital Digital El Programa Tecnología en Gestión Gastronómica en atención a su pertinencia y carácter estratégico para fortalecer la competitividad, sostenibilidad e innovación del sector gastronómico, considerado motor cultural, turístico y económico del país. Este programa responde a la creciente demanda de profesionales capaces de gestionar procesos culinarios integrales, articular la gastronomía con la productividad regional y nacional, y promover modelos basados en identidad, trazabilidad y economía circular. Con ello, se amplía la oferta formativa del Sena, se articula con programas técnicos de la red tecnológica y se facilita el reconocimiento ocupacional de trabajadores con experiencia, contribuyendo al desarrollo territorial y alineándose con las prioridades nacionales, el Sistema Nacional de Cualificaciones y los estándares ocupacionales vigentes.

Que el Centro Minero de la Regional Boyacá, presentó a la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Gestión del Mantenimiento Electromecánico del Equipo Pesado, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Este Programa Tecnología Animación Digital actualiza su diseño curricular atendiendo a las demandas del sector productivo, este programa es una renovación sin embargo en la plataforma del Sena Sofia Plus cambia su código debido a un cambio en la clasificación nacional de ocupaciones, código en Sofia plus (anterior) 513601 versión 3; nuevo código en Sofia Plus 524705 versión 1.

Certificación Denomina- Duración Producción Sector Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA que otorga ción del programa Tecnología Tecnólogo en en Gestión Gestión del Mantenimien- Servi- to Electrome- 83 Nuevo Presencial 1 821600 cios del Mantenimiento Electrome- Este programa responde a la necesidad de formar profesionales altamente capacitados en la creación de contenido visual innovador y de alta calidad, indispensable para la competitividad en mercados digitales y para consolidar a Colombia como referente en la industria audiovisual y de entretenimiento en América Latina. La formación propuesta desarrolla competencias técnicas y creativas alineadas con las tendencias del sector, las políticas públicas y las oportunidades de empleo y emprendimiento, fortaleciendo la cadena de valor de la economía creativa y digital. cánico del cánico del Equipo Pesado Equipo Pesado Que el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico, presentó a la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Supervisión en Contact Center y BPO, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Denomina- Certificación Duración Producción Sector Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA ción del programa que otorga Tecnólogo en Tecnología en Supervisión Supervisión Comercio en Contact 83 Nuevo Presencial 1 121301 Center y en Contact Center y BPO BPO El Programa de Tecnología en Gestión de Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria Pesado responde a las necesidades identificadas en atención a su pertinencia y carácter estratégico para el fortalecimiento de la infraestructura productiva, la modernización tecnológica y la sostenibilidad industrial en Colombia, así mismo la creciente demanda de talento calificado para la operación, diagnóstico y mantenimiento de equipos pesados que integran sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidráulicos, esenciales para los sectores industrial, minero, agrícola, de la construcción y del transporte. La formación propuesta desarrolla competencias en mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, contribuyendo a la reducción de tiempos de inactividad, optimización de recursos, mejora de la seguridad industrial y aumento de la productividad empresarial, alineándose con las prioridades nacionales y los estándares del Sistema Nacional de Cualificaciones para impulsar la competitividad y la innovación en los sectores productivos del país.

Que el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la información de la Regional Distrito Capital, presentó a la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Análisis de Mercados y Gestión Comercial, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Denomina- Certificación Duración Producción Sector Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA ción del programa que otorga Tecnólogo en Este Programa Tecnología en Supervisión de Contact Center y BPO, en atención a su alta pertinencia y rol estratégico dentro del contexto económico colombiano, caracterizado por una creciente demanda de talento especializado en la gestión de servicios tercerizados y atención omnicanal. Este sector, pilar de la economía de servicios, genera más de setecientos mil empleos y presenta un crecimiento sostenido, lo que exige cerrar la brecha de cualificación para cargos intermedios como supervisores y analistas, mediante formación orientada al liderazgo de equipos, manejo de indicadores clave, dominio de plataformas tecnológicas y desarrollo de habilidades socioemocionales y comunicativas, incluyendo el inglés. Al enfocarse en la supervisión integral de operaciones omnicanal y el análisis administrativo, el programa contribuye a la eficiencia operativa, mejora la calidad del servicio y la experiencia del cliente, posicionando al egresado como agente de cambio y promotor de competitividad en una industria que constituye una puerta de entrada al empleo formal para la población joven.

Comer- Tecnología en Análisis de Mercados Análisis de Mercados y 83 Nuevo Presencial 1 623300 cio Gestión Comercial y Gestión Comercial Que el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico, presentó a la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Comercio Digital, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

CERTIFICA:

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Duración Producción Sector SENA Créditos Curricular Modalidad Versión Código Denominación del programa ción que otorga Comercio Tecnología en Comercio Tecnólogo en Comercio 85 Nuevo Presencial 1 623607 Digital Digital El Programa Tecnología en Análisis de Mercados y Gestión Comercial, responde a la atención de su alta pertinencia y contribución estratégica al desarrollo económico nacional e internacional, dado que el comercio de bienes y servicios constituye uno de los principales motores de crecimiento y generador de empleo. Este sector, que representa más de la mitad del PIB mundial y alcanza en Colombia un valor significativo con tendencia positiva, demanda talento humano con competencias integrales que combinen capacidades comerciales y analíticas para responder a la dinámica de mercados globales y locales. La 75 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL formación integral orientada a la competitividad regional, promoviendo la adopción de prácticas sostenibles y el cumplimiento de los estándares ocupacionales. De esta manera, se garantiza la inclusión, formalización laboral y la articulación con las políticas públicas para impulsar la transformación productiva del país. formación propuesta permitirá desarrollar habilidades orientadas a la gestión eficiente, la toma de decisiones basada en análisis de datos y la optimización de procesos comerciales, garantizando la competitividad empresarial y la inserción laboral en un entorno económico altamente interconectado.

Que el Centro tecnológico mobiliario de la Regional Antioquia, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de actualización del programa Tecnología En Coordinación De Escuelas De Música, el cual se requiere bajo la modalidad presencial y a distancia como se resume a continuación:

Que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila de la Regional Huila, presentó a la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Gestión de producción y calidad de café especial, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

CERTIFICA:

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Denomina- Nivel Duración Producción Produc-

CERTIFICA:

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Denomina- ción que Sector Modali- Duración Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA ción que Sector otorga ción del programa dad Versión Código SENA Créditos de forma- ción Curricular otorga ción del programa ción Actualización del Tecnólogo En Coordi- Tecnología En Presencial y nación De Coordinación Servi- Tecnólogo En Gestión Prima- a distancia 1 83 Actualiza- Escuelas De Escuelas cios ción Tecno- De Música 83 Nuevo Presencial 1 722108 logía rio y extrac- De Música De Producción Y Calidad De Tecnología En Gestión En Producción Y Calidad De tivo Café Especial Café Especial programa 513208_v1 a 513208_v2 Este Programa Tecnología en Coordinación de Escuelas De Música actualiza su diseño curricular atendiendo a las demandas del sector productivo, por lo cual en la plataforma del Sena Sofia Plus se actualiza su versión. El programa Tecnología en Coordinación de Escuelas de Música del Sena surge como una respuesta estratégica a las necesidades culturales, educativas y sociales del país, en un contexto nacional donde la música se reconoce como un eje fundamental para el desarrollo humano, la cohesión social y el fortalecimiento de la economía creativa. La modalidad a distancia permite ampliar cobertura y garantizar acceso a poblaciones diversas, incluidos músicos empíricos, docentes comunitarios, líderes culturales y habitantes de regiones con limitada oferta de educación artística. Este enfoque democratiza la formación, fortalece capacidades locales y contribuye al cierre de brechas territoriales.

El Programa Tecnología en Gestión de Producción y Calidad de Café Especial se fundamenta en su pertinencia y carácter estratégico para fortalecer la competitividad, sostenibilidad e innovación del sector cafetero colombiano, reconocido como motor económico y cultural del país. Este programa responde a la necesidad de formar talento altamente calificado que garantice procesos de selección, beneficio y trazabilidad con estándares superiores, integrando competencias técnicas y transversales que permitan tomar decisiones informadas desde la finca hasta el laboratorio, bajo criterios de sostenibilidad y formalización laboral. De esta manera, se promueve la resiliencia climática, las buenas prácticas y el fortalecimiento organizativo, articulando la formación con el sector productivo y los retos de la digitalización. Todo ello contribuye a posicionar el café especial colombiano como un proyecto colectivo de excelencia e innovación que impulsa el desarrollo territorial y nacional.

Que el Centro de Gestión Industrial de la Regional Distrito Capital, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de la solicitud de creación del programa Tecnología En Gestión de Operaciones Internas de Fabricación, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Certificación Denomina- Duración Producción Sector Que el Centro Industrial de Mantenimiento Integral de la Regional Santander, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Implementación y mantenimiento de sistemas informáticos, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA que otorga ción del programa Denomina-

CERTIFICA:

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Tecnología Duración Producción Tecnólogo en Sector ción que Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA ción del programa otorga Indus- en Gestión de operacio- Gestión de operaciones tria nes internas 83 Nuevo Presencial 1 121511 Tecnología Tecnólogo en Implemen- internas de fabricación Prima- de fabricación en Implementación y manteni- 83 Nuevo Presencial 1 228142 rio y extrac- miento de tación y mantenimiento de tivo sistemas informáticos sistemas informáticos El programa de formación Tecnología en Gestión de Operaciones Internas de Fabricación, está orientado, a la reducción de costos, aumento de la productividad, desarrollo y mejora de los sistemas logísticos internos, integración de tecnologías existentes de hardware y software para la producción, con el fin de dinamizar los procesos, mejorar la trazabilidad y agilizar la toma de decisiones. Énfasis que cumple con las premisas establecidas en los objetivos de desarrollo ODS, numerales 9 y 11, donde se plantea la flexibilidad y sostenibilidad, mejorar la eficiencia operativa mediante la digitalización de la cadena de suministro, disminución de la huella de carbono optimizando las operaciones logísticas internas.

Que el Centro de formación para el desarrollo rural y minero de la Regional Norte de Santander, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Gestión de Sistemas Agroecológicos, el cual se requiere bajo la modalidad presencial, a distancia y virtual como se resume a continuación:

La dinámica actual del sector tecnológico exige programas formativos capaces de responder de manera oportuna, pertinente y con altos estándares de calidad a los desafíos que enfrentan las organizaciones en materia de infraestructura informática, seguridad digital y gestión integral de servicios de TI. Esta realidad evidencia la necesidad de formar talento humano altamente competente, con sólidas capacidades técnicas, operativas y analíticas que contribuyan al fortalecimiento de la transformación digital del país. La formación en estas áreas no solo permite que los futuros tecnólogos adquieran competencias específicas para la solución de problemas técnicos y la optimización de los recursos informáticos, sino que también les habilita para aportar al desarrollo y consolidación de la infraestructura tecnológica regional y nacional, promoviendo la inclusión digital y aportando al progreso social, económico y tecnológico del país.

Denominación Certificación Duración Producción Sector Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA del programa que otorga Prima- rio y Tecnología en Tecnólogo en Presen- cial, a Que el Centro Latinoamericano de especies menores de la Regional Valle, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología En Producción Sostenible De Especies Menores, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Gestión de Gestión de extrac- Denomina- Certificación 83 Nuevo distancia y Duración Producción tivo Sistemas Agroecoló- virtual 1 722103 Sector Sistemas Agroecológicos Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA gicos ción del programa que otorga Tecnólogo En Prima- Tecnología En Producción Sostenible Producción Sostenible De 83 Nuevo Presencial 1 723183 rio y extrac- tivo Especies Menores De Especies Menores El Programa Tecnología en Gestión de Sistemas Agroecológicos incorpora inicialmente en la Resolución número 1-01690 de 2022 las modalidades presenciales y a distancia, razón por la cual se requiere incluir en la presente resolución la modalidad virtual no solo es pertinente y necesaria, sino estratégica para fortalecer la formación agroecológica en Colombia. Este ajuste garantiza acceso equitativo, calidad, flexibilidad y pertinencia, consolidando un programa moderno, inclusivo y alineado con las demandas del sector productivo y las políticas de educación actuales. Su pertinencia se fundamenta es la Ampliación de cobertura y acceso, incorporación de nuevas tecnologías y permite la flexibilidad a los aprendices vinculados a actividades productivas mediante aprendizaje autónomo reduciendo la deserción de los aprendices.

Que el Centro Agropecuario la Granja de la Regional Tolima, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del Programa Tecnología en Agricultura de El Programa Tecnología en Producción Sostenible de Especies Menores es un programa de formación de carácter estratégico y de gran pertinencia para fortalecer la productividad, sostenibilidad e innovación en los sistemas pecuarios de pequeña escala, lo que resulta esencial para el desarrollo económico y social de los territorios rurales y el mejoramiento de la autosuficiencia alimentaria. El diseño curricular se alinea con las demandas del sector productivo y las tendencias de empleabilidad, proporcionando una Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 76 DIARIO OFICIAL la Resolución número 0545-2025 MD-DIMAR-SUBMERC-GTEMAR mediante la cual se autoriza el desarrollo y certificación de dicho programa.

Precisión e Innovación Digital, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Nivel

CERTIFICA:

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Denomina- Duración Producción Modali- Código ción que Sector Créditos Curricular dad Versión SENA de forma- otorga ción del programa ción Que el Centro de Servicios Financieros de la Regional Distrito Capital, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del Programa Tecnología en Operaciones Fiduciarias y Servicios Financieros el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Tecnólogo Tecnología Prima- Certificación Denomina- Duración Producción rio y Sector Tecno- Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA 83 Nuevo Presencial 1 722106 que otorga ción del programa logía extracti- en Agricultura de precisión e innovación en Agricultura de precisión e innovación Tecnólogo en Tecnología en vo digital digital Servi- 83 Nuevo Presencial 1 123206 Operaciones fiduciarias y Operaciones fiduciarias y cios servicios financieros servicios financieros El Programa de Tecnología en Agricultura de Precisión e Innovación Digital responde a los desafíos crecientes de seguridad alimentaria, cambio climático y escasez de recursos al formar profesionales capaces de integrar tecnologías digitales y herramientas innovadoras en la gestión agropecuaria. A través del uso de drones, sensores, sistemas de información geográfica y automatización, los egresados optimizan el uso de insumos y mejoran la productividad, reduciendo costos y el impacto ambiental. El programa favorece la modernización de la agricultura tanto en grandes explotaciones como en agricultores familiares y medianos productores, alineándose con las políticas nacionales de innovación.

Que el Centro internacional náutico, fluvial y portuario de la Regional Bolívar, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Oficial encargado de la guardia en una cámara de máquinas REGLA III/1- STCW/78 enmendado a nivel operacional, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Certificación Denomina- El Programa Tecnología en Operaciones fiduciarias y servicios financieros es el reemplazo del programa Tecnología en Gestión de Negocios Fiduciarios, la Tecnología en Operaciones fiduciarias y servicios financieros tiene gran pertinencia y carácter estratégico para el fortalecimiento del sector fiduciario, considerado un pilar de la economía nacional por su papel en la administración de activos, el apalancamiento financiero y la ejecución de proyectos de infraestructura, inversión y ahorro. Este programa responde a la creciente demanda de talento humano calificado para operar negocios fiduciarios, evaluar solicitudes de servicios financieros, sistematizar datos masivos, manejar transacciones monetarias y atender clientes, integrando competencias técnicas y habilidades transversales como comunicación asertiva, trabajo en equipo, manejo confidencial de información, pensamiento crítico y uso de herramientas tecnológicas. Con ello, se garantiza la formación de profesionales que contribuyan a la competitividad, la transparencia y la sostenibilidad del sector financiero.

