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Diario Oficial 53689 de 2026

Diario Oficial N° 53.689

Tipo
Diario Oficial
Número
53689
Año
2026
Fecha
13 de noviembre de 2026
Entidad
Imprenta Nacional de Colombia
Fuente
Ver el documento original en Diario Oficial

Texto completo

República de Colombia Fundado el 30 de abril de 1864 DIARIO OFICIAL DIARIO OFICIAL Año CLXII No. 53.689 Edición de 56 páginas • Bogotá, D. C., viernes, 13 de noviembre de 2026 • I S S N 0122-2112 Presidencia de la República Decretos y le permite disponer en el mismo decreto la continuidad total o parcial de las normas especiales habilitadas para la situación de desastre durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción.

DECRETO NÚMERO 1776 DE 2026

(noviembre 12) por el cual se declara el retorno a la normalidad de la situación de desastre de carácter nacional declarada mediante el Decreto número 1372 de 2024, prorrogada por el Decreto Que los artículos 3º y 4º del Decreto Ley 4147 de 2011 establecen el objetivo y las funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en relación con la dirección de la implementación de la gestión del riesgo de desastres y la coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. número 1193 de 2025 y modificada por el Decreto número 464 de 2026.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 10 y 64 de la Ley 1523 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1º del Decreto número 1372 del 13 de noviembre de 2024 se declaró la existencia de una situación de desastre en todo el territorio nacional por el término de doce (12) meses, prorrogables hasta por un período igual, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, ante los efectos de los eventos asociados a la variabilidad climática.

Que el artículo 2º del Decreto número 1372 de 2024 dispuso la aplicación del régimen especial contemplado en el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012 y demás normas concordantes, así como de las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 que resultaron pertinentes para la situación de desastre.

Que la Constitución Política establece en su artículo 1º que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Que el artículo 1º del Decreto número 1193 del 12 de noviembre de 2025 prorrogó la situación de desastre de carácter nacional declarada mediante el Decreto número 1372 del 13 de noviembre de 2024 por un período de doce (12) meses, contado a partir del vencimiento del término previsto en este último.

Que el artículo 2º de la Constitución Política establece que son “fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, e indica que es obligación de las autoridades de la República proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Que el 11 de febrero de 2026 se expidió el Decreto Legislativo 150 de 2026, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. En desarrollo de esa declaratoria se expidieron decretos legislativos con medidas extraordinarias de financiación para atender los hechos que la motivaron.

Que, de conformidad con el artículo 287 de la Constitución Política, las entidades territoriales tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan y administrar sus recursos; así mismo, el artículo 288 dispone que dichas competencias se ejercen en coordinación con la Nación, bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

Que el Decreto Legislativo 241 del 12 de marzo de 2026 adicionó el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2026 en $8.682.063.516.112, de los cuales $6.348.950.610.737 correspondieron a la sección presupuestal de la UNGRD, con destino al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. De esta última suma, la distribución reportada para el Frente Frío de 2026 asignó $1.179.008.077.575 a acciones a cargo de la UNGRD y $5.169.942.533.162 a intervenciones sectoriales de recuperación temprana.

Que el artículo 1º de la Ley 1523 de 2012, modificado por el artículo 2º de la Ley 2474 de 2025, establece que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas, la protección y el cuidado de los animales y al desarrollo sostenible.

Que, de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 1523 de 2012, la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y habitantes del territorio colombiano.

Que, el Decreto número 464 del 4 de mayo de 2026, modificó el Decreto número 1372 de 2024, prorrogado por el Decreto número 1193 de 2025, para fortalecer la elaboración y ejecución del Plan de Acción Específico y establecer lineamientos para la atención de las afectaciones ocasionadas por los eventos climatológicos adversos ocurridos entre el 31 de enero y el 6 de febrero de 2026 en varios municipios de los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Que los artículos 13 y 14 de la Ley 1523 de 2012 atribuyen a los gobernadores y alcaldes la conducción del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en su nivel territorial y la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones.

Que el parágrafo del artículo 1º del Decreto número 464 de 2026 establece expresamente que dicha modificación no afecta el término de vigencia de la declaratoria de desastre del Decreto número 1372 del 13 de noviembre de 2024, prorrogada por el Decreto número 1193 del 12 de noviembre de 2025, por lo cual no constituyó una nueva declaratoria ni una prórroga adicional de su duración.

Que el numeral 4 del artículo 17 de la Ley 1523 de 2012 atribuye al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo la función de emitir concepto previo para la declaratoria de situación de desastre nacional y el retorno a la normalidad.

Que los artículos 4º y 5º del Decreto número 1372 de 2024, modificados por los artículos 2º y 4º del Decreto número 464 de 2026, regulan la elaboración y ejecución del Plan de Acción Específico, con proyectos que deben contener metas cuantificables, cronogramas de ejecución, presupuesto detallado por intervención, responsables institucionales e indicadores de seguimiento, en el marco de las competencias de las entidades participantes.

Que el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012 dispone la elaboración de planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, y asigna a la UNGRD el seguimiento y evaluación del plan cuando se derive de una declaratoria de desastre.

Que el artículo 4A del Decreto número 1372 del 13 de noviembre de 2024, adicionado por el artículo 3º del Decreto número 464 de 2026, dispone que el Plan de Recuperación Temprana y el Plan de Adaptación y Recuperación para el Buen Vivir constituyen el capítulo especial de implementación inmediata del Plan de Acción Específico para la atención de las afectaciones ocasionadas por el Frente Frío de 2026.

Que el artículo 63 de la Ley 1523 de 2012 faculta al presidente de la República para modificar, mediante decreto, los términos de la declaratoria de desastre y las normas especiales habilitadas para la situación durante las etapas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Que el artículo 64 de la Ley 1523 de 2012 atribuye al presidente de la República, previa recomendación del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, la competencia para declarar que la situación de desastre ha terminado y que ha retornado la normalidad, Que el artículo 6º del Decreto número 1372 de 2024, modificado por el artículo 5º del Decreto número 464 de 2026, prevé la separación presupuestal y contable de los recursos mediante las subcuentas Variabilidad Climática 2024 y Frente Frío 2026, y que el parágrafo del artículo 1º del Decreto número 464 de 2026 impide destinar los recursos Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 2 DIARIO OFICIAL de las respectivas actividades, con sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables.

DIARIO OFICIAL

Fundado el 30 de abril de 1864 Por el Presidente Manuel Murillo Toro Tarifa postal reducida No. 56 Director: Hitler Rouseau Chaverra Ovalle

Artículo 3º.

Continuidad plan de acción específico para la recuperación por variabilidad climática. El Plan de Acción Específico (PAE) de que trata, el artículo 4º del Decreto número 1372 de 2024, modificado por el artículo 2º del Decreto número 464 de 2026, continuará orientando la ejecución de las líneas de intervención, proyectos y actividades destinados a la recuperación de las áreas afectadas por los eventos asociados a la variabilidad climática comprendidos en la declaratoria de desastre nacional.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Imprenta Nacional de Colombia

Hitler Rouseau Chaverra Ovalle La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continuará ejerciendo las funciones de dirección, coordinación y orientación del Plan de Acción Específico, con la concurrencia de las entidades competentes, de conformidad con las disposiciones que regulan su elaboración, ejecución y seguimiento.

Gerente General Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia Conmutador: PBX 4578000. e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co Parágrafo 1º. Las entidades responsables de la ejecución de los programas y proyectos contemplados en el Plan de Acción Específico continuarán adelantando las actuaciones necesarias para su desarrollo y culminación, en el marco de sus competencias, las apropiaciones presupuestales disponibles y las disposiciones legales aplicables con los recursos disponibles en las subcuentas Variabilidad Climática y Frente Frío. obtenidos en virtud de la emergencia económica, social y ecológica a hechos diferentes de los que la motivaron.

Parágrafo 2º. La declaratoria de retorno a la normalidad no implicará, por sí misma,
la terminación de los programas, proyectos o actividades incluidos en el Plan de Acción Específico, cuya continuidad se sujetará a las condiciones jurídicas, técnicas, presupuestales y contractuales correspondientes.

Que, en la Sentencia C-191 del 24 de junio de 2026, la Corte Constitucional condiciona la ejecución de los recursos obtenidos al amparo del estado de emergencia a su administración separada de otras fuentes, al seguimiento de su destinación y a la disponibilidad permanente de información sobre los compromisos para los organismos de control. Esta obligación se extiende a los recursos aún no comprometidos o ejecutados.

Artículo 4º.

Continuidad del Plan de Recuperación Temprana (PRT). La declaratoria de retorno a la normalidad no afectará la continuidad y ejecución de las estrategias, programas y proyectos del Plan de Recuperación Temprana (PRT), que hacen parte integral de las líneas de intervención del PAE de Variabilidad Climática, que íntegra el capítulo especial del Plan de Acción Específico (PAE) de la situación de desastre nacional por variabilidad climática, de conformidad con el artículo 4A del Decreto número 1372 de 2024, adicionado por el artículo 3º del Decreto número 464 de 2026.

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elaboró el Plan de Recuperación Temprana (PRT), aprobado por el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo el 29 de julio de 2026, con una vigencia de dos años. El plan orienta las acciones de estabilización, rehabilitación y recuperación de los territorios afectados por el Frente Frío de 2026 y reporta 70 planes y proyectos a cargo de la UNGRD para ejecución con recursos de la Subcuenta Frente Frío 2026 del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

La ejecución del PRT continuará orientada a la recuperación de los territorios afectados por el frente frío de 2026, garantizando, en lo que corresponda, el cumplimiento de las disposiciones aplicables de los decretos legislativos expedidos en desarrollo del Decreto Legislativo 150 de 2026, con observancia de lo dispuesto en la Sentencia C-191 de 2026 y en las demás decisiones de control constitucional que determinen su alcance y efectos.

Que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, en sesión extraordinaria número 9 del 10 de noviembre de 2026, emitió concepto previo al presidente de la República en el que recomendó declarar el retorno a la normalidad de la situación de desastre de carácter nacional declarada mediante el Decreto número 1372 de 2024, prorrogada por el Decreto número 1193 de 2025 y modificada por el Decreto número 464 de 2026.

Artículo 5º.

Seguimiento y evaluación. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el apoyo del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación previsto en el artículo 14 del Decreto número 1372 de 2024, adicionado por el artículo 6º del Decreto número 464 de 2026, continuará adelantando el seguimiento y evaluación de la ejecución de las líneas de intervención, proyectos y actividades contemplados en el Plan de Acción Específico (PAE) que incluyen aquellos correspondientes al Plan de Recuperación Temprana (PRT), conforme a sus respectivas competencias.

Que el presidente de la República de conformidad con el artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, puede disponer igualmente en el mismo acto por el cual decreta que la situación de desastre ha terminado y que ha retornado la normalidad, que continuarán aplicándose, total o parcialmente, las normas especiales habilitadas para la situación de desastre, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción.

Las entidades responsables de la ejecución del Plan de Acción Específico (PAE) y del Plan de Recuperación Temprana (PRT) deberán suministrar la información correspondiente al avance físico y financiero, el cumplimiento de las actividades programadas y las dificultades identificadas durante su implementación, conforme a los mecanismos de seguimiento y reporte establecidos en la normativa aplicable.

Parágrafo 1º. El seguimiento y evaluación de las acciones de recuperación comprenderá
la verificación del cumplimiento de los objetivos, metas y resultados previstos en los instrumentos de planificación, así como la identificación de las medidas necesarias para facilitar la culminación de los programas y proyectos correspondientes.

Que resulta necesario modificar el artículo 15 del Decreto número 1372 de 2024, adicionado por el artículo 6º del Decreto número 464 de 2026, para que la contratación de la auditoría externa del Plan de Acción Específico (PAE) por variabilidad climática se adelante por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), por intermedio de la sociedad fiduciaria que lo administra y representa. Esta modificación se justifica porque la auditoría recae sobre la administración y ejecución de los recursos del PAE manejados a través del Fondo y sus subcuentas. Por tanto, corresponde que el contrato se celebre en nombre del Fondo, conforme a su régimen de administración y representación previsto en los artículos 48 y 49 de la Ley 1523 de 2012.

Parágrafo 2º. Las actividades de seguimiento y evaluación se desarrollarán sin
perjuicio de las competencias de los organismos de control y de las responsabilidades que correspondan a las entidades ejecutoras respecto de la administración, ejecución y destinación de los recursos públicos.

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) conserva sus funciones de seguimiento y evaluación del PAE, y su director mantiene la ordenación del gasto del Fondo en los términos del artículo 48 de la Ley 1523 de 2012. La modificación distingue esas funciones de la celebración del contrato de auditoría, que corresponde a la sociedad fiduciaria en representación del FNGRD.

Artículo 6º.

Modificatoria. Modifíquese el artículo 15 del Decreto número 1372 de 2024, adicionado por el artículo 6º del Decreto número 464 de 2026, el cual quedará así:

Que la auditoría externa se ejercerá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1523 de 2012 y de las competencias constitucionales y legales de la Contraloría General de la República para ejercer la vigilancia y el control fiscal sobre el manejo de los recursos públicos del Fondo y de sus subcuentas.

Que, en mérito de lo expuesto,

Artículo 15.

Auditoría externa. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), por intermedio de su sociedad fiduciaria, contratará una auditoría externa nacional o internacional con experiencia acreditada para realizar una auditoría sobre la administración y ejecución de los recursos del Plan de Acción Específico (PAE) por variabilidad climática, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1523 de 2012.

DECRETA:

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría General de la República ejercerá,
de conformidad con la Constitución Política y la ley, la vigilancia y el control fiscal sobre el manejo de los recursos públicos del FNGRD y de sus subcuentas.

Artículo 7º.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Artículo 1º.

Declaratoria de retorno a la normalidad. Declárase el retorno a la normalidad de la situación de desastre de carácter nacional declarada mediante el Decreto número 1372 de 2024, prorrogada por el Decreto número 1193 de 2025 y modificada por el Decreto número 464 de 2026.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado a 12 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Artículo 2º.

Continuidad del régimen especial. De conformidad con el artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, las normas especiales habilitadas para la situación de desastre nacional continuarán aplicándose, en cuanto resulten necesarias, durante la ejecución de las actividades de rehabilitación y reconstrucción previstas en el Plan de Acción Específico (PAE) de Variabilidad Climática que integra el Frente Frío de 2026, hasta la culminación

Carlos Andrés Ríos Puerta.

3 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Presidencia de la República demás disposiciones que regulan la racionalización de trámites podrá dar lugar a las responsabilidades disciplinarias previstas en la Ley 1952 de 2019.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones Departamento Administrativo de la Función Pública Circulares Conjuntas CIRCULAR CONJUNTA NÚMERO 01 DE 2026 (noviembre 12)

En cuanto a las competencias de las autoridades que suscriben la presente circular, el artículo 202 de la Constitución Política faculta al presidente de la República para confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales. En ejercicio de esa facultad, el numeral 3.2 del artículo 3º del Decreto número 1373 de 2026 confió al vicepresidente de la República la misión de coordinar y articular la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado, promoviendo la modernización y simplificación institucional y la consolidación de un Estado inteligente y sin barreras. El artículo 2º del mismo decreto dispone que el vicepresidente promoverá la articulación de las distintas entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, articulación que, conforme a la parte considerativa del decreto, se ejerce sin sustituir ni subordinar sus competencias propias, y el artículo 4º lo habilita para expedir los instructivos, circulares o documentos. que considere necesarios para el cumplimiento de las misiones asignadas.

PARA: Representantes Legales, secretarios(as) generales, jefes(as) de planeación, jefes(as) de las dependencias de relación estadociudadano y jefes(as) de control interno, o quienes hagan sus veces, de las entidades y organismos de la rama -ejecutiva del orden nacional.

DE: Vicepresidente de la República, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y director del Departamento Administrativo de la Función Pública ASUNTO: Lineamientos para la actualización del registro de trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y consultas de Acceso a Información Pública (CAIP) en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

Bogotá, D. C, 12 de noviembre de 2026 Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública coordina el funcionamiento del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y verifica, para efectos de la inscripción, que todo requisito cuente con el respectivo soporte legal (numeral 3 del artículo 1º de la Ley 962 de 2005); debe actualizar y mejorar permanentemente dicho sistema (artículo 19 de la Ley 2052 de 2020); vela por la permanente estandarización de los trámites (artículo 41 del Decreto Ley 019 de 2012, modificado por el artículo 5º del Decreto Ley 2106 de 2019); diseña instrumentos técnicos y jurídicos para la implementación de las políticas a su cargo, asesora y acompaña a las entidades del Estado y les imparte lineamientos (numerales 2, 6 y 7 del artículo 2º del Decreto número 430 de 2016), y, a través de su Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, implementa, hace seguimiento y evalúa la política de racionalización de trámites (numeral 2 del artículo 15 del mismo decreto). Así mismo, presenta anualmente a la Procuraduría General de la Nación el informe de las entidades que incumplen la política de racionalización de trámites (artículo 25 de la Ley 2052 de 2020, reglamentado por los artículos 16 y 17 de la Resolución número 455 de 2021).

La Ley 2052 de 2020 estableció disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial, y a los particulares que cumplen funciones públicas en materia de racionalización de trámites, con el fin de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad. En el mismo sentido, el Decreto Ley 019 de 2012 dispone que los trámites, los procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, y el Decreto Ley 2106 de 2019 tiene por objeto garantizar dicha efectividad mediante trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales.

A su turno, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones diseña, formula, adopta y promueve las políticas, planes, pr0gramas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (numeral 1 del artículo 17 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 13 de la Ley 1978 de 2019); fija, junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública, los lineamientos y criterios para automatizar y digitalizar los trámites (artículo 5º de la Ley 2052 de 2020), y determina los plazos y condiciones para la realización de trámites en línea, la interoperabilidad y los servicios ciudadanos digitales (artículos 6º, 9º y 10 de la Ley 2052 de 2020 y artículo 9º del Decreto Ley 2106 de 2019), en los términos del Decreto número 1078 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Ese mandato exige que la ciudadanía y el empresariado conozcan con certeza qué les es exigible. Por ello, el numeral 3 del artículo 1º de la Ley 962 de 2005 impone a toda entidad y organismo de la Administración Pública la obligación de informar sobre Jos requisitos que se exijan ante ella y la norma legal que los sustenta, y dispone que todo requisito, para que sea exigible al administrado, debe encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) con el correspondiente soporte legal; el artículo 8º de la Ley 1437 de 2011 obliga a las autoridades a mantener información completa y actualizada sobre las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los particulares, así como sobre los documentos que estos deben suministrar.

El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus competencias y con la articulación de la Vicepresidencia de la República, imparten los siguiente lineamientos dirigidos a facilitar la implementación y observancia de las disposiciones vigentes en materia de racionalización de trámites, con el propósito de fortalecer la actualización, simplificación y calidad de la información registrada en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

En consecuencia, cada trámite debe presentarse al usuario con sus momentos, pasos, requisitos, tiempos, costos y fundamento normativo de forma clara, cierta y verificable. El Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), cuyo funcionamiento coordina el Departamento Administrativo de la Función Pública, es la única fuente válida de la información de los trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y Consultas de Acceso a Información Pública (CAIP) que es exigible y oponible a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.

1. Actualizar integralmente el Formato Integrado. A más tardar en la fecha asig- nada a su sector en el cronograma, cada entidad revisará y actualizará la totalidad de los campos del Formato Integrado de cada trámite, Otro Procedimiento Admi- nistrativo (OPA) y Consulta de Acceso a la Información Pública (CAIP) inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), entre ellos: nombre y propósito; normatividad que lo sustenta; momentos y pasos que debe seguir el usuario; requisitos y documentos; tiempo de respuesta; costo o tarifa y su funda- mento legal; canales y puntos de atención; resultado o producto que se obtiene y su vigencia. Asimismo, se debe verificar que la información corresponda a la norma vigente y debe estar redactada en leguaje claro.

2. Registrar la modalidad real de realización. En el mismo plazo, se exhorta a las entidades a actualizar en el Sistema Único de Información de Trámites (SWIT) la información relativa a la modalidad de realización de cada trámite y Otro Procedimiento Administrativo (OPA), indicando si se adelanta de forma presen- cial, parcialmente en línea o totalmente en línea y, en estos dos últimos casos, el correspondiente enlace de acceso vigente, conforme al Título 20 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1078 de 2015, adicionado por el Decreto número 088 de 2022.

A su vez, el ordenamiento prohíbe trasladar al ciudadano cargas que corresponden a la administración. El artículo 9º del Decreto Ley 019 de 2012 prohíbe exigir actos administrativos,·constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se adelanta el trámite y, en su parágrafo, el suministro de información que repose en los archivos de otra entidad pública; el numeral 1 del artículo 1º de la Ley 962 de 2005 prohíbe solicitar documentos de competencia de otras autoridades; el artículo 16 del Decreto Ley 2150 de 1995, modificado por el artículo 14 de la Ley 962 de 2005, ordena a las entidades solicitar a la entidad pública correspondiente la información que obre en ella, sin que la carga de la prueba recaiga en el usuario; los numerales 4 y 5 del artículo 9º de la Ley 1437 de 2011 prohíben exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva entidad, así como documentos no previstos por las normas legales aplicables o requisitos y formalidades adicionales; y el artículo 10 del Decreto Ley 2106 de 2019 prohíbe exigir a los ciudadanos los requisitos o documentos que reposen en bases de datos o sistemas de información integrados al servicio ciudadano digital de interoperabilidad.

3. Eliminar lo que no tenga sustento o propósito. Todo requisito, documento, paso o condición registrado en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) que carezca de soporte legal o haya sido abolido por normas antitrámites se eliminará del Formato Integrado dentro del mismo plazo y, cuando conste en un acto administrativo de la entidad, deberá suprimirse también de dicho acto (Resolución número 455 de 2021). Cuando un requisito, paso o condición tenga soporte normativo vigente, pero haya perdido su propósito o constituya un obs- táculo injustificado para el usuario, la entidad lo eliminará mediante la modifi- cación del acto administrativo de su competencia que lo establece y actualizar

Un registro desactualizado en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), con requisitos sin sustento, pasos innecesarios, tiempos o tarifas que no corresponden a la norma vigente o documentos que el Estado ya posee, se convierte en una barrera de acceso a los derechos y en una fuente de incertidumbre, costos y riesgos de corrupción. Corregir esa situación no es una opción para las entidades: es una obligación legal vigente. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 2052 de 2020 y Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 4 DIARIO OFICIAL lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las. Comunicaciones. el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) dentro de los tres (3) días siguientes. Si el requisito proviene de una norma que no es de su competencia, la. entidad deberá incluir su racionalización en la estrategia de racionalización de trámites y promover el ajuste normativo ante la autoridad competente.

4. Dejar de exigir información que ya tiene el Estado. Ningún Formato Integra- do podrá mantener a cargo del usuario documentos, certificaciones, constancias o información que reposen en la propia entidad o en otra entidad pública. La entidad deberá registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) que su verificación se hace de oficio, sin perjuicio de que el usuario pueda apor- tarlos voluntariamente. Las entidades integradas a los servicios ciudadanos di- gitales actualizaran en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) los requisitos verificables a través del servicio ciudadano digital de interoperabilidad (parágrafo 2º del artículo 10 del Decreto Ley 2106 de 2019), conforme a los

5. Eliminar o reclasificar registros. Se exhorta a las entidades eliminar del Sis- tema Único de Información de Trámites (SUIT): (i) los trámites suprimidos por norma; (ii) los Otro Procedimiento Administrativo (OPA) y Consulta de Acceso a la Información Pública (CAIP) que hayan sida registrados de manera incorrecta a que ya no se ofrezcan; y (iii) las repartes de información, procedimientos in- ternos y demás actuaciones que no cumplan los atributos de trámite, Otro Proce- dimiento Administrativa (OPA) a Consulta de Acceso a la Información Pública (CAIP). Así misma, se sugiere verificar que las Otro Procedimiento Adminis- trativo (OPA) y Consulta de Acceso a la Información Pública (CAIP) inscritos como trámites se encuentren clasificadas en la categoría que les corresponda y garantizar la gratuidad de las Consulta de Acceso a la Información Pública (CAIP), de conformidad con la Resolución número 455 de 2021.

Acción Fecha Responsable Alcance Observación Enlace Teams: https:// Instrucciones para actualizar o eliminar trámites, Otro Procedimiento 17 de noviembre de 2026 Departamento Administrativo de la Función Capacitación técnica de Sistema Único de Información de Trámites n9.cl/41o81 Pública (SUIT)

Administrativo (OPA) y Consulta de Acceso a la Información Pública (CAIP) en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

Del 18 al 27 de noviembre de 2026, por sector, así:

Enlace Teams: https:// Entidades Obligadas Las entidades deberán actualizar di- n9.cl/to9fu rectamente en el Sistema Único de SECTOR Trámites Entidades Fecha a. Actualización de los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). b. Actualización de los Otro Proce- HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 336 17 18 nov. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNO- Información de Trámites (SUIT). Para apoyar a las entidades que no hayan podido actualizar de manera VACIÓN 10 1 19 nov. dimiento Administrativo (OPA) y Consulta de Acceso a la Información autónoma en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), el DEFENSA 212 21 19 nov.

Pública (CAIP) inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

TRANSPORTE 153 6 20 nov. AMBIENTE Y DESARROLLO Departamento Administrativo de la Función Pública brindará asistencia técnica en tiempo real de 8:00 a. m.

SOSTENIBLE 67 7 20 nov. a 12:00 m.

EDUCACIÓN 131 8 23 nov.

COMERCIO, INDUSTRIA Y TU- RISMO

89 6 23 nov.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

165 11 24 nov.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-

CIÓN Y LAS COMUNICACIONES

47 7 24 nov.

TRABAJO 105 6 25 nov.

AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL

78 7 25 nov.

MINAS Y ENERGÍA

102 12 26 nov.

INTERIOR 56 5 26 nov.

RELACIONES EXTERIORES

44 2 26 nov.

PLANEACIÓN 13 3 26 nov. CULTURA 42 4 27 nov.

IGUALDAD Y EQUIDAD

26 3 27 nov.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

23 2 27 nov.

DEPORTE 22 1 27 nov.

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCI- LIACIÓN

19 3 27 nov.

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO-

RIO 18 2 27 nov.

JUSTICIA Y DEL DERECHO

18 3 27 nov.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

16 5 27 nov.

TOTAL 1.792 142

9. Gestionar las limitaciones del sistema. En aquellos casos en los que el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) no permita realizar alguna actualiza- ción, la entidad gestionará durante la asistencia técnica señalada en el cronogra- ma o en las mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, y actualizar en el sistema todo lo que este sí permita. Para estas mesas, las entidades prepararan el insumo requerido por el Departamento Administrati- vo de la Función Pública.

6. Respetar el alcance de la actualización. Esta actualización tiene por objeto depurar, corregir y simplificar. No comprende las modificaciones estructurales definidas en el artículo 3º de la Resolución número 455 de 2021 (aumento de tiempos de respuesta, inclusión de nuevos requisitos o documentos, reducción de la vigencia de los productos o traslado de competencias), las cuales requieren el concepto previo y favorable previsto en el artículo 3º del Decreto Ley 2106 de 2019. Lo anterior no impide reflejar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) los cambios que ya hayan sido adoptados conforme a dicho procedimiento.

7. Abstenerse de exigir lo que no está en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Las entidades no podrán exigir trámites, requisitos, documen- tos, pasos o tarifas que no figuren en el Sistema Único de Información de Trámi- tes (SUIT) o que difieran de lo allí registrado.

8. Cumplir el cronograma. El cronograma que se presenta a continuación cons- tituye el lineamiento fijado por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el cumplimiento de las previsiones contenida en el artículo 19 de la Ley 2052 de 2020 y en el artículo 10 de la Resolución número 455 de 2021, y las entidades se sujetaran a él:

10. Asegurar la ejecución interna y sectorial. El contenido de la información re- gistrada en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) es responsabili- dad de cada entidad (artículo 19 de la Ley 2052 de 2020). El Representante Legal adoptará las medidas internas necesarias para el cumplimiento de la presente circular, cuya ejecución corresponderá a los servidores públicos que, según el acto de estructura, el manual de funciones o el rol asignado en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), tengan a cargo la gestión de trámites. La dependencia de relación Estado-ciudadano y la oficina de planeación, o quienes hagan sus veces, orientarán dicha ejecución en el marco de sus funciones, y la oficina de control interno la evaluará conforme a la Ley 87 de 1993 (artículo 17 de la. Ley 2052 de 2020 y artículo 15 de la Resolución número 455 de 2021, en

5 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL la Constitución Política, en concordancia con los artículos 2.2.5.1.1, 2.2.5.1.3 y 2.2.11.1.3 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

lo pertinente). Las entidades cabeza de sector, en ejercicio de la orientación y coordinación sectorial (artículos 59 y 61 de la Ley 489 de 1998), coordinarán a las entidades de su sector y verificarán que la totalidad de los trámites, Otro Procedimiento Administrativo (OPA) y Consulta de Acceso a la Información Pública (CAIP) inscritos por el sector quede actualizada en la fecha asignada.

Cordialmente, Que mediante el Decreto número 1212 de 13 de agosto de 2026 se nombró al doctor Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, en el empleo de Secretario General de Ministerio Código 0035, Grado 24 de la planta global, ubicado en la Secretaría General del Ministerio del Interior.

El Vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo Abondano.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, Que el doctor Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, mediante comunicación del 22 de octubre de 2026, presentó renuncia al empleo de Secretario General de Ministerio Código 0035, Grado 24 de la planta global, ubicado en la Secretaría General del Ministerio del Interior.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El Director, Que, para garantizar el cumplimiento y la continuidad en la prestación del servicio, se hace necesario efectuar un nombramiento.

Leonardo Huerta Gutiérrez, Que, en mérito de lo expuesto, Departamento Administrativo de la Función Pública.

DECRETA:

Ministerio del Interior

Artículo 1º.

Aceptación de Renuncia. Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el doctor Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, identificado con cédula de ciudadanía número 77171686, en el empleo de Secretario General de Ministerio Código 0035, Grado 24 de la planta global, ubicado en la Secretaría General del Ministerio del Interior.

Decretos

DECRETO NÚMERO 1766 DE 2026

Artículo 2º.

Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, a la doctora María Lorena Cuéllar Cruz, identificada con la cédula de ciudadanía número 52421682, en el empleo de Secretario General de Ministerio Código 0035, Grado 24 de la planta global, ubicado en la Secretaría General del Ministerio del Interior.

(noviembre 12) por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio del Interior.

Artículo 3º.

Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior comunicar el contenido de este decreto a los doctores María Lorena Cuéllar Cruz y Hitler Rouseau Chaverra Ovalle.

Artículo 4º.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 2.2.5.1.1, 2.2.5.1.3 y 2.2.11.1.3 del Decreto número 1083 de 2015, y Dado a 12 de noviembre de 2026.

CONSIDERANDO:

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado.

Que mediante el Decreto número 1213 de 13 de agosto de 2026 se nombró al doctor Jorge Ernesto Roa Roa, en el empleo de Viceministro Código 0020, ubicado en el Despacho del Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

DECRETO NÚMERO 1768 DE 2026

(noviembre 12) por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal de la Imprenta Nacional de Colombia.

Que el doctor Jorge Ernesto Roa Roa, mediante comunicación del 22 de octubre de 2026, presentó renuncia al empleo de Viceministro Código 0020, ubicado en el Despacho del Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Que, para garantizar el cumplimiento y la continuidad en la prestación del servicio, se hace necesario efectuar un nombramiento.

Que, en mérito de lo expuesto, El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 2.2.5.1.1, 2.2.5.1.3 del Decreto número 1083 de 2015, y

DECRETA:

CONSIDERANDO:

Artículo 1º.

Aceptación de renuncia. Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el doctor Jorge Ernesto Roa Roa, identificado con cédula de ciudadanía número 1032389547, en el empleo de Viceministro Código 0020, ubicado en el Despacho del Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Que mediante el Decreto número 1354 del 3 de septiembre de 2026 el doctor Iván Rodrigo Rojas Arboleda, quien desempeña el empleo de Director Técnico Código 0100 Grado 23 ubicado en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, fue encargado en el empleo de Gerente de Entidad Descentralizada Código 0015, Grado 24, de la Imprenta Nacional de Colombia, sin desvinculación de sus funciones, mientras se nombra y posesiona su titular.

Artículo 2º.

Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, a la doctora María Eugenia Carreño Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía número 63347730, en el empleo de Viceministro Código 0020, ubicado en el Despacho del Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Que, para garantizar el cumplimiento y la continuidad en la prestación del servicio, se hace necesario efectuar un nombramiento.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 3º.

Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior comunicar el contenido de este decreto a los doctores María Eugenia Carreño Gómez y Jorge Ernesto Roa Roa.

Artículo 4º.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Artículo 1º.

Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, al doctor Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, identificado con la cédula de ciudadanía número 77171686, en el empleo de Gerente de Entidad Descentralizada Código 0015, Grado 24, de la Imprenta Nacional de Colombia.

Dado a 12 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro del Interior,

Artículo 2º.

Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior, comunicar el presente decreto a los doctores Hitler Rouseau Chaverra Ovalle e Iván Rodrigo Rojas Arboleda.

Alejandro Ordóñez Maldonado.

Artículo 3º.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el artículo 1º del Decreto número 1354 de 3 de septiembre de 2026.

DECRETO NÚMERO 1767 DE 2026

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado a 12 de noviembre de 2026.

(noviembre 12) por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en la planta de personal ABELARDO DE LA ESPRIELLA del Ministerio del Interior.

El Ministro del Interior, El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de Alejandro Ordóñez Maldonado.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 6 DIARIO OFICIAL

DECRETO NÚMERO 1781 DE 2026

víctimas de violencia de género, se reglamentó el funcionamiento del citado fondo como una cuenta sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad, destinada a financiar programas, proyectos y medidas orientadas a la prevención, protección y atención integral de mujeres periodistas y comunicadoras víctimas de violencias basadas en género.

(noviembre 13) por medio del cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento ordinario en la planta de personal del Ministerio del Interior.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y las previstas en el artículo 11 de la Ley 87 de 1993 modificado por el artículo 8º de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con el numeral 5 de artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015 en concordancia con los artículos 2.2.5.1.3, 2.2.11.1.3 y 2.2.21.4.1 ibidem, y Que mediante la Sentencia C-161 de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones, al evidenciar el incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 en materia de análisis de impacto fiscal, decisión cuyos efectos fueron diferidos con el fin de garantizar la continuidad institucional y la adopción de las medidas necesarias para la reasignación de las funciones, competencias y recursos a cargo de la entidad.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8º de la Ley 1474 de 2011, el cual modifica el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, dispone que el Presidente de la República “designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia C-161 de 2024, mediante el Decreto número 0626 de 2026, por el cual se liquida el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones, el Gobierno nacional ordenó la liquidación de dicha entidad y adoptó las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los fondos especiales y de las competencias que se encontraban a su cargo.

Que mediante Decreto número 0166 de 14 de febrero de 2024 la señora Stella Cañón Rodríguez fue nombrada en el empleo de Jefe de Oficina código 0137 grado 22, ubicado en la Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior, tomando posesión el 21 de febrero de 2024.

Que el literal a) del artículo 33 del Decreto número 0626 de 2026, en relación con la administración de los fondos a cargo del extinto Ministerio de Igualdad y Equidad, dispuso expresamente que el Fondo No Es Hora de Callar, creado mediante la Ley 2358 de 2024, será administrado, en virtud del presente decreto, por el Ministerio del Interior o quien haga sus veces, y que las funciones asignadas al Ministerio de Igualdad y Equidad en el Comité Decisorio del Fondo serán asumidas por el Ministerio del Interior.

Que la doctora Stella Cañón Rodríguez, mediante comunicación del 16 de octubre de 2026, presentó renuncia al empleo de Jefe de Oficina código 0137 grado 22, ubicado en la Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior.

Que, para garantizar el cumplimiento y la continuidad en la prestación del servicio, se hace necesario efectuar un nombramiento.

Que, en mérito de lo expuesto, Que, en consecuencia, los recursos apropiados para el Fondo No Es Hora de Callar en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026 deben ser trasladados e incorporados al presupuesto del Ministerio del Interior, entidad que asumió su administración y las competencias asociadas a su ejecución, con el fin de garantizar la continuidad de los programas, proyectos y medidas financiados con cargo a dicho fondo.

DECRETA:

Que el artículo 86 del Estatuto Orgánico del Presupuesto dispone que, cuando se trasladen funciones de un órgano a otro, el Gobierno nacional efectuará los ajustes presupuestales correspondientes para dejar en cabeza de la entidad que asuma dichas funciones las apropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 1º.

Aceptación Renuncia. Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por la doctora Stella Cañón Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía número 35407425, al empleo de Jefe de Oficina código 0137, grado 22 ubicado en la Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior.

DECRETA:

Artículo 1º.

Contracrédito. Efectúese el siguiente contracrédito en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026:

Artículo 2º.

Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, al señor Camilo Andrés Mantilla Vanegas, identificado con la cédula de ciudadanía número 1018475045, en el empleo de Jefe de Oficina código 0137, grado 22 ubicado en la Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior.

RECUR- SUBC

TOTAL CTA

PROG

SUBP OBJG

PROY

ORD SPRY REC CONCEP- TO APORTE NACIONAL

Artículo 3º.

Comunicación. Por medio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior comunicar el contenido de este decreto a los doctores Camilo Andrés Mantilla Vanegas y Stella Cañón Rodríguez.

SOS PRO- PIOS

Artículo 4º.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

SECCION:

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

4601 MINISTERIO DE IGUALDAD Y Dado, a 13 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

2.051.335.000 2.051.335.000 El Ministro del Interior, EQUIDAD EN LIQUIDACIÓN TOTAL PRESU- PUESTO Alejandro Ordoñez Maldonado.

2.051.335.000 2.051.335.000 A. FUN- CIONA- MIENTO UNIDAD:

Ministerio de Hacienda

460101 GESTIÓN GENERAL 2.051.335.000 2.051.335.000 y Crédito Público 03 TRANS- FEREN- CIAS CO- 2.051.335.000 2.051.335.000 Decretos RRIEN- TES

DECRETO NÚMERO 1764 DE 2026

A ENTI- 03 03 2.051.335.000 2.051.335.000 DADES DEL GO- (noviembre 12) por el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia BIERNO fiscal de 2026.

A OTRAS El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 86 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y 03 03 04 2.051.335.000 2.051.335.000 ENTIDA- DES DEL GOBIER- NO GENE-

CONSIDERANDO:

RAL FONDO

NO ES HORA DE 03 03 04 076 2.051.335.000 2.051.335.000 CALLAR (LEY 2358/2024)

RECUR- Que en la Ley 2559 de 2025, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2026 y el Decreto número 1477 de 2025, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, se apropiaron recursos por el monto de $2.051.335.000 para el “Fondo no es hora de callar (Ley 2358/2024) en la Sección 4601 Ministerio de Igualdad y Equidad 01 Gestión General.

2.051.335.000 2.051.335.000 10 SOS CORRIEN- TES Que mediante el Decreto número 0277 de 2026, por el cual se reglamenta el Fondo No Es Hora de Callar para la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas 7 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL

Artículo 4º.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el artículo 1º del Decreto número 1132 del 5 de septiembre de 2024.

Artículo 2º.

Crédito. Con base en el contracrédito del artículo anterior, efectúese el siguiente crédito en el Presupuesto General de la nación para la vigencia fiscal de 2026:

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

RE- CUR- SUBC Dado a 12 de noviembre de 2026.

TOTAL CTA

PROG

SUBP OBJG

PROY

ORD SPRY REC CONCEP- TO APORTE NACIONAL ABELARDO DE LA ESPRIELLA SOS PRO- PIOS El Ministro de Hacienda y Crédito Público, SECCION:

Miguel Gómez Martínez.

DECRETO NÚMERO 1777 DE 2026

2.051.335.000 2.051.335.000 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR TOTAL PRESU- PUESTO (noviembre 12) por el cual se delega una función.

2.051.335.000 2.051.335.000 A. FUN- CIONA- MIENTO UNIDAD:

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en los artículos 189 numeral 23, 209, 211 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 9° y 13 de la Ley 489 de 1998, y 370101 GESTIÓN GENERAL 2.051.335.000 2.051.335.000 TRANSFE-

CONSIDERANDO:

2.051.335.000 2.051.335.000 03 RENCIAS CORRIEN- TES 03 03 A ENTIDA- 2.051.335.000 2.051.335.000 Que el artículo 189 numeral 23 de la Constitución Política señala que “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (…) Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley.”

DES DEL GOBIERNO A OTRAS 2.051.335.000 2.051.335.000 03 03 04 ENTIDA- DES DEL GOBIERNO GENERAL Que el artículo 211 de la Constitución señala que la ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades y que la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo fa responsabilidad consiguiente.

FONDO NO ES HORA

2.051.335.000 2.051.335.000 03 03 04 076 DE CA- LLAR (LEY 2358/2024)

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 dispone que “las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley; podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.

10 RECURSOS CORRIEN- 2.051.335.000 2.051.335.000 TES Que igualmente el artículo 13 de la precitada ley establece que el “Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamento administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado el ejercicio de las funciones a que se refieren el artículo 129 y los numerales 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 de la Constitución Política.”

Artículo 3º.

Registro. Con el propósito de efectuar los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará los registros de la información presupuestal que se deriven de la adopción del presente decreto.

Artículo 4º.

Vigencia. El presente decreto rige a partir del día siguiente al de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Que el artículo 2° de la Ley 11 de 1972 autorizó al Gobierno nacional para celebrar con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia contratos tendientes a impulsar y defender la Industria del Café, los cuales tendrán una duración de diez años y serán prorrogables por periodos de igual duración.

Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

Que el artículo 33 de la Ley 9a de 1991, al autorizar al Gobierno nacional para celebrar los contratos y efectuar las apropiaciones y demás operaciones presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a lo previsto en la citada ley, igualmente autorizó adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato de administración del Fondo Nacional del Café y de Servicios que suscriba la Federación Nacional de Cafeteros con el Gobierno nacional.

DECRETO NÚMERO 1765 DE 2026

(noviembre 12)

Que se ha considerado procedente que el señor presidente de la República delegue la función de celebrar el contrato de administración del Fondo Nacional del Café que suscriba el Gobierno nacional con la Federación Nacional de Cafeteros. por el cual se efectúa un nombramiento ordinario.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en particular las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y las previstas en el artículo 8º de la Ley 1474 de 2011 y las previstas en los artículos 2.2.5.1.1 y 2.2.11.1.2 del Decreto número 1083 de 2015 y las previstas en el artículo 4º del Decreto número 1610 de 2026, y

Artículo 1°.

Delegación. Delegar en los ministros de Hacienda y Crédito Público y Agricultura y Desarrollo Rural la función de celebrar el contrato de administración del Fondo Nacional del Café que suscriba el Gobierno nacional con la Federación Nacional de Cafeteros, de conformidad con la parte motiva del presente contrato.

DECRETA:

Artículo 2°.

Comunicación. Comuníquese por intermedio de la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Crédito· Público el presente decreto a los ministros de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural y a la Federación Nacional de Cafeteros.

Artículo 3°.

Vigencia. El presente decreto rige a la partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Artículo 1º.

Declaratoria de insubsistencia. Declárese insubsistente el nombramiento ordinario del señor Jorge Hernando Pedraza Vargas, identificado con cédula de ciudadanía número 9531109, en el empleo de Jefe de Oficina Código 0137 Grado 17 con funciones de Control Interno de la Superintendencia de la Economía Solidaria para que ejerza funciones de Control Interno.

Dado, a 12 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Artículo 2º.

Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha al señor Nicolás Vargas Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía número 1053334731, en el empleo de Jefe de Oficina Código 0137 Grado 17 con funciones de Control Interno en la Superintendencia de la Economía Solidaria para que ejerza funciones de Control Interno.

Miguel Gómez Martínez.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Artículo 3º.

Comunicación. Comuníquese el presente decreto a través de la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los señores Nicolás Vargas Sánchez y Jorge Hernando Pedraza Vargas.

Indalecio Dangond Baquero.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 8 DIARIO OFICIAL Resoluciones

Artículo 3°.

Publicación. La presente resolución se publicará en el Diario Oficial, una vez la Oficina Asesora de Planeación surta la totalidad de las gestiones a que haya lugar.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2599 DE 2026

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2026.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

(noviembre 9) por la cual se efectúa una modificación al Anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
- Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Aprobado:

Regulación Financiera (URF), para la vigencia fiscal de 2026.

La Directora General del Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa Páez.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial las previstas en el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 de 2015, y (C. F.).

CONSIDERANDO:

Ministerio de Justicia y del Derecho

Que mediante la Ley 2559 de 2025 “Por la cual se Decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2026”, y el Decreto 1477 de 2025 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” se establecieron las apropiaciones presupuestales para los Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Resoluciones Ejecutivas RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 495 DE 2026 (noviembre 6) por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 327 del 26 de agosto de 2026.

Que el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 de 2015 establece: “Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se harán por Resolución o Acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por Resolución del Representante Legal en caso de no existir aquellas.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación…”.

Que, el profesional con perfil presupuestal del Proceso de Gestión de la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), unidad ejecutora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 226 del 27 de octubre de 2026, por valor de ciento diecisiete millones setecientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y siete pesos ($117.782.547,00) moneda corriente.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°.

Traslado. Efectuar la siguiente modificación al anexo del Decreto de Liquidación, en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), para la vigencia fiscal 2026:

Sección 1301.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 130118 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE

PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 327 del 26 de agosto de 2026, el Gobierno nacional concedió a la República Francesa la extradición del ciudada- no francés Karim El Mehdi Ben Addi, requerido por Tribunal Judicial de Lyon, Francia, dentro de la investigación número JICABJRS124000007, por las con- ductas punibles de: complicidad tentativa de homicidio voluntario en banda or- ganizada, con reincidencia legal (crimen); participación en una asociación de malhechores para preparar un crimen, con reincidencia legal ( delito); partici- pación en una asociación de malhechores para preparar un crimen con reinci- dencia legal (delito); complicidad de destrucción en banda organizada de bienes ajenos haciendo uso de un medio peligroso para las personas, con reincidencia legal (crimen); complicidad de encubrimiento en banda organizada de bienes procedentes del crimen de robo en banda organizada, con reincidencia legal (cri- men); complicidad de tentativa de asesinato en banda organizada, con reinciden- cia legal (crimen); complicidad de destrucción en banda organizada de bienes ajenos haciendo uso de un medio peligroso para las personas, con reincidencia legal (crimen); complicidad de encubrimiento en banda organizada de bienes procedentes de un robo en banda organizada, con reincidencia legal (crimen); participación en una asociación de malhechores para preparar crímenes en banda organizada (asesinato en banda organizada, destrucción en banda organizada y encubrimiento en banda organizada de robo en banda organizada) con reinciden- cia legal (delito), de conformidad orden de detención del 22 de julio de 2025.

(URF)

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2. Que la Resolución Ejecutiva número 327 del 26 de agosto de 2026, fue notificada al defensor del ciudadano requerido, a través del oficio MJD-OFI26-0040657 del 31 de agosto de 2026, enviado mediante correo electrónico el 1° de septiembre de la misma anualidad.

TIPO CTA SUB CTA OBJ ORD REC SIT DESCRIP- CIÓN CONTRA CRÉDITO CRÉDITO CONTRIBU- A 01 01 02 10 CSF $100.000.000,00 Al defensor se le informó que contra la decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición y que este podía interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la respectiva notificación.

CIONES IN-

HERENTES A

LA NÓMINA

ADQUISI- A

02 10 CSF

$17.782.547,00 CIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REMUNE- RACIONES Por su parte, al ciudadano requerido se le trató de notificar el contenido de la Resolución Ejecutiva número 327 del 26 de agosto de 2026 en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido, tal y como consta en informe 150 - CPAMSEB - DDHH emitido por el Inpec, de fecha 23 de octubre de 2026, donde se informa que el ciudadano requerido se negó rotundamente a recibir dicha notificación, condicionando la misma a una atención médica integral.

A 01 01 03 10 CSF $100.000.000,00 Se deja constancia de que la diligencia fallida contó con presencia del representante de derechos humanos del pabellón donde se encuentra recluido el ciudadano requerido.

NO CONS- TITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL CUOTA DE A 08 04 01 10 CSF $17.782.547,00

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano requerido inter- puso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 327 del 26 de agosto de 2026, mediante escrito enviado por correo electrónico el 8 de septiem- bre de 2026.

FISCALI- ZACIÓN Y AUDITAJE

4. Que el recurso de reposición está fundamentado en los siguientes argumentos:

TOTAL $117.782.547,00 $117.782,547,00

Artículo 2°.

Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y requiere para su validez la aprobación de la operación presupuestal por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La defensa sostiene que existe riesgo de fragmentación artificial del enjuiciamiento y compromiso del principio de especialidad, establecido en el artículo 494 de la ley 906 de 2004 y el artículo 10 de la Convención para la recíproca extradición de reos. Lo anterior debido a que la resolución recurrida es consecuencia de un tercer pedido de extradición 9 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL principio non bis in idem en su dimensión transnacional, así como de insuficiencia del condicionamiento de especialidad, que se solicita sea reforzado.

Al respecto, debe señalarse que la resolución recurrida, en el artículo tercero de su parte resolutiva, dispone expresamente lo siguiente: con conductas casi idénticas de las solicitudes de extradición previas, lo cual conlleva a que hechos ya sometidos a extradición sean nuevamente perseguidos y genere una posible vulneración del principio non bis in idem en su proyección transnacional. Conforme a lo anterior solicita que el Gobierno nacional requiera una certificación específica al Estado requirente que acredite entre otros temas, la identidad de las víctimas, las fechas y lugares de la comisión de la conducta entre otras.

