Diario Oficial 53687 de 2026
Diario Oficial N° 53.687
- Tipo
- Diario Oficial
- Número
- 53687
- Año
- 2026
- Fecha
- 11 de noviembre de 2026
- Entidad
- Imprenta Nacional de Colombia
- Fuente
- Ver el documento original en Diario Oficial
Texto completo
República de Colombia Fundado el 30 de abril de 1864 DIARIO OFICIAL DIARIO OFICIAL Año CLXII No. 53.687 Edición de 41 páginas • Bogotá, D. C., miércoles, 11 de noviembre de 2026 • I S S N 0122-2112 Ministerio de Hacienda y Crédito Público Resoluciones Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.
RESOLUCIÓN NÚMERO 2612 DE 2026
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2026.
(noviembre 11) por medio de la cual se modifica el artículo 2º de la Resolución número 2554 del 30 de El Ministro de Hacienda y Crédito Público, octubre de 2026.
Miguel Gómez Martínez.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 2613 DE 2026
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015, la Ley 533 de 1999, la Ley 781 de 2002, la Ley 1366 de 2009, la Ley 1624 de 2013, la Ley 1771 de 2015, la Ley 2073 de 2020, la Ley 2382 de 2024, y (noviembre 11) por medio de la cual se modifica el artículo 2º de la Resolución número 2555 de 30 de
CONSIDERANDO:
octubre de 2026.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015, la Ley 533 de 1999, la Ley 781 de 2002, la Ley 1366 de 2009, la Ley 1624 de 2013, la Ley 1771 de 2015, la Ley 2073 de 2020, la Ley 2382 de 2024, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 2554 de 30 de octubre de 2026 el Ministro de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- para la celebración de un empréstito externo con KfW por la suma de ciento cuarenta y siete millones cincuenta y nueve mil euros (EUR 147.059.000), “Policy Based Loan (PBL) to Strengthen Policies on Gender Equality in Colombia - Phase II” (Préstamo Basado en Políticas para Fortalecer las Políticas sobre Igualdad de Género en Colombia - Fase II), con destino al financiamiento de apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional;
Que en el artículo 2º de la Resolución número 2554 de 30 de octubre de 2026, se establecieron los términos y condiciones financieras indicando, entre otros, que la primera cuota de amortización sería el 15 de mayo de 2029 y la última el 15 de mayo de 2041;
Que mediante la Resolución número 2555 de 30 de octubre de 2026 el Ministro de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- para la celebración de un empréstito externo con KfW por la suma de ciento cincuenta millones de euros (EUR 150.000.000), “Development Policy Loan for the Peace Agenda, Phase V” (Préstamo de Desarrollo de Política Agenda de Paz, Fase V), con destino al financiamiento de apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional;
Que en el artículo 2º de la Resolución número 2555 de 30 de octubre de 2026, se establecieron los términos y condiciones financieras indicando, entre otros, que la primera cuota de amortización sería el 15 de mayo de 2029 y la última el 15 de mayo de 2041;
Que una vez expedida la Resolución número 2554 de 30 de octubre de 2026, se inició el trámite de suscripción del contrato de préstamo, evidenciando que en la versión final remitida por KfW se realizó un ajuste en el cronograma de amortización (“Repayment schedule”), estableciendo que la primera fecha de amortización será el 15 de noviembre de 2029 y la última será el 15 de noviembre de 2041. Este ajuste obedece a políticas del prestamista y al término requerido para agotar los requisitos previos a la expedición de la resolución de autorización;
Que en virtud de lo expuesto, se hace necesario modificar el artículo 2° de la Resolución número 2554 de 30 de octubre de 2026, con el objeto de precisar que el plazo de amortización del contrato de préstamo a celebrarse entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- con KfW será desde el 15 de noviembre de 2029 hasta el 15 de noviembre de 2041.
RESUELVE:
Que una vez expedida la Resolución número 2555 de 30 de octubre de 2026, se inició el trámite de suscripción del contrato de préstamo, evidenciando que en la versión final remitida por KfW se realizó un ajuste en el cronograma de amortización (“Repayment schedule”), estableciendo que la primera fecha de amortización será el 15 de noviembre de 2029 y la última será el 15 de noviembre de 2041. Este ajuste obedece a políticas del prestamista y al término requerido para agotar los requisitos previos a la expedición de la resolución de autorización;
Artículo 1º.
Modificación. Modifíquese el artículo 2º de la Resolución número 2554 de 30 de octubre de 2026 el cual quedará así:
“Artículo 2º. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada en el artículo 1º de la presente resolución, son los siguientes:
Que en virtud de lo expuesto, se hace necesario modificar el artículo 2° de la Resolución número 2555 de 30 de octubre de 2026, con el objeto de precisar que el plazo de amortización del contrato de préstamo a celebrarse entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- con KfW será desde el 15 de noviembre de 2029 hasta el 15 de noviembre de 2041.
RESUELVE:
Artículo 1º.
Modificación. Modifíquese el artículo 2º de la Resolución número 2555 de 30 de octubre de 2026 el cual quedará así:
“Artículo 2º. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada en el artículo 1º de la presente resolución, son los siguientes:
0.25 % anual sobre montos por desembolsar del préstamo.
Monto Ciento cuarenta y siete millones cincuenta y nueve mil euros (EUR 147.059.000) Amortización Veinticinco (25) cuotas semestrales, consecutivas e iguales. La primera cuota se pagará el 15 de noviembre de 2029 y la última el 15 de noviembre de 2041. Tasa de interés Tasa Euribor más un margen determinado por el prestamista en la fecha de firma del contrato de préstamo.
Comisión de gestión
0.50 % sobre el monto del préstamo, pagadera por el prestatario por una sola vez.
Comisión
de compromiso
Artículo 2º.
Otras disposiciones. Las demás disposiciones de la Resolución número 2554 de 30 de octubre de 2026, no modificadas por la presente resolución, continúan vigentes.
Monto Ciento cincuenta millones de euros (EUR 150.000.000) Amortización Veinticinco (25) cuotas semestrales, consecutivas e iguales. La primera cuota se pagará el 15 de noviembre de 2029 y la última el 15 de noviembre de 2041. Tasa de Interés Tasa Euribor más un margen determinado por el prestamista en la fecha de firma del contrato de préstamo.
Comisión de gestión
0.50 % sobre el monto del préstamo, pagadera por el prestatario por una sola vez.
Artículo 3º.
Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el
Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 2 DIARIO OFICIAL
RESUELVE:
DIARIO OFICIAL
Artículo 1.
Autorización: Modifíquese el anexo del Decreto de Liquidación en el presupuesto de gastos del Servicio de la Deuda Pública Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2026, el cual quedará así:
Fundado el 30 de abril de 1864 Por el Presidente Manuel Murillo Toro Tarifa postal reducida No. 56 CTA SUB CTA OBJ RBC SIT DESCRIPCIÓN CONTRA CRÉDITO CRÉDITO Director: Iván Rodrigo Rojas Arboleda (e)
09 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA MINISTERIO DEL INTERIOR Imprenta Nacional de Colombia 09 03 COMISIONES Y OTROS GASTOS Iván Rodrigo Rojas Arboleda (e)
09 03 01 13 CSF TITULOS DE DEU- Gerente General DA 3.000.000.000 09 03 03 13 CSF OTRAS CUENTAS Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia POR PAGAR 3.000.000.000 Conmutador: PBX 4578000. e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 10 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 10 01 PRINCIPAL 0.25 % anual sobre montos por desembolsar del préstamo.
10 01 01 11 CSF TÍTULOS DE DEU- Comisión de compromiso DA 1.000.000.000.000 10 02 INTERESES 10 02 01 11 CSF TITULOS DE DEU- DA 1.000.000.000.000
Artículo 2º.
Otras disposiciones. Las demás disposiciones de la Resolución número 2555 de 30 de octubre de 2026, no modificadas por la presente resolución, continúan vigentes.
10 03 COMISIONES Y OTROS GASTOS 10 03 01 11 CSF TITULOS DE DEU- DA 1.500.000.000
Artículo 3º.
Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.
10 03 03 11 CSF OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.500.000.000 Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2026.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.
TOTAL 1.004.500.000.000 1.004.500.000.000
Artículo 2º.
Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y requiere para su validez de la aprobación de la operación presupuestal por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
(C. F.).
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2026.
RESOLUCIÓN NÚMERO 2614 DE 2026
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, (noviembre 11)
Miguel Gómez Martínez.
Aprobado: por la cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos del Servicio de la Deuda Pública Nacional del Ministerio de La Directora General del Presupuesto Público Nacional, Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2026.
Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial la que le confiere el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto número 1068 de 2015 modificado por el art. 8º del Decreto número 412 de 2018, y
RESOLUCIÓN NÚMERO 2618 DE 2026
CONSIDERANDO:
(noviembre 11) por la cual se modifica la Resolución número 0019 DE 13 de enero de 2026 “Por la cual se efectúa la desagregación presupuestal a las apropiaciones contenidas en el Anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026 asignadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad Gestión General para Que mediante el Decreto número 1477 de 2025, por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, se establecieron las apropiaciones presupuestales para el Servicio de la Deuda Pública de la Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Adquisición de Bienes y Servicios.
El Director Administrativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 19 de la Ley 2559 de 22 de diciembre de 2025 y la delegación efectuada mediante la Resolución número 2947 DE 2 de octubre de 2012, modificada por la Resolución número 2428 DE 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 1068 de 2015 modificado por el Decreto número 412 de 2018, art. 8º establece: “(...) Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de Inversión aprobados por el Congreso de la República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se harán por resolución o Acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del representante legal en caso de no existir aquellas”.
Que mediante la Resolución número 0019 DE 13 de enero de 2026 la Dirección Administrativa efectuó desagregación de las apropiaciones contenidas en el anexo de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026 asignadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad Gestión General para adquisición de bienes y servicios.
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.
Que, si se trata de gastos de Inversión, la aprobación requerirá previo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas sobre las operaciones presupuestales contenidas en los proyectos de resoluciones o acuerdos y verificación del registro de las solicitudes en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas Suifp (...)”.
Que, en virtud del Decreto número 4712 de 2008, artículo 41 numeral 15 el Subdirector de Operaciones expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 226 del 30 de octubre de 2026 por valor de un billón cuatro mil quinientos millones ($1.004.500.000.000,00) moneda corriente.
Que mediante las resoluciones que se enuncian a continuación se modificó la desagregación presupuestal realizada mediante la Resolución número 0019 de 13 de enero de 2026: 0081 del 21 de enero de 2026, 0099 del 23 de enero de 2026, 0178 del 27 de enero de 2026, 0229 del 30 de enero de 2026 y 0336 del 17 de febrero, 0492 del 10 de marzo de 2026, 0711 del 8 de abril de 2026, 0722 del 10 de abril de 2026, 0795 del 21 de abril de 2026, 0796 del 21 de abril de 2026, 0797 del 21 de abril de 2026, 0849 del 23 de abril de 2026, 0913 del 29 de abril de 2026, 0971 del 7 de mayo de 2026, 1127 de 22 de mayo de 2026, 1212 de 27 de mayo de 2026, 1257 del 3 de junio de 2026, 1270 del 4 de junio de 2026, 1343 de junio 17 de 2026, 1447 de junio 23 de 2026, 1476 del 26 de junio de 2026, 1551 del 14 de julio de 2026, 1557 del 15 de julio de 2026 y 1571 del 16 de julio de 2026, 1682 del 23 de julio de 2026, 1690 del 24 de julio de 2026, 1701 del 28 de julio de 2026, 1733 del 30 de julio, 2978 del 10 de septiembre de 2026, 2089 del 15 de septiembre de 2026, 2161 y 2166 del 23 de septiembre de 2026, 2203 del 29 de septiembre de 2026, 2370 del 14 de octubre de 2026, 2398 del 16 de octubre de 2026, 2417 del 20 de octubre 3 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL de 2026, 2458 del 23 de octubre de 2026, 2517 del 26 de octubre de 2026, 2522 del 27 de octubre de 2026, 2542 del 28 de octubre de 2026 y 2589 del 6 de noviembre de 2026.
Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima Que en virtud de la modificación al Plan Anual de Adquisiciones solicitada por las dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección Administrativa a través del correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2026 solicitó el ajuste a la desagregación del presupuesto, así:
Resoluciones
MODIFICACIÓN DISTRIBUCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN NÚMERO (0222-2026)
DE A MD-DIMAR-CP04-ALITMA DE 2026 DES- CRIP- VALOR RU- BRO DESCRIPCIÓN VALOR AREA AREA RU- BRO CIÓN SERVICIOS PROFESIO- Direc- Direc- NALES, CIENTÍFICOS SERVI- ción General ción General (octubre 13) por medio de la cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 2° de la Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 31 de mayo de 2024, expedida por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en el sentido de ampliar la vigencia del término para la construcción e instalación de una obra pendiente de ejecutar correspondiente al proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel”, ubicado en el municipio de Puebloviejo, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS de Par- de Par- Santa Marta.
SERVICIOS $
14.700.000,00
$ 14.700.000,00 A-02- 02-02- 008-003 A-02- 02-02- 007-001 CIOS FINAN- CIEROS Y SERVI- CIOS CO- ticipaciones Estata- ticipaciones Estata- DE INVES- TIGACION, URBANISMO, NEXOS les les JURÍDICOS Y DE CONTABI- LIDAD)
El Capitán de Puerto de Santa Marta, en uso de sus facultades legales conferidas en el numeral 9 del artículo 3° del Decreto número 5057 de 2009 en concordancia con el numeral 21 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y lo dispuesto en la Resolución número (0846-2023) MD-DIMAR-GLEMAR del 7 de noviembre de 2023, expedida por la Dirección General Marítima, compilada en el Reglamento Marítimo Colombiano 2 (REMAC 2) y
CONSIDERANDO:
TOTAL $ 14.700.000,00 TOTAL $ 14.700.000,00 Que de conformidad con los saldos de apropiación del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, con corte al 10 de noviembre de 2026, existe apropiación presupuestal que ampara la presente modificación a la desagregación presupuestal, así:
DEPENDENCIA RUBRO DESCRIPCIÓN RUBRO SALDO DISPONIBLE DIRECCION GENERAL DE A-02-02-02- SERVICIOS FINAN- CIEROS Y SERVICIOS $ 573.493.378,00 PARTICIPACIONES ESTA- 007-001 Que mediante Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 31 de mayo de 2024, la Capitanía de Puerto de Santa Marta otorgó una concesión marítima favor de la señora Luz Marina Marriaga Peña, identificada con cedula de ciudadanía número 36563941, de Santa Marta, Magdalena, para el desarrollo del proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel”, en un área con características técnicas de playa marítima, ubicada en el municipio de Puebloviejo, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, por el término de diez (10) años contados a partir de la firmeza de la mencionada resolución.
CONEXOS TALES
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Que mediante oficio número 14202401425 MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 13 de junio de 2024, se citó a la señora Luz Marina Marriaga Peña, para efectos de ser notificada personalmente de la Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA de fecha 31 de mayo de 2024. Que la Resolución número (201-2024) fue notificada personalmente el día 14 de junio de 2024 a la señora Luz Marina Marriaga Peña, en su calidad de solicitante de la concesión marítima para el desarrollo del proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel”.
Artículo 1º.
Modificar la desagregación realizada inicialmente mediante la Resolución número 0019 de 13 de enero de 2026 y sus modificaciones a las apropiaciones contenidas en el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026 asignadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad Gestión General para la cuenta A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, así:
Sección 1301. -01
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTIÓN
Que mediante oficio radicado en esta Capitanía de Puerto, el día 27 de junio de 2024, bajo SGDEA-SE número 142024102024, la señora Luz Marina Marriaga Peña, en calidad de titular de la concesión marítima, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA de fecha 31 de mayo de 2024.
GENERAL CONTRACRÉDITO Código del Rubro Descripción del Rubro Valor $ 14.700.000,00 Que mediante Resolución número (0295-2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 16 de agosto de 2024, la Capitanía de Puerto de Santa Marta resolvió negar el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 31 de mayo de 2024 y, en consecuencia, confirmó en todas sus partes dicho acto administrativo.
A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS $ 14.700.000,00 TOTAL CONTRACRÉDITO:
Con base en los anteriores contra créditos, efectuar el siguiente crédito:
Que mediante oficio número 14202402089 MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 26 de agosto de 2024. se notificó personalmente por medios electrónicos a la señora Luz Marina Marriaga Peña, el contenido de la Resolución número (0295-2024) MD-DIMAR-CP04- ALITMA del 16 de agosto de 2024.
Sección 1301. -01
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTIÓN
GENERAL CRÉDITO
Que mediante oficio radicado en esta Capitanía de Puerto el día 29 de julio de 2026, bajo SGDEA número 142026102356, la señora Luz Marina Marriaga Peña, en calidad de titular de la concesión marítima para el desarrollo del proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel”, manifestó lo siguiente:
Código del Rubro Descripción del Rubro Valor A-02-02-02- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTI- $ 14.700.000,00 008-003 GACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTA- BILIDAD)
[…] “Reciba de la Representante legal Del CENTRO VACACIONAL Y RECREACIONAL LUZ ÁNGEL con Resolución número (2021 - 2024) MD - DIMAR - CP04 - ALTIMA 31 de mayo del 2024, el objeto de la presente es su COMPRENSIÓN HUMANITARIA Referente al parágrafo único del artículo 2° de la resolución anterior que aprobó a dicho CENTRO VACACIONAL Y RECREACIONAL LUZ ÁNGEL, habida cuenta que por motivo de mi delicado y prolongado estado de salud hasta pasar por procesos como la Quimioterapia, Radioterapia, Braquiterapia, Argo Plasma y ahora el Anillo del Colon prolongándose el trámite inicial mucho más tiempo, me obliga involuntariamente no solicitarle con toda la Discreción del caso, ha ampliarme racionalmente el tiempo solicitado en el parágrafo.
TOTAL CRÉDITO: $ 14.700.000,00
Artículo 2º.
Asignaciones Internas. Con base en las asignaciones en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia, el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera deberá ajustar la distribución del presupuesto en la dependencia de afectación de gasto disponible en el Sistema Integrado de Información Financiera - Siif Nación.
Si es posible concederme una prórroga suficiente para terminar con el objetivo de la concreción de tan anhelado proyecto. Situación ésta que estoy segura que pronto la voy a superar para concretar el objetivo de la resolución.
Artículo 3º.
Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Señor Capitán Je informo que he venido cumpliendo con la renovación del Seguro Cumplimiento Póliza de Disposiciones Legales Con número 3006802 del 28 de octubre del 2025.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2026.
El Director Administrativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Para su mayor información anexo Historia Clínica Actual y el Seguro Cumplimiento Póliza De Disposiciones Legales” […] Cristian Camilo Gómez Aguilar.
Que de conformidad con lo manifestado en su solicitud, la señora Luz Marina Marriaga Peña, allegó copia de historia clínica emitida por la Organización Clínica General del Norte (C. F.).
Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 4 DIARIO OFICIAL y copia póliza de cumplimiento de disposiciones legales número 3006802, expedida por previsora seguros el día 28 de octubre de 2025.
Categoría continuarán con la función de conocer y adelantar las solicitudes de modificación de concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público dentro de su jurisdicción, conforme a los criterios y procedimientos establecidos según sea el caso, en el Decreto Ley 2324 de 1984, o en el REMAC 5: “Protección del Medio Marino y Litorales”, de acuerdo al procedimiento descrito en el artículo anterior”. (Cursiva, negrillas y subrayas fuera del texto original).
Que mediante el oficio número 14202602158 MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 2 de septiembre de 2026, la Capitanía de Puerto de Santa Marta informó a la señora Luz Marina Marriaga Peña que, con el fin de efectuar una evaluación objetiva, integral y técnicamente sustentada respecto de la solicitud de prórroga presentada, era necesario allegar un cronograma actualizado de ejecución del proyecto, en el cual se identificaran de manera detallada las actividades pendientes de ejecución, su programación temporal, el porcentaje de avance alcanzado y el término estimado requerido para la culminación de las obras autorizadas.
Que mediante comunicación de fecha 4 de septiembre de 2026, radicada en esta Capitanía de Puerto el día 7 de septiembre de 2026 bajo SGDEA número 142026102718, la señora Luz Marina Marriaga Peña dio respuesta al requerimiento efectuado por esta Autoridad Marítima, aportando un cronograma detallado de ejecución de las obras pendientes, en el que se relacionan las actividades proyectadas y el tiempo estimado para su desarrollo, estableciéndose un plazo total de veinticuatro (24) meses, comprendido entre marzo de 2027 y febrero de 2029.
COMPETENCIA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE SANTA MARTA
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la solicitud objeto de estudio recae sobre un bien de uso público bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima, administrado por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, y que su finalidad se limita a obtener la ampliación del plazo inicialmente otorgado para la construcción e instalación de una obra pendiente por ejecutar correspondiente al proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel”, por un término adicional de veinticuatro (24) meses, respecto de la concesión marítima otorgada mediante la Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 31 de mayo de 2024, a la señora Luz Marina Marriaga Peña, sobre un área de ochocientos tres coma setenta y cuatro metros cuadrados (803,74 m2), correspondiente a zonas con características técnicas de playa marítima, ubicada en el sector de leticia, zona rural del municipio de Puebloviejo en jurisdicción de esta Capitanía, este Despacho concluye que la competencia para conocer y decidir la presente solicitud radica en el Capitán de Puerto de Santa Marta.
Previo a resolver de fondo la solicitud presentada por la señora Luz Marina Marriaga Peña, este Despacho procede a analizar la competencia de la Capitanía de Puerto de Santa Marta para conocer y decidir sobre la petición de prórroga formulada, en los siguientes términos:
De conformidad con lo anterior, se precisa que la petición formulada no implica modificación de las áreas concesionadas, variación de las condiciones técnicas inicialmente autorizadas, ampliación del objeto de la concesión ni alteración de los demás elementos esenciales del acto administrativo que la otorgó, circunscribiéndose exclusivamente a la ampliación del término previsto para la ejecución de las obras autorizadas.
AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
E INSTALACIÓN DE OBRAS PENDIENTES PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO ECOTURÍSTICO Y CAMPESTRE DENOMINADO “CENTRO
De conformidad como lo dispuesto en el numeral 21 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, corresponde a la autoridad marítima expedir los actos y realizar las operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.
RECREACIONAL Y VACACIONAL LUZ ÁNGEL”
En este sentido, es pertinente señalar que la Resolución número (0846-2023) MD- DIMAR-GLEMAR del 7 de noviembre de 2023, expedida por la Dirección General Marítima, modificó parcialmente la Parte 4, Títulos 4 y 5 del Reglamento Marítimo Colombiano REMAC número 2: “Generalidades”, y la Parte 3, Título 1 del REMAC 5 “Protección del Medio Marino y Litorales”, en lo relacionado con las reglas de delegación de funciones y los procedimientos aplicables al trámite de concesiones marítimas sobre aguas marítimas, playas marítimas y terrenos de bajamar considerados bienes de uso público.
Con fundamento en los antecedentes expuestos, procede este Despacho a pronunciarse sobre la solicitud de ampliación del plazo para la ejecución del proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel”, presentada por la señora Luz Marina Marriaga Peña, identificada con cédula de ciudadanía número 36563941 de Santa Marta, Magdalena, en su calidad de titular de la concesión marítima otorgada mediante la Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 31 de mayo de 2024.
Particularmente, el artículo 1° de la citada Resolución número (0846-2023) MD-DIMAR- GLEMAR del 7 de noviembre de 2023, modificó el artículo 2.4.4.8. del REMAC número 2: “Generalidades”, la Parte 4 “Delegaciones”, Título 4 “De la Delegación de funciones a los Capitanes de Puerto de Primera Categoría”, en los siguientes términos:
Para tal efecto, se revisó el expediente digital de la concesión marítima que reposa en el Aplicativo de Administración y Control de los Litorales y Áreas Marinas Colombianas (ACLAMC), así como los informes de inspección elaborados por funcionarios de la Sección de Litorales y Áreas Marinas de la Capitanía de Puerto de Santa Marta y el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la citada Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR- CP04-ALITMA, encontrándose lo siguiente:
“Artículo 2.4.4.8. Delegación concesiones y autorizaciones. Delegaren las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la función de conocer y resolver sobre las solicitudes de concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público dentro de su jurisdicción, en los siguientes trámites conforme a los criterios y procedimientos establecidos según sea el caso, en el Decreto Ley 2324 de 1984 o en el REMAC número 5: “Protección del Medio Marino y Litorales”:
1. Proyectos con áreas inferiores a 19.999 m2
Una vez revisado el expediente digital de la concesión marítima que reposa en el Aplicativo de Administración y Control de Los Litorales y Áreas Marinas Colombianas (ACLAMC), respecto a las inspecciones realizadas por funcionarios de la Sección de Litorales y Áreas Marinas de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, así como la verificación del cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la citada Resolución número (0201-2024), se pudo constatar lo siguiente:
2. Proyectos de marinas con áreas inferiores a 9.999 m2
El Director General Marítimo mantendrá la competencia para resolver los siguientes asuntos:
1. Proyectos con áreas superiores a 20.000 m2.
2. Proyectos de marinas con áreas mayores a 10.000 m2.
1. Mediante los Formatos de Inspección número 119, 284 y 108, de fechas 27 de mayo y 23 de octubre de 2025, y 8 de mayo de 2026, respectivamente, se realizó seguimiento al estado de ejecución del proyecto, evidenciándose un avance limitado de las obras autorizadas y reiterándose a la concesionaria la necesidad de culminarlas dentro del término establecido en el acto administrativo que otorgó la concesión.
Sin sujeción al área solicitada:
3. Proyectos de granjas acuícolas.
4. Proyectos de maricultura
5. Proyectos sobre obras públicas de protección e interés público Nacional (infraestructura y protección costera)”.
2. Con el propósito de ejercer seguimiento y control sobre la ejecución del proyecto, mediante los Oficios número 14202501391 MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 11 de junio de 2025, 14202502840 MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 13 de noviembre de 2025, 14202503040 MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 5 de diciembre de 2025 y 14202601304 MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 28 de mayo de 2026, esta Capitanía de Puerto recordó a la concesionaria las obligaciones derivadas de la Resolución número (0201-2024) MD- DIMAR-CP04-ALITMA, particularmente aquellas relacionadas con la culminación de las obras dentro del plazo autorizado y la renovación de la garantía de cumplimiento exigida, sin que durante dichas actuaciones se hubiera evidenciado incumplimientos.
Parágrafo 1°. Los trámites de proyectos con áreas superiores a 20.000 m2 de competencia
del Director General Marítimo serán gestionados con fundamento en lo dispuesto en el Decreto Ley 2324 de 1984. Por su parte, los proyectos de Marinas, Maricultura y Acuicultura y demás asuntos de acuerdo con los procedimientos establecidos en el REMAC 5.
Parágrafo 2°. Los proyectos relacionados con temas de generación de energía eólica
costa afuera, se regirán por lo dispuesto en la Resolución Conjunta número 40284 del 3 de agosto de 2022, proferida por el Ministro de Minas y Energía y el Director General Marítimo, o por el acto que lo modifique o sustituya.
3. Adicionalmente, la señora Luz Marina Marriaga Peña, en calidad de titular de la concesión marítima, mediante escrito radicado ante esta Capitanía de Puerto el 16 de octubre de 2025, bajo el SGDEA número 142025103283, informó sobre su delicado estado de salud y manifestó que el plazo inicialmente otorgado para la ejecución del proyecto había resultado insuficiente. En consecuencia, solicitó a esta Autoridad Marítima considerar, por razones humanitarias, una ampliación del término concedido para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión.
Parágrafo 3°. Los Capitanes de Puerto mantendrán las competencias directas
asignadas a través del Decreto Ley 2150 de 1995”. (Cursiva, negrilla y subrayas fuera del texto original).
En atención a lo anterior, la Capitanía de Puerto de Santa Marta, mediante oficio SGDEA número 14202502840 MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 13 de noviembre de 2025, le informó que el plazo establecido para la construcción de las obras se encontraba vigente hasta agosto de 2026, por lo que aún disponía de tiempo para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud de la Resolución número (0201-2024).
Por otro lado, el artículo 1° de la Resolución número (0846-2023) MD-DIMAR- GLEMAR, modificó el artículo 2.4.4.9 del REMAC número 2: “Generalidades”, la Parte 4 “Delegaciones”, Título 4. “De la Delegación de funciones a los Capitanes de Puerto de Primera Categoría”, así:
4. Igualmente, se constató que la concesionaria ha dado cumplimiento a la obligación de mantener vigente la póliza de cumplimiento requerida, bajo el número de póliza 3006802,
“Artículo 2.4.4.9. Delegación modificaciones concesiones y/o autorizaciones. En los casos de que trata el artículo anterior 2.4.4.8., las Capitanías de Puerto de Primera 5 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, con vigencia hasta el 24 de octubre de 2026.
Artículo 4°.
La señora Luz Marina Marriaga Peña, identificada con cedula de ciudadanía número 36563941, de Santa Marta, Magdalena, acepta la designación de inspectores que fueren nombrados por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución, especialmente aquellas relacionadas con la ejecución de las obras pendientes, las cuales deberán desarrollarse de conformidad con los conceptos técnicos y planos aprobados. Los costos derivados de dichas inspecciones estarán a cargo de la beneficiaria.
Por otra parte, de los documentos obrantes en el expediente y de las inspecciones practicadas por esta Autoridad Marítima, se evidencia que la concesionaria inició la ejecución de las obras autorizadas mediante la Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04- ALITMA, observándose la construcción de elementos estructurales correspondientes a la etapa inicial del proyecto, particularmente columnas de soporte, cuya existencia ha sido registrada en los informes técnicos referidos.
Parágrafo. La Capitanía de Puerto de Santa Marta designará un inspector para realizar
las inspecciones periódicas de seguimiento y control de las obras pendientes de ejecución sobre bienes de uso público de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución número (0069-2020) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 25 de febrero de 2020, expedida por la Dirección General Marítima.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el plazo inicialmente establecido para la ejecución de las obras correspondientes al proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel” vencía en agosto de 2026, y que la solicitud de prórroga fue radicada ante esta Capitanía de Puerto el 29 de julio de 2026, es decir, con anterioridad al vencimiento del término concedido, este Despacho considera procedente acceder a la petición presentada por la señora Luz Marina Marriaga Peña.
Artículo 5°.
La Capitanía de Puerto de Santa Marta no asumirá responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que puedan ocasionarse con ocasión de hechos imprevisibles o irresistibles derivados de fenómenos naturales.
Artículo 6°.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente resolución por parte de la señora Luz Marina Marriaga Peña, identificada con cédula de ciudadanía número 36563941 de Santa Marta, Magdalena, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De igual forma, este Despacho encuentra debidamente acreditadas las circunstancias expuestas por la concesionaria en sustento de su solicitud, relacionadas con las condiciones de salud que ha afrontado durante la ejecución del proyecto, las cuales obran en el expediente y fueron respaldadas con la documentación correspondiente. En este sentido, dichas circunstancias fueron valoradas por esta autoridad, denotándose que incidieron en el desarrollo de las obras y que limitaron su ejecución dentro del plazo inicialmente previsto, lo que justifica la ampliación del término solicitado, sin que ello comporte modificación alguna de las demás obligaciones previstas en el acto administrativo de otorgamiento de la concesión.
Artículo 7°.
La presente resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su ejecutoria, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 del Decreto número 2150 de 1995, debiendo la beneficiaria presentar ante la Capitanía de Puerto de Santa Marta copia del recibo de pago y de la publicación correspondiente.
Artículo 8°.
Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la señora Luz Marina Marriaga Peña, identificada con cedula de ciudadanía número 36563941, de Santa Marta, Magdalena, en calidad de titular de la concesión marítima, de conformidad con lo previstos en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Adicionalmente, de la revisión integral de la documentación aportada por la concesionaria y de aquella que reposa en la presente actuación administrativa, se verifica que continúan vigentes las condiciones jurídicas y técnicas que sirvieron de fundamento para el otorgamiento inicial de la concesión marítima. Asimismo, se observa que las certificaciones y demás documentos exigidos para el desarrollo del proyecto fueron emitidos por las autoridades correspondientes, conforme a la solicitud inicial presentada por la señora Luz Marina Marriaga Peña. En consecuencia, las recomendaciones, condicionamientos u observaciones consignadas en dichos documentos para la intervención de las obras deberán ser atendidas y tenidas en cuenta durante su desarrollo.
Artículo 9°.
Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Capitán de Puerto de Santa Marta, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 10.
La presente resolución quedará en firme, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Santa Marta, a 13 de octubre de 2026.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que la solicitud objeto de estudio se limita exclusivamente a la ampliación del plazo para la culminación de las obras autorizadas, sin que implique modificación del área concesionada, del objeto de la concesión, de las condiciones técnicas aprobadas o de las demás obligaciones contenidas en la Resolución número (0201- 2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA, este Despacho no encuentra impedimento jurídico ni técnico para autorizar a la señora Luz Marina Marriaga Peña una ampliación de veinticuatro (24) meses del plazo concedido para la ejecución del proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel”, dentro del área otorgada en concesión marítima bajo la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.
El Capitán de Puerto de Santa Marta, Que, en mérito de lo expuesto, el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, Capitán de Fragata Julio César Monroy Silvera.
RESUELVE:
Artículo 1°.
Modificar el parágrafo 1° del artículo 2° de la Resolución número (0201- 2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 31 de mayo de 2024, expedida por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en el sentido de AMPLIAR la vigencia del término otorgado para la construcción e instalación de una obra pendiente de ejecutar correspondiente al proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel”, dentro del área otorgada en concesión marítima a la señora Luz Marina Marriaga Peña, identificada con cédula de ciudadanía número 36563941 de Santa Marta, Magdalena, ubicada en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en veinticuatro (24) meses adicionales, contados a partir del 1 de marzo de 2027 y hasta el 28 de febrero de 2029, quedando el citado parágrafo así:
Parágrafo 1°. Se fija un plazo de veinticuatro (24) meses para la ejecución de las obras
y elementos autorizados, contado a partir del 1 de marzo de 2027 y hasta el 28 de febrero de 2029.
Parágrafo. El área y obras autorizadas para la construcción del proyecto ecoturístico
y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel” no sufre modificación alguna y se mantienen conforme a lo autorizado en la Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 31 de mayo de 2024, expedida por la Capitanía de Puerto de Santa Marta.
Artículo 2°.
La señora Luz Marina Marriaga Peña, identificada con cédula de ciudadanía número 36563941, de Santa Marta, Magdalena, deberá continuar cumpliendo con las demás obligaciones contenidas en la Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04- ALITMA del 31 de mayo de 2024, expedida por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, la cual continúa plenamente vigente en todo aquello que no haya sido modificado mediante el presente acto administrativo.