Duración Producción Sector Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA que otorga ción del programa Tecnólogo Tecnología Que el Centro de Servicios Financieros de la Regional Distrito Capital, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Gestión de Seguridad Social, Prestaciones Sociales y Servicios Financieros el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación: en Oficial encargado de la guardia en en Oficial encargado de la guardia en Certificación Denomina- Servi- Duración Producción 83 Nuevo Presencial 1 227403 Sector cios Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA una cámara de máquinas REGLA III/1- una cámara de máquinas REGLA III/1- ción del programa que otorga Tecnología STCW/78 enmendado a STCW/78 enmendado a nivel opera- nivel opera- cional cional Tecnólogo en Gestión de Seguridad Social, Servi- Prestaciones 83 Nuevo Presencial 1 123205 cios en Gestión de Seguridad Social, Prestaciones Sociales y Sociales y Servicios Financieros Servicios Financieros El Programa Tecnología en Oficial encargado de la guardia en una cámara de máquinas REGLA III/1-STCW/78 enmendado a nivel operacional responde a esta necesidad, alineándose con el CONPES 3990 – Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030, que destaca la urgencia de fortalecer capacidades técnicas y científicas para el uso sostenible de los océanos. Además, incorpora tecnologías emergentes, simuladores de alta fidelidad y prácticas de eficiencia energética, preparando al aprendiz para enfrentar los retos del sector marítimo moderno. El sector marítimo enfrenta desafíos crecientes debido al aumento del comercio global, la automatización de procesos y la necesidad de sostenibilidad ambiental. En Colombia, la formación técnica en áreas como la sala de máquinas es escasa, lo que limita la competitividad del país en el ámbito internacional. Así mismo este programa tiene una regulación especial y fue aprobado mediante la Resolución número 0545-2025 MD- DIMAR-SUBMERC-GTEMAR mediante la cual se autoriza el desarrollo y certificación de dicho programa.

El Programa Tecnología en Gestión de Seguridad Social, Prestaciones Sociales y Servicios Financieros reemplaza al programa tecnología en Gestión Integral en Fondos de Pensiones y Cesantías. El programa está estructurado para personas que deseen desempeñarse como representantes comerciales en fondos de pensiones y cesantías, auxiliares de servicios o asesores financieros y de inversiones en entidades de servicios. El principal atributo que lo distingue de los ofrecidos por otras instituciones educativas es su contexto práctico, basado en normas sectoriales de competencia laboral en sus fases de elaboración, validación y aprobación, éstas fueron elaboradas con la participación de empresarios de diversos sectores económicos del país, garantizando así la idoneidad del programa de formación en el mercado laboral para los egresados. matemática, manejo de herramientas ofimáticas, redacción de informes y uso de herramientas tecnológicas.

Que el Centro internacional náutico, fluvial y portuario de la Regional Bolívar, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del Programa Tecnología en Oficial encargado de la guardia de navegación regla II/3.3 STCW/78 enmendado a nivel operacional, el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Que el Centro de Servicios Financieros de la Regional Distrito Capital, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Gestión Administrativa y comercial de seguros y riesgos el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Denomina- Certificación Duración Producción Denominación Certificación Sector Duración Producción Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA Sector ción del programa que otorga Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA del programa que otorga Tecnólogo Tecnología Tecnólogo en Oficial encargado de la guardia de Servi- Gestión Administrativa y en Oficial encargado de la guardia de 83 Nuevo Presencial 1 123204 navegación. cios en Gestión Administrativa y comercial de comercial de Servi- navegación. regla II/3.3 83 Nuevo Presencial 1 227304 cios regla II/3.3 seguros y riesgos seguros y riesgos STCW/78 enmendado a STCW/78 enmendado a nivel opera- cional nivel operacional El programa oficial encargado de la guardia de navegación, Regla II/3.3 STCW/78 enmendado a nivel operacional, representa la consolidación del sector marítimo en Colombia. En este sentido, depende cada vez más de talento humano con competencias avanzadas, especialmente ante los retos tecnológicos, ambientales y operativos que caracterizan esta industria. Sin embargo, la oferta formativa en áreas técnicas especializadas sigue siendo limitada, lo que frena el crecimiento y la competitividad del país en este ámbito. Así mismo este programa tiene una regulación especial y fue aprobado mediante El Programa Tecnología en Gestión Administrativa y comercial de seguros y riesgos reemplaza al Programa Tecnología Gestión Integral del Riesgo en Seguros. El programa está dirigido a personas interesadas en el sector financiero y asegurador, que deseen adquirir conocimientos y habilidades en gestión de riesgos y seguros, y desarrollar habilidades en tecnologías de la información y la comunicación (TIC); que además posean aptitudes para el análisis, la investigación y la toma de decisiones, con habilidades de comunicación y trabajo en equipo, con motivación para el aprendizaje continuo y la actualización profesional. El egresado tendrá la posibilidad de continuar su formación en programas de pregrado como administración de empresas, finanzas, contaduría pública, economía, matemáticas, estadística, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas y derecho gracias 77 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL a que Sena ha firmado convenios con distintas instituciones de educación superior para homologar créditos, reconocer y validar los aprendizajes adquiridos. protagonismo del documento electrónico, de los Sistemas de Gestión Documental Electrónica (SGDEA), de la preservación digital y de tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial.

Que el Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero de la Regional Norte de Santander, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del programa Tecnología en Gestión de Empresas Pecuarias el cual se requiere bajo la modalidad virtual como se resume a continuación:

Que el Centro de Manufactura en Textil y Cuero de la Regional Distrito Capital, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de actualización del Programa Tecnología en Diseño de Componentes para Calzado el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Certificación Denominación Duración Producción Sector Certificación Denomina- Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA Duración Producción Modali- que otorga del programa Sector Créditos Curricular dad Versión Código SENA Tecnólogo En que otorga ción del programa Gestión De Servi- Tecnología 83 Nuevo Virtual 1 722200 Tecnología En Gestión Empre- Actualización cios sas Pecuarias Indus- Empresas Pecuarias 83 Actualiza- ción Presencial 1 Tecnólogo en Diseño de componentes tria en Diseño de componentes para del programa 524310_v3 a 524310_v4 para calzado calzado El Programa Tecnología en Gestión de empresas pecuarias se presenta bajo la necesidad de incorporar una nueva modalidad de oferta, creado mediante la Resolución número 2423 de 2018 en modalidad presencial y autorizado en modalidad a distancia por la Resolución número 1169 de 2021. Sin embargo, se considera indispensable ofrecerlo también en modalidad virtual, dado que este programa fue diseñado para brindar al sector productivo acceso a formación en procesos productivos dinámicos que contribuyan al desarrollo sectorial. Asimismo, busca fortalecer las capacidades de emprendedores y productores rurales dedicados a diferentes especies menores pecuarias, con el propósito de consolidar el desempeño de sus unidades productivas bajo criterios de calidad, inocuidad, sostenibilidad, rentabilidad y competitividad. La inclusión de esta modalidad representa una oportunidad estratégica para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la formación, respondiendo a las necesidades actuales del sector.

Este Programa Tecnología en Gestión Documental actualiza su diseño curricular atendiendo a las demandas del sector productivo, por lo cual en la plataforma del Sena Sofia Plus se actualiza su versión. La Tecnología en Diseño de Componentes para Calzado, integra caracteres innovadores para fortalecer la competitividad del sector cuero, calzado y marroquinería en Colombia, mediante la incorporación de tecnologías avanzadas como modelado 3D, impresión 3D y software CAD, CAM y CAE, junto con maquinaria CNC para la elaboración de moldes y equipos especializados para evaluar resistencia, durabilidad y confort. Este programa forma tecnólogos con competencias técnicas y transversales orientadas a la investigación aplicada, la comunicación en inglés técnico y el trabajo colaborativo, promoviendo la generación de productos funcionales e innovadores que respondan a las necesidades del mercado nacional e internacional. Con ello, se contribuye a la transformación productiva del sector, la adopción de procesos sostenibles y la articulación con políticas públicas y estándares ocupacionales, consolidando al SENA como referente en formación tecnológica para la industria del calzado.

Que el Centro de Servicios y Gestión empresarial de la Regional Antioquia, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de actualización del Programa Tecnología Producción de Medios Audiovisuales Digitales el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

CERTIFICA:

-

Denomina- Duración Producción ción que Sector Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA otorga ción del programa Que el Centro Formación para el Desarrollo Rural y Minero de la Regional Norte de Santander, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de creación del Programa Tecnología en Gestión del Marketing Digital el cual se requiere bajo la modalidad presencial, virtual y a distancia como se resume a continuación:

Tecnólogo Tecnología en Produc- Denomina- Certificación Actualización del En Producción De Duración Producción ción De Servi- Sector Medios 83 Actualiza- Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA ción Presencial 1 cios ción del programa que otorga programa 513101_v3 a 522800_v2 Tecnólogo en Medios Audiovisuales Digitales Presencial, Audiovisuales Digitales Indus- Gestión del Tecnología del Marketing 83 Nuevo virtual y a 1 623605 tria Marketing Digital distancia Digital Este Programa Tecnología en Producción de Medios Audiovisuales Digitales actualiza su diseño curricular atendiendo a las demandas del sector productivo, este programa es una renovación sin embargo en la plataforma del SENA Sofia Plus cambiar sus códigos, código en Sofia plus (anterior) 513101 versión 3; nuevo código en Sofia Plus 522800 versión 1.

El Programa Virtual en Tecnología Gestión de Marketing Digital responde a las necesidades creciente del mercado laboral, brindando a los aprendices las competencias técnicas necesarias para planificar, ejecutar y evaluar acciones de marketing en plataformas digitales, este programa se alinea con las tendencias globales en economía digital, contribuye al fortalecimiento de la empleabilidad y responde a las exigencias de los sectores productivos, comerciales y de servicios, que requieren talento calificado para competir en mercados cada vez más digitales. De igual forma permite el acceso de la formación a diferentes regiones, incorporando nuevas tecnologías y ofreciendo flexibilidad al aprendiz en su tiempo mediante aprendizaje autónomo.

Que, en virtud de lo anterior, la directora de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

RESUELVE:

La actualización de la Tecnología en Producción de Medios Audiovisuales Digitales busca garantizar pertinencia y carácter estratégico para el fortalecimiento de la economía digital y creativa en Colombia. Este programa responde a la necesidad de formar tecnólogos altamente capacitados en la concepción, ejecución y gestión de proyectos audiovisuales en entornos digitales, integrando de manera sistemática las fases de preproducción, producción y postproducción, con enfoque en la creación de contenidos para plataformas digitales, redes sociales, televisión, cine y campañas comunicativas. Su diseño incorpora elementos innovadores como narrativas transmedia, uso de inteligencia artificial en procesos creativos y formación en postproducción integral, garantizando la preparación de talento humano que impulsen la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del sector audiovisual en el contexto nacional.

Artículo 1º.

Modificar la Resolución número 472 de 2014 artículo 1° para el Programa Tecnología en Coordinación de Escuelas de Música:

Certificación Duración Producción Sector Denominación del programa que otorga Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA Que el Centro de Gestión Administrativa de la Regional Distrito Capital, presentó la Dirección de Formación Profesional la solicitud de actualización del Programa Tecnología en Gestión Documental el cual se requiere bajo la modalidad presencial como se resume a continuación:

Denomina-

CERTIFICA:

-

Tecnología En Actualización del Duración Producción Sector ción que Servi- Coordinación Tecnólogo En Coordinación Presencial y programa Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA 83 Actualiza- ción del programa otorga cios De Escuelas De Escuelas ción a distancia 1 De Música De Música Actualización del 513208_ v1 a 513208_v2 Tecnología programa Servi- 80 Actualiza- cios ción Presencial 1

Artículo 2º.

Modificar la Resolución número 2423 de 2018 artículo 1° para el Programa Tecnología en Producción de Medios Audiovisuales Digitales:

en Gestión Documental Tecnólogo en Gestión Documental Certificación Duración Sector Denominación Producción Cu- Modalidad Versión Código del programa que otorga Créditos SENA rricular Tecnología En Tecnólogo En Actualización del Producción Producción Servi- 83 Actualiza- cios ción Presencial 1 De Medios Audiovisuales De Medios Audiovisuales Digitales Digitales programa 513101_v3 a 522800_v1 122901_ v1 a 122901_ v2 Este Programa Tecnología en Gestión Documental actualiza su diseño curricular atendiendo a las demandas del sector productivo, por lo cual en la plataforma del Sena Sofia Plus se actualiza su versión. El Programa Tecnología en Gestión Documental aprobado mediante Resolución número 1445 de 2018 se actualizó con el propósito de incorporar competencias alineadas con las nuevas exigencias del entorno productivo, la reciente actualización de las normas de competencia laboral, la normatividad archivística nacional vigente y los estándares internacionales. De igual manera, se atiende el creciente Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 78 DIARIO OFICIAL

Artículo 3º.

Modificar Resolución número 1445 de 2018 artículo 1° para los programas:

Certificación Duración Producción Sector Tecnología Gestión Documental, Tecnología Diseño de Componentes para Calzado, que otorga Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA Denominación del programa Tecnología en Animación Digital.

Tecnología Presencial, a Prima- Distancia y Tecnólogo En Gestión De Sistemas en Gestión De Sistemas Certificación Duración Producción Código 83 Nuevo Sector Virtual 1 722103 Agroecoló- Agroecoló- rio y extrac- que otorga Créditos Curricular Modalidad Versión SENA Denominación del programa gicos gicos tivo Tecnólogo en Tecnología En Actualización Prima- Tecnología Gestión Docu- Servi- 83 Nuevo Presencial 1 722106 Tecnólogo En Gestión Documental 83 Actualiza- ción Presencial 2 mental cios Agricultura de precisión e innovación Agricultura De Precisión E Innovación rio y extrac- del programa 122901_v1 a 122901 v2 digital Digital tivo Actualización Tecnólogo En Tecnología Certificación Duración Producción Servi- Sector 83 Actualiza- Diseño De Componentes que otorga Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA ción Presencial 4 cios Denominación del programa del programa 524310_v3 a 524310_v4 Diseño De Componentes Para Calzado Para Calzado Tecnólogo Tecnólogo en Tecnología en Servi- en Oficial encargado de la guardia en Tecnología Oficial encargado de la guardia en Animación 83 Actualiza- Animación ción Presencial 1 524705 cios Digital Digital una cámara de máquinas REGLA III/1- una cámara de máquinas REGLA III/1- Servi-

Artículo 4º.

Aprobar los nuevos programas de formación profesional tecnológicos en

83 Nuevo Presencial 1 227403 cios modalidad presencial, que aparecen relacionados a continuación:

STCW/78 enmendado a STCW/78 enmendado a nivel opera- nivel opera- cional cional Certificación Duración Producción Tecnólogo Sector que otorga Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA Tecnología Oficial Encar- Denominación del programa En Oficial Encargado De La Guardia De Navegación. gado De La Guardia De Navegación.

Tecnólogo en Mantenimien- Tecnología en Mantenimien- Servi- Regla II/3.3 Regla II/3.3 83 Nuevo Presencial 1 838112 cios Servi- to Mecánico y Electrónico to Mecánico y Electrónico 83 Nuevo Presencial 1 227304 cios STCW/78 Enmendado A STCW/78 Enmendado A Automotriz Automotriz Nivel Opera- Nivel Opera- cional cional Tecnología Certificación Duración Producción Tecnólogo En Sector que otorga Créditos Curricular Modalidad Versión Código SENA Operaciones Denominación del programa Servi- Tecnología en Tecnólogo en 83 Nuevo Presencial 1 123206 cios Fiduciarias Y Servicios Financieros Comer- Supervisión Supervisión En Operaciones Fiduciarias Y Servicios Financieros 83 Nuevo Presencial 1 121301 cio en Contact Center y BPO en Contact Center y BPO Tecnólogo En Comer- Tecnología en Comercio Tecnólogo en Comercio 85 Nuevo Presencial 1 623607 cio Digital Digital Gestión De Seguridad Social, Prestacio- Tecnología En Gestión De Seguridad Social, Prestaciones Servi- Tecnología en Tecnólogo en nes Sociales 83 Nuevo Presencial 1 123205 Servi- Sociales Y cios Gestión Gas- Gestión Gas- 83 Nuevo Presencial 1 624109 cios tronómica tronómica Y Servicios Financieros Servicios Financieros Tecnólogo En Tecnología En Gestión Tecnología Gestión Del Mantenimien- Gestión Del Mantenimien- Adminis- Servi- Tecnólogo En Gestión Administrativa to Electro- to Electro- 83 Nuevo Presencial 1 821600 cios Servi- 83 Nuevo Presencial 1 123204 Y Comercial De Seguros Y cios mecánico Del Equipo mecánico Del Equipo trativa Y Comercial De Seguros Y Riesgos Pesado Pesado Riesgos Comer- Tecnología En Análisis De Mercados Tecnólogo En Análisis De Mercados Servi- Tecnología Gestión De 83 Nuevo Presencial 1 623300 Tecnólogo En Gestión De Empresas 83 Nuevo Virtual 1 722200 cio cios Pecuarias Y Gestión Comercial Y Gestión Comercial Empresas Pecuarias Tecnólogo en Tecnología en Tecnólogo En Presencial, Gestión del Prima- Indus- Tecnología del Marketing virtual y a Marketing 83 Nuevo tria Digital distancia 1 623605 Digital rio y extrac- 83 Nuevo Presencial 1 722108 tivo Gestión En Producción Y Calidad De Café Especial Gestión De Producción Y Calidad De Café Especial Tecnología en Tecnólogo En Implementación Y Man- Implementación Y Man- Parágrafo 1º. A los programas de formación de nivel tecnológico relacionados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º se les incorpora la codificación asignada por la Entidad para la identificación de cada programa en la plataforma Sofia Plus, aplicativo destinado al control de la oferta de los programas de formación del Sena.