Aduce, adicionalmente, que el condicionamiento de especialidad resulta insuficiente frente al historial de múltiples solicitudes de extradición formuladas respecto del ciudadano requerido, razón por la cual considera necesario reforzarlo y precisarlo.

“(... )Artículo tercero: Advertir al Estado requirente que el ciudadano francés Karim El Mehdi Ben Addi no podrá ser juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición, ni podrá ser sometido a sanción distinta de la impuesta en la condena, ni a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en virtud de lo previsto en el artículo 10 de la ‘Convención para la Reciproca Extradición de Reos”, suscrita el 9 de abril de 1850, y en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004.(..)”.

Como se advierte, en la Resolución Ejecutiva del Gobierno nacional, quedaron plasmados los condicionamientos para la concesión de la extradición, los cuales son de conocimiento tanto del Estado requerido como del Estado requirente.

Considera que existe una insuficiencia en la motivación específica respecto del estándar convencional aplicable al caso concreto, sin cuestionar la vigencia formal del tratado de extradición suscrito en 1850. Teniendo en cuenta, que la resolución impugnada no contiene un análisis específico derivado de dicho instrumento, sin referencia a los desarrollos posteriores del derecho internacional de los derechos humanos, resulta suficiente frente a las particularidades del caso concreto, en especial, ante la circunstancia de que el ciudadano requerido ha sido sometido a tres trámites sucesivos de extradición promovidos por el mismo tribunal extranjero.

Dichos condicionamientos se encuentran incorporados en el Tratado de Extradición suscrito entre la República de Colombia y la República Francesa, el 9 de abril de 1850, el cual tiene fuerza de ley para las partes en virtud del principio pacta sunt servanda, conforme al cual “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe3”.

Por lo anterior, solicita que, como medida adicional de protección, se exijan garantías específicas de supervisión y seguimiento del proceso penal que habrá de adelantarse en la República Francesa.

No es dable entonces, como lo solicita el recurrente, realizar condicionamientos adicionales a los previstos en el tratado vigente, que es ley para las partes.

Alega que existe ausencia de un juicio de la doble incriminación desagregando conducta por conducta, entre las categorías de crimen y delito del derecho penal francés y la tipicidad colombiana.

Aunado a lo anterior, en cuanto a la solicitud a que el Estado requirente acredite entre otros temas, la identidad de las víctimas, las fechas y lugares de la comisión de la conducta entre otras, debe indicarse, dado el carácter eminentemente reglado del trámite de extradición, que dichas exigencias adicionales no resultan procedentes al no encontrarse expresamente previstas en el ordenamiento jurídico y no constituyen un requisito de orden constitucional ni legal para la adopción de la decisión que resuelve la solicitud de extradición.

En cuanto a la posible vulneración del principio del non bis in idem, la Corte Suprema de Justicia en el auto de pruebas adelantado en la etapa judicial del presente trámite indicó:

Sostiene que existe una “indeterminación del objeto de la extradición por duplicidad material en la enumeración de las conductas del artículo primero (principio de tipicidad y determinación del acto administrativo, artículo 3º y 137 del CPACA)”. Indica que el acto administrativo debe ser claro, preciso y determinado en cuanto a su objeto. En consecuencia, sostiene que la resolución impugnada debió explicar si las conductas que aparecen duplicadas corresponden a cargos autónomos, referidos a episodios delictivos distintos dentro de una misma investigación. De ser así, la resolución debió identificar y precisar los elementos fácticos que permiten diferenciar cada uno de dichos cargos.

“(...) A su juicio la certificación de conexidad entre las investigaciones aludidas permite evaluar la vulneración al principio non bis in idem.

Conforme a lo anterior solicita revocar la Resolución número 327 del 26 de agosto de 2026 suspendiendo la entrega mientras el Estado requirente acredite la diversidad fáctica de las investigaciones JICABJRS322000004 y JICABJRS124000007.

Subsidiariamente, modificar el artículo tercero de la parte resolutiva de la resolución impugnada, individualizando y precisando el condicionamiento de especialidad.

24. La Corte advierte que la solicitud de copias de la orden judicial es innecesaria y reiterativa. En el expediente de extradición ya obra copia de esa orden, de fecha 22 de julio de 2025, expedida por el Juzgado de Instrucción del Tribunal Judicial de Lyon. Por lo tanto, no es necesario su decreto para su obtención.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacio- nal considera:

25. Sobre el mismo punto, se niega la adición de la certificación de conexidad de investigaciones y de la cronología de los hechos imputados. La acusación com- plementaria de fecha 29 de julio de 2025, ya expone los hechos de manera cro- nológica junto con su calificación jurídica.

El trámite de extradición es un procedimiento reglado que debe ajustarse a lo previsto en los tratados internacionales suscritos por Colombia y, en su ausencia, a la normativa interna, todo ello bajo estricta observancia del debido proceso. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, al emitir su concepto, se circunscribe a efectuar un análisis jurídico de los aspectos previstos en las normas convencionales y en su defecto a lo establecido en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

26. De ahí que, sin anticipar el análisis que deba realizarse al momento de emitir concepto, es evidente que la Corte cuenta con un acervo probatorio suficiente para examinar los hechos que sustentan el pedido de extradición, sin que se infrinja el principio de non bis in idem. (...)”.

Asimismo, la garantía propia de un Estado de Derecho exige que toda actuación judicial o administrativa se adelante conforme a las normas previamente establecidas en el ordenamiento jurídico, observando de manera estricta las formas y etapas previstas por la ley. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

En conclusión, no están llamados a prosperar los argumentos expuestos por el recurrente, toda vez que la Corte Suprema de Justicia, en el marco del presente trámite, estableció que los hechos por los cuales el ciudadano requerido es solicitado por el Estado requirente se encuentran debidamente determinados y acreditados en la documentación que obra en el expediente. Asimismo, concluyó que no se configura vulneración alguna del principio non bis in idem y, en consecuencia, que no existe impedimento jurídico para emitir concepto favorable respecto de la extradición del ciudadano requerido.

“(...) De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la violación del debido proceso (...)”1.

En el caso sub examine, la Corte Suprema de Justicia, mediante concepto del 15 de julio de 20262, dentro del presente trámite, concluyó que la solicitud de extradición que tiene como sujeto al señor Karim El Mehdi Ben Addi, cumplió las exigencias convencionales y legales que le permitieron conceptuar favorablemente al mecanismo de cooperación internacional.

En cuanto a la insuficiencia de motivación específica sobre el estándar convencional aplicable al caso concreto, sin cuestionar la vigencia formal del tratado de extradición suscrito en 1850 y la solicitud de garantías adicionales de supervisión del proceso penal en la República Francesa, resulta pertinente señalar que la decisión mediante la cual se concedió la extradición contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la determinación adoptada, así como las razones que dieron lugar a la actuación de las autoridades que intervinieron en el trámite. En consecuencia, el acto administrativo se encuentra debidamente motivado.

Dicha conclusión se emitió luego de que el alto tribunal examinara la documentación de la solicitud de extradición, la validez formal de la misma, la acreditación de la plena identidad de la persona reclamada, el principio de la doble incriminación y la prohibición de doble juzgamiento.

Asimismo, en la parte considerativa de la Resolución Ejecutiva número 327 del 26 de agosto, se describen en forma clara los cargos que la motivaron, la identidad del ciudadano requerido, la normatividad aplicable al caso y al perfeccionamiento del expediente.

En torno a este punto, el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia es requisito habilitante para que el Gobierno nacional decida en uso de la facultad otorgada en la ley si concede o niega la extradición. Las manifestaciones que relacionó el Gobierno nacional en la resolución recurrida constituyen en sí mismas la motivación del acto, lo que le permitió ejercer la facultad para adoptar su decisión.

En lo atinente al riesgo de una fragmentación artificial del enjuiciamiento y al eventual desconocimiento del principio de especialidad, previsto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y en el artículo 10 de la Convención para la Recíproca Extradición de Reos, se plantea que la resolución recurrida tiene origen en una tercera solicitud de extradición que comprende conductas sustancialmente similares a las incluidas en las solicitudes anteriores. Según se alega, esta circunstancia podría dar lugar a que hechos que ya fueron objeto de extradición sean nuevamente perseguidos, con el consecuente riesgo de afectación del En presencia de los presupuestos y requisitos exigidos para la concesión de la extradición, el Gobierno nacional puede optar, de manera potestativa por negarla o concederla, sin que 1 Corte Constitucional. Sentencia C-819 de 2005, Magistrado Ponente Marcó Gerardo Monroy Cabra. 2 Extradición número 70883. CUI 11001020400020250277900. M. P. Jorge Hernán Díaz Soto.

3 Artículo 26 de Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales o entre organizaciones internacionales”, suscrita en Viena el 21 de marzo de 1986.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 10 DIARIO OFICIAL Colombia al tipo penal homicidio en el grado de tentativa (Art 103 y 27 de la Ley 599, de 2000). ello comporte vulneración alguna de los derechos fundamentales de la persona requerida y sin que le sea exigible plasmar de manera expresa las razones de conveniencia nacional, precisamente, por tratarse de una decisión eminentemente facultativa y discrecional en la que actuar de una u otra manera no conlleva el desconocimiento del debido proceso.

El Gobierno nacional no está obligado a expresar motivaciones adicionales dentro de su decisión, si se tiene en cuenta que la Resolución Ejecutiva se expide en ejercicio de una facultad potestativa en donde puede incluso negarse a extraditar, pese a contar con un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.

En efecto se satisface la exigencia típica independientemente de su denominación en los cargos de la autoridad extranjera como complicidad de tentativa de homicidio, complicidad de tentativa de asesinato en banda organizada, con reincidencia legal y participación en una asociación de malhechores para preparar crímenes en banda organizada (asesinato en banda organizada, destrucción en banda organizada y encubrimiento en banda organizada de robo en banda organizada) con reincidencia legal6.

44. Sobre esa misma línea, la Corte constata que los delitos correspondientes a los cargos 2, 3, 4, 5, 7 y 87también cumplen con las condiciones para la extradición, a pesar de no hacer parte de la lista de delitos contenidos en la “Convención para la Reciproca Extradición de Reos”.

Para el efecto, debe tenerse en cuenta la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” porque tales conductas:

De lo expuesto se puede concluir que la resolución recurrida está suficientemente motivada pues en ella se plasmaron tanto las circunstancias de hecho como los fundamentos de derecho que le permitieron al Gobierno nacional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de extradición del señor Karim El Mehdi Ben Addi, lo que se ajusta plenamente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la necesidad de motivar los actos administrativos. De esto se puede concluir que la defensa no tiene razón en lo argumentado sobre este punto. a. Comprenden la intervención de un grupo criminal estructurado; b. Tienen carácter transnacional, puesto que posiblemente una parte relevante de su preparación, planificación, dirección o control y ocurrieron en distintos momentos entre los territorios del Reino de España, y las Repúblicas de Francia y Colombia.

En lo atinente a las garantías para supervisar el proceso penal adelantado en el Estado requirente, reiteramos que no es dable imponer nuevos condicionamientos a los establecidos dentro del tratado vigente de extradición y que estos resultan improcedentes al no encontrarse expresamente previstos en el ordenamiento jurídico y no constituyen un requisito de orden constitucional ni legal para la adopción de la decisión que resuelve la solicitud de extradición. c. Encajan en el artículo 5° de la precitada convención (participaciónen un grupo delictivo organizado) -cargos 2, 3,4, 5, 7 y 8 y constituyen delitos graves al prever penas máximas de prisión superiores a cuatro años -cargos 4, 5 y 8.

Cabe destacar, en este punto, que los países a los cuales el Gobierno nacional concede la extradición ya sean ciudadanos colombianos o extranjeros, cuentan, tanto en aplicación de tratados internacionales como del ordenamiento procesal colombiano, con normas, procedimientos y autoridades judiciales que respetan y garantizan los derechos procesales de toda persona enjuiciada.

En el caso de la República Francesa, el ciudadano requerido gozará de todas las garantías inherentes al debido proceso, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales aplicables. Lo anterior cobra especial relevancia en atención a su condición de nacional francés, circunstancia que le permite acceder a las garantías y mecanismos de protección previstos por el ordenamiento jurídico de dicho Estado.

45. Ante tal panorama, los nueve cargos atribuidos al ciudadano requerido son con- ductas penalmente relevantes en la legislación francesa y colombiana suscepti- bles de extradición. Bien sea acorde con el artículo 2° de la “Convención para la Recíproca Extradición de Reos” -cargos 1, 6 y 9- o la satisfacción de manera directa o extendida de los requisitos de los artículos 3° y 16 de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” -cargos 2, 3, 4, 5, 7, 8.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, ha señalado:

46. Así las cosas, la Corte verifica el cumplimiento de los presupuestos de doble incriminación y sometimiento convencional al trámite extradicional. (...)”.

Como puede observarse, la Corte Suprema de Justicia, dentro de su concepto favorable emitido, realizó un análisis jurídico detallado del principio de la doble incriminación concluyendo que las conductas por las cuales es solicitado el ciudadano requerido se constituyen en delitos y están penalizadas tanto en la República de Colombia como en la República Francesa.

Conforme a lo anterior no se le haya razón al recurrente en cuanto a una ausencia de juicio realizada al principio de la doble incriminación.

“(...) La extradición... se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el Estado requiriente (sic), cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requiriente (sic) podrá la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte ha precisado que además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por hechos distintos del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que se le hubiese impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser conmutada, resultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.4(...)”. (se resalta)

Por último, frente a la existencia de una indeterminación del objeto de la extradición por duplicidad material en la enumeración de las conductas del artículo primero (principio de tipicidad y determinación del acto administrativo, artículo 3º y 137 del CPACA) y que el acto administrativo debe ser claro, preciso y determinado en su objeto, razón por la cual la resolución impugnada debe explicar si las conductas duplicadas corresponden a cargos autónomos referidos a episodios delictivos distintos dentro de la misma investigación, es pertinente indicar, que tal y como lo indicó la Corte Suprema de Justicia, existe dentro del expediente la acusación complementaria del 29 de julio de 2025, en la cual se exponen de manera cronológica los hechos imputados al ciudadano requerido con su debida calificación jurídica, motivo por el cual no es posible realizar ningún tipo de motivación adicional al respecto.

“(...) La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, dentro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que cursa con resolución de acusación en su contra, ha dispuesto -se presume-, o deberá disponer, de oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales (...)5. (Negrilla fuera de texto).

Es importante destacar que el ciudadano requerido no pierde sus derechos y garantías fundamentales por su situación de extradición.

Es pertinente indicar, que el escenario indicado para ejercer el derecho a la defensa y controvertir la acusación presentada contra el ciudadano requerido, será ante las autoridades judiciales de la República Francesa, lugar en el cual se discutirá su responsabilidad penal, material probatorio etc, temas dentro de los cuales no hay competencia en un proceso de extradición, mecanismo de cooperación, por parte de la Corte Suprema de Justicia ni del Gobierno nacional.

Frente a la alegada ausencia de un análisis desagregado de la doble incriminación, conducta por conducta, entre las categorías de crimen y delito previstas en el ordenamiento penal francés y los tipos penales correspondientes en la legislación colombiana, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia, al efectuar el análisis jurídico de este requisito en el concepto emitido dentro del presente trámite, concluyó lo siguiente:

No puede pretenderse que el Gobierno nacional, con ocasión del recurso de reposición, desconozca el concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia ni que, por esta vía, se convierta en una instancia de revisión o reexamen de las consideraciones y conclusiones adoptadas por dicha Corporación en el marco del trámite de extradición.

“(...)42. Por el escenario anterior, la Corte advierte que las conductas punibles atribuidas a Karim El Medhi Ben Addi constituyen delitos y están penalizadas tanto en la República de Colombia como en la República de Francia.

43. La “Convención para la Recíproca Extradición de Reos” establece taxativa- mente los punibles que permiten conceder la entrega en extradición del solici- tado. En el catálogo de delitos por los que procede la extradición figuran ex- plícitamente el “homicidio” y el “asesinato”. En concreto, las conductas por las cuales se formuló el pedido y que configuran esa especie corresponden en

4 Corte Constitucional. Sentencia SU.110. Febrero 20 de 2002. 5 Corte Constitucional. Sentencia C-700 de 2000. Junio 14 de 2000.

6 Cargos 1, 6 y 9, contenidos en la orden de detención del 22 de julio de 2026 que emitió el Tribunal Judicial de Lyon. 7 Cargo 2: Participación en una asociación de malhechores para preparar un crimen, con reincidencia legal (delito) Cargo 3: Participación en una asociación de malhechores para preparar un crimen, con reincidencia legal (delito) Cargo 4: Complicidad de destrucción en banda organizada de bienes ajenos haciendo uso de un medio peligroso para las personas, con reincidencia legal (crimen) Cargo 5: Complicidad de encubrimiento en banda organizada de bienes procedentes del crimen de robo en banda organizada, con reincidencia legal (crimen) Cargo 7: Complicidad de destrucción en banda organizada de bienes ajenos haciendo uso de un medio peligroso para las personas, con reincidencia legal (crimen) Cargo 8: Complicidad de encubrimiento en banda organizada de bienes procedentes de un robo en banda organizada, con reincidencia legal (crimen).

11 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL El recurrente señala que existe vulneración del debido proceso por privación de la libertad sin orden de autoridad competente y además alega que el ciudadano requerido no se puso a ordenes de un juez.

No es dable igualmente reabrir debates ya tratados en la etapa judicial mediante la presentación de un Recurso de Reposición, y más aún cuando durante la etapa probatoria ya fueron definidos.

Alega que faltó, dentro de la resolución impugnada, la verificación del principio de la doble incriminación.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que en el trámite de extradición del ciudadano francés Karim El Mehdi Ben Addi, se cumplió con plena observancia y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 327 del 26 de agosto de 2026.

Sostiene que existe falta de motivación e inconsistencia cronológica dentro del trámite de extradición, ya que considera que la fecha de radicación del expediente ante el Ministerio de Justicia y del Derecho por parte de la Corte Suprema de Justicia (3 de agosto de 2026) es incompatible con los demás hitos procesales como son la remisión a la alta corporación del expediente el 3 de marzo de 2026 y el concepto emitido por dicha corporación el 15 de julio de 2026.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Arguye que contra el ciudadano requerido existe una persecución judicial en su contra, y que dicha situación debía ser valorada por el Gobierno nacional.

Artículo 1º.

Confirmar la Resolución Ejecutiva número 327 del 26 de agosto de 2026, por medio de la cual el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano francés Karim El Mehdi Ben Addi, identificado con el pasaporte número 21CC63545 expedido en la República francesa, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Indica que en el Estado requirente no hay garantías judiciales y penitenciarias y que está pendiente el reconocimiento de la condición de refugiado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, razón por la cual sería improcedente realizar la entrega del ciudadano requerido mientras no se resuelva dicha situación. Indica además que dentro del trámite de extradición no se hizo un análisis de la prescripción de la acción penal desde la normatividad del país requerido.

Artículo 2º.

Notificar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando en firme la Resolución Ejecutiva número 327 del 26 de agosto de 2026.

Para surtir la notificación al ciudadano francés Karim El Mehdi Ben Addi, se ordena la traducción oficial del presente acto administrativo al idioma francés.

Conforme a lo anterior solicita se revoque la Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026 y en subsidio solicita modificarla expresando la legalidad del periodo de privación de la libertad del 31 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026 y el cumplimiento del principio de la doble incriminación. Solicita adicionalmente suspender la entrega del ciudadano requerido hasta que se resuelva la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado radicada en Cancillería.

Artículo 3º.

Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscal General de la Nación para lo de sus respectivas competencias.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacio- nal considera:

Artículo 4º.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias y cúmplase.

El trámite de extradición es un procedimiento reglado que debe ajustarse a lo previsto en los tratados internacionales suscritos por Colombia y, en su ausencia, a la normativa interna, todo ello bajo estricta observancia del debido proceso. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, al emitir su concepto, se circunscribe a efectuar un análisis jurídico de los aspectos previstos en las normas convencionales y en su defecto a lo establecido en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro de Justicia y del Derecho, La extradición es un mecanismo que se fundamenta en la cooperación de la comunidad internacional para permitir a los Estados que las personas puedan ser capturadas y trasladadas al país que los solicita para ser procesados o cumplir una condena previamente impuesta.

Iván Alfonso Cancino González.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 496 DE 2026

En el procedimiento descrito en la ley para conceder la extradición no se establece para la Corte Suprema de Justicia ni para el Gobierno nacional la posibilidad de someter a estudio de fondo la decisión del país requirente y mucho menos determinar si el ciudadano requerido es o no inocente de los cargos que se le imputan.

(noviembre 8) por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026.

Asimismo, la garantía propia de un Estado de Derecho exige que toda actuación judicial o administrativa se adelante conforme a las normas previamente establecidas en el ordenamiento jurídico, observando de manera estricta las formas y etapas previstas por la ley. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

“(...) De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la violación del debido proceso (...)”1.

En el caso sub examine, la Corte Suprema de Justicia, mediante concepto del 15 de julio de 20262, dentro del presente trámite, concluyó que la solicitud de extradición que tiene como sujeto al señor Cristhian Eduardo Pastor Valverde, cumplió las exigencias convencionales y legales que le permitieron conceptuar favorablemente al mecanismo de cooperación internacional.

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026, el Go- bierno nacional concedió al Gobierno de la República del Ecuador la extradición del ciudadano ecuatoriano Cristhian Eduardo Pastor Valverde, requerido por la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Deli- tos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, dentro de la causa penal número 09281-2025-00750, por el delito de delincuencia organizada, conforme a la orden de localización y captura número 2025-0705080.2-LC, emitida el 24 de junio de 2025.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026, fue notificada al defensor del ciudadano requerido, a través del oficio MJD-OFI26-0040809 del 1° de septiembre de 2026, enviado mediante correo electrónico el 2 de septiem- bre de la misma anualidad.

Dicha conclusión se emitió luego de que el alto tribunal examinara la prohibición de doble juzgamiento, la garantía de no extradición, la documentación de la solicitud de extradición y la validez formal de la misma, la acreditación de la plena identidad de la persona reclamada, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, la prescripción de la acción penal o la pena y el principio de la doble incriminación.

Por su parte, el ciudadano requerido fue notificado personalmente del contenido de la Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026 en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación personal que suscribió al efecto, el 8 de septiembre de 2026.

Tanto al ciudadano requerido como a su defensor se les informó que contra la decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición y que este podía interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la respectiva notificación.

En lo atinente a la existencia de una vulneración del debido proceso por privación de la libertad sin orden de autoridad competente y de que el ciudadano requerido no se puso a disposición de.un juez, debe indicarse que la privación de la libertad no se genera como efecto automático de la sola existencia de la solicitud extranjera, debe advertirse que en la República de Colombia se incorporó la posibilidad de la retención, como consecuencia de una notificación roja de Interpol, a partir de la vigencia de la Ley 906 de 2004, la cual en el parágrafo del artículo 484 señala:

“(...) Parágrafo. El requerimiento de una persona, mediante notificación roja, a través de los canales de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, tendrá

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano requerido inter- puso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026, mediante escrito enviado por correo electrónico el 8 de septiem- bre de 2026.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-819 de 2005, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. 2 Extradición número 72184. CUI 11001020400020260062500. M. P. Gerson Chaverra Castro.

4. Que el recurso de reposición está fundamentado en los siguientes argumentos:

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 12 DIARIO OFICIAL eficacia en el territorio colombiano. En tales eventos la persona retenida será puesta a disposición del despacho del Fiscal General de la Nación, en forma inmediata. (...).

Así mismo el Decreto Reglamentario 1069 de 2015, establece en su artículo 2.2.2.3.1 lo siguiente:

6.3. En conclusión, a diferencia de la captura ordenada para asegurar la comparecencia de la persona a un proceso penal común y que está sometida al control de legalidad a cargo del juez de control de garantías (C. Po. Art. 250, numeral 1), la orden de captura con fines de extradición hace parte de un trámite administrativo destinado a poner a disposición del Estado requirente a una persona para que adelante un proceso penal en su territorio y bajo su jurisdicción, todo con reconocimiento y respeto por la soberanía del solicitante, teniendo como fundamento los principios de colaboración, solidaridad, como también el de confianza legítima y mutua en las relaciones entre Estados.

“(...) Término para librar la orden de captura con fines de Extradición. Para los efectos previstos en el artículo 64 de la Ley 1453 de 2011 que modificó el artículo 484 de la Ley 906 de 2004, a partir del momento en que la persona retenida, mediante notificación roja, sea puesta a disposición del Despacho del Fiscal General de la Nación, este tendrá un término máximo de cinco (5) días hábiles para librar la orden de captura con fines de extradición, si fuere del caso. (...)”. (Subrayado fuera de texto)

En este orden de ideas, el Estado requerido no podrá llevar a cabo control jurisdiccional sobre la orden de captura con fines de extradición, pues tal comportamiento podría ser entendido como un acto de desconocimiento de las atribuciones propias de la soberanía del Estado requirente, con las consecuencias que el derecho internacional prevé para esta clase de actitud. (...)”.

Así las cosas, no resulta jurídicamente admisible sostener que el ciudadano requerido se encuentra privado de la libertad de manera ilegal. En efecto, su detención ha estado sustentada, inicialmente, en la Notificación Roja emitida por Interpol y, posteriormente, en la orden de captura con fines de extradición, librada en el marco del presente trámite por la Fiscalía General de la Nación.

Conforme a lo anterior puede concluirse que el procedimiento para la captura del ciudadano requerido cumplió con todas las exigencias legales previstas en nuestro ordenamiento jurídico.

En consecuencia, la privación de la libertad ha obedecido a fundamentos jurídicos concretos y diferenciados, vinculados a las distintas etapas del procedimiento de extradición, y no a una detención carente de sustento legal.

Frente a alegada falta de verificación del principio de la doble incriminación, debe indicarse, que la Corte Suprema de Justicia, dentro del concepto favorable emitido en el presente trámite concluyó:

“(...) 4.3.4. Principio de doble incriminación La captura con fines de extradición tiene como finalidad la entrega de una persona al Estado requirente para que comparezca ante sus autoridades judiciales que lo solicitan, mientras la Corte Suprema de Justicia emite su concepto y posteriormente el Gobierno nacional profiere su decisión frente a la concesión o no de la extradición.

Ahora, acorde con lo previsto en el Acuerdo sobre Extradición adoptado en Caracas el 18 de julio de 1911, el Estado requerido debe verificar que: (i) el comportamiento por el cual se reclama la extradición sea también previsto como delito en Colombia y, que (ii) independientemente de su denominación, se trate de ilícito sancionado con pena privativa de la libertad no menor a seis meses (Art. 5 literal a).

Dicha privación de la libertad, dispuesta con fines de extradición y a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, se mantendrá mientras el trámite correspondiente continúe su curso y hasta su culminación, ya sea con la entrega del ciudadano requerido al Estado requirente o con la decisión que legalmente corresponda. Lo anterior, en observancia de las distintas etapas, términos y actuaciones previstos en la normatividad vigente para el desarrollo del procedimiento de extradición.

Conforme a lo anterior las decisiones relativas a la libertad deben ser adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, entidad competente al tener a su disposición al ciudadano requerido y salir dicho tema de la órbita funcional del Gobierno nacional.

Según lo narrado en las actas de audiencia aportadas, ante la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, se aprecia que la conducta por la que es solicitado en extradición el ciudadano ecuatoriano Cristhian Eduardo Pastor Valverde está tipificada y sancionada por la legislación ecuatoriana en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, bajo el nombre de delincuencia organizada, cuyo texto obra en el expediente y establece:

En este punto, es importante resaltar que la Fiscalía General de la Nación emitió la orden de captura dentro del plazo que le otorga la ley. Razón por la cual el ciudadano requerido no ha permanecido privado de la libertad de manera ilegal.

En cuanto a no poner al ciudadano requerido una vez capturado a órdenes de un juez, es preciso aclarar lo siguiente:

La captura con fines de extradición se rige por lo dispuesto en la Ley 906 de 2004, en particular por su artículo 509, el cual establece un régimen especial. Se trata de una figura propia de la cooperación judicial internacional, cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 35 de la Carta Política, por lo que su trámite y requisitos difieren de los previstos para las capturas en el ámbito interno.

La norma establecida para la orden de captura con fines de extradición es una norma especial que no regula el proceso penal ordinario, razón por la cual dicha decisión no requiere ser revisada por un Juez de Control de Garantías ya que su objeto principal es la cooperación judicial y no la asistencia a un proceso penal dentro de nuestro país.

Al efecto la Corte Constitucional en su sentencia C-243/09 del 1° de abril de 2009 señaló:

Artículo 369.

Delincuencia organizada. La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años. La pena privativa de libertad será de veintiséis a treinta años si la delincuencia organizada tiene como propósito cometer delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas y tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas o lavado de activos. En este caso, los colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. Por colaborador se entenderá a quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización.

La conducta punible imputada por las autoridades judiciales ecuatorianas al requerido en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal encuentra equivalencia en nuestro Código Penal (Ley 599 de 2000) con el delito de concierto para delinquir, descrito en el artículo 340 en los siguientes términos:

“(...) Esta Corporación tuvo oportunidad de referirse a la captura con fines de extradición cuando por razonas similares a las que ahora son analizadas, fueron demandadas las normas del estatuto procesal penal derogado (Decreto 2700 de 1991), que en sus artículos 562 y 566313 atribuían al Fiscal General de la Nación la función de ordenar la captura de la persona solicitada en extradición. En aquella ocasión la Corte414 expresó:

“... la captura con fines de extradición es una medida cautelar para asegurar de esta manera la eficacia de la extradición, poniendo físicamente al extraditado a disposición del Estado requirente para los fines jurídico-procesales que correspondan.

De suerte, que no se encuentra entonces por la Corte vulneración alguna del artículo 28 de la Constitución Política, pues se trata de un acto de cooperación internacional que no podría realizarse de otra manera y, que en todo caso, permitirá a quien resultare extraditado reclamar su libertad ante la autoridad judicial que conozca del proceso en el Estado requirente o receptor, conforme a los principios, usos y reglas del Derecho Internacional Humanitario, así como a los Tratados y Convenios Internacionales que rijan la materia”.

3 Estas disposiciones establecían:

“Artículo 562. Entrega del extraditado. Si la extradición fuere concedida, el fiscal general de la nación ordenará la captura del procesado si no estuviere privado de la libertad, y lo entregará a los agentes del país que lo hubiere solicitado.

Si fuere rechazada la petición, el fiscal general de la nación ordenará poner en libertad al detenido.

“Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 566.

Captura. Nota diplomática. El fiscal general de la nación decretará la captura de la persona requerida tan pronto conozca

la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida”.

4 14 Corte constitucional, Sentencia C-1106 de 2000.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, 13 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Conforme a lo anterior, puede establecerse, que al ostentar el ciudadano requerido la condición de solicitante de reconocimiento de refugio se encuentra amparado por el principio de no devolución, previsto en el numeral 11 del artículo 4º de la Ley 2136 de 2021, el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el artículo 2.2.3.1.6.20 del Decreto número 1067 de 2015.

Por ende, se observa que la conducta que motiva el pedido de extradición, además de estar tipificada como delito tanto en Ecuador como en Colombia, comporta una pena que excede ampliamente el umbral de seis (6) meses exigidos por el artículo V del Acuerdo, cumpliéndose así el requisito de doble incriminación.

En atención a lo anterior, y con el propósito de salvaguardar los derechos fundamentales del ciudadano requerido, el Gobierno nacional procederá a revocar parcialmente la Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026, únicamente en lo relativo a la orden de entrega, y, en su lugar, dispondrá suspender su materialización hasta tanto culmine el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado.

Además, el delito por el cual se solicita la extradición de Cristhian Eduardo Pastor Valverde está comprendido dentro del numeral 7 del art. II del Acuerdo sobre Extradición -Asociación de malhechores, con propósito criminal comprobado, respecto a los delitos que dan lugar a la extradición -. Por ende, se cumple el presupuesto de doble incriminación. (...)”.

Una vez finalice dicho procedimiento, si mediante decisión en firme se le reconoce la condición de refugiado, se entenderá revocada la concesión de la extradición; en caso contrario, de negarse tal reconocimiento, deberá procederse a la entrega en los términos previamente autorizados.

Como puede observarse la Corte Suprema de Justicia dentro del análisis realizado al principio de la doble incriminación, concluyó que la conducta por la cual el ciudadano Pastor Valverde es solicitado es delito tanto en el país requerido como en el requirente y comporta una pena que excede los 6 meses, que es la exigencia del tratado de extradición vigente para el presente caso.

En lo atinente a la persecución judicial y al estado de los centros penitenciarios del país requirente debe indicarse que el Resolución Ejecutiva recurrida, en su artículo tercero de su parte resolutiva establece:

Conforme a lo anterior está claro que se le dio cumplimiento al principio de la doble incriminación.

(...) Artículo Tercero: Advertir al Estado requirente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XI del “Acuerdo sobre extradición” firmado el 18 de julio de 1911, el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos que motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregado a otro Estado, con las salvedades que la misma norma contempla, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido para el presente caso.(...)”.

En cuanto a la falta de motivación e inconsistencia cronológica dentro del trámite de extradición, ya que considera que la fecha de radicación del expediente ante el Ministerio de Justicia y del Derecho (3 de agosto de 2026) es incompatible con los demás hitos procesales, como son la remisión a la Corte Suprema de Justicia, el 3 de marzo de 2026 y el concepto emitido por dicha corporación el 15 de julio de 2026, debe reiterarse que el trámite de extradición en eminentemente reglado, razón por la cual se deben cumplir las etapas indicadas en las normas que regulan la materia.

Además de las advertencias realizadas anteriormente, que buscan se respeten los derechos fundamentales del ciudadano requerido, debe indicarse que la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, ha señalado:

En efecto, la Ley 906 de 2004 establece las etapas que deben surtirse dentro del trámite de extradición. En particular, el artículo 4995 dispone que, una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio de Justicia y del Derecho debe remitirlo a la Corte Suprema de Justicia, a fin de que esta emita el concepto correspondiente respecto de la solicitud de extradición. En el presente caso, dicha remisión se efectuó el 3 de marzo, tal como lo señala el recurrente.

Una vez se agotó la etapa judicial que adelanta la Corte Suprema de Justicia, se emitió el concepto por parte del alto tribunal, lo cual ocurrió el 15 de julio de 2026, conforme lo establece el artículo 501 de la ley 906 de 2004.6 Posterior a la emisión de dicho concepto, La Corte Suprema de Justicia envió al Ministerio de Justicia y del Derecho el expediente con todo lo actuado, con el fin de que se profiera la decisión de conceder o no la extradición7. Dicho envío del expediente ocurrió el 3 de agosto de 2026.

Conforme a lo anterior, el Gobierno nacional, encuentra que el recurrente no tiene razón frente a su argumento, toda vez que no se encuentran inconsistencias cronológicas, ya que las etapas del trámite se han respetado a cabalidad.

“(...) La extradición... se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el Estado requíriente (sic), cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requiriente (sic) podrá la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte ha precisado que además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por hechos distintos del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que se le hubiese impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser conmutada, resultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.8(...)”. (se resalta)

En cuanto al argumento relativo a la persecución judicial contra el ciudadano requerido y la improcedencia de su entrega mientras se resuelve su solicitud de refugio. Debe informarse, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio 5-GDCR-26- 023499 del 5 de noviembre de 2026, informó:

“(...) La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, dentro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que cursa con resolución de acusación en su contra, ha dispuesto -se presume-, o deberá disponer, de oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales (...)9. (Negrilla fuera de texto).

Es importante destacar que el ciudadano requerido no pierde sus derechos y garantías fundamentales por su situación de extradición.

Por último, debe precisarse que la Corte Suprema de Justicia realizó el estudio de la prescripción de la acción penal, desde el punto de vista del Estado requerido, como lo indica el tratado de extradición vigente, concluyendo:

“(...)En atención a sus comunicaciones del 7 y 22 de octubre de 2026 y, actuando en el marco de las competencias del Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado, a su vez Secretaría Técnica de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare), nos permitimos informarle que, una vez consultadas las bases de datos de Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado, se evidenció que el día 1º de septiembre de 2026 el señor Cristhian Eduardo Pastor Valverde, identificado con la cédula de identidad ecuatoriana No. 092671495-7, radicó a instancias de este Ministerio solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, la cual fue admitida a trámite el 3 de septiembre del mismo año, y se encuentra surtiendo actualmente las etapas del procedimiento que dicta el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1067 de 2015.

En consecuencia, el referido extranjero ostenta actualmente la calidad de solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado.

(...) Al respecto, según lo preceptuado en el Art. 83 del Código Penal, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena, sin ser inferior a 5 años ni superior a 20.

(...)

Lapso que, por razón de su inciso 7°, se aumenta “en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior”.

De otra parte, y considerando la calidad de solicitante de la condición de refugiado que ostenta el señor Cristhian Eduardo Pastor Valverde, es importante resaltar que se encuentra amparado por el Principio de No Devolución (...)”.

Por su parte, el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 dispone que la acción penal se interrumpe con la formulación de imputación y comienza a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres años.

5

Artículo 499.

Envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio del Interior y de Justicia lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que esta Corporación emita concepto. 6

Artículo 501.

Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto.

El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.

Conforme a estas premisas de orden legal, la acción penal para el punible de concierto para delinquir agravado (conforme al quantum punitivo previsto en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal), prevé una pena de prisión de 8 a 18 años de prisión, máxime que incrementado en la mitad-por haberse cometido el delito en el exterior-, arroja un total 7

Artículo 503.

Resolución que niega o concede la extradición. Recibido el expediente con el concepto de la Corte Suprema de Justicia, habrá un término de quince (15) días para dictar la resolución en que se conceda o se niegue la extradición solicitada.

8 Corte Constitucional. Sentencia SU.110. Febrero 20 de 2002. 9 Corte Constitucional. Sentencia C-700 de 2000. Junio 14 de 2000.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 14 DIARIO OFICIAL

Artículo 2º.

Confirmar en todo lo demás la Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

de 27 años, el cual desborda los límites del fenómeno prescriptivo. Por ese motivo, es evidente que, en cualquiera de los escenarios previstos, la acción penal se encuentra vigente. Es más, ni siquiera existe una amenaza inminente de prescripción. Así, la Sala concluye que la institución jurídica analizada no es un aspecto que se oponga a la emisión de concepto favorable. (...)”.

Artículo 3º.

Notificar la presente decisión a las partes intervinientes, o a la persona debidamente autorizada por el interesado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno y envíese de copia del presente acto administrativo a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscal General de la Nación para lo de sus respectivas competencias.

En atención a lo anterior puede concluirse que no operó la prescripción de la acción penal, razón por la cual no existe ningún impedimento para conceder la extradición.

Artículo 4º.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

De acuerdo con lo anterior, no puede pretenderse que el Gobierno nacional desconozca el concepto de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, el Gobierno nacional no puede ser instancia de revisión del concepto que emite la Corte Suprema de Justicia dentro del trámite de extradición.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2026.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene invariable:

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 497 DE 2026

(noviembre 10) por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno de la República Italiana, a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal NV-2026-18 Prot. número 387-P del 5 de febrero de 2026, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti, requerido para el cumplimiento de la pena impuesta por el Tribunal de Apelación de Venecia, mediante Sentencia número 3573/2021 del 5 de octubre de 2021, Registro General número 000484/2021, Registro Ge- neral Noticia de Reato número 008005/2013, en firme desde el 23 de febrero de 2023; por el delito de asociación dirigida al tráfico ilícito de sustancias estupe- facientes y la sanción impuesta por el Tribunal Ordinario de Venecia, mediante Sentencia número 3110/2023 del 20 de noviembre de 2023, Registro General nú- mero 2022/01297, Registro General Noticia de Reato número 2017/005728, en firme desde el 20 de abril de 2024, por el delito de lesiones personales agravada.

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respetivo Convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como Jo precisa el inciso 2° del artículo 748 del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto en el No 2º del art. 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la solicitud de extradición”. Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto -como debe hacerlo- el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del gobierno volver sobre ese aspecto y menos aún cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a mas de que se le estaría sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado alguno. Es innegable, clara y necesaria -desde luego- la potestad gubernamental para optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; sólo así se respetan las órbitas judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de esta materia”. (Negrilla fuera de texto)

2. Que en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación, mediante Re- solución del 6 de febrero de 2026, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti, identificado con la Tarjeta de Iden- tidad número AV2908808 expedida en la República Italiana, quien había sido retenido el 30 de enero de 2026, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en notificación roja de Interpol.

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera la recurrente, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso de reposición, los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de Justicia sobre determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición. Todo lo contrario, antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno nacional como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente discrecional, que involucra aspectos jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos.

3. Que mediante Nota Verbal NV-2026-35 del 9 de marzo de 2026, la Embajada de la República Italiana en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano italia- no Lorenzo Dei Meneghetti, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIA- JI-26-009181 del 13 de marzo de 2026, conceptuó:

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del ciudadano requerido, se cumplió con plena observancia y acatamiento del debido proceso; que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia, y de acuerdo a la nueva información que se aportó, el Gobierno nacional en virtud de la facultad que le asiste revocará parcialmente la Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026, únicamente en lo relativo a la orden de entrega, y dispondrá suspender su materialización hasta tanto culmine el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado.

Por lo expuesto, “(…) Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y la República Italiana.

RESUELVE:

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia de cooperación judicial mutua:

- La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas suscrita en Viena el 20 de diciembre de 198812 En ese sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguien- te:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-

Artículo 1º.

Revocar el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026, mediante el cual se dispuso “Ordenar la entrega del ciudadano ecuatoriano Cristhian Eduardo Pastor Valverde al Estado requirente (...)”, y, en su lugar, suspender la entrega del ciudadano requerido a la República del Ecuador hasta tanto culminen las etapas del procedimiento de que trata el Título 3 de la Parte 2 del libro 2 del Decreto número 1067 de 20151, “Asuntos relativos a la condición de refugiado”, al encontrarse acreditado que ostenta la calidad de solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado y que, en tal condición, se encuentra amparado por el principio de no devolución.

cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti- vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

La suspensión aquí dispuesta se mantendrá hasta que se adopte una decisión definitiva dentro del referido procedimiento. Si mediante decisión en firme se reconoce al citado ciudadano la condición de refugiado, se entenderá revocada la concesión de la extradición; en caso contrario, si se niega mediante decisión en firme la solicitud de reconocimiento de dicha condición, se procederá a su entrega al Estado requirente en los términos previamente autorizados.

- La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional’, adoptada en New York, el 15 de noviembre de 200023, que en su artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

1 Artículo 3º numeral 1 literal a). 2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).

1 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores”.

15 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL ‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado ción forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación. reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.

58. Que se tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que el reclamado estuvo privado de la libertad en Colombia con motivo del trámite de extradición.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

59. De igual manera, debe condicionar la entrega de Lorenzo Dei Meneghetti, a que se le respeten todas las garantías. En particular, que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano (…)”.

60. Dado que Lorenzo Dei Meneghetti es ciudadano italiano y quien formula la soli- citud de extradición es precisamente la República de Italia, no resulta necesario pedir al Gobierno nacional informar a la delegación del país de origen que vigile el cumplimiento de los condicionamientos mencionados. (…)”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano italiano Lo- renzo Dei Meneghetti, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio MJD-OFI26-0015455-GEX-10100 del 6 de abril de 2026, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondien- te.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pro- nunciamiento del 2 de septiembre de 202634, emitió concepto mixto, favorable para la extradición del ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti en relación con el delito de asociación para delinquir dirigida al tráfico de sustancias estupe- facientes por el cual fue condenado y confirmado por el Tribunal de Apelación de Venecia, mediante sentencia 3573/21 y desfavorable por el delito de lesiones personales dolosas agravadas, por el cual fue condenado por el Tribunal Ordina- rio de Venecia, mediante Sentencia número 3110/2023 del 20 de noviembre de 2023, el cual no cumplió con el principio de la doble incriminación en cuanto al mínimo de la pena.

Sobre el particular, la Corporación manifestó:

“51. En las anotadas condiciones, cabe precisar que, el delito de concierto para de-

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciuda- dano italiano Lorenzo Dei Meneghetti, identificado con la Tarjeta de Identidad número AV2908808 expedida en la República Italiana, requerido para el cumpli- miento de la pena impuesta por el Tribunal de Apelación de Venecia, mediante Sentencia número 3573/2021 del 5 de octubre de 2021, Registro General número 000484/2021, Registro General Noticia de Reato número 008005/2013, en firme desde el 23 de febrero de 2023; por el delito de asociación dirigida al tráfico ilíci- to de sustancias estupefacientes y negará la extradición por el delito de lesiones personales dolosas agravadas, por el cual fue condenado por el Tribunal Ordina- rio de Venecia, mediante Sentencia número 3110/2023 del 20 de noviembre de 2023, Registro General número 2022/01297, Registro General Noticia de Reato número 2017/005728, en firme desde el 20 de abril de 2024, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable por dicha conducta.

8. Que el ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

linquir agravado por el cual confirmó la condena el Tribunal de Apelación de Venecia en Sentencia número 3573/21 se encuentra penalizado en los dos países y corresponde a un tipo penal con pena de prisión cuyo mínimo no es inferior a los 4 años, por lo que se verifica cumplida la exigencia de la doble incriminación en relación con ese comportamiento.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de la República Ita- liana que el ciudadano requerido no podrá ser sometido a sanción distinta de la impuesta en la condena ni juzgado por delito distinto del que motiva la solicitud de extradición.

52. Sin embargo, frente a la conducta punible por la cual se profirió la sentencian 3110/2023 no se cumple ese condicionamiento, en razón a que, las lesiones per- sonales dolosas agravadas por las que fue condenado Lorenzo Dei Meneghetti, conforme a la sentencia del 20 de noviembre de 2023 del Tribunal Ordinario de Venecia, se soportaron en el hecho de “haberle causado a Andrea Naccari lesio- nes personales de duración de días 10 mediante el uso de un arma, asestándole dos cuchilladas en la espalda en el curso de una pelea”. Ese comportamiento, según la legislación colombiana, tiene pena mínima de 21 meses y 10 días45.

10. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan- cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

53. Conforme a estas precisiones, resulta improcedente la entrega del requerido en relación con la condena derivada del injusto de lesiones personales dolosas agravadas, al no cumplirse la exigencia de tener pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 4 años56.

11. Que, con el fin de surtir la notificación al ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneg- hetti, se ordenará la traducción oficial del prese te Acto Administrativo al idioma italiano, teniendo en cuenta que este es el idioma natal del ciudadano requerido y de esta forma, garantizar su derecho a la defensa.

54. En consecuencia, al fijar los condicionamientos en relación con el concepto fa- vorable de extradición, se adoptarán las medidas a que haya lugar …”.

Por lo expuesto, Adicionalmente la Corporación señaló:

RESUELVE:

“(…) 45. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite el siguiente, VI. CONCEPTO

Artículo 1°.

Conceder la extradición del ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti, identificad con la Tarjeta de Identidad número AV2908808 expedida en la República Italiana requerido para el cumplimiento de la pena impuesta por el Tribunal de Apelación de Venecia, mediante Sentencia número 3573/2021 del 5 de octubre de 2021, Registro General número 000484/2021, Registro General Noticia de Reato número 008005/2013, en firme desde el 23 de febrero de 2023; por el delito de asociación dirigida al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

55. FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti efectuada por el Gobierno de la República de Italia, para que cum- pla la sentencia proferida el 5 de octubre de 2021, por el Tribunal de Apelación de Venecia, mediante Sentencia número 3573/2021 - Registro General número 000484/2021, Registro General Noticia de Reato número 008005/2013-, en fir- me el 23 de febrero de 2023.

Artículo 2°.

Negar la extradición por el delito de lesiones personales dolosas agravadas, por el cual fue condenado por el Tribunal Ordinario de Venecia, mediante Sentencia número 3110/2023 del 20 de noviembre de 2023, Registro General número 2022/01297, Registro General Noticia d Reato número 2017/005728, en firme desde el 20 de abril de 2024, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable por dicha conducta.

56. DESFAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti efectuada por el Gobierno de la República de Italia, para que cumpla la sanción impuesta el 20 de noviembre de 2023, por el Tribunal Ordi- nario de Venecia, a través de Sentencia número 3110/2023 - Registro General número 0 2022/01297, Registro General Noticia de Reato número 2017/005728- , en firme el 20 de abril de 2024.

Artículo 3°.

Ordenar la entrega del ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti al Estado requirente.

VII. CONDICIONAMIENTOS

Artículo 4°.

Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser sometido a sanción distinta de la impuesta en la condena, ni juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

57. Satisfechos los presupuestos señalados en la legislación interna y en los instru- mentos internacionales indicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar que a la persona reclamada no se le podrá imponer pena de muerte, ni ser sometida a desapari-

3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 19 de octubre de 2026. 4 7 Lesiones personales dolosas del inciso 1° del artículo 112 del Código Penal que tiene pena mínima de 16 meses, la que se incrementa en 1/3 parte debido a la agravante -5 meses y 10 días- = 21 meses y 10 días. 5 En igual sentido se pronunció la Sala en el proveído CSJ CP163-2021, rad. 56386

Artículo 5°.

Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interpone por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 16 DIARIO OFICIAL a un proceso penal o hacer cumplir condena a una persona que se encuentra fuera de su jurisdicción territorial.