Artículo 3°.
La presente resolución no exime a la señora Luz Marina Marriaga Peña, identificada con cedula de ciudadanía número 36563941, de Santa Marta, Magdalena, del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias o conceptos que sean exigidos por las autoridades competentes para la construcción, instalación, desarrollo y funcionamiento del proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel”.
Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 6 DIARIO OFICIAL!&5<&M&:<&MM*,M&(:13M*,M M 6M" M "M "M"DM!"#M" C"M!FM!"M MM!E M#%M M MEM M)65<15=&)1K5M;,M,41<,M,3M)65),8<6M<H)51)6M&M3&M;631)1<=*M*,M65),;1K5M8:,;,5<&*&M86:M3&M;,J6:&M #%M M MEM1*,5<1.1)&*&M)65M),*=3&M*,M)1=*&*&5I&M5L4,:6M M*,M!&5<&M&:<&M &/*&3,5&M 8&:&M33,>&:M&M)&(6M,3M8:6@,)<6M,)6M<=:I;<1)6M@M)&48,;<:,M*,56415&*6M $$$ $!$"$,3M)=&3M;,M*,;&::633&:GM,5M*6;M.&;,;M 3&M8:14,:&M*,M,33&;M83&5<,&M3&;M)65;<:=))165,;M*,;<15&*&;M&3M;,:>1)16M@M3&M&<,5)1K5M*,M36;M)31,5<,;M)65M=5M,48&34,M*,3M&)<1>1*&*,;M5G=<1)&;M*,M:,)6::1*6;M,)6M<=:I;<1)6;M&M3&M1H5&/&M@M3&M>1;1<&M&M36;M =,(36;M&3&.1<6;M@M3&M;,/=5*&M,<&8&M;,:GM*,;<15&*&M8&:&M=5M.=<=:6M*,;&::6336M)6483,4,5<&:16M 36M&5<,:16:M8&:&M,3M=;6M@M/6),M*,M=5MG:,&M*,M3&@&M&:I<14&M=(1)&*&M,5M,3M;,)<6:M*,56415&*6M,<1)1&MA65&M:=:&3M*,3M=51)1816M*,M=,(36M$1,26M*,8&:<&4,5<6M*,3M&/*&3,5&M2=:1;*1))1K5M*,M3&M &81<&5I&M*,M=,:<6M*,M!&5<&M&:<&M M ":G41<,M:&*1)&*6M,5M3&M1:,))1K5M,5,:&3M&:I<14&M&M<:&>H;M*,M3&M;,*,M,3,)<:K51)&M<:G41<,;M,5M3I5,&M(&26M!!M M*,3MM*,M;,8<1,4(:,M*,M M3&M;,J6:&M#%M M MEM1*,5<1.1)&*&M)65M3&M)H*=3&M*,M)1=*&*&5I&M M*,M!&5<&M &:<&M &/*&3,5&M,5M;=M )&31*&*M *,M 8,:;65&M 5&<=:&3M 8:,;,5<KM;631)1<=*M *,M)65),;1K5M 4&:I<14&M *,M 83&@&M 8&:&M 33,>&:M &M )&(6M,3M 8:6@,)<6M,)6<=:I;<1)6M @M )&48,;<:,M +-57415'+7M$$ $ $$# $ M.1)16M M "M *,M.,)0&M M *,M 6)<=(:,M *,M M 4,*1&5<,M,3M)=&3M3&M&81<&5I&M*,M=,:<6M*,M!&5<&M&:<&M15.6:4KM3&M;,J6:&M#%M M MEM9=,M=5&M>,AM,.,)<=&*&M3&M:,>1;1K5M@M>,:1.1)&)1K5M&M3&M*6)=4,5<&)1K5M)&:/&*&M,5M,3M;1;<,4&M *,M <:G41<,;M,5M 3I5,&M;,M 8=*6M,>1*,5)1&:M 9=,M;,M,5)65<:&(&M 15)6483,<&M 86:M 36M )=&3M 56M;,M:,L5,5M <6*6;M 36;M:,9=1;1<6;M,?1/1*6;M 8&:&M <:&41<&:M 3&M)65),;1K5M 4&:I<14&M;631)1<&*&M <6:/G5*63,M =5M <H:4156M 3,/&3M *,M =5M M 4,;M 8&:&M)6483,4,5<&:M,3M<:G41<,M*,M)65),;1K5M&M<:&>H;M*,M3&M;,*,M,3,)<:K51)&M*,M M)65.6:4,M &3M:<I)=36M M *,3M K*1/6M *,M:6),*141,5<6M *4151;<:&<1>6M @M *,M 36M 65<,5)16;6M *4151;<:&<1>6M M 64=51)&)1K5M:&*1)&*&M&M <:&>H;M*,3M )6::,6M *14&:*14&:413 )6M(&26M,3M!!M M*,M.,)0&M M*,M*1)1,4(:,M*,M M 3&M;,J6:&M#%M M M EM&*2=5<KM=56;M*6)=4,5<6;M.&3<&5<,;M:,9=,:1*6;M,5M,3M:&*1)&*6M MB "M*,M.,)0&M M*,M6)<=(:,M*,M M 7 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 8 DIARIO OFICIAL 9 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 10 DIARIO OFICIAL 11 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 12 DIARIO OFICIAL Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda. 958380. 29-X-2026. Valor $2.996.200.
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural Resoluciones Que la protección constitucional reforzada de la producción de alimentos no se agota en la existencia formal de un instrumento de intervención. Exige, además, que la medida administrativa adoptada sea materialmente capaz de identificar y amparar la realidad productiva sobre la que recae, descanse en información técnica cierta y verificable, permita reconstruir y comprobar técnicamente el procedimiento de delimitación, y produzca efectos territoriales coherentes y proporcionados con el fin constitucional que la justifica.
RESOLUCIÓN NÚMERO 000415 DE 2026
(noviembre 11) por la cual se deroga la Resolución número 000187 del 2 de julio de 2026, mediante la cual se declaró un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, departamento de Santander, y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 208 de la Constitución Política, 58 y 59 de la Ley 489 de 1998, los numerales 2, 3 y 25 del artículo 6° del Decreto número 1985 de 2013 y el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 y,
CONSIDERANDO:
Que esa exigencia no se atenúa en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, ubicados en la provincia de Yariguíes, en el Magdalena Medio del departamento de Santander, territorio en el que el documento técnico de soporte de la declaratoria registra, como principales sistemas productivos, el cacao, la palma de aceite, el café y el aguacate, y en el que la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria vinculada al mercado ocupa el 20,17 % del territorio conjunto. También se tuvo en cuenta otra unidad y escala con base en la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de la Encuesta de Calidad de Vida 2022, según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) con desagregación municipal, reporta prevalencias de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares del 19A % en San Vicente de Chucurí y del 21,8 % en El Carmen de Chucurí, frente al 20,5 % del departamento de Santander y al 28,1 % nacional. Precisamente por la relevancia de esa necesidad, el instrumento llamado a atenderla debe sustentarse en información suficiente, actualizada y verificable sobre las condiciones que determinan la producción de alimentos en el territorio.
I.
FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LA PRO-
DUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ESTÁNDAR EXIGIBLE AL INSTRU-
MENTO
Que el artículo 65 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2025, radica en el Estado el deber de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación adecuada, con enfoque intercultural y territorial, y de dispensar protección especial a la producción y al acceso a los alimentos; al tiempo que ordena priorizar el desarrollo sostenible e integral de las actividades agrícolas, agroalimentarias, agroindustriales, agroecológicas, pecuarias, pesqueras, acuáticas, forestales y campesinas, junto con la infraestructura que haga posible la disponibilidad de alimentos.
Que, en consecuencia, la revisión de todo instrumento destinado a la protección de la producción de alimentos no constituye una facultad discrecional residual, sino que se erige como manifestación del deber estatal de verificar, de manera permanente, que las medidas empleadas para tal fin satisfagan un juicio estricto de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; que su fundamento técnico guarde correspondencia cierta con la realidad territorial y productiva sobre la que pretende incidir; y que la intensidad de sus efectos jurídicos resulte razonablemente proporcional al grado de certeza y solidez de los elementos técnicos que la sustentan. Lo contrario comportaría mantener en el ordenamiento jurídico instrumentos cuya vigencia formal no encuentra respaldo suficiente en su idoneidad material, en contradicción con los principios que gobiernan la función administrativa.
Que el artículo 64 superior, modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2023, reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, por razón del vínculo singular que mantiene con la tierra, sustentado en la producción de alimentos y en la garantía de la soberanía alimentaria, y manda proteger sus dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental.
Que la función administrativa se encuentra sujeta, por mandato del artículo 209 de la Constitución Política, a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; y que, en consonancia con ello, el artículo 44 de la 13 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Ley 1437 de 2011 exige que toda decisión discrecional guarde adecuación con los fines de la norma que la autoriza y proporción con los hechos que le sirven de causa.
Que la Resolución número 000187 de 2026 dispuso en sus considerandos que, con la declaratoria, la zona preliminar e indicativa identificada en la Resolución número 269 de 2025 “quedará sin efectos en lo que respecta a estos dos municipios, en tanto será acotada por la delimitación definitiva establecida mediante el presente acto administrativo”.
Que el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, al modificar el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, situó en el nivel 2 de las determinantes de ordenamiento territorial las áreas de especial interés para la protección del derecho humano a la alimentación localizadas dentro de la frontera agrícola y, de manera particular, las comprendidas en las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), cuya declaratoria corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Que la Resolución número 000187 de 2026 incorporó en su parte motiva un juicio expreso de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto para justificar la declaratoria, y sustentó la necesidad de la medida en cifras -la frontera agrícola habilitada de 117.739,94 hectáreas, equivalente al 57,79 % del territorio de los dos municipios, el 58 % de aptitud alta y los porcentajes de aporte agropecuario y de abastecimiento- que, conforme se expone en el numeral 3.9 del presente acto, se incorporaron al texto con posterioridad al cierre de la consulta pública.
Que el parágrafo 1° del mismo artículo dispone que las determinantes de ordenamiento territorial deben contar con información documental técnica, jurídica y geoespacial, ser delimitadas geográficamente, incorporar la correspondiente zonificación y restricciones de uso, y que el Sistema de Administración del Territorio será la base para el desarrollo, actualización y disposición de dicha información, en coordinación con los entes territoriales.
Que el artículo 5° de la Resolución número 000187 de 2026 dispuso que este Ministerio, con el apoyo de la UPRA, evaluaría el impacto de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos cada cinco (5) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la respectiva APPA, o cuando se requiriera.
Que, tratándose de instrumentos de carácter general dirigidos a realizar fines constitucionalmente imperativos, la autoridad competente conserva, dentro del marco constitucional y legal, la facultad de revisar su mérito, conveniencia, eficacia e idoneidad y, cuando una evaluación integral concluya que han dejado de constituir una respuesta adecuada, necesaria o proporcionada para la satisfacción del interés público, podrá modificarlos o derogarlos mediante un acto de igual naturaleza y jerarquía.
Que la derogatoria de un acto administrativo general opera hacia el futuro y se funda en un juicio actual de mérito, idoneidad, conveniencia y proporcionalidad, sin perjuicio del control de legalidad que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Que dicho mecanismo de evaluación no resulta suficiente frente al alcance de los aspectos identificados en la revisión técnica, en la medida en que estos no se circunscriben a la geometría final de los polígonos, sino que comprenden la información utilizada como área de partida, la reproducibilidad del modelo cartográfico, la incorporación de las determinantes concurrentes, la concurrencia con áreas protegidas y con actos administrativos preexistentes, el tratamiento de la amenaza y el riesgo, la evaluación de la aptitud productiva y la correspondencia entre el ámbito delimitado y la realidad productiva de los municipios.
II.
ANTECEDENTES DEL APPA DECLARADA EN LOS MUNICIPIOS DE
SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y EL CARMEN DE CHUCURÍ Y ALCANCE DE
LA REVISIÓN
Que, en virtud de las atribuciones conferidas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por los artículos 208 de la Constitución Política, 58 y 59 de la Ley 489 de 1998 y los numerales 2, 3 y 25 del artículo 6° del Decreto número 1985 de 2013, corresponde a esta autoridad dirigir la política del sector, ejercer las funciones de regulación que le atribuye el ordenamiento jurídico y expedir los actos administrativos generales necesarios para el cumplimiento de sus competencias, atribuciones que comprenden la potestad de revisar, modificar o derogar los actos generales que haya expedido cuando una evaluación debidamente motivada evidencie que su permanencia no resulta adecuada para la realización del interés público y de las finalidades constitucionales y legales que justificaron su adopción.
Que el Decreto número 2064 de 2023 “por el cual se reglamentan los artículos 12 y 13 de la Ley 300 de 1996 en materia de planeación y descentralización del turismo” adicionó el Capítulo 14, Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo, y en el parágrafo 1° de literal d) del artículo 2.2.4.14.6 dispuso que “Los instrumentos de planificación turística territorial deben ser desarrollados considerando los determinantes de ordenamiento territorial y su orden de prevalencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026”; disposición que pone de presente la incidencia de las determinantes de ordenamiento territorial, entre ellas las APPA, sobre la planificación turística territorial de los municipios, cuya relación con el ámbito declarado se examina en el numeral 3.3 del presente acto.
Que, en ejercicio de ese deber de evaluación, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) elaboró el Documento Técnico de Soporte “Revisión técnica del Área de Protección para la Producción de Alimentos declarada en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, departamento de Santander. Resolución número 000187 de 2026”, Versión 1, del 5 de octubre de 2026, junto con sus anexos: Anexo A, matriz de trazabilidad; Anexo B, parámetros de reproducción de las mediciones; Anexo C, inventario de fuentes; y Anexo D, normativa citada.
Que, mediante la Resolución número 000269 del 26 de agosto de 2025, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural identificó, como ejercicio previo a la declaratoria, una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, departamento de Santander, tomando como referencia técnica el documento metodológico de la UPRA de 2025 y sus anexos; acto de naturaleza preliminar e indicativa que, conforme al criterio fijado por el Consejo de Estado en auto del 17 de enero de 2025, proferido dentro del radicado 11001-03-24-000- 2024-00194-00 respecto de un acto de identificación de idéntica naturaleza -invocado expresamente en los considerandos de la resolución que a continuación se relaciona-, no crea, modifica ni extingue situación jurídica alguna ni afecta el ordenamiento territorial de los municipios que comprende.
Que la revisión examinó dieciocho asuntos técnicos sobre el documento técnico de soporte de 331 páginas, el anexo de determinantes ambientales y frontera agrícola, los anexos de patrimonio y turismo, el anexo minero-energético, el acto administrativo, el proyecto de resolución sometido a consulta, la memoria justificativa, las piezas del proceso participativo y la capa vectorial del anexo cartográfico, con 23.818 registros, contrastados con los servicios oficiales de datos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de la Agencia Nacional de Minería y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, e incorporó la copia ampliada del expediente recibida el 2 de octubre de 2026; y que las mediciones se ejecutaron en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional, código EPSG 9377, con parámetros declarados y reproducibles.
Que el método de la revisión clasificó cada afirmación según su nivel de soporte -soporte documental directo, con su página; publicación oficial externa, con su emisor y fecha de consulta; medición propia, con el procedimiento declarado; y constatación de ausencia, con el universo de búsqueda declarado-, y enunció toda afirmación negativa como ausencia en el expediente revisado y nunca como ausencia fáctica.
Que, agotado el procedimiento de identificación y declaratoria, este Ministerio expidió la Resolución número 000187 del 2 de julio de 2026, mediante la cual declaró un Área de Protección para la Producción de Alimentos, en calidad de determinante de ordenamiento territorial de nivel 2, en la totalidad de los dos municipios comprendidos en la ZPPA de Santander, con fundamento en el documento técnico de soporte “Declaratoria de Áreas de Protección para la Producción de alimentos, municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí – Santander”, elaborado por la UPRA en el año 2026, y en sus anexos de determinantes ambientales y frontera agrícola, de patrimonio y turismo, de infraestructura y minero-energético, así:
Publicación en el Resolución Fecha Municipios Área declara- da (ha)
SUCOP 000187 de 2026 2 de julio de 2026 San Vicente de Chucurí 49.393.45 24 de marzo al 9 de abril de 2026 000187 de 2026 2 de julio de 2026 El Carmen de Que la revisión dejó constancia expresa de lo que resultó conforme, en particular la coincidencia exacta de las tres fuentes de superficie del ámbito en 84.662,61 hectáreas; el cumplimiento íntegro de la regla de filtrado por tamaño, cuya parte menor mide 1,5668 hectáreas; la declaración por mineral del criterio de separación entre exclusión y coexistencia minera, verificable con la información publicada y corroborado con el geoservicio de la Agencia Nacional de Minería, que arroja 6.096,55 hectáreas frente a las 6.103,77 publicadas; la ausencia de concurrencia del ámbito con el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, con una superficie de intersección de 0,00 hectáreas; la concurrencia nula con las capas de seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales distintas de la de áreas licenciadas de hidrocarburos; y la identidad de las definiciones de uso compatible y condicionado en todos los documentos examinados; de modo que los aspectos que a continuación se relacionan corresponden únicamente a aquellos que no resistieron la verificación.
Que, por la naturaleza de las APPA como determinantes de superior jerarquía y por su incidencia directa sobre la planificación municipal y la reglamentación de los usos del suelo, el análisis examinó si los elementos técnicos disponibles permiten reconstruir el procedimiento de delimitación, conocer su precisión, verificar que las exclusiones previstas se ejecutaron, establecer la aptitud efectiva del suelo para el objeto declarado, Chucurí 35.269.16 24 de marzo al 9 de abril de 2026 Total Dos municipios 84.662,61 Que la declaratoria comprende 84.662,61 hectáreas, cifra que coincide exactamente con el campo de superficie de la capa vectorial entregada y con la medición geométrica practicada en la revisión técnica; que el ámbito se compone de 496 partes disjuntas, de las cuales 57.226,69 hectáreas fueron asignadas a la zona principal y 27.435,92 hectáreas a la zona compatible; y que la superficie declarada representa el 44,31 % del área municipal de San Vicente de Chucurí y el 38,23 % de la de El Carmen de Chucurí, esto es, el 41,56 % del territorio conjunto de los dos municipios, según las áreas municipales que emplea el propio documento técnico de soporte.
Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 14 DIARIO OFICIAL cuantificar las actividades y figuras concurrentes y sostener, en suma, la correspondencia entre el ámbito declarado y el fin de protección que persigue. generan exclusiones únicamente con relación a las determinantes de nivel 4 asociadas a los aeródromos” (página 184).
III. ASPECTOS ESTRUCTURALES IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN
TÉCNICA 3.1. Carácter preliminar del área de partida y reproducibilidad del modelo cartográfico Que la primera etapa del modelo de identificación toma como área de partida la frontera agrícola habilitada para APPA, que el anexo de determinantes ambientales y frontera agrícola reporta en 70.554,52 hectáreas para San Vicente de Chucurí y 47.185,42 hectáreas para El Carmen de Chucurí; y que ese anexo, que produce el insumo de partida del modelo, califica como preliminar dicho insumo al titular sus tablas de resultado y su figura 16 en los siguientes términos:
“Frontera Agrícola Preliminar - Habilitada para APPA” (anexo de determinantes ambientales y frontera agrícola, tablas 41 y 46); “Categoría de la Frontera Agrícola Preliminar- Habilitada para APPA” (tabla 47).
Que las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural de la Nación figuran entre las determinantes de superior jerarquía relacionadas en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997; y que el documento técnico declara que “los análisis arrojaron la presencia en la zona rural de vestigios arqueológicos y elementos patrimoniales reconocidos a partir del PBOT de San Vicente de Chucurí” y que, por carecer los primeros de declaratoria y los segundos de representación cartográfica, “no se excluyen de las APPA” y quedan en régimen de coexistencia (página 95); criterio que no coincide con el régimen legal de los bienes arqueológicos, por cuanto el Decreto número 1080 de 2015, que compila el Decreto número 138 de 2019, dispone en su artículo 2.6.1.5 que los bienes integrantes del patrimonio arqueológico no requieren declaratoria adicional para tener la condición de bienes de interés cultural, y en su artículo 2.6.2.1 que su propiedad corresponde a la Nación, en concordancia con la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008; de modo que la norma que el documento invoca para contar los sitios es la misma que dispone que su protección no pende de una declaratoria adicional.
Que el considerando de la Resolución número 000187 de 2026 recoge la suma de esas cifras - 117.739,94 hectáreas, el 57,79 % del territorio de los dos municipios- como frontera agrícola habilitada, ya sin la calificación de preliminar, calificación que tampoco emplea el documento técnico de soporte respecto de ese insumo; que la capa que sustenta esa cifra no obra en el anexo cartográfico del expediente, de modo que no es verificable; que las dos tablas homólogas del anexo citan fuentes de años distintos –“(UPRA) (2026)” y “UPRA (2025)”- sin explicar la diferencia; y que el archivo PDF del anexo de determinantes ambientales, tal como fue publicado en el expediente, tiene cero bytes, por lo que su contenido solo obra en la versión editable.
Que el expediente identifica treinta y seis (36) sitios arqueológicos en los dos municipios, entre ellos un sitio de petroglifos en San Vicente de Chucurí (tabla 17, páginas 90 y 91); que consigna que, conforme al artículo 20 del Acuerdo número 022 de 2003, por el cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de San Vicente de Chucurí, el Camino de Lenguerke y el Oratorio de Chimita conforman elementos patrimoniales del sector rural, sin representación cartográfica en los planos del plan (página 94); y que la tabla 41 del mismo documento técnico relaciona como suelos de protección del patrimonio cultural de ese municipio, entre otros, piedras pictográficas, cuevas, cascadas, el cañón del río Chucurí y la Serranía de los Yariguíes, con un régimen que señala la agricultura y la minería entre los usos prohibidos (página 137), sin que el expediente permita establecer si esos elementos quedaron comprendidos en el ámbito declarado.
Que el apéndice de calificación ambiental incorporado en la copia ampliada del expediente registra que el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Sogamoso fue retirado del procesamiento por presentar 28.536 sobreposiciones, 5 huecos y 3.889 geometrías duplicadas, con fundamento en un acta del 28 de noviembre de 2024 que no obra en el expediente, de modo que la cadena de exclusiones que conduce del área de partida al ámbito declarado no es reconstruible por un tercero con lo que obra en el expediente.
Que la determinante de proyectos turísticos especiales se cerró con la fórmula según la cual en el territorio de los dos municipios “no se encuentran PTE” (página 118), y que la tabla de información entregada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo registra el señalamiento de proyectos turísticos especiales con la anotación “N/A” (página 144); y que el Proyecto Turístico Especial es una figura singular del artículo 18 de la Ley 300 de 1996, modificado por la Ley 2068 de 2020, cuya inexistencia no constata la ausencia de infraestructura, atractivos o actividad turística en el ámbito, que son los elementos a los que se refiere la determinante.
3.4. Concurrencia con determinantes ambientales de nivel 1 y áreas protegidas Que, con posterioridad a la declaratoria, este Ministerio expidió la Resolución número 000259 del 31 de julio de 2026 y adoptó la “Metodología para la identificación general de la Frontera Agrícola en Colombia, escala 1:100.000, actualización con enfoque de derechos, UPRA 2026”, la cual precisa que la frontera agrícola no sustituye los estudios técnicos ni la cartografía de mayor detalle para la adopción de decisiones a escala regional, municipal o predial; y que, si bien la expedición de una metodología posterior no implica por sí misma la invalidez de los actos previamente expedidos, su existencia refuerza la necesidad de revisar delimitaciones que partieron de información expresamente calificada como preliminar.
3.2. Reglas del postproceso cartográfico y precisión del límite declarado Que el documento técnico de soporte describe un postproceso de dos reglas consecutivas que determina la composición final de la capa: la primera elimina los polígonos inferiores a 1,56 hectáreas por corresponder al área mínima representable a escala 1:25.000; y la segunda expande los polígonos a la “distancia promedio” entre ellos y elimina los que permanecen aislados.
Que, conforme a la consulta al Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) practicada en la revisión el 19 de septiembre de 2026, el 75,75 % del área declarada, así 64.133,64 hectáreas corresponde a la unión geométrica de las concurrencias con las cinco áreas protegidas inscritas: el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Serranía de los Yariguíes, con 55.909,30 hectáreas; el Distrito Regional de Manejo Integrado del Humedal San Silvestre, con 8.224,47 hectáreas, ambos declarados por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS; y las reservas naturales de la sociedad civil Ecoparque La Manigua, De las Aves Reinita Cielo Azul y El Tutumillo; y que la Reserva Forestal del río Magdalena de la Ley 2ª de 1959 concurre con 5.203,81 hectáreas del área declarada, según el rótulo de la propia capa entregada, concurrencia que el documento técnico menciona sin cuantificar.
Que la revisión constató que la primera regla se cumple en la capa adoptada; pero que la segunda no consigna, en el documento técnico, en sus anexos ni en el apéndice de calificación ambiental, el valor de la distancia empleada, de modo que el paso de la intersección al polígono final no puede reproducirse con la información publicada; y que la capa se entregó con 23.818 registros, de los cuales el 81,3 % tiene superficie individual inferior a 1,56 hectáreas, nivel de fragmentación que el documento no explica ni parametriza.
Que el apéndice de calificación ambiental registra que en la figura de la reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 la Corporación no se pronunció en ninguna de sus tres zonas, de modo que 14.870,41 hectáreas quedaron habilitadas para el APPA con el concepto de una sola de las dos entidades; que el área importante para la conservación de las aves quedó habilitada sobre 136.636,84 hectáreas sin plan de manejo; que el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Serranía de los Yariguíes quedó habilitado sobre 92.684,18 hectáreas con la anotación de que el acto invocado no constituye adopción de su plan de manejo; y que sobre el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Sogamoso, retirado del procesamiento, recaía el único disenso material registrado entre la UPRA y la GAS.
Que, siendo las áreas protegidas determinantes de nivel 1 cuyo régimen de usos prevalece sobre el de las determinantes de nivel 2, una declaratoria cuyo ámbito recae en sus tres cuartas partes sobre áreas protegidas, cuya relación con los respectivos planes de manejo no quedó trazada en el expediente, no permite establecer cuál es el aporte específico de la determinante a la protección de la producción de alimentos ni qué régimen prevalece en las áreas concernidas.
Que, adicionalmente, el documento técnico invoca la escala 1:25.000 como escala de ordenamiento territorial, pero parte de una frontera agrícola elaborada a escala 1:100.000, sin establecer cuál de las dos gobierna la precisión del producto final; y que, conforme al artículo 8° de la Resolución número 261 de 2018, modificada por la Resolución número 000327 de 2025, la identificación general de la Frontera Agrícola Nacional se elabora a escala 1:100.000 y no aplica para análisis prediales, mientras que la determinante de nivel 2 se incorpora a los planes de ordenamiento territorial y, según el parágrafo del artículo 4° de la Resolución número 000187 de 2026, su cumplimiento debe ser verificado por las autoridades competentes para la expedición de licencias urbanísticas, esto es, opera sobre predios concretos.
3.5. Tratamiento de la amenaza y el riesgo Que, en consecuencia, el municipio obligado a incorporar la determinante no puede establecer hasta dónde el límite es preciso ni cuánta precisión propia debe aportar al trasladarlo a sus instrumentos, circunstancia que compromete la aptitud técnica del producto para continuar soportando efectos territoriales vinculantes de esa intensidad.
3.3. Incorporación de las determinantes de ordenamiento: patrimonio cultural y proyectos turísticos Que el documento técnico declara, dentro del análisis de la frontera agrícola condicionada, 191,42 hectáreas de amenaza por remoción en masa muy alta -137,31 en San Vicente de Chucurí y 54,11 en El Carmen de Chucurí-, sin registrar en ningún apartado si esa superficie fue excluida, conservada o condicionada; que las tablas de exclusiones de la etapa de instrumentos municipales no contienen fila alguna de amenaza o riesgo; y que el anexo cartográfico no transporta atributo alguno referido a amenaza, de modo que esa superficie no puede localizarse dentro del ámbito con la información publicada.
Que la etapa del modelo que incorpora las determinantes de ordenamiento territorial de niveles 3 a 6 excluyó 44,38 hectáreas sobre las 84.662,61 declaradas, equivalentes al 0,05 % del ámbito, pues el documento técnico consigna que en los dos municipios “se Que el apéndice de calificación ambiental no registra esas cifras y califica la amenaza alta por movimientos en masa -1.135,67 hectáreas en el plan de ordenación y manejo 15 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL de la cuenca del río Opón y 1.694,57 hectáreas en el del río Sogamoso- como habilitada para el APPA, condicionada a los instrumentos de ordenamiento municipal; y que orientar hacia la protección de la producción de alimentos suelos que las categorías de protección del suelo rural y los principios de la gestión del riesgo de desastres de la Ley 1523 de 2012 orientan a la restricción, sin dejar trazado su tratamiento, no constituye un medio conducente al fin perseguido.
1077 de 2015, prevé cuatro, sin emplear la categoría de uso prohibido; y que la definición de uso compatible sitúa fuera del uso principal las actividades agropecuarias no destinadas a la alimentación humana, regla que en estos municipios recae directamente sobre la palma de aceite, segundo cultivo del ámbito por área sembrada con 7.121 hectáreas, el 14,93 % del área sembrada de los dos municipios, cuya inclusión expresa solicitaron los actores del territorio durante el proceso participativo, sin que el expediente analice el efecto de esa clasificación.
3.6. Aptitud productiva y correspondencia con la realidad productiva del territorio 3.9. Participación, consistencia interna, integridad documental y trazabilidad del acto Que la etapa de aptitud productiva reporta una sola categoría de aptitud-la alta A1-y su resultado abarca 127.642,69 hectáreas, el 62,65 % de la superficie de los dos municipios (tabla 80, página 203), lo que evidencia una reducida capacidad de selección de los suelos que efectivamente revisten importancia estratégica para la producción de alimentos y explica que la declaratoria haya alcanzado el 44,31 % del territorio de San Vicente de Chucurí y el 38,23 % del de El Carmen de Chucurí.
Que la consulta pública del proyecto, surtida en el SUCOP entre el 24 de marzo y el 9 de abril de 2026, recibió ochenta y un (81) comentarios de doce (12) participantes y acogió uno (1), el 1,23 %, correspondiente a la exclusión de dos polígonos de extracción de material de arrastre señalados por la alcaldía de El Carmen de Chucurí, sin que la respuesta cuantifique la superficie excluida; que diez comentarios se contestaron con respuestas literalmente idénticas a las de otros, trece no recibieron respuesta de fondo o la recibieron truncada y uno fue contestado con la transcripción literal de la propia observación; que la única pregunta del expediente sobre actividad minera quedó sin contestar; y que la columna de fecha de recepción de la matriz registra un autollenado que alcanza el año 2051, de modo que solo doce de las ochenta y una recepciones pueden acreditarse con ella.
Que dos de los cuatro criterios declarados en la etapa no seleccionan en el ámbito: el documento técnico consigna que en los dos municipios no existen suelos de las clases agrológicas I y II y que los de clase III suman 8.879,24 hectáreas, el 4,4 % de su superficie (tabla 78, página 198), frente a las 84.662,61 hectáreas declaradas, sin que el expediente cuantifique qué parte de esos suelos quedó comprendida en el área declarada; y respecto de las figuras de ordenamiento social de la propiedad rural, la Agencia de Desarrollo Rural informó que no existe ninguna implementada, por lo que el criterio no se aplicó (página 201).
Que un instrumento cuya selección de suelos no discrimina entre los suelos estratégicos y la generalidad del área rural, que reporta una sola categoría de aptitud y en cuyo ámbito no existen suelos de las clases agrológicas de mayor capacidad no acredita la correspondencia verificable entre el medio empleado y el fin perseguido que el juicio de idoneidad exige.
Que el artículo 1° del proyecto sometido a consulta declaraba 35.269,36 hectáreas para El Carmen de Chucurí y el acto expedido declara 35.269,16 hectáreas, con una diferencia de 0,20 hectáreas que el expediente no motiva; que el acto expedido incorporó seis bloques de motivación que no obraban en el proyecto consultado, entre ellos el párrafo que sustenta la declaratoria en cifras, con una nota al pie que registra como fecha de consulta de su fuente el 25 de junio de 2026, y el considerando que fundamenta la inaplicación del Decreto número 381 de 2026, de modo que esa motivación no estuvo expuesta a la observación ciudadana; y que su bloque de firmas suprimió a la Directora de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, que sí figuraba en el proyecto.
3.7. Concurrencia con actividades extractivas y actos administrativos preexistentes Que la concurrencia del ámbito declarado con títulos mineros, contratos de hidrocarburos o licencias ambientales no constituye, por sí misma, objeción a la declaratoria, en tanto el artículo 6° de la Resolución número 000187 de 2026 reconoce expresamente los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas; y que lo verificado es si la magnitud de esa concurrencia fue identificada y analizada en el documento técnico de soporte, presupuesto para que la determinante cuente con la información documental técnica, jurídica y geoespacial que exige el parágrafo 1° del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y para dar alcance cierto a la garantía de los derechos adquiridos y de las situaciones jurídicas consolidadas consagrada en el artículo 6° del acto.
Que el expediente contiene pasajes que identifican ámbitos ajenos al acto, ninguno de ellos advertido durante el trámite: el considerando de la Resolución número 000187 de 2026 que resuelve la inaplicación del régimen de transición del Decreto número 381 de 2026 se refiere al proyecto de declaratoria del municipio de Tenjo (página 9 de 11 del acto); el anexo de determinantes de patrimonio y turismo contiene una sección titulada con el nombre del departamento del Tolima; el anexo de determinantes de infraestructura afirma la presencia de la Autopista Conexión Pacífico 2, en contradicción con su propia tabla; y la memoria justificativa de la declaratoria atribuye la zona de protección antecedente a la Resolución número 352 de 2024 y, dos párrafos después, a la Resolución número 269 de 2025; circunstancia de especial relevancia en cuanto el primero de esos pasajes obra en el propio acto administrativo y recae precisamente sobre el considerando que define el régimen jurídico aplicable a su expedición.
Que la revisión identificó, además, una diferencia de 33,45 hectáreas entre un total de columna de la tabla 69 del documento técnico y la suma de sus filas; ocho grupos de archivos binariamente idénticos en el expediente; y que el documento técnico se identifica como Versión 1 de octubre de 2025, pese a que su archivo y el articulado del acto lo datan en 2026.