Servi- 83 Nuevo Presencial 1 228142 cios tenimiento De Sistemas Informáticos tenimiento De Sistemas Informáticos Tecnología en Tecnólogo En Prima- Producción Producción 83 Nuevo Presencial 1 723183 rio y extrac- Sostenible De Especies Sostenible De Especies Parágrafo 2°. A los programas de formación de nivel tecnológico relacionados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º se les adicionó la palabra “Tecnología” en su denominación, en cumplimiento de los requisitos formales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, para efectos de registro en el aplicativo Sofia Plus, dicha denominación debe excluir la palabra “Tecnología” al momento de ingresar los programas para ser puestos bajo el estado “En ejecución”. tivo Menores Menores Tecnología En Tecnólogo En Gestión De Operaciones Gestión De Operaciones Indus- 83 Nuevo Presencial 1 121511 tria Internas De Fabricación Internas De Fabricación

Artículo 5°.

Los nuevos programas de formación Tecnología descritos en esta resolución podrán ser puestos bajo el estado “En Ejecución” en el sistema de gestión académico- administrativa de la entidad para ser ofertados, una vez cuenten con desarrollo curricular y las resoluciones de otorgamiento del registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional.

79 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL para conocer del asunto, o existe una causal jurídica y/o legal que impide continuar con la actuación, entre otras situaciones, se deberá emitir decisión motivada en la que disponga el archivo o la no apertura del procedimiento sancionatorio.

Artículo 6.

Publicar en el Diario Oficial y Comunicar la presente resolución a la Secretaría General, Directores de área, Jefes de oficina, Directores Regionales y Subdirectores de Centros de Formación.

1.4. Auto de Traslado de Cargos.

Publíquese, comuníquese y cúmplase Dada en Bogotá, D. C., a 9 de diciembre de 2025 La Directora de Formación Profesional, Claudia Patricia Forero Londoño.

(C. F.).

CIRCULAR NÚMERO DG 100-015-2026

Iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, determina que existe mérito para trasladar cargos contra el investigado por una presunta infracción al orden sanitario. El Auto de traslado de cargos debe señalar, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Decisión que deberá ser notificada conforme lo establecido en el numeral 8 de la presente circular, contra el cual no procede recurso alguno, por tratarse de un auto de trámite.

(julio 7)

1.5. Auto de Inicio y Traslado de Cargos.

Para: Directores Técnicos, Jefes de Oficina, Coordinadores, Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad.

De: Dirección general Asunto: Lineamientos para organizar, sistematizar y armonizar la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio sanitario y los mecanismos de ejecución de órdenes administrativas, en los casos de renuencia del vigilado.

Se inicia y traslada cargos por la presunta infracción a la normatividad sanitaria, cuando la Dirección de Responsabilidad Sanitaria cuente con elementos suficientes desde el conocimiento de los hechos. En este acto administrativo, deben precisarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan al investigado conocer los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios de la acusación, definir la imputación normativa de forma expresa y precisa, que no dé lugar a interpretaciones subjetivas, teniendo como único fundamento la ley, en concordancia con lo que disponga la normativa especial que corresponda para cada caso. Decisión contra la cual no procede recurso alguno.

Cordial saludo:

1.6. Descargos.

Notificado el auto de traslado de cargos o el auto de inicio y traslado de cargos, conforme a los términos y condiciones establecidos en la Ley 1437 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya, el investigado cuenta con un término de quince (15) días hábiles para presentar escrito de descargos ejerciendo su derecho a la defensa y la contradicción, frente a lo cual podrá: aceptar o reconocer la infracción y/o presentar los argumentos que considere y/o solicitar o aportar las pruebas que pretenda hacer valer.

1.7. Auto de Pruebas.

La presente circular que establece lineamientos, responde a la necesidad de organizar, sistematizar, armonizar, estandarizar y fortalecer los procedimientos internos, en concordancia con el marco normativo vigente y los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Asimismo, en materia administrativa sancionatoria sanitaria, se observarán, además de los anteriores principios, los concernientes a la legalidad de las faltas y sanciones, presunción de inocencia, non bis in idem, debido proceso, y no reformatio in pejus. Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1437 de 2011.

La presente circular se aplicará en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), al interior de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria.

1. El Procedimiento Administrativo Sancionatorio Sanitario

La Dirección de Responsabilidad Sanitaria, cuando se deban practicar pruebas, emitirá acto administrativo de trámite, de no haberse reconocido o aceptado la infracción por parte del investigado; auto que se comunica y no admite recursos, debidamente motivado que ordenará la práctica de las mismas que sean legales, conducentes, pertinentes y útiles, bien sea oficiosamente y/o a solicitud del investigado, siempre y cuando permitan esclarecer la veracidad de los hechos materia de investigación objetados en los descargos y serán rechazadas de manera motivada, las pruebas inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.

De conformidad al artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, señalara el término del periodo probatorio no mayor a treinta (30) días hábiles; no obstante, este término podrá ser prorrogado, con las debidas justificaciones, siempre y cuando no exceda el tiempo anteriormente descrito.

Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar pruebas en el exterior, el término probatorio podrá señalarse hasta por sesenta (60) días hábiles.

1.8. Cierre de Periodo Probatorio y Traslado para Alegatos de Conclusión.

En el auto de pruebas, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, ordenará que, vencido el período probatorio, se dará traslado al investigado por diez (10) días hábiles para que presente los alegatos respectivos, si a ello hubiere lugar.

El numeral 1 y 2 del artículo 24 del Decreto número 2078 de 2012, establece que dentro de las funciones a cargo de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria se encuentran: “1. Adelantar y tramitar, con observancia del principio de legalidad, los procesos sancionatorios que se deriven de las diferentes actividades de inspección, vigilancia y control, ejercidas por el Instituto, sobre los productos y asuntos competencia de la entidad conforme a la normatividad vigente, en coordinación con las diferentes dependencias. 2. Adelantar y tramitar en el marco de sus competencias y con fundamento en la información reportada por las direcciones misionales del Invima y por las demás autoridades y organismos del Estado, los procesos sancionatorios a que haya lugar como resultado de actividades de inspección, vigilancia y control, adelantadas para el control a la ilegalidad.”; en consideración a lo anterior, por medio de la Resolución número 2012030800 del 19 de octubre de 2012, la Dirección General del Invima, delegó en el Director(a) de Responsabilidad Sanitaria la facultad de imponer sanciones derivadas del trámite de los procesos administrativos sancionatorios, con ocasión a las diferentes actividades de inspección, vigilancia y control, las cuales deben ceñirse a la Constitución Política, a las normas y disposiciones de los asuntos sobre competencia de la Entidad.

1.9. Resolución de Calificación.

1.1. Conocimiento de los Hechos Constitutivos de la Presunta Infracción Sanitaria.

La Dirección de Responsabilidad Sanitaria, proferirá el acto administrativo definitivo, una vez vencido el término concedido al investigado para alegatos, realizando la valoración probatoria de las pruebas conducentes, pertinentes y útiles en su conjunto, que determinen o no la responsabilidad del presunto infractor, decisión que podrá ser exoneratoria o sancionatoria; o acorde a los descargos presentados por el investigado de forma consciente y libre que deriven en la aceptación o reconocimiento de la infracción, antes del decreto de pruebas, declaración que será valorada como atenuante en la aplicación de los criterios de graduación de la sanción.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria sanitaria podrán iniciarse de oficio, por queja, acciones judiciales o requerimientos de otras autoridades administrativas y de control, por parte de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, como consecuencia del ciclo de acciones de inspección, vigilancia y control - IVC y la correspondiente imposición de medidas sanitarias de seguridad, de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9ª de 1979 y el enfoque basado en riesgo sanitario asociados al uso y consumo de bienes y servicios establecido por la Resolución número 1229 de 2013.

1.10. Contenido de la Resolución de Calificación.

1.2. Auto de Inicio.

La Dirección de Responsabilidad Sanitaria, conforme a los artículos 42, 49 y 50 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya, proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, vencido el término para el pronunciamiento del investigado. Dicho acto administrativo deberá contener:

1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar.

El acto administrativo de inicio del procedimiento sancionatorio sanitario, se profiere por la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, cuando se evidencie una presunta infracción o violación al régimen sanitario o se haya determinado el incumplimiento de las medidas sanitarias de seguridad, por lo que, habiendo mérito para iniciar la investigación, faltan elementos para formular cargos o se requiere información adicional para proseguir con la investigación administrativa o si, por el contrario, se debe archivar el proceso.

2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.

3. Las normas infringidas con los hechos probados.

4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.

En este caso se inicia la correspondiente investigación, y podrá ordenar en el auto de inicio la práctica de las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes útiles y necesarias. Esta decisión es de trámite, se comunica y frente la cual no proceden recursos.

5. Los recursos que se podrán interponer contra la decisión.

1.3. Auto de Archivo y/o Abstención de Inicio de Procedimiento Sancionatorio.

1.11. Sanciones.

Cuando la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, advierta que frente los hechos no hay mérito para continuar la investigación de conformidad con la normativa vigente o estos no constituyen infracción a la normatividad sanitaria, o que se carece de competencia La Dirección de Responsabilidad Sanitaria, podrá imponer, una o varias, de las sanciones previstas en el artículo 577 de la Ley 9a de 1979, modificado por el artículo 98 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 80 DIARIO OFICIAL del Decreto número 2106 de 2019, o aquellas que las modifiquen o sustituyan, garantizando la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad: establecido en el artículo 6° de la Ley 1437 de 2011, sobre los deberes de las personas y el artículo 33 de la Constitución Política, sobre la confesión y la no autoincriminación.

- Amonestación,

2. Antes del decreto de pruebas: La Dirección de Responsabilidad Sanitaria, verificará el contenido de los descargos para tomar una decisión resolutoria o emitir acto administrativo de trámite2, en el que ordenará, cuando se deba, la práctica de pruebas que sean legales, conducentes, pertinentes y útiles, bien sea oficiosamente y/o a solicitud del investigado.

- Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en la actualidad expresados en unidades de valor básico, o acorde a la unidad de medida señala por el Gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público1

- Decomiso de productos,

La declaración por medio de la cual se reconoce o acepta la infracción será valorada de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.

- Suspensión o Cancelación del registro o de la licencia,

1.13. Resolución de Archivo de la Investigación.

- Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo.

1.12 Criterios para Graduar la Sanción Cuando se compruebe que el hecho por el cual se investiga no existió, o el presunto infractor no lo cometió, o las normas no lo consideran como infracción, o el procedimiento no podía iniciarse o proseguirse, o está demostrada la inexistencia del investigado, se ordena el archivo del expediente de forma motivada.

2. Renuencia de los Vigilados - Mecanismos de Ejecución de Órdenes Adminis- trativas Incumplidas.

La Dirección de Responsabilidad Sanitaria, deberá observar los criterios para graduar la sanción, establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, salvo lo dispuesto en leyes especiales, atendiendo la gravedad de las faltas y a los criterios del IVC SOA, establecidos mediante la Resolución número 1229 de 2013 del Ministerio de Salud y el documento Guía Modelo de Inspección, Vigilancia y Control basada en riesgos IVC SOA® Versión 3.0 – julio 2023:

El Invima, en ejercicio de su función de autoridad sanitaria, cuenta con medidas jurídicas establecidas en la ley para asegurar la protección de la salud pública3; evitando así, que la inobservancia de las normas y de las ordenes impartidas por la administración ponga en riesgo el bienestar en salud de la población.

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. Se refiere a la afectación real o potencial que una conducta puede causar sobre bienes protegidos por el ordenamiento jurídico, como lo es la salud pública. Esta valoración permite determinar la relevancia de la infracción y justifica la intervención administrativa en defensa de dichos intereses.

Es así como, por medio de la Resolución número 2018005543 del 13 de febrero de 2018, conforme el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 el Director General de la Entidad, delegó en el Director(a) de Responsabilidad Sanitaria, la facultad de imponer multas por renuencia en los dos (2) escenarios de Ley i) al suministro de información en las investigaciones administrativas y ii) por el incumplimiento de obligaciones no dinerarias impuestas por la Entidad.

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero: conlleva la ganancia que obtiene el investigado con la consecución de su conducta; en la cual están considerados los ingresos directos de la actividad, los costos evitados, el ahorro por retraso y capacidad de detección de la conducta.

Al respecto, la presente circular fija los siguientes lineamientos para que la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, haga uso de la herramienta legal de la sanción por renuencia.

2.1. Procedimiento de Renuencia a Suministrar Información.

3. Reincidencia en la comisión de la infracción: Se configura la reincidencia cuando un sujeto, previamente sancionado mediante acto administrativo en firme por la comisión de una infracción, incurre nuevamente en la misma conducta, similar o relacionada.

2.1.1. De la Renuencia a Suministrar Información en el Curso de las Investigaciones Administrativas.

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. cuando el sujeto investigado impide, retrasa o se niega injustificadamente a colaborar con las actuaciones de inspección, vigilancia o control adelantadas por la autoridad competente.
Tal comportamiento puede manifestarse mediante la omisión de entrega de información requerida, la obstaculización del acceso a instalaciones o documentos, o cualquier otra acción que limite el ejercicio efectivo de las funciones investigativas.

La Dirección de Responsabilidad Sanitaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 1437 de 2011, podrá mediante resolución motivada imponer sanción de multa a favor del Tesoro Nacional, según corresponda, hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos, en la actualidad expresados en unidades de valor básico, o acorde a la unidad de medida señala por el Gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las personas naturales o jurídicas, que se encuentren vinculadas a investigaciones administrativas, que se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta.

Dicha sanción, se aplicará sin perjuicio de la obligación de suministrar o permitir el acceso a la información o a los documentos requeridos.

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos. cuando el presunto infractor recurre a mecanismos engañosos, simulaciones o la intervención de terceros con el propósito de ocultar la comisión de una infracción o de minimizar sus consecuencias ante la autoridad competente. El uso de medios fraudulentos o de personas interpuestas representa una afectación directa al principio de transparencia y puede ser considerado como un agravante en el procedimiento sancionatorio, al evidenciar una intención deliberada de evadir la responsabilidad administrativa.

2.1.2. Solicitud de Explicaciones o Descargos.

Para el ejercicio del derecho a la defensa y la contradicción del presunto renuente, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, emitirá un auto de inicio en el cual le corre traslado por diez (10) días hábiles, con el fin de que dé las explicaciones que considere pertinentes. Este auto será objeto de notificación conforme lo dispuesto en el numeral 8 de las comunicaciones y notificaciones, de la presente circular.

2.1.3. Resolución de la Renuencia:

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. Este criterio hace referencia al nivel de cuidado, responsabilidad y atención con que el sujeto obligado ha actuado frente a sus deberes legales y reglamentarios. La Dirección de Responsabilidad Sanitaria, evaluará si las acciones realizadas reflejan una conducta proactiva, preventiva y conforme al marco normativo aplicable, o si, por el contrario, se evidencia negligencia, desinterés o desconocimiento de las obligaciones. Este aspecto puede incidir en la graduación de la sanción, ya sea como atenuante o agravante, según el comportamiento demostrado durante el desarrollo de los hechos investigados.

Dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término de la solicitud de explicaciones, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, deberá emitir y notificar la resolución que ponga fin a la actuación por renuencia. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. Se configura cuando el sujeto obligado se niega injus- tificadamente a cumplir las instrucciones, requerimientos o decisiones emitidas por la autoridad competente en el marco de sus funciones de inspección, vigilan- cia o control.

2.2. Procedimiento de Renuencia por Incumplimiento de una Obligación no Dineraria.

2.2.1. De la Renuencia a Cumplir una Obligación no Dineraria.

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas: Los requisitos que debe llenar el documento de descargos por medio del cual el investigado reconoce o acepta el traslado de cargos, corresponden a los siguientes:

1. Que haya reconocimiento o aceptación: Que el investigado y/o su apoderado con capacidad jurídica declare, de forma clara e inequívoca, que reconoce el hecho u omisión por el cual se le inició la investigación administrativa, lo anterior, en concordancia a lo

La Dirección de Responsabilidad Sanitaria podrá, de conformidad a lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011, mediante resolución motivada, imponer multas sucesivas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, expresados en unidades de valor básico, o acorde a la unidad de medida señala por el Gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concediendo plazos razonables para que cumplan la orden correspondiente; a las personas naturales o jurídicas, que incumplan ordenes administrativas no dinerarias impuestas por acto administrativo debidamente ejecutoriado, que contenga la obligación, de forma clara, expresa y exigible, para lo cual recibirá de 2 Concepto 202041 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública. 3 Decreto número 1290 de 1994 y Decreto número 2078 de 2012.