Para la notificación personal del presente acto administrativo al ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti, deberá previamente procederse a la traducción oficial al idioma italiano de la presente decisión.

Artículo 6°.

Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

En esa medida, si en algún momento del trámite de extradición el Estado requirente expresa de manera formal su decisión de desistirlo o comunica la pérdida de interés en la entrega del solicitado, ello constituye una circunstancia objetiva que conmina a la Corte a dar por terminado el procedimiento en lo de su competencia y la releva de la emisión del concepto, en tanto carece de objeto cualquier trámite tendiente a la entrega1.

Artículo 7°.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

En esta oportunidad, mediante. Nota Verbal MRC 174/26 del 24 de agosto de 2026, la Embajada de la República Argentina informó:

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación, cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro de Justicia del Derecho, Iván Alfonso Cancino González.

La Embajada de la República Argentina en Colombia presenta sus atentos saludos al Ministerio de Relaciones Exteriores -Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales - en el marco de la causa número 7462 (44418/23) caratulada “José Daniel Peña Ibáñez S/ hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa’ en trámite por ante el Tribunal Oral Criminal y Correccional número 22 de Capital Federal, y en relación con la solicitud de extradición de José Daniel Peña Ibáñez.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 498 DE 2026

Al respecto se remite un oficio librado acompañado de su documentación anexa, a través del cual el Juzgado argentino informa que se ha dejado sin efecto el pedido de extradición de José Daniel Peña Ibáñez, oportunamente presentado ante las autoridades judiciales de la República de Colombia.

(noviembre 10) por la cual se da por terminado un trámite de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y Con ocasión de esa determinación, mediante Resolución del 24 de agosto de 2026, la Fiscal General de la Nación dispuso cancelar la orden de captura con fines de extradición proferida el 16 de junio de 2026 contra el requerido.

CONSIDERADO:

El anterior panorama permite concluir que, el Estado requirente desistió de la solicitud que dio origen al presente trámite de extradición, razón por la cual la Corte debe abstenerse de continuar cualquier actuación encaminada a la entrega del ciudadano.

Así las cosas, ante el decaimiento de la voluntad del país reclamante, ningún pronunciamiento corresponde efectuar a la Sala, especialmente, porque la privación de la libertad que estafa a cargo de la Fiscalía General de la Nación, conforme a los artículos 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004, perdió vigencia desde que esa autoridad dispuso la libertad del reclamado.

En consecuencia, dado que en el presente caso se configuró una circunstancia objetiva que indefectiblemente conlleva la finalización del procedimiento judicial-administrativo que se surte a instancias de esta Corporación, se procederá a declarar la terminación del trámite internacional promovido y desistido por el Gobierno d la República Argentina.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, IV. RESUELVE Primero: DECLARAR terminado el trámite de extradición que se adelanta contra el ciudadano colombiano JOSÉ DANIEL PEÑA IBÁÑEZ, a solicitud del Gobierno de la República Argentina, ante el desistimiento que de este realizara esa Nación…”.

1. Que mediante Nota Verbal número MRC 13/26 del 12 de junio de 2026, el Go- bierno de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano José Daniel Peña Ibáñez, requerido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 22, dentro de la Causa número 7462 (44418/23) caratulada “José Daniel Peña Ibáñez S/Hurto Agravado por Escalamiento, En Grado de Tentativa”, por el delito de Hurto Agravado Por Escalamiento, En Grado de Tentativa, de con- formidad con la orden de captura del 6 de agosto de 2025.
2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 16 de junio de 2026, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano colombiano José Daniel Peña Ibáñez, identificado con la cédu- la de ciudadanía número 1025641115, documento expedido en la República de Colombia, quien había sido retenido el 8 de junio de 2026 por miembros de la Policía Nacional, Metropolitana del Valle de Aburrá.
3. Que mediante Nota Verbal número MRC 122/26 del 1° de julio de 20261 la Embajada de la República Argentina en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Colombiano José Daniel Peña Ibáñez.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano José Daniel Peña Ibáñez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2790 del 2 de julio de 2026, conceptuó:

9. Teniendo en cuenta lo anterior, al quedar sin efecto la orden de detención que sirvió de fundamento para el pedido de extradición formalizado por el Gobierno de Argentina, el Gobierno nacional dará por terminado el trámite de extradición del ciudadano colombiano José Daniel Peña Ibáñez.

Por lo expuesto, “Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y la República Argentina.

RESUELVE:

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentra vigente para las Partes la ‘Convención sobre Extradición’, suscrita en Montevideo el 2 de diciembre de 1933…”.

Artículo 1°, Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano colombiano José Daniel Peña Ibáñez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1025641115, documento expedido en la República de Colombia, quien había sido requerido por la República Argentina, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2° Notificar la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndoles saber que contra la misma no procede recurso alguno.

Artículo 3°.

Enviar copia de la presente Resolución a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscal General de la Nación para lo de sus competencias.

Artículo 4°.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía general de Nación, cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro de Justicia del Derecho,

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano José Daniel Peña Ibáñez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-OFI26-0037265-GEX-10100 del 21 de julio de 2026, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.
6. Que, estando en curso el trámite de extradición en la etapa judicial que se surte ante la Sala de Casación Penal de la corte Suprema de Justicia, la Embajada de Argentina en nuestro país, mediante Nota verbal número 174/26 del 24 de agosto de 2026, dejó sin efecto el pedido de extradición del ciudadano colombiano José Daniel Peña Ibáñez.
7. Que, en virtud de lo anterior, la Fiscal General de la Nación, mediante Reso- lución del 24 de agosto de 2026, canceló la orden de captura con fines de ex- tradición proferida contra el ciudadano colombiano José Daniel Peña Ibáñez, mediante Resolución del 16 de junio de 2026 y ordenó la libertad inmediata exclusivamente para los fines del trámite de extradición.
8. Que, ante el desistimiento de la solicitud de extradición expresado por el país requirente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 30 de septiembre de 2026, declaró concluido el trámite de extradición del ciudadano colombiano José Daniel Peña Ibáñez.

Iván Alfonso Cancino González.

Sobre el particular, la Corporación manifestó:

“III. CONSIDERACIONES

1 Cfr. CSJ AP1428-2025, 12 mar. 2025, rad. 66865. CSJ, AP842-2022, 2 marzo. 2022; AP2554- 2021, 23 jun. 2021; AP4896- 2019, 13 nov. 2019; AP2626-2019, 3 julio. 2019, rad. 54219; AP2362- 2018, 13 junio. 2018, rad. 51832; y AP4564-2015, 11 ago. 2015, rad. 45737, entre otros La Sala recuerda que la extradición constituye un mecanismo de cooperación internacional cuyo fundamento radica en el interés manifiesto de un Estado para someter 17 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 499 DE 2026 (noviembre 10) por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno de la República del Perú, a través de su Embajada en nuestro país, mediante Nota Verbal número 5-8-M/300-2025 del 27 de agosto de 2025, solicitó la detención con fines de extradición del ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez, requerido por el Juzgado Penal Colegiado Suprapro- vincial Zona Sur de Ica, dentro de la Causa número 4423-2023-74, por la comi- sión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, de conformidad con la Resolución número 02 del 9 de octubre de 2024, que dispone su ubicación, captura y puesta a disposición por la Autoridad competente.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Vicefiscal General de la Nación con Asig- nación de funciones de la Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 28 de agosto de 2025, decretó la captura con fines de extradición del ciuda- dano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez, identificado con cédula de identidad número V- 33.005.292, decisión que le fue notificada el 21 de agosto de 2025, por funcionarios adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, en la Estación de Policía Nueva Floresta, Cali, Valle del Cauca, donde se encontraba previamente recluido.

como parte de la pena que, eventualmente, se le imponga en el país requirente...”.
7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Go- bierno, pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las convenien- cias nacionales, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición del ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez, identificado con cédula de identidad número V- 33.005.292, requerido por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur de Ica, República de Perú, dentro de la Causa número 4423-2023-74, por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, de conformidad con la Resolución número 02 del 9 de octubre de 2024, que dispone su ubicación, captura y puesta a disposición por la Autoridad competente.
8. De la información allegada al expediente, se puede establecer que en contra del ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez, se reporta el Radicado Inactivo número 050016000206202608593 en la Fiscalía 35 Especializada de la Dirección Especializada contra la Corrupción, por el delito de fuga de presos, etapa de investigación, Estado Inactivo y los siguientes radicados activos: i.
Radicado número 152046000114202600038: Conoce la Fiscalía 15 de la Dirección Seccional de Boyacá, por el delito de Fuga de Presos, en etapa de indagación, Estado Activo. ii. Radicado número 110016300000202600002: Conoce la Fiscalía 35 Especializada de la Dirección Especializada contra la Corrupción, por el delito de fuga de presos, etapa de investigación, Estado Activo. iii. Radicado número 760016000000202600276: Conoce la Fiscalía 46 de la Direc-

3. Que mediante la Nota Verbal número 5-8-M/384-2025 del 10 de noviembre de 2025, el Gobierno de la República del Perú a través de su Embajada en Colom- bia, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Dago Alber- to Martínez Méndez.

ción Seccional de Cali, por el delito de hurto calificado menor cuantía agravado por la destreza, etapa de juicio, Estado Activo. iv. Radicado número 050016000206202608877: Conoce la Fiscalía 83 de la Di-

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, me- diante Oficio S-DIAJI-25-040110 del 13 de noviembre de 2025, conceptuó:

“(...) “Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se in- forma que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y la República del Perú.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de rección Seccional de Medellín, por el delito de fuga de presos, etapa de juicio, Estado Activo. v. Radicado número 110016300113202680062: Conoce la Fiscalía 35 Especializada de la Dirección Especializada contra la Corrupción, por el delito de fuga de presos, etapa de investigación, Estado Activo. vi. Radicado número 760016000193202508690: Conoce la Fiscalía 141 Dirección indicar que se encuentran vigentes los siguientes tratados de extradición entre las partes:

Seccional de Cali, por el delito de Hurto calificado menor cuantía, en etapa de juicio, Estado Activo. vii. Radicado número 760016000193202509790: Conoce el Juzgado 12 Penal del

- El ‘Acuerdo sobre extradición’, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.

- ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Re- pública del Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004. (...)”.

Circuito con Función de Conocimiento de Cali, Valle, que lo condenó mediante sentencia del 21 de enero de 2026, a la pena privativa de 4 años 6 meses de prisión, por el delito fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, actualmente la Dirección de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, vigila la pena, Estado Activo.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez, el Ministerio de Justicia y del Derecho me- diante Oficio MJD-OFI25-0058076-GEX-10100 del 26 de noviembre de 2025, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para el presente caso, precisó que los antecedentes del ciudadano requerido en Colombia no tienen relación con el delito por el cual lo están requiriendo, por ende, no se viola la garantía del non bis in idem.

Así lo expresó la Alta Corporación:

“16. Como puede verse, ninguno de los antecedentes de Dago Alberto Martínez Mén-

6. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pronun- ciamiento del 16 de septiembre de 20261, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano venezolano Dago Alberto Martí- nez Méndez. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia precisó:

(...) 3.3. Concepto dez tiene relación con delitos cometidos contra el bien jurídico de la vida, por lo que se descarta que en Colombia se hayan juzgado los hechos del requerimiento internacional, los cuales son constitutivos del delito de “sicariato”. En consecuencia, la Sala concluye que la garantía del non bis in idem no obstaculiza la entrega...”.

41.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite CONCEPTO FAVORABLE frente a la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de la República de Perú en contra del ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez para que comparezca al proceso penal seguido en su contra por el delito de “sicariato”.

3.5. Condicionamientos La existencia de las mencionadas investigaciones2 activas y la condena impuesta dentro del Radicado número 760016000193202509790 en contra del ciudadano requerido por delitos distintos del que motiva la solicitud de extradición configura el supuesto previsto en el artículo VII del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 de julio de 1911, el cual señala: “Cuando la persona reclamada se hallare procesada o condenada por el Estado requerido, la entrega, cuando a esto procediere, no se efectuará, sino cuando el reclamado sea absuelto o indultado o haya cumplido la condena o cuando de algún modo queda terminado el juicio...”, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

42. Según el artículo 11 del Acuerdo que modificó el Acuerdo Bolivariano sobre Extra- dición, el Gobierno nacional deberá exigirle al Estado requirente que se respete el debido proceso al reclamado y, que solo sea juzgado por los hechos por los cuales se formuló la solicitud de extradición. Además, no podrá ser sometido a pena de muerte, tortura, desaparición forzada, tratos o penas inhumanas, crue- les o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

43. Se deberá informar sobre la emisión de este concepto a las autoridades colom- bianas que tengan asuntos pendientes con el requerido. Además, también se deberá comunicar esta decisión al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

El Gobierno nacional en atención a la facultad que establece la normatividad mencionada para decidir sobre el momento de la entrega del ciudadano requerido, considera conveniente en este caso en particular, diferir o aplazar la entrega del ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez, hasta tanto cumpla la condena en Colombia cuya vigilancia está a cargo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 44.- También se deberá condicionar la extradición a que el tiempo que el solicitado ha permanecido privado de la libertad por cuenta del presente trámite se tenga 1 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 19 de octubre de 2026.

2 Radicado número 152046000114202600038. Radicado número 110016300000202600002; Radicado número 760016000000202600276; Radicado número 050016000206202608877; Radicado número 110016300113202680062, Radicado número 760016000193202508690.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 18 DIARIO OFICIAL de extradición, ni tampoco podrá ser entregado a otro Estado, con las salvedades que la misma norma contempla, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. de Bogotá y culminen los procesos que se siguen en su contra, o hasta cuando de algún modo cese el motivo de detención en Colombia, evento en el cual la autoridad judicial de conocimiento la dejará a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se proceda a la puesta a disposición y hacer efectiva la entrega de este ciudadano al país requirente.

Artículo 5º.

Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

9. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del Acuer- do entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 de julio de 1911, advertirá al Estado re- quirente que el ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez, no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos que motivan la solicitud de extra- dición, ni tampoco podrá ser entregado a otro Estado, con las salvedades que la misma norma contempla.

Artículo 6º.

Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma, a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales ante las cuales cursan procesos en contra del ciudadano requerido, a la Fiscal General de la Nación y a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela para lo de sus competencias.

Artículo 7º.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales ante las cuales cursan procesos en contra del ciudadano requerido y a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 500 DE 2026

(noviembre 10) por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

10. Que la entrega del ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez queda- rá condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cum- plir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo XI del ‘Acuer- do entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, esto es, la no im- posición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación e igualmente a que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de estos con- dicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Es- tado requirente el tiempo que permanezca detenido por cuenta del trámite de ex- tradición y, para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación por ser la entidad competente para esos efectos.

12. Teniendo en cuenta que el ciudadano requerido no ostenta la nacionalidad co- lombiana se considera pertinente, como lo precisó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, informar de la presente decisión a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, para que tenga conocimiento del presen- te trámite en el cual está involucrado un connacional suyo.

1. Que mediante Nota Verbal número 150/2025 del 11 de julio de 2025, el Gobierno de la República de Chile, a través de su Embajada en Colombia, formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Cas- tillo, requerida por el Juzgado de Garantías de Valparaíso, dentro de la Causa RIT número 6985-2023, RUC número 2300438447-4, por los delitos de asociación delictiva para el delito de usura, usura y lavado de activos conforme a la Orden de Detención número 2511045003297-7 del 10 de junio de 2025.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

2. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana requerida, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Ju- rídicos Internacionales, mediante Oficio S_ DIAJI-25-025053 del 14 de julio de 2025, conceptuó:

“(...) Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y la República de Chile.

Artículo 1º.

Conceder la extradición del ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez, identificado con cédula de identidad número V-33.005.292, requerido por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur de Ica, República de Perú, dentro de la Causa número 4423-2023-74, por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, de conformidad con la Resolución número 02 del 9 de octubre de 2024, que dispone su ubicación, captura y puesta a disposición por la Autoridad competente.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentran vigentes los siguientes tratados de extradición y multilaterales en materia de cooperación judicial mutua entre las Partes:

- El ‘Tratado de Extradición’, suscrito en Bogotá, D. C., el 16 de noviembre de 1914.

- La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en New York, el 15 de noviembre de 20001, que en su artículo 16, numeral 3, prevé lo siguiente:

Artículo 2º.

Diferir la entrega del ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez, hasta tanto cumpla la condena en Colombia cuya vigilancia está a cargo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y culminen los procesos que se siguen en su contra, o hasta cuando de algún modo cese el motivo de detención en Colombia, evento en el cual la autoridad judicial de conocimiento la dejará a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se proceda a la puesta a disposición y hacer efectiva la entrega de este ciudadano al país requirente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

“[...] Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.” (...)”

3. Que, conforme a lo anterior, la Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 30 de julio de 2025, decretó la captura con fines de extradición de la ciuda- dana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo, identificada con la cédula de ciudadanía número 1112933120, quien a la presente no se había materializado la captura.

Artículo 3º.

Ordenar la entrega del ciudadano venezolano Dago Alberto Martínez Méndez al Estado requirente, una vez surtido lo indicado en el artículo segundo del presente acto administrativo y condicionada a que este, por vía diplomática, otorgue el compromiso de cumplir las garantías previstas en el inciso segundo del artículo XI del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911, esto es, a la no imposición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación e igualmente a condición de que al ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

4. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio MJD-OFI25-0049990-GEX-10100 del 15 de octubre de 2025, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

5. La Fiscalía General de Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacional, mediante el Ofició número 20261700011461 del 6 de febrero de 2026, informó

1 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b)

Artículo 4º.

Advertir al Estado requirente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XI del “Acuerdo sobre extradición” firmado el 18 de julio de 1911, el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos que motivan la solicitud

19 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL V. CONDICIONAMIENTOS De acuerdo con el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, dado que Uribe Castillo es ciudadana colombiana, de llegar a autorizar su extradición, el gobierno nacional deberá someterla a los siguientes condicionamientos: a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo, fue retenida el 4 de febrero de 2026, y notificada con fines de extradición el 6 de febrero de 2026, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

1. No podrá variarse la sanción impuesta en su conta (sic) por pena de muerte, pri- sión perpetua, ni ser sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni podrá ser juzgada o castigada por hechos distintos a los que originaron la reclamación, o por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pronun- ciamiento del 30 de septiembre de 202621, emitió concepto mixto, favorable ex- tradición de la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo, en relación con los delitos de asociación delictiva para el delito de usura y lavado de activos y desfavorable frente al delito de usura, teniendo en cuenta que para este último no se cumple con el principio de la doble incriminación, en cuanto al mínimo de la pena.

Sobre el particular, la Corporación manifestó:

2. La nación reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, debe- rá ofrecer posibilidades racionales y reales para que la requerida pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, comoquiera que la Constitu- ción de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a esa institución le otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(...) 20.5.3. Tales circunstancias permiten concluir que el principio doble incriminación, previsto en los artículos 2º y 5º del Tratado de Extradición suscrito en 1914, se cumplió, únicamente, en lo relacionado con la asociación delictiva para el delito de usura y el “lavado de activos”.

3. Adicionalmente, deberá garantizar a la solicitada su permanencia en ese país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseída, absuelta, halla- da inocente o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.

21. Incumplimiento del principio de doble incriminación en cuanto al delito de “usura”.

4. Tener en cuenta como parte cumplida de la pena, el tiempo que la implicada haya permanecido privado de la libertad con motivo de este trámite de extradi- ción.

21.1. En contraste con lo anterior, la Sala observa que, durante la referida audiencia de formalización, el Ministerio Público del país requirente también le endilgó a Erika Alejandra Uribe Castillo, a título de autora, delitos reiterados de usura” (en 55 eventos, frente a los que la identidad de las víctimas se encuentra reservada).

5. El Gobierno nacional deberá requerir que la República de Chile remita a las autoridades colombianas copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso adelantado en los Tribunales del primero de esos países y/o a la ejecu- ción de la sentencia impuesto en su contra, en razón de los cargos que motivaron su condena.

21.2. En renglones anteriores la Corte transcribió las normas que hacen punible esa conducta en el ordenamiento Chileno. En Colombia, el canon 305 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 establece:

(...)

6. Por último, se advierte que, debido a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condiciona- mientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

21.3. No obstante, acorde con los artículos 56 y 472 del Código Penal de Chile, la pena prevista para la usura en ese país sería de “presidio menor en cualquiera de sus grados”, puesto que los documentos que el estado requirente aportó muestran que en la Causa Ordinaria RIT 6985-2023 (RUC 2300438447-
4. solo se imputó el préstamo de sumas de dinero, bajo tasas de interés superio- res a las establecidas por las autoridades de esa nación.

21.4. Sin embargo, dichos escritos no muestran que al interior del proceso extranjero se haya imputado, fáctica o jurídicamente, a Erika Alejandra Uribe Castillo la realización de conductas dirigidas a “simular” que el interés cobrado a las víctimas se ajustó al tope regulado por el ordenamiento jurídico chileno, por ende, dicha sanción se mantendría en su ámbito punitivo más bajo, es decir, partiría de un monto mínimo de «sesenta y un días (conforme a la tabla adjuntada anteriormente).

21.5. Dado que el mencionado artículo 2º del referido tratado de extradición exige que los delitos que motivan la extradición, en ambos países, sean objeto de una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a un (1) año, este pedido de entrega, en lo relacionado con la usura, incumple tal requisito.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Gobierno, pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias naciona- les, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición de la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo, identificada con la cédula de ciuda- danía número 1112933120, requerida por el Juzgado de Garantías de Valparaíso, República de Chile, dentro de la Causa RIT número 6985-2023, RUC número 2300438447-4, por los delitos de asociación delictiva para el delito de usura, y lavado de activos, conforme a la Orden de Detención número 2511045003297-7 del 10 de junio de 2025 y negará la extradición por el delito de usura, dentro de la misma causa, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Su- prema de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición, comoquiera que esta conducta no cumple con el principio de la doble incriminación.

21.5.6. Por consiguiente, la Corte no está habilitada para conceptuar favorablemente al pedido de extradición, únicamente, en lo relacionado con el delito de usura. (...)

8. Que la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo no se encuentra requerida por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

Adicionalmente la Corporación señaló:

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en artículo VII del Tratado de Extradición, entre la República de Colombia y la República de Chile, suscrito en Bogotá, D. C., el 16 de noviembre de 1914, advertirá al Estado requirente que la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo no puede ser juzgada “por delito distinto del que sirvió de fundamento a la demanda respectiva ni la entrega a otra nación que lo reclame”, con las salvedades que allí mismo se esta- blecen. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

(...) 24. En síntesis, por las razones expuestas, la Sala emitirá un concepto mixto; (i) favorable frente la solicitud de entrega internacional, únicamente, en lo relacionado con los delitos de «asociación delictiva para el delito de usura y lavado de activos, dado que entiende cumplidos los requisitos constitucionales y convencionales que dicho pedido conlleva; y, (ii) desfavorable en lo atinente al punible de usura, pues el reproche que las autoridades chilenas emitieron en contra de Erika Alejandra Uribe Castillo por esa conducta conllevaría a la imposición de una pena privativa de la libertad cuyo mínimo es menor a 1 año, lo cual incumple el artículo 2º del tratado de extradición vigente entre ambos estados. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, V. CONCEPTO

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo condicionada al ofrecimiento del compromiso del Es- tado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República de Chile respecto de la ciudadana colombiana Erika Uribe Castillo, con ocasión a la orden de detención 2511045003297-7 del 10 de junio del mismo año dictada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en la Causa Ordinaria “RIT número 6985- 2023 (RUC 2300438447-4), únicamente, en lo relacionado con los delitos de “asociación delictiva para el delito de usura y lavado de activos”.

DESFAVORABLEMENTE a ese mismo pedido de extradición, en lo atinente con el punible “usura”.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá poner a disposición del Estado requirente a la mencionada ciudadana sino hasta tanto se allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

(...)

2 Expediente radicado con el Ministerio de Justicia y del Derecho el 19 de octubre de 2026.

11. Que a la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenida por cuenta del trámite

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 20 DIARIO OFICIAL el delito de usura, usura y lavado de activos, conforme a la Orden de Detención número 2511045003295-0, proferida el 10 de junio de 2025.

2. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano requerido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Ju- rídicos Internacionales, mediante Oficio S_DIAJI-25-025053 del 14 de julio de 2025, conceptuó:

“(...) Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y la República de Chile. de extradición y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos. Para tal fin, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación. El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, enviará copia de la presente decisión al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en su concepto.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentran vigentes los siguientes tratados de extradición y multilaterales en materia de cooperación judicial mutua entre las Partes:

Por lo expuesto,

RESUELVE:

- El ‘Tratado de Extradición’, suscrito en Bogotá, D. C., el 16 de noviembre de 1914.

- La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional’, adoptada en New York, el 15 de noviembre de 20001, que en su artículo 16, numeral 3, prevé lo siguiente:

Artículo 1º.

Conceder la extradición de la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo, identificada con la cédula de ciudadanía número 1112933120, requerida por el Juzgado de Garantías de Valparaíso, República de Chile, dentro de la Causa RIT número 6985-2023, RUC número 2300438447-4, por los delitos de asociación delictiva para el delito de usura, y lavado de activos, conforme a la Orden de Detención número 2511045003297-7 del 10 de junio de 2025.

“[...] Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.”(...)”.

Artículo 2º.

Negar la extradición de la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo, por el delito de usura, dentro de la Causa RIT número 6985-2023, RUC número 2300438447-4, teniendo en cuenta que para este delito la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición al verificar que esta conducta no cumple con el principio de la doble incriminación.

3. Que, en atención a la solicitud, la Fiscal General de la Nación, mediante Reso- lución del 30 de julio de 2025, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba, identificado con la cédula de ciudadanía número 94193889.

4. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio MJD-OFI25-0049983-GEX-10100 del 15 de octubre de 2025 lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

Artículo 3º.

Ordenar la entrega de la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

5. La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Interna- cionales, mediante el Oficio número 20261700011371 del 6 de febrero de 2026, informó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que el ciu- dadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba, fue capturado el 4 de febrero de 2026, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

Artículo 4º.

Advertir al Estado requirente que la ciudadana colombiana Erika Alejandra Uribe Castillo no podrá ser juzgada “por delito distinto del que sirvió de fundamento a la demanda respectiva ni la entrega a otra nación que lo reclame”, en atención a lo dispuesto en artículo VII del Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República de Chile, suscrito en Bogotá, D. C., el 16 de noviembre de 1914, con las salvedades que allí mismo se establecen. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pro- nunciamiento del 30 de septiembre de 2026, emitió concepto mixto, favorable para la extradición del ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba, en relación con los delitos de asociación delictiva para el delito de usura y lavado de activos y desfavorable frente al delito de usura, teniendo en cuenta, que para este último no se cumple con el principio de la doble incriminación.

Sobre el particular, la Corporación manifestó:

Artículo 5º.

Notificar personalmente la presente decisión a la interesada, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

“(...) 20.5.3. Tales circunstancias permiten concluir que el principio doble incriminación, previsto en los artículos 2° y 5° del Tratado de Extradición suscrito en 1914, se cumplió, únicamente, en lo relacionado con la “asociación delictiva para el delito de usura” y el “lavado de activos”.

Artículo 6º.

Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y, a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

22. Incumplimiento del principio de doble incriminación en cuanto al delito de “usura”.

Artículo 7º.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

21.1. En contraste con lo anterior, la Sala observa que, durante la referida audiencia de formalización, el Ministerio Público del país requirente también le endilgó a Montoya Taba, a título de autor, varios “delitos reiterados de usura” (en 55 eventos, frente a los que la identidad de las víctimas se encuentra reservada).

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro de Justicia y del Derecho, 21.2. En renglones anteriores la Corte transcribió las normas que hacen punible esa conducta en el ordenamiento Chileno. En Colombia, el canon 305 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 establece:

Iván Alfonso Cancino González.

(…)

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 501 DE 2026

(noviembre 10) por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

21.3. No obstante, acorde con los artículos 56 y 472 del Código Penal de Chile, la pena prevista para la usura en ese país sería de “presidio menor en cualquiera de sus grados”, puesto que los documentos que el estado requirente aportó muestran que en la Causa Ordinaria RIT 6985-2023 (RUC 2300438447-
4. solo se imputó el préstamo de sumas de dinero, bajo tasas de interés superio- res a las establecidas por las autoridades de esa nación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

21.4. Sin embargo, dichos escritos no muestran que al interior del proceso extranjero se haya imputado, fáctica o jurídicamente, a Disney Estiben Montoya Taba la realización de conductas dirigidas a «simular» que el interés cobrado a las víctimas se ajustó al tope regulado por el ordenamiento jurídico chileno, por ende, dicha sanción se mantendría en su ámbito punitivo más bajo, es decir, 1 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).

1. Que mediante la Nota Verbal número 150/2025 del 11 de julio de 2025, el Go- bierno de la República de Chile, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la extradición del ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba, requerido por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, dentro de la Causa RIT número 6985- 2023 y RUC número 2300438447-4, por los delitos de asociación delictiva para

21 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL y RUC número 2300438447-4, por los delitos de asociación delictiva para el delito de usura y lavado de activos, conforme a la Orden de Detención número 2511045003295-0, proferida el 10 de junio de 2025 y negará la extradición por el delito de usura, dentro de la misma Causa penal, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable por dicha conducta.

8. Que el ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo VII del ‘Tra- tado de Extradición, entre la República de Colombia y la República de Chile’, suscrito en Bogotá, D. C., el 16 de noviembre de 1914, advertirá al Estado requi- rente que el ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba no puede ser juzgado “por delito distinto del que sirvió de fundamento a la demanda respecti- va ni la entrega a otra nación que lo reclame”, con las salvedades que allí mismo se establecen. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

partiría de un monto mínimo de «sesenta y un días» (conforme a lo dispuesto en el artículo 472 del Código Penal Chileno y la tabla adjuntada anteriormente). 21.5. Dado que el mencionado artículo 2° del referido tratado de extradición exige que los delitos que motivan la extradición, en ambos países, sean objeto de una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a un (1) año, este pedido de entrega, en lo relacionado con la usura, incumple tal requisito. 21.6. Por consiguiente, la Corte no está habilitada para conceptuar favorablemente al pedido de extradición, únicamente, en lo relacionado con el delito de usura, (en el mismo sentido, CSJ. CP177-2026, Radicado 70843). (...)
35. En síntesis por las razones expuestas, la Sala emitirá un concepto mixto; (i) favorable frente la solicitud de entrega internacional, únicamente, en lo relacio- nado con los delitos de “asociación delictiva para el delito de usura y lavado de activos”, dado que entiende cumplidos los requisitos constitucionales y conven- cionales que dicho pedido conlleva; y, (ii) desfavorable en lo atinente al punible de usura, pues el reproche que las autoridades chilenas emitieron en contra de Montoya Taba por esa conducta conllevaría a la imposición de una pena priva- tiva de la libertad cuyo mínimo es menor a 1 año, lo cual incumple el artículo 2° del tratado de extradición vigente entre ambos estados.

Adicionalmente la Corporación señaló:

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba condicionada al ofrecimiento del compromiso del Esta- do requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

V. CONCEPTO

FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República de Chile respecto del ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba, con ocasión a la orden de detención 2511045003295-0 del 10 de junio del mismo año dictada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en la causa ordinaria RIT número 6985-2023 (RUC 2300438447-4), únicamente, en lo relacionado con los delitos de “asociación delictiva para el delito de usura y lavado de activos”.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

DESFAVORABLEMENTE a ese mismo pedido de extradición, en lo atinente con el punible “usura”.

VI. CONDICIONAMIENTOS

11. Que al ciudadano requerido, le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efec- tos.

De acuerdo con el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, dado que Montoya Taba es ciudadano colombiano, de llegar a autorizar su extradición, el Gobierno nacional deberá someterla a los siguientes condicionamientos:

Para tal fin, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, enviará copia de la presente decisión al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°.

Conceder la extradición del ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba, identificado con la cédula de ciudadanía número 94193889, requerido por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, República de Chile, dentro de la Causa RIT número 6985-2023 y RUC número 2300438447-4, por los delitos de asociación delictiva para el delito de usura y lavado de activos, de conformidad con la Orden de Detención número 2511045003295-0, proferida el 10 de junio de 2025.

Artículo 2°.

Negar la extradición del ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba, por el delito de usura, dentro de la Causa RIT número 6985-2023 y RUC número 2300438447-4, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable por dicha conducta.

Artículo 3°.

Ordenar la entrega del colombiano Disney Estiben Montoya Taba al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

1. No podrá variarse la sanción impuesta en su contra por pena de muerte, pri- sión perpetua, ni ser sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni podrá ser juzgado o castigado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, o por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997. 26.2. La nación reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, debe- rá ofrecer posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, comoquiera que la Constitu- ción de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a esa institución le otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Adicionalmente, deberá garantizar al solicitado su permanencia en ese país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.
4. Tener en cuenta como parte cumplida de la pena, el tiempo que el implicado haya permanecido privado de la libertad con motivo de este trámite de extradi- ción.
5. El Gobierno nacional deberá requerir que la República de Chile remita a las autoridades colombianas copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso adelantado en los Tribunales del primero de esos países y/o a la ejecu- ción de la sentencia impuesto en su contra, en razón de los cargos que motivaron su condena.
6. Por último, se advierte que, debido a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condi- cionamientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento (…)”.
7. Que en atención al concepto mixto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo esta- blecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Gobierno, pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las conve- niencias nacionales, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición del ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba, identificado con la cédula de ciudadanía número 94193889, requerido por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, República de Chile, dentro de la Causa RIT número 6985-2023

Artículo 4°.

Advertir al Estado requirente que el ciudadano colombiano Disney Estiben Montoya Taba no podrá ser juzgado “por delito distinto del que sirvió de fundamento a la demanda respectiva ni la entrega a otra nación que lo reclame”, en atención a lo dispuesto en artículo VII del Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República de Chile, suscrito en Bogotá, D. C., el 16 de noviembre de 1914, con las salvedades que allí mismo se establecen. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 22 DIARIO OFICIAL V. CONCEPTO

57. CONCEPTUAR FAVORABLEMENTE la solicitud de extradición del ciuda- dano peruano Luis Miguel Casas Nario, formulada por vía diplomática por el Gobierno de la República del Perú, para la ejecución2 de la pena impuesta mediante Resolución número 30 del 27 de agosto de 2020.

Artículo 5°.

Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

VI. CONDICIONAMIENTOS

58. El Gobierno nacional está en la obligación de supeditar la entrega del reclama- do, en el evento de acceder a ella, a lo siguiente, de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo modificatorio y el artículo 494 de la Ley 906 de 2004:

Artículo 6°.

Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y, a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

(i) a que no sea juzgado ni sancionado en el Estado requirente por hechos anterio-

Artículo 7°.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 502 DE 2026

(noviembre 10) por la cual se decide sobre una solicitud de extradición. res y distintos de los mencionados en la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones diferentes de la impuesta en la condena cuya ejecución se pretende; (ii) a que no sea entregado a otro Estado, a menos que haya tenido la libertad de abandonar el territorio del Estado requirente durante un mes después de haber cumplido la pena o de haber sido indultado, evento en el cual deberá ser advertido de las consecuencias a las que lo expondría su permanencia en ese territorio; (iii) a que no se le impongan las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, ni se le someta a desaparición forzada, a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y (iv) a que, en todo caso, se le garantice el debido proceso durante la ejecución de la pena, de modo que su privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y la sanción no trascienda de su persona, con observancia de los artículos 29 de la Constitución Política; 9.° y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5.°, 7.°, 8.° y 9.° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9°, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

59. Del mismo modo, deberá condicionar la extradición a que el tiempo que el so- licitado ha permanecido privado de la libertad con motivo del presente trámite, esto es, a partir del 28 de marzo de 2026, se tenga como parte de la pena impues- ta que debe cumplir en el país requirente.

60. Por último, se advierte que en virtud de lo dispuesto en el numeral 2.° del artícu- lo 189 de la Constitución Política, es del resorte del presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condi- cionamientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimien- to. (...)”.

1. Que mediante Nota Verbal número 5-8-M/135-2026 del 7 de abril de 2026, el Gobierno de la República del Perú a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención con fines de extradición del ciudadano peruano Luis Miguel Casas Nario, requerido por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, para el cumplimiento de la condena proferida por el Juzgado Penal Colegiado Nacional Conformado, el 27 de agosto de 2020, dentro del Proceso número 00123-2015-65-5001-JR- PE-03, por el delito contra la salud pública- tráfico ilícito de drogas agravado en agravio del Estado Peruano.

2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 7 de abril de 2026, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano peruano Luis Miguel Casas Nario, identificado con Documento Na- cional de Identidad número 43605172, quien había sido retenido el 28 de marzo de 2026, por miembros del Departamento de Policía Amazonas, Seccional de Investigación Criminal Amazonas, de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante la Nota Verbal número 5-8-M/221-2026 del 26 de junio de 2026, el Gobierno de la República del Perú, a través de su Embajada en Colombia, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano peruano Luis Miguel Casas Nario.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Gobierno pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición del ciudadano peruano Luis Miguel Casas Nario, identificado con Documento Nacional de Identidad número 43605172, requerido por el Tercer Juzgado de Investigación Prepara- toria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, de la República del Perú, para el cumplimiento de la condena proferida por el Juzgado Penal Colegiado Nacional Conformado, el 27 de agosto de 2020, dentro del Proceso número 00123-2015-65-5001-JR-PE-03, por el delito contra la salud pública- tráfico ilícito de drogas agravado en agravio del Estado Peruano.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, me- diante Oficio DIAJI número 2693 de 26 de junio de 2026, conceptuó:

8. Que el ciudadano peruano Luis Miguel Casas Nario, no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

“(...) Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y la República del Perú.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentran vigentes los siguientes tratados de extradición entre las Partes:

- “Acuerdo sobre extradición’, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.

9. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del Acuer- do entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 de julio de 1911, advertirá al Estado requirente que el ciudadano peruano Luis Miguel Casas Nario, no podrá ser juz- gado ni sancionado sino por los hechos que motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregado a otro Estado, con las salvedades que la misma norma contempla.

- “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición fir- mado el 18 de julio de 1911”, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004. (...)”

5. Que formalizado el expediente de extradición del ciudadano peruano Luis Mi- guel Casas Nario, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Oficio MJD- OFI26-0033792-GEX-10100 del 2 de julio de 2026, lo remitió a la Sala de Casa- ción Penal de la Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

10. Que la entrega del ciudadano peruano Luis Miguel Casas Nario quedará con- dicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo XI del ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, esto es, la no imposición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación e igualmente a que el ciu- dadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pronun- ciamiento del 30 de septiembre de 20261, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano peruano Luis Miguel Casas Nario.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia precisó:

“(...) En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite el siguiente:

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 1 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 19 de octubre de 2026.

2 Resolución número 40 del 30 de marzo de 2021.

23 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 091 del 16 de marzo de 2026 fue impugna- da y posteriormente confirmada en su totalidad mediante la Resolución Ejecutiva número 241 del 17 de junio de 2026.

11. Que, al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

3. Que mediante correo electrónico recibido en el Ministerio de Justicia y del De- recho el 14 de septiembre de 2026, el abogado defensor del ciudadano colom- bo-ecuatoriano Rafael Botero Velásquez, solicitó declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de las Resoluciones números 091 del 16 de marzo de 2026 y 241 del 17 de junio de 2026, toda vez que la sanción penal en contra del ciudadano reque- rido prescribió y en subsidio la revocatoria directa de las mismas, por el mismo fenómeno de la prescripción.

4. Que la solicitud de la declaratoria de la pérdida de la ejecutoria de las resolucio- nes antes indicadas se sustenta en el hecho de que la Corte Suprema de Justicia dentro del concepto emitido dentro del presente trámite3, el 18 de febrero de 2026, indicó que la prescripción de la acción penal se configuraría el 9 de sep- tiembre de 2026.

Artículo 1°.

Conceder la extradición del ciudadano peruano Luis Miguel Casas Nario, identificado con Documento Nacional de Identidad número 43605172, requerido por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, de la República del Perú, para el cumplimiento de la condena proferida por el Juzgado Penal Colegiado Nacional Conformado, el 27 de agosto de 2020, dentro del Proceso número 00123-2015-65-5001-JR-PE-03, por el delito contra la salud pública- tráfico ilícito de drogas agravado en agravio del Estado Peruano.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos por el solicitante, el Gobierno nacional considera:

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, con ponencia del Consejero Milton Chaves García, en sentencia emitida el 15 de agosto de 2018, dentro del expediente con Radicación número: 11001-03-27-000-2016-00012- 00(22362), indicó lo siguiente:

Artículo 2°.

Ordenar la entrega del ciudadano peruano Luis Miguel Casas Nario al Estado requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso, por vía diplomática, del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso segundo del artículo XI del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911, esto es, a la no imposición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación e igualmente a condición de que al ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

“El decaimiento del acto supone que el acto no podrá surtir efectos hacia el futuro, desde el momento en que desaparecen sus fundamentos de derecho. No obstante, ello no impide que pueda adelantarse un juicio de legalidad sobre el mismo, mediante su confrontación con las normas a que estaba obligado a sujetarse, pues el juicio de nulidad del acto es diferente al de la ejecutoriedad del acto.

Sobre el particular ha dicho esta Sala:

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

“La jurisprudencia constante del Consejo de Estado ha considerado que el acto administrativo existe desde que la Administración ha manifestado su voluntad a través de una decisión, y su eficacia (efectos) está condicionada a que tal acto se publique o se notifique. En tal sentido, una vez existe el acto administrativo y se ha notificado o publicado, la Administración queda facultada para cumplirlo o hacerlo cumplir. Esto es lo que se denomina la fuerza ejecutoria del acto.

Artículo 3°.

Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición ni tampoco será entregado a otro Estado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo XI del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 de julio de 1911.

También ha considerado que no puede confundirse la ocurrencia de la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo con las causales de nulidad del mismo. Las causales de nulidad se encuentran previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo [artículo 137, CPACA] y se dan desde la misma formación o expedición del acto, bien sea porque se aparta de las normas en que debía fundarse, o porque fue expedido por funcionario u organismo incompetente o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de defensa o mediante falsa motivación o desviación de poder.

Artículo 4°.

Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°.

Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma, a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias.

Artículo 6°.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

La pérdida de fuerza ejecutoria es un fenómeno jurídico distinto (…) dicha figura está referida específicamente a uno de los atributos o características del acto administrativo, cual es la de la ejecutividad del mismo, es decir, la obligación que en él hay implícita de su cumplimiento y obedecimiento, tanto por parte de la Administración como de los administrados en lo que a cada uno corresponda, consagrada en el primer inciso del precitado artículo 66, al disponer que ‘salvo norma en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos(…)

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 503 DE 2026

En relación con la segunda causal de pérdida de fuerza ejecutoria, que la doctrina ha llamado decaimiento del acto (cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho), esta se produce “cuando ya no existen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le sirvieron de base” o por cuanto se ha presentado: “a) la derogación o modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo; b) la declaratoria de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el control de constitucionalidad, en los países donde existe; c) la declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de contenido individual o particular…” (subrayado fuera de texto) (…)”.

(noviembre 12) por la cual se resuelve la solicitud de declaratoria de la pérdida de la ejecutoria o revocatoria directa de las Resoluciones número 091 del 16 de marzo de 2026 y número 241 del 17 de junio de 2026.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 491 y 492 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 93 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y Conforme a lo anterior, el Gobierno nacional considera que no se configuran las causales establecidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado para reconocer la pérdida de ejecutoria del acto administrativo en el entendido que las circunstancias de modo, tiempo y lugar que sirvieron de base para la expedición de las Resoluciones Ejecutivas números 091 del 16 de marzo de 2026 y número 241 del 17 de junio de 2026 permanecen vigentes y no se pretende, como se indicará más adelante, suspender los efectos de dichos actos al perder la fuerza ejecutoria de sus decisiones, sino modificar las mismas.

CONSIDERANDO:

En relación con la solicitud subsidiaria de revocatoria directa formulada por el defensor del ciudadano requerido respecto de los actos administrativos mencionados, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), consistente en que los actos administrativos sean manifiestamente contrarios a la Constitución Política o a la ley, debe señalarse que dicha solicitud resulta improcedente.

3 Extradición número 68661. CUI 11001020400020250063700. M. P. Gerardo Barbosa Castillo.

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 091 del 16 de marzo de 2026, el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombo-ecuatoriano Rafael Botero Velásquez, requerido por el Juez Ponente del Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha con sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la Causa Penal número 17249-2005-0070, por el delito de peculado, para el cumplimiento de la sentencia emitida el 19 de abril de 2010 mediante la cual fue condenado a una pena de 12 años de prisión.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 24 DIARIO OFICIAL Conforme a lo anterior el Gobierno nacional, revocará en su totalidad las Resoluciones Ejecutivas números 091 del 16 de marzo de 2026 y 241 del 17 de junio de 2026 y en su defecto negará la extradición del ciudadano requerido.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 94 del CPACA, que establece que la revocatoria directa no procederá por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 93 ibidem cuando el peticionario haya interpuesto los recursos procedentes contra los actos administrativos objeto de cuestionamiento.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

En efecto, el peticionario interpuso recurso de reposición contra la Resolución número 091 del 16 de marzo de 2026, que concedió la extradición del ciudadano requerido a la República del Ecuador, decisión que fue confirmada mediante la Resolución número 241 del 17 de junio de 2026.

Artículo 1°.

Revocar las Resoluciones Ejecutivas números 091 del 16 de marzo de 2026 y 241 del 17 de junio de 2026, mediante las cuales se concedió y confirmó la extradición del ciudadano colombo-ecuatoriano Rafael Botero Velásquez, identificado con la cédula de identidad número 171964963-2 expedida en la República del Ecuador y la cédula de ciudadanía número 79145456 expedida en la República de Colombia.

No obstante lo anterior, el Gobierno nacional, con fundamento en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que faculta a la autoridad que haya expedido un acto administrativo para revocarlo de oficio, encuentra que, revisado el expediente de extradición, al momento de dictarse las Resoluciones Ejecutivas números 091 del 16 de marzo de 2026 y 241 del 17 de junio de 2026, se contaba con el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, bajo el entendido que la prescripción de la sanción penal no había operado, para el momento de proferirlas.

Artículo 2°.

Negar la extradición del ciudadano colombo-ecuatoriano Rafael Botero Velásquez, identificado con la cédula de identidad número 171964963-2 expedida en la República del Ecuador y la cédula de ciudadanía número 79145456 expedida en la República de Colombia, requerido por el Juez Ponente del Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha con sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la Causa Penal número 17249-2005-0070, por el delito de peculado, para el cumplimiento de la sentencia emitida el 19 de abril de 2010 mediante la cual fue condenado a una pena de 12 años de prisión.

En efecto, con posterioridad a la expedición de las resoluciones previamente referidas, sobrevino la prescripción de la acción penal, circunstancia que reviste relevancia jurídica para el asunto bajo examen y cuya incidencia en el trámite en curso debe ser objeto de análisis. Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia, en el concepto rendido dentro del presente trámite, se pronunció en los siguientes términos:

Artículo 3°.

Notificar la presente decisión al ciudadano requerido, o a la persona debidamente autorizada por el interesado, haciéndoles saber que, contra la presente resolución, no procede recurso alguno.

“(…) En segundo lugar, en relación con el análisis de la prescripción de la acción penal o la pena según la legislación colombiana, la Sala solo deberá analizar la prescripción de la sanción penal, debido a que el requerimiento tiene como propósito que el solicitado cumpla la pena impuesta por las autoridades judiciales ecuatorianas.

Artículo 4°.

Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Así, en lo que atañe a la prescripción de la sanción penal, el artículo 89 del Código Penal colombiano dispone:

Artículo 5°.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y, cúmplase.

“La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia”.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

A su vez, el artículo 90 de la misma norma establece que la prescripción de la sanción penal se interrumpe cuando “el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma”.

El Ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 504 DE 2026

(noviembre 12) por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva (…) En el caso en estudio, se tiene que Rafael Botero Velásquez fue condenado a la pena de 12 años de prisión por el delito de peculado, conforme la normativa ecuatoriana. Esta sanción fue impuesta mediante sentencia condenatoria dictada el 19 de abril de 2010 por el Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha, y respecto de la cual se interpuso recurso de casación. Sin embargo, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2014, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia lo declaró improcedente. número 324 del 26 de agosto de 2026.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

CONSIDERANDO:

Debido a que, hasta el momento, el requerido no ha sido capturado, el tiempo de prescripción de la sanción penal no se ha interrumpido, por lo que ha transcurrido de manera continua desde el 9 de septiembre de 2014 (fecha en que quedó en firme la sentencia). No obstante, hasta el momento no ha transcurrido el término de 12 años, es decir la pena impuesta.

Por consiguiente, de acuerdo con la normativa penal colombiana, no se ha presentado el fenómeno extintivo de la sanción penal respecto del ilícito.

Por último, debido a que el requerido no cuenta con un proceso en curso, ni ha sido juzgado, amnistiado o indultado en la República de Colombia por los mismos hechos por los cuales es reclamado por el Gobierno de la República de Ecuador, no se configura esta causal de improcedencia de la extradición de Rafael Botero Velásquez. (…)”.