Que, en materia minera, el documento técnico declara un criterio por mineral, conforme al cual se excluyen los títulos de materiales de construcción y arcillas y los demás quedan en relación de coexistencia, criterio cuya aplicación sobre los títulos en coexistencia -de antracita y carbón metalúrgico y térmico, por 6.103,77 hectáreas, el 7,21 % del área declarada (tabla 82, página 207)- resultó verificable; no obstante, el anexo mineroenergético publica 713,17 hectáreas de exclusión por materiales de construcción, frente a las 3.087,98 que el documento técnico relaciona, y 8.676,15 hectáreas de coexistencia, frente a las 6.103,77 de la tabla 82, sin que el expediente explique la diferencia de base de medición.
Que la memoria justificativa de la declaratoria diligencia el campo de estudios técnicos con una sola línea y el de impacto económico con la expresión “No se requiere”; marca dos de los seis anexos de su lista de chequeo; no registra cifra alguna del área declarada; está fechada el 17 de marzo de 2026, con anterioridad a la apertura de la consulta pública, pese a relacionar entre sus anexos el informe de observaciones y respuestas; y omite en su relación de niveles de determinantes el nivel 2, que es aquel en que se declara el APPA; y que la Resolución número 000187 de 2026 fue publicada como imagen escaneada sin capa de texto, lo que impide su consulta, búsqueda y acceso mediante lectores de pantalla.
Que, en materia de hidrocarburos, el apartado 4.3 del documento técnico se titula “Resultados de la superposición entre las APPA, los títulos mineros vigentes y los contratos de hidrocarburos”, pero su cuerpo cuantifica únicamente los títulos mineros; que la cifra que el documento publica -27.235,61 hectáreas en cuatro contratos (tabla 59, páginas 167 y 168)- está referida a la frontera agrícola habilitada y no al área declarada, cuya concurrencia, medida sobre el servicio oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es de 20.994,33 hectáreas, el 24,80 % del ámbito, en los contratos Magdalena Medio, Lisama-Nutria, La Cira Infantas y Aguas Blancas, todos en etapa de producción.
IV. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS RESULTADOS TÉCNICOS Y SU
INCIDENCIA JURÍDICA
Que el 54,42 % del ámbito declarado -46.070,70 hectáreas- concurre con áreas licenciadas de hidrocarburos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cuyos expedientes de mayor superficie corresponden a licencias otorgadas con anterioridad a la declaratoria, sin que el documento técnico registre ni analice esa concurrencia; y que el anexo minero-energético contiene un análisis de licencias medido sobre la frontera agrícola habilitada y no sobre el área declarada, con discordancias internas de 29.258,01 hectáreas entre su versión en documento y su matriz de cálculo y de 309,14 hectáreas entre dos de sus tablas, y con el expediente LAM2247, que el propio anexo registra como archivado, aportando el 33,8 % del total que presenta como licencias concurrentes.
Que, examinados en conjunto, los aspectos precedentes no corresponden a asuntos formales susceptibles de una corrección puntual, pues sus efectos se proyectan sobre elementos estructurales del instrumento, a saber: el carácter preliminar del insumo tomado como área de partida, la reproducibilidad del modelo cartográfico, la incorporación de las determinantes concurrentes, la relación con las áreas protegidas de superior jerarquía, el tratamiento de la amenaza y el riesgo, la evaluación de la aptitud efectiva del suelo para el objeto declarado, el análisis de los actos administrativos preexistentes y la trazabilidad de la zonificación.
Que un instrumento de protección que no incorpora lo que ya se encuentra autorizado sobre más de la mitad de su propio ámbito no acredita las condiciones reales en que la protección habría de operar.
3.8. Zonificación y régimen de usos Que dichos aspectos recaen, además, sobre fases sucesivas de un mismo proceso, de modo que su efecto se acumula sobre el mismo producto; y que, si bien la revisión constató que el producto cartográfico finalmente adoptado es el componente que mejor resiste la verificación, la exactitud del trazo de un límite no suple la falta de fundamento verificable de las fases que lo generaron. Así lo concluye el propio Documento Técnico de Soporte de revisión, al señalar que los resultados consignados “inciden en fases distintas del proceso y no se atienden de manera integral mediante un ajuste aislado del polígono final”.
Que la regla de zonificación, según la cual en caso de traslape se asigna la zona que responda al condicionamiento del plan de manejo de la figura ambiental más restrictiva, se declara sin que su aplicación quede trazada, pues la revisión no halló en el expediente pasaje alguno que identifique la figura tenida por más restrictiva en cada traslape.
Que el documento emplea tres categorías de uso -principal, compatible y condicionadodonde el artículo 1° del Decreto número 3600 de 2007, compilado en el Decreto número Que, por sustentarse la declaratoria de los dos municipios en un único documento técnico de soporte, en los mismos anexos y en la misma metodología de postproceso, los aspectos identificados no son predicables de uno solo de ellos sino del ejercicio en Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 16 DIARIO OFICIAL su conjunto, que ambos municipios están obligados a incorporar en sus instrumentos de ordenamiento territorial.
Que, de acuerdo con la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE recogida en el documento técnico de soporte, en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí el 0,03 % de la población se autorreconoce como indígena, el 0,13 % como negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana y el 0,01 % como raizal (página 60); que el mismo documento concluye que no existe una representatividad de comunidades étnicas que sugiera la implementación de rutas diferenciales para la identificación del APPA (página 61); y que la UPRA solicitó a los municipios la información sobre territorios étnicos (tabla 31, página 120), sin que el documento registre resguardos indígenas, consejos comunitarios, zonas de reserva campesina constituidas ni territorios campesinos agroalimentarios dentro del ámbito declarado.
Que, en esas condiciones, la delimitación declarada mediante la Resolución número 000187 de 2026, en su configuración actual, no supera el juicio de idoneidad exigible a toda determinante de ordenamiento territorial, por cuanto carece de la aptitud material suficiente para identificar y proteger, con la certeza técnica requerida, las áreas efectivamente llamadas a realizar el propósito constitucional de garantizar la producción de alimentos en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí. La idoneidad, en tanto primer presupuesto del juicio de proporcionalidad, no se satisface con la mera aptitud formal del instrumento para perseguir un fin constitucionalmente legítimo, sino que exige una correspondencia verificable entre el medio empleado y la realidad territorial y productiva sobre la que se pretende incidir, correspondencia que, en el caso analizado, no logra acreditarse.
Que, no obstante, el documento técnico de soporte incorporó al área de partida del modelo 6.739,098 hectáreas de frontera agrícola condicionada “habilitada para APPA (étnico-cultural) (Restitución de tierras y titulación de baldíos)” -6.734,5017 hectáreas en San Vicente de Chucurí y 4,5969 hectáreas en El Carmen de Chucurí- (tabla 13, página 86; tabla 16, página 89; tablas 63, 64 y 66, páginas 179 a 182); que la nota que acompaña esa categoría remite el alcance de cada figura que la integra a un análisis de la dependencia técnica de la UPRA que no obra en el expediente; y que el documento no discrimina si la categoría comprende solicitudes de restitución de tierras en los términos de la Ley 1448 de 2011, procesos de restitución de derechos territoriales de pueblos y comunidades étnicas regidos por los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 o procesos de titulación de baldíos, ni cuantifica qué parte de esa superficie quedó comprendida en el área declarada; indeterminación que no acredita por sí sola la existencia de territorios étnicos dentro del ámbito, pero que impide descartarla con la certeza que exige una determinante de superior jerarquía.
Que dicha falta de idoneidad adquiere una relevancia jurídica cualificada en atención a la naturaleza y a los efectos propios de las APPA, las cuales, al constituir determinantes de ordenamiento territorial de obligatorio acatamiento, condicionan de manera directa la planificación municipal, la reglamentación de los usos del suelo y la expedición de licencias urbanísticas. Tratándose de una intervención estatal de esa entidad e intensidad -que en el presente caso recae sobre 84.662,61 hectáreas y alcanza más de las dos quintas partes del territorio conjunto de los dos municipios-, el estándar de control aplicable no puede ser laxo: exige un fundamento técnico coherente, verificable y estrictamente proporcional a la magnitud de las consecuencias jurídicas que de él se derivan, en consonancia con el juicio estricto de proporcionalidad que gobierna las medidas administrativas de mayor incidencia sobre derechos, competencias y autonomías territoriales constitucionalmente protegidas.
Que la efectividad de los derechos fundamentales no se agota en la simple expedición o permanencia formal de los instrumentos administrativos concebidos para su protección, sino que su carácter exigible obliga a las autoridades a adoptar y sostener medidas que, fundadas en información suficiente, verificable y actualizada, resulten materialmente aptas para realizar el contenido protegido del derecho y respondan a las circunstancias territoriales y poblacionales sobre las que despliegan sus efectos.
Que ni la Resolución número 000187 de 2026, ni el documento técnico de soporte, ni la memoria justificativa de la declaratoria dan cuenta de un pronunciamiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre la procedencia de la consulta previa respecto de la declaratoria, ni de certificación de la Agencia Nacional de Tierras o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas sobre la existencia de territorios étnicos formalizados o de procesos de restitución de derechos territoriales étnicos en el ámbito, ni de trámite consultivo alguno surtido con comunidades étnicas, circunstancia que se consigna como ausencia documental y no como afirmación sobre la existencia del hecho.
Que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-123 de 2018, fijó la afectación directa como criterio determinante de la procedencia de la consulta previa, y que ese examen corresponde adelantarlo a la autoridad nacional competente y no a la entidad ejecutora.
Que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el mandato de progresividad impone ampliar de forma gradual la cobertura y el grado de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, al tiempo que proscribe la adopción de medidas regresivas; y ha precisado que la protección de los contenidos mínimos o esenciales de tales derechos no se agota en su declaración normativa, en tanto compromete obligaciones estatales de garantía cuyo cumplimiento debe ser real y efectivo, razón por la cual la valoración de las medidas estatales debe centrarse en su idoneidad efectiva para asegurar el derecho comprometido y no limitarse a constatar su subsistencia formal.
Que la presente decisión no requiere, en sí misma, el agotamiento de un proceso de consulta previa, comoquiera que no impone medidas, restricciones ni intervenciones sobre los territorios de las comunidades étnicas ni modifica los derechos territoriales o los procesos de restitución o de titulación que pudieren existir en el ámbito: por el contrario, retira del ordenamiento una determinante y restablece la situación jurídica previa a su expedición, de modo que no se configura una afectación directa, específica y diferenciada en los términos del artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado mediante la Ley 21 de 1991, y de la jurisprudencia constitucional; ello sin perjuicio del deber de comunicar la decisión al Ministerio del Interior y a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Que, siendo ello así, la especial protección constitucional de la producción de alimentos y la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación no imponen la conservación de una configuración administrativa determinada cuando una revisión integral, técnica y debidamente motivada pone de presente limitaciones estructurales que menguan su capacidad para identificar las áreas objeto de protección, representar la realidad territorial y productiva o fijar cargas territoriales coherentes y verificables. En ese escenario, insistir en la vigencia del instrumento pese a la insuficiencia acreditada de sus presupuestos técnicos equivaldría a prolongar una intervención incapaz de realizar de manera eficaz la finalidad constitucional y legal que motivó su adopción.
Que, en consecuencia, cualquier nuevo proceso de identificación y declaratoria de APPA en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí deberá iniciarse con la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, acompañada del proyecto normativo en versión definitiva, de la memoria justificativa y de sus documentos anexos, y con la verificación, ante la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, del alcance de la tipología étnico-cultural y de restitución de tierras de la frontera agrícola.
Que la derogatoria de un instrumento general en estas condiciones no supone renunciar al deber de proteger la producción de alimentos ni desatender el derecho humano a la alimentación, sino asegurar que las actuaciones administrativas destinadas a realizar tales mandatos se sustenten en criterios técnicamente reproducibles, guarden una relación razonable con la realidad territorial y productiva y sean idóneas, necesarias y proporcionadas para alcanzar una protección material y efectiva.
VI. AUTONOMÍA TERRITORIAL, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Que la presente decisión no comporta juicio alguno sobre la validez originaria de la Resolución número 000187 de 2026, la cual conserva su presunción de legalidad, ni pretende sustituir el control que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino que se circunscribe a la valoración administrativa de mérito, conveniencia y proporcionalidad que el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 impone a la autoridad al decidir sobre la permanencia de sus propios actos de carácter general, en ejercicio del mecanismo de evaluación previsto en el artículo 5° del acto.
Que la Constitución Política reconoce en sus artículos 287 y 311 la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses y radica en los municipios la función de ordenar el desarrollo de su territorio, al paso que el numeral 7 del artículo 313 superior asigna a los concejos municipales la competencia para reglamentar los usos del suelo; y que, por mandato del artículo 288 ibidem, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales han de ejercerse con sujeción a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
V.
COMPONENTE ÉTNICO Y CONSULTA PREVIA
Que tales mandatos encuentran desarrollo legal en los numerales 1 a 3 del artículo 27 de la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que imponen a la Nación y a las entidades territoriales el ejercicio articulado, coherente y armónico de sus competencias, el despliegue de acciones conjuntas cuando concurra un objeto común y el respeto por la autonomía de las autoridades territoriales; deber que reiteran el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 y el numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, al exigir de las autoridades administrativas la coordinación y concertación de sus actuaciones con las demás instancias estatales competentes.
Que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la reglamentación de los usos del suelo constituye una función esencial de los concejos municipales, aunque no exclusiva ni absoluta, y que dicha competencia debe articularse con las atribuciones que Que, conforme al Decreto número 2353 de 2019, corresponde a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa respecto de proyectos, obras, actividades y medidas administrativas o legislativas, así como adelantar los procesos consultivos a que haya lugar; competencia que, según lo previsto en esa misma disposición y en las Directivas Presidenciales números 01 de 2010, 10 de 2013 y 08 de 2020, no se activa de oficio sino a solicitud del ejecutor de la medida, sobre quien recae el deber de elevarla cuando estime que la medida puede llegar a afectar directamente a comunidades étnicas. Dicha determinación no puede ser sustituida por la valoración propia de la entidad que proyecta la medida ni suplirse mediante un ejercicio cartográfico.
17 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL determinante de ordenamiento territorial que incida en la reglamentación municipal del suelo. la Constitución y la ley asignan a otros niveles de gobierno, destacando en particular las Sentencias C-520 de 1994, C-535 de 1996, C-149 de 2010 y C-138 de 2020 -invocadas en la parte motiva de la resolución objeto de derogatoria- la relevancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en la articulación entre decisiones nacionales y competencias territoriales sobre el uso del suelo.
Que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, la acción popular radicada bajo el número 25000-23-41-000-2026-01249- 00, promovida contra este Ministerio, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y otras entidades del orden nacional, en la que se demandan actos administrativos relacionados con las zonas y áreas de protección para la producción de alimentos y con la frontera agrícola nacional; y que, a la fecha de expedición del presente acto, no obra orden judicial, medida cautelar ni decisión ejecutoriada que recaiga específicamente sobre la Resolución número 000187 de 2026, ordene preservar sus efectos o impida su derogatoria.
Que, precisamente por la intensidad de los efectos de una determinante de superior jerarquía sobre la planificación local, cuanto mayor sea su incidencia sobre las competencias municipales, mayor debe ser la solidez de su soporte técnico, la claridad de sus efectos, la coordinación institucional y la participación que sostienen la decisión, condiciones que, conforme a lo expuesto en el Capítulo III del presente acto, no se encuentran acreditadas en el grado que la magnitud de la declaratoria demanda.
Que, en el ámbito territorial e institucional, las observaciones formuladas durante la consulta pública de la declaratoria por la Gobernación de Santander, por las administraciones municipales y por actores gremiales y sociales -entre ellas las relativas al régimen de transición y a la inclusión expresa de la palma de aceite-, así como la circunstancia de que de ochenta y un comentarios se haya acogido uno y trece no hayan recibido respuesta de fondo, evidencian que la legitimidad, aplicación y eficacia práctica de una determinante de ordenamiento territorial dependen de que sus presupuestos técnicos sean comprensibles y verificables, sus efectos jurídicos sean previsibles y su adopción se desarrolle mediante mecanismos suficientes de coordinación y participación.
VIII. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y PROCEDENCIA DE LA DERO-
GATORIA Que el artículo 1° del Decreto número 381 del 7 de abril de 2026 modificó los artículos 2.2.2.1.1.1, 2.2.2.1.1.2 y 2.2.2.1.1.3 del Decreto número 1077 de 2015 y estableció parámetros específicos para la coordinación institucional en la adopción o modificación de las determinantes de ordenamiento territorial, entre ellos la articulación con autoridades territoriales, regionales y esquemas asociativos; la identificación de la incidencia de la determinante sobre otras determinantes, proyectos en desarrollo e instrumentos de planificación territorial; la definición, cuando resulte pertinente, de actividades o mecanismos de participación; y la elaboración de un informe que documente las actividades de coordinación, los acuerdos alcanzados y las discrepancias no resueltas; y que su artículo 2° difirió la aplicación de lo anterior a los seis meses siguientes a su expedición, respecto de las determinantes cuyo proyecto no se hubiere publicado antes de ese término.
Que, para adoptar la presente decisión, este Ministerio evaluó la conservación del acto, su modificación parcial, su derogatoria circunscrita a uno de los municipios, la expedición de actos aclaratorios o correctivos, la suspensión de sus efectos y su derogatoria integral.
8.1. Conservación del acto Que la Resolución número 000187 de 2026 fue expedida el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de la expedición del Decreto número 381 de 2026, al amparo del régimen de transición previsto en su artículo 2°, en razón de haberse publicado su proyecto en el SUCOP entre el 24 de marzo y el 9 de abril de 2026; que, sin embargo, el considerando que sustenta la inaplicación de ese decreto se refiere al proyecto de declaratoria del municipio de Tenjo y no al de los municipios de Santander; y que, durante la consulta pública, la Gobernación de Santander solicitó en dos comentarios un régimen de transición, solicitudes que fueron desestimadas invocando el mismo Decreto número 381 de 2026.
Que la conservación de la Resolución número 000187 de 2026 prolongaría los efectos vinculantes de una delimitación cuya configuración actual presenta las dificultades estructurales descritas, entre ellas un área de partida que el propio soporte califica de preliminar, un procedimiento de identificación no reconstruible, la concurrencia de tres cuartas partes del ámbito con áreas protegidas cuya relación con la determinante no quedó trazada, la concurrencia de más de la mitad del ámbito con áreas licenciadas de hidrocarburos no analizadas, superficies de amenaza por remoción en masa muy alta sin tratamiento registrado y una evaluación de aptitud que no discrimina los suelos estratégicos.
Que esta alternativa mantendría una determinante de superior jerarquía sobre 84.662,61 hectáreas de dos municipios mientras se adelantan actuaciones dirigidas a esclarecer o corregir los elementos que sustentan su delimitación, respuesta que no resulta adecuada frente a la exigencia de que las restricciones y efectos obligatorios derivados de una determinante cuenten con fundamento técnico verificable, suficiente y proporcional a su incidencia territorial.
8.2. Modificación parcial Que la presente decisión no adopta ni modifica una determinante de ordenamiento territorial, sino que retira del ordenamiento una existente, por lo cual no le resultan exigibles los parámetros de coordinación del Decreto número 381 de 2026; y que, por consiguiente, la eventual adopción de una nueva delimitación en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, por sus efectos vinculantes sobre el ordenamiento territorial, sí deberá sujetarse a dichos parámetros y estar precedida de los mecanismos de coordinación y participación que permitan a los municipios, a la Gobernación de Santander, a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), a las autoridades del sector cultura y a los actores sociales, campesinos, productivos y gremiales concernidos conocer oportunamente la información relevante, formular observaciones y aportar elementos sobre las condiciones territoriales que deban ser valoradas, en los términos del numeral 6 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, del artículo 32 de la Ley 489 de 1998 y del artículo 64 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2023.
VII. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y ACTUACIONES JUDICIALES EN
CURSO
Que una modificación limitada a la geometría de los polígonos no resolvería las dificultades relativas al carácter preliminar del área de partida, a la reproducibilidad del modelo, a la incorporación de las determinantes concurrentes, a la relación con las áreas protegidas y los actos administrativos preexistentes, al tratamiento de la amenaza y el riesgo ni a la evaluación de la aptitud efectiva del suelo; y que la corrección de esas fases exigiría rehacer el proceso de identificación desde su insumo inicial, lo que excede el alcance de una modificación y equivale, en sustancia, a una nueva delimitación.
Que desde la creación e implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos se ha suscitado un debate público e institucional relevante sobre el alcance de esta determinante, la distribución constitucional de competencias en materia de ordenamiento del suelo rural y los efectos que una decisión nacional de superior jerarquía puede producir sobre la autonomía territorial, las actividades productivas, la seguridad jurídica y los procesos municipales de planificación.
Que el mecanismo de evaluación previsto en el artículo 5° de la propia resolución no tiene la aptitud de subsanar condiciones de operación del instrumento, sino que presupone un instrumento que opera, y que su ejercicio es, precisamente, el que ha conducido a la presente decisión.
8.3. Derogatoria circunscrita a uno de los municipios Que la derogatoria limitada al ámbito de uno solo de los municipios tampoco resulta adecuada, comoquiera que la declaratoria de ambos se sustenta en un mismo documento técnico de soporte, en el mismo anexo de determinantes ambientales y frontera agrícola, en el mismo anexo minero-energético y en la misma metodología de postproceso, de modo que las limitaciones identificadas en el área de partida, en la reproducibilidad del modelo, en las reglas del postproceso, en el tratamiento de la amenaza y en la evaluación de aptitud se originan en elementos empleados transversalmente en el ámbito de los dos municipios.
Que, adicionalmente, los dos municipios fueron identificados como una unidad mediante la Resolución número 000269 de 2025, por lo que mantener la vigencia del APPA en uno de ellos y derogarla en el otro conservaría tratamientos divergentes entre municipios de una misma zona, sin que el expediente permita establecer una justificación técnica, territorial y jurídica suficiente para tal diferencia.
8.4. Acto aclaratorio o correctivo Que dicho debate tiene expresión en el expediente D-16118, promovido contra el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 -fundamento legal invocado por la resolución objeto de derogatoria-, en el cual, mediante auto del 19 de marzo de 2025, la magistrada sustanciadora admitió el cargo por violación del principio de autonomía territorial derivado de los artículos 1°, 287, 288, 311 y 313.7 de la Constitución Política; que, mediante concepto rendido el 23 de julio de 2025, el Procurador General de la Nación solicitó declarar la inexequibilidad de la disposición acusada; y que, mediante el Auto número 1411 del 4 de septiembre de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional constató que durante el término de intervención se recibieron treinta y nueve intervenciones -siete solicitaron la exequibilidad, veintiocho la inexequibilidad, dos una decisión inhibitoria y dos no formularon solicitud expresa-, consideró que la materia había suscitado “un especial interés ciudadano” y convocó audiencia pública para el 29 de septiembre de 2025, con el fin de profundizar, entre otros aspectos, en el contenido, alcance, objetivos y procedimiento de constitución de las APPA, su relación con los instrumentos de ordenamiento territorial, la tensión entre autonomía territorial y cohesión estatal y sus efectos sobre los sectores vinculados al uso del suelo rural.
Que la expedición de actos aclaratorios o correctivos no resulta procedente, comoquiera que las dificultades identificadas no provienen de errores formales, aritméticos o de transcripción susceptibles de corrección conforme al artículo 45 de la Ley 1437 de 2011
- aunque el expediente registra varios de ellos, entre los cuales el considerando referido al municipio de Tenjo-, sino de la configuración sustantiva del proceso de identificación.
Que la admisión del cargo, el concepto del Ministerio Público y la convocatoria de la audiencia no anticipan el sentido de la decisión que corresponde adoptar a la Corte Constitucional ni constituyen, por sí mismos, fundamento de la presente derogatoria, pero sí reflejan que la discusión sobre las APPA involucra las condiciones jurídicas, técnicas, procedimentales y territoriales bajo las cuales una autoridad nacional puede adoptar una Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 18 DIARIO OFICIAL
RESUELVE:
8.5. Suspensión de efectos
Artículo 1°.
Derogatoria. Derogar expresamente la siguiente resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluidos el documento técnico de soporte, los anexos cartográficos, las matrices y demás instrumentos que forman parte integral de ella:
Que la suspensión de efectos no constituye una potestad administrativa ordinaria respecto de los actos administrativos de carácter general, y que su empleo generaría para las entidades territoriales y para los administrados una situación de mayor incertidumbre jurídica que la cesación definitiva de efectos hacia el futuro.
8.6. Derogatoria integral Resolución número 000187 del 2 de julio de 2026, “por la cual se declara un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí en el departamento de Santander y se dictan otras disposiciones”.
Que, por consiguiente, la derogatoria integral constituye la alternativa coherente con el carácter estructural y común de las dificultades identificadas y con la unidad metodológica y documental que conforman la Resolución número 000187 de 2026, su documento técnico de soporte y su anexo cartográfico.
Artículo 2°.
Régimen de transición. La derogatoria dispuesta en el artículo 1° de la presente resolución produce efectos a partir de la fecha de publicación de este acto en el Diario Oficial, fecha que marca el inicio de los términos previstos en la presente resolución. En consecuencia, desde esa fecha el área declarada mediante la resolución derogada deja de producir efectos como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y como determinante de ordenamiento territorial de nivel 2.
Que la medida es idónea para alcanzar la finalidad perseguida, porque hace cesar hacia el futuro los efectos vinculantes de una determinante cuya configuración actual no permite establecer una correspondencia suficientemente sólida entre las restricciones que impone, la realidad territorial y productiva que representa y el objetivo de protección que persigue; y porque habilita, de resultar procedente, la construcción de un instrumento que sí pueda satisfacer esas condiciones.
Las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial y que no hayan sido decididas de manera definitiva se resolverán con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente al momento de adoptar la decisión correspondiente.
Los instrumentos de ordenamiento territorial, las actuaciones de formulación, revisión, modificación o ajuste de estos y los demás actos o procedimientos adelantados por las entidades territoriales continuarán rigiéndose por las normas aplicables y por las competencias de las autoridades que intervienen en cada caso. La presente derogatoria no modifica por sí misma los instrumentos de ordenamiento ni los actos territoriales válidamente adoptados durante la vigencia de la resolución derogada.
Que la medida es necesaria, comoquiera que no existe una alternativa menos lesiva e igualmente eficaz: la conservación y la modificación parcial mantendrían vigentes los efectos obligatorios de la delimitación mientras se revisan sus componentes estructurales; la derogatoria circunscrita a uno de los municipios conservaría tratamientos divergentes sobre una zona afectada por limitaciones comunes; el acto aclaratorio no es procedente frente a dificultades sustantivas; y la suspensión de efectos carece de fundamento normativo y acentuaría la incertidumbre. Que, además, la derogatoria es la alternativa que menos afecta los bienes constitucionales concurrentes, pues restablece la plena operatividad de las competencias municipales de reglamentación del uso del suelo, produce efectos exclusivamente hacia el futuro, respeta los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas y no impone carga alguna a los administrados.
Parágrafo. La presente disposición no comporta pronunciamiento sobre la validez
originaria de la resolución derogada, de los actos particulares adoptados durante su vigencia ni de las situaciones jurídicas consolidadas, sin perjuicio de las competencias de las autoridades administrativas y judiciales respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento.
Que la medida es proporcionada en sentido estricto, pues los beneficios de hacer cesar los efectos de una determinante que no cuenta actualmente con una justificación técnica suficientemente estable y verificable -recuperación de la certeza jurídica sobre el uso del suelo en los dos municipios, restablecimiento de la plena operatividad de las competencias territoriales y ambientales y eliminación de restricciones cuyo fundamento no resiste la verificación- superan la afectación derivada de retirar ese instrumento específico; tanto más cuanto que la decisión no desprotege el territorio, comoquiera que permanecen vigentes y aplicables las determinantes ambientales de nivel 1 adoptadas por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), los Distritos Regionales de Manejo Integrado de la Serranía de los Yariguíes y del Humedal San Silvestre, los planes de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Opón y Sogamoso, el plan de ordenación forestal de la Corporación, la Reserva Forestal del río Magdalena de la Ley 2ª de 1959, el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, las reservas naturales de la sociedad civil y demás figuras de conservación presentes en el territorio, el régimen de protección del patrimonio arqueológico, las categorías de protección del suelo rural previstas en el Decreto número 3600 de 2007, compilado en el Decreto número 1077 de 2015, la Ley 388 de 1997 y los instrumentos de ordenamiento territorial municipales.
Artículo 3°.
Vigencia de otras determinantes y normas aplicables. La derogatoria dispuesta en la presente resolución no modifica ni afecta la vigencia y aplicación de las determinantes de ordenamiento territorial de nivel 1, en particular las determinantes ambientales adoptadas por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), los Distritos Regionales de Manejo Integrado de la Serranía de los Yariguíes y del Humedal San Silvestre, los planes de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Opón y Sogamoso, el plan de ordenación forestal de la Corporación, la Reserva Forestal del Río Magdalena establecida por la Ley 2ª de 1959, el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, las reservas naturales de la sociedad civil, las áreas protegidas inscritas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas y demás figuras de conservación presentes en el territorio; ni las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural de la Nación, incluido el régimen del patrimonio arqueológico previsto en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, y en la Parte VI del Decreto número 1080 de 2015, ni el régimen de protección establecido por las autoridades municipales para el patrimonio cultural de su ámbito; ni la zonificación de amenaza y riesgo que adopten las autoridades competentes conforme a la Ley 1523 de 2012; ni los títulos mineros, contratos de hidrocarburos y licencias ambientales vigentes, sometidos a su propio régimen legal; ni las normas ambientales, rurales, territoriales o urbanísticas que resulten aplicables en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, departamento de Santander.
Que el artículo 7° de la resolución objeto de derogatoria dispuso que este Ministerio construiría, mediante lineamientos dirigidos a sus entidades adscritas y vinculadas, en el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y con el apoyo de la UPRA, un Plan de Acción para la Producción de Alimentos en las áreas declaradas; y que la derogatoria de la declaratoria no afecta los programas, proyectos e instrumentos de fomento de la producción de alimentos que el sector adelante en los municipios comprendidos con fundamento en sus competencias generales, los cuales no dependen de la vigencia de la determinante.
Tampoco modifica la habilitación legal contenida en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, ni las competencias atribuidas por esa disposición a este Ministerio y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
Que la derogatoria no suprime el deber constitucional de proteger la producción de alimentos, ni elimina las competencias o los instrumentos generales de intervención estatal en esta materia, ni afecta la habilitación legal contenida en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado· por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, ni las competencias que esa disposición atribuye a este Ministerio y a la UPRA.
Parágrafo 1°. La presente resolución no modifica la Resolución número 000269 del 26
de agosto de 2025, mediante la cual se identificó la Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, departamento de Santander, acto de naturaleza preliminar e indicativa que no constituye determinante de ordenamiento territorial. Respecto de los dos municipios declarados, la presente derogatoria no restablece la identificación preliminar que la resolución derogada dejó sin efectos.
Que, consideradas en su conjunto, las dificultades identificadas impiden mantener razonablemente los efectos obligatorios del Área de Protección para la Producción de Alimentos declarada en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, departamento de Santander.
Parágrafo 2°. La presente derogatoria no afecta los programas, proyectos e instrumentos
de fomento de la producción de alimentos, de apoyo a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria ni de desarrollo rural que las entidades del sector adelanten en los municipios comprendidos con fundamento en sus competencias generales.
Que, en cumplimiento del numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y de las disposiciones sobre publicidad y consulta de proyectos de regulación contenidas en el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 1081 de 2015, sustituido por el Decreto número 385 de 2026, el proyecto de resolución, su memoria justificativa, el documento técnico de soporte de revisión y sus anexos fueron publicados en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) entre el 7 y el 22 de octubre de 2026. Las observaciones recibidas fueron evaluadas y respondidas en el informe de observaciones y análisis de resultados de fecha 10 de noviembre incorporado al expediente y publicado conforme a las mismas disposiciones.
Artículo 4°.
Actualización de la información oficial. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, término que se contará a partir del día hábil siguiente a dicha publicación, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y las dependencias competentes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural efectuarán las actualizaciones necesarias en los sistemas de información, visores geográficos, capas cartográficas, documentos y demás medios oficiales de divulgación, incluido el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA), con el fin de reflejar la derogatoria aquí dispuesta.
En mérito de lo expuesto, 19 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial y hasta que culmine la actualización prevista en el inciso anterior, cualquier capa cartográfica, visor o documento oficial que continúe mostrando el APPA derogada deberá advertir de manera expresa y visible que dicha delimitación carece de vigencia jurídica. entre otros sistemas productivos, café, plátano, aguacate, caña panelera, maíz, yuca, frutales y ganadería bovina de leche y de carne; y respecto del cual la estimación de la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) para el año 2022, publicada en 2024, ubicó la prevalencia departamental del Tolima en el 27,4 %, al paso que los propios documentos técnicos de soporte reportan, a nivel municipal, prevalencias que oscilan entre el 16,8 % de Líbano y el 39,7 % de Murillo. Precisamente por la relevancia de esa necesidad, el instrumento llamado a atenderla debe sustentarse en información suficiente, actualizada y verificable sobre las condiciones que determinan la producción de alimentos en el territorio.
Artículo 5°.
Coordinación e información institucional. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), adelantará las acciones de coordinación que resulten necesarias con los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, con la Gobernación de Santander, con la Corporación Autónoma Regional de Santander (GAS) y con las demás entidades competentes, para facilitar la adecuada incorporación de los efectos de la presente decisión en los instrumentos, sistemas de información y actuaciones administrativas correspondientes.
Que, en consecuencia, la revisión de todo instrumento destinado a la protección de la producción de alimentos no constituye una facultad discrecional residual, sino que se erige como manifestación del deber estatal de verificar, de manera permanente, que las medidas empleadas para tal fin satisfagan un juicio estricto de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; que su fundamento técnico guarde correspondencia cierta con la realidad territorial y productiva sobre la que pretende incidir; y que la intensidad de sus efectos jurídicos resulte razonablemente proporcional al grado de certeza y solidez de los elementos técnicos que la sustentan. Lo contrario comportaría mantener en el ordenamiento jurídico instrumentos cuya vigencia formal no encuentra respaldo suficiente en su idoneidad material, en contradicción con los principios que gobiernan la función administrativa.
Artículo 6°.
Comunicaciones. Comuníquese la presente resolución a los alcaldes de los municipios de San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí y a los respectivos concejos municipales; a la Gobernación de Santander; a la Corporación Autónoma Regional de Santander (GAS); a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA); al Ministerio del Interior y a su Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa; a la Agencia Nacional de Tierras; a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; a Parques Nacionales Naturales de Colombia; al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos; a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia
- ICANH; y a las demás entidades que administren, incorporen o utilicen información derivada de la resolución derogada.
Que la función administrativa se encuentra sujeta, por mandato del artículo 209 de la Constitución Política, a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; y que, en consonancia con ello, el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 exige que toda decisión discrecional guarde adecuación con los fines de la norma que la autoriza y proporción con los hechos que le sirven de causa.