1 El director (a) Técnico (a) de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, deberá desarrollar parámetros técnicos y jurídicos que permitan determinar objetiva, proporcional, predictible y motivada la sanción de multa, para uso interno, mediante una metodología, herramienta, o instrumento para la tasación y dosimetría de esta, atendiendo los criterios de graduación establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, los criterios del IVC SOA y demás normas concordantes; con el fin de limitar el margen de discrecionalidad, prevenir que se incurra en decisiones arbitrarias y evitar los riesgos de corrupción.

81 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL las demás Direcciones Técnicas los documentos idóneos y las pruebas documentales del presunto incumplimiento.

Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos y notificados, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición.

7. Firmeza del Acto Administrativo

Esta actuación no suspende ni interrumpe el posible desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio, que se puede estar adelantando por incumplimiento a la normativa sanitaria vigente.

7.1. Firmeza de los Actos Administrativos.

3. Recursos

Los actos administrativos quedarán en firme:

3.1. Recurso de Reposición

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la deci- sión sobre los recursos interpuestos.

En virtud del derecho a la defensa y a la contradicción, una vez la Dirección de Responsabilidad Sanitaria notifique una decisión de fondo, y si el investigado lo considera pertinente, podrá interponer, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el recurso de reposición. El cual debe cumplir con los requisitos que tratan los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya.

3. Desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

3.2. Improcedencia del Recurso de Apelación.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 de la Ley 1437 de 2011 para el silencio administrativo positivo.

7.2. Constancia de Ejecutoria.

Las decisiones de fondo que profiere la Dirección de Responsabilidad Sanitaria son de única instancia, dado que de conformidad al inciso segundo del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, no procede el recurso apelación, ni de queja, contra las decisiones de “(…) los directores (…)” debido a que la competencia sancionatoria radica en el Director General del Invima y esta fue delegada al Director(a) de Responsabilidad Sanitaria en virtud la Resolución número 2012030800 del 19 de octubre de 2012 conforme el artículo 9° de la Ley 489 de 1998.

Le corresponde a la Dirección de Responsabilidad Sanitaria emitir constancia de ejecutoria de los actos administrativos en firme y remitir el expediente a la Oficina Asesora Jurídica para el cobro persuasivo y coactivo, cuando la sanción se trate de multa.

3.3. Práctica de Pruebas en sede de Recurso.

En caso de requerirse el cumplimiento de obligaciones no dinerarias, podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional.

7.3. Pérdida de Ejecutoriedad del Acto Administrativo.

La Dirección de Responsabilidad Sanitaria resolverá el recurso de reposición de plano, a no ser que el recurrente solicite la práctica de pruebas, o que se considere necesario decretarlas de oficio; evento en el cual se señalará un término no mayor de treinta (30) días hábiles para su práctica, prorrogables por una sola vez, sin que su prórroga exceda el término de treinta (30) días hábiles.

Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho, lo cual opera por mandato legal y, al mismo tiempo, requiere de actuación expresa de la autoridad para su declaración formal y consiguiente retiro del ordenamiento.

Agotada la práctica de pruebas anterior, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, emite una resolución que resuelve el recurso de reposición, acto administrativo por medio del cual podrá reponer total o parcialmente, la decisión inicial emitida en la resolución de calificación, o confirmarla, caso en el cual se hará efectiva la sanción impuesta. Acto administrativo que también deberá ser notificado al sancionado conforme al numeral 8 de la presente circular. 3.4. Rechazo del Recurso de Reposición.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

Será rechazado de plano por la Dirección de responsabilidad Sanitaria el recurso de reposición que no cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley, se presente fuera del término legal, o no se dirija contra una decisión susceptible de ser recurrida.

5. Cuando pierdan vigencia.

3.5. Desistimiento.

7.4. Excepción de Pérdida de Ejecutoriedad.

Los recursos podrán desistirse en cualquier tiempo.

4. Revocatoria Directa de los Actos Administrativos.

4.1. La Revocatoria Directa.

Cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, podrá suspenderla y deberá resolver dentro de un término de quince (15) días hábiles. El acto que decida la excepción no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnado por vía jurisdiccional.

8. Comunicaciones y Notificaciones

8.1. Actos de Trámite.

La revocatoria directa solo procede cuando el acto administrativo no ha sido comunicado o notificado o, si lo fue, cuando se han agotado los plazos para interponer los recursos o estos no son procedentes y podrá efectuarse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de la demanda. Es así que, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, como autoridad que profirió el acto administrativo dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud, puede conforme a la ley dejarlo sin efecto por las siguientes causales legales que son:

Se profieren en el curso de la actuación administrativa, le dan impulso y agotan cada una de sus etapas. Resultan necesarios para llegar a una decisión, pero no le ponen fin a la respectiva actuación; impulsan el procedimiento. Se comunican, el auto de inicio, el auto de pruebas y el auto aclaratorio cuando corresponda. Se notifican el auto de traslado de cargos o el auto de inicio y traslado de cargos.

8.2. Actos Definitivos o Resolutorios y de Ejecución.

La oposición a la Constitución Política o a la ley, cuando no este conforme la decisión con el interés público o social o atenten contra él, o cuando con la decisión se cause un agravio injustificado a una persona.

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso alguno.

5. Silencio Administrativo

Estos se notifican, se trata de los que concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos. Resuelven de fondo el asunto y finalizan el procedimiento administrativo. Entre ellos están, la resolución de calificación, la resolución de archivo, la resolución que resuelve recurso de reposición, la resolución que resuelve o declara la revocatoria directa.

5.1 Silencio Administrativo en Recursos.

8.3. Comunicaciones.

La comunicación es una actuación donde se informa al investigado que se expidió un acto administrativo de trámite y la decisión que este contiene, está comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio más eficaz; de lo cual se dejará constancia escrita en el expediente.

8.4. Notificación Personal.

La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria. Conforme al artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, o la norma que lo modifique o sustituya, los recursos, deberán ser decididos y notificados, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.

6. Caducidad

6.1. Caducidad de la Facultad Sancionatoria.

Se notificarán personalmente, el auto de inicio y traslado o de traslado de cargos, y las decisiones que pongan fin a una actuación administrativa. Será notificado personalmente el interesado, o su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. En la diligencia de notificación se debe entregar al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.

Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tiene la Dirección de Responsabilidad Sanitaria para imponer sanciones, caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado.

Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 82 DIARIO OFICIAL 8.5. Notificación Personal por medio Electrónico.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Territorial Santander Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 116-2026 DE 2026

La notificación personal por medio electrónico procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera, y que durante el desarrollo de la actuación administrativa sancionatoria no haya solicitado recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. Esta, se realizará a través del canal oficial establecido por la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, y la notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el mensaje de datos junto con el acto administrativo llegue a la bandeja de entrada del correo electrónico del administrado. El acuse de recibido del mensaje electrónico será certificado como lo indica la normativa relacionada.

(julio 6) por medio de la cual se suspenden términos con el fin de aplicar mantenimiento en la 8.6. Notificación por Aviso. información geográfica de la base de datos catastral sobre los municipios de Oiba y Zapatoca.

El Director (e) Territorial de Santander, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las otorgadas en el artículo 30 del Decreto número 846 de 2021, y

CONSIDERANDO:

En el caso de no poder hacerse la notificación personal y/o por medios electrónicos, al cabo de los cinco (5) días hábiles del envío de la citación, ésta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, los plazos para la presentación de descargos o alegatos, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Que el artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado Surtido el trámite de notificación por aviso, la Secretaría Técnica de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria incorporará al expediente los soportes correspondientes mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (...)”.

8.7 Notificación por Publicación del Aviso.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas.

La notificación por publicación del aviso procederá cuando se desconozca la información sobre el destinatario, o que no se haya podido surtir la notificación del aviso con éxito. De modo que, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página web del Instituto y en el A-Z de la portería de las instalaciones del Edificio Principal del Invima, ubicado en Carrera 10 # 64 – 28, por un término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.

8.8. Notificación por Conducta Concluyente.

La notificación por conducta concluyente procederá cuando la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión, presente escrito de descargos o alegatos, interponga los recursos legales y la administración no tenga ninguna otra constancia de que la notificación de un acto administrativo se surtió de alguna otra forma.

Que el artículo 1° del Decreto número 148 de 2020 modificó el artículo 2.2.2.1.1 del Decreto número 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística, establece que “la gestión catastral es un servicio público que comprende el conjunto de operaciones técnicas y administrativas necesarias para el desarrollo adecuado de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, por medio de los cuales se logra la identificación y mantenimiento permanente de la información física, jurídica y económica de los inmuebles del país. La gestión tiene implícito el multipropósito, el cual contribuye en la conformación catastral de un sistema catastral integral, completo, actualizado, confiable, consistente con el registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio”.

9. Poderes

Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en adelante IGAC, es la máxima autoridad catastral nacional y se instituyó como prestador por excepción del servicio público de catastro; en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.

Las personas naturales o jurídicas que deban intervenir en el proceso podrán hacerlo mediante abogado en ejercicio, para lo cual, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 73 y concordantes de la Ley 1564 de 2012 -Código General del Proceso o por la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

10. Informe sobre las Decisiones Administrativas Sancionatorias.

Que según el artículo 2.2.2.1.2 del Decreto número 1170 de 2015 modificado por el artículo 1° del Decreto número 148 de 2020, son principios de la gestión catastral, además de los principios de la función administrativa, la calidad, eficiencia, progresividad, libre competencia, seguridad jurídica, apertura tecnológica, integralidad, participación ciudadana, sostenibilidad, publicidad y uso de la información.

La Dirección de Responsabilidad Sanitaria (DRS) remitirá trimestralmente un informe sobre las decisiones administrativas sancionatorias derivadas de la intervención de las distintas dependencias del Invima que realizan actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y que constituyen insumos clave para el control sanitario. Este informe estará dirigido, en particular, a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos (DMPB), la Dirección de Operaciones Sanitarias (Diros) y la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, con el propósito de retroalimentar y garantizar la trazabilidad de los procedimientos, el acceso oportuno a la información y el adecuado seguimiento de las decisiones en las que dichas dependencias hayan participado.

11. Actualización de los Procedimientos:

Así mismo, la Resolución número 1040 de 2023, por medio de la cual se expide la resolución única de la gestión catastral multipropósito, establece las disposiciones sobre el modelo de gestión y operación catastral y define los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral dentro del territorio nacional, así como las especificaciones técnicas de la base de datos catastral, con el fin de establecer y adoptar un marco normativo que garantice el desarrollo correcto de la gestión catastral con enfoque multipropósito y regular la instancia técnica asesora para orientar la regulación bajo el cumplimiento de los principios de la gestión catastral.

En línea con lo anterior, a través del artículo 4.2.1 de la Resolución número 1040 de 2023, establece en su numeral 1 el mantenimiento permanente, ordenando a los operadores catastrales a través de los diferentes procesos catastrales garantizar que la información catastral se mantenga actualizada, asegurando su oportunidad, calidad y veracidad a lo largo del tiempo.

La Dirección de Responsabilidad Sanitaria deberá actualizar los procedimientos denominados IVC - CTL - PR001 procedimiento proceso administrativo sancionatorio, IVC-CTL-PR4- procedimiento imposición de multas en caso de renuencia por incumplimiento de una obligación no dineraria e IVC-CTL-PR002- procedimiento renuencia a suministrar información, y el IVC-CTL-GU2-guia de remisión y recepción de información idónea para generar expedientes de procesos administrativos sancionatorios y crear e implementar los demás que sean necesarios.

12. Comunicación y Vigencia

En este sentido, se hace necesario ajustar la precisión de la información cartográfica predial, con base en los insumos cartográficos actualizados que permiten dar una mejor calidad al dato catastral.

Por lo tanto, se hace necesario realizar el mantenimiento de la información geográfica de la base catastral para todos los municipios que cuenten con insumos actualizados que permitan mayor precisión del dato teniendo en cuenta siguientes parámetros y condiciones:

La presente circular rige a partir de su comunicación y le corresponde a la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, transferir los conocimientos y guiar a los directores técnicos, jefes de oficina, coordinadores, servidores y contratistas de la Entidad frente al tratamiento de las temáticas aquí determinadas con el fin de avanzar en las competencias y objetivos de esta.

El Director General, Francisco A. G. Rossi Buenaventura.

1. No deben existir trámites en componente geográfico, en caso de tener trámites en esta tarea, se deberán devolver a la tarea anterior, es decir, a modificación alfanumérica.

(C. F.).

2. Todo lo que está en actuación administrativa, debe quedar en firme.

83 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL

3. Se pueden mantener los trámites que solo afecten el componente alfanumérico.

La Jefe Unidad de Seguridad y Defensa,

4. Se sugiere cancelar lo que está en depuración.

Nadya Michelle Martínez Sierra, Unidad de Talento Humano.

(C. F.).

5. Una vez culminada la etapa de alistamiento de la información la Territorial deberá expedir Resolución de Suspensión de Términos de los trámites que se encuentren en curso en el o los municipios a migrar, publicándola tanto en página web de la entidad, así como en el Diario Oficial de Colombia. Dicho ajuste.

Corporaciones Autónomas Regionales Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y Aunado a lo anterior, se indica que el proceso de mantenimiento de la información geográfica tarda alrededor de quince (10) días hábiles, una vez se dé cumplimiento a los requisitos y condiciones enunciados anteriormente, por lo que se hace necesario suspender los términos en todos los trámites, actuaciones y procedimientos correspondientes a los municipios de Oiba y Zapatoca, a partir de las cero (00:00) horas del 6 de julio de 2026 y hasta las veinticuatro (24:00) horas del 17 de julio de 2026, inclusive. del San Jorge Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 07-2026 DE 2026

(junio 22) por medio del cual se acepta renuncia al Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y se efectúa un encargo.

Que el inciso final del artículo 118 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que “(...) los términos de días no se tomaran en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado (…)” en consecuencia, en aplicación por remisión normativa, para el periodo comprendido del 6 de julio de 2026 y hasta las veinticuatro (24:00) horas del 17 de julio de 2026, inclusive, no correrán términos en los trámites, actuaciones y procedimientos de competencia y que estén en conocimiento de la Dirección Territorial Santander, para predios de los municipios de Oiba y Zapatoca.

El Consejo Directivo conforme a las facultades legales y establecidas en los estatutos de la Corporación CVS, y En mérito de lo expuesto,

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo Asamblea Corporativa – AC número 03 – 2026, por medio del cual se aprueba reforma y compilación de estatutos de Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), los órganos de Dirección y Administración de la Corporación son: la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo y el Director General.

Artículo 1°.

Suspender términos en todos los trámites, actuaciones y procedimientos administrativos y misionales que sean de competencia de la Dirección Territorial Santander, para predios de los municipios de Oiba y Zapatoca, a partir de las cero (00:00) Horas del 6 de julio de 2026 y hasta las veinticuatro (24:00) Horas del 17 de julio de 2026, inclusive, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Los términos suspendidos se reanudarán automáticamente el día catorce (22) de julio del año en curso.

Que según lo indicado en el artículo 37 del acuerdo precitado, son funciones del Consejo Directivo de la Corporación, las siguientes: “…j) Nombrar conforme a la ley y sus decretos reglamentarios, o remover por la mayoría exigida en los presentes estatutos, al Director General de la Corporación; (…) p) Designar el encargado durante la ausencia del Director General de la Corporación, entre el personal de la entidad que reúna los requisitos del cargo;…”.

Parágrafo. La presente suspensión de términos no implica la modificación de la
jornada laboral de los servidores públicos adscritos a la Dirección Territorial Santander, se continuará prestando la atención al público en las diferentes modalidades, y a través de los canales electrónicos de atención al usuario: contactenos@igac.gov.co, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Que a través del Acuerdo número 513 de fecha 1° de diciembre de 2023, el Consejo Directivo de la Corporación designó y nombró al doctor Orlando Rodrigo Medina Marsiglia para el empleo de Director General Código 0015, Grado 24, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, para el período institucional comprendido entre el 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027.

Artículo 2°.