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 324 del 26 de agosto de 2026, el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Tais- son Daniel Carrillo Márquez, identificado con cédula de ciudadanía número 1010019684 y Pasaporte número AV611643, documentos expedidos en la Re- pública de Colombia, requerido por el Juzgado Federal Civil y Criminal de la SSJ de Tabatinga-AM, República Federativa de Brasil, por el delito de tráfico internacional de drogas, conforme a la Orden de Prisión número 1000403- 49.2021.4.01.3201.01.0001-09 del 11 de junio de 2025, emitida por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, Juzgado Único de Tabatinga-AM.

Adicional a lo anterior, el artículo V del ‘Acuerdo sobre extradición’, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911, vigente para el presente trámite determina lo siguiente:

(…) Tampoco se acordará la extradición en los casos siguientes:

(…)

2. Que la Resolución Ejecutiva número 324 del 26 de agosto de 2026, fue notificada al defensor del ciudadano requerido, a través del Oficio MJD-OFI26-0040581 del 2 de septiembre de 2026, enviado por vía electrónica en la misma fecha.

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

(…)” (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el ciudadano colombiano Taisson Daniel Carrillo Márquez fue notificado personalmente del contenido de la Resolución Ejecutiva número 324 del 26 de agosto de 2026, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación personal, suscrita el 4 de septiembre de 2026.

Tanto al ciudadano requerido como a su defensor se les informó que contra la decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el ciudadano requerido a la fecha no ha sido capturado ni puesto a disposición de la autoridad competente, se concluye que la prescripción de la pena no se vio interrumpida y que como tal operó la misma, como lo indicó la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, el 9 de septiembre de 2026.

3. Que mediante escrito allegado por correo electrónico el 16 de septiembre de 2026, el ciudadano colombiano Taisson Daniel Carrillo Márquez interpuso re- curso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 324 del 26 de agosto de 2026.

Que, de conformidad con lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia y lo dispuesto en el artículo V del Acuerdo de Extradición de 1911, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 26 de 1913, no resulta procedente conceder la extradición del ciudadano colombo-ecuatoriano Rafael Botero Velásquez, toda vez que dicho instrumento internacional establece que la prescripción de la acción penal o de la pena en el Estado requerido constituye un impedimento para conceder la extradición.

4. Que el recurso de reposición mencionado se fundamenta en los siguientes argu- mentos:

25 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL La defensa sostiene que se opone a la extradición teniendo en cuenta que la acusación emitida en el país requirente no coincide exactamente con las exigencias de las leyes colombianas, por no llenar los requisitos establecidos en el numeral 5° del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. para desvirtuar la presunción de inocencia del ciudadano requerido, ni determinar la validez de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su capacidad de persuadir, por cuanto tales aspectos son del exclusivo resorte de las autoridades judiciales del país requirente.

En punto de este tema, la Corte Constitucional, en la sentencia C-460/08, precisó:

“4.3. De conformidad con el precedente establecido en la sentencia C-1106 de agosto Señala igualmente que las pruebas anticipadas que obran dentro del expediente no cumplen con las exigencias del Código de Procedimiento Penal, que era necesaria la práctica y decreto de pruebas con el fin de esclarecer los hechos por los cuales el ciudadano colombiano Carrillo Márquez es requerido, entre otras cosas para determinar su responsabilidad penal y si la pena a imponer por dichos delitos es superior a 4 años.

Finalmente, solicita que se deben analizar los documentos que determinan la plena identidad del ciudadano requerido, y, en cuanto, a la doble incriminación, requiere se haga una comparación entre las legislaciones de los países requerido y requirente con el fin de determinar si en nuestro país los hechos sí se consideran punibles.

24 de 2000 antes mencionada, por su propio contenido el acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo que le corresponde a la Corte Suprema, ni en su concesión posterior por el Gobierno nacional, sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría o las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, ni sobre la responsabilidad del imputado, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento. De serlo, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, que es donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso respectivo.

De conformidad con lo anterior solicita se revoque la Resolución Ejecutiva número 324 del 26 de agosto de 2026.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacio- nal considera lo siguiente:

El trámite que las autoridades del Estado deben dar a las solicitudes de extradición que a él le presenten los demás Gobiernos, es un procedimiento reglado, sujeto a lo establecido en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal y los tratados internacionales suscritos a tal efecto.

En el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio S-DIAJI-26-007745 del 6 de marzo de 2026, conceptuó:

4.4. Con todo, ha de recordarse que el análisis que compete realizar a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, al conceptuar acerca de la concesión o negación de la extradición, comprende, además de los aspectos enunciados en los artículos 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos o derivados de la Constitución, principalmente en cuanto no se trate de la extradición por la comisión de delitos políticos; ni por hechos anteriores a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1997, en el caso de la extradición de colombianos por nacimiento, según lo previsto en el artículo 35 de la Carta Política; ni se vayan a imponer en la nación requirente tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni penas proscritas en Colombia como la de muerte o la prisión perpetua.

También al respecto, la Sala de Casación Penal ha manifestado4:

“(…) Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y la República Federativa del Brasil.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentra vigente el ‘Tratado de Extradición celebrado entre la República de Colombia y la República Federativa del Brasil’, suscrito en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938. (…)”.

Bajo este marco convencional y nuestra normatividad interna, las entidades que intervinieron en el trámite de extradición del ciudadano colombiano Carrillo Márquez adelantaron las actuaciones en lo de su competencia, dentro de los plazos previstos en la ley, siempre observando un debido proceso y garantizando el derecho de defensa.

‘… en Colombia el trámite de extradición, no corresponde a la noción estricta de proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en extradición, por tanto, no tienen cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, la calificación jurídica correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso en el cual se le acusa; la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente responsable; o la vigencia de la acción penal; pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los instrumentos que prevea la legislación del Estado que formula la solicitud.’ En el procedimiento de extradición previsto en la Ley 906 de 20041 opera un sistema mixto garantista, por cuanto la decisión de extraditar o abstenerse de hacerlo, si bien corresponde al Ejecutivo, requiere para ello de la participación de la autoridad judicial como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos. En esa medida, le corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitir un concepto sobre la procedencia o no de la extradición y para ello debe verificar que estén acreditados los requisitos formales exigidos en la normatividad aplicable al caso y que no se presenten limitantes de orden constitucional.

4.5. Por todo lo anterior, resulta claro que en el trámite de la extradición la Corte Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus circunstancias, ni juzga al solicitado; tampoco cuestiona las decisiones emitidas por la autoridad extranjera y sólo le compete verificar el cumplimiento de los requisitos para otorgar la extradición, según lo dispuesto en el tratado internacional respectivo o, en su defecto, en la ley interna, acatando la preceptiva superior (cfr. artículos 12, 34 y 35 Constitución) y la normatividad complementaria.

Dentro dos presupuestos que debe estudiar la Corporación, le corresponde verificar la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, esto es, verificar que la persona detenida con fines de extradición sea la misma cuya extradición se reclama; el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos2.

Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondiente proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales colombianas, que deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país distinto a donde se cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la justicia, que internacionalmente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad…”. (Se resalta).

La garantía propia de un Estado de Derecho exige que toda actuación judicial o administrativa se adelante conforme a las normas previamente establecidas en el ordenamiento jurídico, observando de manera estricta las formas y etapas previstas por la ley. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

(…) De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la violación del debido proceso (…)”3.

No le asiste entonces razón al recurrente al considerar que debe realizarse, en este trámite, el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, tal como lo consagra el artículo 344 de la Ley 906 de 2004, pues la naturaleza del procedimiento de extradición, como se precisó anteriormente, es un mecanismo de cooperación judicial y no un proceso penal. Cualquier controversia sobre la decisión judicial de la autoridad foránea que sirve de fundamento al pedido de extradición, debe realizarse al interior del proceso penal que se adelanta en el exterior.

La extradición es un mecanismo que se fundamenta en la cooperación de la comunidad internacional para permitir a los Estados que las personas puedan ser capturadas y trasladadas al país que los solicita para ser procesados o cumplir una condena previamente impuesta.

En el caso sub examine, la Corte Suprema de Justicia, mediante concepto del 15 de julio de 20265, dentro del presente trámite, concluyó que la solicitud de extradición que tiene como sujeto al señor Carrillo Márquez, cumplió las exigencias convencionales y legales que le permitieron conceptuar favorablemente al mecanismo de cooperación internacional.

En el procedimiento descrito en la ley para conceder la extradición no se establece para la Corte Suprema de Justicia ni para el Gobierno nacional la posibilidad de someter a estudio de fondo la decisión del país requirente y mucho menos determinar si el ciudadano requerido es o no inocente de los cargos que se le imputan.

Tampoco corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite, evaluar si la autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente Dicha conclusión se emitió luego de que el alto tribunal examinara la documentación de la solicitud de extradición, la validez formal de la misma, la acreditación de la plena identidad de la persona reclamada, el principio de la doble incriminación, la prohibición de doble juzgamiento y la decisión judicial que sustenta la petición internacional.

4 Asunto de radicación 25.333, julio 4 de 2006, M. P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 5 Extradición número 72416. Rad. 11001020400020260084600. M. P. Gerson Chaverra Castro.

1 Artículos 490 y siguientes. 2 Artículo 502 de la Ley 906 de 2004. 3 Corte Constitucional. Sentencia C-819 de 2005, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 26 DIARIO OFICIAL En relación con el planteamiento formulado por la parte recurrente sobre la presunta falta de correspondencia de la acusación extranjera con las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico, es necesario precisar que la Corte Suprema de Justicia, en el concepto favorable a la extradición emitido dentro del presente trámite, llevó a cabo el análisis de la providencia dictada por el país requirente, concluyendo que:

“… este trámite, caracterizado por ser de exclusiva cooperación internacional, está circunscrito a la verificación objetiva del cumplimiento de los presupuestos convencionales o legales que regulan el pedido de entrega del requerido, lo cual excluye cualquier discusión ajena a estas exigencias6, como quiera que la extradición no corresponde a la noción de un proceso penal7.

“(…) 4.4.5. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero

58. El artículo V, literal a, del Tratado de Extradición de 1938, dispone que el país reclamante deberá aportar, cuando se trate de una persona no condenada, “co- pia o traslado auténtico del mandamiento de prisión o de auto procesal criminal equivalente, emanado de juez competente”.

De ahí que en el trámite de extradición no tienen cabida debates en torno a la competencia del órgano judicial o la validez del trámite, la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del reclamado, la calificación jurídica, la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, toda vez que tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva de las autoridades judiciales del gobierno que eleva la solicitud y, su contradicción debe hacerse al interior del respectivo proceso acorde con la legislación del Estado requirente” (Negrillas fuera del original) (…)”.

59. Además, señala el inciso 2º del mismo artículo, que tal pieza procesal deberá contener “(…) la indicación precisa del hecho incriminado, el lugar y la fecha en que se cometió el mismo, e ir acompañados de copia de los textos de las leyes aplicables al caso y de los referentes a la prescripción de la acción o de la pena, como también de los datos o antecedentes necesarios para comprobar la identi- dad del individuo reclamado”.

Se concluye entonces una vez más, que dentro del trámite de extradición no es factible realizar la valoración de pruebas con el fin de determinar la responsabilidad penal del ciudadano requerido, ya que dicha posibilidad está reservada a realizarse ante el proceso judicial que se adelanta en la República Federativa de Brasil.

Sobre la identidad del ciudadano requerido, la Corte Suprema de Justicia indicó:

“(…) 4.4.2. Identificación del requerido en extradición

60. En el caso, se observa que el Estado requirente allegó la reproducción de la orden de detención preventiva número 1000403-49.2021.4.01.3201.01.0001-09 emanada el 11 de junio de 2025, por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Re- gión, Juzgado Único de Tabatinga-AM, en contra del requerido. Igualmente, del auto emitido el 15 de mayo de 2025, por el Juzgado Federal Civil y Criminal de la SSJ de Tabatinga-AM, mediante el cual se dispuso la prisión preventiva de Taisson Daniel Carrillo Márquez al interior de la causa número 1000403- 49.2021.4.01.3201, por la presunta comisión del delito de tráfico internacional de drogas contemplados en los artículos 33 y 40 de la Ley 11.343/06.

44. Ya se ha observado que este requisito se orienta a establecer si la persona pro- cesada en el país extranjero es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad, por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquel cuya en- trega se encuentra en curso de resolver.

61. Dichos documentos contienen una narración de las circunstancias fácticas por las que el mencionado es reclamado; hechos a los que se refirió la Corte cuando resolvió lo relacionado con la condición de la doble incriminación.

62. Se allegó, además, por conducto de la Embajada del país requirente las leyes aplicables al caso y copia de la normatividad que regula la extinción de la acción penal y de la pena. También se aportó la información necesaria para verificar la plena identidad del solicitado, misma que ya la Sala verificó en precedencia.

63. Lo anterior, permite establecer que el mandato de prisión dictado por la autori- dad judicial de la República Federativa de Brasil cumple los requisitos formales y sustanciales exigidos en el Tratado aplicable, por lo que se verifica reunido este condicionamiento (…)”.

45. A este respecto, no media resquicio de duda, pues de la información conteni- da en la solicitud de extradición y sus documentos adjuntos, se advierte que el ciudadano reclamado responde al nombre de Taisson Daniel Carrillo Márquez, identificado con cédula de ciudadanía número 1010019684, nacido el 31 de di- ciembre de 1996 en Cúcuta (Norte de Santander), mismos datos con los cuales se dispuso su captura y quedaron consignados al momento de materializarse por parte de la Interpol, además de arrojar resultado positivo en la confrontación dactiloscópica realizada para mayor constatación8.Finalmente, durante todo el trámite de extradición, el solicitado se ha identificado con los datos ya mencio- nados, por lo cual, se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano pedido en extradición y la satisfacción de la exigencia analizada. (…)”.

Es claro entonces, para el Gobierno nacional, que no existe ninguna duda en cuanto a la plena identidad del ciudadano requerido.

Por último, en cuanto, a la doble incriminación, la Corte Suprema de Justicia, efectivamente analizó jurídicamente la verificación de este requerimiento, concluyendo:

Como puede observarse, la Corte Suprema de Justicia encontró que la orden de detención preventiva número 1000403-49.2021.4.01.3201.01.0001-09 emanada el 11 de junio de 2025, por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, Juzgado Único de Tabatinga-AM, en contra del requerido y el auto emitido el 15 de mayo de 2025, por el Juzgado Federal Civil y Criminal de la SSJ de Tabatinga-AM, cumplen con los requisitos formales y sustanciales exigibles por el tratado de extradición vigente.

(…) 4.4.4. Principio de la doble incriminación Conforme a lo anterior no son válidos los argumentos esgrimidos por la parte recurrente frente a estos puntos.

52. El artículo II del Tratado de Extradición, dispone que “autorizan la extradición las infracciones que las leyes del Estado requirente castiguen con penas de un año o más de prisión, comprendidas no solamente la ejecución o la cooperación en la ejecución del delito, sino también la tentativa y la complicidad”.

En lo atinente a las pruebas anticipadas que obran en el expediente, las cuales, según se alega, no cumplen con las exigencias de nuestra normatividad interna, así como a la solicitud de práctica y decreto de otras con el fin de esclarecer los hechos y determinar si la pena a imponer por los delitos supera los cuatro años, debe indicarse, tal como lo manifestó la Corte Suprema de Justicia dentro del presente trámite, que la valoración probatoria, al igual que la determinación de la responsabilidad penal, son asuntos que exceden su competencia en el marco del trámite de extradición.

Frente a este punto la Corte Suprema de Justicia dentro del concepto emitido en el presente expediente indicó:

53. Por tanto, el estudio de la Corte en este caso se restringe a verificar la concu- rrencia de dos presupuestos contenidos en el mecanismo multilateral: el primero concerniente a que los hechos que motivan la petición de extradición constitu- yan delito tanto en Colombia como en Brasil, como también, de otra parte, que en el país solicitante tal conducta implique una pena mínima no inferior a un año de prisión.

(…)

77. Finalmente, frente al conjunto de críticas elevadas por el abogado del requerido

54. Pues bien, el delito que se atribuyen a Taisson Daniel Carrillo Márquez, acorde con la glosa de los hechos que lo contienen, corresponde a tráfico internacional de drogas, previsto en el país requirente, así:

que conciernen a la falta de descubrimiento de los elementos materiales probatorios que fundamentan la solicitud de extradición, a la existencia de irregularidades de unas pruebas anticipadas y a las supuestas falencias de la providencia extranjera, las mismas, observa la Corte, se dirigen a cuestionar la demostración de la existencia de los delitos por los que es reclamado el requerido y de la responsabilidad del solicitado en su ejecución.

54.1. Artículo 33 de la Ley 11.343 del 23 de agosto de 2006. “Importar, exportar, enviar, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, exponer a la venta, ofrecer, tener en depósito, transportar, traer consigo, guardar, prescribir, administrar, entregar a consumo, proveer drogas, aunque gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria. Pena -reclusión de 5 (cinco) a 15 (quince) años y pago de 500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) días multa”.

54.2. Artículo 40 ibidem. “Las penas previstas en los arts. 33 a 37 de esta Ley se aumentan de un sexto a dos tercios, si: I- la naturaleza, la procedencia de la sustancia o del producto aprehendido y las circunstancias del hecho evidencien la transnacionalidad del delito; V- caracterizado el tráfico entre Estados de la Federación o entre ellos y el Distrito Federal”.

78. En consecuencia, es preciso ponerle de presente al abogado que en materia de extradición, la jurisprudencia ha sido consistente en considerar que, aspectos relacionados con la responsabilidad penal del solicitado, la legalidad del pro- cedimiento extranjero y de las pruebas que soportan la solicitud de cooperación internacional, se alejan de los elementos esenciales al estudio que se debe efec- tuar en el momento de proferir el concepto de extradición, los cuales se deben postular ante el juez penal extranjero, mas no ante la Corte, dado que carece de competencia para valorarlos (Vg. CSJ CP271-2025, 12 nov. 2025, Rad. 70280, CSJ CP253-2025, 22 oct. 2025, Rad. 67281, entre otros) … (…)”.

6 ‘CSJ AP, 1 Ago. 2007, rad. 27450’. 7 ‘CSJ AP, 15 Jul. 2005, rad. 23181’. 8 Informe de investigador de laboratorio FPJ-13, realizado el 3 de enero de 2026.

En pronunciamiento CSJ CP056-2018, 2 may. 2018, rad. 51909, la Corte frente a este punto precisó lo siguiente:

27 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

55. De acuerdo con la legislación colombiana, tal conducta encuadra en el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes -artículo 376 ejusdem-, norma cuyo tenor literal señala:

El Ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 505 DE 2026

(noviembre 12) por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 374 del 8 de septiembre de 2026.

“Artículo 376. Trafico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del.Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y CONSIDERAN DO:

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinticuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

56. Así las cosas, la conducta por la cual se formula el pedido de extradición se encuentra tipificada como delito tanto en la legislación colombiana como en la del país que ha hecho el requisitorio y, además, se sanciona en ambas naciones con pena privativa de la libertad que supera el mínimo “de un año o más de prisión”.

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 374 del 8 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional concedió la extradición de la ciudadana colombiana Janeth Margoth Yela Ortega, identificada con la cédula de ciudadanía número 59395489, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de Amé- rica, por el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento, y teniendo causa razonable para creer que di- cha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos)imputado en la Acusación Formal en el Caso número 4:24CR248 HEA/RHH (también referido como Caso: 4:24-cr-00248-HEA-RHH), dictada el 22 de mayo del 2024, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri.

En dicha decisión se resolvió no diferir la entrega de la ciudadana requerida por cuenta de los procesos que se adelantan en su contra en la República de Colombia.

57. Queda claro, entonces, que los documentos aportados por la autoridad recla- mante muestran de manera precisa, tanto los hechos incriminados al requerido, como el lugar y la fecha en que se cometieron. Por ende, se verifica cumplida la exigencia señalada en el artículo II del instrumento internacional aplicable y, por consiguiente, el presupuesto de la doble incriminación. (…)”.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 374 del 8 de septiembre de 2026, fue notificada al defensor de la ciudadana requerida, a través del oficio MJD- OFI26-0044587 del 15 de septiembre de 2026, enviado por vía electrónica en la misma fecha.

En consecuencia, resulta claro que la verificación del principio de doble incriminación fue efectuada por el alto tribunal, el cual concluyó que las conductas por las que es requerido el señor Taisson Daniel Carrillo Márquez constituyen delito en ambos países y la pena privativa de la libertad supera el mínimo de un año de prisión, como lo establece el tratado de extradición vigente.

Por su parte, a la ciudadana colombiana Janeth Margoth Yela Ortega le fue notificado personalmente del contenido de la Resolución Ejecutiva número 374 del 8 de septiembre de 2026, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluida, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación personal que suscribió para tal efecto, el 15 de septiembre de 2026.

Es importante señalar que, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció sobre los aspectos que motivan las inconformidades del recurrente, los cuales fueron presentados en sede de alegatos de conclusión.

Tanto a la ciudadana requerida como a su defensor se les informó que contra la decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

3. Que, mediante escrito radicado dentro del término legal, el defensor de la ciu- dadana colombiana Janeth Margoth Vela Ortega interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 374 del 8 de septiembre de 2026.

4. Que el recurso de reposición se fundamenta en los siguientes argumentos:

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera el recurrente, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso de reposición, los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de Justicia sobre determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición. Todo lo contrario, antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno nacional como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente discrecional, que involucra aspectos jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos.

El recurrente sostiene que la Resolución Ejecutiva recurrida contiene coincidencia en relación con los hechos por los cuales la ciudadana requerida fue sancionada por la Jurisdicción Indígena. Indica que el razonamiento dado por el Gobierno nacional sitúa al juzgamiento indígena dentro del contexto ilícito que fundamenta el requerimiento extranjero.

Aduce que la decisión indígena debe recibir tratamiento jurisdiccional, por lo cual la ciudadana requerida tiene el derecho a no ser juzgada nuevamente por los mismos hechos.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que en el trámite de extradición del ciudadano colombiano Taisson Daniel Carrillo Márquez, se cumplió con plena observancia y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 324 del 26 de agosto de 2026.

Por lo expuesto, Alega que la ausencia de una sentencia redactada con la estructura propia de la justicia ordinaria no autoriza a desconocer el contenido jurisdiccional de esa actuación.

RESUELVE:

Arguye que el Gobierno nacional conserva la competencia propia para negar la extradición, por lo cual le corresponde valorar las consecuencias de la entrega de la ciudadana requerida al existir una sanción indígena cumplida, concluyendo que existe una falta de motivación suficiente para conceder la extradición.

Artículo 1°.

Confirmar la Resolución número 324 del 26 de agosto de 2026, por medio de la cual se concedió la extradición a la República Federativa de Brasil, del ciudadano colombiano Taisson Daniel Carrillo Márquez, identificado con cédula de ciudadanía número 1010019684 y pasaporte número AV611643, documentos expedidos en la República de Colombia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Por último, solicita la reconsideración de la decisión de no diferir la entrega, al considerar que no existen razones para postergar su comparecencia ante las autoridades nacionales.

Artículo 2°.

Notificar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando en firme la Resolución Ejecutiva número 324 del 26 de agosto de 2026.

Conforme a lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida y en subsidio solicita incorporar en la parte resolutiva los condicionamientos establecidos en los numerales 47 al 54 del concepto CP207-2026 y la práctica de pruebas.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacio- nal considera lo siguiente:

Artículo 3°.

Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y, a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

El trámite de extradición es un procedimiento reglado que debe ajustarse a lo previsto en los tratados internacionales suscritos por Colombia y, en su ausencia, a la normativa interna, todo ello bajo estricta observancia del debido proceso. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, al emitir su concepto, se circunscribe a efectuar un análisis jurídico de los aspectos previstos en las normas convencionales y en su defecto a lo establecido en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscal General de la Nación y cúmplase.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 28 DIARIO OFICIAL el Estado requirente, particularmente en lo que respecta a la fecha de ocurrencia de los hechos y a la forma de participación atribuida a la ciudadana Yela Ortega.

Asimismo, la garantía propia de un Estado de Derecho exige que toda actuación judicial o administrativa se adelante conforme a las normas previamente establecidas en el ordenamiento jurídico, observando de manera estricta las formas y etapas previstas por la ley. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

Conforme a lo anterior, queda claro que los. argumentos presentados por el recurrente, relacionados con las actuaciones adelantadas por la Jurisdicción Indígena, fueron efectivamente discutidos en la etapa judicial pertinente del presente trámite, frente a lo cual la Corte Suprema de Justicia emitió su concepto sobre la materia.

“(...) De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la violación del debido proceso (...)”1 En el caso sub examine, la Corte Suprema de Justicia, mediante concepto del 5 de agosto de 20262, dentro del presente trámite, concluyó que la solicitud de extradición que tiene como sujeto a la ciudadana Janeth Margoth Vela Ortega, cumplió las exigencias legales que le permitieron conceptuar favorablemente al mecanismo de cooperación internacional.

En cuanto al argumento según el cual el Gobierno nacional conserva la competencia para negar la extradición y, por tanto, le corresponde valorar las consecuencias de la entrega de la ciudadana requerida, teniendo en cuenta que ya cumplió una sanción impuesta por la Jurisdicción Especial Indígena, y que dicha circunstancia evidenciaría una insuficiente motivación para conceder la extradición, resulta pertinente precisar que el artículo 503 del Código de Procedimiento Penal faculta al Gobierno nacional para conceder o negar la extradición cuando advierta que los intereses nacionales deben prevalecer sobre los internacionales. Una vez la Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable a la solicitud de extradición, el Gobierno nacional, en. ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, queda en libertad.de concederla o negarla, atendiendo a las conveniencias e intereses nacionales que estime pertinentes.

Dicha conclusión se emitió luego de que el alto tribunal examinara la documentación de la solicitud de extradición, la validez formal de la misma, la acreditación de la plena identidad de la persona reclamada, el principio de la doble incriminación, la prohibición de doble juzgamiento y la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero.

En cuanto, a lo señalado por el recurrente frente a la condena emitida por la jurisdicción indígena en contra de la ciudadana requerida, debe indicarse que la Corte Suprema de Justicia, dentro del concepto favorable emitido dentro del presente trámite concluyó:

“(...)

Frente a los motivos de conveniencia nacional y la falta de motivación de la resolución ejecutiva recurrida alegada por el defensor, resulta importante resaltar que en la decisión recurrida se describe en forma clara y detallada toda la actuación que tuvo en cuenta el Gobierno nacional para sustentar su decisión, razones fácticas y jurídicas, haciendo referencia a la solicitud del Estado requirente, a los cargos que la motivaron, a la identidad de la ciudadana requerida, a la normatividad aplicable al caso y. al perfeccionamiento del expediente, encontrándose, por ende, debidamente motivada la decisión.

16. El Cabildo Indígena La Montaña informó que JANETH MARGOTH YELA OR- TEGA fue sancionada por los mismos hechos del pedido internacional. Además, aclaró que su sistema de justicia ancestral se rige por la oralidad y, por ese motivo, no existe una sentencia escrita que dé cuenta del proceso sancionatorio.
Sin embargo, aportó el acta de la sanción.

En torno a este punto, el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia es requisito habilitante para que el Gobierno nacional decida en uso de la facultad otorgada en la ley si concede o niega la extradición. Las manifestaciones que relacionó el Gobierno nacional en la resolución recurrida constituyen en sí mismas la motivación del acto, lo que le permitió ejercer la facultad para adoptar su decisión.

Ahora, en presencia de los presupuestos y requisitos exigidos para la concesión de la extradición, el Gobierno nacional puede optar, de manera potestativa por negarla o concederla, sin que ello comporte vulneración alguna de los derechos fundamentales de la persona requerida.

17. En la escasa información contenida en el acta, se indica que JANETH MAR- GOTH YELA ORTEGA fue juzgada por hechos que ocurrieron entre los años 2019 y 2024, los cuales consistieron en la “colaboración en actividades de coci- na, en calidad de empleada del señor Richard armando (sic) reyes (sic) escobar (sic)” y “participar en labores de cocina en servicio a persona narcotraficante durante un lapso de tiempo de cinco años de forma esporádica”. La sanción consistió en trabajo comunitario de “labores de peluquería”.

Conforme a lo anterior no tiene razón el recurrente frente a este argumento, toda vez que la decisión del Gobierno nacional, como se explicó anteriormente es eminentemente discrecional, incluso pudiendo negar la extradición, a pesar de contar con un concepto favorable por parte de la Corte Suprema de Justicia.

18. Por su parte, de acuerdo con Acusación Formal estadounidense, el proceso pe- nal extranjero se sigue por posibles hechos de narcotráfico ocurridos entre el mes de mayo de 2020 y el 22 de mayo de 2024 (Supra párr. 10.6). Según la de- claración jurada en apoyo de la solicitud de extradición de MATT MCKNIGHT, JANETH MARGOTH YELA ORTEGA y su hermana SANDRA YELA ORTEGA “ayudaban a Reyes Escobar manejando la logística de la operación” específica- mente en el abastecimiento de alimentos para aprovisionar el laboratorio donde se producía la cocaína.

Frente a la solicitud de reconsiderar la decisión de no diferir·la entrega, debido a que no existen razones para postergar su comparecencia ante las autoridades nacionales, debe advertirse que la determinación sobre el momento en que debe hacerse efectiva la entrega al Estado requirente corresponde de manera exclusiva al Gobierno nacional, en ejercicio de la facultad discrecional prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, disposición que establece:

“Artículo 504. ENTREGA DIFERIDA. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso (…)”.

19. Como puede verse, la diferencia entre la sanción indígena y la acusación es- tadounidense no solo se establece a partir de la imprecisión en la fecha de los hechos, sino también porque el fundamento fáctico de la decisión indígena es la participación de JANETH MARGOTH YELA ORTEGA en hechos de tráfico de drogas con ocasión de una relación laboral con el narcotraficante. En cambio, la acusación extranjera señala a JANETH MARGOTH YELA ORTEGA directa- mente de asociarse de manera deliberada con otras personas con el propósito de traficar sustancias prohibidas hacia los Estados Unidos de América.

La esencia de una decisión facultativa deja a la administración en libertad de adoptar una u otra decisión sin que le sea exigible consignar de manera expresa las razones que la llevaron a tomar esa determinación y sin que conlleve vulneración de derechos fundamentales, pues precisamente la facultad que se otorga al Gobierno nacional le da la oportunidad de escoger, entre varias posibilidades ajustadas a la ley, la que atienda a los intereses de la Nación.

20. La Sala concluye que, contrario a lo que sostuvo la defensa en los alegatos de conclusión, no existe identidad fáctica entre la causa indígena y el proceso penal extranjero que originó la solicitud de extradición. En consecuencia, no se con- figura el presupuesto de la cosa juzgada y, la garantía del non bis in ídem de la requerida no se ve afectada por la decisión adoptada por el cabildo indígena La Montaña.

Como se puede observar, diferir la entrega no es un derecho de la persona reclamada en extradición, pues se trata de una decisión eminentemente facultativa del Gobierno nacional, que se adopta con fundamento y razón en la normatividad procesal penal citada, atendiendo a las conveniencias nacionales.

En ejercicio de dicha facultad, el Gobierno nacional considera que, en el caso concreto, no resulta procedente diferir o aplazar la entrega de la ciudadana requerida.

21. Por lo expuesto, la Sala pudo establecer que no existe una sentencia ejecutoria- da en la jurisdicción ordinaria que inhiba la entrega de la requerida y, que la sanción indígena no tiene identidad fáctica con la solicitud de extradición, Por estas razones, la prohibición del doble juzgamiento no se opone al requerimiento internacional (…).

Como puede observarse la Corte Suprema de Justicia concluyó que el principio non bis in idem no fue vulnerado, toda vez que dentro de la sanción indígena no existe identidad fáctica con el proceso penal adelantado en los Estados Unidos de América.

En lo que respecta a los dos procesos judiciales que se encuentran activos en Colombia contra la ciudadana requerida, debe señalarse que su eventual extradición no impediría su comparecencia a las actuaciones judiciales que se adelanten en el país, toda vez que esta podría realizarse por medios virtuales, de conformidad con los mecanismos de cooperación judicial internacional aplicables.

Ni la Corte Suprema de Justicia ni el Gobierno nacional desconocen las decisiones adoptadas por la Jurisdicción Especial Indígena. En el presente caso, el alto tribunal precisó que la decisión proferida por dicha jurisdicción respecto de la ciudadana requerida no constituye un impedimento para conceder la extradición, toda vez que existen diferencias entre los hechos objeto de aquella decisión y los contenidos en la acusación formulada por 1 Corte Constitucional. Sentencia C-819 de 2005, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. 2 Extradición número 70442. CUI 11001020400020250233100. M.P. Myriam Ávila Roldán.

En este sentido, la Ley 636 de 2001, mediante la cual se aprobó la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, constituye un instrumento de cooperación que permite gestionar la práctica de determinadas actuaciones procesales entre los Estados parte. En consecuencia, dichos mecanismos podrían facilitar la comparecencia virtual de la ciudadana colombiana Janeth Margoth Vela Ortega a las diligencias que soliciten las autoridades judiciales colombianas, siempre que se cumplan los requisitos legales y procedimentales correspondientes.

29 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Por último, en lo atinente a los condicionamientos establecidos dentro del concepto emitido por la Corte Suprema de Justica dentro del presente trámite, es importante precisar que dichos condicionamientos quedaron establecidos dentro del considerando quinto de la resolución recurrida.

No obstante, imponer tal exigencia de forma expresa desde el Estado requerido constituye un requerimiento no previsto dentro de los condicionamientos que exige la legislación nacional para que se entiendan garantizados los derechos fundamentales de la ciudadana extraditada, además de que dicha imposición involucraría necesariamente una intromisión en el sistema migratorio y penitenciario del país requirente, en el cual no cabe ninguna injerencia del Estado colombiano.

El Gobierno, nacional incorporó en la parte resolutiva del acto administrativo recurrido los condicionamientos que, por mandato legal3, deben observarse en el trámite de extradición. En ese sentido, la resolución impugnada estableció expresamente la obligación de requerir al Estado solicitante el compromiso de cumplir las garantías allí previstas.

Frente a las solicitudes probatorias realizadas por el recurrente, el Gobierno nacional considera que estas no son pertinentes, bajo el entendido que los documentos que solicita valorar y tener como prueba ya se encuentran incorporados al expediente y fueron debidamente valorados por la Corte Suprema de Justicia en su concepto favorable emitido dentro del presente trámite.

En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación deberá abstenerse de hacer efectiva la entrega de la ciudadana requerida mientras no se verifique el cumplimiento de las condiciones y garantías establecidas por el Gobierno nacional.

En lo atinente a la acción de tutela instaurada por la ciudadana requerida, debe indicarse que en primera instancia esta fue declarada improcedente, y dicho fallo se encuentra incluido dentro del expediente de extradición.

Dichos compromisos quedarán dentro del expediente de extradición adelantado contra la ciudadana Yela Ortega.

A la fecha de la emisión de la presente resolución, no se ha proferido fallo de segunda instancia.

Debe precisarse que los países a los cuales el Gobierno nacional concede la extradición, tanto de ciudadanos colombianos como de extranjeros, bien sea en aplicación de tratados internacionales o del ordenamiento procesal colombiano, cuentan con normas, procedimientos y autoridades judiciales respetuosas y garantistas de los derechos procesales de todo enjuiciado. Sobre ello, la Corte Constitucional ha señalado:

En cuanto a la solicitud de información actualizada a la Fiscalía Séptima DECN sobre los procesos que adelanta contra la ciudadana requerida, se considera que dicha petición no resulta necesaria, en la medida en que la información correspondiente puede ser consultada, en primera instancia, en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, la actualización de dicha información no modificaría, por sí misma, la decisión adoptada por el Gobierno nacional en materia de extradición y entrega, toda vez que, como se expuso anteriormente, dicha determinación corresponde al ejercicio de una facultad discrecional.

Se debe reiterar que la extradición no impide que la ciudadana requerida, comparezca a dichos procesos, si las autoridades lo consideran pertinente, de manera virtual.

“(...) La extradición (...) se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el Estado requiriente (sic), cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requiriente (sic) podrá la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso (...) 45”. (negrilla fuera de texto).

Es importante señalar que, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció sobre los aspectos que motivan las inconformidades del recurrente, los cuales fueron presentados en sede de alegatos de conclusión.

Como puede advertirse, no solo en la aplicación del mecanismo de extradición están garantizados los derechos fundamentales de la ciudadana requerida, sino que en el Estado que la reclama, en donde va a ser juzgada, también le serán respetados sus derechos fundamentales con plena observancia de las garantías de un debido proceso, acorde con las normas penales del país requirente.

Resulta entonces necesario advertir a la parte recurrente que el recurso de reposición contra la resolución del Gobierno nacional que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por las personas requeridas o sus abogados defensores como un instrumento para desconocer el concepto emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno nacional en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta Corporación Judicial.

Es importante reiterar que la ciudadana requerida no pierde sus derechos y garantías fundamentales por su situación de extradición, por lo cual, tiene a su disposición la asistencia consular para hacerlos valer. Dicha asistencia se formaliza a través de las solicitudes que ella considere apropiadas, las cuales deben ser atendidas por los Consulados en cumplimiento de sus funciones de apoyo a connacionales detenidos en el extranjero, tal como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 196354 Así las cosas, la extradición de la ciudadana requerida se tramitó con plena observancia del debido proceso y en cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y convencionales aplicables. Por tanto, no se configuran las irregularidades invocadas en el recurso de reposición, motivo por el cual los argumentos del recurrente carecen de fundamento y no tienen vocación de prosperidad.

En consecuencia, el Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 374 del 8 de septiembre de 2026, mediante la cual se concedió la extradición de la ciudadana colombiana Janeth Margoth Yela Ortega.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Resulta oportuno indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, hace un efectivo seguimiento al cumplimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Presidencial número 07 de 2005, cuyo propósito es precisamente “Implementar las actuaciones que deben seguir las diferentes entidades gubernamentales que intervienen en el trámite de extradición, con el objeto de hacer un efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos”.

En ese sentido, en el acto administrativo impugnado se dispuso el envío de copia de la Resolución Ejecutiva al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines indicados en la Directiva Presidencial y lo señalado respecto del tema por la Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Artículo 1°.

Confirmar la Resolución Ejecutiva número 374 del 8 de septiembre de 2026, por medio de la cual se concedió a los Estados Unidos de América, la extradición de la ciudadana colombiana Janeth Margoth Vela Ortega, identificada con la cédula de ciudadanía número 59395489, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°.

Notificar la presente decisión a la ciudadana requerida o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando en firme la Resolución Ejecutiva número 374 del 8 de septiembre de 2026.

A través de estos mecanismos, el Gobierno nacional garantiza y protege los derechos humanos de sus connacionales que son entregados para ser juzgados en el exterior, pues se reitera, el propósito de la Directiva Presidencial número 07 del 3 de noviembre de 2005, es precisamente hacer un efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos.

Como puede observarse la ciudadana requerido goza de todas las garantías fundamentales dentro del país requirente.

Artículo 3°.

Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía Séptima (7) adscrita a la Dirección Especializada contra Narcotráfico de Bogotá, al Resguardo Indígena “La Montaña del Pueblo de los Pastos” y a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4° La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Por último, en cuanto a que se ofrezcan posibilidades reales para tener contacto con sus familiares, es pertinente señalar que la ciudadana requerida tiene derecho a mantener comunicación con sus familiares, derecho que el Estado requirente debe garantizar de acuerdo con sus políticas internas, además de ofrecer posibilidades razonables para que dicha comunicación se realice de manera periódica y en condiciones dignas.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales ante las cuales cursan procesos en contra de la ciudadana requerida y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C. a 12 de noviembre de 2026 ABELARDO DE LA ESPRIELLA El Ministro de Justicia y del Derecho, 3 Artículo 494 de la Ley 906 de 2004 4 Corte Constitucional. Sentencia SU 110 del 20 de febrero de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 5 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares - Artículo 5°. FUNCIONES CONSULARES. Las funciones consulares consistirán en: (...) e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas: (...) i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente(...).

Iván Alfonso Canción González.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 30 DIARIO OFICIAL Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Resoluciones Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el Concepto 2559 del 18 de marzo de 2026, radicación 11001-03-06-000-2025-00518-00, distinguió la derogación de los actos generales del juicio sobre su validez y precisó sus efectos hacia el futuro. Esta orientación consultiva respalda la necesidad de preservar las situaciones jurídicas consolidadas y delimitar los efectos temporales de la modificación, sin constituir un pronunciamiento específico sobre el Fondo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 000418 DE 2026

(noviembre 13) por la cual se modifica el artículo 30 de la Resolución número 000248 de 2026, en relación con el régimen de transición del Fondo de Fomento Agropecuario.

Que la transición propuesta permite recibir iniciativas hasta el 31 de diciembre de 2026 y mantener para ellas las condiciones, requisitos, instancias y procedimientos de las Resoluciones números 000007 y 000135 de 2021 y del Manual Operativo versión 2.0 del 29 de diciembre de 2021, hasta su decisión y, si son aprobadas durante la formalización, ejecución, supervisión, seguimiento y liquidación. Desde el 1º de enero de 2027, las iniciativas nuevas se sujetarán al régimen de la Resolución número 000248 de 2026 y a las convocatorias que se abran en su desarrollo.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 208 de la Constitución Política; los artículos 58, 59, numeral 3, y 61, literal a), de la Ley 489 de 1998; el artículo 6º, numeral 21, del Decreto número 1985 de 2013; y los artículos 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.5 y 2.1.4.1.11 del Decreto número 1071 de 2015, y Que la continuidad en el trámite de las iniciativas debe facilitar la gestión oportuna de los recursos, sin que la transición sustituya las exigencias de disponibilidad y registro presupuestal del artículo 71 del mismo estatuto ni autorice compromisos con cargo a apropiaciones expiradas.

CONSIDERANDO:

Que los artículos 13, 64 y 65 de la Constitución Política amparan la igualdad material, reconocen al campesinado como sujeto de especial protección y garantizan el derecho humano a la alimentación adecuada, con enfoque intercultural y territorial, así como la especial protección de la producción y el acceso a los alimentos.

Que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), mediante comunicado del 8 de octubre de 2026, confirmó la presencia del fenómeno de El Niño y advirtió la posibilidad de precipitaciones inferiores a las esperadas y de una intensidad fuerte a muy fuerte, con una probabilidad del 83 %, al menos hasta marzo de 2027. Este escenario exige fortalecer la preparación frente al riesgo de desabastecimiento de agua y de afectación de las actividades productivas rurales.

Que, de acuerdo con los artículos 121, 208 y 209 de la Constitución Política, las competencias administrativas deben ejercerse dentro de los límites del ordenamiento y con sujeción a los principios de igualdad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad.

Que los artículos 14 y 89 del Decreto número 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto, establecen la anualidad presupuestal y la expiración de las apropiaciones al cierre de la vigencia.

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la Circular 028 del 16 de abril de 2026, formuló recomendaciones para preparar al sector agropecuario frente a la disminución de la oferta hídrica, entre ellas el uso eficiente del riego, su mantenimiento y la cosecha de agua. El artículo 2.1.4.1.6, numeral 10, del Decreto número 1071 de 2015 permite la cofinanciación de proyectos productivos dirigidos a beneficiarios afectados por fenómenos naturales, conforme al objeto y a los requisitos del Fondo. Por ello, resulta necesario contar con un mecanismo operativo que permita valorar oportunamente las iniciativas que correspondan a ese ámbito.

Que los artículos 2.1.4.1.1 y 2.1.4.1.2 del Decreto número 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, regulan la naturaleza, administración y objeto del Fondo de Fomento Agropecuario, y su artículo 2.1.4.1.11-atribuye al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la determinación, mediante el Manual Operativo, de las condiciones generales del ciclo de proyectos y de los requisitos para acceder a su cofinanciación.

Que, por tratarse de una modificación dentro siguiente a la expedición de la Resolución número 000248 de 2026, la memoria Justificativa desarrolla las razones del cambio y sus efectos sobre la seguridad jurídica, conforme al parágrafo 2º del artículo 2.1.2.3.3 del Decreto número 1081 de 2015, sustituido por el Decreto número 385 de 2026. La fecha límite de radicación, la continuidad del régimen aplicable a cada expediente y el registro de las iniciativas permiten dar certeza a los proponentes y a las dependencias responsables durante la transición.

Que los artículos 2.1.4.1.5 a 2.1.4.1.10 del Decreto número 1071 de 2015, con las modificaciones incorporadas por el Decreto número 1701 de 2020, establecen las reglas sobre distribución de recursos, proyectos objeto de apoyo beneficiarios, entidades proponentes, gastos no cofinanciables y contrapartida, que constituyen el marco superior de la regulación ministerial.

Que el artículo 2.1.2.4.15, numeral 6, del Decreto número 1081 de 2015, en el texto sustituido por el Decreto número 385 de 2026, exige que las disposiciones transitorias identifiquen con claridad las fechas y los supuestos de aplicación residual de la normativa anterior. La modificación se limita al artículo 30 de la Resolución número 000248 de 2026, conserva el diseño de su régimen y establece reglas expresas para las iniciativas en transición y las presentadas en convocatoria.

Que mediante la Resolución número 000248 del 29 de julio de 2026, por la cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario, se adopta su Manual Operativo y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial número 53.569 del 30 de julio de 2026, se estableció un nuevo régimen de funcionamiento del Fondo y se adoptó su Manual Operativo. Sus artículos 12 a 14 prevén la recepción de iniciativas mediante convocatorias y términos de referencia, en el marco de la distribución anual de recursos.

Que el artículo 2.1.2.5.1.4., numeral 2, ibidem, establece que los proyectos específicos de regulación a cargo de entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que no requieran la firma del presidente de la república serán publicados en Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) por el término mínimo de 15 días calendario. Excepcionalmente, la publicación podrá hacerse por un plazo inferior, siempre que la entidad que lidera el proyecto lo justifique de manera adecuada.

Que el artículo 30 de la referida resolución, reservó la aplicación del régimen anterior a los proyectos que, al entrar en vigor, contaban con concepto técnico favorable del Comité Técnico y estaban pendientes de decisión del Comité de Administración Para las etapas anteriores dispuso el ajuste al nuevo régimen y, cuando correspondiera, una nueva presentación en convocatoria. Su artículo 31 derogó las Resoluciones números 000007 del 13 de enero de 2021 y 000135 del 24 de mayo de 2021.

Que, de conformidad con lo anterior, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó, de manera motivada, la publicación mínima del presente acto administrativo, mediante memorando 2026-440- 009128-3 del 22 de octubre de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º.

Objeto. Modificar el artículo 30 de la Resolución número 000248 de 2026, el cual quedará así:

Que el tiempo restante de la vigencia 2026 y las etapas necesarias para abrir una convocatoria, recibir postulaciones, evaluar, aprobar y suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes dificultan completar ese ciclo oportunamente: “Á ello se suma que distintos proponentes adelantaron la estructuración de sus iniciativas conforme al Manual Operativo versión 2.0 del 29 de diciembre de 2021, con actividades técnicas, presupuestales y de gestión de permisos y contrapartidas cuya reformulación afectaría su presentación durante la vigencia en curso.

“Artículo 30. Régimen de transición. Para la operación del Fondo de Fomento Agropecuario se aplicarán las siguientes reglas de transición:

Que, según el diagnóstico de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales consignado en la memoria justificativa, a la fecha de su elaboración no se habían expedido los términos de referencia ni abierto la convocatoria para la vigencia 2026. En consecuencia, las iniciativas no comprendidas en la transición carecen de una vía operativa de presentación y evaluación, cuya habilitación requiere actuaciones posteriores a la expedición de la Resolución número 000248 de 2026.

1. Iniciativas comprendidas en la transición. Las iniciativas que se encuentren en trámite al entrar en vigencia la modificación de este artículo, así como las que se radiquen desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2026, se sujetarán a las condiciones, requisitos, instancias y procedimientos de la Resolución número 000007 del 13 de enero de 2021, con las modificaciones de la Resolución número 000135 del 24 de mayo de 2021, y del Manual Operativo versión 2.0 del 29 de diciembre de 2021. Esta regla se aplicará hasta la aprobación o el rechazo de la iniciativa y, cuando corresponda, la suscripción del instrumento jurídico para su cofinanciación, aun cuando tales actuaciones se adelanten después del 31 de diciembre de 2026, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 4 de este artículo.

2. Proyectos con concepto técnico favorable. Se mantiene la aplicación del régi- men señalado en el numeral anterior a los proyectos que, a la entrada en vigencia

Que la Sentencia C-763 de 2002 de la Corte Constitucional, al analizar la aplicación de la ley en el tiempo, reconoció la posibilidad de conservar efectos de disposiciones derogadas para hipótesis expresamente delimitadas. En este caso, la aplicación residual se dispone expresamente en ejercicio de la competencia del Ministerio para regular la operación del Fondo; mantiene la derogatoria y no comporta el restablecimiento de la vigencia general de las normas anteriores ni se funda en la reviviscencia automática a la que se refiere el artículo 14 de la Ley 153 de 1887.

31 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL la capacidad operativa de instituciones prestadoras de servicios de salud, así como las condiciones para la continuidad de la atención en los territorios afectados. de la Resolución número 000248 de 2026 contaban con concepto técnico favorable del Comité Técnico y se encontraban pendientes de decisión del Comité de Administración.

3. Proyectos aprobados. Los proyectos aprobados conforme al régimen de 2021, antes o durante la transición, continuarán su formalización, ejecución, supervi- sión, interventoría cuando corresponda, seguimiento y liquidación con arreglo a las disposiciones bajo las cuales fueron aprobados, sin perjuicio de la normativa legal y reglamentaria aplicable. La terminación del plazo de radicación previsto en el numeral 1 no altera esta continuidad.