Parágrafo. Comuníquese igualmente la presente decisión al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, dentro del proceso de acción popular radicado bajo el número 25000-23-41-000-2026-01249-00, para lo de su competencia.
Artículo 7°.
Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2026.
Que el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, al modificar el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, situó en el nivel 2 de las determinantes de ordenamiento territorial las áreas de especial interés para la protección del derecho humano a la alimentación localizadas dentro de la frontera agrícola y, de manera particular, las comprendidas en las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), cuya declaratoria corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 000416 DE 2026
Que el parágrafo 1° del mismo artículo dispone que las determinantes de ordenamiento territorial deben contar con información documental técnica, jurídica y geoespacial, ser delimitadas geográficamente, incorporar la correspondiente zonificación y restricciones de uso, y que el Sistema de Administración del Territorio será la base para el desarrollo, actualización y disposición de dicha información, en coordinación con los entes territoriales.
(noviembre 11) por la cual se derogan las Resoluciones números 000044, 000045 y 000052 de 2026, mediante las cuales se declararon Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios de la región norte del departamento del Tolima, y se dictan otras disposiciones.
Que, tratándose de instrumentos de carácter general dirigidos a realizar fines constitucionalmente imperativos, la autoridad competente conserva, dentro del marco constitucional y legal, la facultad de revisar su mérito, conveniencia, eficacia e idoneidad y, cuando una evaluación integral concluya que han dejado de constituir una respuesta adecuada, necesaria o proporcionada para la satisfacción del interés público, podrá modificarlos o derogarlos mediante un acto de igual naturaleza y jerarquía.
Que la derogatoria de un acto administrativo general opera hacia el futuro y se funda en un juicio actual de mérito, idoneidad, conveniencia y proporcionalidad, sin perjuicio del control de legalidad que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 208 de la Constitución Política, 58 y 59 de la Ley 489 de 1998, los numerales 2, 3 y 25 del artículo 6° del Decreto número 1985 de 2013 y el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 y,
CONSIDERANDO:
II.
ANTECEDENTES DE LAS APPA DECLARADAS EN LA REGIÓN
NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y ALCANCE DE LA REVISIÓN
I.
FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ESTÁNDAR EXIGIBLE AL INSTRUMENTO
Que el artículo 65 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2025, radica en el Estado el deber de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación adecuada, con enfoque intercultural y territorial, y de dispensar protección especial a la producción y al acceso a los alimentos; al tiempo que ordena priorizar el desarrollo sostenible e integral de las actividades agrícolas, agroalimentarias, agroindustriales, agroecológicas, pecuarias, pesqueras, acuáticas, forestales y campesinas, junto con la infraestructura que haga posible la disponibilidad de alimentos.
Que el Decreto número 2064 de 2023 “por el cual se reglamentan los artículos 12 y 13 de la Ley 300 de 1996 en materia de planeación y descentralización del turismo” adicionó el Capítulo 14, Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo, y en el parágrafo 1° de literal d) del artículo 2.2.4.14.6 dispuso que “Los instrumentos de planificación turística territorial deben ser desarrollados considerando los determinantes de ordenamiento territorial y su orden de prevalencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026”.
Que el artículo 64 superior, modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2023, reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, por razón del vínculo singular que mantiene con la tierra, sustentado en la producción de alimentos y en la garantía de la soberanía alimentaria, y manda proteger sus dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental.
Que la protección constitucional reforzada de la producción de alimentos no se agota en la existencia formal de un instrumento de intervención. Exige, además, que la medida administrativa adoptada sea materialmente capaz de identificar y amparar la realidad productiva sobre la que recae, descanse en información técnica cierta y verificable, permita reconstruir y comprobar técnicamente el procedimiento de delimitación, y produzca efectos territoriales coherentes y proporcionados con el fin constitucional que la justifica.
Que, mediante la Resolución número 352 del 9 de diciembre de 2024, publicada en el Diario Oficial número 52.973 del 17 de diciembre de 2024, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural identificó, como ejercicio previo a la declaratoria, una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en el corredor agropecuario cordillera norte occidental del departamento del Tolima, conformado por los municipios de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno, con fundamento en el documento metodológico de la UPRA de 2024, sus anexos y la cartografía disponible en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA); acto de naturaleza preliminar e indicativa que, conforme al criterio fijado por el Consejo de Estado en auto del 17 de enero de 2025, proferido dentro del radicado 11001-03-24-000-2024-00194-00 respecto de un acto de identificación de idéntica naturaleza -invocado expresamente en los considerandos de las tres resoluciones que a continuación se relacionan-, no crea, modifica ni extingue situación jurídica alguna ni afecta el ordenamiento territorial de los municipios que comprende.
Que esa exigencia no se atenúa en la región norte del departamento del Tolima, territorio de la vertiente oriental de la cordillera Central de marcada vocación agropecuaria y campesina, en el que los documentos técnicos de soporte de las declaratorias registran, Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 20 DIARIO OFICIAL expediente recibida el 2 de octubre de 2026; y que las mediciones se ejecutaron en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional, código EPSG 9377, con parámetros declarados y reproducibles.
Que, agotado el procedimiento de identificación y declaratoria, este Ministerio expidió las siguientes tres resoluciones, mediante las cuales declaró Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, en calidad de determinante de ordenamiento territorial de nivel 2, en la totalidad de los ocho municipios comprendidos en la ZPPA del norte del Tolima, cada una sustentada en su propio documento técnico de soporte elaborado por la UPRA en el año 2025 y en anexos regionales comunes:
Resolución Fecha Municipios Área declarada Que el método de la revisión clasificó cada afirmación según su nivel de soporte -soporte documental directo, con su página; publicación oficial externa, con su emisor y fecha de consulta; medición propia, con el procedimiento declarado; y constatación de ausencia, con el universo de búsqueda declarado-, y enunció toda afirmación negativa como ausencia en el expediente revisado y nunca como ausencia fáctica.
(ha)· Publicación en el SUCOP Fresno, Herveo y 000044 de 2026 10 de febrero de 2026 Murillo 12.382,14 4 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 Palocabildo, Casa- bianca, Líbano y 24.409,26 4 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 000045 de 2026 12 de febrero de 2026 Villahermosa Que la revisión dejó constancia expresa de lo que resultó conforme, en particular la concordancia de las tres fuentes de superficie del ámbito; la ausencia de concurrencia del ámbito con las ciento dos áreas protegidas inscritas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) examinadas, con una superficie de intersección de 0,00 hectáreas; la distancia de más de cinco kilómetros entre el ámbito y el Parque Nacional Natural Los Nevados; la identidad de las definiciones de uso compatible y condicionado en los tres documentos; y la ausencia de contratos de hidrocarburos concurrentes, corroborada sobre el servicio oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; de modo que los aspectos que a continuación se relacionan corresponden únicamente a aquellos que no resistieron la verificación.
000052 de 2026 24 de febrero de 2026 Falan 11.703,07 4 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 Total Ocho municipios 48.494,47 Que las tres declaratorias comprenden en conjunto 48.494,47 hectáreas, cifra que concuerda con el campo de superficie de las capas vectoriales entregadas y con la medición geométrica practicada en la revisión técnica dentro de una diferencia de 0,03 hectáreas, equivalente a 0,62 partes por millón; y que la superficie declarada representa proporciones muy disímiles del territorio de cada municipio: el 79,73 % del área municipal de Palocabildo, el 64,48 % de la de Falan, el 45,79 % de la de Líbano y el 31,02 % de la de Fresno, frente al 14,00 % de Villahermosa, el 12,65 % de Casabianca, el 10,68 % de Murillo y el 3,46 % de Herveo.
Que, por la naturaleza de las APPA como determinantes de superior jerarquía y por su incidencia directa sobre la planificación municipal y la reglamentación de los usos del suelo, el análisis examinó si los elementos técnicos disponibles permiten reconstruir el procedimiento de delimitación, conocer su precisión, verificar que las exclusiones previstas se ejecutaron, establecer la aptitud efectiva del suelo para el objeto declarado, cuantificar las actividades concurrentes y sostener, en suma, la correspondencia entre el ámbito declarado y el fin de protección que persigue.
III. ASPECTOS ESTRUCTURALES IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN
TÉCNICA 3.1. Carácter preliminar del área de partida y reproducibilidad del modelo cartográfico Que cada una de las tres resoluciones dispuso en sus considerandos que, con la declaratoria, la zona preliminar e indicativa identificada en la Resolución número 352 de 2024 “quedará sin efectos” en lo que respecta a los municipios declarados, “en tanto será acotada por la delimitación definitiva establecida mediante el presente acto administrativo”, si bien las tres reproducen, con fórmula idéntica, la referencia a “estos dos municipios”, pese a declarar sobre tres, cuatro y un municipio, respectivamente.
Que la primera etapa del modelo de identificación toma como área de partida la frontera agrícola habilitada para APPA, que los documentos técnicos reportan en 13.918,10 hectáreas para Falan, 20.790,50 hectáreas para Fresno, Herveo y Murillo y 31.183,71 hectáreas para Palocabildo, Casabianca, Villahermosa y Líbano; y que el anexo regional de frontera agrícola y análisis ambiental, común a los tres actos, califica como preliminar el insumo sobre el cual se construyó dicha área, en los siguientes términos:
“[...] las áreas presentadas son preliminares, esto, debido a que el procesamiento no contempla la totalidad de las etapas del flujo de procesamiento para la actualización de la frontera agrícola nacional” (anexo regional de frontera agrícola y análisis ambiental, página 101).
Que los tres actos conforman una unidad metodológica, documental y territorial: se fundan en la misma disposición legal y en la misma identificación preliminar; incorporan en su parte motiva un juicio expreso de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, formulado en términos idénticos; fueron sometidos a consulta pública en una misma ventana del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) y expedidos en un lapso de catorce días; se sustentan en un mismo modelo cartográfico de cinco etapas, descrito con texto idéntico en los tres documentos técnicos de soporte; y comparten el anexo regional de frontera agrícola y análisis ambiental, el anexo minero-energético y los anexos de análisis de determinantes de patrimonio, turismo e infraestructura del departamento del Tolima.
Que el artículo 5° de cada una de las tres resoluciones dispuso que este Ministerio, con el apoyo de la UPRA, evaluaría el impacto de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos cada cinco (5) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la respectiva APPA, o cuando se requiriera.
Que el mismo anexo registra que el municipio de Falan, con el 93 % de su área sin plan de ordenación y manejo de cuenca adoptado, fue analizado a escala 1:100.000, mientras el resto del ámbito se analizó a escala 1:25.000, sin que las tablas que suman ambas fuentes adviertan esa diferencia; y que el apéndice denominado “Flujo FA Actual Tolima APPA”, incorporado en la copia ampliada del expediente, corresponde al formulario con el que se solicitó el procesamiento y no a la memoria de las operaciones practicadas, pues contiene rutas a una geodatabase que no obra en el expediente y trescientas veintisiete filas con las columnas de figura, zona y subzona finales vacías, de modo que la cadena de exclusiones que conduce del área de partida al ámbito declarado no es reconstruible por un tercero con lo que obra en el expediente.
Que dicho mecanismo de evaluación no resulta suficiente frente al alcance de los aspectos identificados en la revisión técnica, en la medida en que estos no se circunscriben a la geometría final de los polígonos, sino que comprenden la información utilizada como área de partida, la reproducibilidad del modelo cartográfico, la incorporación de las determinantes concurrentes, la exclusión de las áreas de amenaza y riesgo, la evaluación de la aptitud productiva y la correspondencia entre el ámbito delimitado y la realidad productiva de los municipios.
Que, con posterioridad a las tres declaratorias, este Ministerio expidió la Resolución número 000259 del 31 de julio de 2026 y adoptó la “Metodología para la identificación general de la Frontera Agrícola en Colombia, escala 1:100.000, actualización con enfoque de derechos, UPRA 2026”, la cual precisa que la frontera agrícola no sustituye los estudios técnicos ni la cartografía de mayor detalle para la adopción de decisiones a escala regional, municipal o predial; y que, si bien la expedición de una metodología posterior no implica por sí misma la invalidez de los actos previamente expedidos, su existencia refuerza la necesidad de revisar delimitaciones que partieron de información expresamente calificada como preliminar.
3.2. Reglas del postproceso cartográfico y precisión del límite declarado.
Que, en virtud de las atribuciones conferidas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por los artículos 208 de la Constitución Política, 58 y 59 de la Ley 489 de 1998 y los numerales 2, 3 y 25 del artículo 6° del Decreto número 1985 de 2013, corresponde a esta autoridad dirigir la política del sector, ejercer las funciones de regulación que le atribuye el ordenamiento jurídico y expedir los actos administrativos generales necesarios para el cumplimiento de sus competencias, atribuciones que comprenden la potestad de revisar, modificar o derogar los actos generales que haya expedido cuando una evaluación debidamente motivada evidencie que su permanencia no resulta adecuada para la realización del interés público y de las finalidades constitucionales y legales que justificaron su adopción.
Que los tres documentos técnicos describen, con texto idéntico, un postproceso de dos reglas consecutivas que determina la composición final de la capa: la primera elimina los polígonos inferiores a 1,56 hectáreas por corresponder al área mínima representable a escala 1:25.000; y la segunda expande los polígonos a la “distancia promedio” entre ellos y elimina los que permanecen aislados.
Que, en ejercicio de ese deber de evaluación, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) elaboró el Documento Técnico de Soporte “Revisión técnica de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos declaradas en el norte del departamento del Tolima. Resoluciones números 000052, 000044 y 000045 de 2026”, Versión 1 del 5 de octubre de 2026, junto con sus anexos: Anexo A, matriz de trazabilidad; Anexo 8, parámetros de reproducción de las mediciones; Anexo C, inventario de fuentes; y Anexo D, normativa citada.
Que la revisión constató que la primera regla no se cumple en ninguna de las tres capas adoptadas, en las que subsisten veinte partes aisladas por debajo del umbral declarado, situadas a distancias de entre 40,5 y 345,5 metros de la parte mayor más próxima; y que la segunda no consigna, en ninguno de los tres documentos ni en sus anexos, el valor de la distancia empleada, de modo que el paso de la intersección al polígono final no puede reproducirse con la información publicada.
Que la revisión examinó diecisiete asuntos técnicos sobre los tres documentos técnicos de soporte, el anexo ambiental regional, el anexo minero-energético, los actos administrativos, las memorias justificativas, las comunicaciones del trámite y las tres capas vectoriales del anexo cartográfico, contrastados con los servicios oficiales de datos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, e incorporó la copia ampliada del Que, adicionalmente, los tres documentos técnicos invocan la escala 1:25.000 como escala de ordenamiento territorial, pero parten de una frontera agrícola elaborada a escala 1:100.000, sin establecer cuál de las dos gobierna la precisión del producto final;
21 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL y que la ausencia de soporte de la exclusión en el municipio de mayor superficie declarada impide establecer qué régimen prevalece en las áreas concernidas. y que, conforme al artículo 8° de la Resolución número 261 de 2018, modificada por la Resolución número 000327 de 2025, la identificación general de la Frontera Agrícola Nacional se elabora a escala 1:100.000 y no aplica para análisis prediales, mientras que la determinante de nivel 2 se incorpora a los planes de ordenamiento territorial y, según el parágrafo del artículo 4° de las propias resoluciones, su cumplimiento debe ser verificado por las autoridades competentes para la expedición de licencias urbanísticas, esto es, opera sobre predios concretos.
3.5. Aptitud productiva y correspondencia con la realidad productiva del territorio Que dos de los cuatro criterios declarados en la etapa de aptitud productiva no seleccionan en el ámbito: las clases agrológicas I, II y III suman 1.203,76 hectáreas-874,72 en Falan y 329,04 en Líbano, todas de clase III-, equivalentes al 2,48 % de las 48.494,47 hectáreas declaradas, y las figuras de ordenamiento social de la propiedad rural no existen en ninguno de los ocho municipios.
Que, en consecuencia, el municipio obligado a incorporar la determinante no puede establecer hasta dónde el límite es preciso ni cuánta precisión propia debe aportar al trasladarlo a sus instrumentos, circunstancia que compromete la aptitud técnica del producto para continuar soportando efectos territoriales vinculantes de esa intensidad.
3.3. Incorporación de las determinantes de ordenamiento: patrimonio cultural y proyectos turísticos Que el documento técnico de Fresno, Herveo y Murillo declara que no cuenta con suelos de las clases agrológicas I, II y III, de modo que la totalidad de las 29.665 hectáreas que ese documento reporta en la zonificación de aptitud alta A1 para los alimentos prioritarios (tabla 62, página 164) recae sobre suelos de clases distintas; superficie que corresponde a uno solo de los criterios de la etapa y no a su resultado integrado, que el mismo documento cuantifica en 52.907,06 hectáreas (tabla 64, página 169).
Que la etapa del modelo que incorpora las determinantes de ordenamiento territorial de niveles 3 a 6 excluyó 4,63 hectáreas sobre las 48.494,47 declaradas, equivalentes al 0,01 % del ámbito, correspondientes a la estación gasificadora de Padua y a una estación de bombeo de hidrocarburos en Herveo, y que en Falan y en Palocabildo, Casabianca, Villahermosa y Líbano los documentos consignan que no se generaron exclusiones por dichas determinantes.
Que la etapa reporta una sola categoría de aptitud -la alta A1- y su resultado abarca el 86,71 % del área municipal en Falan, el 54,99 % en Fresno, Herveo y Murillo y el 66,22 % en Palocabildo, Casabianca, Villahermosa y Líbano, lo que evidencia una reducida capacidad de selección de los suelos que efectivamente revisten importancia estratégica para la producción de alimentos y explica que la declaratoria haya alcanzado el 79,73 % del territorio de Palocabildo y el 64,48 % del de Falan.
Que un instrumento cuya selección de suelos recae predominantemente sobre clases agrológicas distintas de las de mayor capacidad productiva, que reporta una sola categoría de aptitud y que no discrimina entre los suelos estratégicos y la generalidad del área rural no acredita la correspondencia verificable entre el medio empleado y el fin perseguido que el juicio de idoneidad exige.
3.6. Concurrencia con actividades extractivas Que las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural de la Nación figuran entre las determinantes de superior jerarquía relacionadas en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997; y que los tres documentos técnicos declaran, con fórmula idéntica, que los vestigios arqueológicos identificados en la zona rural “no cuentan con la declaratoria correspondiente, por ello no se excluyen de las APPA”, criterio que no coincide con el régimen legal de esos bienes, por cuanto el Decreto número 1080 de 2015, modificado por el Decreto número 138 de 2019, dispone en su artículo 2.6.1.5 que los bienes integrantes del patrimonio arqueológico no requieren declaratoria adicional para tener la condición de bienes de interés cultural, y en su artículo 2.6.2.1 que su propiedad corresponde a la Nación, en concordancia con la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008.
Que la concurrencia del ámbito declarado con títulos mineros no constituye, por sí misma, objeción a la declaratoria, en tanto el artículo 6° de cada una de las tres resoluciones reconoce expresamente los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas; y que lo verificado es si la magnitud de esa concurrencia fue identificada y si el criterio declarado fue aplicado de manera verificable.
Que el anexo de patrimonio del expediente reconoce que el cruce espacial de los treinta y ocho sitios arqueológicos registrados con el ámbito no se practicó; que, en Falan, el documento técnico identifica los sitios LV-SAR-23 La Estrella y LV-SAR-24 Chamullo, que quedaron en régimen de coexistencia; y que el conjunto patrimonial de las Ruinas de las Reales Minas de Santa Ana, en ese municipio, sí fue excluido por su destinación de preservación, pero cuantificado con dos cifras distintas dentro del mismo documento - 55,22 hectáreas en las tablas 22 y 24 y 193,07 hectáreas en la tabla 41-, mientras el anexo de patrimonio lo descarta como determinante con un fundamento diferente.
Que los tres documentos técnicos declaran un criterio por mineral, conforme al cual se excluyen los títulos de materiales de construcción y arcillas y los demás quedan en relación de coexistencia; que la lista de los títulos excluidos se publica con su mineral, pero la de los títulos en coexistencia no, de modo que sobre 6.733,93 hectáreas -el 57,54 % del área declarada en Falan- la aplicación del criterio no puede verificarse con la información del expediente; y que el anexo minero-energético publica un total de 11.110,69 hectáreas que no corresponde a la suma de sus filas, declara treinta y un títulos sobre un universo que el mismo anexo fija en treinta y mantiene en coexistencia el Título IIR-10231, que ampara arcillas, pese a que el criterio declarado ordena excluirlas.
3.7. Zonificación y régimen de usos Que la determinante de proyectos turísticos especiales se cerró en los tres actos con la fórmula según la cual no se encontraron proyectos turísticos especiales adoptados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pese a que el inventario de atractivos turísticos de esa entidad fue solicitado, allegado y radicado bajo el número 2024-2-002294 del 11 de abril de 2024 sin que obre cruce espacial alguno con el ámbito, y pese a que los mismos documentos reconocen, en su Capítulo de Caracterización, una dinámica de sustitución de usos por efecto del turismo, concentrada en Murillo y Líbano.
Que la regla de zonificación, según la cual en caso de traslape se asigna la zona que responda a la figura ambiental más restrictiva, se declara sin que su aplicación quede trazada: en Falan la totalidad del área quedó en zona principal pese a 6.845,37 hectáreas de traslape con áreas importantes para la conservación de las aves y con planes de ordenación y manejo de cuencas, mientras en Herveo la misma regla produjo 480,07 hectáreas de zona compatible, coincidentes con la Reserva Forestal Central de la Ley 2ª de 1959.
3.4. Exclusión de las categorías del suelo rural municipal y tratamiento de la amenaza y el riesgo Que el procedimiento de identificación prevé excluir del área las categorías del suelo rural que los instrumentos municipales clasifican como de protección, entre las cuales los propios documentos técnicos relacionan las áreas en condición de amenaza alta por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales; y que, no obstante, ninguno de los tres actos excluyó categoría alguna de amenaza o riesgo.
Que los documentos emplean tres categorías de uso -principal, compatible y condicionado- donde el artículo 1° del Decreto número 3600 de 2007, compilado en el Decreto número 1077 de 2015, prevé cuatro, sin emplear la categoría de uso prohibido; y que la memoria justificativa del acto de Falan documenta que, con posterioridad a la consulta pública, se eliminaron del documento técnico las referencias a “restricciones” o “prohibiciones”, circunstancia que resta claridad al régimen de usos que los municipios deben incorporar.
3.8. Participación, consistencia interna, integridad documental y trazabilidad de los actos Que la capa entregada rotula 6.534,97 hectáreas -el 13,48 % del ámbito- con amenaza de remoción en masa muy alta, de las cuales 3.786,70 hectáreas corresponden al ámbito de la Resolución número 000044 de 2026, el 30,58 % de este, 2.733,87 hectáreas al de la Resolución número 000045 de 2026 y 14,40 hectáreas al de la Resolución número 000052 de 2026; y que el anexo regional de frontera agrícola y análisis ambiental consigna que en mesa de trabajo con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) del 8 de mayo de 2025 se reclasificaron las zonas de amenaza alta de los planes de ordenación y manejo de cuencas a la categoría de restricción, con disenso respecto de las cuencas de los ríos Guarinó y Gualí, sin que esa reclasificación se haya trasladado a los documentos técnicos de soporte ni a sus tablas de exclusiones.
Que la consulta pública de los tres actos recibió cuatrocientos dos (402) comentarios y acogió veinticuatro (24), el 6,0 %; que en el acto de Falan ciento veinte (120) comentarios -el 42,1 %- se contestaron con respuestas literalmente idénticas entre observaciones distintas y siete no recibieron respuesta de fondo; y que el artículo 1° del proyecto de Falan sometido a consulta declaraba 11.793,07 hectáreas y el acto expedido declara 11.703,07, con una diferencia de 90,00 hectáreas exactas que el expediente no cuantifica ni motiva, mientras las memorias justificativas afirman que los ajustes posteriores a la consulta no afectaron de ninguna manera el área declarada y publicada.
Que el documento técnico de soporte de la declaratoria de Falan reconoce expresamente que el municipio “no ha establecido suelos de protección por amenaza alta no mitigable”; y que la Gobernación del Tolima observó durante la consulta pública de los tres actos que el municipio de Líbano -el de mayor superficie declarada, con 13.039,38 hectáreas, el 26,89 % del ámbito- no cuenta con instrumento de ordenamiento territorial vigente por haber sido anulado judicialmente, y preguntó bajo qué criterios se adelantó la etapa de exclusión, sin que las matrices de respuesta contengan respuesta a esa observación.
Que orientar hacia la protección de la producción de alimentos suelos que las categorías de protección del suelo rural y los principios de la gestión del riesgo de desastres de la Ley 1523 de 2012 orientan a la restricción no constituye un medio conducente al fin perseguido, Que la revisión identificó, además, cuatro totales publicados que no corresponden al resultado de la operación que los produce: en el documento técnico de Falan, la tabla 41 (página 145) presenta como 208,51 hectáreas la suma de 47,97 y 193,07, cuyo resultado es 241,04, con una diferencia de 32,53 hectáreas, y la tabla 47 (página 155) presenta como 9,13 % la proporción de 6.292,47 sobre 18.151,36 hectáreas, cuyo resultado es 34,67 %, con una diferencia de 25,54 puntos porcentuales; y en el documento técnico de Fresno, Herveo y Murillo, la página 155 reporta como frontera agrícola habilitada 96.581,67 hectáreas, cifra que corresponde a la suma de las áreas municipales, frente a 20.790,50 hectáreas de frontera habilitada, con una diferencia de 75.791,17 hectáreas, Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 22 DIARIO OFICIAL aptas para realizar el contenido protegido del derecho y respondan a las circunstancias territoriales y poblacionales sobre las que despliegan sus efectos. y la tabla 66 (página 174) presenta como 0,001 % la proporción de 6,33 sobre 4.488,46 hectáreas, cuyo resultado es 0,14 %, con una diferencia de 0,139 puntos porcentuales; que, en un plano distinto al aritmético, el mismo documento de Falan cuantifica la exclusión por patrimonio con dos cifras diferentes -55,22 hectáreas en las tablas 22 y 24 (páginas 111 y 115) y 193,07 hectáreas en la tabla 41-, con una diferencia de 137,85 hectáreas, sin establecer cuál corresponde a la superficie efectivamente sustraída del ámbito; que cada documento técnico emplea más de un juego de áreas municipales sin declarar su origen, con diferencias de hasta 648,80 hectáreas.
Que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el mandato de progresividad impone ampliar de forma gradual la cobertura y el grado de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, al tiempo que proscribe la adopción de medidas regresivas; y ha precisado que la protección de los contenidos mínimos o esenciales de tales derechos no se agota en su declaración normativa, en tanto compromete obligaciones estatales de garantía cuyo cumplimiento debe ser real y efectivo, razón por la cual la valoración de las medidas estatales debe centrarse en su idoneidad efectiva para asegurar el derecho comprometido y no limitarse a constatar su subsistencia formal.
Que, siendo ello así, la especial protección constitucional de la producción de alimentos y la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación no imponen la conservación de una configuración administrativa determinada cuando una revisión integral, técnica y debidamente motivada pone de presente limitaciones estructurales que menguan su capacidad para identificar las áreas objeto de protección, representar la realidad territorial y productiva o fijar cargas territoriales coherentes y verificables. En ese escenario, insistir en la vigencia del instrumento pese a la insuficiencia acreditada de sus presupuestos técnicos equivaldría a prolongar una intervención incapaz de realizar de manera eficaz la finalidad constitucional y legal que motivó su adopción.
Que el expediente contiene seis pasajes que identifican municipios o departamentos ajenos a los tres actos, de los cuales solo uno fue advertido y corregido -la remisión que el parágrafo 1° del artículo 1° del proyecto de Falan hacía al documento técnico de soporte de Hispania y Jardín, en el departamento de Antioquia-, mientras permanecieron sin advertir, entre otros, las secciones del anexo minero-energético referidas al departamento de Antioquia, una conclusión referida al municipio de Tenjo, la referencia al municipio de Falan en el artículo 3° de los proyectos de las otras dos resoluciones y la incorporación, en la matriz de respuestas del acto de Falan, de 2.891,32 hectáreas correspondientes al municipio de Jardín, en el departamento de Antioquia, circunstancia esta última que no constituye un error de redacción sino la inclusión de superficie de otro departamento en el instrumento con el que se dio respuesta a la ciudadanía; a lo cual se suma que la memoria justificativa final del acto de Fresno, Herveo y Murillo sitúa esos municipios en la “región suroeste del departamento de Tolima”
Que la derogatoria de un instrumento general en estas condiciones no supone renunciar al deber de proteger la producción de alimentos ni desatender el derecho humano a la alimentación, sino asegurar que las actuaciones administrativas destinadas a realizar tales mandatos se sustenten en criterios técnicamente reproducibles, guarden una relación razonable con la realidad territorial y productiva y sean idóneas, necesarias y proporcionadas para alcanzar una protección material y efectiva.
Que las tres memorias justificativas de las declaratorias son sustancialmente el mismo documento, diligencian el campo de estudios técnicos con una sola línea y el de impacto económico con la expresión “No se requiere”, y no registran cifra alguna del área declarada; y que los tres actos fueron publicados como imagen escaneada sin capa de texto, lo que impide su consulta, búsqueda y acceso mediante lectores de pantalla.
IV. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS RESULTADOS TÉCNICOS Y SU
INCIDENCIA JURÍDICA
Que la presente decisión no comporta juicio alguno sobre la validez originaria de las tres resoluciones, las cuales conservan su presunción de legalidad, ni pretende sustituir el control que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino que se circunscribe a la valoración administrativa de mérito, conveniencia y proporcionalidad que el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 impone a la autoridad al decidir sobre la permanencia de sus propios actos de carácter general, en ejercicio del mecanismo de evaluación previsto en el artículo 5° de cada uno de ellos.
V.
COMPONENTE ÉTNICO Y CONSULTA PREVIA
Que, examinados en conjunto, los aspectos precedentes no corresponden a asuntos formales susceptibles de una corrección puntual, pues sus efectos se proyectan sobre elementos estructurales del instrumento, a saber: el carácter preliminar del insumo tomado como área de partida, la reproducibilidad del modelo cartográfico, la incorporación de las determinantes concurrentes, la exclusión de las áreas de amenaza y riesgo, la evaluación de la aptitud efectiva del suelo para el objeto declarado, la verificabilidad de la concurrencia extractiva y la trazabilidad de la zonificación.
Que dichos aspectos recaen, además, sobre fases sucesivas de un mismo proceso, de modo que su efecto se acumula sobre el mismo producto; y que, si bien la revisión constató que el producto cartográfico finalmente adoptado es el componente que mejor resiste la verificación, la exactitud del trazo de un límite no suple la falta de fundamento verificable de las fases que lo generaron. Así lo concluye el propio Documento Técnico de Soporte de revisión, al señalar que los resultados consignados “inciden en fases distintas del proceso y no se atienden de manera integral mediante un ajuste aislado del polígono final”.
Que, conforme al Decreto número 2353 de 2019, corresponde a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa respecto de proyectos, obras, actividades y medidas administrativas o legislativas, así como adelantar los procesos consultivos a que haya lugar; competencia que, según lo previsto en esa misma disposición y en las Directivas Presidenciales números 01 de 2010, 10 de 2013 y 08 de 2020, no se activa de oficio sino a solicitud del ejecutor de la medida, sobre quien recae el deber de elevarla cuando estime que la medida puede llegar a afectar directamente a comunidades étnicas. Dicha determinación no puede ser sustituida por la valoración propia de la entidad que proyecta la medida ni suplirse mediante un ejercicio cartográfico.
Que, por compartir los tres actos el mismo modelo, los mismos anexos regionales y la misma metodología de postproceso, los aspectos identificados no son predicables de un acto aislado sino del ejercicio en su conjunto, que ocho municipios están obligados a incorporar en sus instrumentos de ordenamiento territorial.
Que, de acuerdo con la información del DANE recogida en los documentos técnicos de soporte, en el corredor norte del Tolima el 0,06 % de la población se autorreconoce como indígena y el,11 % como negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana; que la UPRA solicitó a los municipios la información sobre territorios étnicos, y ninguno de los documentos técnicos registra resguardos indígenas, consejos comunitarios, zonas de reserva campesina constituidas ni territorios campesinos agroalimentarios dentro del ámbito declarado.
Que la única figura de la tipología étnico-cultural que registra el expediente corresponde a 15,03 hectáreas de frontera agrícola condicionada habilitada en el municipio de Falan, que coinciden con el Área de Reserva Especial minera ARE-TGD-08002X, figura propia de la minería tradicional regulada por el artículo 31 de la Ley 685 de 2001, que no equivale a un territorio colectivo étnico formalizado y que, en todo caso, fue excluida del ámbito en la cuarta etapa del modelo, conforme a las tablas 38 y 42 del documento técnico de soporte de esa declaratoria.
Que, en esas condiciones, las delimitaciones declaradas mediante las Resoluciones números 000044, 000045 y 000052 de 2026, en su configuración actual, no superan el juicio de idoneidad exigible a toda determinante de ordenamiento territorial, por cuanto carecen de la aptitud material suficiente para identificar y proteger, con la certeza técnica requerida, las áreas efectivamente llamadas a realizar el propósito constitucional de garantizar la producción de alimentos en el norte del Tolima. La idoneidad, en tanto primer presupuesto del juicio de proporcionalidad, no se satisface con la mera aptitud formal del instrumento para perseguir un fin constitucionalmente legítimo, sino que exige una correspondencia verificable entre el medio empleado y la realidad territorial y productiva sobre la que se pretende incidir, correspondencia que, en el caso analizado, no logra acreditarse.
Que ninguna de las tres resoluciones ni los documentos técnicos de soporte o las memorias justificativas consultados dan cuenta de un pronunciamiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre la procedencia de la consulta previa respecto de las declaratorias, ni de trámite consultivo alguno surtido con comunidades étnicas, circunstancia que se consigna como ausencia documental y no como afirmación sobre la existencia del hecho.
Que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-123 de 2018, fijó la afectación directa como criterio determinante de la procedencia de la consulta previa, y que ese examen corresponde adelantarlo a la autoridad nacional competente y no a la entidad ejecutora.
Que dicha falta de idoneidad adquiere una relevancia jurídica cualificada en atención a la naturaleza y a los efectos propios de las APPA, las cuales, al constituir determinantes de ordenamiento territorial de obligatorio acatamiento, condicionan de manera directa la planificación municipal, la reglamentación de los usos del suelo y la expedición de licencias urbanísticas. Tratándose de una intervención estatal de esa entidad e intensidad -que en el presente caso recae sobre 48.494,47 hectáreas en ocho municipios y alcanza más de las tres cuartas partes del territorio de uno de ellos-, el estándar de control aplicable no puede ser laxo: exige un fundamento técnico coherente, verificable y estrictamente proporcional a la magnitud de las consecuencias jurídicas que de él se derivan, en consonancia con el juicio estricto de proporcionalidad que gobierna las medidas administrativas de mayor incidencia sobre derechos, competencias y autonomías territoriales constitucionalmente protegidas.