Comunicar la presente resolución a los correos institucionales de cada uno de los funcionarios de la Dirección Territorial Santander, así como a la oficina de correspondencia para que adecúe los términos en el sistema misional conforme con el periodo de la suspensión ordenada mediante el presente acto administrativo.

Artículo 3°.

Publicar copia de la presente resolución en el Diario Oficial, en la página web de la Entidad, y fijar en un sitio visible en la Dirección Santander.

Que el día 1° de enero de 2024, el doctor Orlando Rodrigo Medina Marsiglia tomó posesión del cargo de Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, para el período comprendido entre el 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027.

Artículo 4°.

La presente resolución tendrá vigencia a partir de su expedición y contra la presente no proceden recursos.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Que el doctor Orlando Rodrigo Medina Marsiglia mediante oficio 20262110424 de fecha 17 de junio de 2026, presentó renuncia al cargo de Director General, a partir del día 22 de junio de 2026.

Dada en Bucaramanga, a 6 de julio de 2026.

El Director (e) Territorial Santander, Jean Carlo Colmenares Gómez.

(C. F.).

Que sobre la renuncia, el Decreto número 1083 de 2015 Sector de Función Pública establece: “(…) ARTÍCULO 2.2.11.1.3 Renuncia. Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio.

Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste deberá aceptarla. La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.

Hospital Militar Central Avisos Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito, y en el acto administrativo correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación.

La Suscrita Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa - Unidad de Talento Humano del Hospital Militar Central HACE CONSTAR:

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido sobre la renuncia, el servidor dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, caso en el cual se generará automáticamente la vacancia definitiva del mismo, o continuar en el desempeño del empleo, caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.

Que el día 28 de mayo de 2026 falleció el señor José Ignacio Cortés Téllez (q.e.p.d), quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 162336 de Bogotá y recibía pensión a cargo del Hospital Militar Central.

La competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al empleado en quien este haya delegado la función nominadora.

Que la señora María Cristina de los Ángeles Cleves de Cortés, identificada con la cédula de ciudadanía número 41320524 de Bogotá, en calidad de cónyuge supérstite del causante, solicita la asignación de la Sustitución Pensional reconocida mediante la Resolución número 861 de 14 de septiembre de 1992.

Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquiera otra circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad nominadora la suerte del empleado.

La presentación o la aceptación de una renuncia no constituyen obstáculo para ejercer la acción disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido revelados a la administración, sino con posterioridad a tales circunstancias.

Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la sanción”.

A quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamante citada, deberán presentarse en las oficinas de la Unidad de Talento Humano del Hospital Militar Central, en la Transversal 3C número 49-02, Bogotá D. C., dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del presente aviso, con el fin de acreditar su derecho presentando la respectiva documentación acorde a la normatividad vigente.

Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 84 DIARIO OFICIAL Rafael Otero Flórez, María Angélica Sáenz Espinosa, Albeiro Arrieta López, Damaris Peña Ordosgoitia, César Buelvas Mercado, Ángel Palomino Herrera, Pedro Santana Lobo, Juan Carlos García Lora, Carlos Agámez Camacho.

Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo,

ACUERDA:

Artículo 1°.

Aceptar la renuncia presentada por el doctor Orlando Rodrigo Medina Marsiglia, identificado con cédula de ciudadanía número 15725150, al cargo Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Código 0015, Grado 24, a partir del día 22 de junio de 2026.

Que el artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto número 1076 de 2015 contempla “Nombramiento, plan de acción y remoción del director general, del Decreto número 1076 de 2015. El Director General tiene la calidad de empleado público, sujeto al régimen previsto en la Ley 99 de 1993, el presente decreto y en lo que sea compatible con las disposiciones aplicables a los servidores públicos del orden nacional. (…) En caso de producirse cambio de Director General durante el período para el cual fue aprobado el Plan de Acción Cuatrienal, la persona que ocupe el cargo de Director General para el período restante, deberá continuar con la ejecución del mismo. No obstante, previa justificación, podrá presentar dentro del mes siguiente a su designación, los ajustes al Plan para la aprobación por parte del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de una corporación removerá al Director General, en los siguientes casos: 1. Por renuncia regularmente aceptada”.

Artículo 2°.

Encárguese a partir del día 23 de junio de 2026 en el empleo Director General Código 0015, Grado 24, al doctor César Rafael Otero Flórez, identificado con cédula de ciudadanía número 78761223, de conformidad con los considerandos del presente acuerdo por la vacancia absoluta del titular, hasta tanto se surta el trámite de nuevo proceso de elección de Director General por el período institucional restante.

Artículo 3°.

Notifíquese el presente acuerdo a Orlando Rodrigo Medina Marsiglia, identificado con cédula de ciudadanía número 15725150 y César Rafael Otero Flórez, identificado con cédula de ciudadanía número 78761223.

Que el artículo 58 del Acuerdo Asamblea Corporativa – AC número 03 – 2026, hace alusión a la remoción del Director General, para lo cual señala que, el Consejo Directivo de la Corporación únicamente podrá remover al Director General en los siguientes casos:
1. Por renuncia regularmente aceptada. Por su parte, el parágrafo 1° de este artículo, indica que cualquiera que sea la causal que motiva la remoción del cargo el Director General, el Consejo Directivo aplicará la normatividad legal vigente que sea relevante a la calidad de empleado público que posee y a la de servidor público del orden nacional, respetando el debido proceso.

Artículo 4°.

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y se publicará en la página web de la entidad.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

Montería, 22 de junio de 2026.

El Presidente, Consejo Directivo, Andrés Renaldo Silva Villegas.

El Secretario General, César Rafael Otero Flórez, Secretario, Consejo Directivo.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 10-2026 DE 2026

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del mismo acuerdo, el Director General de la Corporación será designado por el Consejo Directivo para el periodo que determine la ley, conforme a las normas y procedimientos establecidos en la misma. El parágrafo 3° del mismo, señala: “En caso de faltas temporales del Director General, el Consejo Directivo designará un funcionario de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa de la Corporación que cumpla con los requisitos para fungir como Director Encargado. Si la falta es absoluta, siempre que se presente a más de dieciocho meses de la terminación del período para el cual fue elegido, el Consejo Directivo de la Corporación deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en los presentes estatutos, a iniciar el proceso de selección, elección y designación de un nuevo director en propiedad, para el restante período institucional. En caso de que la falta absoluta se presente faltando menos de dieciocho meses de terminación del período institucional para el cual fue elegido, el Consejo Directivo procederá a designar de conformidad con la reglamentación vigente en la materia, un director encargado para el periodo restante. El encargo se realizará entre el personal de libre nombramiento y remoción que reúna los requisitos para ser director”.

(julio 3) por el cual se reglamenta el procedimiento interno para la elección y designación del director(a) general de la corporación autónoma regional de los valles del Sinú y del san Jorge (CVS), para terminar el período institucional hasta 2027.

Que al respecto el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), expidió el Concepto número 317701 de 2025, el cual trae a colación en su análisis el Concepto número 2283 de 2016, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Concejo de Estado, Consejero ponente Dr. Édgar González López, y en él señala:

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas en los artículos 27 literal j) y 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008 y el artículo 37 literal j) de los Estatutos Corporativos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.2.8.4.1.21 e inciso 2°. del artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto número 1076 de 2015, y artículos 2.2.2.3.1 al 2.2.2.3.8. del Capítulo 3 del Título 2 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, como “entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente” hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“(…) En consecuencia la Sala considera que frente a la segunda pregunta de la consulta, nada impide aplicar las reglas previstas para la provisión de las faltas del personero, mediante la figura del encargo a un funcionario de la misma personería, inicialmente previsto para el caso de faltas temporales, como quiera que de lo que se trata es de proveer el cargo transitoriamente –mientras el concejo municipal o distrital adelanta o finaliza con éxito el concurso público de méritos previsto en la ley– y no de forma definitiva. Lo anterior también porque aún si se aceptara que la hipótesis consultada es sin más una forma de vacancia definitiva, en cualquier caso sería inviable aplicar la solución prevista para suplir este tipo de faltas, en tanto que no cabría hacer una elección para el resto del periodo y sin concurso público de méritos. (…) Para el Consejo de Estado, frente el vencimiento del periodo del personero, por ser un cargo de periodo, sin que se haya elegido su remplazo mediante concurso de méritos, presenta una situación sui generis, asimilada a una falta transitoria mientras que se hace la elección del nuevo personero previo concurso público de méritos. Por tanto, se trata de un supuesto que formalmente correspondería a una vacancia absoluta pero que materialmente solo admitiría una provisión transitoria, por ello, considera el Consejo de Estado, que, ante la situación particular, se debe considerar la provisión del empleo mediante encargo asimilando su situación a un cargo de libre nombramiento y remoción.

Que el artículo 24 de la Ley 99 de 1993 define los órganos de administración y dirección de las Corporaciones, a saber: La Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, y el Director General.

Que el artículo 27 literal j) de la Ley 99 de 1993 define dentro de las funciones del Consejo Directivo la de nombrar al Director General de la Corporación.

Teniendo en cuenta la naturaleza del cargo de periodo del director de la Corporación Autónoma Regional y con fundamento en lo expuesto, es posible concluir que, en el evento de presentarse una falta definitiva del empleo director de Corporación Regional Ambiental, y ante la eventual inexistencia de reglamentación frente al tema, se podrá aplicar por analogía el pronunciamiento del Consejo de Estado, y con ello, proveer de manera transitoria el empleo mediante encargo, en los términos y condiciones que prevé la Ley 909 de 2004 y sus reglamentarios.(…)”.

Que el artículo 1° de la Ley 1263 de 2008, modificatorio del artículo 28 de la Ley 99 de 1993, establece: “El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro (4) años, contados a partir del 1° de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez”.

En este mismo sentido, la Ley 909 de 2004, establece frente al encargo: “… Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva…”.

Que igualmente, el parágrafo 2º del artículo 1º de la mencionada Ley 1263 de 2008, determina que “El proceso de elección de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales o de desarrollo sostenible, deberá realizarlo el Consejo Directivo en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del periodo institucional respectivo”.

Que a través del Acuerdo número 513 de fecha 1° de diciembre de 2023, el Consejo Directivo de la Corporación designó y nombró al doctor Orlando Rodrigo Medina Marsiglia para el empleo de Director General Código 0015, Grado 24, de la Corporación Autónoma Que la Profesional encargada de Talento Humano, emitió certificación de fecha 22 de junio de 2026 en la cual hace constar los funcionarios que cumplen con los requisitos y el perfil del empleo Director General, Código 0015, Grado 24, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, teniéndose los siguientes: César 85 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, para el período institucional comprendido entre el 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027. y el inciso 2° del artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto número 1076 de 2015, el Titulo 2 del Capítulo 3 del Decreto número 1083 de 2015, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y los artículos 55 y subsiguientes de los Estatutos de la Corporación adoptados mediante Acuerdo de Asamblea Corporativa número 03 del 24 de febrero de 2026.

Que el día 1° de enero de 2024, el doctor Orlando Rodrigo Medina Marsiglia tomó posesión del cargo de Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, para el período comprendido entre el 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027.

Que el doctor Orlando Rodrigo Medina Marsiglia mediante oficio 20262110424 de fecha 17 de junio de 2026, presentó renuncia al cargo de Director General, a partir del día 22 de junio de 2026.

Artículo 2°.

Publicidad del Procedimiento. En desarrollo del principio de publicidad, todos los actos y decisiones que corresponda al proceso para la selección, elección y designación del Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para el periodo institucional restante hasta el 31 de diciembre de 2027 se publicarán en la página web de la Corporación, en el enlace que se denominará:

PROCESO DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR(A) GENERAL PERÍODO

RESTANTE - 2027, que será el medio oficial de publicación.

Que mediante Acuerdo 07-2026 el Consejo Directivo de la CVS aceptó la renuncia del Doctor Orlando Medina Marsiglia a partir del 22 de junio de 2026.

La CVS habilitará el correo elecciondirector@ventanillacvs.com en aras de garantizar canales en línea que permita la recepción únicamente de denuncias que presente la ciudadanía por posibles irregularidades en el proceso.

Artículo 3°.

Acompañamiento entes de Control. El Consejo Directivo, de conformidad con la Directiva 012 del 7 de septiembre de 2023 y Auto número 024 del 8 de septiembre de 2023, ambos de la Procuraduría General de la Nación, invitará a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 3 para Asuntos Ambientales Minero Energéticos y Agrarios y Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria para el acompañamiento en el proceso de elección de qué trata el presente Acuerdo.

Artículo 4°.

Cronograma del Proceso de Selección y Designación del Director. El procedimiento para la elección del Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, que por medio del presente acuerdo se reglamenta, se regirá por las actividades y fechas establecidas en el cronograma anexo, el cual hace parte integral del presente acuerdo.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 03 de 2026, el Director General de la Corporación será designado por el Consejo Directivo para el periodo que determine la ley, conforme a las normas y procedimientos establecidos en la misma. El parágrafo 3° del mismo, señala: “En caso de faltas temporales del Director General, el Consejo Directivo designará un funcionario de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa de la Corporación que cumpla con los requisitos para fungir como Director Encargado. Si la falta es absoluta, siempre que se presente a más de dieciocho meses de la terminación del período para el cual fue elegido, el Consejo Directivo de la Corporación deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en los presentes estatutos, a iniciar el proceso de selección, elección y designación de un nuevo director en propiedad, para el restante período institucional. En caso de que la falta absoluta se presente faltando menos de dieciocho meses de terminación del período institucional para el cual fue elegido, el Consejo Directivo procederá a designar de conformidad con la reglamentación vigente en la materia, un director encargado para el periodo restante. El encargo se realizará entre el personal de libre nombramiento y remoción que reúna los requisitos para ser director.”.

Que en el caso en comento, la vacancia definitiva se dio faltando más de 18 meses para la culminación del período institucional, (23 de junio de 2026) por lo que debe procederse a efectuar nueva elección para designar Director General para el período restante hasta 31 de diciembre de 2027.

Artículo 5°.

Convocatoria a Sesiones del Consejo Directivo. Para efectos del proceso de elección del Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para el período institucional restante hasta el 31 de diciembre de 2027, los miembros del Consejo Directivo quedan convocados para asistir a las sesiones establecidas en el cronograma que hace parte integral del presente acuerdo, en las fechas y horas allí previstas, en la modalidad presencial en la sede principal de la Corporación ubicada en la Carrera 6 número 61-25, Barrio los Bongos de la ciudad de Montería, a partir de la expedición del presente acuerdo.

Capítulo II.

De la Convocatoria, Inscripción de Candidaturas y Recepción de hojas de Vida Que el artículo 2.2.8.4.1.21 y el inciso 2º. del artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto número 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, señalan respectivamente cuáles son los requisitos para ser nombrado Director General de una Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible y la facultad nominadora para la realización de dicho nombramiento. y Documentos que Acrediten Cumplimiento de Requisitos Que los artículos 2.2.2.3.1 al 2.2.2.3.8. del Capítulo 3, del Título 2 del Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública regula los factores y estudios que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos generales aplicables a los cargos públicos en relación con la educación formal, la formación para el trabajo y desarrollo humano y la experiencia, que son aplicables para evaluar los requisitos exigidos para ocupar el cargo de director general de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.

Artículo 6°.

Convocatoria. El proceso de selección, elección y designación del Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para el período institucional restante hasta el 31 de diciembre de 2027, se iniciará con la publicación por una sola vez del aviso de convocatoria pública suscrito por el Presidente del Consejo Directivo, dirigido a todas aquellas personas que quieran optar por el cargo de Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.

El aviso deberá indicar:

Que los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, adoptados mediante Acuerdo de Asamblea Corporativa número 03 del 24 de febrero de 2026, en los artículos 54 y subsiguientes del Título III, regulan lo concerniente al cargo y al procedimiento de elección del director(a) general de la Corporación. a) Los requisitos para desempeñar el cargo, conforme lo señalado en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto número 1076 de 2015 concordante con el artículo 55 de los Estatutos de la Corporación, adoptados mediante el Acuerdo de Asamblea Corporativa número 03 del 24 de febrero de 2026 y la circular número 1000-2- 115203 del 27 de noviembre de 2006, expedida por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;

Que en particular el artículo 56 del Acuerdo de la Asamblea Corporativa número 03 del 24 de febrero de 2026 sobre el procedimiento para la selección de los candidatos al cargo de Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, dispone que el Director General de la Corporación será designado por el Consejo Directivo para el periodo que determine la ley, conforme a las normas y procedimientos establecidos en la misma. b) Las funciones del cargo previstas en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 60 de los Estatutos de la Corporación; c) Asignación salarial básica del cargo; d) Lugar, fecha y hora límite de inscripción y recepción de la hoja de vida y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo; e) Cronograma previsto para el desarrollo del proceso.