Que el artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026 facultó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para administrar y ejecutar los recursos que, con cargo a cualquier fuente, se destinen al sector salud para atender la emergencia declarada mediante el Decreto número 1261 de 2026; asimismo, en su numeral 2 autorizó destinar hasta por el término de doce (12) meses, los recursos por ella administrados y que hacen unidad de caja, a los mecanismos de compra de cartera y de compensación de tasa de interés sobre líneas de crédito blandas, sin que resulte aplicable la restricción prevista en el segundo literal j) del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, en los términos establecidos por el citado decreto legislativo, previendo igualmente que dichos mecanismos podrán financiarse también con los recursos destinados a la atención de la emergencia a que se refiere su numeral 1.

4. Iniciativas nuevas desde el 1º de enero de 2027. A partir de esa fecha, toda ini- ciativa nueva se presentará y tramitará conforme a la Resolución número 000248 de 2026, su Manual Operativo y las convocatorias que el Ministerio abra en su desarrollo, sin perjuicio de la continuidad de las iniciativas y proyectos compren- didos en los numerales 1, 2 y 3 de este artículo.

Parágrafo. La radicación dentro del plazo previsto en este artículo determina el régimen
de trámite y no genera por sí sola un derecho a la cofinanciación ni reserva de recursos. La aprobación y la suscripción de los instrumentos jurídicos correspondientes se sujetarán al cumplimiento de los requisitos aplicables y al régimen presupuestal de cada vigencia fiscal”.

Que, de conformidad con el parágrafo 3° del citado artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026, los recursos destinados específicamente a la emergencia conservarán su destinación, se manejarán en contabilidad separada y no harán unidad de caja con los demás recursos administrados por la ADRES. Así mismo, los recursos que hacen unidad de caja aplicados a las medidas del numeral 2 se registrarán de manera separada para su seguimiento y reintegro, y respecto de ellos no procederán compensaciones automáticas, en los términos del citado parágrafo.

Artículo 2º.

Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

13 de noviembre de 2026.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero.

Que, de acuerdo con lo señalado en los considerandos del Decreto Legislativo 1415 de 2026, la habilitación legal de estos mecanismos no acredita por sí misma la suficiencia de los recursos disponibles para su implementación, por lo que la determinación de los montos y condiciones de aplicación deberá sustentarse en la evaluación de la disponibilidad presupuestal, el flujo de caja, los compromisos a cargo de la ADRES y las necesidades de financiación, reconocimiento y pago del aseguramiento en salud, con el fin de establecer su viabilidad financiera y preservar la continuidad de esas obligaciones.

(C. F.).

Ministerio de Salud y

Protección Social Resoluciones Que, en relación con el mecanismo de compra de cartera, previsto en el numeral 2 del artículo 6° del mencionado decreto, estableció que, podrán ser beneficiarias las entidades promotoras de salud con cartera a favor de los prestadores de servicios de salud que sufrieron afectaciones con ocasión del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, así como aquellos que hayan atendido a la población afectada por el sismo, incluida la cartera con las instituciones prestadoras de servicios de salud que recibieron a los afiliados que, al momento de la ocurrencia del sismo, se encontraban internados en una institución prestadora de servicios de salud que resultó afectada y que, como consecuencia de dicha afectación, debieron ser remitidos para garantizar la continuidad de su atención.

RESOLUCIÓN NÚMERO 002616 DE 2026

(noviembre 13) por la cual se establecen las condiciones para la operación de compra de cartera, en el marco de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026.

Que, en el mismo sentido, el parágrafo 1 del artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026 asigna al Ministerio de Salud y Protección Social la definición de las condiciones necesarias para implementar la destinación temporal de recursos prevista en el numeral 2 de dicho artículo, sujeta a la disponibilidad presupuestal, mientras que su parágrafo 2° atribuye a la ADRES la definición de las condiciones operativas correspondientes.

La Ministra de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial, de las conferidas en el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el artículo 2.5.2.2.2.10 del Decreto número 780 de 2016, los numerales 31 y 32 del artículo 2° del Decreto número 120 de 2026, el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026, y en desarrollo de lo establecido en el parágrafo del artículo 9° de la Ley 1608 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución número 4524 de 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social conformó el Comité Asesor para Compra de Cartera, integrado por el Viceministro de Protección Social, quien lo preside; el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios hoy de Salud Pública y Atención Primaria; el Director de Financiamiento Sectorial; el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales; y el Director de Prestación de Servicios hoy, de Atención Primaria en Salud, de conformidad con la estructura adoptada mediante el Decreto 120 de 2026, instancia a la cual se le asignó, entre otras funciones, la de recomendar la realización o no de las operaciones de compra de cartera.

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo e irrenunciable y establece que su garantía comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, bajo la dirección, regulación, coordinación y vigilancia del Estado.

Que el artículo 9° de la Ley 1608 de 2013 contempla la utilización de recursos de la salud para la compra de cartera reconocida de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) frente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y dispone que el Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará el procedimiento para implementar dicho mecanismo; a su vez, el artículo 2.5.2.2.2.10 del Decreto número 780 de 2016 faculta a este Ministerio para definir los términos, objeto, condiciones, plazos, tasas, garantías y períodos de gracia para la realización de las operaciones de compra de cartera.

Que el artículo 314 de la Ley 2294 de 2023 dispone que, a partir del 1° de enero del 2027, las referencias a la tasa de interés de Depósitos a Término Fijo (DTF) contenidas en las leyes, decretos y demás actos administrativos se entenderán efectuadas al Indicador Bancario de Referencia (IBR) a tres (3) meses, expresado en términos efectivos anuales, en el marco de la sustitución de dicho indicador; en este contexto, y teniendo en cuenta que el mecanismo de compra de cartera regulado a través de la presente resolución establece condiciones específicas para las operaciones, cuyo plazo es de doce (12) meses, se adopta el Indicador Bancario de Referencia (IBR) como parámetro para la determinación de la tasa de interés aplicable, tomando como referencia el indicador correspondiente a dicho plazo, expresado en términos efectivos anuales, en atención a la naturaleza y duración de las operaciones.

Que el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 establece el marco de administración y destinación de los recursos a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), e incluye, en los términos allí previstos, la compra de cartera conforme al artículo 9° de la Ley 1608 de 2013.

Que, en desarrollo de la facultad reglamentaria conferida por el artículo 68 ibidem, el Gobierno nacional mediante el Decreto número 1681 de 2015, compilado en la Sección 2 del Capítulo 2 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016, artículos 2.5.2.2.2.1. al 2.5.2.2.2.11, estableció las condiciones aplicables a las operaciones que pueden realizarse con cargo a los recursos que administra la ADRES.

Que, la focalización y priorización de las solicitudes debe sustentarse en criterios verificables, fuentes de información oficiales y soportes que permitan comprobar las condiciones de elegibilidad, la existencia y antigüedad de la cartera, la ausencia de doble financiación y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos. Asimismo, resulta necesario prever límites por IPS y EPS, así como mecanismos de evaluación de la capacidad de pago y recuperación de los recursos, con el fin de favorecer la trazabilidad, el uso adecuado de los recursos públicos y la sostenibilidad de la operación.

Que, mediante el Decreto número 1261 de 2026, modificado por el Decreto número 1348 de 2026, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional, con ocasión del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, cuyas consecuencias afectaron, entre otros, la infraestructura y Que, la compra de cartera constituye un mecanismo para generar liquidez a favor de las IPS mediante el pago de obligaciones reconocidas y conciliadas, sin extinguir la obligación de reembolso a cargo de las EPS frente a la ADRES.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 32 DIARIO OFICIAL Que, en dicho contexto, resulta necesario establecer los términos, criterios, condiciones y plazos para la compra excepcional de cartera a las EPS, buscando irrigar recursos a la red prestadora de servicios. c) Haber recibido afiliados que, al momento de ocurrencia del sismo, se encontraban internados en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud afectadas y que debieron ser remitidos como consecuencia de dicha afectación, con el fin de garantizar la continuidad de su atención.

Artículo 5°.

Verificación de las condiciones de elegibilidad. La ADRES verificará el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo anterior, teniendo en cuenta las siguientes fuentes de información:

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.5.1.4 del Decreto número 1081 de 2015, sustituido por el Decreto número 385 de 2026, y los artículos 12 y 13 de la Resolución número 1625 de 2026, el proyecto de resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social entre el 22 de octubre y el 28 de octubre de 2026, para comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés.

Que, en los términos del artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 y del Capítulo 30 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, se diligenció el cuestionario de evaluación de la incidencia sobre la libre competencia y no se requirió concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio. a) Para las afectaciones en infraestructura o capacidad de prestación de servicios de salud: la Dirección de Infraestructura y Dotación del Ministerio de Salud y Protección Social, suministrará a la ADRES la información consolidada de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud afectadas con base en los reportes de las entidades territoriales y en las evaluaciones efectuadas mediante la ficha ERES (Evaluación Rápida después de un Desastre para establecimientos de salud).

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Así mismo, para el caso de los demás prestadores de servicios de salud inscritos en el REPS y que hayan sufrido afectaciones, se deberá presentar, por parte de la EPS a la ADRES, la certificación que acredite las afectaciones expedidas por el representante legal de la respectiva Entidad Territorial comprendida en el ámbito territorial de la emergencia declarada mediante el Decreto número 1261 de 2026, modificado por el Decreto número 1348 de 2026.

Artículo 1°.

Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las condiciones para la compra de cartera reconocida a los Prestadores de Servicios de Salud, con cargo a los recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y su posterior pago por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026.

Artículo 2°.

Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución aplican a:

b) Para la atención de población afectada: la información del Registro Único de Damnificados (RUD), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), junto con los soportes asistenciales y de facturación correspondientes que se validarán con FEV-RIPS. La información del RUD será gestionada y entregada por la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social a la ADRES.

1. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con cartera a favor de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), que:

a) Sufrieron afectaciones con ocasión del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. c) Para las remisiones de pacientes: los soportes que acrediten que los pacientes se encontraban internados en la institución de origen al momento de ocurrencia del sismo, que debieron ser remitidos como consecuencia de la afectación de dicha institución por ese evento y que fueron recibidos por la institución destinataria para garantizar la continuidad de su atención; la acreditación de esta condición deberá ser certificada por el representante legal de la EPS. b) Hayan atendido a la población afectada por el sismo, incluida la cartera con los Prestadores de Servicios de Salud que recibieron a los afiliados que, al momento de la ocurrencia del sismo, se encontraban internados en una institución prestadora de servicios de salud que resultó afectada y que, como consecuencia de dicha afectación, debieron ser remitidos para garantizar la continuidad de su atención.

2. Los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) detallados en los literales a y b del numeral anterior.

Para efectos de la verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en el presente artículo, la ADRES tomará como referencia la información disponible en las fuentes definidas para tal efecto, consolidará la información con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de radicación de la solicitud de compra de cartera por parte de la EPS.

3. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

4. La Superintendencia Nacional de Salud.

Parágrafo. La ubicación de los Prestadores de Servicios de Salud en un municipio o
departamento comprendido en el ámbito territorial de la emergencia declarada mediante el Decreto número 1261 de 2026, modificado por el Decreto número 1348 de 2026, no acreditará, por sí sola, el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad previstas en el presente artículo.

Artículo 6°.

Condiciones financieras y de la cartera objeto de compra. Las operaciones de compra de cartera deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Parágrafo. No podrán acogerse a las disposiciones de la presente resolución las
Entidades Promotoras de Salud (EPS) de ambos regímenes que, al momento de presentar la solicitud de compra de cartera, se encuentren incursas en medida administrativa de intervención forzosa para liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud o en liquidación voluntaria.

La Superintendencia Nacional de Salud suministrará a la ADRES la información que resulte necesaria para verificar las condiciones señaladas en el presente parágrafo.

1. Disponibilidad de recursos. Las operaciones estarán sujetas a la disponibilidad de recursos en el presupuesto de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), de conformidad con el monto determinado por el Ministerio de Salud y Protección Social para la operación de compra de cartera.

Artículo 3°.

Apertura de las operaciones de compra de cartera. El Ministerio de Salud y Protección Social determinará la viabilidad, el monto de los recursos disponibles y la fecha de apertura de las operaciones de compra de cartera, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos presentada por la ADRES y la proyección del cierre del aseguramiento en salud de la vigencia, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026.

2. Límite por Prestadores de Servicios de Salud. El valor máximo a aprobar por Prestador de Servicios de Salud no podrá superar el diez por ciento (10%) del monto total de recursos determinado por el Ministerio de Salud y Protección Social para la operación de compra de cartera. El valor mínimo de cada solicitud no podrá ser inferior a veinte millones de pesos ($20.000.000).

3. Límite por EPS según los reconocimientos por UPC. El valor acumulado de las operaciones de compra de cartera originadas en obligaciones de una misma EPS no podrá superar el equivalente al diez por ciento (10%) del valor anual estimado de los reconocimientos por UPC para el Régimen Contributivo y al ocho por ciento (8%) para el Régimen Subsidiado.

Las operaciones de compra de cartera podrán financiarse con los recursos administrados por la ADRES que hacen unidad de caja, dentro del término previsto en el numeral 2 del artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026, y con los recursos destinados a la atención de la emergencia de que trata el numeral 1 del mismo artículo. Estos últimos conservarán su destinación, se manejarán en contabilidad separada y no harán unidad de caja con los demás recursos administrados por la ADRES. En el acto de apertura, el Ministerio de Salud y Protección Social indicará el monto que corresponda a cada fuente.

Para determinar dicho valor anual, se tomará el promedio mensual de los recursos reconocidos por UPC durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, multiplicado por doce (12).

La ADRES establecerá y publicará en su página web el cronograma para la presentación, evaluación y aprobación de las solicitudes de compra de cartera, de conformidad con las condiciones previstas en la presente resolución.

En caso de las EPS que operan simultáneamente en los Regímenes Contributivo y Subsidiado, el límite previsto en el numeral 3 se calculará y se aplicará de manera independiente para cada Régimen, con base en los recursos reconocidos por UPC correspondientes a cada uno de ellos.

Artículo 4°.

Condiciones de elegibilidad. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes Contributivo y Subsidiado podrán presentar solicitudes de compra de cartera ante la ADRES respecto de las obligaciones a su cargo y a favor de los Prestadores de Servicios de Salud a que alude el numeral 2 del artículo 2° de la presente resolución, siempre que respecto de estos la ADRES pueda verificar el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones:

4. Límite de concentración por EPS. El valor total de las operaciones de compra de cartera originadas en obligaciones de una misma EPS no podrá superar el veinte por ciento (20%) del monto total de recursos determinado por el Ministerio de Salud y Protección Social para la operación de compra de cartera.

a) Haber sufrido afectaciones en su infraestructura o capacidad de prestación de servicios de salud como consecuencia del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. b) Haber prestado servicios de salud a población afectada por el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026.

5. Cartera reconocida y conciliada. La cartera objeto de compra deberá encontrarse debidamente reconocida y conciliada entre el prestador de servicios de salud y la EPS deudora. No se tendrán en cuenta facturas correspondientes a cartera con

33 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL

Artículo 8°.

Procedimiento para la compra de cartera. La compra de cartera se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

antigüedad inferior a sesenta (60) días contados a partir de la fecha de radicación de la factura ante la EPS.

1. Determinación y reconocimiento de la cartera. El prestador de servicios de salud acreedor y la Entidad Promotora de Salud (EPS) deudora determinarán el valor de la cartera que puede ser objeto de la operación de compra, la cual deberá en- contrarse debidamente reconocida y conciliada por las partes.

6. Naturaleza de las obligaciones. Las obligaciones objeto de compra deberán corresponder a servicios y tecnologías en salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) o de presupuestos máximos, prestados o suministrados a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

7. Condiciones de la cartera. Los valores objeto de compra deberán cumplir las siguientes condiciones:

El reconocimiento de la cartera deberá constar en un acta de conciliación suscrita por los Representantes legales del prestador de servicios de salud y de la EPS, la cual servirá como soporte de la operación de compra de cartera y de la actualización de los registros contables correspondientes, en caso de ser aprobada. a) No presentar glosas, observaciones, inconsistencias o rechazos pendientes por parte de la EPS. b) No haber sido incluidos en operaciones anteriores de compra de cartera ni haber sido objeto de financiación mediante otros mecanismos sobre las mismas obligaciones. c) No encontrarse afectadas por embargos, medidas cautelares, cesiones, operaciones de factoring, pignoraciones u otros negocios jurídicos o situaciones que limiten o impidan su adquisición por parte de la ADRES.

El acta deberá estar acompañada de una relación detallada de las obligaciones reconocidas y conciliadas, que permita identificar, como mínimo, las facturas correspondientes, sus fechas de expedición, valores reconocidos y antigüedad. Asimismo, los representantes legales de las partes deberán certificar que las obligaciones objeto de compra corresponden a servicios y tecnologías en salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) o de presupuestos máximos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente resolución. d) No haber sido pagados previamente, total o parcialmente, por otros mecanismos o fuentes, respecto de los valores que se pretendan adquirir.

8. Número de solicitudes. Una EPS podrá presentar ante la ADRES hasta una (1) solicitud de compra de cartera respecto de cada Prestador de Servicios de Salud, dentro del plazo establecido en el cronograma para la recepción de solicitudes.

Para aquellas facturas cuya información no se encuentre disponible en FEV-RIPS, la ADRES podrá efectuar las validaciones de consistencia con fundamento en el acta de conciliación, la relación detallada de obligaciones y los soportes complementarios que requiera, sin que ello implique asumir la auditoría de las cuentas médicas ni sustituir la responsabilidad de las EPS y los prestadores sobre el reconocimiento, conciliación y veracidad de la información suministrada.

9. Los Prestadores de Servicios de Salud deberán encontrarse habilitado e inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Parágrafo 1°. Las EPS no podrán exigir descuentos, condonaciones u otros beneficios a
los Prestadores de Servicios de Salud como condición para presentar solicitudes de compra de cartera ante la ADRES. El cumplimiento de esta condición se acreditará conforme a los mecanismos operativos que establezca la ADRES.

Parágrafo 2°. Para la evaluación de las solicitudes, la ADRES tendrá en cuenta los
recursos que se reconozcan a las EPS y que legalmente puedan ser objeto de descuento, los saldos pendientes de recuperación de operaciones anteriores de compra de cartera y las obligaciones derivadas de otros mecanismos financieros que comprometan dichos recursos, con el fin de evaluar la capacidad de recuperación de las operaciones y su efecto sobre el flujo de recursos destinado al aseguramiento en salud.

2. Presentación de las solicitudes. Una vez establecidos los plazos para la recepción de solicitudes, la EPS deudora presentará ante la ADRES la solicitud de compra de cartera, a través de los mecanismos que esta disponga para tal fin. La solicitud deberá acompañarse del acta de conciliación, así como las garantías y autoriza- ciones previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 9°, y la acreditación de las condiciones de elegibilidad previstas en los literales a) y c) del artículo 5°.
3. Verificación y evaluación de las solicitudes. La ADRES verificará el cumpli- miento de los requisitos establecidos en la presente resolución y evaluará las condiciones de recuperación de los recursos, considerando los límites financieros aplicables, los saldos pendientes de operaciones anteriores y los compromisos derivados de otros mecanismos financieros que afecten los recursos susceptibles de descuento de la EPS deudora, de conformidad con el artículo 6° de la presente resolución.

Artículo 7°.

Distribución de recursos y criterios de priorización de las solicitudes de compra de cartera. Cuando el valor total de la cartera elegible supere los recursos disponibles para la operación de compra de cartera, la ADRES aplicará las siguientes reglas:

Cuando el valor total de la cartera elegible supere los recursos disponibles para la operación de compra de cartera, la ADRES aplicará las reglas de distribución y priorización previstas en el artículo 7° de la presente resolución, incluyendo la redistribución de recursos, el ajuste de la cartera objeto de compra y la comunicación de los montos asignables.

1. Consolidación de la cartera elegible. La ADRES consolidará el valor de la car- tera postulada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que cumpla los re- quisitos y condiciones establecidos en los artículos 4°, 5° y 6° de la presente resolución, identificando los valores correspondientes a cada EPS deudora y los Prestadores de Servicios de Salud acreedores.

2. Aplicación de las condiciones financieras. La ADRES verificará los límites y condiciones financieras establecidos en el artículo 6° de la presente resolución, incluyendo la capacidad de recuperación de las obligaciones a cargo de cada EPS, con el fin de determinar los montos máximos susceptibles de financiación.

4. Recomendación del Comité Asesor de Compra de Cartera. Una vez culminada la evaluación y, cuando haya lugar, la aplicación de las reglas de distribución y priorización, la ADRES presentará el informe correspondiente al Comité Asesor de Compra de Cartera del Ministerio de Salud y Protección Social, para que este emita la recomendación a la que se refiere la Resolución número 4524 de 2017 o la que haga sus veces.
5. Aprobación y giro de los recursos. En caso de que el Comité Asesor de Compra de Cartera recomiende la aprobación de la operación, la ADRES, mediante acto administrativo, autorizará la compra de cartera y procederá al giro directo de los recursos al prestador de servicios de salud beneficiario.

3. Distribución proporcional de los recursos. La ADRES distribuirá los recursos disponibles proporcionalmente entre las EPS, de acuerdo con la participación de la Cartera Elegible de cada una respecto del valor total de la Cartera Elegible Consolidada, sin superar los límites y las condiciones financieras establecidos en el artículo 6° de la presente resolución.

La EPS realizará los registros contables correspondientes a la cancelación de las cuentas por pagar al prestador de servicios de salud y reconocerá una cuenta por pagar a favor de la ADRES, de conformidad con las condiciones de la operación aprobada. Así mismo, los Prestadores de Servicios de Salud deberán realizar la depuración contable de las facturas pagadas a través de este mecanismo.

4. Redistribución de recursos. Los recursos que no puedan asignarse como conse- cuencia de la aplicación de los límites financieros o de los ajustes realizados a la cartera objeto de compra se redistribuirán proporcionalmente entre la cartera elegible pendiente de financiación, observando los límites y condiciones estable- cidos en el artículo 6° de la presente resolución.

6. Devolución. Las solicitudes que no cumplan los requisitos serán devueltas para subsanación, por una sola vez y dentro del tiempo establecido en el cronograma definido para la recepción de las solicitudes. Si no se subsanan, la ADRES negará la solicitud mediante acto motivado, contra el cual procede el recurso de reposi- ción. La devolución o la negación no exoneran a la EPS del pago oportuno de sus obligaciones.

5. Comunicación de los montos asignables. Una vez efectuada la distribución de los recursos, la ADRES comunicará a cada EPS el monto máximo susceptible de compra de Cartera. La EPS deberá ajustar las actas de conciliación de acuerdo con el monto comunicado.

Parágrafo. La ADRES establecerá y publicará los procedimientos, formatos,
documentos, mecanismos de presentación y validación de solicitudes, plazos de subsanación y demás condiciones operativas necesarias para la implementación de las operaciones de compra de cartera, de conformidad con lo previsto en la presente resolución y en el parágrafo 2° del artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026.

6. Ajuste de la cartera objeto de compra. Con base en los montos comunicados por la ADRES, las EPS y los prestadores de servicios de salud deberán identificar y acordar las obligaciones que serán objeto de la operación de compra de cartera, priorizando aquellas de mayor antigüedad y sin superar el monto asignable. Para tal efecto, presentarán los soportes correspondientes establecidos en el artículo 8° del presente acto administrativo.

Artículo 9°.

Condiciones de recuperación de los recursos. La recuperación de los recursos desembolsados por la ADRES en desarrollo de las operaciones de compra de cartera se realizará bajo las siguientes condiciones:

1. Plazo de pago. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán pagar los recursos correspondientes a las operaciones de compra de cartera en un plazo máximo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del desembolso efec- tuado por la ADRES.

7. Remisión del acta de conciliación final. La EPS remitirá a la ADRES el acta de conciliación final suscrita por los representantes legales de la EPS y del prestador de servicios de salud, acompañada de la relación de las obligaciones que serán objeto de compra, dentro del plazo que esta establezca en el procedimiento ope- rativo. Los ajustes no podrán incorporar obligaciones que no hayan sido inclui- das en la postulación inicial.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 34 DIARIO OFICIAL Las EPS podrán acogerse a un período de gracia para el pago de capital de hasta tres (3) meses. Durante este período se causarán los intereses correspondientes según lo previsto en el numeral 2 del presente artículo. Dichos intereses se pagarán dentro del plazo de pago previsto en el inciso anterior. inspección, vigilancia y control respecto de los sujetos sometidos a su supervisión, en relación con el cumplimiento de las disposiciones de la presente resolución, especialmente en lo relacionado con los registros contables derivados de las operaciones de compra de cartera.

Parágrafo. La ADRES realizará el seguimiento de las operaciones de compra de cartera
autorizadas, incluyendo los recursos desembolsados, los saldos pendientes de recuperación y los pagos efectuados por las EPS, e informará al Ministerio de Salud y Protección Social sobre su ejecución y recuperación, de conformidad con los mecanismos que se establezcan para tal fin.

2. Tasa de interés. La tasa de interés aplicable a las operaciones de compra de car- tera será inferior en dos (2) puntos porcentuales al Indicador Bancario de Re- ferencia (IBR) efectivo anual a doce (12) meses, publicado por el Banco de la República y vigente en la fecha en que la ADRES efectúe el desembolso de los recursos. En ningún caso la tasa resultante podrá ser inferior a cero (0). Los inte- reses se liquidarán mensualmente sobre el saldo de capital pendiente de pago a la ADRES.

Artículo 11.

Vigencia y aplicación temporal. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

La destinación de los recursos que ordinariamente administra la ADRES y que hacen unidad de caja para las operaciones de compra de cartera estará sujeta al término máximo de doce (12) meses establecidos en el numeral 2 del artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto legislativo.

En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago, se causarán intereses moratorios sobre las sumas vencidas, a la tasa establecida para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que se adopta como referencia en concordancia con el artículo 4 del Decreto Ley 1281 de 2002. Estos intereses harán unidad de caja en la ADRES, salvo los que se causen sobre operaciones financiadas con los recursos de que trata el numeral 1 del artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026, que conservarán su destinación y se manejarán en contabilidad separada.

Vencido dicho término, los saldos de estos recursos que no hayan sido comprometidos se reintegrarán a la unidad de caja de los recursos administrados por la ADRES. Las operaciones perfeccionadas dentro del término señalado continuarán sujetas a las condiciones aprobadas hasta su terminación, de conformidad con el parágrafo 4° del artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026.

Publíquese y cúmplase.

3. Forma de pago y recuperación. Las EPS pagarán los recursos correspondientes a las operaciones de compra de cartera mediante cuotas mensuales, de acuerdo con el plazo y las condiciones financieras de la operación aprobada, sin perjuicio de la posibilidad de realizar abonos extraordinarios o pagos anticipados.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 2026.

La Ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga Gaviria.

(C. F.).

La ADRES descontará el valor de las cuotas y los intereses correspondientes de los recursos que reconozca a las EPS deudoras por concepto del proceso de compensación del Régimen Contributivo, de la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) del Régimen Subsidiado o de otros recursos respecto de los cuales exista Habilitación Legal para efectuar dichos descuentos.

Ministerio de Minas y Energía

Los descuentos previstos en el presente numeral corresponden a la recuperación de las obligaciones derivadas de las operaciones de compra de cartera y deberán efectuarse con observancia de lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026 y con fundamento en la autorización previa y expresa de la EPS prevista en los numerales 4 y 5 del presente artículo.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40612 DE 2026

(noviembre 12) por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa por vacancia temporal.

4. Garantías. Las obligaciones derivadas de las operaciones de compra de cartera deberán estar respaldadas por un pagaré suscrito por el representante legal de la EPS a favor de la ADRES con la carta de instrucciones. La carta contendrá las Instrucciones para el Diligenciamiento del Pagaré en los términos de esta reso- lución y la Autorización de descuento y compensación. El valor respaldado por el instrumento deberá ser suficiente para cubrir las obligaciones derivadas de la operación de compra de cartera, de que trata esta resolución.

5. Autorización de descuento. La EPS deberá autorizar de manera previa, expresa e irrevocable a la ADRES para efectuar los descuentos previstos en el numeral 3 del presente artículo, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

La Ministra de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.3.3 y 2.2.5.5.41 del Decreto número 1083 de 2015, el Decreto número 658 de 2024, modificado por el Decreto número 857 de 2025 y

CONSIDERANDO:

Que el inciso segundo del artículo 2.2.5.3.3 del Decreto número 1083 de 2015 dispone que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.” Subraya fuera de texto.

Que, previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se constató la existencia de un empleo de carrera administrativa en vacancia temporal, cuya provisión resulta necesaria para garantizar la continuidad del servicio, el cual corresponde a las siguientes características:

6. Incumplimiento y exigibilidad anticipada. Cuando, con posterioridad al desem- bolso, la EPS deudora sea objeto de una medida administrativa de intervención forzosa para liquidar o solicite su retiro voluntario de la operación del asegura- miento en salud o su liquidación voluntaria, la ADRES declarará exigibles los saldos pendientes de la operación, descontará el saldo de la obligación de los recursos que a esa fecha deba reconocer a la EPS por cualquier concepto, los cua- les, por su naturaleza parafiscal, no hacen parte de la masa de la liquidación. Si el descuento no fuere legalmente posible o resultare insuficiente, el saldo se hará valer dentro del proceso liquidatorio como crédito a favor de la ADRES, en los términos del artículo 12 de la Ley 1797 de 2016, que ordena cubrir los recursos adeudados al Fosyga, hoy ADRES, con antelación a los créditos allí enumerados.

Número de empleos Denominación Código Grado Titular empleo

7. Información inexacta, incompleta o falsa. Cuando se establezca que la infor- mación suministrada fue inexacta, incompleta o falsa, la ADRES adelantará las actuaciones a que haya lugar para la recuperación de los recursos objeto de la operación de compra de cartera, declarará exigibles los saldos pendientes de la operación y pondrá los hechos en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y de los organismos de control.

1 Uno Profesional Especializado 2028 18 Pabón Rojas Ángela Solanyi Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 establece que: “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos, si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.”

En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago, la ADRES declarará exigibles los saldos pendientes de la operación, adelantará las actuaciones necesarias para la recuperación de los recursos y, cuando corresponda, hará efectivas las garantías constituidas.

Que el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto número 1083 de 2015 señala que: “Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.”

Parágrafo. La ADRES establecerá los formatos y procedimientos operativos necesarios
para la suscripción, administración y ejecución de las garantías, así como para la aplicación de los mecanismos de recuperación previstos en el presente artículo.

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía adelantó la verificación de los servidores de carrera administrativa que cumplen los requisitos legales y reglamentarios para ser encargados en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, adscrito a la Oficina Asesora de Jurídica.

Cuando no sea posible obtener el pago de las obligaciones mediante los descuentos previstos en esta resolución o mediante pago directo de la EPS, la ADRES podrá ejecutar las garantías y adelantar las acciones de cobro correspondientes, incluido el cobro coactivo de conformidad con las competencias previstas en la Ley 1066 de 2006, la Ley 1437 de 2011 y las demás normas que regulan el recaudo de créditos a favor de entidades.

Que, como resultado de dicha verificación, se determinó que la servidora Ana Patricia Mayorga Gómez, identificada con cédula de ciudadanía número 39735223, titular del

Artículo 10.

Inspección, vigilancia, control y seguimiento. La Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias legales, ejercerá las funciones de

35 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.” empleo de carrera administrativa Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17, de la Dirección de Hidrocarburos, ostenta el derecho preferencial para ser encargada en el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 909 de 2004 y demás correspondientes.

Que el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto número 1083 de 2015 señala que: “Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.”

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía adelantó la verificación de los servidores de carrera administrativa que cumplen los requisitos legales y reglamentarios para ser encargados en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, adscrito a la Oficina de Control Interno del Despacho del Ministro.

Que, de acuerdo con la certificación expedida por el Profesional Especializado Código 2028 Grado 23, encargado de las funciones del empleo de Subdirector Administrativo Código 150 Grado 21 de la Subdirección de Talento Humano, la mencionada servidora cumple con los requisitos de estudio y experiencia previstos en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, cuenta con las aptitudes y habilidades requeridas para el desempeño del empleo, no registra sanciones disciplinarias en el año inmediatamente anterior y obtuvo calificación sobresaliente en su última evaluación del desempeño.

Que el artículo 2° del Decreto número 658 de 2024 dispone que: “Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las vacancias temporales que se presenten en sus ministerios y departamentos administrativos.”

Que, como resultado de dicha verificación, se determinó que el servidor John Jairo Caicedo Caicedo, identificado con cédula de ciudadanía número 1015394058, titular del empleo de carrera administrativa Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12, ostenta el derecho preferencial para ser encargado en el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 909 de 2004 y demás correspondientes.

Que, en mérito de lo expuesto, se encuentra jurídicamente procedente efectuar el encargo en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, adscrito a la Oficina Asesora de Jurídica, mientras persista la vacancia temporal del empleo.

En consecuencia,

RESUELVE:

Que, de acuerdo con la certificación expedida por el Profesional Especializado Código 2028 Grado 23, encargado de las funciones del empleo de Subdirector Administrativo Código 150 Grado 21 de la Subdirección de Talento Humano, el mencionado servidor cumple con los requisitos de estudio y experiencia previstos en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, cuenta con las aptitudes y habilidades requeridas para el desempeño del empleo, no registra sanciones disciplinarias en el año inmediatamente anterior y obtuvo calificación sobresaliente en su última evaluación del desempeño.

Artículo 1°.

Encargo. Encargar a la servidora Ana Patricia Mayorga Gómez, identificada con cédula de ciudadanía número 39735223, en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, adscrito a la Oficina Asesora de Jurídica, mientras subsista la vacancia temporal del empleo.

Que el artículo 2° del Decreto número 658 de 2024 dispone que: “Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las vacancias temporales que se presenten en sus ministerios y departamentos administrativos.”

Que, en mérito de lo expuesto, se encuentra jurídicamente procedente efectuar el encargo en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, adscrito a la Oficina de Control Interno del Despacho del Ministro, mientras persista la vacancia temporal del empleo.

Artículo 2°.

Publicación y reclamaciones. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web del Ministerio de Minas y Energía y en el Diario Oficial, con el fin de que los servidores de carrera administrativa que se consideren afectados puedan presentar reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo número 370 de 2020 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto Ley 760 de 2005.

En consecuencia,

RESUELVE:

Artículo 3°.

Vigencia y efectos fiscales. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte efectos fiscales a partir de la fecha de la correspondiente posesión y deberá publicarse en el Diario Oficial, conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Artículo 1°.

Encargo. Encargar al servidor John Jairo Caicedo Caicedo, identificado con cédula de ciudadanía número 1015394058, en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, adscrito a la Oficina de Control Interno del Despacho del Ministro, mientras subsista la vacancia temporal del empleo.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2026.

La Ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40613 DE 2026

Artículo 2°.

Publicación y reclamaciones. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web del Ministerio de Minas y Energía y en el Diario Oficial, con el fin de que los servidores de carrera administrativa que se consideren afectados puedan presentar reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo número 370 de 2020 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto Ley 760 de 2005.

(noviembre 12) por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa por vacancia temporal.

Artículo 3°.

Vigencia y efectos fiscales. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte efectos fiscales a partir de la fecha de la correspondiente posesión y deberá publicarse en el Diario Oficial, conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

La Ministra de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.3.3 y 2.2.5.5.41 del Decreto número 1083 de 2015, el Decreto número 658 de 2024, modificado por el Decreto número 857 de 2025 y Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2026.

CONSIDERANDO:

La Ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango.

(C. F.).

Que el inciso segundo del artículo 2.2.5.3.3 del Decreto número 1083 de 2015 dispone que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.” Subraya fuera de texto.

RESOLUCIÓN NÚMERO 40614 DE 2026

(noviembre 12) por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa por vacancia Que, previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se constató la existencia de un empleo de carrera administrativa en vacancia temporal, cuya provisión resulta necesaria para garantizar la continuidad del servicio, el cual corresponde a las siguientes características: temporal.

Número de empleos Denominación Código Grado Titular empleo 1 Uno Profesional Especializado 2028 13 Rezzan Leonardo Chamo- La Ministra de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.3.3 y 2.2.5.5.41 del Decreto número 1083 de 2015, el Decreto número 658 de 2024, modificado por el Decreto número 857 de 2025 y

CONSIDERANDO:

rro Gómez Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 establece que: “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos, si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no Que el inciso segundo del artículo 2.2.5.3.3 del Decreto número 1083 de 2015 dispone que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera podrán ser provistas mediante Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 36 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 40615 DE 2026

nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.” Subraya fuera de texto (noviembre 12) por la cual se hace un encargo.

Que, previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se constató la existencia de un empleo de carrera administrativa en vacancia temporal, cuya provisión resulta necesaria para garantizar la continuidad del servicio, el cual corresponde a las siguientes características:

La Ministra de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.3.1 y 2.2.5.5.41 del Decreto número 1083 de 2015 y el artículo 2° del Decreto número 658 de 2024, y Número de empleos Denominación Código Grado Titular empleo

CONSIDERANDO:

Que el inciso segundo del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 señala:

1 Uno Profesional Especializado 2028 18 Paola Andrea García “(…) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”. (Subrayado fuera de texto).

Aristizábal Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 establece que: “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos, si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.”

Que, previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se constató que el siguiente empleo de carrera se encuentra en vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

Número de empleos Denominación Código Grado Titular del empleo Que el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto número 1083 de 2015 señala que: “Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.”

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía adelantó la verificación de los servidores de carrera administrativa que cumplen los requisitos legales y reglamentarios para ser encargados en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, adscrito a la Oficina Asesora de Jurídica.

1 Uno Profesional Universitario 2044 9 Vacancia Definitiva Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 establece: “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos, si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que, como resultado de dicha verificación, se determinó que la servidora Luz Marina Preciado Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía número 42751650, titular del empleo de carrera administrativa Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, de la Dirección de Formalización Minera, ostenta el derecho preferencial para ser encargada en el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 909 de 2004 y demás correspondientes.

Que el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto número 1083 de 2015 señala: “Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo”.

Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía adelantó la verificación de los servidores de carrera administrativa que cumplen los requisitos legales y reglamentarios para ser encargados en el empleo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 9, adscrito a la Subdirección de Talento Humano.

Que, de acuerdo con la certificación expedida por el Profesional Especializado Código 2028 Grado 23, encargado de las funciones del empleo de Subdirector Administrativo Código 150 Grado 21 de la Subdirección de Talento Humano, la mencionada servidora cumple con los requisitos de estudio y experiencia previstos en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, cuenta con las aptitudes y habilidades requeridas para el desempeño del empleo, no registra sanciones disciplinarias en el año inmediatamente anterior y obtuvo calificación sobresaliente en su última evaluación del desempeño.

Que como resultado de dicha verificación, se determinó que la servidora Luz Dary Márquez Aponte, identificada con cédula de ciudadanía número 52489966, titular del empleo de carrera administrativa Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 17, ostenta el derecho preferencial para ser encargada en el empleo Profesional Universitario, Código 2044, Grado 9, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 909 de 2004 y demás normas concordantes.

Que el artículo 2° del Decreto número 658 de 2024 dispone que: “Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las vacancias temporales que se presenten en sus ministerios y departamentos administrativos.”

Que, en mérito de lo expuesto, se encuentra jurídicamente procedente efectuar el encargo en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, adscrito a la Oficina Asesora de Jurídica, mientras persista la vacancia temporal del empleo.

En consecuencia,

RESUELVE:

Que de acuerdo con la certificación expedida por el Profesional Especializado, Código 2028, Grado 23, encargado de las funciones del empleo de Subdirector Administrativo, Código 150, Grado 21, de la Subdirección de Talento Humano, la servidora Luz Dary Márquez Aponte cumple los requisitos de estudio y experiencia previstos en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, cuenta con las aptitudes y habilidades requeridas para el desempeño del empleo, no registra sanciones disciplinarias en el año inmediatamente anterior y obtuvo calificación sobresaliente en su última evaluación del desempeño.

Que el artículo 2° del Decreto número 658 de 2024 dispone: “Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las vacancias temporales que se presenten en sus ministerios y departamentos administrativos”.

Artículo 1°.

Encargo. Encargar a la servidora Luz Marina Preciado Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía número 42751650, en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, adscrito a la Oficina Asesora de Jurídica, mientras subsista la vacancia temporal del empleo.

Que en virtud de lo anterior, se hace procedente encargar a la servidora Luz Dary Márquez Aponte en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 9, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, adscrito a la Subdirección de Talento Humano, el cual se encuentra en vacancia definitiva, mientras se adelanta el proceso de selección para su provisión definitiva mediante concurso de méritos.

Que en mérito lo expuesto,

Artículo 2°.

Publicación y reclamaciones. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web del Ministerio de Minas y Energía y en el Diario Oficial, con el fin de que los servidores de carrera administrativa que se consideren afectados puedan presentar reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo número 370 de 2020 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto Ley 760 de 2005.

RESUELVE:

Artículo 3°.

Vigencia y efectos fiscales. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte efectos fiscales a partir de la fecha de la correspondiente posesión y deberá publicarse en el Diario Oficial, conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Artículo 1°.

Encargo. Encargar a la servidora Luz Dary Márquez Aponte, identificada con cédula de ciudadanía número 52489966, en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 9, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, adscrito a la Subdirección de Talento Humano, el cual se encuentra en vacancia definitiva, mientras se adelanta el proceso de selección para su provisión definitiva mediante concurso de méritos.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2026.

La Ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango.

Artículo 2°.

Publicación y reclamaciones. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web del Ministerio de Minas y Energía y en el Diario Oficial, con el fin de que los servidores de carrera administrativa que se consideren afectados puedan presentar reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio, dentro de los

(C. F.).

37 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL diez (10) días hábiles siguientes a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo número 370 de 2020, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto Ley 760 de 2005.

Código 2028, Grado 13, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Secretaría General, mientras persista la vacancia temporal del empleo.

En consecuencia,

RESUELVE:

Artículo 3°.

Vigencia y efectos fiscales. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, produce efectos fiscales a partir de la fecha de la correspondiente posesión y deberá publicarse en el Diario Oficial, conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2026.

Artículo 1°.

Encargo. Encargar al servidor Alberto Mario De la Ossa De Ávila, identificado con cédula de ciudadanía número 1140874429, en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Secretaría General, mientras subsista la vacancia temporal del empleo.

La Ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40616 DE 2026

Artículo 2°.

Publicación y reclamaciones. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web del Ministerio de Minas y Energía y en el Diario Oficial, con el fin de que los servidores de carrera administrativa que se consideren afectados puedan presentar reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo número 370 de 2020 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto Ley 760 de 2005.

(noviembre 12) por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa por vacancia temporal.

Artículo 3°.

Vigencia y efectos fiscales. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte efectos fiscales a partir de la fecha de la correspondiente posesión y deberá publicarse en el Diario Oficial, conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Ministra de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.3.3 y 2.2.5.5.41 del Decreto número 1083 de 2015, el Decreto número 658 de 2024, modificado por el Decreto número 857 de 2025 y Publíquese, comuníquese y cúmplase.

CONSIDERANDO:

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2026.

La Ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango.

(C. F.).

Que el inciso segundo del artículo 2.2.5.3.3 del Decreto número 1083 de 2015 dispone que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.” Subraya fuera de texto

RESOLUCIÓN NÚMERO 40617 DE 2026

Que, previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se constató la existencia de un empleo de carrera administrativa en vacancia temporal, cuya provisión resulta necesaria para garantizar la continuidad del servicio, el cual corresponde a las siguientes características:

(noviembre 12) por la cual se hace un nombramiento ordinario.

Número de empleos Denominación Código Grado Titular empleo La Ministra de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en los artículos 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, las delegadas a través del artículo 1 del Decreto número 658 de 2024, y 1 Uno Profesional Especializado 2028 13 Angélica María Bermú-

CONSIDERANDO:

Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

Número de empleos Denominación Código Grado dez Rodríguez Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 establece que: “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos, si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.”

Que el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto número 1083 de 2015 señala que: “Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.”

1 Uno Secretario Ejecutivo 4210 18 Que el inciso segundo del artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015 señala: “Corresponde a los ministros, directores de departamentos administrativos, presidentes, directores o gerentes de las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, nombrar al personal de su entidad u organismo, salvo aquellos nombramientos cuya provisión esté atribuida a otra autoridad por la Constitución o la ley.”

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía adelantó la verificación de los servidores de carrera administrativa que cumplen los requisitos legales y reglamentarios para ser encargados en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Secretaría General.

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece: “Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.”

Que el artículo 1° del Decreto número 658 de 2024 señala: “Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se presenten en sus ministerios y departamentos administrativos (…)”.

Que, como resultado de dicha verificación, se determinó que el servidor Alberto Mario De la Ossa De Ávila, identificado con cédula de ciudadanía número 1140874429, titular del empleo de carrera administrativa Profesional Especializado, Código 2028, Grado 11, ostenta el derecho preferencial para ser encargado en el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 909 de 2004 y demás correspondientes.

Que conforme a la certificación expedida por el Subdirector de Talento Humano (e), el señor Josué Yeisson Steven Romero Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 1022437496, cumple con los requisitos para desempeñar el empleo denominado Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 18 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Ministro.

Que la hoja de vida del señor Josué Yeisson Steven Romero Gómez fue publicada en la página web del Ministerio de Minas y Energía.

Que, en mérito de lo expuesto, Que, de acuerdo con la certificación expedida por el Profesional Especializado Código 2028 Grado 23, encargado de las funciones del empleo de Subdirector Administrativo Código 150 Grado 21 de la Subdirección de Talento Humano, el mencionado servidor cumple con los requisitos de estudio y experiencia previstos en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, cuenta con las aptitudes y habilidades requeridas para el desempeño del empleo, no registra sanciones disciplinarias en el año inmediatamente anterior y obtuvo calificación sobresaliente en su última evaluación del desempeño.

RESUELVE:

Que el artículo 2° del Decreto número 658 de 2024 dispone que: “Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las vacancias temporales que se presenten en sus ministerios y departamentos administrativos.”

Artículo 1°.

Nombramiento. Nombrar al señor Josué Yeisson Steven Romero Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 1022437496, en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 18 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Ministro.

Que, en mérito de lo expuesto, se encuentra jurídicamente procedente efectuar el encargo en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 38 DIARIO OFICIAL

Artículo 2°.

Comunicación. La Subdirección de Talento Humano, comunicará el presente acto administrativo al señor Josué Yeisson Steven Romero Gómez.

actualidad desempeña el empleo denominado Director Técnico, Código 0100, Grado 19 de la planta de personal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), del empleo denominado Subdirector de Departamento Administrativo, Código 0025, Grado 00, de la planta de personal de la misma entidad, sin desprenderse de las funciones propias de su empleo y mientras se nombra al titular.

Artículo 3°.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos fiscales a partir de la fecha de su posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Artículo 2º.

Comunicación. Comunicar el presente decreto a través de la Coordinación del Área Gestión del Talento Humano del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a la señora Karen Gabriela Rojas Contreras.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2026.

Artículo 3º.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

La Ministra de Minas y Energía, Publíquese, comuníquese y cúmplase.

María Nohemí Arboleda Arango.

Dado a 12 de noviembre de 2026.

(C. F.).

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Manuel Alvarado Nivia.

Ministerio de Transporte

DECRETO NÚMERO 1775 DE 2026

Decretos

(noviembre 12) por medio del cual se efectúa un nombramiento ordinario.

DECRETO NúMERO 1773 DE 2026

(noviembre 12) por medio del cual se da por terminado un encargo y se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política de 1991, los artículos 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015.

DECRETA:

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular, las previstas en el artículo 189, numeral 13 de la Constitución Política, y artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Artículo 1º.

Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario, a partir de la fecha al señor José Miguel Amín Escaf, identificado con cédula de ciudadanía número 1140821686, en el empleo denominado Secretario General de Departamento Administrativo, Código 0035, Grado 22, de la planta de personal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Que mediante el artículo 2° del Decreto número 1307 del 25 de agosto de 2026, se encargó al señor Miguel Eduardo Vergara Cabello, identificado con cédula de ciudadanía número 79939134, quien actualmente desempeña el empleo de Viceministro de Transporte, Código 0020, del Ministerio de Transporte, en el empleo de Director General Código 0015, Grado 28, de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), sin desvincularse de las funciones propias de su empleo titular.

Artículo 2º.

Comunicación. Comunicar el presente decreto a través de la Coordinación del Área Gestión del Talento Humano del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al señor José Miguel Amín Escaf y al señor Javier Fernando Jiménez Umbarila, quien actualmente desempeña el empleo en calidad de encargado.

Que, en mérito de lo expuesto,

Artículo 3º.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el artículo 1º del Decreto número 1504 del 7 de octubre de 2026.

DECRETA:

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado a 12 de noviembre de 2026.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),

Artículo 1.

Terminación de encargo. Dar por terminado, a partir de la fecha, el encargo efectuado mediante el artículo 2° del Decreto número 1307 del 25 de agosto de 2026, al señor Miguel Eduardo Vergara Cabello, identificado con cédula de ciudadanía número 79939134, en el empleo de Director General Código 0015, Grado 28, de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT).

Juan Manuel Alvarado Nivia.

Artículo 2°.

Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha al señor Elkin José Bechara Velásquez, identificado con cédula de ciudadanía número 10774879, en el empleo de Director General Código 0015, Grado 28, ubicado en la Dirección General de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT).

Unidades Administrativas Especiales

Artículo 3°.

Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto a través de la Subdirección del Talento Humano del Ministerio de Transporte a los señores Miguel Eduardo Vergara Cabello y Elkin José Bechara Velásquez para lo de su competencia.