Que la efectividad de los derechos fundamentales no se agota en la simple expedición o permanencia formal de los instrumentos administrativos concebidos para su protección, sino que su carácter exigible obliga a las autoridades a adoptar y sostener medidas que, fundadas en información suficiente, verificable y actualizada, resulten materialmente Que la presente decisión no requiere, en sí misma, el agotamiento de un proceso de consulta previa, comoquiera que no impone medidas, restricciones ni intervenciones sobre los territorios de las comunidades étnicas: por el contrario, retira del ordenamiento unas determinantes respecto de cuyo ámbito el expediente no documenta superposición con territorios étnicos formalizados, de modo que no se configura una afectación directa, específica y diferenciada en los términos del artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado mediante la Ley 21 de 1991, y de 23 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL la jurisprudencia constitucional; ello sin perjuicio del deber de comunicar la decisión al Ministerio del Interior y a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
Que, en consecuencia, cualquier nuevo proceso de identificación y declaratoria de APPA en la región norte del departamento del Tolima deberá iniciarse con la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, acompañada del proyecto normativo en versión definitiva, de la memoria justificativa y de sus documentos anexos.
VI. AUTONOMÍA TERRITORIAL, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Que la Constitución Política reconoce en sus artículos 287 y 311 la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses y radica en los municipios la función de ordenar el desarrollo de su territorio, al paso que el numeral 7 del artículo 313 superior asigna a los concejos municipales la competencia para reglamentar los usos del suelo; y que, por mandato del artículo 288 ibidem, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales han de ejercerse con sujeción a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
Que dicho debate tiene expresión en el expediente D-16118, promovido contra el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 -fundamento legal invocado por las tres resoluciones objeto de derogatoria-, en el cual, mediante auto del 19 de marzo de 2025, la magistrada sustanciadora admitió el cargo por violación del principio de autonomía territorial derivado de los artículos 1, 287, 288, 311 y 313.7 de la Constitución Política; que, mediante concepto rendido el 23 de julio de 2025, el Procurador General de la Nación solicitó declarar la inexequibilidad de la disposición acusada; y que, mediante el Auto 1411 del 4 de septiembre de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional constató que durante el término de intervención se recibieron treinta y nueve intervenciones -siete solicitaron la exequibilidad, veintiocho la inexequibilidad, dos una decisión inhibitoria y dos no formularon solicitud expresa-, consideró que la materia había suscitado “un especial interés ciudadano” y convocó audiencia pública para el 29 de septiembre de 2025, con el fin de profundizar, entre otros aspectos, en el contenido, alcance, objetivos y procedimiento de constitución de las APPA, su relación con los instrumentos de ordenamiento territorial, la tensión entre autonomía territorial y cohesión estatal y sus efectos sobre los sectores vinculados al uso del suelo rural.
Que la admisión del cargo, el concepto del Ministerio Público y la convocatoria de la audiencia no anticipan el sentido de la decisión que corresponde adoptar a la Corte Constitucional ni constituyen, por sí mismos, fundamento de la presente derogatoria, pero sí reflejan que la discusión sobre las APPA involucra las condiciones jurídicas, técnicas, procedimentales y territoriales bajo las cuales una autoridad nacional puede adoptar una determinante de ordenamiento territorial que incida en la reglamentación municipal del suelo.
Que tales mandatos encuentran desarrollo legal en los numerales 1 a 3 del artículo 27 de la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que imponen a la Nación y a las entidades territoriales el ejercicio articulado, coherente y armónico de sus competencias, el despliegue de acciones conjuntas cuando concurra un objeto común y el respeto por la autonomía de las autoridades territoriales; deber que reiteran el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 y el numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, al exigir de las autoridades administrativas la coordinación y concertación de sus actuaciones con las demás instancias estatales competentes.
Que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, la acción popular radicada bajo el número 25000-23-41-000-2026-01249- 00, promovida contra este Ministerio, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y otras entidades del orden nacional, en la que se demandan actos administrativos relacionados con las zonas y áreas de protección para la producción de alimentos y con la frontera agrícola nacional; y que, a la fecha de expedición del presente acto, no obra orden judicial, medida cautelar ni decisión ejecutoriada que recaiga específicamente sobre las tres resoluciones objeto de derogatoria, ordene preservar sus efectos o impida su derogatoria.
Que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la reglamentación de los usos del suelo constituye una función esencial de los concejos municipales, aunque no exclusiva ni absoluta, y que dicha competencia debe articularse con las atribuciones que la Constitución y la ley asignan a otros niveles de gobierno, destacando en particular las Sentencias C-520 de 1994, C-535 de 1996, C-149 de 2010 y C-138 de 2020 -invocadas en la parte motiva de las resoluciones objeto de derogatoria- la relevancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en la articulación entre decisiones nacionales y competencias territoriales sobre el uso del suelo.
Que, precisamente por la intensidad de los efectos de una determinante de superior jerarquía sobre la planificación local, cuanto mayor sea su incidencia sobre las competencias municipales, mayor debe ser la solidez de su soporte técnico, la claridad de sus efectos, la coordinación institucional y la participación que sostienen la decisión, condiciones que, conforme a lo expuesto en el Capítulo III del presente acto, no se encuentran acreditadas en el grado que la magnitud de las declaratorias demanda.
Que, en el ámbito territorial e institucional, las observaciones formuladas durante la consulta pública de las declaratorias por la Gobernación del Tolima, por entidades territoriales y por actores gremiales y sociales -entre ellas la relativa a la ausencia de instrumento de ordenamiento territorial vigente en el municipio de Líbano y las relativas a la ausencia de estudio de impacto económico- evidencian que la legitimidad, aplicación y eficacia práctica de una determinante de ordenamiento territorial dependen de que sus presupuestos técnicos sean comprensibles y verificables, sus efectos jurídicos sean previsibles y su adopción se desarrolle mediante mecanismos suficientes de coordinación y participación.
VIII. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y PROCEDENCIA DE LA DERO-
GATORIA Que, para adoptar la presente decisión, este Ministerio evaluó la conservación de los tres actos, su modificación parcial, la derogatoria individual de alguno o algunos de ellos, la expedición de actos aclaratorios o correctivos, la suspensión de sus efectos y su derogatoria conjunta.
8.1. Conservación de los actos Que el artículo 1° del Decreto número 381 del 7 de abril de 2026 modificó los artículos 2.2.2.1.1.1, 2.2.2.1.1.2 y 2.2.2.1.1.3 del Decreto número 1077 de 2015 y estableció parámetros específicos para la coordinación institucional en la adopción o modificación de las determinantes de ordenamiento territorial, entre ellos la articulación con autoridades territoriales, regionales y esquemas asociativos; la identificación de la incidencia de la determinante sobre otras determinantes, proyectos en desarrollo e instrumentos de planificación territorial; la definición, cuando resulte pertinente, de actividades o mecanismos de participación; y la elaboración de un informe que documente las actividades de coordinación, los acuerdos alcanzados y las discrepancias no resueltas; y que su artículo 2° difirió la aplicación de lo anterior a los seis meses siguientes a su expedición, respecto de las determinantes cuyo proyecto no se hubiere publicado antes de ese término.
Que las tres declaratorias se surtieron íntegramente bajo el régimen de coordinación anterior a dicho decreto, comoquiera que sus proyectos se publicaron en el SUCOP entre el 4 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026 y los actos fueron expedidos entre el 10 y el 24 de febrero de 2026, esto es, con anterioridad a la expedición del Decreto número 381 de 2026.
Que la conservación de las tres resoluciones prolongaría los efectos vinculantes de unas delimitaciones cuya configuración actual presenta las dificultades estructurales descritas, entre ellas un área de partida que el propio soporte califica de preliminar, un procedimiento de identificación no reconstruible, la inclusión en el ámbito de superficies rotuladas con amenaza de remoción en masa muy alta sin exclusión alguna por amenaza o riesgo, y una evaluación de aptitud cuyos resultados recaen predominantemente sobre suelos distintos de las clases agrológicas de mayor capacidad.
Que esta alternativa mantendría determinantes de superior jerarquía sobre 48.494,47 hectáreas de ocho municipios mientras se adelantan actuaciones dirigidas a esclarecer o corregir los elementos que sustentan su delimitación, respuesta que no resulta adecuada frente a la exigencia de que las restricciones y efectos obligatorios derivados de una determinante cuenten con fundamento técnico verificable, suficiente y proporcional a su incidencia territorial.
8.2. Modificación parcial Que, por consiguiente, la eventual adopción de una nueva delimitación en la región norte del departamento del Tolima, por sus efectos vinculantes sobre el ordenamiento territorial, deberá sujetarse a los parámetros de coordinación del Decreto número 381 de 2026 y estar precedida de los mecanismos de coordinación y participación que permitan a los municipios, a la Gobernación del Tolima, a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), a las autoridades del sector cultura y a los actores sociales, campesinos, productivos y gremiales concernidos conocer oportunamente la información relevante, formular observaciones y aportar elementos sobre las condiciones territoriales que deban ser valoradas, en los términos del numeral 6 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, del artículo número 32 de la Ley 489 de 1998 y del artículo 64 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2023.
VII. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y ACTUACIONES JUDICIALES EN
CURSO
Que una modificación limitada a la geometría de los polígonos no resolvería las dificultades relativas al carácter preliminar del área de partida, a la reproducibilidad del modelo, a la incorporación de las determinantes concurrentes, a la exclusión de las áreas de amenaza y riesgo ni a la evaluación de la aptitud efectiva del suelo; y que la corrección de esas fases exigiría rehacer el proceso de identificación desde su insumo inicial, lo que excede el alcance de una modificación y equivale, en sustancia, a una nueva delimitación.
Que el mecanismo de evaluación previsto en el artículo 5° de las propias resoluciones no tiene la aptitud de subsanar condiciones de operación del instrumento, sino que presupone un instrumento que opera, y que su ejercicio es, precisamente, el que ha conducido a la presente decisión.
Que desde la creación e implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos se ha suscitado un debate público e institucional relevante sobre el alcance de esta determinante, la distribución constitucional de competencias en materia de ordenamiento del suelo rural y los efectos que una decisión nacional de superior jerarquía puede producir sobre la autonomía territorial, las actividades productivas, la seguridad jurídica y los procesos municipales de planificación.
Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 24 DIARIO OFICIAL 8.3. Derogatoria individual de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, ni las competencias que esa disposición atribuye a este Ministerio y a la UPRA.
Que, consideradas en su conjunto, las dificultades identificadas impiden mantener razonablemente los efectos obligatorios de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos declaradas en la región norte del departamento del Tolima.
Que la derogatoria de solo alguno o algunos de los actos tampoco resulta adecuada, comoquiera que los tres procesos comparten el mismo modelo cartográfico, el mismo anexo regional de frontera agrícola y análisis ambiental, el mismo anexo minero-energético y la misma metodología de postproceso, de modo que las limitaciones identificadas en el área de partida, en la reproducibilidad del modelo, en las reglas del postproceso, en el tratamiento de la amenaza y en la evaluación de aptitud se originan en elementos empleados transversalmente en las tres delimitaciones.
Que, adicionalmente, los ocho municipios integran un único corredor agropecuario identificado como unidad mediante la Resolución número 352 de 2024, por lo que mantener la vigencia de alguna APPA y derogar las demás conservaría tratamientos divergentes entre municipios de un mismo corredor, sin que el expediente permita establecer una justificación técnica, territorial y jurídica suficiente para tales diferencias.
Que, en cumplimiento del numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y de las disposiciones sobre publicidad y consulta de proyectos de regulación contenidas en el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 1081 de 2015, sustituido por el Decreto número 385 de 2026, el proyecto de resolución, su memoria justificativa, el documento técnico de soporte de revisión y sus anexos fueron publicados en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) entre el 7 y el 22 de octubre de 2026. Las observaciones recibidas fueron evaluadas y respondidas en el informe de observaciones y análisis de resultados de fecha 10 de noviembre, incorporado al expediente y publicado conforme a las mismas disposiciones.
8.4. Acto aclaratorio o correctivo En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Que la expedición de actos aclaratorios o correctivos no resulta procedente, comoquiera que las dificultades identificadas no provienen de errores formales, aritméticos o de transcripción susceptibles de corrección conforme al artículo 45 de la Ley 1437 de 2011
- aunque el expediente registra varios de ellos-, sino de la configuración sustantiva del proceso de identificación.
Artículo 1°.
Derogatoria. Derogar expresamente las siguientes resoluciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluidos los documentos técnicos de soporte, los anexos cartográficos, las matrices y demás instrumentos que forman parte integral de cada una de ellas:
8.5. Suspensión de efectos
1. Resolución número 000044 del 10 de febrero de 2026, “por la cual se declara un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Fresno, Herveo y Murillo en el departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones”.
Que la suspensión de efectos no constituye una potestad administrativa ordinaria respecto de los actos administrativos de carácter general, y que su empleo generaría para las entidades territoriales y para los administrados una situación de mayor incertidumbre jurídica que la cesación definitiva de efectos hacia el futuro.
8.6. Derogatoria conjunta
2. Resolución número 000045 del 12 de febrero de 2026, “por la cual se declara un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Palocabildo, Casabianca, Líbano y Villahermosa, en el departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones”.
Que, por consiguiente, la derogatoria conjunta constituye la alternativa coherente con el carácter estructural y común de las dificultades identificadas y con la unidad metodológica, documental y territorial que conforman los tres actos, sus documentos técnicos de soporte y sus anexos cartográficos.
3. Resolución número 000052 del 24 de febrero de 2026, “por la cual se declara un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Falan del departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 2°.
Régimen de transición. La derogatoria dispuesta en el artículo 1° de la presente resolución produce efectos a partir de la entrada en vigencia de este acto. En consecuencia, desde esa fecha las áreas declaradas mediante las resoluciones derogadas dejan de producir efectos como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y como determinantes de ordenamiento territorial de nivel 2.
Que la medida es idónea para alcanzar la finalidad perseguida, porque hace cesar hacia el futuro los efectos vinculantes de unas determinantes cuya configuración actual no permite establecer una correspondencia suficientemente sólida entre las restricciones que imponen, la realidad territorial y productiva que representan y el objetivo de protección que persiguen; y porque habilita, de resultar procedente, la construcción de un instrumento que sí pueda satisfacer esas condiciones.
Las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de la presente resolución y que no hayan sido decididas de manera definitiva se resolverán con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente al momento de adoptar la decisión correspondiente.
Los instrumentos de ordenamiento territorial, las actuaciones de formulación, revisión, modificación o ajuste de estos y los demás actos o procedimientos adelantados por las entidades territoriales continuarán rigiéndose por las normas aplicables y por las competencias de las autoridades que intervienen en cada caso. La presente derogatoria no modifica por sí misma los instrumentos de ordenamiento ni los actos territoriales válidamente adoptados durante la vigencia de las resoluciones derogadas.
Que la medida es necesaria, comoquiera que no existe una alternativa menos lesiva e igualmente eficaz: la conservación y la modificación parcial mantendrían vigentes los efectos obligatorios de las delimitaciones mientras se revisan sus componentes estructurales; la derogatoria individual conservaría tratamientos divergentes sobre un corredor afectado por limitaciones comunes; el acto aclaratorio no es procedente frente a dificultades sustantivas; y la suspensión de efectos carece de fundamento normativo y acentuaría la incertidumbre. Que, además, la derogatoria es la alternativa que menos afecta los bienes constitucionales concurrentes, pues restablece la plena operatividad de las competencias municipales de reglamentación del uso del suelo, produce efectos exclusivamente hacia el futuro, respeta los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas y no impone carga alguna a los administrados.
Parágrafo. La presente disposición no comporta pronunciamiento sobre la validez
originaria de las resoluciones derogadas, de los actos particulares adoptados durante su vigencia ni de las situaciones jurídicas consolidadas, sin perjuicio de las competencias de las autoridades administrativas y judiciales respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento.
Que la medida es proporcionada en sentido estricto, pues los beneficios de hacer cesar los efectos de unas determinantes que no cuentan actualmente con una justificación técnica suficientemente estable y verificable -recuperación de la certeza jurídica sobre el uso del suelo en ocho municipios, restablecimiento de la plena operatividad de las competencias territoriales y ambientales y eliminación de restricciones cuyo fundamento no resiste la verificación- superan la afectación derivada de retirar esos instrumentos específicos; tanto más cuanto que la decisión no desprotege el territorio, comoquiera que permanecen vigentes y aplicables las determinantes ambientales de nivel 1 adoptadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), los planes de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Gualí, Lagunilla, Guarinó y Recio y Venadillo, la Reserva Forestal Central de la Ley 2ª de 1959, las áreas protegidas y demás figuras de conservación presentes en el territorio, el régimen de protección del patrimonio arqueológico, las categorías de protección del suelo rural previstas en el Decreto número 3600 de 2007, compilado en el Decreto número 1077 de 2015, la Ley 388 de 1997 y los instrumentos de ordenamiento territorial municipales.
Artículo 3°.
Vigencia de otras determinantes y normas aplicables. La derogatoria dispuesta en la presente resolución no modifica ni afecta la vigencia y aplicación de las determinantes de ordenamiento territorial de nivel 1, en particular las determinantes ambientales adoptadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), los planes de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Gualí, Lagunilla, Guarinó y Recio y Venadillo, la Reserva Forestal Central establecida por la Ley 2ª de 1959, el Parque Nacional Natural Los Nevados, las áreas protegidas inscritas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas y demás figuras de conservación presentes en el territorio; ni las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural de la Nación, incluido el régimen del patrimonio arqueológico previsto en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, y en la Parte VI del Decreto número 1080 de 2015, ni el régimen de protección establecido por las autoridades municipales para el conjunto patrimonial de las Ruinas de las Reales Minas de Santa Ana, en el municipio de Falan; ni la zonificación de amenaza y riesgo que adopten las autoridades competentes conforme a la Ley 1523 de 2012; ni las normas ambientales, rurales, territoriales o urbanísticas que resulten aplicables en los municipios de Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Líbano, Murillo, Palocabildo y Villahermosa, departamento del Tolima.
Que el artículo 7° de las resoluciones objeto de derogatoria dispuso que este Ministerio construiría, mediante lineamientos dirigidos a sus entidades adscritas y vinculadas, en el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y con el apoyo de la UPRA, un Plan de Acción para la Producción de Alimentos en las áreas declaradas; y que la derogatoria de las declaratorias no afecta los programas, proyectos e instrumentos de fomento de la producción de alimentos que el sector adelante en los municipios comprendidos con fundamento en sus competencias generales, los cuales no dependen de la vigencia de la determinante.
Que la derogatoria no suprime el deber constitucional de proteger la producción de alimentos, ni elimina las competencias o los instrumentos generales de intervención estatal en esta materia, ni afecta la habilitación legal contenida en el numeral 2 del artículo 10 Tampoco modifica la habilitación legal contenida en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, ni las competencias atribuidas por esa disposición a este Ministerio y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
25 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL
CONSIDERANDO:
Que el numeral 16 del artículo 5° del Decreto número 2409 de 2018, por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones, establece que a la Entidad le corresponde “fijar las tarifas de las contribuciones y cobrar las multas que deban pagar las entidades vigiladas y controladas, de conformidad con la ley”.
Que, del mismo modo, los numerales 17 y 25 del artículo 7° del Decreto número 2409 de 2018, establecen las funciones de la Superintendente con relación a la fijación de la tarifa para el cobro de la Contribución Especial de Vigilancia.
Parágrafo 1°. La presente resolución no modifica la Resolución número 352 del 9
de diciembre de 2024, mediante la cual se identificó la Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) del corredor agropecuario cordillera norte occidental del departamento del Tolima, acto de naturaleza preliminar e indicativa que no constituye determinante de ordenamiento territorial. Respecto de los ocho municipios declarados, la presente derogatoria no restablece la identificación preliminar que las resoluciones derogadas dejaron sin efectos. Parágrafo 2°. La presente derogatoria no afecta los programas, proyectos e instrumentos de fomento de la producción de alimentos, de apoyo a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria ni de desarrollo rural que las entidades del sector adelanten en los municipios comprendidos con fundamento en sus competencias generales.
Que el artículo 108 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, estableció que la Superintendencia de Transporte cobrará una contribución especial de vigilancia, la cual, junto con las multas impuestas en ejercicio de sus funciones, tendrán como destino el presupuesto de esta; obligación que será cancelada anualmente por todas las personas naturales y/o jurídicas que estén sometidas a su vigilancia, inspección y/o control de acuerdo con la ley o el reglamento.
Artículo 4°.
Actualización de la información oficial. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, término que se contará a partir del día hábil siguiente a dicha publicación, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y las dependencias competentes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural efectuarán las actualizaciones necesarias en los sistemas de información, visores geográficos, capas cartográficas, documentos y demás medios oficiales de divulgación, incluido el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) y el servicio de publicación del ámbito declarado alojado en sig. upra.gov.co, con el fin de reflejar la derogatoria aquí dispuesta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1955 de 2019, la Contribución Especial de Vigilancia se liquidará con base en los ingresos brutos derivados de la actividad de transporte percibidos por el sujeto supervisado durante el periodo anual anterior, conforme a la tarifa diferencial que para tal efecto establezca la Superintendencia de Transporte, que no podrá ser superior al cero coma veintiuno por ciento (0,21%) de dichos ingresos brutos.
Desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial y hasta que culmine la actualización prevista en el inciso anterior, cualquier capa cartográfica, visor o documento oficial que continúe mostrando las APPA derogadas deberá advertir de manera expresa y visible que dichas delimitaciones carecen de vigencia jurídica.
En el parágrafo primero de la misma norma se dispuso que, se entenderá por ingresos brutos derivados de la actividad de transporte: “(...) todos aquellos que recibe el supervisado por las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios, durante el período anual anterior, sin restarle las contribuciones, gastos, costos, tributos, descuentos y deducciones”.
Para las concesiones y otras formas de asociaciones público-privadas, el parágrafo segundo del artículo 108 de la Ley 1955 de 2019, estableció lo siguiente:
Artículo 5°.
Coordinación e información institucional. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), adelantará las acciones de coordinación que resulten necesarias con los municipios de Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Líbano, Murillo, Palocabildo y Villahermosa, con la Gobernación del Tolima, con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y con las demás entidades competentes, para facilitar la adecuada incorporación de los efectos de la presente decisión en los instrumentos, sistemas de información y actuaciones administrativas correspondientes.
“PARÁGRAFO 2°. Para concesiones y otras formas de asociaciones público-privadas se entenderá por ingresos brutos derivados de la actividad de transporte, aquellos ingresos del concesionario en virtud del contrato, y que se liquidarán teniendo en cuenta los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios determinados con base en las normas establecidas para el impuesto sobre la renta y complementarios fijadas en el estatuto tributario y su reglamentación, diferentes de los ingresos recibidos con fuente Presupuesto General de la Nación, entidades territoriales u otros fondos públicos”.
Para los concesionarios de puertos de servicio privado, el parágrafo tercero del artículo 108 de la Ley 1955 de 2019, estableció que:
Artículo 6°.
Comunicaciones. Comuníquese la presente resolución a los alcaldes de los municipios de Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Líbano, Murillo, Palocabildo y Villahermosa y a los respectivos concejos municipales; a la Gobernación del Tolima; a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima); a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA); al Ministerio del Interior y a su Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; a Parques Nacionales Naturales de Colombia; al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería; al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH); y a las demás entidades que administren, incorporen o utilicen información derivada de las resoluciones derogadas.
Parágrafo. Comuníquese igualmente la presente decisión al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, dentro del proceso de acción popular radicado bajo el número 25000-23-41-000-2026-01249-00, para lo de su competencia.
Artículo 7°.
Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Parágrafo 3°. Los concesionarios de puertos de servicio privado pagarán la
contribución especial de vigilancia teniendo en cuenta como base de liquidación, la cifra resultante de multiplicar las toneladas movilizadas en el año inmediatamente anterior por la tarifa calculada anualmente por la Superintendencia de Transporte para cada tipo de carga de acuerdo con la metodología establecida en los planes de expansión portuaria y demás normas concordantes.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Que, para efectos del control en el pago de la Contribución Especial de Vigilancia, el parágrafo cuarto del artículo 108 de la Ley 1955 de 2019, dispuso lo siguiente:
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2026.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero.
“PARÁGRAFO 4°. Para efectos del control en el pago de la contribución aquí prevista, la Superintendencia de Transporte reglamentará la inscripción y registro de los operadores portuarios, marítimos y fluviales”.
(C. F.).
Que mediante la Resolución número 15943 del 2 de diciembre de 2021, la Superintendencia de Transporte adoptó la metodología para el cálculo de la tarifa de la Contribución Especial que por concepto de vigilancia deben cancelar todos los sujetos vigilados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 1955 de 2019.
Superintendencias
Superintendencia de Transporte
Resoluciones
Que de acuerdo con la metodología adoptada por la Entidad a través de la Resolución número 15943 del 2 de diciembre de 20211, si al momento de realizar el cálculo de la tarifa de la Contribución Especial de Vigilancia, la Superintendencia de Transporte no cuenta con los ingresos brutos de los vigilados derivados de las actividades de transporte se aplicará la fórmula establecida en la Guía Metodológica.
RESOLUCIÓN NÚMERO 013005 DE 2026
(noviembre 9) por la cual se establecen las tarifas diferenciales de la Contribución Especial de Vigilancia que deben pagar a la Superintendencia de Transporte los sujetos sometidos a su vigilancia, inspección y control para la vigencia 2026.
Que los valores de los ingresos reportados por el ejercicio de actividades relacionadas con el transporte durante el año 2025, incluyendo el valor calculado de los ingresos de los Puertos Privados según lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1955 de 2019 y la metodología adoptada a través de la Resolución número 15943 del 2 de diciembre de 2021, se resumen en el siguiente cuadro:
1 Disponible en el Anexo 1 de la Resolución número 15943 del 2 de diciembre de 2021, publicada en la página web de la Superintendencia de Transporte y en el Diario oficial número 51.877 del 03 de diciembre de 2021.
En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 108 de la Ley 1955 de 2019, modificatorio del artículo 36 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 16 del artículo 5° y los numerales 17 y 25 del artículo 7° del Decreto número 2409 de 2018 y;
Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 26 DIARIO OFICIAL DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE LAS DEMÁS ÁREAS POR DELEGATURAS AÑO 2025
3. Haciendo uso de la información precedente y la suministrada por la Dirección Financiera de la Superintendencia de Transporte, es posible determinar la distribución de presupuesto de la Entidad, entre cada una de las cuatro Delegaturas:
Que mediante el Decreto número 1477 del 30 de diciembre de 2025, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, se asignó a la Superintendencia de Transporte una apropiación en el presupuesto de gastos para la vigencia 2026 por valor de ciento doce mil doscientos cincuenta y tres millones trescientos dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos ($112.253.302.477) moneda corriente.
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2026 APLICANDO PRESUPUESTO ASIGNADO PARA CADA DELEGATURA (CIFRAS EN MILES COP)
Que el cálculo de las tarifas diferenciales para el cobro de la Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal 2026, se efectuó con base en la metodología adoptada a través de la Resolución número 15943 del 2 de diciembre de 2021.
Que, de conformidad con la guía metodológica para el cálculo de la tarifa de la Contribución Especial de Vigilancia, la Oficina Asesora de Planeación a través del Memorando 20264000106123 del 27 de octubre de 2026, informó los parámetros oc (alpha) y y (gamma) que representan el peso de la vigilancia subjetiva y objetiva frente a la vigilancia integral en 0.6119 y 0.3881, respectivamente, obtenidos mediante la siguiente información:
1. De acuerdo con la información reportada y certificada por las áreas transversales y de apoyo de la Superintendencia de Transporte, la distribución de las actividades que realizan estas áreas de la Entidad se realiza de la siguiente forma:
SERVICIOS RECIBIDOS POR DELEGATURA Y DEMÁS ÁREAS DE LA
ENTIDAD AÑO 2025
4. Con el fin de convertir el presupuesto por Delegatura en costos por tipo de vigilancia, es necesario establecer las cargas de trabajo por tipo de vigilancia en cada una de las Delegaturas de la Superintendencia de Transporte:
CARGAS DE TRABAJO POR TIPO DE SUPERVISIÓN
Que, en el entendido que la Delegatura para la Protección de Usuarios puede adelantar acciones frente a cada uno de los vigilados que, igualmente, ya son sujetos supervisados por las demás Delegaturas, corresponde distribuir su costo entre las demás Delegaturas a través de las cargas de trabajo, para posteriormente establecer los costos por tipo de supervisión. Con lo anterior se busca una medida estándar para establecer los costos unitarios por tipo de vigilancia objetiva y subjetiva y su correspondiente participación.
COSTO UNITARIO POR TIPO DE VIGILANCIA OBJETIVA Y SUBJETIVA
(Cl RAS EN MILES COP)
1. Al hacer uso de las participaciones por tipo de supervisión, es posible distribuir los costos de la vigilancia integral, entre la vigilancia objetiva, con lo cual es posible establecer los valores de Alpha y Gamma, que corresponden al peso de la vigilancia subjetiva y objetiva, frente a la vigilancia integral:
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS POR TIPO DE VIGILANCIA OBJETIVA
Y SUBJETIVA (CIFRAS EN MILES COP)
2. De acuerdo con la información reportada en la tabla anterior, es posible establecer la participación que tiene cada una de las Delegaturas de la Superintendencia en el desarrollo de las actividades de las áreas transversales y de apoyo, así mismo, su distribución en las demás áreas de la entidad:
Que la fórmula establecida por la Superintendencia de Transporte de conformidad con la guía metodológica, para calcular el valor de las tarifas por vigilancia, es la siguiente:
27 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Por su parte, la entidad determinó la necesidad de introducir modificaciones sustanciales al proyecto inicial que conllevan una variación de su sentido y alcance. En consecuencia, de conformidad con el numeral 1.2 artículo 2.1.2.5.1.7 del Decreto número 0385 de 2026, se somete nuevamente el proyecto de resolución a consulta pública por un término de siete (7) días calendario, comprendidos entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2026, con el fin de garantizar la transparencia de la actuación administrativa y la participación ciudadana frente a las modificaciones incorporadas.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°.
Ámbito de aplicación: La presente Resolución aplica a los sujetos que están sometidos a vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte.
Artículo 2°.
Tarifas diferenciales: Fíjense las siguientes tarifas diferenciales de la Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal 2026, que deben pagar los sujetos sometidos a la vigilancia, inspección y control que ejerce la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con el tipo de vigilancia que se ejerza:
2.1 Para los sujetos a supervisión integral, el 0,0895% de los ingresos brutos percibidos en la vigencia 2025 derivados de actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios.
2.2 Para los sujetos a supervisión objetiva, el 0,0347% de los ingresos brutos percibidos en la vigencia 2025 derivados de actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios.
2.3 Para los sujetos a supervisión subjetiva, el 0,0548% de los ingresos brutos percibidos en la vigencia 2025 derivados de actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios.
Artículo 3°.
Forma y plazo para el pago: La Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal 2026 a favor de la Superintendencia de Transporte se pagará en una cuota, que deberá ser cancelada entre el 12 de noviembre de 2026 y el 29 de diciembre de 2026.
Parágrafo 1º. El pago de la Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia 2026,
se realizará por parte del vigilado mediante recibo con código de barras. Para tal efecto, la Dirección Financiera enviará al correo electrónico registrado por el vigilado, el enlace y código de seguridad para acceder a la Consola Taux.
De acuerdo con lo anterior, el valor de Beta “β” es el 0,0895 %. En consecuencia, las tarifas para el pago de la Contribución Especial de Vigilancia a favor de la Superintendencia de Transporte son las siguientes:
Parágrafo 2º. El pago de la Contribución Especial de Vigilancia correspondiente a la
vigencia fiscal 2026 podrá realizarse de manera electrónica a través del botón de pagos PSE, o de manera presencial en las sucursales del Banco de Occidente a nivel nacional y corresponsales bancarios autorizados, mediante el cupón de pago con código de barras generado en la opción “PAGA EN LÍNEA” de la página web de la Superintendencia de Transporte (https://www.supertransporte.gov.co/).
- Para los sujetos a supervisión integral, el 0,0895% de los ingresos brutos percibidos en la vigencia 2025 derivados de actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios.
El procedimiento paso a paso para la consulta de obligaciones, generación del cupón de pago y cancelación mediante PSE o canal presencial se encuentra detallado en la guía instructiva disponible en el siguiente enlace: https://www.supertransporte.gov.co/ documentos/2026/Septiembre/GestionRecaudo_22/Manual De Pagos.pdf
- Para los sujetos a supervisión objetiva, el 0,0347% de los ingresos brutos percibidos en la vigencia 2025 derivados de actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios.
Artículo 4°.
Liquidación de la cuota: La cuota de la Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal 2026 a favor de la Superintendencia de Transporte se liquidará así:
- Para los sujetos a supervisión subjetiva, el 0,0548% de los ingresos brutos percibidos en la vigencia 2025 derivados de actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios.
Así, se hace necesario fijar la tarifa, el plazo y la forma de pago de la Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal del año 2026.
Será equivalente al resultado de aplicar las tarifas diferenciales definidas en el artículo 2° de la presente resolución, de acuerdo con el tipo de supervisión, a los ingresos brutos derivados de las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios, efectivamente obtenidos por cada sujeto supervisado durante el año 2025 y reportados a la Superintendencia de Transporte en los plazos establecidos.
Parágrafo 1º. El plazo, forma y medio para el reporte de los ingresos por las
actividades vigiladas por la Superintendencia de Transporte correspondientes al año 2025, de conformidad con la fecha publicada en la página web de la entidad.
De conformidad con lo señalado en los artículos 2.2.2.30.5, 2.2.2.30.6 y 2.2.2.30.7 del Decreto número 1074 de 2015, la Superintendencia de Transporte evaluó la posible incidencia del presente acto administrativo sobre la libre competencia, para dicho análisis se diligenció el cuestionario adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución número 44649 de 2010.
Parágrafo 2º. En el evento en que los sujetos de vigilancia, inspección y control de
la Superintendencia de Transporte no hayan reportado los ingresos por las actividades supervisadas correspondientes al año 2025, para el momento de generar los cupones de pago, la contribución se liquidará de conformidad con lo dispuesto en la Guía Metodológica adoptada mediante la Resolución número 15943 del 2 de diciembre de 20212.