Que con fundamento en las disposiciones señaladas y la facultad nominadora del Consejo Directivo y a efectos de garantizar el cumplimiento de los principios de moralidad, igualdad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y publicidad de la función administrativa, se requiere mediante el presente acuerdo, ordenar y reglamentar el procedimiento interno para la selección, elección y designación del Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para el periodo institucional restante hasta 31 de Diciembre de 2027. f)
Que los documentos soporte del cumplimiento de los requisitos del cargo se evaluarán de acuerdo con el artículo 2.2.2.3.1 y siguientes del Decreto número 1083 de 2015 – Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Que el presente acuerdo fue revisado y ajustado conforme a las recomendaciones de los miembros del Consejo Directivo, en sesión ordinaria del día 03 de julio de 2026.

Que, de conformidad con lo expuesto,

ACUERDA:

Capítulo I.

Disposiciones Generales g) El aviso deberá ser publicado el día establecido en el cronograma por una sola vez en un diario impreso de circulación a nivel nacional, un diario impreso de circulación regional, en un lugar visible de la sede principal y de las Direcciones Territoriales de la Corporación, y en la página web en el enlace que se denominará: PROCESO DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR(A) GENERAL PE- RÍODO RESTANTE - 2027 y divulgado a través de un medio radial, previo a la fecha de inicio para la inscripción de candidatos y la recepción de las hojas de vida y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Artículo 1°.

Marco Normativo Aplicable. Al procedimiento de elección del Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para el período institucional restante hasta el 31 de diciembre de 2027, le serán aplicables las disposiciones contempladas en el artículo 209 de la Constitución Política y artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 sobre principios de la función administrativa, artículo 27 literal j) y artículo 28 de la Ley 99 de 1993, artículo 1º de la Ley 1263 de 2008, el artículo 2.2.8.4.1.21

Parágrafo. El Secretario (a) del Consejo Directivo deberá prestar el apoyo necesario
para realizar la publicación y divulgación del aviso de la convocatoria pública y en general Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 86 DIARIO OFICIAL (a) General de la Corporación, y el desarrollo de las demás actividades establecidas en el presente Acuerdo. para el desarrollo de todo el proceso de selección, elección y designación del Director(a) General, de acuerdo con lo previsto en el presente acuerdo.

Esta comisión estará integrada por los siguientes miembros del Consejo Directivo: Doctor David Enrique Salcedo Hernández- Representante entidades sin ánimo de lucro; Doctor León Jaime Zapata Guerra- Representante entidades sin ánimo de lucro; Doctora Edelsy Pereira Coronado- Representante comunidades negras del departamento de Córdoba, y Dr. Julián David Peña Gómez, Delegado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y/o quien haga sus veces.

Artículo 7°.

Inscripción y Recepción de Hojas de Vida y Documentos Soporte. Las inscripciones y la entrega de la hoja de vida con los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo deberán ser realizadas personalmente por el aspirante debidamente identificado con su documento de identidad, o a través de apoderado con poder autenticado para tales efectos, ante el Secretario(a) del Consejo Directivo en las fechas y horarios establecidos para ello en el aviso de convocatoria pública. La hoja de vida y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos deberán ser presentados en físico y en medio magnético, debidamente foliados con numeración continua.

Artículo 10.

Verificación de los Requisitos. La comisión del Consejo Directivo de que trata el artículo anterior se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto número 1076 de 2015 en concordancia con el artículo 55 de los Estatutos de la Corporación, adoptados mediante el Acuerdo de Asamblea Corporativa número 03 del 24 de febrero de 2026, a saber:

Una vez realizada la inscripción del candidato, y con el fin de asegurar la transparencia del proceso, su hoja de vida y los documentos requeridos para acreditar los requisitos señalados en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto número 1076 de 2015, deberán ser depositados en la urna triclave dispuesta para tales efectos en la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, Sede Onomá, 2do Piso, ubicada en Carrera 6 No. 61-25, Barrio los Bongos de la ciudad de Montería. Esta urna deberá ser sellada previamente por el Secretario(a) del Consejo Directivo y al menos tres (3) de los miembros de la comisión del Consejo Directivo designados para tal fin, quienes serán: Dr. David Enrique Salcedo Hernández- Representante entidades sin ánimo de lucro; Dr. León Jaime Zapata Guerra- Representante entidades sin ánimo de lucro; Doctora Edelsy Pereira Coronado- Representante comunidades negras del departamento de Córdoba. Las tres (3) llaves de la urna deberán ser entregadas a los miembros de la comisión del Consejo Directivo, a que se refiere el artículo noveno del presente Acuerdo.

Parágrafo 1°. Con la inscripción y presentación de su hoja de vida, se entiende que el
inscrito manifiesta bajo la gravedad de juramento, no hallarse incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, impedimento, prohibición y/o conflicto de interés para desempeñar el cargo de Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge. a) Título profesional universitario. b) Título de formación avanzada o de postgrado, o, tres (3) años de experiencia profesional. c) Experiencia profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos establecidos en el literal anterior de los cuales por lo menos uno (1) debe ser en actividades relacionadas con el ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo de Director General de Corporación Autónoma Regional. d) Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. Para efectos de lo dispuesto en el literal c) del artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto número 1076 de 2015 concordante con el artículo 55 de los Estatutos de la Corporación, adoptados mediante el Acuerdo de Asamblea Corporativa número 03 del 24 de febrero de 2026, y la circular número 1000-2-115203 del 27 de noviembre de 2006, expedida por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el presente proceso de elección del Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, se entiende por experiencia relacionada con el ambiente y los recursos naturales renovables, la adquirida en cualquier ámbito de la administración pública o en el ejercicio profesional en una o más de las siguientes actividades:

Así mismo, deberá indicar, si es el caso, si alguno de los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos reposa en los archivos de la Corporación en su respectiva hoja de vida, en caso de haber sido o ser funcionario de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para que sea tenido en cuenta.

Parágrafo 2°. El Secretario(a) del Consejo Directivo ante quien se efectuarán las
inscripciones, deberá disponer para tal fin, de un formato de registro de inscripción con numeración continua, en el que conste el nombre del inscrito, su número de documento de identidad, el teléfono de contacto, el correo electrónico, poder autenticado, en caso de que la inscripción se efectué a través de apoderado, el número de folios de la hoja de vida presentada con los documentos requeridos para acreditar los requisitos, la fecha y hora de la inscripción y el número de radicación asignada a la inscripción realizada.

Parágrafo 3°. Las hojas de vida y los documentos requeridos para acreditar los requisitos
deberán presentarse en la forma establecida en el aviso de convocatoria, debidamente foliados en numeración continua, tanto en medio físico como en medio magnético, en un solo archivo en formato pdf; en caso de no ser así, se dejará la constancia en el formato de registro de inscripción de que trata el parágrafo segundo del presente artículo; y en el acto de apertura de la urna triclave, serán foliados por uno de los miembros de la comisión del Consejo Directivo ante las personas que se encuentren presentes. a) Planeación, administración, control y seguimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente; b) Formulación, evaluación y/o ejecución de políticas, planes, programas y proyectos ambientales; c) Formulación, evaluación y/o ejecución de proyectos de saneamiento ambiental; d) Consultoría y/o asesoría en proyectos y estudios ambientales; e) Formulación, evaluación y/o aplicación de la legislación y reglamentación ambiental; f) Desarrollo de investigaciones aplicadas al ambiente y los recursos naturales renovables; g) Docencia ambiental en el nivel superior de educación formal debidamente reconocida; h) Planeación ambiental del territorio. i) Las demás que se desarrollen en ejercicio de los cargos públicos y que estén relacionadas con asuntos ambientales.
Parágrafo 1°. La verificación de dichos requisitos deberá realizarse con base en la
documentación aportada por los inscritos al momento de su inscripción.

Parágrafo 2°. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en el
presente artículo, se atenderá lo dispuesto en el Título 2, Capítulo 3, artículo 2.2.2.3.1 y siguientes del Decreto número 1083 de 2015 Único Reglamentario de la Función Pública.

Parágrafo 3°. La comisión del Consejo Directivo con el apoyo del Secretario (a) del
Consejo Directivo, realizará la revisión de los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y medidas correctivas de los inscritos. Esta revisión se podrá efectuar vía internet a través de las páginas oficiales de las entidades correspondientes.

Artículo 8°.

Cierre de Inscripciones y Apertura de la Urna. Una vez vencido el término de inscripciones, y de acuerdo con la fecha establecida en el cronograma del proceso de elección la urna triclave deberá ser abierta en presencia de los miembros de la comisión del Consejo Directivo, el Secretario (a) del Consejo Directivo, los candidatos inscritos que quieran participar y demás personas que se encuentren presentes. De tal diligencia se levantará y suscribirá un acta por parte del Secretario (a) del Consejo Directivo y los miembros presentes de la Comisión del Consejo Directivo, en la que se dejará constancia de los nombres de los inscritos, su número de documento de identidad, la fecha y hora de inscripción, el número de radicación y el número total de folios radicados de la hoja de vida y los documentos soporte.

Artículo 11 Elaboración del Informe. A partir de la verificación de los requisitos previstos en el artículo precedente, la comisión del Consejo Directivo procederá a elaborar un informe sobre las hojas de vida y documentos soporte de los inscritos que cumplan o no con los requisitos en referencia, indicando en este último caso, los motivos o razones del incumplimiento.

Acto seguido el Secretario (a) del Consejo Directivo hará entrega de las hojas de vida y los documentos soporte, copia del formato de registro de inscripción y el acta de cierre de inscripciones y apertura de la urna, a la comisión del Consejo Directivo, a efectos de que estos realicen, dentro del término previsto para ello en el cronograma, la verificación de las hojas de vida de los inscritos a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 12.

Presentación y Publicación del Informe de Cumplimiento de Requisitos. El informe a que hace referencia el artículo anterior deberá ser presentado por la comisión, al Consejo Directivo, para su consideración y aprobación; esta sesión del Consejo se realizará bajo la modalidad de extraordinaria y se realizará de acuerdo con la fecha y hora prevista en el cronograma adjunto, la cual se entiende convocada con la expedición del presente Acuerdo.

En desarrollo de los principios de publicidad y transparencia, el Secretario (a) del Consejo Directivo ordenará la publicación del acta de cierre de inscripciones y apertura de la urna, en la página web de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge., en el siguiente enlace: PROCESO DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR(A) GENERAL PERÍODO RESTANTE – 2027 CAPÍTULO III De la Verificación de Requisitos E Informe de Cumplimiento y Reclamaciones

Artículo 9°.

Comisión del Consejo Directivo. De conformidad con el artículo 51 de los Estatutos de la Corporación, adoptados mediante el Acuerdo de Asamblea Corporativa número 03 del 24 de febrero de 2026, se designa una comisión del Consejo Directivo con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de los inscritos al cargo de Director

Presentado y aprobado el informe de cumplimiento de requisitos, el Consejo Directivo ordenará su publicación en la página web de la Corporación en el siguiente enlace: PROCESO DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR(A) GENERAL PERÍODO RESTANTE – 2027. La publicación de este informe estará a cargo del Secretario(a) del Consejo, contendrá la lista de inscritos que cumplen los requisitos en referencia y los que no cumplen, y deberá realizarse dentro del término previsto para ello en el cronograma que hace parte integral del presente acuerdo.

87 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL

Artículo 20.

Publicación y Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su expedición y deberá ser publicado en la página web de la CVS, en el siguiente enlace: PROCESO DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR(A) GENERAL PERÍODO RESTANTE – 2027

Publíquese y cúmplase.

Dado en Montería, a 3 de julio de 2026.

Artículo 13.

Reclamaciones. Los inscritos podrán presentar sus reclamaciones por escrito personalmente o a través de apoderado, con poder autenticado para tales efectos, en la Secretaría General de la Corporación, 2do Piso Sede Onomá CVS, ubicada en Carrera 6 No. 61-25, Barrio los Bongos de la ciudad de Montería. El Secretario (a) del Consejo Directivo deberá realizar la respectiva radicación de dichas reclamaciones, de conformidad con la fecha y hora establecidas para la recepción de las mismas en el cronograma.

El Presidente del Consejo Directivo, Andrés Renaldo Silva Villegas.

La Secretaria del Consejo Directivo, María Angélica Sáenz Espinosa.

Las reclamaciones deberán manifestar el objeto y fundamento del reclamo, siempre y cuando tengan relación con los documentos aportados al momento de la inscripción. En ningún caso, se admitirán documentos no aportados o cambio de los entregados al momento de la inscripción. Si la reclamación es realizada fuera del término señalado, se considerará extemporánea y será rechazada de plano.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN

JORGE-CVS CRONOGAMA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL PARA EL

Artículo 14.

Respuesta a Reclamaciones y Elaboración de Informe. Las reclamaciones deberán ser atendidas y resueltas por la Comisión del Consejo Directivo dentro del término previsto para ello en el cronograma que hace parte integral del presente Acuerdo.

PERÍODO RESTANTE HASTA 2027

Anexo del Acuerdo No. 10-2026 de 03 de julio de 2026 Del estudio, análisis y respuesta a las reclamaciones se deberá elaborar un informe que debe ser presentado al Consejo Directivo en pleno para su conocimiento y aprobación.

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO

- :• ADOPCION DEL REGLAMENTO 03 DE JULIO DE 2026 09:00 am Y PROCEDIMIENTO - CONSEJO DIRECTIVO

1 CONVOCATORIA PUBLICA Artículo 15 Conformación de la Lista de Candidatos que Cumplen Requisitos. Una vez resueltas las reclamaciones, la Comisión del Consejo Directivo, en sesión extraordinaria según fecha y hora prevista para ello en el cronograma adjunto al presente Acuerdo, la cual se entiende convocada con la expedición del mismo, presentará al Consejo Directivo el informe de reclamaciones para su conocimiento, consideración y aprobación.

1.1 PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA En esta sesión con base en los resultados entregados por la Comisión del Consejo Directivo y el informe aprobado, el Consejo Directivo en pleno conformará la lista definitiva de candidatos que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto número 1076 de 2015; esta lista se presentará en orden alfabético, iniciando por el primer apellido, lo cual no implica orden de elegibilidad.

- Periódico de amplia circulación 07 de julio de 2026 regional y nacional - Página web y sede de la 07 de julio de 2026 corporación - Medio Radial 07 de julio de 2026 1.2 Finalización de la convocatoria y 09 de julio de 2026 03:00 pm sellamiento de la urna La lista definitiva se publicará en la página web de la Corporación, en el siguiente enlace: PROCESO DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR(A) GENERAL PERÍODO RESTANTE - 2027

2. INSCRIPCION y RECEPCION DE 10 al 14 de julio de 2026 08:00 am a 12:00 m y DOCUMENTOS 02:00 pm a 05:30 pm en los días hábiles en el Secretaria General 2 Piso Sede Onomá lapso de tiempo cvs indicado.
Los días viernes hábiles de 8:00

am a 12:00 m y 2:00 pm a4:00 pm.

2.1 Inicio de lnsclipciones 1 O de julio de 2026 08:00 am 2.2 Cierre de Inscripciones 14 de julio de 2026
- 5:30pm 2.3 Apertura de la urna y levantamiento del acta 15 de julio de 2026 09:00am De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva acta de sesión.
Parágrafo. Conformado el listado definitivo de los candidatos que hayan cumplido con
los requisitos, la comisión del Consejo Directivo hará entrega al Secretario(a) del Consejo Directivo de las hojas de vida junto con los documentos de verificación de requisitos, las reclamaciones presentadas y resultados de las mismas, y demás documentos relacionados con el proceso de elección del Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para que sean escaneados y se conformen los expedientes físicos y digitales correspondiente; y para su custodia conforme a los procedimientos internos de la Corporación.

3. VERIFICACION DE REQUISITOS MÍNIMOS y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES

3. 1 Verificación de requisitos 15 al 17 de julio de 2026

3.2 Elaboración de informe preliminar y listado 17 de julio de 2026 de aspirantes, indicando si cumplen o no los requisitos exigidos 3.3 Presentación del informe de aspirantes 21 de julio de 2026 A partir de las 09:00 am admitidos ' CAPÍTULO IV Elección y Designación

Artículo 16.

Elección y Designación. La elección y designación del Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para el período institucional restante hasta el 31 de diciembre de 2027, será realizada en sesión ordinaria presencial del Consejo Directivo, en la fecha y hora establecida en el cronograma que hace parte integral del presente acuerdo.