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Artículo 4°.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Resoluciones

Dado a 12 de noviembre de 2026.

RESOLUCIÓN NÚMERO 101 136 DE 2026

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

La Ministra de Transporte, Elsa Noguera de la Espriella.

(noviembre 6) por la cual se establecen medidas para la conexión temporal de activos ante situaciones de demanda no atendida debidas al agotamiento de activos de uso del Sistema Interconectado Nacional.

Departamento Administrativo

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos números 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

Nacional de Estadística

CONSIDERANDO:

Decretos

decreto número 1774 DE 2026

El artículo 334 de la Constitución Política establece que corresponde al Estado la dirección general de la economía, para lo cual intervendrá, entre otros asuntos, en los servicios públicos y privados buscando el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la preservación de un ambiente sano.

(noviembre 12) por medio del cual se efectúa un encargo.

El artículo 365 de la misma Carta Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política de 1991, los artículos 2.2.5.3.1 y 2.2.5.5.43 del Decreto número 1083 de 2015.

DECRETA:

De conformidad con el artículo 2º de la Ley 142 de 1994, la intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios debe perseguir, entre otros fines, la prestación eficiente, continua e ininterrumpida, la libre competencia, y la no utilización abusiva de la posición dominante.

Artículo 1º.

Encargo. Encargar a partir de la fecha a la señora Karen Gabriela Rojas Contreras, identificada con cédula de ciudadanía número 1090416097, quien en la

39 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL determinar la viabilidad técnica, mecanismo de aprobación, responsables de ejecución, remuneración, entre otros.

El numeral 11.3 del artículo 11 de la Ley 142 de 1994 establece que, para cumplir la función social de la propiedad, pública o privada de las empresas que presten servicios públicos estas se encuentran obligadas a facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios públicos o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organización y prestación de los servicios.

Conforme lo expuesto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se encuentra facultada para expedir las medidas que permitan y faciliten la conexión de proyectos en el SIN, que temporalmente reduzcan o eliminen las situaciones de demanda no atendida de energía eléctrica que se presentan por el agotamiento de la capacidad de los activos de uso existentes, mientras se produce la entrada en operación comercial de los proyectos que brindan la solución estructural y permanente.

El numeral 22 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 determinó que es competencia de las comisiones de regulación, el establecer los requisitos generales a los que deben someterse las empresas de servicios públicos para utilizar las redes existentes y acceder a las redes públicas de interconexión.

El artículo 2º de la Ley 143 de 1994 establece que corresponde al Estado, en relación con el servicio de energía, garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio.

El 30 de septiembre de 2026, la CREG publicó a cometarios de la ciudadanía el Proyecto de Resolución número 701 149 de 2026, por la cual se establecen medidas para la conexión temporal de activos de uso ante situaciones de demanda no atendida debidas al agotamiento de activos de uso del Sistema Interconectado Nacional.

Los comentarios y las respuestas sobre el Proyecto de Resolución CREG 701 149 de 2026 se publican mediante el documento técnico y su anexo, que se adjuntan a la presente resolución.

El literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994 señala que uno de los objetivos del Estado respecto al servicio de energía es “Abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país”.

Del diligenciamiento del formulario sobre prácticas restrictivas a la competencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.2.30.5 y 2.2.2.30.6 del Decreto número 1074 de 2015, se encontró que no es necesario agotar el trámite de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El literal b) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994 señala que uno de los objetivos del Estado respecto al servicio de energía es “Asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector”.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1509 del 6 de noviembre de 2026, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia Según lo previsto en el artículo 6º de la Ley 143 de 1994, las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se rigen por los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad.

RESUELVE:

El principio de continuidad “implica que el servicio se deberá prestar aun en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución y terminación de contratos de las empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito, o por sanciones impuestas al usuario por el incumplimiento de sus obligaciones”.

Artículo 1º.

Objetivo. Definir medidas que permitan y faciliten la conexión de proyectos en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que temporalmente reduzcan o eliminen las situaciones de Demanda No Atendida (DNA) de energía eléctrica, que se presentan por el agotamiento de la capacidad de los activos de uso existentes, mientras se produce la entrada en operación comercial del proyecto que brinda la solución estructural y permanente.

Artículo 2º.

Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente resolución aplican a los agentes económicos que desarrollan las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica en el SIN y a las entidades e instancias de planeación, coordinación y operación.

El artículo 39 de la Ley 143 de 1994 establece que los cargos asociados con el acceso y uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional (SIN) cubrirán, en condiciones óptimas de gestión, los costos de inversión de las redes de interconexión, transmisión y distribución, según los diferentes niveles de tensión, incluido el costo de oportunidad de capital, de administración, operación y mantenimiento, en condiciones adecuadas de calidad y confiabilidad y de desarrollo sostenible.

El artículo 85 de la Ley 143 de 1994 establece que “las decisiones de inversión en generación, interconexión, transmisión y distribución de energía eléctrica constituyen responsabilidad de aquellos que las acometan, quienes asumen en su integridad los riesgos inherentes a la ejecución y explotación de los proyectos”.

Artículo 3º.

Alcance. A través de las disposiciones establecidas en la presente resolución se podrán identificar y ejecutar proyectos que solucionen temporalmente las situaciones de demanda no atendida de energía eléctrica que se puedan presentar en el SIN por el agotamiento de activos de uso. Sin embargo, en ninguna circunstancia dichos proyectos podrán ser clasificados como proyectos de expansión, ni reemplazar o aplazar los proyectos de expansión del sistema que solucionan de manera estructural y permanente el respectivo problema de agotamiento de los activos de uso del SIN. Las referencias normativas que se encuentran en la presente resolución se entenderán referidas a estas o a aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Mediante la Resolución CREG 025 de 1995 se estableció el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del SIN, en donde se definen, entre otros, los criterios de planeamiento del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y los requisitos técnicos mínimos para el diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento que todo usuario debe cumplir por o para su conexión al STN.

Artículo 4º.

Definiciones. Para efecto de dar aplicación a las disposiciones establecidas en la presente resolución, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones.

Mediante la Resolución CREG 070 de 1998 se estableció el Reglamento de Distribución de energía eléctrica, donde se señalan las condiciones para la conexión al sistema de distribución.

Activos adquiridos específicamente para el PST: Equipos y demás elementos de infraestructura eléctrica, cuya adquisición se realiza con el propósito específico de implementar un Proyecto de Solución Temporal (PST).

Mediante la Resolución CREG 119 de 2007 se aprobó la fórmula tarifaria general que permite a los Comercializadores Minoristas de electricidad establecer los costos de prestación del servicio a usuarios regulados en el SIN.

Mediante la Resolución CREG 011 de 2009 se estableció la metodología y fórmulas tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el STN.

Activos de reserva: Equipos y demás elementos de infraestructura eléctrica destinados a respaldar o sustituir activos utilizados en la prestación del servicio público de energía eléctrica, para atender contingencias, fallas, mantenimientos u otras necesidades operativas, independientemente de que se encuentren instalados o almacenados. Estos activos incluyen los remunerados y los no remunerados por algún mecanismo establecido en la regulación vigente.

Mediante la Resolución CREG 038 de 2014 se modificó el Código de Medida contenido en el anexo general del Código de Redes.

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018 se estableció la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el SIN.

Activos existentes no vinculados al servicio: Equipos y demás elementos de infraestructura eléctrica que no se encuentran vinculados a la prestación del servicio público de energía eléctrica y que pueden ser utilizados en un Proyecto de Solución Temporal, independientemente de su ubicación, estado de conservación, utilización previa o destinación prevista.

En el “Informe de Planeamiento Operativo Eléctrico Segundo trimestre 2026” XM S.A E.S.P. advierte bajos niveles de tensión, agotamiento de capacidad, sobrecargas ante contingencias N‑1 y dependencia de generación local, reduciendo los márgenes de operación segura.

Activos obtenidos mediante alquiler: Equipos y demás elementos de infraestructura eléctrica cuyo uso se obtiene mediante un contrato de arrendamiento o alquiler, por un período determinado y a cambio de una contraprestación económica, sin que se transfiera su propiedad.

En el área Caribe se presenta el agotamiento de transformadores y circuitos estratégicos del sistema que generan limitaciones de importación y necesidad recurrente de generación de seguridad y demanda no atendida.

Activos obtenidos mediante cesión temporal: Equipos y demás elementos de infraestructura eléctrica cuyo uso es autorizado temporalmente por su propietario o quien tenga la facultad de disponer de ellos, sin transferencia de propiedad y sin contraprestación económica por su utilización.

Entre enero y mayo de 2026 se registraron 26,2 GWh de demanda no atendida en el SIN; 1,35 GWh correspondieron a 139 instrucciones operativas del Centro Nacional de Despacho (CND), por sobrecargas o baja tensión.

Estudio de Alternativas: Estudio que contiene la identificación y evaluación de una o más alternativas propuestas de Proyectos de Solución Temporal.

A junio de 2026 se reportaron 146 instrucciones impartidas por el CND por el agotamiento generalizado de las redes del Sistema de Transmisión Regional, (STR) y Sistema de Distribución Local, (SDL) en el área Caribe.

Proyecto de Solución Temporal (PST): Proyecto exclusivamente relacionado con la conexión temporal al SIN de activos que sirvan para atender una Situación de Emergencia. En esta resolución también será denominado como PST.

Ante la situación en el área Caribe, se han realizado reuniones periódicas de seguimiento, coordinadas por el Consejo Nacional de Operación (CNO), en las que se han explorado alternativas de proyectos temporales que podrían ser conectados en el sistema para aliviar la situación y sobre las que se requiere definir aspectos como responsables de Situación de Emergencia: Situación en la que, debido al agotamiento de la capacidad de los activos de uso que se encuentran en operación en el SIN, se ha materializado DNA de manera transitoria o permanente en una subárea operativa del sistema, o existe una alta Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 40 DIARIO OFICIAL probabilidad de que se materialice dentro los doce (12) meses siguientes a que se identifique dicha situación.

4. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en el numeral anterior, el Transportador de la subárea operativa afectada deberá elaborar y remitir al CND, a la UPME, a los Transportadores Relacionados y al CNO el Estudio de Alternativas previsto en el artículo 8° de la presente resolución.

Transportador: Transmisor Nacional (TN), Transmisor Regional u Operador de Red (OR) que opera y representa activos en el SIN.

Transportador Relacionado: Transportador que representa ante el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC) los activos que requieran ser intervenidos para conectar un PST.

Para elaborar este estudio, el Transportador de la subárea operativa afectada deberá considerar tanto los activos ofrecidos por los demás Transportadores como los que él mismo pueda proponer, y evaluar su utilización individual o conjunta para conformar alternativas de PST.

Cuando la Situación de Emergencia afecte los sistemas de más de un OR en la subárea operativa, estos deberán elaborar y presentar conjuntamente un único Estudio de Alternativas, dentro del mismo plazo.

Unidad Constructiva (UC): Conjunto de elementos que conforman una unidad típica

de un sistema eléctrico, destinada a la conexión de otros elementos de una red, al transporte o a la transformación de la energía eléctrica o a la supervisión o al control de la operación de activos del STN, STR o SDL. En esta resolución también será denominada como UC.

Si no se identifica una alternativa viable, el o los OR, según corresponda, deberán presentar, dentro del plazo señalado, un informe técnico que sustente esta conclusión e identifique las limitaciones encontradas.

Artículo 5º.

Probabilidad de materialización de demanda no atendida. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente resolución, el CNO, con apoyo del CND, elaborará y remitirá a la CREG una propuesta metodológica para determinar la probabilidad de materialización de DNA. La propuesta deberá establecer, como mínimo, variables, fuentes de información, horizonte temporal, escenarios, supuestos, criterios de verificación y umbral de alta probabilidad. La metodología para determinar la probabilidad de materialización de DNA será adoptada y publicada por la CREG.

Artículo 6º.

Características de los Proyectos de Solución Temporal. Los PST podrán incluir activos que operen en uno o más niveles de tensión. No obstante, la representación ante el LAC de cada activo deberá ser hecha por un Transportador que ejerza la actividad a la que pertenece dicho activo. La inclusión de activos de diferentes niveles de tensión no modifica la naturaleza, clasificación, responsabilidad, metodología de remuneración ni régimen de operación aplicable a cada activo.

El Transportador que presente un PST será el responsable de acordar con un TN o un OR, según corresponda, la representación de los activos que el mismo no pueda representar por no realizar la respectiva actividad de prestación del servicio. El acuerdo de representación de los activos que se realice entre las partes deberá entregarse al tiempo con el Estudio de Alternativas.

Adicionalmente, estos activos pueden ser: i) Activos existentes no vinculados al servicio, ii) Activos de reserva, iii) Activos obtenidos mediante alquiler, iv) Activos obtenidos mediante cesión temporal, o v) Activos adquiridos específicamente para el PST.

5. Para los PST propuestos en el Estudio de Alternativas, y que cumplan el criterio para considerarlos como PST según lo establecido en el artículo 6° de esta resolu- ción, el CND, la UPME y los Transportador(es) Relacionado(s) deberán realizar los siguientes análisis y entregar sus conceptos, en un término de hasta diez (10) días hábiles contados a partir de que se cuente con la información completa del Estudio de Alternativas: a.
El CND evaluará el (los) PST propuesto(s) e identificará el impacto (positivo o negativo) que generarían en el sistema, la magnitud del alivio de la DNA y el plazo que considera viable su operación. Con base en estos análisis, el CND emitirá su concepto al Transportador de la subárea operativa afectada, indicando si desde el punto de vista de la planeación operativa es favorable la implementación del PST y le enviará copia a la CREG, la UPME, al Transportador Relacionado y al CNO. b. La UPME analizará si durante el tiempo de operación previsto el (los) PST propuesto(s) genera(n) afectación en las obras de expansión formalmente definidas en el STN y el STR, o en las asignaciones de capacidad de transporte vigentes. Con base en estos análisis, para los activos del PST que pertenezcan al STN y el STR, la UPME emitirá su concepto indicando si este es favorable sobre la viabilidad técnica de la conexión y el plazo que considera viable su operación, así como la fecha en la que el PST debe haber sido desconectado y retirado del sitio, en caso de que pueda generar afectación a la conexión de otros proyectos requeridos en el sistema. Este concepto deberá ser emitido al Transportador de la subárea operativa afectada con copia al CND, a la CREG, al Transportador Relacionado y al CNO.

El criterio para considerar que una alternativa se clasifica como PST, será que su fecha prevista de puesta en operación comercial sea como mínimo seis (6) meses antes de la fecha prevista para la puesta en operación comercial del proyecto de expansión definido para solucionar de manera estructural y permanente la condición de agotamiento de la capacidad de los activos de uso que dio origen a la Situación de Emergencia.

La verificación de la afectación de las obras definidas en el SDL le corresponderá al OR del respectivo mercado de comercialización, quien será el responsable de emitir el concepto sobre los aspectos analizados con base en lo dispuesto en este literal. El OR deberá emitir su concepto al Transportador de la subárea operativa afectada con copia a la UPME, al CND, a la CREG, al Transportador Relacionado y al CNO.

En el caso de que no se haya definido el proyecto de expansión requerido para solucionar de manera permanente la Situación de Emergencia, o el responsable de su ejecución, la alternativa podrá ser clasificada como PST siempre que se prevea que se requerirá operando como mínimo seis (6) meses a partir de su puesta en operación comercial.

En ningún caso un PST podrá convertirse en el proyecto de solución permanente de una Situación de Emergencia. Por lo tanto, si los activos que lo componen se requieren para ser utilizados en el proyecto de solución permanente, deberán haber sido considerados como parte de proyectos de expansión que hayan sido aprobados siguiendo la regulación vigente y la aprobación de su conexión al sistema y de su puesta en operación comercial deberá hacerse a través del cumplimiento de las reglas establecidas para tal fin.

Artículo 7º.

Reglas para la aprobación de Proyectos de Solución Temporal. En el SIN podrá permitirse la implementación de PST, cuando se determine que su conexión es viable, técnica y económicamente, y se apruebe su conexión, según lo que se dispone a continuación:

c. El (los) Transportador(es) Relacionado(s) analizará(n) la viabilidad técnica para la conexión del (los) PST propuestos, incluyendo el análisis de la viabilidad física requerida para su implementación y emitirán su concepto indicando si este es favorable. Este concepto deberá ser emitido al Transportador de la subárea operativa afectada con copia al CND, a la CREG, a la UPME y al CNO.
6. Partiendo de los anteriores conceptos, el CNO analizará si el (los) Proyecto(s) de Solución Temporal genera(n) algún tipo de afectación a la seguridad y confiabili- dad del sistema, y en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles contados a partir de la última de las fechas en las que haya recibido el resultado de los anteriores análisis, informará al Transportador de la subárea operativa afectada, al CND, a la CREG, a la UPME y a el (los) Transportador(es) Relacionado(s) si en su concepto considera viable la implementación del (los) PST.
7. Si los conceptos del CND, la UPME para obras del STN y STR o el OR para obras del SDL, el(los) Transportador(es) Relacionado(s) y el CNO son favorables se en- tenderá que existe viabilidad técnica para la conexión del PST.

7.2 Viabilidad económica:

La UPME, para activos del STN o el STR, y el OR, para activos del SDL, estimarán la relación beneficio-costo del proyecto con base en lo siguiente: a) Validación de las UC asimiladas. A más tardar diez (10) días hábiles después de que reciba el Estudio de Alternativas, la CREG validará que la asimilación del PST a Unidades Constructivas (UC) haya sido correcta y al respecto entregará su concepto al Transportador de la subárea operativa afectada con copia al CND, a la UPME, al OR, al Transportador Relacionado y al CNO. En el caso de que existan errores de asimilación en el Estudio de Alternativas, en el concepto de la CREG se realizarán las correcciones respectivas. b) Determinación del beneficio de las alternativas. El beneficio de las alternativas deberá ser obtenido como la valoración de la reducción de la DNA gracias a la conexión del PST, durante el periodo de operación previsto, es decir, desde la fecha prevista para su puesta en operación comercial hasta la fecha máxima que puede mantenerse operando. Esta valoración de reducción de DNA deberá realizarse bajo los mismos criterios que se utilizan en la evaluación corriente de los proyectos de expansión, con excepción de lo mencionado acerca del periodo considerado para obtener el beneficio.

7.1 Viabilidad técnica:
1. Cuando el CND y/o los Transportadores, en cumplimiento de sus funciones y res- ponsabilidades, identifiquen en sus análisis la posible ocurrencia de una Situación de Emergencia, deberán presentar dichos análisis en reunión plenaria del CNO, identificando la subárea operativa afectada y el mercado de comercialización al que pertenece.
2. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los análisis, el CNO deberá emitir un concepto en el que se determine si la situación expuesta corresponde a una Situación de Emergencia, según la definición del artículo 4º de la presente resolución. Este concepto deberá ser informado a todos los Transporta- dores que hacen parte del SIN, dentro del mismo plazo, a través del medio que para tal fin el CNO defina.
3. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que se determine la existencia de una Situación de Emergencia, los Transportadores que puedan ofrecer activos que sirvan para contribuir a la atención de la situación podrán ofrecerlos para su in- corporación en PST. Para tal efecto, deberán remitir al OR de la subárea operativa afectada, con copia al CND, a la CREG, a la UPME y al CNO, la identificación de los activos ofrecidos, sus características técnicas (incluyendo las relacionadas con la información de activos establecida en el artículo 8 de la presente resolución), su ubicación, la fecha a partir de la cual estarían disponibles, el tiempo estimado para su traslado y las condiciones para su utilización.
Cuando se ofrezcan activos de reserva, se deberá identificar el sistema o instalación a la que se encuentra destinada dicha reserva, para efectos de la evaluación prevista en el artículo 11 de la presente resolución.

41 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL c) Determinación del costo de las alternativas: El costo de las alternativas se calculará considerando las UC validadas en el concepto de la CREG y la estimación del valor de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) a reconocer. del OR del mercado de comercialización, quien deberá formalizarla en este mismo plazo. Al hacer la modificación deberá identificarse expresamente la nueva fecha máxima hasta la cual se podrá(n) mantener en operación el (los) PST y el análisis a través del cual se justifica la ampliación.

El (los) Transportador(es) responsable(s) de la ejecución del PST podrán desistir del proyecto si no están de acuerdo con las condiciones en las que es aprobada la conexión o solicitar la revisión de las condiciones de aprobación.

Para determinar el valor presente de los costos se considerarán los ingresos mensuales por inversión y AOM que corresponda reconocer a cada activo estimados aplicando las fórmulas establecidas en el artículo 14 de la presente resolución, durante los respectivos periodos de remuneración allí establecidos, teniendo en cuenta su clasificación como Tipo 1 o Tipo 2 y los periodos previstos de operación y desconexión.

Artículo 8º.

Contenido de los Estudios de Alternativas. El contenido de los Estudios de Alternativas será el siguiente:

El resultado del cálculo de la relación beneficio-costo será informado por la UPME y el OR, según corresponda, con copia al CND, el OR del mercado de comercialización, la CREG, el CNO y el (los) Transportador(es) Relacionado(s). El proyecto será viable económicamente si su relación beneficio-costo es igual o superior a 1.

7.3 Aprobación de la implementación del PST.

La aprobación de la implementación de un PST tendrá como requisito indispensable que sea viable técnica y económicamente.

En caso de que más de una de las alternativas de PST sea viable técnica y económicamente y solo sea necesario o posible implementar una de estas, se priorizarán las alternativas, en orden de mayor a menor, con base en el puntaje que se obtenga al aplicar para cada una de ellas la siguiente fórmula: a) Identificación, diagrama unifilar y descripción de los activos que componen el PST. b) Análisis de la viabilidad técnica de la implementación del PST. c) Información de parámetros eléctricos de los activos a instalar, requerida para su modelamiento en software de análisis de sistemas de potencia, cortocircuito y estabilidad. d) Estimación de la reducción de la DNA en MWh. e) Identificación y análisis de los requisitos en cuanto a trámites ambientales y demás autorizaciones o permisos requeridos. f) Fecha estimada para la puesta en operación comercial. g) Periodo en el que, de acuerdo con los análisis, se prevé necesario que se mantenga operando dicho PST. h) Identificación del (los) Transportador(es) que serán responsables de los activos ante el sistema. i) Listado de activos que componen el PST, asimilados a las UC. En caso de que los componentes del activo a instalar no contengan la totalidad de los elementos que conforman la UC asimilable, se deberá indicar y soportar el porcentaje que representan los componentes del activo a instalar sobre el valor total de la UC. j) El estudio deberá identificar las razones técnicas y de oportunidad para la inclusión o descarte de cada alternativa. 8.1 Reporte de información de activos Con respecto a los activos que componen el PST se deberá indicar para cada activo si es nuevo o usado y clasificar la procedencia del activo entre: i) Activos existentes no vinculados al servicio, ii) Activos de reserva, iii) Activos obtenidos mediante alquiler, iv) Activos obtenidos mediante cesión temporal, o v) Activos adquiridos específicamente para el PST.

Para los activos usados, como parte del Estudio de Alternativas, se deberá entregar la siguiente información:

La aprobación de la conexión de los activos del STN o del STR que componen el PST será formalizada a través de un acto administrativo expedido por la UPME, y para los activos del SDL será formalizada mediante concepto de aprobación emitido por el OR del respectivo mercado de comercialización. El acto administrativo o el concepto será emitido a más tardar cinco (5) días hábiles después de que se tengan los conceptos del CND, la UPME, los Transportadores Relacionados, el CNO y la CREG. El respectivo documento de aprobación como mínimo deberá contener la siguiente información:

- Identificación individual del activo: fabricante, referencia, serial y fotografías del equipo y su placa.
- Fecha de fabricación respaldada por placa, por certificación del fabricante o por documentación original trazable.
- Fecha de primera puesta en servicio, cuando haya operado.
- Hoja de vida con periodos de uso, reserva y almacenamiento e intervenciones principales.
- Declaración del representante legal sobre la veracidad de la información, acom- pañada de un informe técnico que identifique que tras la revisión de los docu- mentos aportados se concluye que el activo se encuentra en condiciones adecua- das para prestar el servicio de manera segura y confiable. 8.2 Asimilación a UC

a) Identificación del (los) Transportador(s) responsable(s) de la ejecución del PST. En caso de que exista más de uno, se deberá identificar el Transportador responsable de cada activo. b) La fecha (dd/mm/aa) en que debe ser puesto en operación comercial el PST. c) La fecha máxima (dd/mm/aa) hasta la cual se podrá mantener en operación el PST. d) El listado de UC que componen el proyecto, tomado de la validación efectuada por la CREG. e) La información técnica relevante con respecto a la conexión.

Los activos deberán ser asimilados a las UC definidas en las metodologías de transmisión y distribución de energía eléctrica vigentes.

En ningún caso se podrá exigir que la fecha de puesta en operación comercial del PST sea anterior a la fecha propuesta en el Estudio de Alternativas presentado por el Transportador. No obstante, el PST podrá ponerse en operación comercial antes de la fecha prevista, si no existe algún impedimento para ello.

Solo en el caso en que las características técnicas del activo no permitan asimilarlo a una UC definida en la regulación vigente se podrá solicitar la definición de una UC específica para asimilarlo. Para este fin se deberá entregar, como mínimo, la siguiente información:

Para el caso del STN o el STR la fecha de puesta en operación comercial deberá ser definida por la UPME, con el apoyo del CND, y en el caso del SDL será definida por el OR. a) Justificación técnica: descripción de las características técnicas y funcionales del activo, sus especificaciones, configuración y componentes, junto con los estudios y demás documentos que permitan verificar dichas características.

La fecha máxima hasta la cual se podrá(n) mantener en operación el (los) PST será definida por la UPME para los activos del STN o el STR con el apoyo del CND. En el caso del SDL, esta fecha será definida por el OR.

Como mínimo dos (2) meses antes de que se venza la fecha máxima hasta la cual se podrá(n) mantener en operación el (los) PST deberá analizarse si se requiere ampliar el periodo de operación para evitar que se genere DNA en la respectiva subárea.

Los análisis sobre la ampliación de la fecha máxima deberán ser realizados conjuntamente por la UPME (y el OR para lo relacionado con activos del SDL), el CND y el CNO. b) Justificación de la no asimilación: análisis comparativo con las UC existentes que presenten mayor similitud, identificando las diferencias técnicas que impiden su asimilación y justificando la necesidad de dichas diferencias para el cumplimiento de la función prevista. c) Composición de la UC: relación detallada de los equipos, materiales, accesorios y demás elementos que la conforman, con sus respectivas cantidades y especificaciones técnicas. d) Soporte de costos: presupuesto desagregado de los componentes de la UC y de los costos de instalación asociados, incluyendo cantidades, precios unitarios y los soportes que permitan verificar su valor. e) Demostración de eficiencia en costos: análisis que sustente la razonabilidad y eficiencia de los costos solicitados, mediante cotizaciones comparables, resultados de procesos competitivos de contratación, referencias de mercado u otros Si se concluye que la fecha máxima requiere ser ampliada, la UPME modificará el respectivo acto administrativo emitido sobre activos del STN y el STR, de manera que quede en firme treinta (30) días hábiles antes de la fecha máxima vigente. En el caso del SDL, la modificación de la fecha máxima, en caso de que proceda, será responsabilidad Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 42 DIARIO OFICIAL El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) considerará el punto de medición temporal exclusivamente para efectos de la liquidación del activo objeto de la medida.

Cuando los activos se encuentren en serie entre el punto de medición temporal y el punto de conexión, las lecturas de energía se afectarán mediante factores de ajuste que reflejen las pérdidas reales que hayan sido acordados entre las partes.

Cuando los activos no estén en serie, para el registro de la energía en la frontera de comercialización temporal se deberá considerar lo siguiente: mecanismos de comparación verificables. Para los componentes y actividades equivalentes a los incluidos en UC existentes, deberán utilizarse como referencia los costos reconocidos en la regulación, justificando las diferencias que se presenten. f) Justificación de la alternativa seleccionada: cuando existan diferentes alternativas técnicas o comerciales para satisfacer el requerimiento, se deberá justificar la selección realizada, considerando sus costos, características técnicas y oportunidad de disponibilidad, según corresponda. La CREG podrá solicitar información adicional y utilizar referencias de costos de UC existentes, precios de mercado y demás información disponible para determinar el valor eficiente de la UC específica. a). La memoria de cálculo del factor de ajuste deberá aislar los aportes e inyecciones de generación confluente en el barraje para evitar la asignación de pérdidas no operativas o la duplicidad en su reconocimiento.

La aprobación de esta UC específica, incluyendo su valor, dependerá del resultado de la validación que haga la CREG, en concordancia con lo establecido en el literal a) del numeral 7.2 del artículo 7º de la presente resolución. b) El factor de ajuste de pérdidas acordado entre las partes será utilizado cuando los flujos de energía se produzcan desde el punto en que debería estar ubicada la frontera entre agentes, según lo exigido en la Resolución CREG 038 de 2014, y el punto de ubicación en que se encuentre conectada la frontera comercial temporal.

Parágrafo 1º. En caso de que lo considere necesario, la UPME podrá adicionar el
contenido del Estudio de Alternativas, mientras que se limite a solicitar la información que sea indispensable para la revisión que deben realizar la UPME, el CND, la CREG, el Transportador Relacionado y el CNO.

Los criterios para definir los factores de ajuste serán acordados entre las partes, informados al ASIC y publicados para conocimiento de los comercializadores con demanda en el área.

Mientras se obtiene el acuerdo entre las partes sobre el factor de pérdidas, el ASIC registrará la frontera utilizando un factor provisional calculado por el representante del PST, con base en los datos técnicos de placa de los equipos, el cual será reemplazado por el acordado y con base en este se reajustarán las liquidaciones correspondientes. Cualquier controversia comercial posterior será dirimida a través de las instancias de solución de conflictos entre agentes o directamente ante la CREG.

Artículo9º. Ejecución de los Proyectos de Solución Temporal. Será responsable de la ejecución de un PST el Transportador identificado en el acto administrativo, o concepto de aprobación, como responsable de representar los activos ante el sistema, considerando los acuerdos que se hayan hecho entre quienes ofrecen los activos que componen el PST y el (los) Transportador(es) de la subárea operativa donde se presenta la Situación de Emergencia. Para esto, el ejecutor, el (los) Transportador(es) de la subárea operativa, el Transportador Relacionado y los demás involucrados deberán acordar y documentar la titularidad, representación ante el LAC, operación, mantenimiento, consignaciones, acceso, intercambio de información, seguros, responsabilidades técnicas y demás aspectos sujetos de acordar entre las partes.

2. Certificado de calibración. Para efectos de registro de la frontera, el represen- tante podrá aportar los certificados de calibración de laboratorio o, en su defecto, las pruebas de ensayo de los equipos. Ante la ausencia de alguno de estos docu- mentos, se podrá presentar la evidencia de los resultados de las pruebas de rutina.

El ejecutor del proyecto será responsable por el diseño, construcción, montaje y puesta en operación de los activos, así como de su desmonte y retiro del sitio, junto con todo aquello que haya sido requerido para su instalación, con el fin de dejar el sitio en las condiciones que se hayan acordado.

3. Componentes del sistema. La frontera de comercialización temporal podrá em- plear componentes del sistema de medición nuevos o existentes que cumplan con las clases de exactitud del Código de Medida, según apliquen para estos componentes.

Artículo 10.

Fin de la conexión de los Proyectos de Solución Temporal. Como mínimo treinta (30) días hábiles antes de que se cumpla la fecha máxima hasta la cual se podrá(n) mantener en operación el (los) PST, se deberá coordinar y ejecutar las acciones requeridas para que al día siguiente de que se cumpla esta fecha, los activos que componen este proyecto sean desenergizados de manera segura. El (los) Transportador(es) responsable(s) de los activos que componen el PST tendrá(n) la obligación de desconectarlos del sistema atendiendo las instrucciones que se den para esto, en caso de que se produzcan.

Para el procedimiento y plazo de registro de la frontera de comercialización temporal, el ASIC, adicional a lo establecido en el artículo 4º de la Resolución CREG 157 de 2011, verificará los siguientes soportes: i) el concepto de la Situación de Emergencia emitido por el CNO y ii) la memoria del factor de ajuste (definitivo o provisional), cuando esta sea requerida. Con dichos documentos, el ASIC deberá efectuar el registro de la frontera comercial temporal en el tiempo optimizado que para fines del objeto de la presente resolución defina y publique en un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente resolución.

Artículo 11.

Uso de elementos de reserva. Cuando se acuda al uso de activos de reserva, independientemente de que estén siendo remunerados a los TN u OR, el CND debe identificar el impacto en el sistema ante la ausencia de dicha reserva, y considerar el resultado de ese impacto como parte de los insumos para determinar su conclusión acerca de la favorabilidad de la ejecución del PST.

Las fronteras de comercialización entre agentes registradas para conectar activos de PST solo podrán utilizarse hasta la fecha máxima en la que se permite mantener en operación el PST. La frontera de comercialización temporal deberá ser cancelada a partir del día siguiente a que se cumpla la mencionada fecha máxima.

Parágrafo. Para proyectos de expansión regular del sistema que pueden utilizarse
para aliviar o eliminar Situaciones de Emergencia se permitirá el registro de una frontera comercial temporal, incluyendo la aplicación de las excepciones establecidas en el presente artículo, si con esto se agiliza la puesta en operación comercial del proyecto.

Artículo 12.

Cumplimiento de la Fecha de Puesta en Operación. Los PST deberán iniciar su operación a más tardar en la fecha de puesta en operación definida, de que trata el artículo 7º de la presente resolución. Ante el incumplimiento de esa fecha, el LAC deberá facturar mensualmente, al Transportador responsable del PST, un valor equivalente al 50% del ingreso mensual definido para este proyecto con base en las disposiciones del artículo 14 de la presente resolución. Esta facturación deberá realizarse hasta el mes en que se produzca la puesta en operación comercial, inclusive. El valor recaudado por este concepto deberá ser asignado a todos los comercializadores del SIN, a prorrata de su demanda, y deberá restarse a la variable CRSm-1,i: “Costo total de restricciones”, de que trata la Resolución CREG 119 de 2007.

No obstante, cuando el Transportador se acoja a lo establecido en el presente parágrafo asume la obligación de cumplir, en un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la fecha de registro de la frontera de comercialización temporal, las exigencias establecidas para la instalación de fronteras de comercialización entre agentes definidas en la Resolución CREG 038 de 2014, así como lo establecido en la Resolución CREG 157 de 2011.

Si el agente incumple el plazo máximo mencionado, hasta tanto no se cumplan las exigencias regulatorias para la frontera, el LAC calculará y descontará del ingreso mensual del Transportador el ingreso mensual por inversión del activo, calculado con la metodología de transmisión o distribución, según corresponda, incluyendo recuperación de inversión y rentabilidad.

En caso de situaciones de fuerza mayor que impidan cumplir la fecha de puesta en operación, el Transportador deberá elaborar y radicar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) un informe en el que soporte la situación de fuerza mayor y entregar copia de este radicado al LAC, al menos treinta (30) días hábiles antes de la fecha de puesta en operación prevista. La radicación del informe ante la SSPD suspenderá provisionalmente la aplicación del cobro. La no aplicación definitiva estará condicionada a la decisión de la SSPD sobre la configuración de la fuerza mayor. Si esta no se acredita, el LAC reliquidará y cobrará los valores dejados de aplicar.

Para el registro de la frontera con base en lo dispuesto en este parágrafo, además de los requisitos para las fronteras de comercialización temporales para los PST establecidos en este artículo, se deberá presentar un cronograma vinculante para la normalización de la frontera en cuanto al cumplimiento de las exigencias del Código de Medida, el cual no podrá exceder el plazo máximo de dos (2) años antes mencionado, debiendo remitir al ASIC y a la SSPD informes semestrales de avance.

Artículo13. Registro de fronteras de comercialización temporales. Para conectar activos de los PST que para su puesta en operación comercial requieran la instalación de fronteras de comercialización entre agentes, se deberá cumplir lo dispuesto en el Código de Medida definido mediante la Resolución CREG 038 de 2014, así como lo establecido en la Resolución CREG 157 de 2011. No obstante, ante la posibilidad de agilizar la entrada en operación del proyecto, para la conexión y registro de las fronteras de comercialización temporales se permitirán las siguientes excepciones:

La frontera de comercialización temporal entre agentes, cuyo registro haya sido permitido para proyectos de expansión regular del sistema, con base en lo dispuesto en este parágrafo, se cancelará en la misma fecha en que el ASIC registre la frontera normalizada.

Artículo 14.

Remuneración de los Proyectos de Solución Temporal. Los activos que compongan los PST serán remunerados únicamente cuando no estén siendo remunerados por cualquier otro mecanismo establecido en la regulación vigente.

Cuando proceda la remuneración, esta será otorgada a el(los) Transportador(es) que represente(n) activos que componen el PST.

1. Ubicación de la frontera. Se permitirá la ubicación de la frontera de comercialización entre agentes temporal en una ubicación diferente a la exigida en el artículo 19 de la Resolución CREG 038 de 2014. La ubicación de esta frontera no modificará la clasificación de los activos involucrados como de uso o de conexión, ni el sistema al que se encuentran conectados (STN, STR o SDL), ni el nivel de tensión, ni el tratamiento en la liquidación del Mercado de Energía Mayorista (MEM) de las fronteras de generación o de demanda de terceros previamente registradas en la misma subestación.

43 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL El inicio de la remuneración de los PST será a partir del primer día calendario del mes siguiente a que se produzca su fecha de puesta en operación comercial.

Para los activos de transmisión tipo 2 el ingreso mensual solo se aplica durante los meses m en los cuales los activos estén en operación en el PST.

14.2 Ingresos asociados con activos de la actividad de distribución Para los activos de distribución, el Ingreso mensual por activos de distribución (IMDm) se calculará con base en las siguientes fórmulas:

Para efectos de remunerar un PST el LAC calculará el ingreso mensual por el proyecto, IMPSTm, con base en las UC aprobadas en el acto administrativo, para activos del STN o STR; o en el concepto, para activos del SDL. Este ingreso será otorgado considerando los siguientes tipos de activos:

- Activos Tipo 1: Activos nuevos adquiridos específicamente para el PST. Estos activos deberán ser remunerados hasta que se agote la vida útil reconocida según las UC con las que hayan sido asimilados.

- Activos Tipo 2: Activos de reserva no remunerados por otro mecanismo esta- blecido en la regulación, Activos existentes no vinculados al servicio y Activos obtenidos mediante alquiler. Estos activos deberán ser remunerados únicamente durante el periodo que operen como parte del PST.

Adicionalmente, el ingreso de los activos se dividirá entre activos de transmisión y activos de distribución.

Para el cálculo del ingreso mensual por el proyecto, IMPSTm, se deberá aplicar las siguientes fórmulas:

14.1 Ingresos asociados con activos de la actividad de transmisión Para los activos de transmisión, el Ingreso mensual por activos de transmisión (IMTm) se calculará con base en las siguientes fórmulas:

Para los activos de distribución tipo 1 se aplicará el ingreso durante la vida útil reconocida a las UC del proyecto.

Para los activos de distribución tipo 2 el ingreso mensual solo se aplica durante los meses m en los cuales los activos estén en operación en el PST.

El Ingreso Mensual del Proyecto de Solución Temporal (IMPSTm), calculado por el LAC, deberá ser asignado a todos los comercializadores del SIN, a prorrata de su demanda, y deberá sumarse a la variable CRSm-1,i: “Costo total de restricciones”, de que trata la Resolución CREG 119 de 2007. El LAC deberá mantener este valor diferenciado y publicado para consulta general en su sitio web.

Para los activos de transmisión tipo 1 se aplicará el ingreso durante la vida útil reconocida a las UC del proyecto.

Cumplidos los pagos de un activo tipo 1, según su vida útil regulatoria, el activo no podrá continuar siendo remunerado.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 44 DIARIO OFICIAL Para los activos que componen un PST aplicarán las disposiciones de calidad del servicio establecidas en las metodologías de transmisión y distribución vigentes. requerida en el mercado de comercialización que atiende. La entrega de este informe no reemplaza el cumplimiento de las exigencias de reporte de proyectos de expansión establecidas en la regulación vigente.

Cuando un activo tipo 1 de un PST, al que no se le ha remunerado la totalidad de los años de vida útil regulatoria, se desconecte del sistema en aplicación de las disposiciones establecidas en la presente resolución, el PAOM aplicable para calcular su ingreso mensual será de 0%.

Estos proyectos deberán ser priorizados por el OR y para su inclusión en el plan de inversiones de distribución se deberá cumplir las reglas establecidas en la Resolución CREG 015 de 2018.

Un activo tipo 1 que salga de operación comercial y al que no se le haya remunerado aún la totalidad de los años de vida útil regulatoria se podrá utilizar en una de las siguientes alternativas:

Cuando el OR sea el responsable de la ejecución del proyecto de expansión del STR o del SDL requerido como solución permanente deberá informar a la UPME, el CND y la CREG cuando este proyecto entre en operación comercial. Si el proyecto no entra en operación comercial el LAC facturará mensualmente a dicho OR un valor equivalente al 50% del ingreso mensual estimado del PST, que se haya utilizado para atender la Situación Especial.

1. Para formar parte de otro PST que se requiera en el SIN. En este caso, para la remuneración de costo del activo se deberá continuar con la cuenta del número de mensualidades que lleva remuneradas.

2. Utilizarlo para formar parte de un proyecto de expansión regular del SIN. Esta al- ternativa solo será aplicable para los activos que hagan parte de la actividad que cada Transportador desarrolle. Para utilizarlo en esta alternativa se deberá aplicar las reglas definidas en la regulación vigente para la ejecución de proyectos de expansión, pero de conformidad con esta regla no se exigirá que sean nuevos.
Una vez se inicie la remuneración con la metodología o reglas respectivas, estos activos dejarán de recibir el ingreso como activos del PST.

En caso de situaciones de fuerza mayor que impidan cumplir la fecha de puesta en operación, el Transportador deberá elaborar y radicar ante la SSPD un informe en el que soporte la situación de fuerza mayor y entregar copia de este radicado al LAC, al menos treinta (30) días hábiles antes de la fecha de puesta en operación prevista. La radicación del informe ante la SSPD suspenderá provisionalmente la aplicación del cobro. La no aplicación definitiva estará condicionada a la decisión de la SSPD sobre la configuración de la fuerza mayor. Si esta no se acredita, el LAC reliquidará y cobrará los valores dejados de aplicar.

El valor recaudado por este concepto deberá ser asignado a todos los comercializadores del SIN, a prorrata de su demanda, y deberá restarse a la variable CRSm-1,i: “Costo total de restricciones”, de que trata la Resolución CREG 119 de 2007.

Parágrafo 1º. La UPME, con el apoyo del CND, deberá crear y mantener actualizado
un inventario de activos que conforman cada PST que se implemente en el STN y el STR, identificando como mínimo la fecha de inicio y de finalización de operación de cada activo, el número de meses y años pendientes de pago (en caso de que aplique) y si el activo se encuentra en operación o si fue desconectado del sistema. Para el caso de los activos del SDL que hacen parte de un PST, la responsabilidad del inventario será del OR del mercado de comercialización respectivo.

Este inventario deberá estar disponible en el sitio web de la UPME o del OR, según corresponda, para conocimiento público.

Artículo 17.

Seguimiento de la expansión requerida en el SIN. Los OR deberán publicar en su sitio web, para conocimiento general, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, un balance ejecutivo del estado de avance de los proyectos de expansión identificados como solución estructural y permanente de las Situación de Emergencia que se hayan identificado en su mercado de comercialización. Para cada proyecto, se deberá indicar su alcance, responsable, etapa actual, principales hitos cumplidos y pendientes, fecha prevista de entrada en operación y eventuales retrasos o dificultades que puedan afectar su ejecución oportuna.

Parágrafo 2º. A partir del primer día calendario del mes siguiente a que se cumpla la
fecha máxima hasta la cual se podrá mantener en operación el PST, los activos tipo 2 que los componen y que estén recibiendo remuneración a través de las reglas de esta resolución dejarán de ser remunerados.

El seguimiento del avance anual que se presente en estos informes sobre la ejecución de los proyectos será insumo de la SSPD, en su labor de vigilancia y control del cumplimiento de la responsabilidad que tienen estos agentes sobre la planeación y la ejecución de la expansión requerida en sus sistemas.

Parágrafo 3º. Los Activos obtenidos mediante cesión temporal, aunque no serán
remunerados, podrán hacer parte de los PST.

Parágrafo. El primer balance deberá ser presentado a más tardar ciento ochenta (180)
días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente resolución.

Parágrafo 4º. Los costos de retiro y desmonte de los activos que componen los PST se
considerarán incluidos dentro del valor del AOM que se reconoce mediante la aplicación de las fórmulas para determinar el Ingreso Mensual del PST.

Artículo 18.

Actuaciones frente a riesgos de desatención de la demanda asociados a la falta de expansión. Cuando en el SIN, con base en los análisis de planeación de la operación, se prevea necesario desconectar demanda por agotamiento de la capacidad de los activos de uso que se encuentran en operación en el SIN, el CND deberá enviar sus análisis sobre esta situación a la CREG.

Artículo 15.

Transición. Para el caso de proyectos temporales que hayan sido analizados para atender situaciones de DNA en el SIN, antes de la entrada en vigor de la presente resolución, y cuyo análisis de viabilidad técnica se haya iniciado o finalizado, no se requerirá volver a hacer los análisis, a menos de que la UPME, el CND o el CNO encuentren necesario complementar su concepto, en aplicación de lo dispuesto en la presente resolución. No obstante, para los aspectos que no hayan sido definidos o conceptuados deberá aplicarse lo dispuesto en la presente resolución.

Con base en la información remitida por el CND, la CREG identificará la necesidad de dar traslado y solicitar a la SSPD, en los términos del numeral 73.18 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, que adelante las investigaciones correspondientes.

La SSPD, en ejercicio de las funciones previstas en los numerales 1 y 11 y en el numeral 5 del parágrafo 2º del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, adelantará las actuaciones de su competencia y adoptará las medidas que resulten procedentes para proteger la continuidad y eficiencia del servicio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, con observancia del debido proceso.

Artículo 16.

Proyectos requeridos para solucionar de manera estructural y permanente. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a que se haya determinado la existencia de una Situación de Emergencia, la UPME, para el caso del STN y el STR; y el OR, para el caso del SDL, deberán informar al CND, la CREG, y el CNO, el nombre del proyecto de solución estructural y permanente identificado para resolver dicha situación. Adicionalmente, esta información deberá mantenerse publicada en el sitio web de la UPME o el OR, según corresponda.

Parágrafo. Cuando el prestador se encuentre bajo medida de toma de posesión, las
actuaciones comprenderán, según corresponda, el seguimiento a la gestión del agente especial y la evaluación de las soluciones para garantizar la prestación del servicio en el corto y largo plazo, de conformidad con los numerales 2, 3 y 4 del artículo 25 del Decreto número 1369 de 2020.

En el caso de que existan Situaciones de Emergencia para las que aún no se encuentre definido el proyecto requerido para solucionar la situación de manera estructural y permanente, o el encargado de su ejecución; el responsable de la planeación de la expansión en el respectivo sistema (UPME u OR) deberá identificarlo, atendiendo las siguientes disposiciones:

La Comisión podrá solicitar información sobre el estado y avance de las investigaciones, conforme al numeral 5 del parágrafo 2º del artículo 79 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 19.

Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase. a) En el caso del STN y del STR se deberá asociar la Situación de Emergencia a la Situación Especial definida en la Resolución MME 9 0604 de 2014 y aplicar las reglas definidas en dicha resolución, así como las reglas para la ejecución de proyectos urgentes establecidas en la Resolución CREG 093 de 2014.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de noviembre de 2026.

La Presidente, María Nohemí Arboleda, Ministra de Minas y Energía. b) En el caso del SDL, en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de que se identifique la Situación de Emergencia, el OR del respectivo mercado de comercialización deberá enviar a la SSPD, con copia a la UPME, el CND y la CREG, un estudio técnico con el análisis de la situación, en el que se identifique el proyecto de expansión requerido como solución permanente y su cronograma de ejecución.

La Directora Ejecutiva, Adriana Jiménez Delgado.

Este estudio deberá ser tenido en cuenta para el seguimiento por parte de la SSPD de los avances en la ejecución de proyecto de solución permanente y estructural, con base en la responsabilidad que tiene el OR sobre la planeación y ejecución de la expansión (C. F.).

45 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL 1275 2 6 Página de Hoja No. 2

4. Número de formulario Espacio reservado para la DIAN

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países Ítem
27. Nombre de la franja

26. Cód.
Franja
28. Código de nomenclatura
29. Arancel Total SAFP (%)

30. Marcador

31. No aplica SAFP

32. Notas del SAFP

1 FRANJA DE LA CARNE DE CERDO 1 X 2 3 4 5 6 0203299000 0203110000 0203120000 0203191000 0203192000 0203193000 0203199000 7 8 0203220000 0203210000 9 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 10 11 12 37 37 37 13 37 14 15 16 17 37 37 37 183 2 FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO 18 X 19 92 92 20 21 0203291000 0203292000 0203293000 0210120000 0210190000 1601000000 1602410000 1602420000 0207140010 0207110000 0207120000 0207130010 0207130090 22 23 24 0207140090 0207260000 0207270000 25 0207430000 26 27 28 29 30 31 32 Este año, la Imprenta Nacional de Colombia marcará un nuevo hito en 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 70 70 33 la historia del país, reafirmando su compromiso con Colombia.