Una vez diligenciado el cuestionario, se tiene que la totalidad de las respuestas resultaron negativas, por lo que de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.2.2.30.6 del Decreto número 1074 de 2015, se considera que el proyecto de acto administrativo no plantea una restricción indebida a la libre competencia. La copia del cuestionario y los análisis correspondientes reposan en la Dirección Financiera de la Entidad.
Del mismo modo, la Dirección Financiera comunicará a la Delegatura que corresponda la relación de los vigilados que incumplieron la citada obligación, a efectos que se adelanten las investigaciones administrativas a que haya lugar por el incumplimiento en el reporte de la información.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con los artículos 2.1.2.5.1.1 y 2.1.2.5.1.3 del Decreto número 0385 de 2026, el proyecto de resolución fue sometido a consulta pública mediante su publicación en la página web de la Superintendencia de Transporte, con el propósito de garantizar la participación ciudadana y permitir la presentación de observaciones y sugerencias por parte de los interesados.
Parágrafo 3º. La Dirección Financiera de la Superintendencia de Transporte, en
ejercicio de la función establecida en el numeral 5 del artículo 24 del Decreto número 2409 de 2018, podrá requerir a los vigilados los documentos y anexos que soporten las cifras reportadas para efectos de la liquidación de la Contribución Especial de Vigilancia.
Cuando se verifique que los ingresos fueron reportados de manera errónea o existan dudas sobre los conceptos que integran los ingresos brutos derivados de las actividades 2 Disponible en el Anexo 1 de la Resolución número 15943 del 2 de diciembre de 2021, publicada en la página web de la Superintendencia de Transporte y en el Diario oficial número 51.877 del 3 de diciembre de 2021.
En desarrollo de dicho procedimiento, la publicación inicial del proyecto de resolución mediante el cual se establecen las tarifas diferenciales de la Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal 2026 se efectuó entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2026. Durante este periodo se recibieron observaciones ciudadanas y, posteriormente, se publicó el correspondiente informe de observaciones y análisis de resultados, de conformidad con el artículo 2.1.2.5.1.6 del Decreto número 0385 de 2026.
Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 28 DIARIO OFICIAL contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, en cumplimiento del artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026
CONSIDERANDO:
relacionadas con el tránsito, el transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios, la Delegatura competente, en el marco de las funciones de evaluación de la situación subjetiva de sus vigilados previstas en el numeral 14 de los artículos 14, 17 y 20 del Decreto número 2409 de 2018, según corresponda, y en aplicación del principio de coordinación establecido en el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, verificará, a solicitud de la Dirección Financiera, la naturaleza de las actividades a las que corresponden los conceptos de ingresos objeto de consulta y emitirá un pronunciamiento técnico motivado sobre su relación con las actividades sometidas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte.
1. El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026 fa- culta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria.
Artículo 5°.
Causación de intereses moratorios. El incumplimiento en el pago de la obligación correspondiente a la Contribución Especial de Vigilancia para el año 2026, en la forma y dentro del plazo establecido en el presente acto administrativo, generará la obligación de pagar intereses moratorios en los términos establecidos en el artículo 3° de la Ley 1066 de 2006, esto es, a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos, prevista en el artículo 635 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 279 de la Ley 1819 de 2016.
2. De conformidad con los artículos 117 y 120 de la Ley 2220 de 2022, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Na- cionales tendrá competencia para decidir las solicitudes de conciliación de que trata el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026, cuya representación judicial esté a cargo de la Subdirección de Representación Externa.
Artículo 6°.
Diferencias en la liquidación. Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, si se presentare ajuste al reporte de ingresos por parte del sujeto supervisado, que produzca diferencias entre el valor que le correspondería pagar y el realmente pagado y/o liquidado por concepto de la Contribución Especial de Vigilancia de la vigencia 2026, la Dirección Financiera de la Superintendencia de Transporte, conforme la facultad otorgada en el numeral 5 del artículo 24 del Decreto número 2409 de 2018, procederá así:
3. El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026 facultó al Director General de la DIAN para crear, mediante resolución, Comités Espe- ciales de Conciliación en la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, en las Direcciones Seccionales de Impuestos, en las Direcciones de Aduanas y en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas para la realización de conciliaciones contencioso-administrativa, presentadas por los contribuyentes, usuarios aduaneros y/o cambiarios, de su jurisdicción.
6.1 Si el valor total pagado por el obligado es inferior al que le correspondía pagar, la Dirección Financiera de la Entidad realizará la corrección del cupón de pago, y remitirá al correo electrónico registrado por el vigilado en el Sistema Inteligente Nacional de Supervisión al Transporte (VIGIA) 11 y el Registro Único Empresarial (RUES), el código y enlace para su generación. Lo anterior, con el fin de que el sujeto supervisado proceda al pago de la diferencia más los intereses de mora generados a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido para el pago y la fecha efectiva del mismo.
4. El Decreto número 1742 de 2020 establece la estructura funcional de la Direc- ción de Impuestos y Aduanas Nacionales y dispone las facultades relacionadas con la representación de la entidad en los procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria de la Subdirección de Representación Externa, de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y en las respecti- vas Direcciones Seccionales.
6.2 Si el valor total pagado por el obligado es mayor al que le correspondía pagar y el mismo no solicita la devolución del mayor valor pagado dentro del mes calendario siguiente a la fecha de ajuste al reporte de ingresos por el sujeto supervisado, ordenará que el mayor valor pagado se abone a la cuota que por concepto de Contribución Especial de Vigilancia que deba pagar el vigilado para la vigencia 2027.
5. De conformidad con lo anterior, se requiere impartir los lineamientos para definir las competencias del Comité de Conciliación y Defensa Judicial y de los Comités Especiales de Conciliación en la Dirección Operativa de Grandes Contribuyen- tes, en las Direcciones Seccionales de Impuestos, en las Direcciones Seccionales de Aduanas y en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas.
6. En consecuencia, se deben fijar las reglas de organización y funcionamiento de los Comités Especiales de Conciliación, así como los lineamientos para la presentación, recepción, estudio y decisión de las solicitudes de conciliación contencioso-administrativas que se presenten en los términos del artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026.
Artículo 7°.
Contribución Especial de Vigilancia para vigilados que hayan entrado en proceso de insolvencia. Los vigilados que hayan sido admitidos al proceso de insolvencia en virtud de la Ley 1116 de 2006 y sus decretos reglamentarios, y tengan deudas con la Superintendencia de Transporte, por obligaciones causadas con anterioridad al inicio del proceso, las mismas deberán ser cobradas dentro del respectivo proceso concursal.
Las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de insolvencia constituyen gastos de administración y deben ser cancelados en la medida en que se hagan exigibles.
7. Por lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de resolución fue publicado en sitio web de la entidad, desde el 21 de octubre y hasta el 26 de octubre de 2026 para los comentarios de la ciudadanía.
En mérito de lo expuesto,
Artículo 8°.
Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Transporte.
RESUELVE:
Capítulo I.
Artículo 9°.
Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
De los comités especiales de conciliación Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2026.
La Superintendente, Ludmila del Carmen Vergara Rosales.
(C. F.).
Artículo 1°.
Comités especiales de conciliación. Créanse los Comités Especiales de Conciliación en la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y en las Direcciones Seccionales de Impuestos, Direcciones Seccionales de Aduanas y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas, para efectos de dar aplicación a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026, los cuales estarán integrados de la siguiente manera:
1. Comité Especial de Conciliación de la Dirección Operativa de Grandes Contri- buyentes:
1.1. El Director Operativo.
Unidades Administrativas Especiales 1.2. El Subdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación.
1.3. El Subdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación Internacional.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 1.4. El Subdirector Operativo Jurídico.
Resoluciones
1.5. El Subdirector Operativo de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones.
RESOLUCIÓN NÚMERO 000036 DE 2026
2. Comité Especial de Conciliación de las Direcciones Seccionales de Impuestos, Direcciones Seccionales de Aduanas y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas:
2.1. El Director Seccional.
(noviembre 10) por la cual se crean los Comités Especiales de Conciliación en la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, en las Direcciones Seccionales de Impuestos, en las Direcciones Seccionales de Aduanas y en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas y se establecen los lineamientos del proceso interno para atender las solicitudes de conciliación 2.2. El Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva, en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
29 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL 2.3. El Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva, en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
2.4. El Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para personas jurídicas y asimiladas, en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
Artículo 4°.
Estudio de las solicitudes de conciliación de competencia del comité de conciliación y defensa judicial. En los casos de las solicitudes de conciliación cuya representación judicial esté a cargo de la Subdirección de Representación Externa, el apoderado se encargará de la verificación, sustanciación, elaboración del proyecto de fórmula conciliatoria cuando a ello hubiere lugar, elaboración de la ficha técnica sustentada donde exprese su recomendación para conciliar o no y elaboración y presentación del proyecto del acta individual conforme a la decisión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.
2.5. El Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para Personas Naturales y Asimiladas, y Residual, en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
2.6. El Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera, en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
En el evento de presentarse alguna inconsistencia o deficiencia formal en la solicitud de conciliación, el apoderado lo comunicará inmediatamente al Jefe de la Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial, quien a su vez informará al interesado con el fin de que sea subsanada.
2.7. El Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria, en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
2.8. El Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y Definición de Situación Jurídica; en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
Artículo 5°.
Estudio de las solicitudes de conciliación de competencia de los comités especiales de conciliación. En los casos de las solicitudes de conciliación que sean presentadas ante los Comités Especiales de Conciliación, el Subdirector Operativo Jurídico, el Jefe de la División de Gestión Jurídica, o quien haga sus veces, según corresponda, designará un funcionario de esa dependencia para su verificación, sustanciación, elaboración del proyecto de acuerdo conciliatorio, cuando a ello hubiere lugar, elaboración y presentación del proyecto del acta individual conforme a la decisión del Comité Especial de Conciliación.
2.9. El Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Determinación de Tributos y Gravámenes Aduaneros, en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
2.10. El Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria; en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
En ejecución de las labores asociadas con el estudio de las solicitudes señaladas en el presente artículo, los funcionarios designados deberán efectuar la verificación previa de los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026 2.11. El Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria; en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
En el evento de presentarse alguna inconsistencia o deficiencia formal en la solicitud de conciliación, el funcionario designado lo comunicará inmediatamente al Subdirector Operativo Jurídico, al Jefe de la División de Gestión Jurídica, o quien haga sus veces, de la respectiva Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes o Dirección Seccional, según corresponda, quien a su vez informará al interesado con el fin de que sea subsanada.
2.12. El Jefe de la División Jurídica o del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica, en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
2.13. El Jefe de la División de Recaudo y Cobranzas, en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su estructura interna.
2.14. El Jefe de la División de Cobranzas, en las Direcciones Seccionales que cuente con esta dependencia en su estructura interna.
Si dentro del mes siguiente a la comunicación de las inconsistencias o deficiencias formales de la solicitud, el interesado no ha subsanado las mismas, operará el desistimiento de la petición en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de que la solicitud pueda ser nuevamente presentada, siempre y cuando se haga dentro del término establecido para solicitar el respectivo beneficio.
Parágrafo 1º. Todos los miembros de los Comités Especiales de Conciliación tendrán
voz y voto y las decisiones que sean tomadas se adoptarán por mayoría simple.
Parágrafo 2º. Los miembros de los Comités Especiales de Conciliación designarán el
Secretario Técnico, quien podrá ser un funcionario público de la entidad diferente a los miembros del respectivo Comité Especial de Conciliación. El secretario técnico tendrá voz, pero no voto.
Artículo 6°.
Competencia para emitir la certificación sobre sanciones, intereses y demás. Corresponde al Subdirector Operativo de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, a los Directores Seccionales y a los Jefes de las Divisiones de Gestión de Cobranzas o de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional competente, expedir una certificación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud efectuada por el funcionario sustanciador, sobre los siguientes aspectos:
1. Si el valor determinado en la declaración privada del impuesto objeto de conci- liación se encuentra cancelado en su totalidad, cuando a ello hubiere lugar.
Artículo 2°.
Competencia de los comités especiales de conciliación. Según lo establecido en artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026, los Comités Especiales de Conciliación tendrán competencia para decidir sobre las solicitudes de conciliación en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria cuya representación judicial esté a cargo de la respectiva Dirección Seccional o de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes.
2. Si en la declaración privada del impuesto y periodo objeto de conciliación se liquidó saldo a favor y si este fue imputado, compensado o devuelto, cuando a ello hubiere lugar.
Parágrafo 1º. Las solicitudes mencionadas en el presente artículo que sean presentadas
ante las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas delegadas serán tramitadas y resueltas por el Comité Especial de Conciliación de la Dirección Seccional a la cual se encuentran adscritas, según su competencia.
3. Si el saldo a favor imputado, compensado o devuelto improcedentemente fue reintegrado con los intereses reducidos al treinta por ciento (30%) o fue objeto de solicitud de acuerdo de pago, especificando el monto correspondiente a cada concepto, en el evento en que haya lugar a ello.
Para la competencia de los procesos en los cuales se involucren Grandes Contribuyentes, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 63 del Decreto número 1742 de 2020.
4. El valor total de la obligación objeto de conciliación, según los valores estable- cidos en los actos administrativos correspondientes; así como el valor de los in- tereses causados y de la actualización de la sanción, cuando a ello hubiere lugar.
Parágrafo 2º. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá competencia para decidir las solicitudes de conciliación de que trata el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026 que versen sobre procesos contenciosos administrativos cuya representación judicial esté a cargo de la Subdirección de Representación Externa.
Capítulo II.
5. Los valores cancelados (según recibo oficial de pago) para acogerse al beneficio, discriminados por cada concepto y si dichos valores corresponden a lo legal- mente establecido para acceder a la conciliación. Si con ocasión del pago este es insuficiente para cumplir con el requisito o constituye un pago en exceso, para el efecto deberá certificarse tal situación con la indicación del menor o mayor valor cancelado por el solicitante.
Trámite interno de las solicitudes de conciliación
6. Los valores para conciliar, discriminando el valor de la sanción, actualización de la sanción y de los intereses de mora generados, de conformidad con la normati- vidad vigente.
7. Si se realizó el pago total de la liquidación privada del impuesto o tributo objeto de conciliación correspondiente al año gravable 2025, siempre que hubiere lugar al pago del impuesto.
Artículo 3°.
Presentación de las solicitudes. Las solicitudes de conciliación deberán presentarse por escrito dirigido al Comité de Conciliación y Defensa Judicial o al Comité Especial de Conciliación competente y radicarse en la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la Subdirección Administrativa, en la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes o en la Dirección Seccional con competencia para su trámite, según corresponda.
Parágrafo 1º. El funcionario designado para el trámite de la conciliación deberá remitir
copia de la solicitud de conciliación y sus anexos, dentro del plazo señalado en el inciso anterior.
En el evento en que se radique la solicitud en una dependencia que carezca de competencia funcional para atenderla, la misma deberá ser remitida dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción, junto con los respectivos anexos, a la dependencia competente conforme lo indicado en la presente resolución. En este caso, la dependencia que reciba la información podrá remitirla por medios electrónicos al competente y deberá informar al solicitante de dicha remisión.
Parágrafo 2º. Los funcionarios competentes para expedir la certificación deberán
utilizar el formato unificado diseñado por la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo de la Dirección de Gestión de Impuestos.
Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 30 DIARIO OFICIAL procedimientos y formalidades administrativas que no sean indispensables, sin perjuicio de la exigencia de los requisitos cuya supresión esté prohibida por la Constitución o la ley.
Artículo 7°.
Evaluación de las solicitudes de conciliación. En los procesos contenciosos administrativos a conciliar, el servidor público designado para el estudio de la solicitud deberá adelantar todas las diligencias para definir la procedencia y presentar al Comité una vez terminado el estudio, los siguientes documentos:
1. Solicitud del peticionario, con sus anexos.
Que el artículo 1º del Decreto número 1742 de 2020, faculta a la Dirección General para administrar y disponer de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación y el numeral 1 del artículo 8º del mismo decreto, le permite impartir las instrucciones necesarias para el desarrollo de tales competencias.
2. Certificación expedida por el Subdirector Operativo de Servicio, Recaudo, Co- bro y Devoluciones de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, por los Jefes de las Divisiones de Gestión de Cobranzas o de Recaudo y Cobranzas de la dirección seccional competente.
3. Ficha técnica sustentada donde exprese su recomendación para conciliar o no.
Que el numeral 31 del artículo 8º del Decreto número 1742 de 2020, faculta a la Dirección General para administrar los recursos físicos de la entidad y el numeral 39 del mismo artículo, para ejercer las funciones de superior jerárquico administrativo inmediato de las Direcciones y de las Direcciones Seccionales.
4. Proyecto de acta individual de la decisión adoptada por el Comité.
5. Proyecto de acta de acuerdo conciliatorio, cuando haya lugar al mismo.
El Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial o del Comité Especial de Conciliación, remitirá a la dependencia competente el acta para su notificación conforme el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se le entregará copia de esta al notificado.
Que el numeral 4 del artículo 742 del Decreto número 1165 de 2019, permite la donación de mercancías cuando resulten ser útiles para la prevención y atención de desastres, víctimas y población en condición de vulnerabilidad. A su vez, el artículo 743 del mismo decreto autoriza a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ofrecer en donación las mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación a las entidades públicas de los órdenes nacional, departamental y municipal, a la Fuerza Pública y a las demás entidades expresamente señaladas en dicha disposición.
Artículo 8°.
Recursos contra las decisiones del comité. Contra las decisiones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial procede únicamente el recurso de reposición; contra las decisiones de los Comités Especiales de Conciliación proceden los recursos de reposición y apelación, este último ante el Comité de Defensa Judicial y de Conciliación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que el parágrafo 2º del artículo 743 del Decreto número 1165 de 2019, faculta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para reglamentar, mediante resolución de carácter general, las distintas etapas del proceso de donación de mercancías, entre ellas, la publicación del ofrecimiento, los requisitos de la manifestación de interés, los criterios de priorización y desempate, la aceptación de la donación. En ejercicio de dicha competencia, el parágrafo del artículo 659 de la Resolución número 46 de 2019 prevé la posibilidad de efectuar el ofrecimiento directo cuando se presenten circunstancias especiales que afecten la salud o el orden social de la Nación o cuando la entidad pública lo haya solicitado previamente.
Artículo 9º.
Divulgación. Los Directores Seccionales, el Director Operativo de Grandes Contribuyentes y el Subdirector de Representación Externa se encargarán de la socialización de la conciliación contencioso-administrativa prevista en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 a los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales y a los usuarios aduaneros y del régimen cambiario, previa la identificación de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que cursen ante la jurisdicción contencioso administrativa y que podrían ser objeto del beneficio tributario previsto en la norma en cita.
Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales administra mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, tales como prendas de vestir, calzado, textiles, alimentos, elementos de aseo, herramientas, materiales de construcción, enseres y otros bienes que, por su naturaleza y utilidad, pueden destinarse de manera inmediata a la atención humanitaria de la población damnificada a través de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las señaladas en el artículo 743 del Decreto número 1165 de 2019.
Artículo 10.
Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 11.
Vigencia. La presente resolución rige a partir del día hábil siguiente de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.
Que, para atender y mitigar con inmediatez los daños ocasionados por el evento sísmico del 10 de agosto de 2026 se hace necesario establecer un procedimiento abreviado y transitorio de donación de las mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación que, sin prescindir del acto administrativo de donación exigido por el artículo 743 del Decreto número 1165 de 2019, simplifique las etapas de ofrecimiento, solicitud, verificación, avalúo y entrega de las mercancías y permita su ágil y oportuna disposición en beneficio de la población afectada.
El Director General, Andrés Felipe Velásquez Reyes.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 000037 DE 2026
(noviembre 10) por la cual se establece un procedimiento abreviado y transitorio de donación de mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación para la atención de la emergencia declarada mediante el Decreto número 1261 de 2026, y se dictan otras disposiciones.
Que, en concordancia con lo anterior y en aras de garantizar y preservar las oportunidades de participación de las demás entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, de la Fuerza Pública, de los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT) contemplados en la Ley 2294 de 2023 / PND 2022-2026 (Sección IV), así como de los cabildos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom (con el cumplimiento de las condiciones previstas en el inciso primero del artículo 743 del Decreto número 1165 de 2019, se establece que el procedimiento previsto en esta resolución se aplicará a las mercancías ubicadas en cualquier lugar que corresponda a las jurisdicciones de las direcciones seccionales de aduanas o de impuestos y aduanas ubicadas en los departamentos previstos en el artículo 1º del Decreto Legislativo 1261 de 2026.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los numerales 1, 2 y 26 del artículo 8º del Decreto número 1742 de 2020, el artículo 2º de la Ley 1609 de 2013, el parágrafo 2º del artículo 743 del Decreto número 1165 de 2019 y el artículo 3º del Decreto Legislativo 1384 de 2026, y
CONSIDERANDO:
Que en atención a la localización estratégica de algunas Direcciones Seccionales que incide en la logística de distribución y en el acceso a las demás poblaciones que pueden ser beneficiadas con las donaciones, así como a la cantidad inventarios de mercancías existentes en dichas jurisdicciones, se viabiliza que las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que se encuentren ubicadas en las jurisdicciones de las direcciones seccionales de aduanas o de impuestos y aduanas de los departamentos de Bolívar, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, puedan disponerse por el procedimiento previsto en esta resolución o conforme el procedimiento ordinario establecido en el artículo 736 y siguientes del Decreto número 1165 de 2019.
Que mediante el Decreto número 1171 de 2026, el Gobierno nacional declaró la situación de desastre de carácter nacional prevista en la Ley 1523 de 2012 con ocasión del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026 y mediante el Decreto número 1261 del 19 de agosto de 2026 se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional.
Que la donación de mercancías aprehendidas se rige por lo previsto en los artículos 736, 737 y 744 del Decreto número 1165 de 2019, así como por las reglas especiales previstas en la presente resolución.
Que mediante el Decreto Legislativo 1384 de 2026, se adoptan medidas transitorias en materia de función administrativa, empleo público y gestión institucional para garantizar la continuidad de la administración pública y facilitar el acceso de la, ciudadanía a los servicios del Estado en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica.
Que el numeral 4 del artículo 743 del Decreto número 1165 de 2019, atribuye a la Subdirección Logística o a quien haga sus veces, la expedición del acto administrativo de donación. A su vez, el numeral 4 del artículo 42 del Decreto número 1742 de 2020 asigna a dicha dependencia la supervisión, coordinación y control de las actividades de disposición de mercancías que realizan los Directores Seccionales.
Que el artículo 3º del Decreto Legislativo 1384 de 2026 faculta a las entidades y organismos públicos con presencia o competencia en los territorios afectados por el sismo para implementar, hasta el 31 de diciembre de 2026, mecanismos extraordinarios de simplificación, racionalización, flexibilización y digitalización de los trámites, Que conforme con lo dispuesto en el numeral 39 del artículo 8º del Decreto número 1742 de 2020, corresponde al Director General ejercer las funciones de superior jerárquico administrativo de las Direcciones Seccionales. En atención a lo anterior, resulta 31 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL procedente asignar, de manera transitoria, a los Directores Seccionales la expedición de los actos administrativos de donación abreviada respecto de las mercancías ubicadas en sus respectivas jurisdicciones.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá verificar la representación legal o la delegación mediante consulta directa de la información pública disponible, conforme a lo previsto en los numerales 2, 3 y 7 del artículo 3º del Decreto Legislativo 1384 de 2026. En caso de que no sea posible realizar dicha verificación, solicitará a la entidad beneficiaria de la donación la información correspondiente y esta deberá allegarla a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de la solicitud.
Que no podrán ser objeto de donación las mercancías señaladas en el artículo 733 del Decreto número 1165 de 2019 cuya disposición corresponda a otras entidades, ni aquellas gravadas con el impuesto al consumo, las cuales deberán destruirse conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 53 de la Ley 1762 de 2015.
Que la necesidad de brindar atención humanitaria inmediata constituye una circunstancia especial que, en los términos del parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 1609 de 2013, justifica la entrada en vigencia inmediata de la presente resolución.
El procedimiento abreviado y transitorio de disposición de mercancías previsto en la presente Resolución, priorizará las solicitudes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las de las entidades territoriales comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto número 1261 de 2026. Las demás solicitudes se atenderán de acuerdo con la urgencia de la necesidad acreditada y, en igualdad de condiciones, en estricto orden de recepción en el buzón aceptaciones_donacion@dian.gov.co, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 660 de la Resolución número 46 de 2019.
Que, en cumplimiento del numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de resolución se publicó en el sitio web de la DIAN los días 31 de octubre, 1º y 2 de noviembre de 2026, para comentarios de la ciudadanía.
No se aplicarán los límites al número de donaciones por beneficiario previstos en el artículo 663 de la Resolución número 46 de 2019.
Que, por tratarse de una medida de carácter general expedida en desarrollo de un decreto legislativo dictado durante un Estado de Emergencia, la presente resolución está sujeta al control inmediato de legalidad previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011.
RESUELVE:
Artículo 3°.
Acto administrativo de donación abreviada. Recibida la solicitud o aceptación de la donación, la Dirección Seccional competente verificará, dentro del día hábil siguiente, la existencia y situación jurídica de las mercancías con base en la información registrada en el sistema de información de la Entidad, sin que se requiera inspección física previa. Una vez verificado lo anterior, expedirá el acto administrativo de donación dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud correspondiente.
Artículo 1° Procedimiento abreviado y transitorio para la disposición en la modalidad de donación de las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la Nación. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá disponer mediante el procedimiento abreviado de las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, respecto de las cuales proceda su disposición, destinándolas a las entidades, organismos y demás beneficiarios contemplados en el artículo 743 del Decreto número 1165 de 2019.
El acto administrativo de donación se motivará con fundamento en la presente resolución y en la solicitud o aceptación de la entidad beneficiaria. Como mínimo, contendrá la identificación del donatario, la relación de las mercancías donadas con su descripción, cantidad y avalúo registrados en el sistema. También, incluirá la destinación de las mercancías a la atención de la emergencia, la orden de entrega inmediata, la advertencia sobre la prohibición de comercialización de las mercancías y el deber de acreditar su destinación conforme con lo previsto en el artículo 743-1 del Decreto número 1165 de 2019.
Este procedimiento se aplicará a aquellas mercancías que puedan contribuir a mitigar los efectos de la emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarada mediante el Decreto número 1261 de 2026, así como para la atención de las víctimas y las consecuencias derivadas del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026.
Igualmente contendrá la orden al depósito o recinto de almacenamiento para cancelar la matrícula de depósito o el documento equivalente a nombre de la DIAN y registrar el egreso una vez suscrita el acta de entrega, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 745 del mismo decreto.
La donación comprenderá las mercancías efectivamente entregadas de conformidad con el acta de entrega, documento que hará parte integral del acto administrativo.
El procedimiento abreviado se aplica a las mercancías ubicadas en las jurisdicciones de las direcciones seccionales de aduanas o de impuestos y aduanas ubicadas en los departamentos previstos en el artículo 1º del Decreto Legislativo 1261 de 2026, siempre que su destinación esté orientada a la atención de la población o de los municipios comprendidos en el ámbito territorial establecido en el Decreto número 1261 de 2026, circunstancia que deberá acreditarse en la solicitud o aceptación presentada por la entidad beneficiaria.
El acto administrativo de donación se notificará por medios electrónicos a la dirección de correo electrónico indicada en la solicitud, conforme a los artículos 746 y 759 del Decreto número 1165 de 2019 y al artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 o personalmente durante la diligencia de entrega. Contra este acto no procederá recurso alguno. Con su notificación el donatario acepta la donación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 747 del Decreto número 1165 de 2019. Tratándose de bienes sujetos a registro, el acto administrativo de donación constituirá título suficiente para efectuar el correspondiente registro ante la autoridad competente.
Parágrafo 1º. La donación podrá recaer sobre mercancías ubicadas tanto en los recintos
de almacenamiento contratados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como en los depósitos habilitados por la Entidad, zonas primarias aduaneras, zonas francas o cualquier otro lugar bajo control aduanero. En estos últimos casos la entrega se efectuará directamente desde el lugar donde se encuentren las mercancías, sin que sea necesario su traslado previo a los recintos de almacenamiento a que se refiere el artículo 732 del Decreto número 1165 de 2019.
Parágrafo 2º. Las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que se
encuentren ubicadas en las jurisdicciones de las direcciones seccionales de aduanas o de impuestos y aduanas de los departamentos de Bolívar, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, se podrán disponer por el procedimiento previsto en la presente resolución o conforme al procedimiento ordinario previsto en el artículo 736 y siguientes del Decreto número 1165 de 2019.
Artículo 4°.
Entrega de las mercancías. La entrega de las mercancías se realizará de manera inmediata una vez notificado el acto de donación, en el estado y lugar en que ellas se encuentren de conformidad con lo dispuesto en el artículo 753 del Decreto número 1165 de 2019. Para tal efecto, podrán retirarse directamente en el recinto de almacenamiento, depósito, zona primaria, zona franca o lugar bajo control aduanero donde se encuentren y, a más tardar, dentro de los términos previstos en los artículos 745 del mismo Decreto y 663- 1 de la Resolución número 46 de 2019. El depósito o el titular del lugar de almacenamiento deberá permitir la diligencia de entrega y el retiro de las mercancías.
Artículo 2°.
Ofrecimiento directo y solicitud. Con la publicación de la presente resolución se entenderán ofrecidas directamente en donación, en los términos del parágrafo del artículo 659 de la Resolución número 46 de 2019, las mercancías a que se refiere el artículo 1° de la presente resolución, las cuales se publicarán en el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin que se requiera la publicación de ofrecimientos individuales ni la realización de un segundo ofrecimiento.
Durante la diligencia se verificará la correspondencia entre las mercancías entregadas, su descripción, cantidad y estado aparente y se suscribirá el acta de entrega, la cual deberá ser suscrita por el servidor público de la DIAN designado, por el representante del recinto, depósito o lugar de almacenamiento y por el representante legal de la entidad beneficiaria o su delegado. El acta deberá contener la constancia de la fecha de entrega, las cantidades efectivamente entregadas y las diferencias advertidas.
La Subdirección Logística comunicará a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a las entidades territoriales comprendidas en el ámbito de aplicación de los Decretos números 1171 y 1261 de 2026, la relación de las mercancías disponibles para donación, la cual se actualizará de manera permanente.
Cuando se evidencien diferencias entre las mercancías descritas en el acto administrativo de donación y las efectivamente entregadas, el delegado de la entidad beneficiaria podrá manifestar en el acta la aceptación de las mercancías recibidas, caso en el cual se entenderá cumplido lo dispuesto en el artículo 747 del Decreto número 1165 de 2019 sin necesidad de modificar el acto administrativo de donación.
La donación se efectuará previa solicitud de la entidad beneficiaria o mediante la aceptación del ofrecimiento directo formulado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La solicitud deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad o su delegado y en la misma se deberán indicar cuáles son las mercancías requeridas, su destinación específica para la atención de la emergencia, la población o los municipios beneficiarios y la dirección de correo electrónico para efectos de las notificaciones.
En caso de rechazo total de las mercancías, se procederá conforme a lo previsto en el inciso segundo del citado artículo. Los faltantes se tramitarán de acuerdo con el procedimiento previsto para el efecto, sin que la donación exonere al depósito o recinto de almacenamiento de la responsabilidad que le corresponda.
La solicitud o aceptación hará las veces de manifestación de interés y de aceptación de la donación para los efectos previstos en el numeral 3 del artículo 743 del Decreto número 1165 de 2019 y deberá remitirse al buzón previsto en el artículo 660 de la Resolución número 46 de 2019 o al que indique la Dirección Seccional.
Con fundamento en el acta de entrega se efectuarán el egreso de las mercancías, los registros contables y la cancelación de la matrícula de depósito o del documento equivalente. Los gastos de almacenamiento causados con posterioridad al vencimiento del plazo de retiro correrán por cuenta del donatario, en los términos del inciso tercero Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 32 DIARIO OFICIAL el Decreto número 1171 de 2026, en los términos del artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, si esta ocurriere con anterioridad. del artículo 745 del Decreto número 1165 de 2019. Posteriormente, se deberá remitir una copia del acta de donación a la Subdirección Logística dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción.
Las donaciones cuyo acto administrativo se haya expedido antes de esa fecha culminarán de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente resolución.
Artículo 12.
Control inmediato de legalidad. Remítase copia de la presente resolución al Consejo de Estado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición, para el control inmediato de legalidad previsto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 5°.
Mercancías excluidas. No podrán ser objeto de donación las mercancías de prohibida importación, las señaladas en el artículo 733 del Decreto número 1165 de 2019, las que se encuentren bajo cadena de custodia, ni aquellas respecto de las cuales exista una solicitud de devolución en trámite. Tampoco podrán donarse las mercancías sujetas al impuesto al consumo de que trata el parágrafo 1º del artículo 53 de la Ley 1762 de 2015, ni las sometidas a medida cautelar judicial o a orden de autoridad competente.
Artículo 13.
Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 14.
Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, en atención a las circunstancias de urgencia expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
Las mercancías sujetas a restricciones legales o administrativas podrán donarse cuando la entidad beneficiaria sea la autoridad competente para su control o cuando se cuente con el concepto de aptitud, inocuidad o autorización de la autoridad sanitaria o de control correspondiente. Cuando así se requiera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicitará dicho concepto con carácter urgente y prioritario invocando la situación de emergencia que motiva la presente resolución.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.
Artículo 6°.
Avalúo. Las mercancías decomisadas serán objeto de donación con el avalúo registrado en el sistema de información de la entidad, sin que se requiera realizar un nuevo avalúo o la intervención de un perito.
El Director General, Andrés Felipe Velásquez Reyes.
(C. F.).
Cuando las mercancías que se vayan a donar se encuentren en situación de abandono a favor de la Nación, pero no cuenten aún con acta de inventario y avalúo, estos se efectuarán con base en la información contenida en el respectivo documento de transporte, aplicando los métodos y parámetros vigentes para las mercancías aprehendidas o abandonadas.
Agencia Nacional de Tierras
Para estos efectos, el inventario y avalúo podrán realizarse por grupos homogéneos de mercancías o por subpartidas arancelarias, sin necesidad de efectuar una valoración individual por cada unidad o la intervención de un perito.
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 202660000673866 DE 2026
Artículo 7°.
Mercancías aprehendidas. Las mercancías aprehendidas a que se refiere el artículo 737 del Decreto número 1165 de 2019 podrán donarse de manera directa en los términos del artículo 744 del mismo decreto a las entidades públicas señaladas en el parágrafo 2º del artículo 53 de la Ley 1762 de 2015. A estas donaciones se aplicarán las reglas de solicitud, expedición del acto, notificación y entrega previstas en los artículos 2° a 4° de esta resolución.