- =· Sesión de Consejo Directivo

El Consejo Directivo hará la elección y designación del Director(a) General, en ejercicio de la facultad nominadora que le confiere el literal j) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008 modificatorio del artículo 28 de la Ley 99 de 1993, el artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto número 1076 de 2015 y el literal j) del artículo 37 de los estatutos de la Corporación adoptados mediante Acuerdo de la Asamblea Corporativa número 03 del 24 de febrero de 2026, seleccionándolo entre los candidatos que hayan cumplido con los requisitos establecidos para el ejercicio del cargo y que no se encuentren en situación de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición.

La designación se hará mediante Acuerdo del Consejo Directivo que será publicado en el Diario Oficial y en la página web de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.

Artículo 17.

Votación. La designación del Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, requerirá el voto favorable de la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo.

El voto será nominal y público.

Capítulo V.

Disposiciones Finales

Artículo 18.

Medios de Control. Las decisiones que se adopten durante el proceso de elección del Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, no admiten recurso alguno.

Contra el acuerdo de elección y designación del Director (a) General de la Corporación, procederá, si a ello hay lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la acción de nulidad electoral dentro del término previsto para tales efectos.

Artículo 19.

Recusaciones. Las recusaciones, impedimentos y conflictos de interés que se susciten dentro del proceso de elección del Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo previsto sobre el particular en los estatutos corporativos, y establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

(C. F.).

Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 88 DIARIO OFICIAL Avisos de Convocatoria Pública Lugar, fecha y hora para la entrega de documentos. La inscripción de candidatos, aporte de la hoja de vida y los documentos de soporte por medio de los cuales acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos, se realizará desde el día 10 de julio de 2026 al 14 de julio de 2026, en el horario 08:00 a. m. a 12:00 m y 02:00 p. m. a 05:30 p. m. en los días hábiles en el lapso de tiempo indicado. Los días viernes hábiles de 8:00 a. m. a 12:00 m y 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las consagradas en los artículos 27 literal j) de la Ley 99 de 1993, artículos 2.2.8.4.1.19 al 2.2.8.4.1.22 del Decreto número 1076 de 2015, artículo 1° de la Ley 1263 de 2008, artículo 37 literal j) de los Estatutos Corporativos y el Decreto número 1083 de 2015.

CONVOCA:

La inscripción, entrega de la hoja de vida y de los documentos soporte se harán personalmente por el aspirante debidamente identificado con su documento de identidad, o mediante un apoderado presentando poder auténtico y específico para tales efectos, ante la Secretaría General 2° Piso Sede Onomá CVS de la Corporación. Estos documentos se presentarán debidamente foliados en numeración continua, tanto en medio físico como en medio magnético, en un solo archivo en formato.pdf. Serán depositados en una urna triclave que para el efecto será instalada en la Secretaría General 2° Piso Sede Onomá CVS de la Corporación, dependencia ubicada en la sede principal de la institución y cuya dirección es: carrera 6 # 61-25, barrio Los Bongos de la ciudad de Montería.

A todas las personas interesadas en optar al empleo de Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge para el período restante hasta 31 de diciembre de 2027, para que se inscriban y aporten su hoja de vida y los documentos soportes por medio de los cuales acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto número 1076 de 2015, la Circular número 1000-2-115203 del 27 de noviembre de 2006 expedida por el Ministro de Ambiente, en concordancia con el artículo 55 de los Estatutos de la Corporación, adoptados mediante el Acuerdo de la Asamblea Corporativa número 03 del 24 de febrero de 2026, a saber:

REQUISITOS DEL EMPLEO: Quienes deseen optar al empleo, deberán acreditar al momento de la inscripción los siguientes requisitos:

- Título profesional universitario.

Con la inscripción y presentación de la hoja de vida, se entiende que el candidato manifiesta, bajo la gravedad del juramento, no hallarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, impedimento, prohibición y/o conflicto de interés para desempeñar el empleo.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR

- Título de formación avanzada o de postgrado, o, tres (3) años de experiencia profesional.

GENERAL PARA EL PERÍODO RESTANTE HASTA 2027

09:00 a. m.

- Experiencia profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos establecidos en el literal anterior de los cuales por lo menos uno (1) debe ser en actividades relacionadas con el ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo de Director General de Corporación Autónoma Regional.

3 DE JULIO DE 2026 NÚM. ACTIVIDAD FECHA HORARIO
- ADOPCIÓN DEL REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTO – CONSEJO DIRECTIVO 1 CONVOCATORIA PÚBLICA - Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

1.1 PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA

- Periódico de amplia circulación regional y nacional

En concordancia con lo indicado, se entiende por experiencia relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, la adquirida en cualquier ámbito de la administración pública o en el ejercicio profesional en una o más de las siguientes actividades:

03:00 p. m.

7 de julio de 2026 -Página web y sede de la corporación 7 de julio de 2026
- Medio Radial 7 de julio de 2026 1.2 Finalización de la convocatoria y sellamiento de la urna 9 de julio de 2026

2. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

A) Planeación, administración, control y seguimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente; B) Formulación, evaluación y/o ejecución de políticas, planes, programas y proyectos ambientales. C) Formulación, evaluación y/ o ejecución de proyectos de saneamiento ambiental; D) Consultoría y/ o asesoría en proyectos y estudios ambientales; E) Formulación, evaluación y/o aplicación de la legislación ambiental; F) Desarrollo de investigaciones aplicadas al ambiente y los recursos naturales renovables; G) Docencia ambiental en el nivel superior de educación formal debidamente reconocida; H) Planeación ambiental del territorio; I) Las demás que se desarrollan en ejercicio de los campos públicos y que estén relacionadas con asuntos ambientales.

10 al 14 de julio de 2026 Secretaria General 2 Piso Sede Onomá CVS 08:00 a. m. a 12:00 m y 02:00 p. m. a 05:30 p. m. en los días hábiles en el lapso de tiempo indicado. Los días viernes hábiles de 8:00 a. m. a 12:00 m y 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

La verificación de dichos requisitos se realizará con base en la documentación aportada por los inscritos al momento de su inscripción. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en el presente artículo, se atenderá a lo dispuesto en el del Título 2, Capítulo 3, artículo 2.2.2.3.1 y siguientes del Decreto número 1083 de 2015 Único Reglamentario de la Función Pública.

08:00 a. m.

2.1 Inicio de Inscripciones 10 de julio de 2026 5:30 p. m.

2.2 Cierre de Inscripciones 14 de julio de 2026 Funciones del empleo de director general de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge. Las funciones establecidas para el empleo del director general son las definidas en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, se citan a continuación:

09:00 a. m.

2.3 Apertura de la urna y levantamiento del acta 15 de julio de 2026 17 de julio de 2026

3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES 3.1 Verificación de requisitos 15 al 17 de julio de 2026 3.2 Elaboración de informe preliminar y listado de aspirantes, indicando si cumplen o no los requisitos exigidos

3.3 Presentación del informe de aspirantes admitidos 21 de julio de 2026 A partir de las 09:00 a. m.

- Sesión de Consejo Directivo

3.4 Publicación de resultado preliminar de aspirantes (cumple / no cumple requisitos)

22 de julio de 2026
4. RECLAMACIONES Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS Secretaría General 2 Piso Sede Onomá CVS 4.1 Recepción de reclamaciones y observaciones 23 y 24 de julio de 2026

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representa- ción legal; 2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Di- rectivo; 3. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que se requieran para el desarrollo del objeto de la Corporación, el proyecto de presupuesto, así como los proyectos de organización administra- tiva y de planta de personal de la misma; 4. Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamento interno; 5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad; 6. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Corporación en asuntos judiciales y demás de carácter liti- gioso; 7. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones, previa autorización del Consejo Directivo; 8. Nombrar y remover el personal de la Corporación; 9. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio de la Corporación; 10. Rendir informes al Ministro del Medio Ambiente, en la forma que este lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que corresponden a la Corporación y los informes generales y periódicos o particulares que solicite, sobre las actividades desarro- lladas y la situación general de la entidad; 11. Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución de los planes y programas de la Corporación, así como sobre su situación financiera, de acuerdo con los estatutos; 12. Las demás que los estatutos de la Corporación le señalen y que no sean contrarias a la ley.

08:00 a. m. a 12:00 m y 02:00 p. m. a 05:30 p. m. en los días hábiles en el lapso de tiempo indicado. Los días viernes hábiles de 8:00 a. m. a 12:00 m y 2:00 p. m. a 4:00 p. m. 4.2 Estudio y fundamentación jurídica para respuesta a reclamos y observaciones 27 y 28 de julio de 2026 Asignación Básica del Empleo. La asignación salarial básica del empleo Director General de la CAR CVS en el año 2026 es de $18.409.015 y una prima técnica no salarial por el valor de $9.204.508.

89 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL 29 de julio de 2026 A partir de las 09:00 a. m.

NÚM. ACTIVIDAD FECHA HORARIO 4.3 Presentación y aprobación Informe Final del Proceso Respuesta a reclamaciones/ observaciones y conformación del listado definitivo de aspirantes según resultados de requisitos (cumple / no cumple)

- Sesión de Consejo Directivo

Condicionalidad Estricto, las cuales contemplan la realización de actividades restaurativas, simbólicas, de memoria, pedagógicas, o en la participación en otros programas, planes o proyectos de contribución a la reparación y la restauración diferentes a los TOAR, las cuales deben reservarse para los comparecientes de la Ruta No Sancionatoria con mayor grado de participación, valorados a partir de los criterios objetivos y subjetivos desarrollados en la Sentencia Interpretativa; la vinculación de comparecientes no seleccionados como máximos responsables a TOAR procede de manera excepcionalísima, pues estos son espacios prioritariamente destinados al cumplimiento de las sanciones propias.

09:00 a. m.

30 de julio de 2026 4.4 Publicación respuesta a reclamos y listado definitivo de aspirantes habilitados para el cargo de Director General 09:00 a. m.

31 de julio de 2026

5. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

- Sesión ordinaria presencial del Consejo Directivo

Sesión 3 de julio de 2026.

El Presidente Consejo Directivo (CVS), Que el análisis técnico adelantado por la Secretaría Ejecutiva permitió identificar un conjunto de Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos (IPPP) con orden judicial, asociados a sanciones propias, TOAR y medidas de contribución a la reparación que son susceptibles de apoyo para la implementación del componente restaurativo, lo cual exige adelantar una priorización y asignación eficiente de los recursos disponibles, que permita orientar su ejecución a garantizar condiciones habilitantes, rutas restaurativas, alojamiento, transporte, pólizas de amparo en salud y riesgos profesionales; soporte para el monitoreo y la verificación judicial, entre otros, a los proyectos restaurativos.

Andrés Renaldo Silva Villegas.

(C. F.).

Varios Que la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Secretaría Ejecutiva y con la aprobación del Órgano de Gobierno, el 30 de diciembre de 2025 suscribió el Convenio de Financiación JEP-PNUD número 2009 de 2025 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objeto es “contribuir a la implementación del componente restaurativo de los proyectos que hacen parte de las sanciones, TOAR y medidas de contribución que cuentan con orden judicial de la JEP”, en desarrollo del modelo de justicia restaurativa.

Jurisdicción Especial para la Paz Acuerdos ACUERDO AOG NÚMERO 019 DE 2026 Que el convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, y dicho convenio se suscribió con el aporte de $30.000 millones de pesos, asignados a la JEP por parte del Gobierno nacional, desde el rubro de transferencias corrientes, con el objeto de gasto del Presupuesto General de la Nación “Alistamiento e implementación de trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR) anticipados con orden judicial, sanciones propias y medidas de contribución a la reparación proferidas por la JEP”, el cual fue asignado por concepto de funcionamiento a la entidad.

(julio 7) por medio del cual se aprueba la distribución del aporte de la JEP en el Convenio número 2009 de 2025 suscrito con el PNUD y se autoriza la activación del gasto.

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el parágrafo 2° del artículo transitorio 5° de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo número 01 de 2017; el inciso 1° del artículo 110 de la Ley 1957 de 2019, y en el artículo 15 literal d) del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que con el fin de garantizar una asignación de recursos eficiente, razonable, transparente y alineada con los objetivos del trabajo judicial, es preciso definir criterios institucionales de priorización y habilitantes de los planes, programas o proyectos restaurativos susceptibles de financiación en el marco del Convenio JEP-PNUD número 2009 de 2025, en función del grado de proximidad del cierre judicial de acuerdo con la etapa en que se encuentre el proceso correspondiente, la valoración técnica de la factibilidad, su relevancia estratégica, así como la presentación y aprobación en la ruta de implementación por parte del Comité de Articulación.

Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo número 01 del 2017 creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, disponiendo que estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará de administrar justicia de manera transitoria y autónoma.

Que para la priorización también se incorporan variables y condiciones de contexto relacionadas con riesgos territoriales, de seguridad e institucionales en relación con la JEP, las cuales, sin determinar la habilitación o priorización de los proyectos, inciden en su viabilidad real de implementación y deben ser consideradas en la toma de decisiones.

Que, con la adecuada implementación del componente habilitante restaurativo, en el marco del Convenio JEP-PNUD número 2009 de 2025 se requiere, de manera indispensable, financiar acciones de monitoreo integral deben ejecutarse durante totalidad de los proyectos susceptibles de apoyo, los cuales serán identificados mediante el análisis técnico de criterios de priorización y habilitación, abarcando, entre otros, los proyectos asociados a sanciones propias y TOAR anticipados con orden judicial.

Que el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 establece que la Jurisdicción Especial para la Paz “tendrá un Órgano de Gobierno cuyo objeto será el establecimiento de los objetivos, planificación, orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción”, el cual “se enfocará en la toma de decisiones de planeación, diseño y/o mejoramiento organizacional, definición de herramientas, lineamientos y criterios generales necesarios para el funcionamiento, así como la definición de políticas públicas que involucren a la jurisdicción”.

Que, de conformidad con la misma disposición, corresponde al Órgano de Gobierno, entre otras funciones, “establecer las políticas generales de gobierno de la JEP”, así como adoptar decisiones estructurales en materia de organización, planeación y funcionamiento, incluyendo instrumentos de direccionamiento institucional necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Que dada la diversidad territorial, la pluralidad de comparecientes vinculados y el volumen de actividades restaurativas y acciones simbólicas de reparación y de memoria que se proyectan en el marco del Convenio, se requiere la dinamización del sistema restaurativo, incluyendo fortalecimiento de las actividades de monitoreo, documentación, formulación, gestión e impulso que permitan avanzar en la materialización de los proyectos restaurativos.

Que, de acuerdo con lo expuesto, el Órgano de Gobierno aprobó la suscripción del presente acuerdo por parte del presidente y el secretario ejecutivo.

Que, mediante el Acuerdo ASP número 001 del 2 de marzo de 2020, la Sala Plena de la JEP adoptó el Reglamento General de la Jurisdicción y, entre otras disposiciones, estableció que el Órgano de Gobierno tendría como funciones las señaladas en la Constitución, la ley estatutaria de la JEP, y las referidas en el artículo 15 de ese Reglamento, entre otras.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Que, en desarrollo de lo anterior, el literal d) del artículo 15 del Acuerdo ASP número 001 de 2020 dispone que corresponde al Órgano de Gobierno regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los órganos de la JEP, en los aspectos no previstos en la ley y en el reglamento, función que se relaciona con la adopción de decisiones necesarias para ordenar y viabilizar la gestión institucional.

Artículo 1°.

Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto aprobar los criterios para utilizar el aporte de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Convenio de Financiación JEP-PNUD número 2009 de 2025, con el fin de orientar la asignación eficiente de los recursos y garantizar su ejecución efectiva en el marco de las condiciones habilitantes para la puesta en marcha de proyectos restaurativos.

Que, en cumplimiento de su mandato misional, la JEP tiene como propósito garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera, mediante un modelo de justicia restaurativa que se concreta en la implementación de sanciones propias, TOAR y medidas de contribución a la reparación, a través de proyectos restaurativos.

Artículo 2°.

Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente acuerdo aplican para las condiciones de priorización y habilitantes de los proyectos restaurativos que hacen parte de Sanciones Propias; Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador (TOAR) autorizados con orden judicial y Medidas de Contribución a la Reparación que cuenten con orden judicial y cumplan con la regla de excepcionalidad prevista en la SENIT 8.

Que la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 8 de 2025 precisó el alcance de las Medidas de Contribución a la Reparación (MCR) en el marco del Régimen de Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 90 DIARIO OFICIAL Empleamos Temporales SAS Avisos

Artículo 3°.