70 34 1 3 FRANJA DE LA LECHE ENTERA 35 X X 29 36 29 0207440000 0207450000 0207530000 0207540000 0207550000 1602311000 1602321000 1602391000 0402211900 0401100000 0401200000 37 38 29 29 0401500000 0401400000 39 40 X 1 1 41 42 X X 1 1 43 44 45 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 46 47 48 Circulares 1 1 1 1 1 1 0402101000 0402109000 0402211100 0402219100 0402219900 0402291100 0402291900 0402299100 0402299900 0402911000 49 X X X X X X X

CIRCULAR NÚMERO 12757000006219 DE 2026

(noviembre 13)

1275 3 6 Página de Hoja No. 2

4. Número de formulario Espacio reservado para la DIAN

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del Comercio Exterior De: Director de Gestión de Aduanas Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países Ítem
27. Nombre de la franja

26. Cód.
Franja
28. Código de nomenclatura
29. Arancel Total SAFP (%)

30. Marcador

31. No aplica SAFP

32. Notas del SAFP

Asunto: Gravámenes ad valorem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.

0402919000 1 1 X 0402999000 1 2 X 0404109000 2 3 X 0404900000 2 4 X 0405100000 30 5 0405200000 30 6 0405902000 30 7 0405909000 30 8 0406300000 30 9 0406904000 30 10 En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus sustitutos, 0406905000 30 11 0406906000 30 12 productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

0406909000 30 13 4 FRANJA DEL TRIGO 1001190000 11 14 X 1101000000 11 15 1103110000 11 16 1108110000 11 17 1902190000 16 18 5 FRANJA DE LA CEBADA 1003900010 4 19 X 1003900090 4 20 Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones procedentes de terceros países, acorde con el Decreto número 547 del 31 de marzo de 1995 y sus modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

1107100000 4 21 1107200000 4 22 6 FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO 1005901100 40 23 X 0207240000 40 24 0207250000 40 25 0207410000 26 40 40 0207420000 27 40 28 0207510000 0207520000 29 40 40 0207600000 30 40 31 1005901900 1005903000 40 32 1005904000 40 33 1005909000 40 34 1007900000 35 40 40 36 1108120000 1108190000 40 37 1702302000 40 38 1702309000 39 40 40 1702401000 40 40 1702402000 41 40 42 2302100000 2302300000 40 43 2302400000 40 44 2308009000 40 45 2309109000 40 46 2309901000 47 40 40 2309909000 48 40 3505100000 49 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 46 DIARIO OFICIAL 6 6 Página de Hoja No. 3 1275 4 6 Página de Hoja No. 2

4. Número de formulario Espacio reservado para la DIAN 1275

4. Número de formulario Espacio reservado para la DIAN

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países 1

34. Texto de la nota
33. Nota No.:

Ítem
27. Nombre de la franja

26. Cód.
Franja
28. Código de nomenclatura
29. Arancel Total SAFP (%)

30. Marcador

31. No aplica SAFP

32. Notas del SAFP

3505200000 40 1 Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

7 FRANJA DEL MAÍZ BLANCO 1005901200 2 1 X 3 X 1102200000 37 3 8 FRANJA DE LA SOYA EN GRANO 1201900000 18 4 X 1202410000 18 5 2

33. Nota No.:

34. Texto de la nota

1205109000 18 6 Establecer un arancel de 94% para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00, por tal motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

1205909000 18 7 2 1206009000 18 8 1207409000 18 9 1207999100 18 10 3

33. Nota No.:
34. Texto de la nota

1207999900 18 11 1208100000 18 12 3 1208900000 18 13 2301201100 18 14 Establecer un arancel de 40% para la importación de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00, el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria (IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de 2007.

2301201900 18 15 4

33. Nota No.:
34. Texto de la nota

2304000000 18 16 2306100000 18 17 4 De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

2306300000 18 18 2306900000 18 19 9 FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA 1507100000 20 20 X

33. Nota No.:
34. Texto de la nota

1507901000 20 21 1507909000 20 22 5 1508100000 20 23 1508900000 20 24 1512111000 20 25

33. Nota No.:
34. Texto de la nota

1512112000 20 26 1512191000 20 27 6 1512192000 20 28 1512210000 20 29 1512290000 20 30

33. Nota No.:
34. Texto de la nota

1514110000 20 31 1514190000 20 32 7 1514910000 20 33 1514990000 20 34 1515210000 20 35

33. Nota No.:
34. Texto de la nota

1515290000 20 36 1515500000 20 37 8 1515900010 10 38 1515900090 20 39 10 FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA 1511100000 18 40 X

33. Nota No.:
34. Texto de la nota

1501100000 13 41 1501200000 13 42 9 1501900000 13 43 1502101000 13 44 1502109000 13 45

33. Nota No.:
34. Texto de la nota

1502901000 13 46 1502909000 13 47 10 1503000000 13 48 1506001000 13 49 (C. F.).

1275 5 6 Página de Hoja No. 2

4. Número de formulario Espacio reservado para la DIAN

Superintendencias

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países Superintendencia del Subsidio Familiar Ítem
27. Nombre de la franja

26. Cód.
Franja
28. Código de nomenclatura
29. Arancel Total SAFP (%)

30. Marcador

31. No aplica SAFP

32. Notas del SAFP

1506009000 13 1 1511900000 18 2 Resoluciones 1513110000 18 3 1513190000 18 4 1513211000 18 5 1513291000 18 6

RESOLUCIÓN NÚMERO 0898 DE 2026

1515300000 18 7 1516200000 18 8 1517100000 18 9 1517900000 18 10 1518001000 18 11 1518009000 18 12 3823110000 13 13 3823120000 13 14 3823190000 13 15 FRANJA DEL AZUCAR CRUDO 11 1701140000 23 16 X 1701120000 23 17 12 FRANJA DEL AZUCAR BLANCO 1701999000 27 18 X 1701910000 27 19 1701991000 27 20 (noviembre 11) por medio de la cual se decide de fondo el procedimiento de levantamiento de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, Comfaguajira, adoptada mediante la Resolución número 0780 del 11 de noviembre de 2022 y prorrogada mediante la Resolución número 0783 del 8 de noviembre de 2024, se condiciona su materialización a la conformación e instalación del Consejo Directivo, se adopta la medida cautelar de Vigilancia Especial y se dictan otras 1702600000 27 21 1702902000 22 disposiciones.

1702903000 27 27 23 27 24 1702904000 1702909000 25 1703100000 27 27 26 1703900000 27 27 FRANJA ARROZ BLANCO 13 1006300090 28 X X 1006109000 4 4 29 X 4 30 1006200000 1006400000 4 31 X X 32 33 La Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 48 de la Constitución Política, la Ley 25 de 1981, la Ley 21 de 1982, el Decreto Ley 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, la Ley 1437 de 2011, el Decreto número 2595 de 2012, el Decreto número 1072 de 2015 y la Resolución número 0629 de 2018, modificada por las Resoluciones número 0858 y 0873 de 2022 y 0021 y 0378 de 2023, y 34 35

CONSIDERANDO:

36 37 38

1. COMPETENCIA

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 El artículo 48 de la Constitución Política consagra la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y prohíbe expresamente destinar o utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. Las Cajas de Compensación Familiar cumplen funciones de seguridad social y administran aportes de naturaleza parafiscal atípica, los cuales, según lo ha precisado la Corte Constitucional (Sentencias C-575 de 1992 y C-183 de 1997), no pertenecen a las Cajas, ni son de titularidad del Estado, tienen destinación 47 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL específica y su protección constituye un interés legítimo de los trabajadores afiliados y de sus familias. se requiere la elección o el restablecimiento del Consejo Directivo y que, cuando el levantamiento exija la adopción de la medida de vigilancia especial, se dará aplicación al subprocedimiento 5.2.

En consecuencia, corresponde a este Despacho decidir de fondo sobre el levantamiento de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, Comfaguajira, NIT.892.115.006-5 (en adelante Comfaguajira o la Corporación), y adoptar la medida cautelar que resulte idónea, necesaria y proporcional para la protección de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar durante el retorno de la Corporación a su administración ordinaria.

2. ANTECEDENTES

El artículo 39 de la Ley 21 de 1982 define a las Cajas de Compensación Familiar como personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, que cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado. El artículo 43 de la misma ley regula la distribución de los recursos recaudados; el numeral 1 del artículo 47 sujeta los estatutos que expide la Asamblea General a la aprobación de esta Superintendencia; y el artículo 54 asigna al Consejo Directivo, entre otras, la adopción de la política administrativa y financiera de la Caja, la aprobación de los planes y programas de inversión y la vigilancia de la ejecución de los programas y del manejo administrativo y financiero de la Corporación.

2.1. Adopción de la medida cautelar: Resolución número 0780 del 11 de noviembre de 2022 Los artículos 20 y 24 de la Ley 789 de 2002 reconocen y desarrollan la competencia de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar sobre las Cajas de Compensación Familiar y sobre los recursos que administran, y el artículo 21 de la misma ley establece el régimen de transparencia al que deben sujetarse sus órganos de dirección y administración.

Mediante la Resolución número 2022320000007627-6 del 3 de noviembre de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el Programa de la Entidad Promotora de Salud de COMFAGUAJIRA, que operaba bajo el mismo NIT de la Corporación.

El numeral 23 del artículo 7º del Decreto Ley 2150 de 19921 faculta al Superintendente del Subsidio Familiar para adoptar, como medidas cautelares, la intervención administrativa total de la entidad vigilada (literal a), la intervención administrativa parcial (literal b) y la vigilancia especial con el fin de superar en el menor tiempo posible la situación que dio origen a la medida (literal d). A su vez, el numeral 22 del mismo artículo, en concordancia con el artículo 15 de la Ley 25 de 1981, habilita a esta autoridad para intervenir administrativamente a la entidad vigilada por infracción a las leyes y estatutos o por inobservancia de las instrucciones impartidas por la Superintendencia, y en los casos de grave y reiterada violación de las normas legales o estatutarias2.

Ocho días después esta Superintendencia expidió la Resolución número 0780 del 11 de noviembre de 2022, mediante la cual ordenó la Intervención Administrativa Total de Comfaguajira por el término de veinticuatro (24) meses, separó a los miembros del Consejo Directivo, al Director Administrativo y a la Revisoría Fiscal, designó Agente Especial de Intervención (AEI) y ordenó la formulación de un Plan de Mejoramiento de la Medida de Intervención (PDMI). La medida se adoptó como medida de salvamento, en los términos del numeral 2.8 del Título I de la Resolución número 0629 de 2018, para aislar el riesgo del programa de salud y evitar que comprometiera el patrimonio de la Caja y, en particular, los recursos del 4%.

Según la Resolución número 0562 de 2026 y el Informe de Análisis del Octavo Avance del PDMI, la medida se sustentó en las siguientes situaciones:

Tabla 1. Causas que fundamentaron la medida cautelar Eje Situación que sustentó la medida Insolvencia del Programa EPS Endeudamiento del programa de salud del 187% a agosto de 2022, dificultades de liquidez derivadas de ese programa y reclamaciones de acreedores en el proceso de liquidación por $196.184,3 millones, sin recursos ni activos suficientes en el programa para atenderlas. Cartera Debilidades en la recuperación y administración de la cartera. Conciliación y control Deficiencias en los procesos de conciliación y control interno. Confiabilidad de la información Inconsistencias contables y financieras. Valoración y administración de activos Deficiencias en la gestión de los activos de la Corporación.

El artículo 1º del Decreto número 2595 de 2012 establece que la supervisión a cargo de esta Superintendencia tiene por finalidad “preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias”. El artículo 2º del mismo decreto desarrolla sus funciones; los numerales 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de su artículo 5º asignan al Despacho del Superintendente la adopción de las medidas cautelares a que haya lugar, la orden de vigilancia especial, la separación de los miembros del Consejo Directivo, del Director Administrativo y del Revisor Fiscal en ejercicio de la intervención y la designación del Agente Especial y del Director Administrativo de la Caja intervenida. El artículo 13 atribuye a la Superintendencia Delegada para la Gestión la inspección y vigilancia de los aspectos administrativos, financieros y contables de las Cajas, y el artículo 16 atribuye a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales la inspección, vigilancia y control de las entidades sometidas a vigilancia especial o intervención, la evaluación de los informes y hallazgos para la determinación de las medidas a que haya lugar y el seguimiento de la gestión de los agentes especiales y de los revisores fiscales.

Uso de recursos para fines Uso de los recursos de la Unidad de Tesorería, en su mayor parte en 2020, por la presión de liquidez, y utilización de recursos entre distintos programas.

Revisoría Fiscal y gobierno Falencias en el ejercicio de la revisoría fiscal y debilidades en la auditoría de cumplimiento y en el seguimiento de los recursos. 2.2. Prórroga: Resolución número 0783 del 8 de noviembre de 2024 El artículo 2.2.7.7.19 del Decreto número 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, dispone: “Superada la situación que dio lugar a la intervención, esta debe levantarse en forma inmediata, de oficio o a solicitud de parte”3. Corresponde al Superintendente verificar, con los elementos que obran en el expediente, si dicha situación subsiste o si procede el levantamiento.

Mediante la Resolución número 0783 del 8 de noviembre de 2024, la Superintendencia prorrogó la medida cautelar por veinticuatro (24) meses adicionales5. Durante la prórroga se reformuló el PDMI, aprobado mediante el Oficio número 2-2025-00336 del 28 de enero de 2025 y adoptado por la Resolución AEI número 001 del 22 de enero de 2025 (PDMI 2024 a 2026).

2.3. Designaciones de la Agencia Especial de Intervención La Resolución número 0629 de 2018, modificada por las Resoluciones número 0858 y 0873 de 2022 y 0021 y 0378 de 20234, adecuó el procedimiento interno de las medidas cautelares. Su Título I, numeral 1.1, radica en el Superintendente la decisión de adoptar las medidas de vigilancia especial e intervención administrativa con fundamento en los informes de inspección y vigilancia, en la evaluación de la SDRAME y en la recomendación del Comité de Dirección y Coordinación Institucional (en adelante CDCI); el numeral 1.4, ordinal 5, asigna al Comité la función de evaluar y recomendar el levantamiento de la medida; el Título IV, numeral 10, regula la terminación de la intervención administrativa, la conformación del nuevo Consejo Directivo y dispone que, «terminado el proceso de medida cautelar de Intervención Administrativa, la Superintendencia ordenará la medida cautelar de Vigilancia Especial a la Corporación»; y el Título III fija el contenido mínimo del acto que ordena la vigilancia especial y el procedimiento de su Plan de Mejoramiento.

Finalmente, el Procedimiento de Medidas Cautelares PR-CLC-026, versión 6, del proceso de Control Legal de Cajas de Compensación Familiar, en su subprocedimiento 5.4, establece que para que la medida de intervención administrativa quede levantada Durante la vigencia de la medida se produjeron las siguientes designaciones de Agente Especial de Intervención: Resolución número 0780 del 11 de noviembre de 2022 (Osvaldo Enrique Álvarez Martínez); Resolución número 0874 del 15 de diciembre de 2022 (Rafael Trujillo Calderón); Resolución número 0481 del 29 de julio de 2024 (Cristian Joan Franco Zabaleta); Resolución número 0267 del 2 de abril de 2025 (Claudia Liliana Contreras Gutiérrez); Resolución número 1453 del 26 de noviembre de 2025 (Juliana Andrea López Guerrero); Resolución número 0088 del 29 de enero de 2026 (Jackeline Rocío Gómez Espitia); Resolución número 0096 del 2 de febrero de 2026 (Laura Milena Cañizales Herrera); Resolución número 0500 del 1º de julio de 2026 (Luis Eduardo Grajales Ceballos); Resolución número 0668 del 24 de agosto de 2026 (Fabián Vicente Mayor Olaya); y Resolución número 0802 del 16 de octubre de 2026, mediante la cual se designó a la doctora Paula Marcela Ojeda Ojeda, quien actualmente ejerce dicha función.

2.4. Liquidación y extinción jurídica del Programa EPS El proceso liquidatorio del Programa EPS, adelantado bajo el régimen de la Superintendencia Nacional de Salud, culminó con la declaratoria de desequilibrio financiero del programa (Resolución número L-155 del 23 de abril de 2025), el cierre del proceso con un pasivo definitivo de $33.553 millones (Resolución número L-170 del 29 de mayo de 2025) y la terminación de su existencia legal (Resolución número L-172 del 28 de agosto de 2025). Se trasladaron 273.029 afiliados a las EPS receptoras. Las 1 Decreto Ley 2150 de 1992, artículo 7º, numeral 22: “Intervenir administrativamente, en forma total o parcial, las entidades sometidas a su vigilancia, por infracción a las leyes y estatutos, o por inobservancia de las instrucciones impartidas por la Superintendencia”. Numeral 23: “Adoptar las siguientes medidas cautelares: a. Intervención administrativa total de la entidad vigilada. b. Intervención administrativa parcial, por servicios o por áreas geográficas o de operación; [...] d. Vigilancia especial con el fin de superar, en el menor tiempo posible, con la situación que ha dado origen a la medida” (sic). 2 Ley 25 de 1981, artículo 15: “Además en los casos de grave reiterada violación de las normas legales o estatutarias, podrá decretar la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la respectiva entidad o la intervención administrativa de la misma”. 3 Decreto número 1072 de 2015, artículo 2.2.7.7.19, que compila el artículo 94 del Decreto número 341 de 1988. 4 La Resolución número 0629 de 2018 fue modificada por las Resoluciones números 0858 y 0873 de 2022, en materia de designación de funcionarios de la Superintendencia; 0021 de 2023, que adicionó el Título V sobre la Contraloría de Intervención; y 0378 de 2023, en el literal d) del numeral 1 del Título III, sobre el término de la vigilancia especial.

5 Acta número 10 del 6 de noviembre de 2026, Comité de Dirección y Coordinación Institucional: “Mediante Resolución número 0783 del 8 de noviembre de 2024 se prorrogó la intervención total por 24 meses más (vencimiento fijado para el 11 de noviembre de 2026)”.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 48 DIARIO OFICIAL por la Coordinación del Grupo Interno para las Medidas Especiales y sustentado por el Superintendente Delegado, con soporte en la visita especial practicada en Riohacha entre el 26 y el 28 de octubre de 2026 y en el informe de la Agente Especial de Intervención. situaciones no definidas posteriores al cierre (cartera, pago de acreencias, defensa judicial y archivo) se encomendaron mediante el Contrato de Mandato con Representación número 001-2025, aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud el 20 de agosto de 2025, cuya ejecución alcanzaba el 54% al 30 de septiembre de 2026.

2.9. Recomendación del Comité de Dirección y Coordinación Institucional 2.5. Inicio del procedimiento de levantamiento: Resoluciones números 0562 y 0564 de 2026 En sesión celebrada el 6 de noviembre de 2026, de manera presencial y virtual, según consta en el Acta número 10, el CDCI verificó el quorum deliberatorio y aceptó el impedimento manifestado por el asesor Fabián Vicente Mayor Olaya para actuar como Secretario Técnico respecto de Comfaguajira, por haber fungido como Agente Especial de Intervención de la Corporación, designándose Secretaria Técnica ad hoc. Con base en el Informe Integral de Recomendación, el informe de la Agente Especial de Intervención, el Informe de Visita Especial, la matriz de seguimiento del PDMI y los soportes bancarios, judiciales y registrales, el Comité constató que: a) La causal de insolvencia fue superada, el programa EPS fue liquidado y extinguido, el patrimonio ascendió a $209.957 millones, el capital de trabajo se consolidó en $40.907 millones y el endeudamiento se redujo al 31%. b) De las siete causales originarias, dos fueron superadas plenamente, tres evolucionaron a riesgos nuevos y dos permanecen en seguimiento.

Con fundamento en la solicitud presentada por la Agente Especial de Intervención mediante Memorando número 3-2026-002589 del 25 de junio de 2026, en la visita especial practicada entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2026 (Resoluciones números 0481 y 0485 del 26 de junio de 2026) y en el análisis del sexto avance del PDMI, la Superintendencia expidió la Resolución número 0562 del 17 de julio de 2026, corregida por la Resolución número 0564 del 21 de julio de 2026, mediante la cual ordenó iniciar el procedimiento de levantamiento de la medida, informar al Ministerio del Trabajo, convocar a la Asamblea General para la elección de los representantes de los empleadores y dispuso, en su artículo tercero, que el Agente Especial de Intervención (AEI) continuaría en el ejercicio de sus funciones hasta la conformación del nuevo Consejo Directivo, “momento en el cual se materializará el levantamiento […] y se adoptará medida de Vigilancia Especial por el término de seis (6) meses”. c) La intervención administrativa total demostró eficacia para salvar a la Caja y extinguir el foco de pérdida del programa de salud, y mantener la separación de los órganos de dirección “resulta excesivo y desproporcionado ante la recuperación financiera»; sin embargo, “el levantamiento no puede ser incondicional ante la presencia de riesgos residuales severos”.

La Resolución número 0564 de 2026 precisó que la Resolución número. 0562 es un acto de trámite que inicia el procedimiento y no decide de manera definitiva el levantamiento (artículos 45 y 75 de la Ley 1437 de 2011). Mediante la Resolución número 0617 del 4 de agosto de 2026 se designó como Contralor de Intervención con funciones de Revisoría Fiscal a Never Enrique Mejía Matute, quien inició funciones el 11 de agosto de 2026 con vínculo contractual hasta el 6 de noviembre de 2026. d) Persisten como riesgos críticos el manejo del mandato posliquidatorio (retiros con firma única por $612 millones sin autorización de la supervisora y sin pagos a acreedores, no detectados por el control interno ni por la Revisoría Fiscal), las contingencias judiciales con provisión equivalente al 0,72%, los embargos sobre seis de los 22 inmuebles y la conformación pendiente del gobierno corporativo.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución número 2527 del 5 de agosto de 2026, designó cinco (5) representantes principales y cinco (5) suplentes de los trabajadores ante el Consejo Directivo de Comfaguajira para el período estatutario 2026 a 2030, previa validación de esta Superintendencia mediante Oficio número 2-2026-017966 de la misma fecha. Conforme a los artículos tercero y cuarto de dicho acto, la posesión de los representantes designados se entenderá surtida con la autorización que imparta esta Superintendencia6. A la fecha de la visita especial de octubre de 2026 no obraba evidencia de la elección de los representantes de los empleadores.

Tras la deliberación individual de sus miembros (en la que, entre otros aspectos, se advirtió que, al no haberse materializado la entrega al Consejo Directivo, no pueden coexistir la intervención y la vigilancia especial, por lo que esta debe adoptarse una vez posesionado el órgano de gobierno), el CDCI acordó recomendar unánimemente a la Superintendente, respecto de Comfaguajira:

2.6. Visita Especial de octubre de 2026: Resolución número 0840 de 2026 “1. Levantamiento Condicionado: Continuar con el procedimiento de levantamiento de la intervención administrativa total, precisando que se materializará de manera efectiva únicamente cuando se celebre la Asamblea General de afiliados, queden en firme las elecciones de los representantes de los empleadores y se instale el Consejo Directivo.

A solicitud del Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (Memorando número 3-2026-003939 del 20 de octubre de 2026), mediante la Resolución número 0840 del 23 de octubre de 2026 se ordenó la práctica de una visita especial a Comfaguajira, realizada en Riohacha entre el 26 y el 28 de octubre de 2026, con el objeto de verificar el avance del PDMI, el funcionamiento de los órganos de dirección y administración, el ejercicio de la representación legal, el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias e instruccionales y las demás circunstancias que pudieran incidir en la estabilidad institucional de la Corporación.

2. Adopción de Vigilancia Especial: Ordenar, con fundamento en el numeral 10 de la Resolución número 629 de 2018, la adopción de una medida cautelar de Vigi- lancia Especial por el término de seis (6) meses, prorrogable por seis (6) meses más.

El Informe de la Visita Especial practicada entre el 26 y el 28 de octubre de 2026 concluyó que la mejoría financiera reconocida en la Resolución número 0562 de 2026 se mantiene, pero que el principal riesgo residual, la administración posliquidatoria del Programa EPS mediante el Contrato de Mandato número 001-2025, presenta deficiencias críticas de control y supervisión que “no reabren por sí solos las causas de la intervención […], pero sí exigen medidas inmediatas de protección de los recursos y una evaluación del alcance de la vigilancia especial que se adopte al materializarse el levantamiento”.

3. Instrucciones resolutivas obligatorias: Exigir esquema de firmas conjuntas o en- cargo fiduciario en Bancoomeva; regularizar el reintegro de débitos y autopago de honorarios de la mandataria; diseñar un plan de saneamiento para los 6 inmuebles embargados; establecer seguimiento trimestral a los procesos judi- ciales del Fondo de Adaptación […]; y compulsar copias a la Superintendencia Nacional de Salud”9.

2.7. Análisis del octavo avance del PDMI (III trimestre de 2026)

La presente resolución acoge dicha recomendación y la desarrolla con las órdenes, plazos e indicadores que se motivan a continuación.

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

3.1. Naturaleza cautelar, preventiva y temporal de las medidas Las medidas cautelares que aquí se deciden son instrumentos preventivos, dirigidos a impedir que se altere una situación de hecho o de derecho en perjuicio de los recursos protegidos. La Resolución número 0629 de 2018 define la medida cautelar como el “[i] nstrumento dado por la Ley […] con el fin de garantizar que ciertos derechos sobre los cuales esta Entidad tiene responsabilidad en su protección no sean vulnerados” (Título I, numeral 2.4).

El Grupo Interno para las Medidas Especiales, en el Informe de Análisis del Octavo Avance del PDMI reformulado del 3 de febrero de 2025 con el oficio 2-2025-338, con corte al 30 de septiembre de 2026, determinó un avance consolidado del 96%7 (aspectos legales 28,9% de 30%; administrativos 19,5% de 20%; financieros y contables 29,3% de 30%; salud 18,2% de 20%), frente al 100% reportado por la Corporación y la Revisoría Fiscal y el 99,85% registrado por el Agente Especial de Intervención (AEI). Advirtió, sin embargo, que los resultados documentados “no acreditan por sí solos la superación integral de las situaciones jurídicas objeto de seguimiento” y consideró pertinente evaluar la incorporación de las contingencias judiciales, las medidas cautelares sobre bienes institucionales y los aspectos contractuales pendientes en un nuevo Plan de Mejoramiento con actividades específicas y verificables.

2.8. Informe Integral de la SDRAME La Superintendencia Delegada Para La Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales presentó al Comité Directivo de Coordinación Institucional, en la sesión del 6 de noviembre de 2026, el Informe Integral de Recomendación de Comfaguajira8, suscrito Las dos medidas que concurren en esta decisión responden a presupuestos e intensidades distintos. La intervención administrativa es aquella por la cual la Superintendencia “asume indirectamente y con carácter temporal, la gestión ordinaria de la caja de compensación familiar, separando del cargo a los miembros del consejo directivo, director administrativo y/o revisor fiscal […] para evitar que esta incurra en causal de suspensión y/o cancelación de la personería jurídica o liquidación”, y “se constituye en una medida de salvamento” (numeral 2.8). La vigilancia especial es “una medida cautelar que, sin afectar la gestión ordinaria de la caja de compensación familiar, ni la de sus órganos de dirección, administración y control, se adopta para evitar que dichas Corporaciones incurran en causal de intervención administrativa; suspensión y/o cancelación de la personería jurídica o en liquidación”, y “se constituye como una medida para prevenir la adopción de una intervención administrativa” (numeral 2.10).

6 Ministerio del Trabajo, Resolución número 2527 del 5 de agosto de 2026, artículo 3º: “La posesión de los representantes de los trabajadores principales y suplentes se entenderá surtida con la autorización que imparta la Superintendencia del Subsidio Familiar y no requerirá presentación personal”. 7 Informe de Análisis del Octavo Avance del PDMI, III trimestre de 2026, Grupo Interno para las Medidas Especiales: “el porcentaje total de avance es del 96% con corte a 30 de septiembre de 2026”. 8 Acta número 10 del 6 de noviembre de 2026: “Informe Integral de Recomendación con fecha de la sesión, suscrito por la Coordinación del Grupo de Medidas Especiales y sustentado por el doctor. César Mercado, soportado en la visita especial realizada a Riohacha del 26 al 28 de octubre de 2026 (Resolución número 840) y en el informe de la Agente Interventora, doctora Paula Ojeda”.

9 Acta número 10 del 6 de noviembre de 2026, Comité de Dirección y Coordinación Institucional, recomendaciones respecto de Comfaguajira.

49 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL De ello se sigue que la vigilancia especial es una medida cautelar en sentido propio, con régimen, contenido y procedimiento definidos en el Título III de la Resolución número 0629 de 2018, y no un simple mecanismo de seguimiento ordinario. En consecuencia, este Despacho precisa el alcance de lo consignado en la parte motiva de la Resolución número 0562 de 2026, en cuanto calificó la vigilancia especial posterior como un mecanismo que no constituía “la imposición de una nueva medida cautelar”.

3.2. Regla de decisión para el levantamiento Resolución número 0840 de 2026, en el Informe Integral de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales y en la recomendación unánime del CDCI contenida en el Acta número 10 del 6 de noviembre de 2026. Obran igualmente en el expediente, la última visita especial y la evaluación del Grupo Interno para las Medidas Especiales, que el numeral 10 del Título IV exige como soporte del acto. Las constancias consignadas en dicha acta respecto del trámite de la Resolución número 0562 de 2026 se tramitarán por cuerda separada, sin que afecten la validez de esta actuación, que se surte con plena observancia del procedimiento reglamentario y del debido proceso.

3.6. Principios de la función administrativa y motivación El artículo 2.2.7.7.19 del Decreto número 1072 de 2015 ordena levantar la intervención en forma inmediata una vez superada la situación que le dio origen y, por la misma razón, impide levantarla mientras esa situación subsista. La aplicación de esta regla exige distinguir entre (i) las causas que hicieron indispensable la sustitución de los órganos de dirección y administración, propias de una medida de salvamento, y (ii) los riesgos residuales o de consolidación que, sin comprometer la viabilidad institucional, demandan una supervisión reforzada. Si las primeras han sido superadas, la permanencia de la intervención deja de tener sustento; si los segundos persisten, el ordenamiento (Título IV, numeral 10, de la Resolución número 0629 de 2018) impone adoptar la vigilancia especial e incorporar en su Plan de Mejoramiento “las acciones que no han sido subsanadas en un 100%”.

3.3. La conformación del Consejo Directivo como condición de materialización La presente decisión se adopta con sujeción a los principios de debido proceso, eficacia, economía, transparencia y coordinación previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, así como a los principios de prevención y precaución que gobiernan la protección de los recursos parafiscales: el primero obliga a actuar frente a riesgos conocidos y cuantificados; el segundo, frente a riesgos de magnitud grave, aunque su materialización sea incierta. En cumplimiento del artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, el acto se motiva en los elementos de juicio que obran en el expediente, valorados de manera conjunta, crítica y razonada, y expone las razones de hecho y de derecho que sustentan cada una de las decisiones adoptadas.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA SUPERACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

4.1. Situaciones superadas La valoración conjunta del expediente permite tener por acreditadas las siguientes situaciones, que demuestran que desapareció la causa que hizo indispensable la medida de salvamento en 2022: a) Liquidación y extinción jurídica de la EPS. El Programa EPS fue liquidado y su existencia legal terminó mediante la Resolución número L-172 del 28 de agosto de 2025. Desapareció la fuente de insolvencia que, con un endeudamiento del 187%, amenazaba con arrastrar el patrimonio de la Caja.

La intervención administrativa total separó a los miembros del Consejo Directivo, cuyas funciones legales (artículo 54 de la Ley 21 de 1982) ejerce el Agente Especial de Intervención (AEI). El levantamiento, por tanto, no puede producir efectos sin que exista un órgano de dirección que reasuma esas funciones; de lo contrario se generaría un vacío de gobierno contrario a la continuidad del servicio público de la seguridad social. Por esa razón, el Título IV, numeral 10, de la Resolución número 0629 de 2018 ordena, una vez tomada la decisión, informar al Ministerio del Trabajo para la designación de los representantes de los trabajadores y convocar a la Asamblea General para la elección de los representantes de los empleadores y, en su caso, del Revisor Fiscal; y el Procedimiento PR-CLC-026 (subprocedimiento 5.4, actividad 7) precisa que “[p]ara que la medida quede levantada se requiere la elección de un nuevo consejo directivo en caso de que se haya vencido el periodo […] o del restablecimiento de este en caso de que no haya vencido”. b) Recuperación patrimonial. El patrimonio pasó de $175.308 millones en diciembre de 2023 a $209.957,1 millones en septiembre de 2026 (crecimiento del 19,8%). c) Liquidez positiva. El capital de trabajo fue de $8.012,9 millones en 2024 y de $16.044,2 millones en 2025, y se consolidó en $40.907 millones en septiembre de 2026; la razón corriente pasó de 1,11 en 2024 a 1,24 en 2025. La recuperación es positiva desde 2024. d) Endeudamiento controlado. El índice de endeudamiento bajó de 36,76% en 2024 a 31,36% en 2025 y se estabilizó en 31,0% (septiembre de 2026); las obligaciones financieras se redujeron 66,3% desde 2023.

En consecuencia, la decisión que se adopta es una decisión de fondo sometida a condición suspensiva, en los términos recomendados por el CDCI: el levantamiento se ordena en este acto, pero sus efectos se producen de pleno derecho una vez celebrada la Asamblea General de Afiliados, en firme la elección de los representantes de los empleadores e instalado el Consejo Directivo, con la entrega formal de la gestión por parte del Agente Especial de Intervención. El numeral 10 del Título IV de la Resolución número 0629 de 2018 prevé que el acto de terminación se profiera una vez conformado el nuevo Consejo Directivo10. Por ello, el Despacho adopta la decisión y reserva su eficacia para el momento que la norma prevé. Hasta ese momento la intervención conserva todos sus efectos, el Agente Especial de Intervención (AEI) mantiene las funciones del Consejo Directivo y esta Superintendencia conserva íntegras sus facultades preventivas.

3.4. Término de la medida y régimen de transición e) Recomposición de la estructura de ingresos. Los aportes del 4% representan hoy el 81% de los ingresos de la Corporación, lo que invierte la estructura de 2022 y elimina la dependencia del programa de salud. La operación ordinaria es superavitaria (resultado acumulado de $11.831,8 millones a septiembre de 2026). f) Cumplimiento material del PDMI. El avance verificado por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales pasó del 79% en el sexto avance, con corte a marzo de 2026, al 90% en junio de 2026 y 96% (septiembre de 2026, según el análisis del octavo avance de la misma fecha de la sesión). Las actividades pendientes corresponden mayoritariamente a controles de ejecución permanente y a frentes jurídicos específicos. g) Fortalecimiento de la estructura administrativa. Se actualizaron el Manual de Contratación (GJU-DES-002 v11, Resolución AEI número 010 de 2026) y los procedimientos de gestión contractual (GJU-PTO-004 v6) y de supervisión e interventoría (GJU-PTO-007 v4); el Comité de Selección y Compras somete a consideración las adquisiciones superiores a 200 SMLMV. No obstante, la visita especial advirtió falta de armonización entre el Manual y los procedimientos y formuló observaciones sobre los contratos 181 de 2024, 001, 059 y 141 de 2026 (Recomendación 5), que se incorporan al PDM-VE.

La Resolución número 0780 de 2022 adoptó la intervención por veinticuatro (24) meses contados desde el 11 de noviembre de 2022, término que vencía el 11 de noviembre de 2024. La Resolución número 0783 del 8 de noviembre de 2024 la prorrogó por veinticuatro (24) meses adicionales. Como quiera que la condición de materialización no se ha cumplido y que la ausencia de un régimen jurídico aplicable durante la transición dejaría a la Corporación sin órgano de dirección y sin control sobre recursos de alta materialidad, resulta indispensable disponer, antes de ese vencimiento, la continuidad transitoria de la intervención por el tiempo estrictamente necesario para la instalación del Consejo Directivo y con un término máximo cierto. Ello no desconoce el artículo 2.2.7.7.19 del Decreto número 1072 de 2015, pues la medida se mantiene únicamente hasta que exista el órgano que debe recibir la gestión, y respeta el principio de temporalidad de las medidas cautelares. La continuidad transitoria se dispone con fundamento en el numeral 9 del Título IV y en el numeral 3 del Título II de la Resolución número 0629 de 2018, este último en cuanto faculta al Superintendente Delegado para solicitar directamente la prórroga ante el CDCI11, atendiendo el Informe Integral que el Superintendente Delegado sustentó ante el CDCI en la sesión del 6 de noviembre de 2026 y la recomendación unánime de ese Comité de que el levantamiento se materialice únicamente cuando se instale el Consejo Directivo, lo que supone mantener la intervención hasta ese momento.

3.5. Regularidad del procedimiento h) Implementación de mecanismos de control interno. Opera el Comité Independiente de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento (CIARC); existen Plan Anual de Auditoría 2026 (Resolución AEI número 038 de 2025), plan anual de riesgos, PTEE actualizado (Resolución AEI número 020 de 2025) y una Guía de determinación de provisiones judiciales (GJU-DES-003 v4).

La Resolución número 0629 de 2018 exige que la decisión sobre las medidas cautelares se adopte con fundamento en la evaluación de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales y en la recomendación del CDCI (Título I, numerales 1.1 y 1.4, y Título IV, numeral 10). La presente decisión de fondo cumple tales presupuestos: se sustenta en la visita especial ordenada por la i) Mejoramiento del gobierno corporativo. Las Asambleas Generales de 2026 (Actas números 029 y 030) fueron aprobadas por esta Superintendencia (Resoluciones números 0603 y 0624 de 2026), tras la invalidación de las decisiones de la Asamblea de 2025 (Resoluciones números 1419 de 2025 y 0039 de 2026), y el Ministerio del Trabajo designó a los representantes de los trabajadores para el período 2026 a 2030.

10 Resolución número 0629 de 2018, Título IV, numeral 10: “Tomada la decisión sobre el levantamiento de la medida y una vez conformado el nuevo consejo directivo, el Superintendente de Subsidio Familiar ordenará al delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales que proyecte el correspondiente acto administrativo”. 11 Resolución número 0629 de 2018, Título II, numeral 3: “el delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, de acuerdo con la evaluación y el análisis de los informes de seguimiento, podrá directamente solicitar la prórroga de la medida y que se convoque a Comité de Dirección y Coordinación Institucional, para la evaluación de su propuesta”. j) Fortalecimiento de la IPS. A septiembre de 2026 la IPS registró un crecimiento del 46,2% en sus ingresos operacionales, un margen operacional del 18,9%, un resultado de $2.151,3 millones frente a $902,9 millones en el mismo periodo Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 50 DIARIO OFICIAL de provisiones. El litigio GYO Medical ($10.902 millones) se dirige contra el NIT de la Caja por actos de la EPS liquidada. de 2025, un patrimonio equivalente al 80,7% de su activo y una satisfacción de usuarios del 90%.

4.2. Estado de cada una de las causas Contrastadas las causas de la Resolución número 0780 de 2022 con la evidencia de la visita especial de octubre de 2026, su estado es el siguiente:

Tabla 2. Estado de las causas de la intervención Causa Estado a noviembre de 2026 Fundamento y tratamiento EPS liquidada y extinguida; endeudamiento de la Caja d) Proceso Fondo Adaptación. La controversia contractual derivada del Contrato número 010 de 2013 (radicado 44-001-23-40-000-2021-00003-00) registra una pretensión inicial de $150.897,1 millones y una remanente de $142.338,0 millones tras la transacción parcial aprobada por Auto número 661 del 18 de diciembre de 2025, equivalente al 67,8% del patrimonio contable; el informe de provisiones conserva la cuantía anterior a la transacción, con provisión de $0 y una contingencia revelada de $60.358,8 millones, calculada sobre la cuantía anterior a la transacción, sin que se acreditara el concepto individual del apoderado. El programa de vivienda acumula $175.176,3 millones en pretensiones. en 31,0%. Los recursos posliquidatorios transitan por Superada en su dimensión estructural;

C1. Insolvencia del una cuenta con NIT de la Caja: eje de seguimiento subsiste un riesgo Programa EPS obligatorio de la Vigilancia Especial. residual C2. Cartera Evolucionó Recaudo del 79,6% de la deuda de la Gobernación por el mandato, sin aplicación aún a acreedores; cartera de la IPS con 64,1% mayor a 360 días. Eje de seguimien- to. C3. Conciliación y La EPS ya no opera; glosas de la IPS en 3,02 %, aso- control Superada en la EPS; seguimiento en la IPS ciadas a la renegociación con el Fomag.

C4. Confiabilidad de En seguimiento, en Diferencia de $5.094,6 millones entre indicadores y SIGER 3-015; universos de procesos no conciliados; información incompleta del mandato. Requiere accio- la información consolidación Evolucionó a riesgo nes de resultado bajo la Vigilancia Especial. C5. Valoración y administración de jurídico Seis de 22 inmuebles con embargos inscritos; siete improductivos ($4.647 millones). Eje de seguimiento. activos e) Inmuebles cautelados. Seis de los 22 inmuebles de la Corporación, a saber:

Unidad de Salud Mental, Centro Recreacional Maziruma, Centro Sociocultural

Anas Mai, sede de la IPS, sede administrativa y Centro Recreativo Talatsu Mai, registran anotaciones de embargo en sus folios, unas derivadas de los procesos del programa de vivienda y otras ya levantadas judicialmente y pendientes de cancelación registral. En el proceso acumulado del Consorcio Viviendas Maicao el juzgado negó la reposición de la Caja por no acreditarse el origen y la afectación exclusiva de los inmuebles, y la apelación se concedió en el efecto devolutivo; ello exige probar de manera individual el origen parafiscal de cada bien, en los términos del artículo 2.2.7.5.3.2 del Decreto número 1072 de 2015. En el proceso de Finaemprender S.A.S., la sentencia favorable del 13 de marzo de 2026 fue apelada en el efecto suspensivo. Los predios del antiguo Centro Recreacional ACUARU no presentan ninguna modificación en su situación jurídica actual.

La Caja asumió con recursos propios $131,4 millones C6. Uso de recursos de facturas del mandato y el costo del archivo de la para fines distintos Evolucionó EPS, cuyo reintegro debe acreditarse.

C7. Revisoría Fiscal En seguimiento, en consolidación; depende del retorno Consejo Directivo pendiente de conformación; Revisoría Fiscal en transición; supervisión del mandato concentrada. Se corrige con la instalación del Consejo y y gobierno a la administración las órdenes de este acto. ordinaria f) Conciliación de los saldos del programa de salud liquidado. La cuenta 2305, Programas del sector salud registra $34.080 millones, magnitud equivalente al pasivo definitivo de la EPS ($33.553 millones), sin conciliación con el directorio de acreedores. Su reclasificación al largo plazo explica el salto de la razón corriente a 2,57 en septiembre de 2026. El centro de costo EPS-S continúa registrando resultados en la contabilidad de la Caja. g) Esquema de control y auditoría. Ninguna línea de defensa (supervisión, auditoría interna, Revisoría Fiscal, CIARC) detectó las salidas de septiembre de 2026; el plan de auditoría no cubrió el mandato ni la cuenta Bancoomeva; la autoevaluación del PDMI sobrestimó el avance (en el sexto avance la Caja, el Agente Especial de Intervención (AEI) y el Contralor reportaron 95% frente al 79% verificado, y en el octavo, 100% frente al 96%) sin corrección efectiva por el Agente Especial de Intervención (AEI) ni por la Revisoría Fiscal. La cuenta 281045, Consignaciones por aplicar bajó a $985 millones, pero no está depurada. causas que permanecen o evolucionaron compromete hoy la viabilidad institucional de Comfaguajira ni exige la sustitución de sus órganos de dirección y administración. Se trata de riesgos focalizados (de control, información, contingencias heredadas y consolidación del gobierno corporativo) que, por su naturaleza, se corrigen mediante acciones de los órganos ordinarios bajo supervisión reforzada. En particular, la causa C7 no puede superarse prolongando la intervención, pues su corrección exige la existencia y el funcionamiento de un Consejo Directivo propio y de una Revisoría Fiscal estable.

5. ANÁLISIS DE RIESGOS RESIDUALES

El levantamiento de la intervención no supone la desaparición de todos los riesgos institucionales. La visita especial de octubre de 2026 y el Informe Integral identificaron los siguientes riesgos residuales, que justifican la Vigilancia Especial y delimitan su objeto: h) Consolidación del gobierno corporativo tras el retorno a la administración ordinaria. El Reglamento del Consejo Directivo vigente es de 2015 y no está armonizado con el Sistema de Control Interno, la gestión de riesgos, el CIARC ni el PTEE; las Asambleas de 2026 se instalaron con el 0,56% y el 0,69% de los afiliados hábiles; el texto vigente del Código de Buen Gobierno y las actas de su comité no fueron aportados a la visita; se han producido diez designaciones de Agente Especial de Intervención (AEI) en cuarenta y ocho meses; y la Revisoría Fiscal no ha tenido continuidad ni empalme. i) Archivo de la extinta EPS. El depósito histórico de Eurare registra 4.208 cajas, de las cuales solo el 16,92% ha sido intervenido. La Caja desembolsó con recursos propios $131,4 millones de las facturas del mandato, que deben reclasificarse como cuenta por cobrar, aunque el numeral 8 del artículo 301 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero asigna al liquidador constituir, con recursos de la intervenida, el fondo para la conservación de los archivos12, y en esas cajas reposan soportes necesarios para el cobro de la cartera territorial y la defensa judicial. a) Contrato de Mandato número 001-2025. Entre el 9 y el 25 de septiembre de 2026 salieron de la cuenta Bancoomeva número 32051000000039 (titular Comfaguajira, con perfil administrador de la mandataria y firma única) $612,5 millones ($536,98 millones en tres transferencias rotuladas “Abono 1, 2 y 3”, identificadas solo el 4 de noviembre de 2026 como comisión de recaudo a favor de R Cuadrado Consultant S.A.S., NIT 902.010.172-3, equivalente al 35,69% del recaudo, y $75,5 millones de autopago de honorarios), sin la autorización del supervisor prevista en las cláusulas 2.1, 2.15 y 5.4 del contrato y sin que se hubiera pagado a ningún acreedor y sin que las salidas se revelaran en el informe trimestral del 15 de octubre de 2026. La cláusula 9 pacta un componente variable con cargo a los recursos recuperados, conforme al Anexo 005; lo reprochado es la ausencia de autorización del supervisor, el pago a un tercero y la desatención del orden de prelación. El valor total del contrato no está determinado, pues a la remuneración fija de $461,4 millones pactada en la cláusula 9 se suma un componente variable y la supervisión recae en quien lo suscribió como Agente Liquidadora y hoy es Directora Administrativa encargada. j) Sostenibilidad de mediano plazo. El resultado acumulado cae 29,7% frente a 2025 (explicado en buena parte por reversiones no recurrentes del cierre de la EPS); los servicios de recreación presentan déficit creciente ($11.769 millones); y el cierre de operación del principal aportante, previsto para 2034, afectará el recaudo de aportes.

Tabla 3. Riesgos de mayor nivel y su tratamiento (Informe de Visita Especial, numeral 13, matriz de probabilidad por impacto)

Id. Riesgo Nivel Tratamiento en este acto R1 Disposición no autorizada de recur- sos posliquidatorios Crítico Órdenes de transición (art. 3°) y eje 1 de la VE (art. 9°)

R2 Recursos de titularidad indefinida ($8.933,4 millones) bajo firma única Crítico Órdenes de transición (art. 3°) y eje 2 (art. 9°)

R3 Información inexacta a la autoridad de supervisión Crítico Verificación con fuente primaria (art.

8°) y traslados (art. 13) b) Administración y conciliación de recursos posliquidatorios. En octubre de 2026 ingresaron a la misma cuenta $8.933,4 millones ordenados por la Gobernación de La Guajira (Resolución número 1673 del 23 de septiembre de 2026) a favor de la “EPS Comfaguajira Liquidada”, cuya titularidad no está definida. Existe una diferencia de $1.389,1 millones entre el recaudo acumulado ($10.437,5 millones) y el fondo de prorrata ($9.048,4 millones), y la proyección incluyó recursos ya reintegrados al FOSFEC. Aproximadamente $9.823,7 millones permanecen bajo firma única, en una entidad bancaria comprendida en la orden de embargo de dineros proferida el 30 de mayo de 2024 en el proceso de Finaemprender S.A.S., cuyo levantamiento no está en firme.

R4 Contingencias de vivienda sin provisión Alto Ejes 3 y 4 (art. 9°)

12 Decreto número 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 301, numeral 8: “Será responsabilidad del liquidador constituir, con recursos de la intervenida, el fondo requerido para atender los gastos de conservación, guarda y destrucción de los archivos”. c) Contingencias judiciales de alta materialidad. Las pretensiones contra la Caja suman $202.760 millones en 88 procesos, con provisión de $1.461 millones (cobertura del 0,72%). Los universos de procesos difieren según la fuente: 99 en SIMON, de los cuales 88 contra la Caja; 77 en el PDMI y 69 en la certificación 51 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL R5 Estados financieros con partidas de la EPS liquidada Alto Eje 2 (art. 9°)

R6 Supervisión del mandato con duplici- dad de roles Alto Órdenes de transición (art. 3°)

R7 Sobrestimación de la prorrata (FOSFEC) Alto Eje 2 (art. 9°) c) Debe protegerse el patrimonio parafiscal. El artículo 48 superior impide que los recursos de la seguridad social financien fines distintos. Ello obliga a acreditar el reintegro de los honorarios del mandato y del costo del archivo asumidos por la Caja, a defender con soporte documental individualizado los inmuebles de origen parafiscal embargados y a reconocer y revelar adecuadamente las contingencias que comprometen el patrimonio.