(noviembre 10) por medio de la cual se declara la terminación y ordena la liquidación unilateral del contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811, celebrado entre la agencia nacional de tierras (ANT) y Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.).
Lo anterior se aplicará sin perjuicio del derecho que tiene el interesado a obtener el valor de la mercancía cuando la actuación administrativa concluya a su favor y en los términos previstos en el artículo 754 del Decreto número 1165 de 2019.
El Secretario General de la Agencia Nacional de Tierras, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en la Resolución número 202661000579826 del 22 de agosto de 2026 y Acta de Posesión número 072 del 25 de agosto de 2026, facultado en ejercicio de la delegación otorgada mediante la Resolución número 20231030014576 del 17 de febrero de 2023 y en concordancia con lo establecido en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de 2015, así como las demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:
Artículo 8°.
Competencia. Los actos administrativos de donación abreviada podrán ser expedidos tanto por el Subdirector Logístico como por el Director Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentren las mercancías, a quien se le asigna de manera transitoria esta función conforme con lo previsto en el numeral 39 del artículo 8º del Decreto número 1742 de 2020 y el numeral 4 del artículo 743 del Decreto número 1165 de 2019.
Cuando la solicitud de donación comprenda mercancías ubicadas en la jurisdicción de varias Direcciones Seccionales, o cuando las razones de coordinación administrativa así lo aconsejen, el acto administrativo de donación podrá ser expedido por el Subdirector Logístico.
Que, el día 26 de marzo de 2025, se suscribió a través de la plataforma SECOP II, el Contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811 entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 1233889272, en el cual se pactaron las siguientes condiciones generales:
CONTRATO DE CONSUL-
TORÍA No. ANT-CPS-20254811 La Subdirección Logística coordinará la aplicación del procedimiento, impartirá las instrucciones operativas, adoptará los formatos de solicitud, acto administrativo de donación y acta de entrega y consolidará la información relacionada con las donaciones efectuadas.
Para la práctica de la diligencia de entrega, el Director Seccional correspondiente podrá designar a un servidor público, sin que dicha designación implique trasferencia de la competencia para decidir sobre la donación.
OBJETO (No. 1. Servicios (Objeto))
Artículo 9°.
Acreditación de la destinación y reportes. Las entidades beneficiarias deberán remitir a la DIAN, dentro del mes siguiente a la entrega, las evidencias de la destinación de las mercancías a la atención de la emergencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 743-1 del Decreto número 1165 de 2019.
Las mercancías recibidas en donación no podrán comercializarse.
EL CONSULTOR PRESTARÁ SERVICIOS PROFESIONALES A
NIVEL TÉCNICO A LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD JURÍ-
DICA COMO INGENIERO SUSTANCIADOR EN LA GESTIÓN DE
LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA DE
LA DEPENDENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDI-
MIENTO ÚNICO DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIE-
DAD RURAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIEN-
TO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL “PROGRAMA
PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CATASTRO
MULTIPROPÓSITO RURAL URBANO, EN EL MARCO DEL CON-
TRATO DE PRÉSTAMO 8937-CO (BM) i) EL CONSULTOR, además de los compromisos legales que se deriven del Contrato, deberá comprometerse a cumplir las actividades previstas y a entregar los informes y/o productos en la forma y dentro de los plazos consagrados en los Términos de Referencia, los cuales, constituirán la base para los pagos que deberán efectuarse conforme a lo indicado en el numeral 3.
La DIAN incluirá las donaciones efectuadas con fundamento en la presente resolución en los informes que remita a los organismos de control dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes y publicará de manera periódica en su sitio web la relación de los actos administrativos de donación expedidos.
PLAZO DE EJECUCIÓN
INICIAL (No. 2. Plazo)
EL CONSULTOR prestará los servicios durante el periodo de ejecución del contrato; este inicia una vez se suscriba el mismo y se cumplan los requisitos de ejecución y a suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025, o durante cualquier otro periodo en que las partes pudieran convenir posteriormente por escrito.
VALOR INICIAL DEL CON-
Artículo 10.
Remisión. En los aspectos no regulados en la presente resolución se aplicará lo establecido en el Decreto número 1165 de 2019, en la Resolución número 46 de 2019 y en las demás normas que regulen la materia, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza y finalidad del procedimiento abreviado aquí previsto.
TRATO (No. 3. Valor y Pagos - A.
Monto máximo)
Sesenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos ($69.448.500) moneda corriente, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. El Calendario de pagos estará conforme a lo indicado en el documento de “Términos de Referencia” y será cancelado por el CONTRATANTE de la siguiente manera:
Artículo 11.
Aplicación temporal. El procedimiento abreviado previsto en la presente resolución podrá aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la fecha en la que se declare el retorno a la normalidad respecto de la situación de desastre declarada mediante
33 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL PLAZO DE EJECUCION FINAL Hasta el 30 de junio de 2026 Ciento cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil doscientos VALOR FINAL DEL CON- treinta y cinco pesos ($104.867.235) moneda corriente, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que TRATO haya lugar Julián Yesid Ballen Reina Subdirector de Seguridad Jurídica - Supervisión en la etapa de ejecu- ción contractual Jesús Horacio Parraga Aponte Subdirector de Seguridad Jurídica (e) (Desde el 14/08/2026 al SUPERVISIÓN 1º/10/2026) - Supervisión en la etapa de liquidación July Paola Delgado Mariño Subdirectora de Seguridad Jurídica (e) (Desde el 2/10/2026 a la fecha)
- Supervisión en la etapa de liquidación.
FORMA DE PAGO
(No. 3. Valor y Pagos - D.
Calendario de Pagos)
LA AGENCIA pagará al (la) CONTRATISTA honorarios mensuales iguales a seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos ($6.944.850) moneda corriente; los cuales se cancelarán de la siguiente forma:
1. Un (1) primer pago proporcional correspondiente a los días ejecuta- dos por el periodo comprendido entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el último día calendario de ese mismo mes; el cual resultará de tomar la asignación mensual dividido en treinta (30) y multiplicado por los días efectivamente prestados.
NOTA: Sin perjuicio de la cantidad de días que tenga el mes, el cálculo de los días efectivamente prestados, resultará de restar 30 días contables, menos los días no ejecutados.
2. Los siguientes (9) pagos corresponden a mensualidades vencidas, iguales y sucesivas hasta la fecha de terminación del contrato, confor- me a los honorarios mensuales establecidos.
NOTA 1. Todos los pagos deberán incluir impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, y se harán previa entrega del informe de actividades y recibo a satisfacción del supervisor del contrato, factura (cuando aplique) y comprobante de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (para los casos de riesgo 4 y 5 la ANT realizará el pago a la ARL). Para el último pago el (la) contratista deberá entregar al supervisor del contrato, archivos digitales y/o físicos correspondientes a las actividades realizadas durante la ejecución. NOTA 2. En caso de requerir desplazamiento en el territorio para el cumplimiento de su contrato, los gastos de viaje y transporte serán reconocidos en los porcentajes establecidos por la Agencia, conforme los procedimientos y lineamientos establecidos. La Subdirección Administrativa y Financiera procederá a la liberación de los recursos que queden disponibles una vez sea efectuado el primer pago.
Que, el doctor Julián Yesid Ballen Reina, en su calidad de Subdirector de Seguridad Jurídica y supervisor del contrato para la época de los hechos, mediante memorando con radicado número 202631000281153 de fecha 3 de junio de 2026, al cual la doctora July Paola Delgado Mariño, en su calidad de Subdirectora (e) de Seguridad Jurídica y supervisora del contrato para la etapa de liquidación, allegó alcance a la mencionada comunicación través de memorando con radicado número 202631000641203 de fecha 22 de octubre de 2026, informaron al Grupo Interno de Trabajo para la Gestión Contractual la novedad presentada en el Contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811 respecto al fallecimiento de la contratista Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.); motivo por el cual, solicitaron el trámite de terminación y liquidación unilateral del mencionado contrato, allegando para los fines pertinentes, el informe final de supervisión para la terminación anticipada y/o liquidación de contratos, reporte relación de pagos de la vigencia 2025 y 2026, copia del certificado de defunción, planillas de pago de seguridad social (marzo de 2025 - abril 2026) y demás documentos pertinentes para continuar con el trámite contractual respectivo.
No. CDP Y FECHA DE EX- PEDICIÓN Vigencia 2025: 325 de fecha 9 de enero de 2025 Vigencia Futura 2026: Vigencia futura para gastos de Inversión, registrada bajo el radicado número 2-2025-082087 del 30 de diciembre de 2025 y Certificado de Autorización de Vigencias Futuras número 144625 del 30 de diciembre de 2025 (Vigencia Futura 2026)
No. RP Y FECHA DE EXPE- Que, dentro de los documentos aportados por la supervisión del contrato, se encuentra el Registro Civil de Defunción con indicativo serial número 11525384 expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil - Registraduría de Fusagasugá (Cundinamarca), mediante el cual se certifica que la fecha de defunción de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.) fue el día 30 de abril de 2026.
DICIÓN Vigencia 2025: 14125 de fecha 28 de marzo de 2025 Vigencia 2026: 3726 de fecha 3 de enero de 2026 (Compromiso de Vigencia Futura número 3725 de fecha 31/12/2025)
FECHA DE INICIO DE
COBERTURA ARL
27 de marzo de 2025
28 de marzo de 2025 FECHA DE CUMPLI- MIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN FECHA DE INICIO 28 de marzo de 2025 Que, por lo tanto, conforme a lo señalado en la Forma “ADQBS-F-012 - SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS” presentado por el doctor Julián Yesid Ballen Reina, en su calidad de Subdirector de Seguridad Jurídica y supervisor del contrato para la época de los hechos, se logra establecer que la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), en virtud del Contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811, prestó sus servicios desde el día 28 de marzo de 2025 hasta el día 30 de abril de 2026 (fecha de su deceso).
Que, en virtud de lo anterior, se procederá a dar por terminado y en consecuencia liquidar unilateralmente el Contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811 suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), ya que se configuró la causal No. 2 (muerte del contratista) del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:
“Artículo 17. De la terminación unilateral. La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación del contrato en los siguientes eventos:
1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista.
(...) (Subrayado en negrita y fuera de texto)”
MODIFICACIONES CON-
TRACTUALES Que, el Contrato de Consultoría No. ANT-CPS-20254811 se financia con recursos del Contrato de Préstamo 8937-CO suscrito con el Banco Mundial, y la selección de la consultora se adelantó conforme a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de dicho organismo; razón por la cual, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, el contrato se rige por tales reglamentos en lo que estos regulan y, en lo no previsto en ellos ni en el contrato, por las normas del ordenamiento jurídico colombiano.
Que, la cláusula 13 del Contrato, en su numeral ii), faculta a EL CONTRATANTE para dar por terminado el contrato antes del vencimiento del plazo, sin indemnización alguna, y en su numeral iii) dispone que, cuando la terminación obedezca a una causa no imputable a EL CONSULTOR, se pagarán los servicios prestados o productos entregados hasta la fecha de terminación. Estas estipulaciones, en concordancia con la naturaleza intuitu personae del contrato estatal (inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993), con la imposibilidad sobreviniente y definitiva de ejecutar las obligaciones personalísimas de hacer a cargo de la consultora y con el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, fundamentan la terminación del contrato, cuyos efectos se producen a partir del 30 de abril de 2026, fecha del fallecimiento de la contratista.
MODIFICACIÓN No. 1 - PRÓRROGA Y ADICIÓN de fecha 31/12/2025 a través de la plataforma SECOP II:
- PRORROGAR el plazo de ejecución contenido en la cláusula No. 2 del Contrato de Consultoría ANT-CC-20254811 (sic), a partir del 1º de enero de 2026 hasta el día 30 de junio de 2026.
- ADICIONAR el valor total del contrato de Consultoría en la suma de cuarenta y un millones seiscientos sesenta y nueve mil cien pesos ($ 41.669.100) moneda corriente.
- MODIFICAR la forma de pago descrita en el literal D., de la Cláusu- la 3. Valor y Pagos, que hace parte integral del Contrato de consultoría ANT-CC-20254811 (sic), así: “D. Calendario de Pagos:
LA AGENCIA pagará al CONSULTOR honorarios mensuales iguales a seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos ($ 6.944.850) moneda corriente, los cuales se pagarán de la siguiente forma: a) Seis (6) pagos correspondientes a los meses de enero a junio de 2026, por la suma de seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos ($ 6.944.850) moneda corriente. NOTA 1. Todos los pagos deberán incluir impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, y se harán previa entrega del informe de actividades y recibo a satisfacción del supervisor del contrato, factura (cuando aplique) y comprobante de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (para los casos de riesgo 4 y 5 la ANT realizará el pago a la ARL). Para el ultimo pago el (la) contratista deberá entregar al supervisor del contrato, archivos digitales y/o físicos correspondientes a las actividades realizadas durante la ejecución. NOTA 2. En caso de requerir desplazamiento en el territorio para el cumplimiento de su contrato, los gastos de viaje y transporte serán reconocidos en los porcentajes establecidos por la Agencia, conforme los procedimientos y lineamientos establecidos.
- REDUCIR el valor inicial del contrato de consultoría N°ANT- CPS-20254811 en la suma de seis millones doscientos cincuenta mil trescientos sesenta y cinco pesos ($6.250.365) moneda corriente, co- rrespondiente al menor valor ejecutado durante el primer mes con mo- tivos de los trámites de legalización del contrato.
- MODIFICAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO contenido en la cláusula 3. Valor y Pagos, literal A del contrato de consultoría ANT-CC-20254811 (sic): El valor total del contrato de Consultoría será hasta por la suma de ciento cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil doscientos treinta y cinco pesos ($104.867.235) moneda corriente.
Que, con el fin de revisar, ajustar y establecer las constancias pertinentes, respecto al cumplimiento recíproco de las obligaciones contractuales y disponer el pago y/o Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 34 DIARIO OFICIAL en favor de Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d. ), la comisión número 287320 por concepto de viáticos y gastos de desplazamiento de la comisión realizada dentro del periodo comprendido entre el día 27 al 30 de abril de 2026, de la siguiente manera:
10. VALOR PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DE LA CONTRATIS- TA POR CONCEPTO DE COMISIÓN ID NÚMERO 287320 y CONSE-
$ 1.285.421 CUTIVO NÚMERO 4334 liberaciones del presupuesto comprometido en el Contrato de Consultoría número ANT- CPS-20254811 y su balance general de la ejecución, incluyendo los valores ejecutados y los saldos existentes a favor de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d. ) y/o de la entidad, es necesario llevar a cabo la liquidación unilateral del mencionado contrato, en los términos establecidos por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que prevé que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación, como en aquellos casos en los que el contrato se termine anticipadamente o existan saldos a favor de las partes.
Que el balance presupuestal del Contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811, evidencia que hay un saldo a favor de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d. ), por concepto de los honorarios causados con ocasión al cumplimiento de las obligaciones ejecutadas del 01 al 30 de abril de 2026, así como el reconocimiento del pago por concepto de comisión con ID número 287320, el cual asciende a la suma total de ocho millones doscientos treinta mil doscientos setenta y un pesos ($8.230.271) moneda corriente, incluido los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.
Que, como consecuencia del fallecimiento de la contratista, no es posible adelantar la liquidación de mutuo acuerdo, razón por la cual procede la liquidación unilateral; y que, habiendo terminado el contrato el 30 de abril de 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) conserva la competencia para liquidarlo en los términos del inciso final del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que permite realizar la liquidación, de mutuo acuerdo o unilateralmente, dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los plazos previstos para la liquidación bilateral y unilateral.
Que, durante la ejecución del contrato, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de conformidad con el “reporte de relación de pagos emitido desde el Sistema de Información (SIIF)” de las vigencias 2025 y 2026 con fecha de expedición del 28 de octubre de 2026, efectuó los pagos a la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), de la siguiente manera:
RELACIÓN DE PAGOS
Que frente a la forma en cómo se debe proceder en casos como el que nos ocupa, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente sostuvo en el concepto 42018140000021084 del 6 de marzo de 2018 que: “La normativa del Sistema de Compra Pública no establece un procedimiento reglado para pagar las sumas debidas a un contratista fallecido. Sin embargo, consideramos que cuando el contratista fallece, la Entidad Estatal debe dar por terminado el contrato y si corresponde, liquidar el contrato en el estado en el que se encuentre; esto, además de notificar personalmente a los herederos conocidos y terceros de quienes se desconozca su domicilio. Posteriormente, podrá consignar la suma adeudada a la cuenta registrada, y de encontrarse cerrada la misma, constituirá un título de depósito a nombre del contratista fallecido”.
Pago No. Fecha de Pago Valor Que, en el mismo sentido, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en el concepto C-067 del 26 de febrero de 2026, reiteró que los saldos que resulten a favor del contratista fallecido con ocasión de la liquidación integran su masa sucesoral, por lo que sus herederos y/o legatarios podrán reclamarlos previa acreditación de su calidad; y el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del 8 de mayo de 2019 (Radicado 11001-03-26-000-2016-00027-00), precisó que lo transmisible a los herederos no es la posición contractual del causante, sino los derechos resultantes de la liquidación del contrato.
01 16-04-2025 $ 694.485,00 02 14-05-2025 $ 6.944.850,00 03 10-06-2025 $ 6.944.850,00 04 15-07-2025 $ 6.944.850,00 05 12-08-2025 $ 6.944.850,00 06 11-09-2025 $ 6.944.850,00 07 20-10-2025 $ 6.944.850,00 08 12-11-2025 $ 6.944.850,00 09 16-12-2025 $ 6.944.850,00 10 26-12-2025 $ 6.944.850,00 11 24-03-2026 $ 6.944.850,00 12 25-03-2026 $ 6.944.850,00 13 16-04-2026 $ 6.944.850,00 Total $ 84.032.685,00 Que conforme a lo señalado en la Forma “ADQBS-F-005 - INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS” de fecha 15 de octubre de 2026 presentado por la Dra. JULY PAOLA DELGADO MARIÑO, en su calidad de Subdirectora (e) de Seguridad Jurídica (Desde el 02/10/2026 a la fecha) y supervisora para la etapa de liquidación, se establece lo siguiente:
Que los sucesores, sean herederos y/o legatarios, pasan a ser acreedores de los deudores que tuviera la causante al momento de su muerte, pues la representan para sucederle en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles (artículos 1005, 1008 Y 1155 del Código Civil); razón por la cual, en el caso concreto, las sumas adeudadas por parte de la agencia nacional de Tierras (ANT) en favor de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d. ), integran automáticamente su patrimonio por lo que la totalidad de los derechos patrimoniales constituyen la masa herencial objeto de la sucesión y por ende sus herederos y/o legatarios podrían tener derecho a reclamar dicho saldo a su favor, una vez se adelante el proceso de sucesión, por el procedimiento legal previsto (artículo 487 y s.s. de la Ley 1564 de 2012) o lo dispuesto en el Decreto número 902 de 1988, que regula el procedimiento de sucesión notarial; razón por la cual el pago se efectuará en la cuenta bancaria registrada por la contratista (q. e. p. d. ) y, en su defecto, en los términos previstos en el artículo tercero del presente acto administrativo.
“(...) *Que EL CONTRATISTA cumplió con el objeto y obligaciones del contrato en un 86,75% y ejecutó el 86,75% de los recursos asignados.
Que EL CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución de la contratación al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales del periodo comprendido de marzo de 2025 a abril de 2026.
Que la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), identificada con cédula de ciudadanía número 1233889272 ejecutó la suma de $90.977.535.
Que la liberación de recursos del contrato ANT-CPS-20254811 no genera ninguna afectación en la ejecución de las funciones de la Agencia Nacional de Tierras”.
Que, en igual sentido, conforme a lo analizado en el Informe Final anteriormente señalado, se tiene el siguiente balance financiero del contrato:
Que las decisiones administrativas contenidas en la parte resolutiva del presente acto administrativo de carácter particular pueden afectar directa o indirectamente a terceros, como, a los posibles herederos o deudores sobre los que puede recaer la titularidad de los derechos sobre el saldo pendiente por pagar a favor de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d. ); motivo por el cual, ante la imposibilidad de efectuar la notificación de manera personal por la muerte de la mencionada contratista (q. e. p. d. ) y habida cuenta que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) únicamente tiene conocimiento de petición presentada por la señora María Aracely Castañeda Garzón, identificada con la cédula de ciudadanía número 39800649, a través de correo electrónico con asignación de Radicado número 202662002897202 de fecha 5 de agosto de 2026, en calidad de madre de la fallecida, a lo que se le informó mediante comunicación con radicado número 202631001783811 de fecha 29 de septiembre de 2026 las actuaciones adelantadas por la entidad y que sin perjuicio de lo anterior, a la fecha se desconoce la totalidad de los terceros que no intervienen en la actuación, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). (Ley 1437 de 2011), que a la letra señala:
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 69.448.500
2. VALOR ADICIONES $ 41.669.100
3. VALOR REDUCCIONES $ 0
4. VALOR LIBERACIONES $ 6.250.365
5. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 104.867.235
6. VALOR PAGADO $ 84.032.685
7. VALOR PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE HONORARIOS ABRIL 2026 (01 AL 30 DE ABRIL DE 2026) $ 6.944.850
8. VALOR NO EJECUTADO PENDIENTE POR LIBERAR A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (MAYO Y JUNIO DE 2026) $ 13.889.700
9. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO $ 90.977.535
“Artículo 73. Publicidad o notificación a terceros de quienes se desconozca su domicilio. Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación personal”.
(...) (Subrayado en negrita y fuera de texto)
Que conforme a los argumentos fácticos y jurídicos antes expuestos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en estricta aplicación de la normatividad vigente procederá a dar por terminado el Contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811, suscrito con Que, por otra parte, se señaló en el citado informe, así como en el INFORME PARA LEGALIZACIÓN DE LA COMISIÓN ID 287320 y CONSECUTIVO NÚMERO 4334 DEL CONTRATO ANT CPS-20254811 suscrito por el doctor Jesús Horacio Párraga Aponte, en su calidad de Subdirector (e) de Seguridad Jurídica (Desde el 14/08/2026 al 1º/10/2026) y supervisor en la etapa de liquidación, que se encontraba pendiente de pago 35 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Por concepto de comisión:
Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1233889272 y a renglón seguido, a realizar la liquidación unilateral del contrato en el estado en que se encuentre, de conformidad con las consideraciones señaladas en el presente acto administrativo.
○ Con cargo al Registro Presupuestal número 16926 de fecha 27 de abril de 2026, el valor de un millón doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiún pesos ($1.285.421) moneda corriente, correspondiente a la obligación causada por concepto de la comisión con ID número 287320.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1º.
Declarar la terminación unilateral del Contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811 suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1233889272, a partir del 30 de abril de 2026; por haberse configurado el evento señalado en el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la cláusula 13 del Contrato, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
Parágrafo 1º. En caso de que la cuenta señalada en el presente artículo se encuentre
inactiva, bloqueada, cerrada o cancelada, o que por cualquier otra causa no sea posible efectuar el abono, la suma reconocida quedará a disposición de la sucesión de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d. ), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1233889272, y será pagada de acuerdo a alguna de las siguientes opciones: (i) mediante depósito judicial constituido en el Banco Agrario de Colombia S. A., a nombre de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d. ), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1233889272, por la suma anteriormente mencionada.; o (ii) a los herederos o legatarios que acrediten tal calidad y la cuota que les corresponde, mediante copia de la sentencia aprobatoria de la partición debidamente ejecutoriada o de la escritura pública de liquidación de la herencia otorgada conforme al Decreto número 902 de 1988, en la proporción allí adjudicada.
Artículo 2º.
Liquidar de manera unilateral el Contrato de Consultoría número ANT- CPS-20254811 suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), teniendo en cuenta los documentos e información reportada por la supervisión del contrato y conforme a lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo, por lo que el balance financiero del contrato es el que se señala a continuación:
Parágrafo 2º. Si al cierre de la vigencia fiscal 2026 no se hubiere efectuado el pago,
la Subdirección Administrativa y Financiera adelantará la constitución de la reserva presupuestal o de la cuenta por pagar, según corresponda, y fenecida aquella sin que se hubiere realizado el pago, el trámite de pasivo exigible - vigencias expiradas, conforme a las normas orgánicas de presupuesto, con el fin de garantizar el pago a quienes acrediten su derecho.
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 69.448.500
2. VALOR ADICIONES $ 41.669.100
3. VALOR REDUCCIONES $ 0
4. VALOR LIBERACIONES $ 6.250.365
5. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 104.867.235
Parágrafo 3º. El pago efectuado en los términos del presente artículo extinguirá la
obligación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), de conformidad con los artículos 1625 y 1634 del Código Civil.
6. VALOR PAGADO $ 84.032.685
7. VALOR PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA
POR CONCEPTO DE HONORARIOS ABRIL 2026 (01 AL 30 DE
$ 6.944.850 ABRIL DE 2026)
8. VALOR NO EJECUTADO PENDIENTE POR LIBERAR A FAVOR DE
LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (MAYO y JUNIO DE 2026) $ 13.889.700
Artículo 4º.
Liberar el saldo a favor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la suma equivalente a trece millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos pesos ($13.889.700) moneda corriente, los cuales se encuentran apropiados en el Registro Presupuestal del Compromiso No. 3726 de fecha 03/01/2026, de conformidad con lo establecido en el balance financiero del artículo segundo del presente acto administrativo.
9. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO $ 90.977.535
Artículo 5º.
La liquidación efectuada mediante la presente resolución, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual; razón por la cual, una vez en firme la misma y efectuado el pago ordenado en el artículo tercero de este acto administrativo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) declara que el contrato se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto, frente a los derechos y obligaciones contraídos en el Contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811.
De igual manera, conforme a lo señalado en la Forma “ADQBS-F-005 - INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA TERMNACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS” de fecha 15 de octubre de 2026 presentado por la doctora July Paola Delgado Mariño en su calidad de Subdirectora (e) de la Subdirección de Seguridad Jurídica y supervisora del contrato en la etapa de liquidación, se señaló que se encontraba pendiente de pago en favor de Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), la comisión número 287320 y consecutivo número 4334, por concepto de viáticos y gastos de desplazamiento de la comisión realizada dentro del periodo comprendido entre el día 27 al 30 de abril de 2026, de la siguiente manera:
10. VALOR PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DE LA CONTRATISTA POR CONCEPTO DE COMISIÓN ID NÚMERO 287320. $ 1.285.421
En ese orden de ideas, el saldo final a favor de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), corresponde a lo siguiente:
Artículo 6º.
Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la señora María Aracely Castañeda Garzón, identificada con la cédula de ciudadanía número 39800649 en calidad de madre de la fallecida y tercera interesada, en los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. La notificación se surtirá por medio electrónico a los correos mrcastanedag4@gmail.com y aracelycastaneda@hotmail.com, conforme a lo indicado en la petición presentada mediante Radicado número 202662002897202 de fecha 5 de agosto de 2026, de conformidad con el artículo 56 del mismo Código; en caso contrario, se procederá conforme a los artículos 68 y 69 ibidem.
VALOR PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA POR
CONCEPTO DE HONORARIOS ABRIL 2026 (01 AL 30 DE ABRIL DEL
2026) $ 6.944.850 VALOR PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE COMISIÓN ID NÚMERO 287320 $ 1.285.421 VALOR TOTAL PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DE STEPHANY JULIETH CANTOR CASTAÑEDA (Q. E. P. D.) $ 8.230.271
Artículo 7º.
Publicar el presente acto administrativo en la página web de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la parte resolutiva del mismo en un medio masivo de comunicación, con el fin de dar a conocer la cesión a los herederos indeterminados y demás terceros interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). (Ley 1437 de 2011).
Parágrafo. Una vez en firme el contenido del presente acto administrativo, proceder
con la publicación del mismo junto con la respectiva constancia de firmeza y ejecutoria en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), en los términos establecidos el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto número 1082 de 2015.
Artículo 8º.
Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal (medio electrónico) o por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). (Ley 1437 de 2011) y el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.
Artículo 3º.
Ordenar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el pago correspondiente a la suma total de ocho millones doscientos treinta mil doscientos setenta y un pesos ($8.230.271) moneda corriente, incluido los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, correspondientes a los honorarios causados con ocasión al cumplimiento de las obligaciones ejecutadas del 1º al 30 de abril de 2026, así como el reconocimiento del pago por concepto de comisión con ID número 287320, en favor de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1233889272, en la cuenta de ahorros número 54704091632 de BANCOLOMBIA S. A., última cuenta registrada en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para tales fines, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.
Dicho pago se respaldará financieramente de la siguiente manera:
Artículo 9º.
Con la suscripción y posterior firmeza del presente acto administrativo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.
Por concepto de honorarios:
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.
El Secretario General, ○ Con cargo al Registro Presupuestal número 3726 de fecha 3/01/2026, el valor de seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos ($6.944.850) moneda corriente, correspondiente a la obligación causada por concepto del pago de los honorarios correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.
Carlos Alberto Rodríguez Hernández.
Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 36 DIARIO OFICIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 202660000673866 de 2026
concepto del pago de los honorarios correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.
Por concepto de comisión:
(noviembre 10) por medio de la cual se declara la terminación y ordena la liquidación unilateral del contrato de consultoría número ANT-CPS-20254811, celebrado entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.).
(…)
○ Con cargo al Registro Presupuestal número 16926 de fecha 27 de abril de 2026, el valor de un millón doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiún pesos ($1.285.421) moneda corriente, correspondiente a la obligación causada por concepto de la comisión con ID número 287320.
RESUELVE:
Artículo 1º.
Declarar la terminación unilateral del Contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811 suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1233889272, a partir del 30 de abril de 2026; por haberse configurado el evento señalado en el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la cláusula 13 del Contrato, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
Parágrafo 1º. En caso de que la cuenta señalada en el presente artículo se encuentre
inactiva, bloqueada, cerrada o cancelada, o que por cualquier otra causa no sea posible efectuar el abono, la suma reconocida quedará a disposición de la sucesión de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1233889272, y será pagada de acuerdo a alguna de las siguientes opciones: (i) mediante depósito judicial constituido en el Banco Agrario de Colombia S. A. a nombre de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1233889272, por la suma anteriormente mencionada.; o (ii) a los herederos o legatarios que acrediten tal calidad y la cuota que les corresponde, mediante copia de la sentencia aprobatoria de la partición debidamente ejecutoriada o de la escritura pública de liquidación de la herencia otorgada conforme al Decreto número 902 de 1988, en la proporción allí adjudicada.
Artículo 2º.
Liquidar de manera unilateral el Contrato de Consultoría número ANT- CPS-20254811 suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), teniendo en cuenta los documentos e información reportada por la supervisión del contrato y conforme a lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo, por lo que el balance financiero del contrato es el que se señala a continuación:
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 69.448.500
2. VALOR ADICIONES $ 41.669.100
3. VALOR REDUCCIONES $ 0
Parágrafo 2º. Si al cierre de la vigencia fiscal 2026 no se hubiere efectuado el pago,
la Subdirección Administrativa y Financiera adelantará la constitución de la reserva presupuestal o de la cuenta por pagar, según corresponda, y, fenecida aquella sin que se hubiere realizado el pago, el trámite de pasivo exigible - vigencias expiradas, conforme a las normas orgánicas de presupuesto, con el fin de garantizar el pago a quienes acrediten su derecho.
4. VALOR LIBERACIONES $ 6.250.365
5. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 104.867.235
6. VALOR PAGADO $ 84.032.685
Parágrafo 3º. El pago efectuado en los términos del presente artículo extinguirá la
obligación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), de conformidad con los artículos 1625 y 1634 del Código Civil.
7. VALOR PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE HONORARIOS ABRIL 2026 (01 AL 30 DE ABRIL DE
2026) $ 6.944.850
8. VALOR NO EJECUTADO PENDIENTE POR LIBERAR A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (MAYO Y JUNIO DE 2026) $ 13.889.700
Artículo 4º.
Liberar el saldo a favor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la suma equivalente a trece millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos pesos ($13.889.700) moneda corriente, los cuales se encuentran apropiados en el Registro Presupuestal del Compromiso número 3726 de fecha 3/01/2026, de conformidad con lo establecido en el balance financiero del artículo segundo del presente acto administrativo.
9. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO $ 90.977.535
Artículo 5º.
La liquidación efectuada mediante la presente resolución, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual; razón por la cual, una vez en firme la misma y efectuado el pago ordenado en el artículo tercero de este acto administrativo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) declara que el contrato se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto, frente a los derechos y obligaciones contraídos en el Contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811.
De igual manera, conforme a lo señalado en la Forma “ADQBS-F-005 - INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS” de fecha 15 de octubre de 2026 presentado por la doctora July Paola Delgado Mariño en su calidad de Subdirectora (e) de la Subdirección de Seguridad Jurídica y supervisora del contrato en la etapa de liquidación, se señaló que se encontraba pendiente de pago en favor de Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d. ), la comisión número 287320 y consecutivo número 4334, por concepto de viáticos y gastos de desplazamiento de la comisión realizada dentro del periodo comprendido entre el día 27 al 30 de abril de 2026, de la siguiente manera:
10. VALOR PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DE LA CONTRATISTA POR CONCEPTO DE COMISIÓN ID NÚMERO 287320. $ 1.285.421
Artículo 6º.
Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la señora María Aracely Castañeda Garzón, identificada con la cédula de ciudadanía número 39800649 en calidad de madre de la fallecida y tercera interesada, en los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. La notificación se surtirá por medio electrónico a los correos mcastanedag4@gmail.com y aracelycastaneda@hotmail.com, conforme a lo indicado en la petición presentada mediante Radicado número 202662002897202 de fecha 5 de agosto del 2026, de conformidad con el artículo 56 del mismo Código; en caso contrario, se procederá conforme a los artículos 68 y 69 ibidem.
En ese orden de ideas, el saldo final a favor de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.), corresponde a lo siguiente:
VALOR PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CON-
CEPTO DE HONORARIOS ABRIL 2026 (01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026) $ 6.944.850 VALOR PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CON- CEPTO DE COMISIÓN ID NÚMERO 287320 $ 1.285.421 VALOR TOTAL PENDIENTE POR PAGAR A FAVOR DE Stephany Julieth
Artículo 7º.
Publicar el presente acto administrativo en la página web de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la parte resolutiva del mismo en un medio masivo de comunicación, con el fin de dar a conocer la decisión a los herederos indeterminados y demás terceros interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) (Ley 1437 de 2011).
Cantor Castañeda (q. e. p. d.) $ 8.230.271 Parágrafo. Una vez en firme el contenido del presente acto administrativo, proceder con la publicación del mismo junto con la respectiva constancia de firmeza y ejecutoria en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), en los términos establecidos el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto número 1082 de 2015.
Artículo 8º.
Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal (medio electrónico) o por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). (Ley 1437 de 2011) y el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.
Artículo 3º.