Acciones susceptibles de financiación en el marco del Convenio JEP- PNUD número 2009 de 2025. Las acciones susceptibles de financiación en el marco del convenio, tienen relación con los siguientes procesos:

INFORMA: i. Implementación de las rutas restaurativas que se prioricen conforme a las metodologías definidas por la JEP y el PNUD, atendiendo a la materialización de los enfoques de género e interseccionales y los demás ajustes que se requieran.

Que el señor Alexander Gustavo Delgado Villa, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 72133503 falleció el pasado 11 de junio de 2026 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, estando para esa fecha vinculado laboralmente con nuestra empresa. ii. Diseño e implementación de las acciones de reparación simbólica y de memoria que se prioricen de manera articulada con la magistratura y atendiendo las orientaciones de la Oficina Asesora de Memoria Institucional. iii. Fortalecimiento del proceso judicial de verificación al cumplimiento de las órdenes judiciales.

Quienes se consideren con derecho a reclamar su salario y prestaciones sociales, en calidad de beneficiarios, favor presentarse o remitir la documentación que acredite su calidad, al correo electrónico dir.juridica@empleamostemporales.com.co o a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 49 No. 50-21 oficina 1701 Edificio del Café, Medellín, Antioquia, Teléfono: 604 3225365, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

Primer aviso. iv. Documentación y sistematización del efecto transformador restaurativo producido por el desarrollo de los TOAR anticipados con orden judicial, medidas de contribución a la reparación y/o sanción propia.

La Representante Legal, Catalina Lora Sánchez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 91178. 2-VII-2026. Valor $89.100.

Banco Davivienda

v. Garantía de las condiciones transversales de dignidad a los comparecientes para el cumplimiento de las obligaciones judiciales de la Secretaría Ejecutiva, en el marco de las medidas de contribución a la reparación, TOAR anticipado con orden judicial y sanciones propias que imponga la JEP. vi. Apoyo al impulso de los proyectos restaurativos.

Artículo 4°.

Criterios para la asignación de los recursos. Los criterios de priorización y habilitantes para la asignación de recursos, son los siguientes:

Juzgado Noveno de Familia de Oralidad a) Criterios de priorización Edictos La asignación estratégica de los recursos a los proyectos restaurativos se priorizará conforme al siguiente orden:

Medellín, once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Proceso Presunción de muerte por desaparecimiento i. Sentencias ejecutoriadas que impongan sanción propia o sustitución de la sanción penal.

Solicitantes Félix Cordero Hernández y Ana Cristina León Ramos Presunto Desaparecido Hernanis Cordero León Radicado Número 05001311000920160021100 ii. TOAR anticipados con órdenes judiciales que vinculen a comparecientes determinados como máximos responsables, que participen voluntariamente en la fase previa a la imposición de la sanción propia y que estén precedidos por procesos restaurativos de mediana o larga duración en fases procesales anteriores.

Auto Sustanciación 1067-2026 Decisión Auto Aclara Corrección Sentencia iii. De manera excepcional, medidas de contribución a la reparación que cuenten con orden judicial y cumplan con la regla de excepcionalidad prevista en la SE- NIT 8, que sean de ejecución inmediata o de muy corta duración. b) Criterios habilitantes i. Grado de proximidad al cierre judicial, a la fase de sanción o a la definición de la situación jurídica, incluida la sustitución de la sanción penal. ii. Valoración técnica positiva sobre la factibilidad de los proyectos, con base en la aplicación y actualización del Índice Sintético Restaurativo.

Atendiendo al memorial anterior, donde el apoderado de las partes solicita corregir la información del encabezamiento y la parte resolutiva de la sentencia en cuanto a los datos del señor Hernanis Cordero León, para solicitar el acta de defunción y hacer la debida publicación; se avizora que por error involuntario del despacho se incurrió en un error aritmético al indicar que el presunto desaparecido Hernanis Cordero León, estaría registrado en la Notaría 16 del Círculo de Medellín, bajo el Serial 0500500, tal como se puede cotejar en el Registro Civil de Nacimiento aportado cuando lo correcto es que nació el 1° de noviembre de 1977 y se encuentra registrado en la Notaría Única del municipio de Necoclí (Antioquia), bajo el número 0500500 y NUIP 771101-60685; por tal razón se hace necesario corregir; iii. Presentación y aprobación de la ruta de gestión prevista en el AOG 06 de 2025 -o en la norma que lo modifique, adicione o sustituya- por parte del Comité de Articulación.

Así entonces, y de conformidad con lo normado en el art. 286 del C.G.P., el cual dispone que “Toda providencia en que se haya incurrido en un error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto”. “(...)”

Parágrafo. Para las sanciones propias y los TOAR, los criterios de priorización y
habilitación deberán analizarse de manera concurrente. Las Medidas de Contribución a la Reparación deberán cumplir los criterios de excepcionalidad definidos en la SENIT 8 y deberán agrupar el mayor número posible de comparecientes, hechos y víctimas.

“Lo dispuesto en los incisos anteriores, se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”. (Subrayas y negrillas del despacho)

Artículo 5°.

Materialización de órdenes judiciales y disponibilidad de recursos. La materialización de las órdenes judiciales que incidan en la ejecución de recursos relacionados con la financiación de proyectos restaurativos, sanciones propias, TOAR o de MCR estará sometida a la observancia de los criterios de priorización y habilitantes previstos en este acuerdo. Lo dispuesto atiende a la actual capacidad financiera de la Jurisdicción y a las reglas de austeridad previstas por el Órgano de Gobierno.

Por lo expuesto, se corrige la información del registro civil de nacimiento, así, el presunto desaparecido Hernanis Cordero León, nació el 1° de noviembre de 1977 y se encuentra registrado en la Notaría Única del municipio de Necoclí (Antioquia), bajo el número 0500500 y NUIP 771101-60685.

Aclarándole al togado que por regla general para la generación del registro de defunción del presunto desaparecido se le ordena a la primera notaría del municipio donde se declara la Muerte Presunta, en este caso la Notaría Primera del Círculo de Medellín.

En consecuencia, de lo anterior la parte resolutiva de la sentencia quedará modificada así.

Artículo 6°.

Verificación de los criterios. La Secretaría Ejecutiva, a través del equipo técnico delegado para la supervisión del convenio, verificará el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo anterior. Conforme con ello, dentro de los 30 días posteriores a la publicación de este acuerdo, deberá establecer la priorización de los proyectos restaurativos objeto de financiación, con el propósito de que se viabilice la utilización oportuna de los recursos disponibles.

Artículo 7°.

Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Sin necesidad de más consideraciones y en mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Oralidad de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Artículo 8°.

Publicidad. El presente acuerdo se divulgará a través de la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

FALLA Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2026.

El Presidente, Primero. Declarar la muerte presuntiva por desaparecimiento del señor Hernanis Cordero León, con cédula de ciudadanía número 8165887 expedida Medellín (Ant.), nacido el 1° de noviembre de 1977 en el municipio de Necoclí (Antioquia), hijo de los señores Félix Cordero Hernández y Ana Cristina León Ramos.

Alejandro Ramelli Arteaga.

Segundo. Fijar como fecha presuntiva de su muerte el día 3 de mayo de 2004.

El Secretario Ejecutivo, Harvey Danilo Suárez Morales.

Tercero. Ordenar oficiar a la Notaría Primera del Círculo de Medellín, con el fin de que extienda el respectivo, registro civil de defunción del señor Hernanis Cordero León, con copia debidamente autenticada.

(C. F.).

91 Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 DIARIO OFICIAL el sistema. Quedo atenta a cualquier duda y estaré dando más información si lo requieren por los siguientes medios:

Cuarto. Ordenar la inscripción de esta sentencia en el Registro Civil de Nacimiento del desaparecido Hernanis Cordero León, con Indicativo Serial número 0500500 y NUIP 771101-60685 de la Notaría Única del municipio de Necoclí (Antioquia).

Correo: danielamarindermatologa@gmail.com Teléfono: 3217469062 Daniela Marín Acevedo, MD, Quinto. Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta sentencia en el Diario Oficial, en el periódico El Tiempo que se edita en la capital de la república, en el periódico El Colombiano de esta ciudad y en una radiodifusora local. c.c. 1017198376.

(Primer aviso).

Sexto. De la presente decisión se les concede el correspondiente traslado a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del C.G del P.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 385041. 6-VII-2026. Valor $169.600.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 130191. 6-VII-2026. Valor $8.650.

La copia de esta providencia remitida a través del correo institucional de este juzgado, hará las veces de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 2213 de 2022. Se previene a la parte interesada deberá gestionar la materialización de este auto. Lo anterior sin necesidad de emisión de OFICIO alguno que reproduzca esta orden.

Notifíquese y cúmplase.

La Jueza, Lina Isabel Alzate Gómez.

(Documento firmado electrónicamente)

Firmado por:

La Juez, Juzgado de Circuito Civil 009 Familia, Medellín – Antioquia, Lina Isabel Alzate Gómez.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el Decreto Reglamentario número 2364/12 Código de verificación: 2ac9994d96c2ecc07c586bc2661087e3e498e3e1b3d1df6bb12ca0b5b533d721 Documento generado en 12/06/2026 10:39:09 A. M.

Descargue el archivo y valide este documento electrónico en la siguiente URL: https:// firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 960300. 6-VII-2026. Valor $89.100.

Consultorio de Odontología Doctora Julia Nahir Morales Mora Avisos Este año, la Imprenta Nacional de Colombia marcará un nuevo hito en la historia del país, reafirmando su compromiso con Colombia.

Me permito Informar Que mi establecimiento de comercio se encuentra en proceso de cierre definitivo ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá; por tanto, solicito a todos mis pacientes, comunicarse al número de contacto, con el fin de acordar una cita previa para la entrega de la historia clínica en original, antes del día 30 de julio del año en curso, dando cumplimiento a la Resolución número 0839 de marzo de 2017.

Favor contactarme al Celular # 3108068447 (Primer Aviso)

Julia Nahir Morales Mora, c.c. 41713260 de Bogotá, C o n t e n i d o Contacto 3108068447, Págs.

Ak 15 # 124-47, CS 312, Barrio Unicentro (001).

MINISTERIO DE SALUD PROTECCIÓN SOCIAL

Resolución número 001315 de 2026, por la cual se adopta e implementa la Política Nacional de Humanización en Salud (PNHS) 2026-2035: “Un camino para alcanzar, con calidad, una salud humanizada.........................................................................1

Primer aviso Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0560110. 3-VII-2026. Valor $178.200.

SUPERINTENDENCIAS Superintendencia de Industria y Comercio Resolución número 51039 de 2026, por la cual se extiende la vigencia de la Resolución número 32209 de 2020, que modifica los Capítulos Primero, Segundo y Cuarto del Título VI de la Circular Única, y se reglamenta el etiquetado y el control metrológico aplicable a productos preempacados.....................................................................17 Daniela Marín Acevedo Profesional Independiente Superintendencia del Subsidio Familiar Resolución número 0527 de 2026, por medio de la cual se adopta la medida cautelar de intervención administrativa total para la Caja de Compensación Familiar del Atlántico – Comfamiliar Atlántico........................................................................17 UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES REPS: 110014371601 Avisos Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Resolución número 9432 de 2026, por la cual se decide un recurso de apelación. Resolución número 2026003980600320 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................30 Resolución número 2026003980600320 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................32 A todos mis pacientes, informo que me encuentro en el proceso de realizar cierre definitivo de mis servicios como profesional independiente ante la Secretaría de Salud de Antioquia (Rionegro). Por este motivo, estoy realizando entrega de las historias clínicas electrónicas de las atenciones realizadas durante este tiempo. En los próximos días les estará llegando un correo electrónico con la información y los documentos que tengo registrado en Edición 53.546 Martes, 7 de julio de 2026 92 DIARIO OFICIAL Empleamos Temporales SAS Que el señor Alexander Gustavo Delgado Villa falleció el pasado 11 de junio de 2026 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico........................................................90 Juzgado Noveno de Familia de Oralidad Atendiendo al memorial anterior, donde el apoderado de las partes solicita corregir la información del encabezamiento y la parte resolutiva de la sentencia en cuanto a los datos del señor Hernanis Cordero León...........................................................90 Consultorio de Odontología Doctora Julia Nahir Morales Mora Que mi establecimiento de comercio se encuentra en proceso de cierre definitivo........91 Daniela Marín Acevedo Profesional Independiente A todos mis pacientes, informo que me encuentro en el proceso de realizar cierre definitivo................................................................................................................91 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2026 Somos garantes de la seguridad jurídica del Estado y transformamos necesidades en soluciones integrales de comunicación gráfica para nuestros grupos de interés, comprometidos con prácticas sostenibles.

@imprentacolombia @ImprentaNaCol misión www.imprenta.gov.co Este año, la Imprenta Nacional de Colombia marcará un nuevo hito en la historia del país, reafirmando Interior correspondencia@imprenta.gov.co su compromiso con Colombia. PBX: (601) 4578000 / FAX: 4578037 diario.oficial.co@imprenta.gov.co Carrera 66 no. 24-09, Ciudad Salitre Resolución número 2026003980600330 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................34 Resolución número 2026003980600373 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................36 Resolución número 2026003980600448 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................37 Resolución número 2026003980600449 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................39 Resolución número 2026003980600450 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................41 Resolución número 2026003980600451 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................42 Resolución número 2026003980600452 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................44 Resolución número 2026003980600453 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................46 Resolución número 2026003980600454 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................48 Resolución número 2026003980600455 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................50 Resolución número 2026003980600456 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................51 Resolución número 2026003980600457 de 2026, por la cual se expide una Resolución Anticipada de Clasificación Arancelaria...............................................................53 Resolución número 2026003980600458 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................54 Resolución número 2026003980600459 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................56 Resolución número 2026003980600460 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................58 Resolución número 2026003980600461 de 2026, por la cual se expide una Resolución Anticipada de Clasificación Arancelaria...............................................................60 Resolución número 2026003980600462 de 2026, por la cual se expide una Resolución Anticipada de Clasificación Arancelaria...............................................................62 Resolución número 2026003980600463 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................63 Resolución número 2026003980600464 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................64 Resolución número 2026003980600465 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................66 Resolución número 2026003980600466 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................67 Resolución número 2026003980600467 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................69 Resolución número 2026003980600469 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................70 Resolución número 2026003980600470 de 2026, por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria..................................................................72 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Diario Oficial y Gacetas Servicio Nacional de Aprendizaje Resolución número 1-03779 de 2025, por medio de la cual se aprueban programas de formación integral y se realiza las modificaciones a las Resoluciones 472 de 2014 y 2423 del 2018 del Sena.......................................................................................73 Circular número DG 100-015-2026......................................................................79 Instituto Geográfico Agustín Codazzi Más de 160 años de historia respaldan al Diario Oficial del país, la publicación oficial Territorial Santander Resolución número 116-2026 de 2026, por medio de la cual se suspenden términos con el fin de aplicar mantenimiento en la información geográfica de la base de datos catastral sobre los municipios de Oiba y Zapatoca...............................................82 del Gobierno colombiano, Hospital Militar Central encargada de la difusión de leyes, decretos y actos administrativos. Este diario es Avisos La Suscrita Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa - Unidad de Talento Humano del Hospital Militar Central hace constar que el día 28 de mayo de 2026 falleció el señor José Ignacio Cortés Téllez (q.e.p.d).............................................................83 fundamental para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, siendo una herramienta clave para el ejercicio democrático y la rendición de cuentas.

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge Acuerdo número 07 de 2026, por medio del cual se acepta renuncia al Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y se efectúa un encargo.....................................................................83 Acuerdo número 10-2026, por el cual se reglamenta el procedimiento interno para la elección y designación del director(a) general de la corporación autónoma regional de los valles del Sinú y del san Jorge (CVS), para terminar el período institucional hasta 2027..............................................................................................................84 Avisos de Convocatoria Pública............................................................................88

@imprentacolombia @ImprentaNaCol www.imprenta.gov.co Este año, la Imprenta Nacional de Colombia marcará un nuevo hito en la historia del país, reafirmando Interior correspondencia@imprenta.gov.co su compromiso con Colombia. PBX: (601) 4578000 / FAX: 4578037 diario.oficial.co@imprenta.gov.co Carrera 66 no. 24-09, Ciudad Salitre VARIOS Jurisdicción Especial para la Paz Acuerdo AOG número 019 de 2026, por medio del cual se aprueba la distribución del aporte de la JEP en el Convenio número 2009 de 2025 suscrito con el PNUD y se autoriza la activación del gasto.........................................................................89