R8 Demandas de la EPS contra el NIT de la Caja Alto Eje 3 (art. 9°)

Discontinuidad de la Revisoría Fis- Sin calificación en la Arts. 3°, 5° y eje 8 (art. 9°)

Sin código cal, advertida por el Despacho matriz

6. ANÁLISIS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD

d) Debe verificarse el adecuado funcionamiento del Consejo Directivo una vez se conforme. El nuevo órgano asumirá funciones al término de cuarenta y ocho meses sin órgano de dirección propio, con un reglamento de 2015, con un mandato posliquidatorio en ejecución y con contingencias de alta materialidad. La Vigilancia Especial, que por definición no sustituye ni afecta la gestión de los órganos, permite acompañar su instalación, verificar que asuma efectivamente sus funciones de dirección y control y advertir oportunamente cualquier desviación.

6.3. La medida adoptada es proporcional a) Es menos restrictiva que la intervención administrativa total. La Vigilancia Especial devuelve la dirección, la administración y la representación legal a los órganos de la Corporación; no separa a sus directivos ni sustituye sus decisiones (numeral 2.10 del Título I de la Resolución número 0629 de 2018).

Las medidas cautelares restringen la autonomía de una persona jurídica de derecho privado que cumple funciones de seguridad social. Su adopción, mantenimiento o levantamiento debe, por tanto, superar un juicio de proporcionalidad que verifique que la medida persigue un fin constitucionalmente legítimo, que es idónea para alcanzarlo, que es necesaria por no existir una alternativa igualmente eficaz y menos restrictiva, y que sus beneficios superan las restricciones que impone. El fin perseguido es la protección de los recursos parafiscales del Sistema del Subsidio Familiar y la continuidad de los servicios sociales para 74.222 trabajadores afiliados y 181.807 personas cubiertas (artículo 48 de la Constitución Política; artículo 1° del Decreto número 2595 de 2012). El Despacho examina a continuación ambas medidas.

6.1. La intervención administrativa total ya no es necesaria b) Mantiene la capacidad de supervisión reforzada de la Superintendencia. La medida conserva un Agente de Vigilancia Especial con grupo de apoyo, un Plan de Mejoramiento obligatorio con indicadores de resultado, informes trimestrales avalados por la Revisoría Fiscal, reportes extraordinarios sobre el mandato y la facultad de proponer su modificación o la adopción de otras medidas si los riesgos críticos se materializan. a) Las causas estructurales que justificaron la medida fueron superadas. La intervención se adoptó como medida de salvamento frente a la insolvencia del programa de salud, que podía arrastrar el patrimonio de la Caja. Ese supuesto desapareció: la EPS no existe jurídicamente desde agosto de 2025, el 81% de los ingresos proviene hoy del 4%, el endeudamiento se estabilizó en 31,0%, la liquidez estructural es positiva desde 2024 y el patrimonio creció 19,8%. El PDMI, formulado para corregir esas causas, registra un avance verificado del 96 %. c) Permite el retorno gradual a la autonomía administrativa. La secuencia decidida (intervención transitoria limitada a la conformación del Consejo, levantamiento automático en la fecha de su instalación y Vigilancia Especial por seis meses, prorrogable por seis más según los resultados) evita un tránsito abrupto entre la medida más intensa y la ausencia de toda medida, y asegura que el nuevo Consejo reciba la Corporación con un inventario de riesgos, un plan de acción y un acompañamiento definidos. d) Protege adecuadamente los recursos del Sistema de Subsidio Familiar. Las órdenes inmediatas sobre la cuenta del mandato durante la transición y los ejes de seguimiento obligatorio atacan directamente los riesgos críticos, con medidas focalizadas, temporales y que no afectan la operación ordinaria de los servicios sociales.

Tabla 4. Juicio de proporcionalidad entre alternativas Alternativa Idoneidad Necesidad Proporcionali- dad estricta Resultado Baja: no corrige la falta de gobierno pro- No necesaria: la causa de salvamento Restricción máxima sin causa Descartada A) Mantener la intervención total pio (C7) y prolonga desapareció vigente la discontinuidad b) No persiste riesgo de colapso institucional. Ninguno de los riesgos residuales identificados, considerado individualmente o en conjunto, configura hoy una amenaza de cesación de pagos, de interrupción de los servicios sociales o de incursión en causal de suspensión o cancelación de la personería jurídica o de liquidación, que es el supuesto que habilita la medida de salvamento (numeral 2.8 del Título I de la Resolución número 0629 de 2018). La propia visita especial concluyó que los hechos encontrados “no reabren por sí solos las causas de la intervención”. El riesgo del Fondo Adaptación, aunque de magnitud comparable al patrimonio, es contingente, está pendiente de que se fije fecha para la audiencia inicial y su eventual materialización se atiende con una defensa judicial y un reconocimiento contable técnicamente soportados, que no dependen de la sustitución de los órganos. A septiembre de 2026 la Corporación registra un patrimonio de $209.957,1 millones y un capital de trabajo de $40.907 millones, que le permiten atender su operación mientras se definen las contingencias, cuya valoración, provisión y revelación se ordenan en los ejes 3 y 4 del artículo noveno.

Deja sin instrumento Insuficiente frente a R1 a R3 y al vacío de Protección insuficiente de recursos Descartada B) Levantar sin medida posterior riesgos críticos fiscalización parafiscales Deja abiertos R1 Insuficiente fren- C) Levantar con Vigilancia Especial genérica, sin órdenes Parcial: no cubre el mandato ni las a R3 durante la te a la magnitud Descartada contingencias transición de los riesgos de transición ni objeto ampliado Beneficio de pro- D) Levantar condicionado al Consejo + órdenes de transición + Vigilancia Especial tección superior Alta: ataca cada riesgo con un instrumen- Es la alternativa menos restrictiva igualmente eficaz; el Adoptada de seis (6) meses, a la restricción to específico término se ajusta a c) No existe justificación jurídica para mantener la sustitución de los órganos de administración. La intervención total es la medida de mayor intensidad del ordenamiento; su permanencia sin causa vigente vulneraría el artículo 2.2.7.7.19 del Decreto número 1072 de 2015, el principio de temporalidad de las medidas cautelares y el derecho de los afiliados a gobernar su Corporación a través de sus órganos legales. Además, tras cuarenta y ocho meses de intervención, con diez designaciones de Agente Especial de Intervención (AEI), la prolongación de la medida se ha convertido en un factor de discontinuidad del gobierno: la causa C7 solo puede consolidarse con un Consejo Directivo propio, estable y responsable ante la Asamblea, que la intervención por definición excluye. La medida dejó de ser idónea para el fin de consolidación que hoy se persigue. impuesta resultados prorrogable por seis (6), con objeto 6.2. La Vigilancia Especial sí es necesaria ampliado

7. PROCEDENCIA DE LA VIGILANCIA ESPECIAL Y DE SU TÉRMINO

La adopción de la Vigilancia Especial es una consecuencia reglada del levantamiento de la intervención: el Título IV, numeral 10, de la Resolución número 0629 de 2018 dispone que, terminada la intervención administrativa, “la Superintendencia ordenará la medida cautelar de Vigilancia Especial a la Corporación”, y que “las acciones que no han sido subsanadas en un 100 % deberán ser objeto de PDM, de la nueva medida de vigilancia especial”. a) Subsisten riesgos residuales relevantes. Tres riesgos fueron calificados como críticos y cinco como altos en la matriz del Informe de Visita Especial (numeral 5 de este acto). Su materialización afectaría directamente recursos que transitan por una cuenta con el NIT de la Caja, el patrimonio de origen parafiscal y la confiabilidad de la información sobre la que esta Superintendencia adopta sus decisiones. Prescindir de toda medida cautelar y confiar exclusivamente en la inspección y vigilancia ordinaria desconocería los principios de prevención y precaución, pues la supervisión ordinaria carece de agente designado, de Plan de Mejoramiento obligatorio con plazos reglamentarios y de reportes con la periodicidad que estos riesgos exigen.

En cuanto a su término, el literal d) del numeral 1 del Título III de la misma resolución lo fija en un máximo de doce (12) meses, prorrogable hasta por el mismo término si no se superan las causas que dieron origen a la medida. Acogiendo la recomendación unánime del CDCI, el Despacho fija un término inicial de seis (6) meses, prorrogable por seis (6) meses más. Este término es proporcional porque: (i) concentra la supervisión reforzada en el período de mayor riesgo, la instalación del nuevo Consejo Directivo y la aplicación de los recursos recaudados por el mandato, y permite verificar dos cortes trimestrales de resultados; (ii) evita prolongar ex ante una medida cuya necesidad debe medirse por resultados; y (iii) deja prevista la prórroga para el evento de que, al vencimiento del término inicial, subsistan los riesgos asociados al Contrato de Mandato número 001-2025, b) Debe garantizarse la consolidación de las mejoras obtenidas. El análisis del PDMI demuestra que su avance mide la ejecución de actividades y no siempre la eficacia de los controles: la Corporación, la Revisoría Fiscal y el Agente Especial calificaron al 100 % las actividades de seguimiento al mandato en el octavo avance, mientras la Delegada encontró en ese mismo corte la salida de $536,98 millones a título de comisión de recaudo. La consolidación exige verificar, durante un período razonable y con indicadores de resultado, que los controles diseñados durante la intervención operan bajo la administración ordinaria.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 52 DIARIO OFICIAL b) Dentro del mismo término, designar un supervisor del Contrato de Mandato número 001-2025 distinto de quien lo suscribió como Agente Especial Liquidadora del Programa EPS. que continúa en ejecución y recibirá nuevos giros por el saldo pendiente de la deuda de la Gobernación, al proceso del Fondo Adaptación, pendiente de que se fije la audiencia inicial, o al primer ciclo de gestión del nuevo Consejo. Por ello, este acto define desde ahora los criterios objetivos con base en los cuales se evaluará la prórroga. c) Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, requerir y remitir a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, con certificación expedida directamente por la entidad bancaria, el soporte de beneficiario, autorización, contrato e imputación de los débitos “Abono 1, 2 y 3” ($536.980.276); la regularización del autopago de honorarios ($75,5 millones) y del traslado de retenciones; y la rectificación de las certificaciones del 27 y 28 de octubre de 2026.

De conformidad con los numerales 1 y 2 del Título III de la Resolución número 0629 de 2018, el presente acto contiene la competencia y los antecedentes, la relación de los principales hallazgos, la recomendación del CDCI, el término de la medida, las instrucciones para superar la situación, la designación del Agente de Vigilancia Especial y de su grupo de apoyo, el plazo de los informes de avance y el procedimiento del Plan de Mejoramiento, así como las reglas de notificación, recursos y publicación.

8. CONSIDERACIONES FINALES DEL DESPACHO

d) Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, documentar ante la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, con el soporte que corresponda de la Superintendencia Nacional de Salud, la titularidad de los $8.933,4 millones girados en virtud de la Resolución número 1673 de 2026 de la Gobernación de La Guajira y del saldo pendiente de dicha obligación, conciliar el recaudo acumulado con el fondo de prorrata y verificar si sobre la cuenta del mandato pesa la orden de embargo del proceso de Finaemprender S. A. S.

Del expediente se desprenden dos conclusiones que se complementan. La intervención administrativa total cumplió su finalidad de salvamento y debe levantarse. Los riesgos que subsisten, derivados del cierre de la EPS y de contingencias heredadas, deben atenderse bajo una Vigilancia Especial con objeto ampliado. Ambas conclusiones descansan en los mismos elementos de juicio: la mejoría financiera y el avance del PDMI acreditan la superación de la causa de salvamento, y la visita especial de octubre de 2026 muestra la necesidad de una supervisión reforzada. e) Determinar el valor del Contrato de Mandato número 001-2025, acreditar el visto bueno del Anexo 005 sobre el componente variable de la remuneración y establecer, si hay lugar a ello, el mecanismo de reintegro a la Caja de los $131,4 millones pagados con recursos de la Corporación y del costo del archivo del programa liquidado.

La decisión la adopta la autoridad competente, con sujeción al procedimiento de la Resolución número 0629 de 2018 y previa recomendación del CDCI. Cada orden responde a un riesgo identificado y documentado en el expediente, y entre las alternativas disponibles se escoge la menos restrictiva que protege con igual eficacia los recursos del Sistema. Las órdenes impartidas no implican declaración de responsabilidad alguna, cuya determinación corresponde a las autoridades competentes con observancia del debido proceso.

En mérito de lo expuesto, este Despacho f) Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, formular un plan de saneamiento jurídico de los seis (6) inmuebles embargados, que comprenda el expediente probatorio individual del origen parafiscal y la destinación de cada bien, las actuaciones judiciales y registrales para el levantamiento de las medidas y la cancelación de las inscripciones de embargos ya levantados.

RESUELVE:

g) Remitir a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, con periodicidad quincenal, el extracto bancario certificado de la cuenta del mandato, la relación de egresos autorizados con su soporte, los recaudos y el avance de la prorrata. h) Preparar el proyecto de actualización del Reglamento Interno del Consejo Directivo, para consideración del Consejo en su primera sesión, armonizado con el Sistema de Control Interno, la gestión de riesgos, el CIARC y el PTEE.

Artículo 1°.

Levantamiento de la medida cautelar. Ordenar el levantamiento de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, Comfaguajira, NIT 892.115.006-5, adoptada mediante la Resolución número 0780 del 11 de noviembre de 2022 y prorrogada mediante la Resolución número 0783 del 8 de noviembre de 2024, por haberse superado las causas estructurales que motivaron su adopción, conforme a lo expuesto en la parte motiva. La presente decisión pone fin, de manera definitiva, al procedimiento iniciado mediante la Resolución número 0562 del 17 de julio de 2026, corregida por la Resolución número 0564 del 21 de julio de 2026.

i) Preparar y entregar al Consejo Directivo en su sesión de instalación, al Agente de Vigilancia Especial y al Grupo Interno para las Medidas Especiales, un informe de empalme con el contenido previsto, en lo pertinente, en el literal e) del numeral 5 del Título II de la Resolución número 0629 de 2018 y en el numeral 6.8 del Procedimiento PR-CLC-026, que incluya el inventario de riesgos de la parte motiva de este acto, el estado del mandato, de las contingencias judiciales y de los inmuebles cautelados, la relación de resoluciones Agente Especial de Intervención (AEI) expedidas y los traslados y trámites pendientes.

Artículo 2°.

Condición de Materialización y Régimen de Transición. Disponer que el levantamiento ordenado en el artículo primero se materializará y producirá plenos efectos, de pleno derecho y sin necesidad de acto adicional, en la fecha de instalación del Consejo Directivo de Comfaguajira, una vez se cumplan, en su orden: (i) la celebración de la Asamblea General de Afiliados; (ii) la firmeza de la elección de los representantes de los empleadores; (iii) la autorización de la posesión de los representantes de los trabajadores designados por el Ministerio del Trabajo; y (iv) la instalación del Consejo Directivo, con la entrega formal de la gestión por parte del Agente Especial de Intervención, dentro de los 15 días siguientes a la autorización del ejercicio del consejo directivo en pleno.

Parágrafo 1°. Hasta la fecha de autorización del ejercicio del cargo del Consejo
Directivo en pleno, la medida cautelar de Intervención Administrativa Total conservará todos sus efectos jurídicos. j) Remitir a la Coordinación del Grupo Interno para las Medidas Especiales, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la materialización del levantamiento, el archivo de la Agencia Especial y copia de las resoluciones Agente Especial de Intervención (AEI) expedidas, de conformidad con el literal f) del numeral 5 del Título II y el literal b) del numeral 7 del Título IV de la Resolución número 0629 de 2018.

Parágrafo 1°. Las actuaciones antes descritas que no se encuentren acreditadas a la fecha
de la autorización del ejercicio del cargo del Consejo Directivo en pleno se incorporarán al Plan de Mejoramiento de la Vigilancia Especial como acciones de cumplimiento inmediato, y su incumplimiento será considerado para los efectos del artículo décimo segundo.

Parágrafo 2°. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la sesión de instalación,
el Agente Especial de Intervención remitirá a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales copia del acta de instalación y de la conformación del Consejo Directivo y el informe de empalme. El Grupo Interno para las Medidas Especiales expedirá constancia de la fecha de materialización del levantamiento, que se incorporará al expediente y servirá de base para el registro previsto en el artículo décimo cuarto.

Parágrafo 2°. Las órdenes de los literales a) a g) se imparten a la Corporación como
titular de la cuenta y parte del Contrato de Mandato número 001-2025, sin perjuicio de las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el proceso liquidatorio del Programa EPS y la aplicación de sus recursos, y no implican declaración de responsabilidad alguna.

Parágrafo 3°. De conformidad con el numeral 3 del Título IV de la Resolución
número 0629 de 2018, una vez materializado el levantamiento, quien ejerza la Dirección Administrativa continuará ejerciendo las funciones de administración y representación legal de la Corporación hasta tanto el Consejo Directivo decida.

Artículo 4°.

Comunicación al Ministerio del Trabajo. Informar al Ministerio del Trabajo la decisión adoptada en el presente acto, en cumplimiento del ordinal i) del numeral 10 del Título IV de la Resolución número 0629 de 2018, con indicación de la condición de materialización prevista en el artículo segundo. La orden de informar al Ministerio para la designación de los representantes de los trabajadores, contenida en la Resolución número 0562 de 2026, se encuentra cumplida con la Resolución número 2527 del 5 de agosto de 2026 del Ministerio del Trabajo.

Artículo 3°.

Continuidad de la Agencia Especial de Intervención y Órdenes para la Transición. Disponer que la Agente Especial de Intervención, doctora Paula Marcela Ojeda Ojeda, designada mediante la Resolución número 0802 del 16 de octubre de 2026, o quien haga sus veces, continuará ejerciendo las funciones del Consejo Directivo y las demás inherentes a la Agencia Especial hasta la autorización del ejercicio del Consejo Directivo en pleno. Durante este período, el Agente Especial de Intervención deberá adelantar, directamente o impartiendo las instrucciones a la Dirección Administrativa, las siguientes actuaciones:

Parágrafo. Si a la fecha de comunicación de este acto no se hubiere autorizado la
posesión de los representantes de los trabajadores designados mediante la Resolución número 2527 de 2026 del Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Delegada competente adelantará dicho trámite dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, previa verificación de requisitos e inhabilidades. Si alguno de ellos no pudiere posesionarse, se informará de inmediato al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.

Artículo 5°.

Convocatoria A la Asamblea General de Afiliados. Ordenar al Agente Especial de Intervención que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a

a) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de este acto, implementar un esquema de firma conjunta (mandataria y supervisor) o un encargo fiduciario para la cuenta Bancoomeva número 32051000000039, y abstenerse de autorizar egresos de dicha cuenta distintos del gasto administrativo certificado y de los pagos a acreedores conforme a la lista de acreedores y al orden de prelación definidos en el proceso liquidatorio.

53 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL la comunicación del presente acto, disponga la convocatoria de la Asamblea General de Afiliados de Comfaguajira para la elección de los representantes de los empleadores ante el Consejo Directivo y del Revisor Fiscal y su suplente, con estricta sujeción a los artículos 2.2.7.1.2.3, 2.2.7.1.2.13, 2.2.7.1.2.17 y concordantes del Decreto número 1072 de 2015, a los Estatutos de la Corporación y a la Circular Externa Única, observando en particular el término mínimo de diez (10) días hábiles de antelación, computado con exclusión del día de la publicación y del de la reunión, como lo precisaron las Resoluciones números 1419 de 2025 y 0039 de 2026, y el registro expreso de los poderes válidos y anulados.

Artículo 8°.

Plan de Mejoramiento de la Vigilancia Especial. Ordenar A Comfaguajira formular el Plan de Mejoramiento de la Vigilancia Especial (PDM-VE), el cual deberá ser aprobado por el Consejo Directivo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su instalación, término que se cuenta desde esa fecha y no desde la notificación13 por cuanto el Consejo Directivo aún no se ha conformado, y remitido por el Director Administrativo a la SDRAME dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, con la revisión y firma del Revisor Fiscal, conforme al numeral 2 del Título III de la Resolución número 0629 de 2018. La Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales contará con quince (15) días hábiles para revisarlo y aprobarlo o devolverlo con indicaciones; en caso de devolución, la Corporación contará con cinco (5) días hábiles para ajustarlo y la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales con cinco (5) días hábiles para revisar los ajustes.

Parágrafo 1°. La Corporación implementará estrategias de divulgación orientadas a
ampliar la participación de los empleadores afiliados hábiles en la elección, y remitirá a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, dentro del término legal siguiente a la celebración de la Asamblea General de Afiliados, el acta, la constancia de la convocatoria, el registro de asistentes, poderes y votaciones, para la verificación y el registro a que haya lugar.

Parágrafo 2°. Instalado el Consejo Directivo, este elegirá a sus dignatarios y adoptará
las decisiones necesarias para asumir sin solución de continuidad las funciones del artículo 54 de la Ley 21 de 1982.

Parágrafo 1°. El PDM-VE incorporará: (i) las actividades del PDMI no subsanadas al
100 %, de conformidad con el numeral 10 del Título IV de la Resolución número 0629 de 2018; (ii) los hallazgos y observaciones del Informe de Visita Especial de octubre de 2026 y del Informe Integral; (iii) las actuaciones del artículo tercero no acreditadas a la fecha de instalación del Consejo Directivo, como acciones de cumplimiento inmediato; y (iv) los ejes de seguimiento obligatorio del artículo noveno.

Artículo 6°.

Adopción de la Medida Cautelar de Vigilancia Especial. Adoptar la medida cautelar de Vigilancia Especial respecto de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, Comfaguajira, de conformidad con el literal d) del numeral 23 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992, los numerales 17 y 19 del artículo 5° del Decreto número 2595 de 2012 y los Títulos III y IV, numeral 10, de la Resolución número 0629 de 2018, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de materialización del levantamiento de la Intervención Administrativa Total, prorrogable por seis (6) meses más si no se superan las causas que dieron origen a la medida, conforme a la recomendación del CDCI contenida en el Acta número 10 del 6 de noviembre de 2026.

Parágrafo 2°. El PDM-VE se formulará con: diagnóstico, objetivos de mejora, acciones
específicas, responsables, cronograma, recursos e indicadores de resultado con línea base, meta y fuente de verificación primaria (extractos bancarios certificados, certificados de tradición, actuaciones judiciales, auxiliares contables). La matriz de ponderación será validada por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales antes del primer corte. Las acciones de control permanente no se darán por cumplidas sino cuando su resultado se sostenga en al menos dos cortes trimestrales consecutivos. El Revisor Fiscal emitirá pronunciamiento propio, soportado en papeles de trabajo, y justificará cualquier variación frente al corte anterior. El cronograma se ajustará al término de la medida y de su eventual prórroga.

Parágrafo 1°. La Vigilancia Especial no afecta la gestión ordinaria de la Corporación
ni la de sus órganos de dirección, administración y control, y tiene por objeto verificar la superación, en el menor tiempo posible, de los riesgos residuales identificados en la parte motiva y la consolidación de las condiciones institucionales alcanzadas durante la intervención.

Parágrafo 3°. La aprobación del PDM-VE será comunicada por la Superintendencia
Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales al Revisor Fiscal y al Consejo Directivo, con copia al Agente de Vigilancia Especial y a su grupo de apoyo, conforme al literal g) del numeral 2 del Título III de la Resolución número 0629 de 2018.

Artículo 9°.

Ejes de Seguimiento Obligatorio. El PDM-VE y la actividad del Agente de Vigilancia Especial comprenderán, como mínimo, los siguientes ejes, con los resultados verificables que se indican. El PDM-VE asignará a cada resultado un responsable, un producto verificable y una fecha de entrega:

Parágrafo 5°. La prórroga se tramitará conforme al numeral 3 del Título II, al numeral
5 del Título IV y al numeral 1 del Título III de la Resolución número 0629 de 2018, previa solicitud del Agente de Vigilancia Especial presentada con quince (15) días de anticipación al vencimiento, evaluación del Grupo Interno para las Medidas Especiales y recomendación del CDCI. Para decidirla se valorarán, como mínimo: (i) el cumplimiento de las acciones de cumplimiento inmediato y de los indicadores de los ejes 1 a 4 del artículo noveno; (ii) el estado de ejecución del Contrato de Mandato número 001-2025 y de la aplicación de los recursos a los acreedores; (iii) el estado procesal del litigio con el Fondo Adaptación; y (iv) el funcionamiento efectivo del Consejo Directivo y de la Revisoría Fiscal.

1. Contrato de mandato. Cien por ciento (100 %) de los egresos de la cuenta del mandato con soporte de autorización e imputación; conciliación mensual contra extracto certificado; firma conjunta o encargo fiduciario operando; supervisor independiente; auditoría interna específica al mandato con reporte al CIARC dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la aprobación del PDM-VE; seguimiento a la ejecución del contrato hasta su liquidación.

Parágrafo 3°. Ni el término inicial ni la prórroga de la Vigilancia Especial podrán
extenderse más allá del 21 de junio de 2027, fecha en que pierden vigencia las normas que le sirven de fundamento conforme a la Sentencia C-298 de 2025, salvo que una ley posterior provea su fundamento. Si por esa limitación el término efectivo de la medida resultare inferior a seis (6) meses, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales presentará al CDCI, con no menos de un (1) mes de antelación a dicha fecha, la evaluación del estado de los riesgos residuales y propondrá las actuaciones de inspección y vigilancia que el régimen legal vigente permita.

2 Recursos posliquidatorios. Titularidad definida de los recursos recaudados; aplicación a acreedores conforme a la lista y al orden de prelación; conciliación partida a partida de la cuenta 2305 con el directorio de acreedores, con diferencias sin explicar iguales a cero; reintegro a la Caja de los honorarios y del costo del archivo asumidos con recursos de la Corporación; separación contable del programa liquidado.

3. Contingencias judiciales. Concepto individual, fechado y firmado del apode- rado para cada proceso de cuantía material, con probabilidad, base monetaria y estimación; conciliación de los universos de procesos; revelación completa en cuentas de orden y notas; adopción de la política de prevención del daño antijurí- dico y funcionamiento acreditado del comité de conciliación; seguimiento de los procesos derivados de la EPS dirigidos contra el NIT de la Caja.

Artículo 7°.

Agente de Vigilancia Especial y Grupo de Apoyo. Designar como Agente de Vigilancia Especial de COMFAGUAJIRA a la doctora Paula Marcela Ojeda Ojeda, quien actualmente ejerce como Agente Especial de Intervención de la Corporación, designada mediante la Resolución número 0802 del 16 de octubre de 2026, previa verificación por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales de los requisitos y de la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, conforme al numeral 4.1 del Título II de la Resolución número 0629 de 2018 y al numeral 6.8 del Procedimiento PR-CLC-026. Sus funciones como Agente de Vigilancia Especial iniciarán en la fecha de materialización del levantamiento, momento en el cual cesarán las de Agente Especial de Intervención.

4. Fondo Adaptación. Actualización de la cuantía a la pretensión remanente o ex- plicación documentada; calificación formal del riesgo y reconocimiento o revela- ción del efecto patrimonial conforme a la Sección 21 de la NIIF para las Pymes; acreditación del cumplimiento de la transacción parcial aprobada por el Auto 661 de 2025; informe trimestral de actuaciones procesales.

Parágrafo 1°. Conformar el grupo interdisciplinario de apoyo de la Agente de
Vigilancia Especial con profesionales del Grupo Interno para las Medidas Especiales en los componentes jurídico, financiero y contable, de salud y administrativo y de gobierno corporativo, designados por la Coordinación de dicho Grupo mediante memorando que se incorporará al expediente antes de la fecha de materialización del levantamiento.

5. Inmuebles cautelados. Expediente probatorio individual por inmueble (escri- tura, certificado de tradición, auxiliares de adquisición, fuente de financiación y destinación) para la defensa del régimen del artículo 2.2.7.5.3.2 del Decreto número 1072 de 2015; cancelación registral de los embargos cuyo levantamiento se encuentre en firme; aclaración de las matrículas con inconsistencias; recono- cimiento del deterioro de los lotes de Manaure dentro de los noventa (90) días; plan de aprovechamiento o enajenación de inmuebles improductivos y solución jurídica de los predios ACUARU. Las metas de este eje exigen actuaciones veri- ficables y no el resultado de las decisiones judiciales.

13 Resolución número 0629 de 2018, Título III, numeral 2, literal b: “El PDM deberá ser aprobado por el consejo directivo en un término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución que adopta la medida”.

Parágrafo 2°. Corresponde al Agente de Vigilancia Especial, con su grupo de apoyo:
verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento con evidencia primaria; asistir, cuando lo estime pertinente, a las sesiones del Consejo Directivo y del CIARC, sin voto; requerir información y soportes; practicar visitas de seguimiento; rendir informe trimestral a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales; formular recomendaciones a la Corporación; e informar de inmediato a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales cualquier hecho que pueda constituir incumplimiento grave o materialización de un riesgo crítico.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 54 DIARIO OFICIAL y (iv) valorar el traslado a la autoridad fiscal competente de los hechos de las Observaciones 2, 3, 4 y 7 del Informe de Visita Especial, que este calificó con posible connotación fiscal.

6. Gobierno corporativo. Funcionamiento efectivo del Consejo Directivo (se- siones, quórum, actas y seguimiento de decisiones); Reglamento del Consejo actualizado; inducción del Consejo sobre el inventario de riesgos; Código de Buen Gobierno vigente y actas del Comité de Buen Gobierno; controles sobre convocatoria, quórum y poderes de la Asamblea General.

7. Control interno. Inclusión del mandato, de las contingencias de vivienda y de la cuenta del mandato en el plan de auditoría y en el mapa de riesgos; depuración definitiva de la cuenta 281045; conciliaciones bancarias sin partidas antiguas pendientes; verificación de las cuentas con partes relacionadas; corrección de las diferencias entre los reportes SIGER y la base de indicadores.

Artículo 14.

Notificaciones y Comunicaciones. Notificar el contenido de la presente resolución a la Directora Administrativa encargada de Comfaguajira, doctora Diana Patricia Tello Córdoba, o a quien haga sus veces, en la dirección electrónica director@ comfaguajira.com o en la que obre en el expediente, en los términos de los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Comunicar su contenido a: la Agente Especial de Intervención, doctora Paula Marcela Ojeda Ojeda, pojedao@ssf.gov.co; al Contralor de Intervención con funciones de Revisoría Fiscal o a quien haga sus veces, en las direcciones revisoriafiscal@comfaguajira.com y revisoriafiscal1@comfaguajira.com; al Agente Especial; a los miembros del Consejo Directivo una vez instalado; al Ministerio del Trabajo.

Artículo 15.

Publicación. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el literal l) del numeral 1 del Título III de la Resolución número 0629 de 2018.

8. Revisoría Fiscal. Continuidad del servicio con empalme documentado; plan de trabajo aprobado; pronunciamiento propio y soportado sobre el PDM-VE; informes mensuales al Agente de Vigilancia Especial y trimestrales a la Super- intendencia Delegada Para La Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, conforme al numeral 8 del Título II de la Resolución número 0629 de 2018.

Artículo 16.

Recursos. Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición ante la Superintendente del Subsidio Familiar, que deberá interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, en los términos de los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. De conformidad con el literal k) del numeral 1 del Título III de la Resolución número 0629 de 2018, y del literal o) del numeral 1 del Título IV de la misma resolución, el recurso se concederá en el efecto devolutivo1.

9. Archivo de la extinta EPS. Plan de choque para el depósito de Eurare con meta mínima de cien (100) cajas intervenidas por mes; digitalización de las cajas de acreencias pendientes dentro de los sesenta (60) días; priorización de los sopor- tes de cartera territorial y de procesos judiciales; financiación con recursos del mandato y no de la Caja.

Parágrafo. Sin perjuicio de los ejes anteriores, el PDM-VE incluirá el seguimiento
a la sostenibilidad de la IPS (formalización del contrato con el Fomag, depuración de la cartera mayor a 360 días, calibración de equipos biomédicos y verificación de la fuente y destinación de los acuerdos internos financiados con recursos del subsidio y de Foniñez).

Artículo 17.

Efectos Sobre la Resolución número 0562 de 2026 y Vigencia. Tener Por Cumplidas las órdenes del artículo primero y sus parágrafos de la Resolución número 0562 de 2026; Subrogar sus artículos segundo y tercero por los artículos segundo, tercero, quinto y sexto de la presente resolución. La presente resolución rige a partir de su expedición, es oponible desde su notificación y produce efectos conforme a lo dispuesto en sus artículos segundo y sexto.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

11 de noviembre de 2026.

La Superintendente del Subsidio Familiar, Edna María Tafur Mejía.

Artículo 10.

Informes Trimestrales y Reportes Extraordinarios. Ordenar al Director Administrativo de Comfaguajira presentar al Agente de Vigilancia Especial y a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales informes trimestrales de avance del PDM-VE, previamente revisados y avalados por el Revisor Fiscal, dentro de los plazos establecidos en el literal h) del numeral 2 del Título III de la Resolución número 0629 de 2018 (30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 15 de febrero), con la excepción allí prevista. Las acciones de cumplimiento inmediato se remitirán con el primer informe.

(C. F.).

Varios Parágrafo 1°. Adicionalmente, durante toda la vigencia de la Vigilancia Especial, la Corporación remitirá a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa Y Las Medidas Especiales reportes quincenales sobre el contrato de mandato, con el contenido del literal g) del artículo tercero, y reportes trimestrales sobre las contingencias judiciales de los ejes 3 y 4.

Juzgado Primero de Familia de Bogotá Avisos Parágrafo 2°. El Agente de Vigilancia Especial rendirá a la Superintendencia Delegada para La Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales informe trimestral de su gestión y del estado de cumplimiento del PDM-VE, y al término de la medida, el informe final en el que concluya si se han superado las circunstancias que le dieron origen, conforme al numeral 3 del Título III de la Resolución número 0629 de 2018.

La Secretaria del Juzgado Primero de Familia en Oralidad de Bogotá CITA Y EMPLAZA

Artículo 11.

Cierre Del PDMI. Ordenar a la Corporación remitir, con corte a la fecha de materialización del levantamiento, el informe final del PDMI reformulado, que será evaluado por el Grupo Interno para las Medidas Especiales. Se trasladarán al PDM-VE las actividades no subsanadas al 100 % según el análisis del octavo avance, a saber: Observación 2, actividad 4; Observación 4, actividades 1 y 3; Observación 6, actividad 2; Observación 8, actividades 2, 3 y 4; Observación 9, actividad 3; Observación 11, actividad 14; y Observación 12, actividades 2, 3, 4 y 5, junto con las que resulten del informe final.

Artículo 12.

Alertas y Evaluación de Medidas Adicionales. Si durante la transición o la vigencia de la Vigilancia Especial se verifica el incumplimiento de las acciones de cumplimiento inmediato, de los indicadores de los ejes 1 a 4 del artículo noveno o la materialización de alguno de los riesgos calificados como críticos, el Agente de Vigilancia Especial o el Grupo Interno para las Medidas Especiales lo informará de inmediato a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, la cual presentará al CDCI la evaluación correspondiente para que recomiende la modificación, prórroga o intensificación de la medida, o la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el numeral 23 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992, con sujeción al debido proceso.

A la señora Martha Lucía Jaramillo Mejía identificada con la cédula de ciudadanía número 41691302, cuyo último domicilio fue la ciudad de Bogotá, D. C., y su paradero actual se desconoce, para que comparezca a este juzgado, ubicado en la carrera 7 número 12-C 23, piso 3º, donde cursa el proceso de Muerte Presunta por Desaparecimiento Rad 11 001 31 10 001 2025 00361 00 instaurado por la señora Clarita Jaramillo Mejía identificada con la cédula C. C. número 42065857 en calidad de hermana. Igualmente se solicitan a cualquier persona que tenga noticias del desaparecido para que lo informe a la mayor brevedad a este juzgado el cual fue admitido mediante auto de fecha treinta de abril del año 2025. El lugar del último domicilio conocido de la señora Martha Lucía Jaramillo Mejía fue la ciudad de Bogotá. Quien fue vista por última vez en el año 1981. La demandante según lo expone en la demanda sustenta como hechos generadores de la petición de acuerdo con la información suministrada la señora Martha Lucía Jaramillo Mejía fue vista por última vez por sus familiares y amigos en el año 1981, sin que desde ese momento se tengan noticias de su paradero. Nació el 15 de julio de 1957 en Pereira, posteriormente se trasladó a Bogotá, fue estudiante de la Universidad Nacional. En el momento de su desaparición Martha Lucía Jaramillo Mejía era de estado civil soltera y sin unión marital de hecho, quien tuvo como último domicilio la ciudad de Bogotá, D. C., y su última dirección conocida fue la carrera 2B número 16-72 Torres Gonzalo Jiménez de Quesada, torre 3, apartamento 2003. Tuvo dos hijos el 17 de diciembre del año 1979, con el señor Rogelio Castaño Valencia identificado con cédula de ciudadanía número 4510883 de Pereira quien hace años falleció. La señora Martha Lucía Jaramillo Mejía tuvo dos hijos gemelos, en la actualidad mayores de edad, de nombre e identificación Iván Fernando Castaño Jaramillo con cédula de ciudadanía número 79954081 de Bogotá, y Juan Manuel Castaño Jaramillo con cédula de ciudadanía número 1 Resolución número 0629 de 2018, Título III, numeral 1, literal k: “contra la resolución por la cual se adopta una medida cautelar únicamente procede el recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, el cual se concederá en el efecto devolutivo”.

Artículo 13.

Traslados. Ordenar a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales verificar y, en lo pendiente, efectuar los siguientes traslados, sin que ello implique juicio alguno de responsabilidad: (i) a la Superintendencia Nacional de Salud, de los hechos relacionados con la ejecución del Contrato de Mandato número 001-2025 y la aplicación de los recursos posliquidatorios en septiembre y octubre de 2026; (ii) a la Superintendencia Delegada para la Gestión, de las observaciones sobre supervisión, contingencias, activos improductivos, inmuebles cautelados, conciliaciones bancarias y el Contrato de Suministro número 141 de 2026; (iii) al Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativa, para lo de su competencia, respecto de la información remitida a esta Superintendencia que omitió hechos materiales;

55 Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL C o n t e n i d o Págs.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto número 1776 de 2026, por el cual se declara el retorno a la normalidad de la situación de desastre de carácter nacional declarada mediante el Decreto número 1372 de 2024, prorrogada por el Decreto número 1193 de 2025 y modificada por el Decreto número 464 de 2026..................................................................................1

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Departamento Administrativo de la Función Pública

Circular conjunta número 01 DE 2026...................................................................3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Decreto número 1766 de 2026, por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio del Interior.........................5 Decreto número 1767 de 2026, por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio del Interior.........................5 Decreto número 1768 de 2026, por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal de la Imprenta Nacional de Colombia..................................................5 Decreto número 1781 de 2026, por medio del cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento ordinario en la planta de personal del Ministerio del Interior....6

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Decreto número 1764 de 2026, por el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026..............................................6 Decreto número 1765 de 2026, por el cual se efectúa un nombramiento ordinario......7 Decreto número 1777 de 2026, por el cual se delega una función..........................7 Resolución número 2599 de 2026, por la cual se efectúa una modificación al Anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, - Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), para la vigencia fiscal de 2026........................................................................................8

79959081 de Bogotá. La señora Martha Lucía Jaramillo Mejía abandonó sus estudios y se dedicó a realizar artesanías y a venderlas en la calle. Posteriormente sostuvo una relación con una persona de nombre Guillermo Mejía, alias FIFI, quien era de Medellín; en dicho lapso presentó un deterioro físico y mental. Las personas más allegadas a la señora Martha Lucía Jaramillo Mejía son sus hijos Juan Manuel Castaño e Iván Fernando Castaño Jaramillo; su madre Lucía Mejía quien falleció el presente año y sus hermanos Ana María Jaramillo Mejía con cédula de ciudadanía número 41750308 de Bogotá, Patricia Jaramillo Mejía con cédula de ciudadanía número 51625659 de Bogotá, Luisa Jaramillo Mejía con cédula de ciudadanía número 42058122 de Pereira, Claudia Susana Jaramillo Mejía con cédula de ciudadanía número 41769134 de Bogotá, Clarita Jaramillo Mejía con cédula de ciudadanía número 42065857 de Pereira, Jaime Jaramillo Mejía con cédula de ciudadanía número 10265196 de Manizales, Fernando Jaramillo Mejía con cédula de ciudadanía número 79389071 de Bogotá, y Felipe Jaramillo Mejía con cédula de ciudadanía número 79523411 de Bogotá. Conforme a la escritura número 3921 de la Notaría 19 de Bogotá, del 7 de diciembre del año 2018, se protocolizó la declaración de mera ausencia por desaparición de la señora Martha y, de conformidad con lo señalado en las normas procedimentales pertinentes, la Notaría 19 de Bogotá Cita y Emplaza a todas las personas que tengan y prueben tener derechos a intervenir en este acto, a presentarse dentro de los 10 días hábiles subsiguientes al de la última publicación del edicto, en la notaría, ubicada en la calle 63 número – 83, piso 2 del centro comercial de Lourdes. La Notaría realizó edictos en el diario El Espectador y en la Radio Difusora Emisora Mariana. Así mismo, en la escritura 3921 del 7 de diciembre de 2018 de la Notaría 19, consta que la notaría envió comunicación a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que dicha entidad respondiera si tuvo conocimiento del caso, si adelantó o adelanta algún trámite o investigación del caso, si conoce del paradero o si sabe del fallecimiento de la ausente. En la misma escritura consta también comunicación al Instituto de Medicina Legal, a la Policía Nacional, a las autoridades de Migración y al Ministerio Público; por parte de la Notaría 19 solicitando la misma información que en su momento le remitieron a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dichas instituciones, al igual que la registraduría dieron respuesta al notario José Miguel Rojas Cristancho anotando desconocen el paradero de la señora Martha Lucía Jaramillo Mejía, que no tienen concomimiento de su salida del país, de su fallecimiento, o aclarando que consta en sus bases de datos que se encuentra desaparecida. La señora Patricia Jaramillo Mejía, quien es hermana de la señora Martha Lucía Jaramillo Mejía, realizó ante la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, solicitud particular de mecanismo de búsqueda urgente, en el año 2015; así mismo, solicitó ante la comisión de búsqueda de personas desaparecidas información sobre una posible desaparición forzada de su hermana también en julio del año 2015, hasta el momento las autoridades no han podido dar con su paradero, ni obtener información adicional sobre la ocurrencia de los hechos en relación con su desaparición, a pesar de haber desplegado todos los actos de investigación pertinentes lo cual incluye solicitar públicamente noticias sobre su paradero. En 10 de noviembre del año 1992 se profirió auto admisorio de demanda de terminación anticipada de patria potestad. La señora Lucía Mejía de Jaramillo, abuela de Iván Castaño Jaramillo y Juan Castaño Jaramillo, hijos de la desparecida Martha Lucía Jaramillo Mejía, instauró esta demanda de terminación de patria potestad en contra de su hija Martha Lucía Jaramillo Mejía desaparecida. Dentro de ese proceso, se realizaron edictos en diarios del país por parte de la secretaría del Juzgado 19 de Familia de Santa Fe de Bogotá, para citar y emplazar a la señora Martha Lucía Jaramillo Mejía.

Se previene a quienes tengan noticias de la señora Martha Lucía Jaramillo Mejía, para que lo comuniquen al Juzgado Primero de Familia en Oralidad de Bogotá, cuyo correo electrónico es flia0bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, donde se encuentra la demanda.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Resolución ejecutiva número 495 de 2026, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 327 del 26 de agosto de 2026....................................................................................................................8 Resolución ejecutiva número 496 DE 2026, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 323 del 26 de agosto de 2026..................................................................................................................11 Resolución ejecutiva número 497 de 2026, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición........................................................................................................14 Resolución ejecutiva número 498 de 2026, por la cual se da por terminado un trámite de extradición........................................................................................................16 Resolución ejecutiva número 499 de 2026, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición........................................................................................................17 Resolución ejecutiva número 500 de 2026, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición........................................................................................................18 Resolución ejecutiva número 501 de 2026, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición........................................................................................................20 Resolución ejecutiva número 502 de 2026, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición........................................................................................................22 Resolución ejecutiva número 503 de 2026, por la cual se resuelve la solicitud de declaratoria de la pérdida de la ejecutoria o revocatoria directa de las Resoluciones número 091 del 16 de marzo de 2026 y número 241 del 17 de junio de 2026......23 Resolución ejecutiva número 504 de 2026, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 324 del 26 de agosto de 2026..................................................................................................................24 Resolución ejecutiva número 505 de 2026, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 374 del 8 de septiembre de 2026..................................................................................................................27

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 583 y 584 del Código General del Proceso y el numeral 2 del artículo 97 del Código Civil, se expide el presente edicto para su publicación el día domingo 8 de junio de dos mil veinticinco (2025), en un periódico de amplia circulación en la capital de la República, como El Espectador, La República o El Nuevo Siglo, y en una radiodifusora de la localidad y en el Diario Oficial.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Resolución número 000418 DE 2026, por la cual se modifica el artículo 30 de la Resolución número 000248 de 2026, en relación con el régimen de transición del Fondo de Fomento Agropecuario..........................................................................30

Atentamente, La Secretaria, Darcy Loucett Alvarado Guatibonza.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Resolución número 002616 de 2026, por la cual se establecen las condiciones para la operación de compra de cartera, en el marco de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026.........................................................................31

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Darcy Loucett Alvarado Guatibonza Secretaría Juzgado de Circuito Familia 001 Oral Bogotá, D. C. - Bogotá, D. C., MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Resolución número 40612 de 2026, por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa por vacancia temporal...................................................34 Resolución número 40613 de 2026, por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa por vacancia temporal...................................................35 Resolución número 40614 de 2026, por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa por vacancia temporal...................................................35 Resolución número 40615 de 2026, por la cual se hace un encargo.....................36 Resolución número 40616 de 2026, por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa por vacancia temporal...................................................37 Resolución número 40617 de 2026, por la cual se hace un nombramiento ordinario................................................................................................................37 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el Decreto Reglamentario 2364/12 Código de verificación: 95b4acc2bf3c1014ee5035fbe5c7ee78749440a4f6ac74e568371fb49c18bac9 Documento generado en 02/06/2025 09:20:18 p. m. Descargue el archivo y valide este documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/ FirmaElectronica.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Decreto número 1773 de 2026, por medio del cual se da por terminado un encargo y se hace un nombramiento...................................................................................38

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5306773. 4-XI-2026. Valor $89.100.

Edición 53.689 Viernes, 13 de noviembre de 2026 56 DIARIO OFICIAL Agencia DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Decreto número 1774 de 2026, por medio del cual se efectúa un encargo...........38 Decreto número 1775 de 2026, por medio del cual se efectúa un nombramiento ordinario................................................................................................................38 UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Comisión de Regulación de Energía y Gas Resolución número 101 136 de 2026, por la cual se establecen medidas para la conexión temporal de activos ante situaciones de demanda no atendida debidas al agotamiento de activos de uso del Sistema Interconectado Nacional...................38 y Diseño Creación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Circular número 12757000006219 de 2026..........................................................45 SUPERINTENDENCIAS Superintendencia del Subsidio Familiar Resolución número 0898 de 2026, por medio de la cual se decide de fondo el procedimiento de levantamiento de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, Comfaguajira, adoptada mediante la Resolución número 0780 del 11 de noviembre de 2022 y prorrogada mediante la Resolución número 0783 del 8 de noviembre de 2024, se condiciona su materialización a la conformación e instalación del Consejo Directivo, se adopta la medida cautelar de Vigilancia Especial y se dictan otras disposiciones............46 El 64% de los consumidores afirma que los anuncios personalizados son más atractivos. um VARIOS Juzgado Primero de Familia de Bogotá La Secretaria del Juzgado Primero de Familia en Oralidad de Bogotá cita y emplaza, a la señora Martha Lucía Jaramillo Mejía.............................................................54 Esta estadística ratifica la importancia de invertir en estrategias publicitarias dirigidas a un público específico. Por ello, en la agencia de IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2026 la Imprenta Nacional de Colombia ofrecemos servicios integrales de comunicación y estrategias de marketing en tres vías: ATL (Above The Line), BTL (Below The Line) y digital, a través de tácticas específicas y personalizadas con herramientas como merchandising, pop, activaciones en calle, logística en eventos y extensas posibilidades digitales que posicionan la marca y potencian el mensaje.

@imprentacolombia @ImprentaNaCol Somos garantes de la seguridad jurídica del Estado y transformamos necesidades en soluciones integrales de comunicación gráfica para nuestros grupos de interés, comprometidos con prácticas sostenibles. www.imprenta.gov.co Este año, la Imprenta Nacional de Colombia marcará un nuevo hito en la historia del país, reafirmando Interior correspondencia@imprenta.gov.co su compromiso con Colombia. PBX: (601) 4578000 / FAX: 4578037 diario.oficial.co@imprenta.gov.co Carrera 66 no. 24-09, Ciudad Salitre @imprentacolombia @ImprentaNaCol misión www.imprenta.gov.co Este año, la Imprenta Nacional de Colombia marcará un nuevo hito en la historia del país, reafirmando Interior correspondencia@imprenta.gov.co su compromiso con Colombia. PBX: (601) 4578000 / FAX: 4578037 diario.oficial.co@imprenta.gov.co Carrera 66 no. 24-09, Ciudad Salitre

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