Ordenar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el pago correspondiente a la suma total de ocho millones doscientos treinta mil doscientos setenta y un pesos ($8.230.271) moneda corriente, incluido los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, correspondientes a los honorarios causados con ocasión al cumplimiento de las obligaciones ejecutadas del 1º al 30 de abril de 2026, así como el reconocimiento del pago por concepto de comisión con ID número 287320, en favor de la señora Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d. ), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1233889272, en la cuenta de ahorros número 54704091632 de BANCOLOMBIA S. A., última cuenta registrada en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para tales fines, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.
Dicho pago se respaldará financieramente de la siguiente manera:
Artículo 9º.
Con la suscripción y posterior firmeza del presente acto administrativo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.
Por concepto de honorarios:
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.
○ Con cargo al Registro Presupuestal número 3726 de fecha 3/01/2026, el valor de seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos ($6.944.850) moneda corriente, correspondiente a la obligación causada por (C. F.).
37 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL Entidades Financieras de Naturaleza Especial Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Circulares La información reportada por las entidades aseguradoras a través del FUCTAS será objeto de validación por parte de la ADRES durante el proceso de radicación de las reclamaciones presentadas por servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito en los que el vehículo involucrado se encuentre amparado por una póliza SOAT con rango diferencial por riesgo, conforme a lo previsto en el Decreto número 2497 de 2022. En consecuencia, cuando la información transmitida presente inconsistencias, omisiones o ausencia de datos relacionados con la víctima, el vehículo, la póliza involucrada o los servicios de salud reconocidos por la aseguradora, no será procedente la radicación de la reclamación por parte del prestador de servicios de salud hasta tanto la entidad aseguradora efectúe la respectiva corrección o complete la información requerida en el formulario.
CIRCULAR NÚMERO 0000016 DE 2026
(noviembre 10)
PARA: Prestadores de Servicios de Salud y Personas Naturales que presenten reclamaciones por los conceptos establecidos en el artículo 167 de la Ley 100 de 1993 y Entidades Aseguradoras Autorizadas para expedir las pólizas SOAT DE: Director General – Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)
De acuerdo con el artículo 2.6.4.7.3. del Decreto número 780 de 2016, corresponde a la ADRES adoptar los mecanismos y especificaciones técnicas y operativas para los diferentes procesos asociados a la administración de los recursos a su cargo; y en virtud de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 9º del Decreto número 1429 de 2016, por el cual se modifica la estructura de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y se dictan otras disposiciones, el Director General de la entidad se encuentra facultado para “Expedir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Entidad (…)”, razón por la cual está habilitado para expedir la presente circular.
ASUNTO: Modificación al formulario único de certificado de tope de la aseguradora SOAT (FUCTAS): firma digital del reporte mensual.
Fecha: 10 de noviembre de 2026 En el contexto descrito, al formulario FUCTAS se adiciona el campo número 15 con el siguiente contenido:
Campo obligatorio. Con el diligenciamiento de este campo se certifica que Certificado de reconoci- sobre el siniestro reportado la aseguradora reconoció 1 = Sí 1 15 miento de póliza SOAT con rango diferencial por riesgo las 263,13 UVT, cuando el vehículo involucrado contaba con póliza SOAT adquirida a tarifa diferencial por riesgo en virtud del Decreto número 2497 de 2022.
Mediante Circular número 022 del 5 de septiembre de 2023 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) adoptó los formularios para el diligenciamiento y radicación de las reclamaciones ante las entidades aseguradoras autorizadas para expedir las pólizas del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), con el propósito de efectuar el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, dentro de los cuales se incluyó el Formulario Único de Certificado de Tope de la Aseguradora SOAT (FUCTAS).
Para efectos de claridad mediante la presente circular se compilan en el Anexo Técnico adjunto los campos que forman parte del FUCTAS, así:
Anexo técnico para el diligenciamiento del FUCTAS Posteriormente, mediante Circular número 03 del 30 de abril de 2026 la ADRES actualizó los lineamientos operativos, los procedimientos de auditoría y los instrumentos de soporte del trámite de reclamaciones y los armonizó con los nuevos desarrollos reglamentarios y ajustes tecnológicos, garantizando la coherencia del proceso y la trazabilidad de la información.
El Nombre del archivo debe tener la siguiente estructura: FUCTAS2CODIGOASEGURADORAMMAAAA en donde:
FUCTAS2 = Obligatorio, indica que el archivo corresponde a FUCTAS. CODIGOASEGURADORA = Código de la Aseguradora.
MMAAAA = Periodo del reporte.
De acuerdo con el numeral 5 de la mencionada Circular número 03 de 2026, algunos de los formularios adoptados por la Circular número 022 de 2023 fueron eliminados, otros se mantuvieron y otros fueron modificados. Concretamente respecto del formulario FUCTAS se mantuvieron los campos del formulario inicialmente adoptado y se incorporaron precisiones en las instrucciones para su diligenciamiento.
No Concepto Descripción Valores permitidos Longitud I. Datos de la reclamación pagada 1 Código Aseguradora Campo obligatorio Alfanumérico 6 El formulario FUCTAS adoptado mediante la referida Circular número 022 de 2023 con las modificaciones introducidas por la Circular número 03 de 2026 tiene catorce (14) campos con la descripción allí contenida.
2 Fecha Certificación Fecha en que expide la certificación Formato DD/MM/ AAAA 10 Diligencie el código de habilitación 3 Código Habilitación de la IPS reclamante del prestador reclamante Numérico 12 Diligencie según corresponda:
CC= Cédula de Ciudadanía.
CE= Cédula de Extranjería. CN= Certificado de Nacido Vivo PA= Pasaporte. RC= Registro Civil. TI= Tarjeta de Identidad. AS= Adulto sin identificación MS= Menor sin identificación PT= Permiso por Protección Tem- 4 Tipo documento de 2 Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Resolución número 326 de 2023, por la cual se determina el procedimiento de cobro y pago que aplicará la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), en relación con los servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito amparados por el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) con rango diferencial por riesgo, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, los prestadores de servicios de salud deben anexar a la radicación de las reclamaciones de los servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza SOAT con rango diferencial por riesgo, el certificado de reconocimiento de los servicios de salud prestados hasta 263,13 Unidades de Valor Tributario (UVT) emitido por la respectiva aseguradora autorizada para operar el ramo SOAT. la víctima CC, CE, CN, PA, RC, TI, AS, MS, PT, PE, SC, poral PE= Permiso Especial de Perma- CD, DE Así mismo, la ADRES mediante la Circular número 022 de 2023 estableció el Formulario Único de Certificado de Tope de la Aseguradora SOAT (FUCTAS), el cual deberá ser transmitido por las compañías aseguradoras a través de la plataforma tecnológica que disponga esta Administradora. nencia SC= Salvoconducto CD= Carné Diplomático DE= Documento Extranjero Tenga presente las condiciones de diligenciamiento para el tipo de documento AS y MS definidas en el presente documento.
Con el propósito de agilizar el trámite de reconocimiento, control y pago de las reclamaciones a cargo de la ADRES es necesario adicionar al FUCTAS un campo para la declaración de agotamiento del tope a cargo de la aseguradora.
5 Número documento de la víctima Campo obligatorio Alfanumérico 20 6 Fecha del evento Campo obligatorio Formato DD/MM/ AAAA 10 El formulario FUCTAS deberá estar suscrito mediante firma digital del representante legal de la aseguradora. Para estos efectos, la firma digital deberá cumplir las condiciones previstas en la normativa vigente y aplicable, y garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de la información contenida en el mensaje de datos.
7 Número de Póliza Corresponde al número de la póliza Alfanumérico 20 Campo obligatorio Número que corresponde al sistema de numeración o consecutiva de cada 8 Número factura Alfanumérico 20 entidad según las disposiciones de la DIAN de la factura reconocida por la aseguradora.
II. Datos de los valores reconocidos Una vez diligenciado, firmado y transmitido por la aseguradora, el formulario constituirá el certificado de reconocimiento de que trata la Resolución número 326 de 2023, modificada por la Resolución número 2225 de 2023, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección social. En consecuencia, no se exigirá a los prestadores de servicios de salud anexar dicho certificado como soporte adicional dentro de la reclamación presentada ante la ADRES.
Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 38 DIARIO OFICIAL No Concepto Descripción Valores permitidos Longitud capacitación para las compañías aseguradoras, la presente circular empezará a regir a partir del 1º de diciembre de 2026.
Cordialmente, Campo obligatorio. Seleccionar el tipo de tecnología en salud a reclamar de acuerdo con la La Directora General (e), siguiente definición:
Marcela Brun Vergara.
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 1 9 Tipo de servicios (C. F.).
Establecimientos Públicos 1=Medicamentos 2=Procedimientos 4=Transporte secundario 5=Insumos 6=Dispositivos Médicos 7=Material de Osteosíntesis 8=Procedimiento no incluido en el manual tarifario Instituto Colombiano Agropecuario Campo obligatorio. Para el caso de los medicamentos aplicar código CUM del INVIMA y del Ministerio de Salud y Protección El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Social, conformado por el No. de expediente-consecutivo. Ejemplo:
AVISA:
230327-1 Para los medicamentos vitales no disponibles autorizados para importación, registrar el código IUM Que el día 2 de julio de 2026, falleció en la ciudad de Charta (Santander) el señor Carlos Alberto Ramírez Otero, identificado con la cédula de ciudadanía número 13544327 de Bucaramanga, quien prestaba sus servicios al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Alfanumérico 15 10 Código del servicio otorgado por el Invima. Para el caso de los servicios médicos quirúrgicos que incluya honorarios, Que, con el fin de reclamar los salarios y las prestaciones sociales de ley, se presentó la señora Martha Esperanza Hernández Pabón identificada con cédula de ciudadanía número 37545433 de Charta (Santander) en calidad de esposa del citado funcionario y en representación de su hija menor María Mónica Ramírez Hernández identificada con tarjeta de identidad 1097116300. estancias, ayudas diagnósticas, derechos de sala quirúrgica e insumos del grupo quirúrgico 1 al 13 aplicar los códigos del anexo 1 del Decreto 780/16 Para los tipos de servicio 4, 5, 6, 7 y 8 este campo es vacío.
Que toda persona que se crea con igual o mejor derecho a percibir o reclamar las prestaciones sociales causadas por el exfuncionario Carlos Alberto Ramírez Otero, puede acercarse al Grupo de Talento Humano del Instituto, en la Av. Carrera 20 # 83-20 piso 3 en Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este aviso.
(Segundo aviso).
Campo obligatorio. Registrar la descripción del ítem reclamado. Para el caso de los servicios médicos quirúrgicos que incluya El Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano, honorarios, estancias, ayudas diagnósticas, derechos de sala quirúrgica Elvis Román Borda Fabian.
(C. F.). e insumos del grupo quirúrgico 1 al 13 incluir en la descripción el nombre del procedimiento principal, de acuerdo con el anexo 1 del Decreto Texto 200 11 Descripción del servicio o elemento reclamado número 780/16, Ejemplo de registro cuando se reconoce honorarios de cirujano grupo 05 Corporaciones Autónomas Regionales (Código del servicio 39009) por el Procedimiento quirúrgico 15102: En el campo código del servicio se Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Acuerdos registrará 39009 En la descripción se registrará de la siguiente manera: “15102 - Desbridamiento por lesión superficial, más del
ACUERDO NÚMERO 48 DE 2026
5 área corporal”
12 Cantidad de servi- cios aprobados Campo obligatorio. Mayor a cero 15 13 Valor unitario Campo obligatorio. No utilizar ningún tipo de separador Mayor a cero 15 aprobado de miles.
(noviembre 10) por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo número 83 de 2024, por medio del cual se modifica el Estatuto Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), aprobado por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo número 06 del 7 de abril de 2010 y modificado mediante los Acuerdos número 01 del 22 de enero de 2013, número 35 del 21 de noviembre de 2017 y número 02 del 27 de enero de 2021.
14 Valor total aprobado Campo obligatorio. No utilizar ningún tipo de separador de miles. Corresponde al producto de Mayor a cero 15 la cantidad de servicios multiplicado por los valores unitarios establecidos Campo obligatorio. Con el diligenciamiento de este cam- El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en uso de sus facultades estatutarias, especialmente las contenidas en el numeral 17 del artículo 24 del Acuerdo número 53 de 2024, modificado parcialmente por el Acuerdo número 57 de 2026, contentivos de los Estatutos de la Corporación, y po se certifica que sobre el siniestro
CONSIDERANDO:
Certificado de reconocimiento de 15 reportado la aseguradora reconoció las 263,13 UVT, cuando el vehículo 1 = Sí 1 póliza SOAT con rango diferencial por riesgo involucrado contaba con póliza SOAT adquirida a tarifa diferencial por riesgo en virtud del Decreto Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política, las Corporaciones Autónomas Regionales cuentan con un régimen especial que reconoce su autonomía, que les confiere un margen de autorregulación institucional para el adecuado cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas. número 2497 de 2022.
Las aseguradoras del SOAT transmitirán el FUCTAS dentro de los diez (10) días siguientes al reconocimiento de las 263,13 UVT - Unidades de Valor Tributario (UVT).
Que en desarrollo de ese mandato constitucional, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define las Corporaciones Autónomas Regionales como “entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables”.
Hasta tanto se implemente el desarrollo tecnológico que permita la gestión automatizada de las correcciones al FUCTAS, la ADRES recibirá las solicitudes de modificación mediante correo electrónico. Para tal efecto, la compañía aseguradora deberá remitir el archivo corregido junto con una comunicación suscrita por su representante legal o apoderado debidamente facultado, en la que se identifiquen y justifiquen las modificaciones solicitadas respecto de los registros inicialmente reportados.
Teniendo en cuenta que la implementación del campo número 15 del formulario FUCTAS que se adiciona a la Circular número 022 de 2023 requiere un desarrollo tecnológico en los sistemas de información de ADRES, la realización de pruebas y Que el artículo 24 de la citada ley, en armonía con el artículo 12 de los Estatutos de la Corporación, señalan que su dirección y administración está a cargo de tres órganos principales: la Asamblea Corporativa como principal órgano de dirección (artículo 25 ibidem); el Consejo Directivo como órgano de administración (artículo 26 ibidem); y el Director General como representante legal y su primera autoridad ejecutiva (artículo 28 ibidem).
39 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL públicas hacia el cumplimiento efectivo de los fines institucionales, la utilización racional de los recursos públicos y el desarrollo oportuno de los procedimientos administrativos.
Que el artículo 2.2.8.4.1.11 del Decreto número 1076 de 2015 dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales gozan de autonomía patrimonial y presupuestal para el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas por la Constitución y la Ley.
Que, en aplicación de estos principios, la gestión presupuestal de la Corporación debe desarrollarse mediante procedimientos que permitan adoptar decisiones oportunas conforme a la naturaleza de las operaciones, procurando que los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros destinados a su trámite se utilicen de manera eficiente, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos legales y de los mecanismos de control correspondientes.
Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-275 de 1998, precisó que las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades que gozan de un régimen especial de autonomía y que las disposiciones del Estatuto Orgánico del Presupuesto contenidas en el Decreto número 111 de 1996, resultan aplicables respecto de los aportes que reciban de la Nación, sin extenderse al manejo de sus recursos propios.
Que en relación con la autonomía financiera o patrimonial de las Corporaciones, la Corte Constitucional en las Sentencias C-145 de 2021 y C-152 de 2023 reiteró que consiste en la facultad que tienen estos organismos de percibir, manejar y administrar su patrimonio y sus rentas propias.
Que, de conformidad con lo informado por la administración, en el seguimiento a la ejecución contractual y presupuestal adelantado por la Dirección de Gestión Contractual, se evidenció que algunos contratos y convenios vigentes requieren la extensión de sus plazos de ejecución, sin que ello represente un aumento en su cuantía. Esta situación responde a diversas circunstancias que han afectado los cronogramas previstos, entre ellas: i) condiciones derivadas del cambio climático; ii) factores externos, como hechos sobrevinientes, eventos de fuerza mayor y dificultades en procesos de importación, obtención de permisos y licencias, daños de equipos, acciones de tutela y adquisición de predios; y iii) aspectos procedimentales, como la declaratoria de desiertos en algunos procesos.
Que de conformidad con la Constitución, la ley y la jurisprudencia la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca cuenta con autonomía financiera para regular, gestionar, administrar y ejecutar los recursos que integran su patrimonio, mediante la adopción de las disposiciones internas necesarias para garantizar una adecuada programación, aprobación, ejecución, modificación y seguimiento presupuestal, dentro de los límites previstos por el ordenamiento jurídico.
Que en virtud de lo anterior, y dado que la extensión de los plazos de ejecución implica afectar presupuestos de vigencias fiscales posteriores, resulta necesario someter a consideración y aprobación del Consejo Directivo la sustitución de las apropiaciones presupuestales que amparan los respectivos compromisos, en los términos previstos en la normativa presupuestal vigente.
Que en ejercicio de su autonomía y teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 17 del artículo 24 de los Estatutos, el Consejo Directivo expidió el Acuerdo número 06 de 2010, mediante el cual se adoptó el Estatuto Presupuestal de la entidad, como instrumento de regulación de la programación, aprobación, ejecución y seguimiento del presupuesto, en lo concerniente a sus recursos propios.
Que el Estatuto Presupuestal de la Corporación ha sido objeto de modificaciones parciales mediante los Acuerdos número 01 de 2013, número 35 de 2017, Acuerdos número 02 de 2021, número 83 de 2024, número 98 de 2024 y número 71 de 2025, a través de los cuales se han incorporado disposiciones orientadas a fortalecer y adecuar los procedimientos de gestión presupuestal.
Que la autorización de sustitución de apropiaciones presupuestales mediante el mecanismo de vigencias futuras requiere someter cada caso a estudio y consideración del Consejo Directivo en las respectivas sesiones. Esta dinámica adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta la proximidad del cierre de la vigencia fiscal y el reducido número de días disponibles para adelantar estos trámites, lo que podría implicar la necesidad de convocar y realizar múltiples sesiones del Consejo Directivo en un periodo de tiempo limitado, con el fin de atender oportunamente la totalidad de las solicitudes. Esta circunstancia podría generar mayores tiempos en la gestión y aprobación de los trámites, dificultando la atención oportuna de las necesidades presupuestales y la continuidad de la ejecución contractual.
Que el artículo 1° del Acuerdo número 83 de 2024 modificado por los Acuerdos números 98 de 2024 y 71 de 2025, establece que “El Consejo Directivo podrá autorizar la asunción de compromisos y obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.
El mismo artículo en lo relacionado con la figura de sustitución establece que “Cuando se requiera ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar su cuantía, y se afecte el presupuesto de posteriores vigencias fiscales, se podrá sustituir la apropiación que respalda el compromiso por las vigencias futuras autorizadas por el Consejo Directivo. En este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles.
Que en atención a las necesidades identificadas en el seguimiento a la ejecución contractual y presupuestal, y considerando la proximidad del cierre de la vigencia fiscal 2026, resulta necesario adoptar medidas que permitan optimizar el trámite de las sustituciones de apropiaciones presupuestales, facilitar la atención oportuna de los requerimientos y asegurar la continuidad de los compromiso institucionales, con observancia de los procedimientos aplicables y los mecanismos de control correspondientes.
La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento.
Estas disposiciones también aplican para convenios y contratos interadministrativos.
Que atendiendo a la naturaleza de estas operaciones y su relación directa con las funciones de dirección, administración y ejecución contractual y presupuestal a cargo del Director General, en sesión ordinaria realizada el 28 de octubre de 2026, la administración presentó ante el Consejo Directivo el proyecto de acuerdo mediante el cual se propuso conferirle, con carácter transitorio y por el tiempo restante de la vigencia fiscal 2026, la facultad específica para autorizar las sustituciones de apropiaciones presupuestales.
Parágrafo. En estos casos, las vigencias futuras correspondientes a los gastos
de funcionamiento, gastos operativos de inversión y gastos originados en convenios y contratos interadministrativos las autorizará el Director General mediante resolución, en los términos establecidos en el artículo primero del Acuerdo número 02 de 2021”. Subrayado fuera del texto original.
Que en la citada sesión, el Consejo Directivo aprobó la conformación de una (1) comisión de estudios, con el propósito de examinar los fundamentos jurídicos y técnicos que soportan los requerimientos de sustitución de apropiaciones, así como las circunstancias que han incidido en la ejecución de los contratos y convenios identificados por la Administración.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo de la disposición citada, corresponde al Consejo Directivo autorizar la sustitución de apropiaciones presupuestales a través de vigencias futuras que respaldan contratos o convenios en ejecución, cuando se requiera extender su plazo de ejecución sin modificar su valor y esta ampliación implique afectar presupuestos de vigencias futuras.
Que la comisión se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2026, oportunidad en la cual la Administración presentó el contexto general de las sustituciones de apropiaciones presupuestales, informando que, a esa fecha, se habían identificado 34 contratos correspondientes a 24 proyectos, por un valor aproximado de $161.400 millones susceptible de sustitución.
Que de conformidad con el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el artículo 48 de los Estatutos de la Corporación, corresponde al Director General en su calidad de representante legal y primera autoridad ejecutiva, “Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad”, así como: “Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad”.
Que los responsables de cada dependencia, verificaron previamente que las justificaciones eran devenientes de causas naturales imprevisibles, irresistibles e inexistentes al momento de sus estudios previos de factibilidad, planificación, adjudicación e inicio de su ejecución, por lo cual cumplen con las condiciones extraordinarias exigidas para este tipo de autorización conforme a la Constitución Política, para lo cual presentaron un informe ejecutivo de los contratos identificados respecto de los cuales se requiere adelantar las sustituciones, exponiendo sus fundamentos facticos, jurídicos y técnicos, aclarando que la figura de la sustitución no autoriza la aplicación automática de adición de los contratos en la próxima vigencia.
Que así mismo, el artículo 2° del Acuerdo número 27 de 2024, por el cual se determina la estructura interna de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se establecen las funciones y responsabilidades de las dependencias que la conforman y se dictan otras disposiciones”, señala que la Dirección General tiene como propósito “(…) dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento general de la entidad, dando cumplimiento al marco legal y al ejercicio de las funciones y competencias legales y estatutarias de la misma”.
Que en consideración de lo anterior, el Director General tiene a su cargo, entre otras funciones, la dirección de la gestión administrativa, contractual y presupuestal de la Corporación, así como la adopción de las medidas necesarias para asegurar la adecuada ejecución de los recursos y el cumplimiento oportuno de los compromisos institucionales.
Que una vez considerados los antecedentes expuestos, se estima procedente conferir al Director General, de manera excepcional y transitoria, la facultad de autorizar sustitución de apropiaciones presupuestales mediante el mecanismo de vigencias futuras, durante el periodo restante de la vigencia 2026, con el propósito de propiciar decisiones oportunas, racionalizar los procedimientos administrativos y favorecer la adecuada ejecución de los recursos institucionales, en concordancia con los principios de eficacia, economía y celeridad, sin perjuicio de las competencias de seguimiento y control atribuidas al Consejo Directivo.
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, los cuales orientan a las autoridades Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 40 DIARIO OFICIAL EMPLAZA:
A todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la sociedad, para que las presenten aportando prueba siquiera sumaria de sus créditos.
Que la facultad otorgada tendrá un alcance delimitado y se circunscribirá exclusivamente a las sustituciones de apropiaciones que respaldan contratos o convenios en ejecución, cuando resulte necesario ampliar su plazo sin incrementar su cuantía, siempre que se cumplan los requisitos legales y presupuestales aplicables, y que la extensión del plazo no exceda el período de la actual administración.
Primero. La sociedad Constructora Alpes S. A. en liquidación es una empresa de construcción de edificios residenciales, que prestaba los servicios de construcción y venta de unidades inmobiliarias en el municipio de Santiago de Cali y otros.
Que, con el fin de garantizar la transparencia y el control sobre el ejercicio de esta facultad, el Director General deberá presentar al Consejo Directivo, dentro de los tres (3) primeros meses de la vigencia fiscal 2027, un informe consolidado de las sustituciones de apropiaciones autorizadas al amparo de la disposición transitoria.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
Segundo. Mediante Resolución número 4147.010.21.382 del 5 de octubre de 2026, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, a través de la Subsecretaría de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios, derechos, contratos, archivos, documentos, activos, pasivos y demás bienes o relaciones jurídicas que integran el patrimonio de Constructora Alpes S. A. en liquidación.
Artículo 1°.
Modificar el artículo 1° del Acuerdo número 83 de 2024, modificado por los Acuerdos números 98 de 2024 y 71 de 2025, el cual quedará así:
Tercero. Mediante Resolución número 200.2.2.329 del 7 de octubre del 2026, el Consejo Municipal de Santiago de Cali designó como Liquidadora a la sociedad Moreno Sandoval Abogados Asociados S. A. S. identificada con NIT 901.641.128-2.
“ARTÍCULO 1°. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA CONTRATOS Y
CONVENIOS EN EJECUCIÓN. El Consejo Directivo podrá autorizar la asunción de compromisos y obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, con el fin de adicionar los contratos y convenios que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.
Cuarto. Conforme con lo dispuesto en el artículo 9.1.3.2.1 del Decreto número 2555 del 2010, se emplaza a todas aquellas personas naturales, jurídicas de carácter público o privado, quienes se consideren con derecho a presentar reclamaciones de cualquier índole contra la sociedad en liquidación, con el fin de que presenten prueba siquiera sumaria de su crédito.
Quinto. La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su poder activos de propiedad de la sociedad Constructora Alpes S. A. en liquidación, para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos a la sociedad en liquidación; para tales efectos deberá solicitar cita al correo electrónico: ae.constructoraalpes@gmail.com.
Cuando se requiera ampliar el plazo de los contratos y convenios en ejecución, sin aumentar su cuantía, y se afecte el presupuesto de posteriores vigencias fiscales, se podrá sustituir la apropiación que respalda el compromiso por las vigencias futuras autorizadas por el Consejo Directivo. En este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles.
La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento.
Sexto. Las reclamaciones que quieran hacerse valer dentro del presente proceso deberán ser presentadas virtualmente en el correo electrónico: ae.constructoraalpes@gmail.com, en la Calle 25#9b-404 oficina 507 de la ciudad de Santiago de Cali y en el teléfono 3024724424 durante los siguientes diez días calendario posteriores a la publicación del presente aviso.
Estas disposiciones también aplican para convenios y contratos interadministrativos.
Segundo emplazamiento.
El Representante Legal, Luis Arnulfo Moreno Prieto, Moreno Sandoval Abogados Asociados, PARÁGRAFO. En estos casos, las vigencias futuras correspondientes a los gastos de funcionamiento, gastos operativos de inversión y gastos originados en convenios y contratos interadministrativos las autorizará el Director General mediante resolución, en los términos establecidos en el artículo primero del Acuerdo número 02 de 2021.
Agente especial liquidador de la Sociedad Constructora Alpes S. A., en liquidación.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 12551275. 11-XI-2026. Valor $89.100.
Parágrafo. TRANSITORIO. Facultar al Director General de la Corporación,
con carácter excepcional y transitorio durante el periodo restante de la vigencia fiscal 2026, para adelantar las sustituciones de apropiaciones presupuestales que respaldan contratos o convenios en ejecución, mediante mecanismo de vigencias futuras, cuando se requiera ampliar sus plazos sin incrementar su cuantía y esta ampliación implique afectar presupuestos de vigencias fiscales posteriores. En todo caso, la extensión del plazo de ejecución no podrá superar el período de la actual administración.
Agencia
La administración presentará al Consejo Directivo, dentro de los tres primeros meses de la vigencia fiscal 2027, un informe consolidado de las autorizaciones expedidas en virtud del presente parágrafo, que contenga, como mínimo, la identificación de los contratos o convenios correspondientes, el objeto de las sustituciones, los valores de las apropiaciones sustituidas y las vigencias fiscales afectadas”. y Diseño Creación
Artículo 2°.
Las demás disposiciones del Acuerdo número 83 de 2024 que no se modificaron en el presente acto administrativo continúan vigentes en los términos en que fueron expedidas.
Artículo 3°.
El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2026.
La Presidente del Consejo Directivo, El 64% de los consumidores afirma que los anuncios personalizados son más atractivos.
Erika Elizabeth Sabogal Castro. um El Secretario del Consejo Directivo, Esta estadística ratifica la importancia de invertir en estrategias publicitarias dirigidas a un público específico. Por ello, en la agencia de Julio César Franco Vargas. la Imprenta Nacional de Colombia ofrecemos (C. F.). servicios integrales de comunicación y estrategias de marketing en tres vías: ATL (Above The Line), BTL (Below The Line) y digital, a través de tácticas específicas Varios y personalizadas con herramientas como merchandising, pop, activaciones en calle, logística en eventos y extensas posibilidades digitales que posicionan la marca y potencian el mensaje.
Constructora Alpes S. A., en liquidación Avisos @imprentacolombia @ImprentaNaCol www.imprenta.gov.co Este año, la Imprenta Nacional de Colombia marcará un nuevo hito en la historia del país, reafirmando Interior correspondencia@imprenta.gov.co su compromiso con Colombia. PBX: (601) 4578000 / FAX: 4578037 diario.oficial.co@imprenta.gov.co Carrera 66 no. 24-09, Ciudad Salitre Moreno Sandoval Abogados Asociados S. A. S., actuando en calidad del nombramiento efectuado por parte del Concejo Municipal de Santiago de Cali mediante Resolución número 200.2.2.329 y posesionados por medio de acta del 15 de octubre de 2026, actuando en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1.3.2.1 del Decreto número 2555 de 2010, 41 Edición 53.687 Miércoles, 11 de noviembre de 2026 DIARIO OFICIAL C o n t e n i d o Págs.
VARIOS Constructora Alpes S. A., en liquidación Moreno Sandoval Abogados Asociados S. A. S. emplaza a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la sociedad, para que las presenten aportando prueba siquiera sumaria de sus créditos...............................................40 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2026 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO Resolución número 2612 de 2026, por medio de la cual se modifica el artículo 2º de la Resolución número 2554 del 30 de octubre de 2026......................................1 Resolución número 2613 de 2026, por medio de la cual se modifica el artículo 2º de la Resolución número 2555 de 30 de octubre de 2026.......................................1 Resolución número 2614 de 2026, por la cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos del Servicio de la Deuda Pública Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2026...........................................................................................................2 Resolución número 2618 de 2026, por la cual se modifica la Resolución número 0019 DE 13 de enero de 2026 “Por la cual se efectúa la desagregación presupuestal a las apropiaciones contenidas en el Anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026 asignadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad Gestión General para Adquisición de Bienes y Servicios...........2 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Dirección General Marítima Resolución número (0222-2026) MD-DIMAR-CP04-ALITMA de 2026, por medio de la cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 2° de la Resolución número (0201-2024) MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 31 de mayo de 2024, expedida por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en el sentido de ampliar la vigencia del término para la construcción e instalación de una obra pendiente de ejecutar correspondiente al proyecto ecoturístico y campestre denominado “Centro Recreacional y Vacacional Luz Ángel”, ubicado en el municipio de Puebloviejo, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.........................................................................................3 Este año, la Imprenta Nacional de Colombia marcará un nuevo hito en la historia del país, reafirmando su compromiso con Colombia.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Resolución número 000415 de 2026, por la cual se deroga la Resolución número 000187 del 2 de julio de 2026, mediante la cual se declaró un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, departamento de Santander, y se dictan otras disposiciones..........................................................................................................12 Resolución número 000416 de 2026, por la cual se derogan las Resoluciones números 000044, 000045 y 000052 de 2026, mediante las cuales se declararon Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios de la región norte del departamento del Tolima, y se dictan otras disposiciones......................19
SUPERINTENDENCIAS Superintendencia de Transporte Resolución número 013005 de 2026, por la cual se establecen las tarifas diferenciales de la Contribución Especial de Vigilancia que deben pagar a la Superintendencia de Transporte los sujetos sometidos a su vigilancia, inspección y control para la vigencia 2026.........................................................................................................25 En un mundo digital, la seguridad en UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES la impresión es fundamental. Nuestros Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales servicios abarcan la producción de cédulas, permisos, placas vehiculares, papeles de seguridad como sellos y estampillas, pruebas de estado y formularios públicos. Del mismo modo garantizamos la autenticidad de los productos y servicios que se proporcionan, así como la creación de estrategias para mitigar los riesgos de falsificación.
Los documentos incluyen características avanzadas y modernas como tintas especiales, Resoluciones Resolución número 000036 de 2026, por la cual se crean los Comités Especiales de Conciliación en la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, en las Direcciones Seccionales de Impuestos, en las Direcciones Seccionales de Aduanas y en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas y se establecen los lineamientos del proceso interno para atender las solicitudes de conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, en cumplimiento del artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026......................................28 Resolución número 000037 de 2026, por la cual se establece un procedimiento abreviado y transitorio de donación de mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación para la atención de la emergencia declarada mediante el Decreto número 1261 de 2026, y se dictan otras disposiciones..........................................30 microtextos, hologramas de seguridad e impresión de códigos de barras, diseñados para cumplir con los más altos estándares de seguridad, que aseguran a los clientes Agencia Nacional de Tierras Resolución número 202660000673866 de 2026, por medio de la cual se declara la terminación y ordena la liquidación unilateral del contrato de Consultoría número ANT-CPS-20254811, celebrado entre la agencia nacional de tierras (ANT) y Stephany Julieth Cantor Castañeda (q. e. p. d.).....................................................................32 la tranquilidad de que sus documentos son confiables y seguros.
ENTIDADES FINANCIERAS DE NATURALEZA ESPECIAL
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Circular número 0000016 de 2026........................................................................37 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Instituto Colombiano Agropecuario El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) avisa que el día 2 de julio de 2026, falleció el señor Carlos Alberto Ramírez Otero,..................................................38 CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Impresión en Seguridad y Servicios Digitales @imprentacolombia @ImprentaNaCol www.imprenta.gov.co Este año, la Imprenta Nacional de Colombia marcará un nuevo hito en la historia del país, reafirmando Interior correspondencia@imprenta.gov.co su compromiso con Colombia. PBX: (601) 4578000 / FAX: 4578037 diario.oficial.co@imprenta.gov.co Carrera 66 no. 24-09, Ciudad Salitre Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Acuerdo número 48 de 2026, por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo número 83 de 2024, por medio del cual se modifica el Estatuto Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), aprobado por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo número 06 del 7 de abril de 2010 y modificado mediante los Acuerdos número 01 del 22 de enero de 2013, número 35 del 21 de noviembre de 2017 y número 02 del 27 de enero de 2021...........................................................38
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Diario Oficial 53684 de 2026
Año CLXII No. 53.684 Edición de 1 página • Bogotá, D. C., domingo, 8 de noviembre de 2026 • servicios abarcan la producción de cédulas, permisos, placas vehicu…